POBREZA INFANTIL CERO NO ES UNA UTOPÍA INALCANZABLE por Miguel Fernández Galeano

En los últimos días el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los indicadores de pobreza del primer semestre de 2022 y un análisis comparativo con iguales periodos desde el año 2019. De los mismos se destaca el drástico crecimiento de la pobreza en los niños y niñas menores de seis años, la que se incrementó del 16.1% en el 2021 al 22.5 % en el 2022 (en el 2019 era el 16.4%). Una diferencia que supera largamente el margen de error estimado en este tipo de estudios y constituye una enorme preocupación no solo porque no se logran mitigar sus efectos, sin que por contrario se retrocede significativamente.

Si bien se puede considerar que el análisis de la pobreza medida por ingresos es insuficiente para abordar la magnitud y el alcance del fenómeno, teniendo en cuenta la multicausalidad de la misma (salud, vivienda, educación) y la posibilidad de estudiarla en función de las necesidades básicas insatisfechas, no cabe duda que cambios en el porcentaje de personas que caen por debajo de la línea de pobreza e indigencia nos traen señales de alarma.

Pero, sobre todo, nos obligan a replantearnos si no será posible emprender una causa nacional que haga del objetivo de pobreza cero una utopía alcanzable.

Como se ha dicho muchas veces, no tenemos que pensar que país le vamos a dejar a nuestros niños, se trata de pensar que niños, niñas y adolescentes le vamos a dejar al país para asegurar un desarrollo con equidad y sostenibilidad.

Uruguay no se puede permitir perder la oportunidad de brindarle el desarrollo integral a cada uno de sus niños y niñas. En un país con un poco más de tres millones de habitantes, con una fecundidad por debajo de la tasa de reemplazo, la única opción para el desarrollo en el mediano y largo plazo es favorecer las capacidades, en todas sus generaciones comenzando por la infancia.

De las oportunidades que tengan esos escasos y valiosos 34.000 niños y niñas que nacen anualmente en nuestro país depende su futuro. La ausencia de una propuesta efectiva e integral que dé respuesta a este desafío, obliga a seguir planteando la imperiosa necesidad de un acuerdo nacional efectivo para alcanzar el objetivo de POBREZA INFANTIL CERO, como política de estado, como compromiso compartido del sistema político y de la sociedad en su conjunto. No puede ser un mero anuncio de campaña electoral que se termina desvaneciendo ante otras prioridades y urgencias.

Justo es decirlo, esto aplica a todos los gobiernos y nos interpela por igual a todos. Las mejoras significativas en los indicadores globales de pobreza, indigencia e igualdad (índice GINI) en los gobiernos del Frente Amplio, no pudieron romper un núcleo duro de pobreza y exclusión social que tiene en las familias con mayor cantidad niñas, niños y adolescentes su origen y fuente principal de reproducción y cronificación estructural.

La infantilización y feminización de la pobreza, no son simplemente una foto instantánea en un momento determinado, constituyen la expresión de una realidad social que tiene la potencialidad de reproducir y ampliar el fenómeno y si no se logra terminar con ellas el resultado inevitable es el aumento y la profundización de la exclusión social, una dinámica que se desata muy rápido pero después que se instala es muy difícil de revertir.

La presencia persistente y crónica de indicadores sociales inaceptables

Más allá de que constituye un verdadero motivo de alarma que la pobreza infantil en menores de 6 años trepe en tan solo año casi un 30 %, lo verdaderamente importante no está en la discusión sobre las fluctuaciones de los datos de pobreza.

Lo que deberíamos estar colocando en el primer lugar de la agenda es el enorme impacto que tiene para el desarrollo nacional un fenómeno que nos acompaña y no se ha podido resolver desde hace más de 40 años: la reproducción biológica, social e intergeneracional de la pobreza y su traducción inevitable en exclusión social.Así lo definió en la apertura democrática, en el año 1985, con claridad diagnóstica y mirada prospectiva certera, el Arq. Juan Pablo Terra.

Sin embargo, el hecho objetivo e indiscutible es que ya desde esos años la pobreza mantiene una marcada concentración demográfica y territorial. En efecto, la pobreza tiene la cara de nuestros niños, niñas y adolescentes, tiene también cara de mujer joven que es jefa de hogar y cerca del 80% de la exclusión se ubica en los cinco municipios periféricos de Montevideo en lo que se ha definido como proceso de segmentación y relocalización socio espacial de la pobreza.

Proceso por el cual, la mayoría de la población en situación de pobreza e indigencia (medidos por ingresos) y con mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas viven en la llamada “tercera corona” de crecimiento del departamento Montevideo, recibiendo desde hace décadas las familias desplazadas de las áreas centrales de la ciudad (Ciudad Vieja, Tres Cruces, Aguada, entre otros barrios) y la migración sostenida desde el campo a la ciudad pasando a vivir en decenas de asentamientos irregulares en los que habitan contingentes de “viejos” y “nuevos” pobres que se fueron generando a partir de sucesivas crisis económicas. Con menor intensidad, pero de forma creciente y sostenida el mismo fenómeno se viene reproduciendo en algunos departamentos y ciudades del interior del país.

En el primer semestre de 2022 la pobreza en el total de la población de Montevideo creció un 2%, de un 11% en primer semestre el 2021 a un 13% en el mismo período del 2022. Mientras tanto, a nivel nacional este indicador creció un 0.5%, de un 10.2 % a un 10.7 %, y se verifica un crecimiento porcentual del 2.1% respecto del año 2019 el que era un 8.6%.

Durante varios años en las administraciones anteriores a la actual se lograron avances que no fueron suficientes. El año 2017, con una tasa de pobreza del 7%, fue el punto más bajo para la pobreza global, a partir de esa fecha, como se señaló antes, creció al 8.6% en el 2019 y en los últimos tres años está estancada en el entorno del 11%, lo que constituye un núcleo duro de 380.000 uruguayos y uruguayas, de los cuales el 50% son menores de 18 años, el 40% son hogares en los que conviven adultos y niños y tan solo el 10 % son hogares en los viven personas solas.

Solo disponiendo de esta información se desprende con total nitidez que en el Uruguay abatir en forma radical la pobreza infantil supone en los hechos empezar a acabar con la pobreza en el conjunto de la sociedad.

Impactos negativos, persistentes y de difícil reversión

Son múltiples las evidencias que arrojan las investigaciones científicas en los campos de la economía, sociología y salud que confirman que vivir en situación de pobreza en la infancia y adolescencia tiene un impacto altamente negativo, que por otra parte tiene efectos persistentes y duraderos y son de muy difícil reversión. Se cae muy rápido en la pobreza, pero salir de ella suele ser un proceso muy trabajoso, especialmente en ausencia de políticas públicas activas que tengan capacidad de mitigar los perjuicios que provoca.

Sus efectos se van a reflejar en bajos desempeños en el rendimiento escolar, en lo cognitivo, en lo emocional y social, en la salud física y mental. Así como en la posibilidad de incursionar en conductas disruptivas, consumos problemáticos, y violencias que en la mayoría de los casos terminan en la privación de libertad o en la muerte y el círculo perverso que, en las actuales circunstancias del sistema penitenciario y los programas de rehabilitación, supone ingresar a los establecimientos de reclusión.

Entre los mecanismos que impactan directamente y generan la situación de pobreza tenemos una fuerte influencia de las restricciones materiales de las familias en alimentación, salud, educación, vivienda y acceso a instancias de formación. Hay una tensión que producen las privaciones económicas en padres y madres para ejercer la crianza y la educación de sus hijos y el contexto social critico poco favorable para el desarrollo de la infancia, con menos oportunidades y por la propia influencia negativa de sus pares y sus modelos de supervivencia y socialización.

Hoy las neurociencias nos dicen que las privaciones materiales a las que se ven sometidos los niños y niñas influyen decisivamente en su desarrollo cognitivo y también emocional. El desarrollo cerebral está influenciado no sólo por la genética, sino también por lo que se ha dado en llamar la epigenética, o sea la modulación que pueden ejercer las vivencias, el ambiente y la cultura en la que estos crecen y se desarrollan.

La primera infancia es una etapa de mayor plasticidad del cerebro, durante la cual se establecen los circuitos neuronales que determinan el comportamiento y el desarrollo y la potenciación de habilidades para la vida.

Es importante tener presente que cuando en la infancia se confirma la existencia de déficits en el plano neurológico o a nivel cognitivo se podría estar llegando tarde para alcanzar un tratamiento y una respuesta efectiva e integral.

Si bien estos procesos no son irreversibles porque se sabe que el cerebro continúa cambiando durante toda la vida, la mayor actividad en estas etapas implica que a medida que se avanza en el ciclo de vida es mucho más difícil revertir los procesos que a nivel biológico están en la base de las condiciones que determinan, a nivel individual y colectivo, los procesos de marginación y exclusión social.

Los niños y niñas que crecieron en situación de pobreza en la crisis del 2002, que representaban el 50% de todos los niños, hoy son adultos jóvenes, muy probablemente sean padres y madres y es muy factible que muchos de ellos continúen en situación de pobreza y que los actuales problemas sociales en educación, trabajo y seguridad, puedan encontrar sus raíces en lo que sucedía en el país hace 20 años.

La brecha entre pobreza infantil y pobreza en los adultos mayores

Sobre finales de la década del 80, las tasas de pobreza de los adultos mayores estaban en el entorno del 30%. Actualmente entre los mayores de 65 años la pobreza está situada en el del orden del 2%. Ello significa que Uruguay tiene la particularidad de ser el país de la región de las Américas con la brecha más amplia entre pobreza infantil y pobreza en la tercera edad. Los niños y niñas tienen once veces más probabilidades de estar en la pobreza que los adultos mayores (2% versus 22,5%).

Ello no supone que la mayoría de las personas mayores tengan acceso a una calidad de vida adecuada, ni desconocer que muchos aún tienen condiciones de vida que son de extrema vulnerabilidad.

En ese sentido no tiene sentido plantear falsas oposiciones entre las políticas sociales orientadas a las personas mayores poniéndolas en disputa o competencia por recursos con las dirigidas a la infancia. Hay que diseñar, fortalecer instrumentos e incrementar sustantivamente los presupuestos hacia la infancia, sin que ello vaya en desmedro de los avances que hay que seguir procesando en las políticas de protección social hacia los adultos mayores.

También resulta de mucha utilidad tener presente que las decisiones de política pública que explican el descenso de las tasas de pobreza (medida por ingresos) entre los adultos mayores tienen que ver con las luchas desarrolladas. Fue mediante una reforma constitucional en el año 1989 se aseguraron los incrementos en las jubilaciones, con una menor pérdida del poder adquisitivo en escenarios de contención de la inflación. La participación social en el directorio de BPS fue asimismo una conquista relevante en este plano. En el año 2007 en el marco del Plan de Equidad se ampliaron los beneficiarios y los montos mínimos de las pensiones a la vejez (instrumento que existía desde 1919) como prestaciones no contributivas para dar cobertura financiera a colectivos de población adulta con mayores niveles de vulnerabilidad.

Un número muy importante de jubilaciones y pensiones siguen representando ingresos muy bajos, pero una política de protección social con los las herramientas legales mencionadas y la aplicación de incrementos por encima de la inflación hasta el año 2019 hicieron posible una importante reducción de la pobreza en los mayores de 65 años.

Sin duda, estos avances no fueron suficientes para cubrir las necesidades básicas de amplios sectores de este grupo etario, pero lograron evitar la caída en situación de pobreza en este grupo de población.

Además, cabe señalar que, en los últimos tres años, después de 15 de crecimiento sostenido, se han producido recortes en las transferencias jubilatorias que, de mantenerse, terminaran teniendo incidencia en el mediano plazo sobre los niveles de pobreza de los adultos mayores. El proyecto de reforma de la seguridad social actualmente promovido por el gobierno apunta a rebajar las prestaciones perjudicando a las futuras generaciones de jubilados.

Pobreza Infantil Cero como política de Estado y causa nacional compartida

En la Agenda 2030 del Sistema de Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS / 2030) se establece en el Objetivo 1 sobre la erradicación de la pobreza global y se fija en la Meta 2 una reducción del 50% en relación al porcentaje del año 2015. En el caso de Uruguay, en ese año el indicador de pobreza era del 9.7% del total de la población, por lo cual el cumplimiento de esta meta se cumpliría llegando a un 4.85% en el 2030.

No debería ser un problema alcanzar esta meta, y aun superarla, si hay voluntad política y amplios acuerdos para poner marcha un conjunto de iniciativas dirigidas específicamente a su consecución.

Para ello, no solo se debería pronunciar y acordar en el sistema de partidos políticos. Entendemos que es preciso que se genere un amplio movimiento desde la sociedad civil que lo exija y que habilite las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para ello. Es preciso aceptar y consensuar formas de financiamiento y distribución de recursos que permitan ampliar y mejorar las modalidades de transferencias permanentes no contributivas y lograr un sistema educativo que finalmente haga posible formar a los niños y niñas en capacidades básicas para la vida.

Como ya dijimos, la pobreza global en nuestro país está fuertemente relacionada con la pobreza infantil, los niños nacen y crecen en hogares pobres y los hogares pobres en el 90% de los casos están integrados por niños, niñas y adolescentes. Actualmente uno de cada cinco niños que nacen en cada cohorte de los 34.000 nacimientos que se producen cada año, pasan a engrosar y a complejizar la vida de las familias que viven y padecen la situaciones de alta vulnerabilidad social.

Es imperioso cortar este mecanismo de reproducción y cronificación de la pobreza. Hay decenas de miles de familias en el Uruguay de nuestros días, en las que cinco generaciones no conocen otra forma de existencia que la de vivir sin posibilidad resolver sus necesidades básicas. Sus ingresos y las condiciones materiales en las que viven no les permiten acceder a los requerimientos esenciales en materia de nutrición, vivienda y educación.

Es imperioso cambiar esta realidad y también es posible hacerlo. Pobreza Infantil Cero no es, ni puede ser una quimera, no es un objetivo utópico y voluntarista.

Pobreza Infantil Cero, especialmenteen los menores de 6 años, es algo perfectamente alcanzable si somos capaces de asumir el verdadero desafío encontrar consensos para definir una política de Estado y los recursos para lograr ese objetivo.

Los países que lograron erradicar, o llevar a su mínima expresión, la pobreza infantil, invierten en el gasto público social para la protección a la infancia entre el 1% y el 2% de su Producto Bruto Interno y estamos hablando de países desarrollados con ingresos y productos altos. En Uruguay esa inversión apenas se acercaba al 0.5% en el año 2015.

En suma, es importante y también urgente convocar, con la mayor amplitud posible, un espacio de dialogo para acordar un conjunto de políticas y estrategias que garanticen la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes desde el mismo momento de su gestación y aun antes.

Este es, sin lugar a dudas, un imperativo ético impostergable, pero también constituye un factor clave para pensar con convicción en un desarrollo sostenible con justicia social.

BRASIL: El fascismo como religión en las elecciones de 2022 por Bruno Reikdal

Artículo publicado en https://revistazelota.com/fascismo-como-religiao-nas-eleicoes-de-2022/

Para comprender la relación entre fascismo y religión en Brasil 2022, es necesario mirar el desarrollo histórico y el papel de las iglesias en la reproducción social brasileña.


Este texto es la profundización de una discusión iniciada en 2018, cuando publicamos una versión del texto «El fascismo como religión y elecciones en Brasil en 2018» en la revista argentina Analéctica, en octubre, antes de la segunda vuelta. La hipótesis inicial fue la similitud entre las estructuras ideológicas que históricamente acompañaron el ascenso del fascismo italiano a principios de la década de 1920, y los movimientos que constituyeron la campaña del candidato Jair Messias Bolsonaro, en ese momento afiliado al Partido Social Liberal y bajo el lema «Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo».

Durante los años siguientes, la tesis maduró en una serie de artículos, algunos de los cuales fueron reunidos y publicados en un libro de Editora Pajeú, El fascismo como religión. La hipótesis inicial se transformó propiamente en una tesis que ahora queremos traer para analizar los preparativos para las elecciones de octubre de este año, marcadas no por la tan maltratada idea de «polarización», sino por la intensificación de la lucha de clases en un período de crisis , no solo brasileña, sino mundial, dentro de los límites del propio sistema capitalista en sus contradicciones.

Sin embargo, tenemos un filtro en nuestro enfoque: mirar específicamente las manifestaciones de la intensificación de la lucha de clases dentro del movimiento evangélico brasileño. Para ello, necesitamos dejar claros algunos supuestos que acompañan el análisis de nuestro tema. Así, seguiremos nuestro texto en tres movimientos: 1. una discusión teórica sobre la relación entre religión y reproducción social; 2. una reanudación histórica del desarrollo del evangelicalismo en Brasil; y 3. el auge del fascismo en las tramas sociales y su articulación con la experiencia religiosa.

El fascismo es un fenómeno social moderno, capitalista, determinado por la movilización de porciones sociales (especialmente de las clases medias) en un movimiento reaccionario que se sustenta en un nacionalismo mítico constituido por la negación de sus enemigos, internos y externos. No tiene un programa claro, más que el mantenimiento y alimentación de su propia movilización constante contra grupos u organizaciones entendidas como la causa de todos los males. Es con estas características que José Carlos Mariátegui1 presenta el ascenso del fascismo en Italia a principios de la década de 1920, definiendo el espíritu de este movimiento como misticismo reaccionario y nacionalista. En su crítica a lo que sería la teoría fascista, comenta que el fasci «pretendía ser, más que un fenómeno político: un fenómeno espiritual».2

Organizado en brigadas, el fascismo no surge cuando se basa en las instituciones que ejecutan el poder político, como el Estado. Por el contrario, es gracias a la fascistización de los complots sociales que se hace posible la llegada de un fascista al poder. Este proceso, por lo tanto, no puede ser discutido «de arriba hacia abajo», analizando el fenómeno desde la cima de su manifestación, sino reconstruyendo o encontrando sus bases, sus causas, sus raíces. En este sentido, se trata de mirar los procesos históricos y sociales que garantizan las condiciones para el ascenso del fascismo.

En cualquier caso, como hemos dicho, nuestro recorte dentro de la totalidad de los procesos sociales es la esfera religiosa. Buscaremos enumerar aspectos generales de la articulación entre religión y fascismo dentro de la reproducción social brasileña. Es muy importante destacar esto, porque, como comentamos en el libro El fascismo como religión, no podemos enfrentar el problema con ingenuidad, imaginando que el tema es el uso instrumental de la religión a favor del fascismo o «mero ‘abuso’ de la fe de los demás para engañar a personas ignorantes o inocentes. La pregunta relevante es: ¿cuáles son las condiciones que hacen posible las conexiones entre el fascismo y el cristianismo dentro de nuestra reproducción social?»3

Ideología, religión y reproducción social

La base de toda sociedad es su forma de organizarse para asegurar las condiciones necesarias para que la vida permanezca «mañana». Colectivamente utilizamos los medios y recursos disponibles para desarrollar un producto social total, que, cuando se distribuye y consume, debe garantizar que al día siguiente la reproducción de la vida sea posible y la sociedad permanezca. A esta organización la llamamos el «modo de producción», que implica una división social del trabajo y una coordinación de esta división social del trabajo. A la continuidad de este proceso lo llamamos reproducción social.

No es posible comer, beber, vivir, trabajar, moverse, ir al servicio o reunión familiar sin mantener constantemente la reproducción social y garantizar las condiciones de esta reproducción. Por esta razón, se afirma que el modo de producción es el punto de partida para el análisis social. Determina si todos los demás logros dentro de la sociedad serán posibles o no. Es una condición necesaria para que estemos vivos, para que hagamos historia. Marx resume el contenido de la siguiente manera:

«La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura legal y política y a la que corresponden ciertas formas sociales de conciencia. La forma en que se produce la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual».4

La actualización diaria y cotidiana de la estructura económica sostiene y da condiciones para el desarrollo de la propia sociedad, bajo condiciones ambientales cambiantes, contingencias que requieren innovaciones, invenciones o que crean conflictos y nuevas situaciones no planificadas que tensan la propia estructura. La reproducción social, por lo tanto, necesita ser transformada en un cierto sentido, pero permanecer en otro. Necesita constantemente garantizar las condiciones para la producción y la reproducción «al día siguiente», pero no necesita mantener el modo de producción, es decir, la forma en que se organiza la división social del trabajo, porque esto puede ser en un momento determinado una de las causas de la imposibilidad de garantizar las condiciones necesarias para la reproducción social.

Todo este juego de tensiones entre transformación y mantenimiento gira en torno a la base de la estructura económica. Pero también involucra a toda la sociedad, con sus instituciones, formas de organización y las formas de conciencia que nacen de ella, se desarrollan en ella y sobre ella se dirigen a interpretar la realidad. Este amplio campo de las relaciones sociales y las formas de conciencia es el alcance ideológico o las disputas ideológicas.

La ideología, por lo tanto, no puede entenderse en un sentido ingenuo o negativo. Esto no es una «mentira» o «falsedad» teórica o discursiva. Tampoco se trata de preferencias de los individuos, que eligen sus «ideologías» de manera atomizada y aislada. En el marco que estamos presentando, la ideología se refiere a los contenidos involucrados en el mantenimiento, reforma o revolución de una estructura determinada. Es, por lo tanto, el proyecto de sociedad implícita o explícita en las producciones sociales, ya sean teóricas o institucionales, ya sea como formas de conciencia social o formas de organización social.

¿Cuál es el tipo de compromiso de una idea, un valor, una institución, una teoría, etc., en relación con una estructura dada? ¿Estás involucrado en qué propósito o con qué propósito? Independientemente de las «voluntades» o «preferencias» de los agentes, ¿cómo se articulan estas ideas, valores, instituciones, teorías, etc., con la estructura económica actual? Este es el punto de análisis y crítica ideológica.5

Es importante que destaquemos esto, porque la «ciencia» se opone comúnmente a la «ideología», e incluso «religión» a la «ideología». Se opone a un campo que sería «neutral» o impasible de una crítica objetiva a otro «contaminado» por ideología, por algo aparentemente malo y negativo. Este campo aparentemente neutro es, por lo tanto, abstraído o despegado de la reproducción social en la que se inserta, que da condiciones para su propia existencia y para la que sirve de una manera u otra. Reflexionemos brevemente sobre la religión y la ciencia aparentemente «neutrales» o sin ideología para ciertos grupos humanos para explicar lo que pretendemos decir con la expresión «fascismo como religión»6.

A principios del siglo 20, Max Weber ya indicó que la ciencia ocupa en Occidente el lugar de la religión como explicadora del mundo y legitimando la explicación del mundo. En resumen, Jessé Souza lo explica muy bien:

«La ciencia hereda el prestigio de la religión en el contexto premoderno y asume, en su mayor parte, al menos el papel de explicar el mundo moderno. No hay tema que se discuta en la esfera pública de ninguna sociedad moderna que no invoque la «palabra del experto» que habla por la ciencia. Así, el potencial de la ciencia para producir un aprendizaje individual y colectivo efectivo está vinculado y a menudo condicionado, por la fuerza de su prestigio público, para servir como instancia legitimadora y primera y decisiva trinchera de la lucha social y política por la definición legítima de «buena vida» y «sociedad justa». En otras palabras: no hay orden social moderno sin una legitimación pretensamente científica del mismo orden».7

Este es el lugar privilegiado de los «fieles del equilibrio» o la neutralidad frente a las disputas ideológicas. Sin embargo, como opera como legitimadora del orden, la propia producción científica revela su carácter ideológico, implícito en el mantenimiento de la estructura económica. En otras palabras, la ciencia misma siempre está involucrada, siempre, en la práctica y de manera efectiva, en el mantenimiento, reforma o transformación de una estructura, y sirve, en este sentido, a uno u otro proyecto de sociedad, y puede o no estar explícita y conscientemente involucrado en él. En la expresión de Jessé Souza asumiendo la teoría weberiana, este es el «carácter bifronte de la ciencia: tanto como mecanismo de iluminación del mundo como mecanismo para encubrir relaciones de poder que permiten la reproducción de privilegios injustos de todo tipo».8

Para la religión en este espacio de neutralidad vale lo mismo: puede ser tanto un mecanismo de clarificación y transformación de la estructura actual, como de ocultamiento y mantenimiento de la reproducción social. En su función última, la religión ocupa el papel de legitimar o no los efectos de la reproducción social en la vida de las personas. Es en este sentido, por ejemplo, que la Escuela del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) discutirá el papel de la religión en relación con los sacrificios y la demanda de sacrificios realizados por la economía neoliberal, haciendo ética y religiosamente aceptable la muerte y el robo de la vida de la mayoría de los seres humanos en nombre de la reproducción del capital, el objetivo de nuestro modo de producción.

Así, cuando trabajamos el fascismo como religión, no nos ocupamos de una «irracionalidad» del fascismo o de sus elementos «mágicos», sino de sus mecanismos o «disfraces estructurales».9, como lo define Hugo Assmann. En nuestro enfoque, «el fascismo como religión se entiende como la forma de conciencia social nacida de la necesidad de justificar la violencia contra la vida humana llevada a cabo por este movimiento [fascista] en el mantenimiento de nuestro modo de producción»10.

El carácter general del evangelicalismo en Brasil

Nuestro problema es entender las condiciones que hicieron posible la articulación entre fascismo y evangelicalismo en Brasil para finalmente llevar a cabo una crítica del «fascismo como religión» en el sentido que indicamos en nuestra argumentación anterior. Para ello, como indicamos, no se trata de entender el desarrollo de ideas, doctrinas o valores en sí mismos, sino desde la base que condiciona las formas mismas de conciencia social que tensan, conflictan y maduran dentro de la reproducción social. Por lo tanto, es particularmente importante considerar la evolución del movimiento evangélico brasileño. Un argumento más extenso se puede leer en el segundo capítulo y en el anexo del libro El fascismo como religión (2020).

A pesar de sus trayectorias particulares, las diferentes denominaciones evangélicas en Brasil tienen un movimiento de expansión similar. Las iglesias reformadas y adventistas, que llegaron al país en la segunda mitad del siglo 19, estaban formadas por inmigrantes y durante mucho tiempo estuvieron relativamente restringidas a estos grupos, que formaban las clases medias de la sociedad. Incluso las diferentes denominaciones pentecostales a principios del siglo 20 llegaron al país a través de la inmigración y bajo proyectos de modernización eugenésica basados en el «blanqueamiento» de la población, bajo el interés de una porción de la burguesía nacional que buscaba instalar pequeñas industrias e incluso mecanizar las producciones existentes para ganar en productividad.

El siglo 20 se caracteriza por una gran marcha de «modernización» de la sociedad brasileña, con diferentes etapas y transformaciones en el proceso productivo. La asimilación de la forma capitalista de trabajar , es decir, el intercambio de la fuerza de trabajo por un precio en forma de salario – no absorbió a toda la población, que progresivamente perdió sus tierras a manos de terratenientes demarcados bajo la propiedad privada, no pudo competir con la producción mecanizada en el campo y se vio obligada a ir a tierras más pequeñas y menos fértiles o emigrar a las ciudades. que creció sin planificación en torno a la industrialización (que, de nuevo, no absorbió productivamente la llegada masiva de esta fuerza de trabajo).

Además, el abandono y la marginación de la población negra que había sido esclavizada agravaron aún más las condiciones de vida insuficiente, el trabajo informal, improductivo e incluso la sobreexplotación del trabajo. El «ejército industrial de reserva» (la masa de fuerza productiva no utilizada, es decir, las personas sin acceso a las condiciones necesarias para su propia reproducción en la sociedad capitalista: salario que garantiza la canasta básica para la reproducción de la vida familiar) solo aumentó y se agolpó en las ciudades. Las tensiones en el campo, el crecimiento urbano desordenado y las condiciones de producción desequilibradas han marcado nuestra sociedad y nuestro subdesarrollo del período (y hasta el día de hoy).

Es durante los conflictos políticos, económicos y sociales del período que surgen las condiciones para la teología de la liberación, que enfrenta situaciones de hambre, precariedad y pobreza resultantes de las contradicciones de la modernización capitalista, especialmente en el campo (en el caso católico). Es también en este contexto que las iglesias evangélicas comienzan a expandirse, principalmente en las ciudades, sumando personas del territorio que ocupan (centro o periferia) y las clases sociales asignadas de manera diferente en el espacio urbano.

Mientras que en el campo hay una lucha popular por la tierra y por disminuir los efectos del capitalismo sobre esa población, en las ciudades hay una lucha por la supervivencia y por la creación de nuevos lazos sociales, ya que los tradicionales han sido destruidos. En el entorno urbano, donde cada nuevo habitante es un páramo que migra solo o con su reducido núcleo familiar, no hay garantía de empleo, condiciones de vida, vivienda, etc. Con lazos sociales rotos, nuevos espacios institucionales se convierten en refugio y garantizan el acceso a condiciones de vida, comunidad y solidaridad. Las iglesias evangélicas ven un crecimiento significativo y progresivo de los miembros. La evangelización y la nueva forma de vida de las ciudades crean condiciones propicias para este nuevo movimiento espiritual. Es una religión adecuada para la ciudad y la nueva forma de organizar la reproducción social.

Desde la década de 1980 hasta la década de 1980, todas las denominaciones (pero, en absoluto, los pentecostales) han crecido rápidamente con la consolidación de la forma de vida urbana y, en la primera década de la década de 2000, encuentran el «pico» de su curva de crecimiento. Es interesante cómo este es un patrón en las diversas denominaciones. La nueva dinámica de prestación de servicios (aunque sea improductiva) absorbe mejor la fuerza de trabajo, y la facilitación del crédito a través de la financiarización de la economía global asegura un aumento relativo de los ingresos, la capacidad de consumo, etc. (un fenómeno a veces llamado el ascenso de la clase C o la formación de nuevas clases medias). Las políticas del gobierno del PT fueron muy importantes para este proceso.

Sin más explicación de las políticas específicas o incluso de la coyuntura que hizo posible las condiciones para el aumento de los ingresos y la facilitación del crédito, la respuesta disponible fue la relación religiosa de suministro y retorno, en la que los fieles realizaban sus oraciones, diezmos y donaciones bajo la promesa de que Dios traería nuevas bendiciones, que se estaban materializando dentro de ciertas condiciones históricas. cuestiones sociales y económicas. Como comentamos en El fascismo como religión:

«La adquisición de bienes de consumo e incluso la posibilidad de que una micro, pequeña o mediana empresa persevere en un momento determinado de coyuntura nacional favorable, así como las políticas gubernamentales y estatales que promovieron la posibilidad de ascensión social (medida y celebrada por el patrón de consumo) estaban vinculadas a las bendiciones de Dios y al mérito individual, legitimado y explicado por la moral individualista y la justificación de la acumulación de riqueza. Así, con cada conquista en el mercado llevada a cabo por un individuo, se reforzó el papel institucional de las iglesias y la fe que hizo posible este éxito. Las condiciones históricas, los factores productivos y la macroeconomía fueron la comidilla exclusiva de expertos y gobiernos internos, que desarrollaron sus estrategias sin darse cuenta de que una masa contenta por sus logros no dedicaba la gracia lograda a la coyuntura y a saber lo que está sucediendo, sino más bien al liderazgo religioso y a la autoridad divina. que premió el esfuerzo de toda persona que se somete a las leyes del mercado capitalista».11

Los cambios significativos en la vida de las personas, la consolidación generacional en las ciudades y el papel de garantizar los lazos sociales donde no existen, así como la prestación de servicios voluntarios donde no llegan ni el Estado ni el Mercado, acompañan este proceso de empoderamiento evangélico. La posición de las iglesias es, en esta dinámica, la de defender el mantenimiento de las relaciones productivas y sociales en las que se funda, en relación con las cuales es adecuada y con las que se potencia o potencia hasta entonces. Su función institucional es mantener las relaciones sociales capitalistas que surgen de los procesos de modernización del siglo 20. Con ella, también tenemos los elementos teológicos y doctrinales, disputados en torno al mantenimiento, reforma o revolución del orden actual.

Las iglesias centrales, más tradicionales, educadas y compuestas por personas con acceso garantizado al mercado formal, son más burocráticas y tienen en el mantenimiento de su orden su tierra de disputas y garantía de permanencia de la propia institución. En las iglesias periféricas, el crecimiento es más desordenado y no planificado, pero también más poderoso y exponencial. Crece desde los bordes hasta el centro, hasta institucionalizarse en grandes convenciones y organizaciones, que comienzan a gestionar o dar los lineamientos para las iglesias de las periferias. Hay un cambio en la forma en que se coordina la iglesia, pero sin la estructura fundamentalmente burocrática, lo que hace que el papel de un liderazgo carismático que sabe cómo manejar su influencia sea decisivo.

Así, vemos que la estructura productiva da las condiciones para nuevas dinámicas espirituales y organizaciones eclesiásticas. Nuestra fe se ha transformado históricamente y responde a las necesidades y condiciones de nuestro tiempo. Asimismo, las iglesias están compuestas por personas que nacen de una sociedad determinada fundada en su modo de producción, en su estructura productiva, y por lo tanto no están libres de los problemas generados por las transformaciones en las dinámicas productivas que comentamos al principio. Por el contrario, estas transformaciones las constituyen. Las tensiones de mantenimiento, reforma o revolución requieren una posición de los fieles, líderes e instituciones en sus propias organizaciones.

Fascismo, iglesias y fascismo como religión

Si las iglesias están formadas por personas que dependen y se organizan socialmente en torno a un modo de producción que da condiciones para la existencia de las personas y de las propias iglesias, los conflictos, tensiones, transformaciones y desarrollos que se producen en la sociedad forman parte de la vida de los fieles y de la institución religiosa, lo sea o no. Diariamente necesita responder preguntas y tomar posiciones frente a la estructura productiva y otras organizaciones sociales fundadas en ella. A partir de las definiciones que indicamos en nuestro primer tema, diariamente necesita tomar una posición ideológica (consciente de ello o no, le guste o no).

Por supuesto, estas decisiones no salen de la nada. Deben ser coherentes con la tradición y la comunidad existente. Ambos son el resultado del desarrollo histórico brasileño y su reproducción social. Por lo tanto, responden dentro de ciertas organizaciones de clase, raza, género, cumpliendo ciertos roles fundamentales para que la reproducción social en sí misma sea posible al día siguiente. Existe internamente una organización institucional que acompaña en términos generales a la propia organización de clases de la sociedad en la que está inmersa la iglesia.

El fascismo es histórica y característicamente un movimiento de clase media.12 La clase media, en este caso, no se refiere a los ingresos en un principio, sino a la posición monopólica de ciertos privilegios dentro de la «superestructura»: en la gestión de instituciones y empresas, en el acceso a la educación formal y calificada, con el tiempo y el incentivo al ocio y la cultura, etc. Es la clase que aspira a acceder al privilegio del control del capital, restringido a las élites propietarias de los medios de producción y coordinan directa e indirectamente la división social del trabajo. Sin embargo, la clase media no accede a la cima de la pirámide social, porque bajo la coordinación de la división social del trabajo su función es privilegiada en relación con la clase de trabajadores pobres y miserables, pero necesariamente necesita ser habitante subordinado a la clase responsable de coordinar la división social del trabajo.

Así, la clase media trabaja por la garantía y el mantenimiento de sus privilegios (siempre en riesgo, especialmente en situaciones de crisis), mientras sueña con ser capitalista. Tiene una mejor capacidad y calidad de consumo, mejores ingresos, acceso a servicios más calificados dentro de la dinámica del mercado capitalista; en resumen, debe luchar por su posición mientras prepara a su descendencia como una camada de «campeones». El deseo de ascensión social (entendido como crecimiento de los ingresos y posiciones más altas en las funciones de gestión) guía la reproducción misma de esta clase, que, para querer acceder al lugar del capitalista, necesita defender implícitamente que este lugar se mantenga. Incluso para mantener su privilegio, necesita defender la propiedad de aquellos que aseguran su buen cargo o sus ingresos más altos dentro de la división social del trabajo.

El llamado ascenso de la clase C o expansión de la clase media dentro de las dinámicas productivas recientes y bajo la ya «modernizada» (aunque desequilibrada) organización urbana también acompaña el crecimiento de las iglesias. Sectores de las periferias con mayor poder de consumo, acceso a espacios de privilegio y disputa con la «vieja clase media» entran en la dinámica de las clases medias con un grado de fragilidad mucho mayor. No es necesario enumerar la cantidad de conflictos entre estos grupos y las contradicciones ideológicas que surgen de estas nuevas situaciones. Una nueva clase, que aparece incluida en el acceso a los privilegios de una división social del trabajo en una sociedad desequilibrada y desigual, lucha por su espacio, lo que implica tener que decidir si mantener la defensa de la propiedad privada, el acceso restringido a los privilegios, el monopolio sobre los medios de producción, o si busca su transformación o revolución.

La ocurrencia de crisis y frustraciones dentro de las clases medias (ya sean las «nuevas», o las «viejas») requiere la búsqueda de una solución para hacer viable la realización de sus proyectos. Aquí viene el espacio de maniobra del fascismo como movimiento que funciona, como indica Mariátegui, no como partido, sino como máquina de guerra. Como explicamos en nuestro libro antes mencionado:

«El fascismo es un fenómeno del mundo capitalista. Ya sea en Italia o Alemania en la primera mitad del siglo 20, ya sea bolsonarismo o golpismo en Bolivia en el siglo 21. Es un movimiento destructivo. No es un partido, como dijo Mariátegui en Italia en la década de 1920, es una «máquina de guerra». Una guerra social cuyos enemigos son opositores y disidentes, comúnmente gravados como «comunistas» (incluso si no lo son). Toda solución se reduce a la potencialización de la violencia, se permite a los participantes del movimiento y se niega a cualquier otra porción social, que puede ser «legítimamente» combatida si aparece como violenta o como un riesgo para el orden social. La militarización, la religión, los ritos simbólicos en torno a banderas, gestos e imágenes son fundamentales. Como Mussolini escribió una vez en un artículo, los brigadistas fascistas habían aprendido en las trincheras el valor fundamental de las religiones: la obediencia.13

La defensa del orden social es, de hecho, la defensa de privilegios o condiciones de privilegio amenazadas de alguna manera. La solución no está dirigida al modo de producción y a la organización de la división social del trabajo, sino a un enemigo común al que se dirige la culpa de todos los males, de todas las frustraciones, de la imposibilidad de la ascensión planificada dentro de la sociedad capitalista. Las clases medias, por lo tanto, es donde el fascismo crece y se propaga, y puede o no ser adherido por la élite, con apoyo explícito o implícito.14

El acercamiento entre el evangelicalismo y el fascismo no es principalmente por una organización doctrinal o de valores, sino bajo el desarrollo interno de la propia sociedad brasileña y su división social del trabajo. Las bases están en el proceso productivo y en la organización de las clases sociales y sus conflictos. La tan temida «lucha de clases» no es un proyecto marxista, sino un recurso teórico para comprender los efectos de las contradicciones de las divisiones sociales del trabajo y cómo se coordinan estas divisiones (y por quién).

El fascismo es el resultado de la intensificación de la lucha de clases y entra en la iglesia a través de ella. La institución, sin embargo, actúa consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, en defensa o no del modo de producción que sustenta a las clases y sus conflictos. En general, dadas las posiciones de las iglesias y sus miembros, de los privilegios garantizados a quienes abogan por el mantenimiento de la estructura productiva, la defensa del orden se convierte en la primera y mayoritaria reacción. La mayor tensión de todas estas dinámicas fortalece al fascismo y, bajo su modo de organización, el apoyo de las iglesias al mismo.

Marátegui comenta, por ejemplo, que en la década de 1920 el fascismo italiano, en su constante movimiento violento y sin un programa claro, aprovechando la crisis generalizada y las frustraciones sociales en las clases medias y entre los trabajadores, fue capaz de agrupar bajo el misticismo reaccionario y nacionalista grupos de todo tipo e ideales. El movimiento en sí no tenía un apego religioso específico; por el contrario, de «republicano, anticlerical e iconoclasta en sus orígenes, el fascismo se declaró más o menos agnóstico ante el régimen, y ante la Iglesia cuando se convirtió en partido».15 Lo que importa es la movilización contra el enemigo (comunista, por supuesto) en defensa del orden.

La escalada fascista aumenta el número de víctimas, asesinatos, violencia y persecución. Por lo tanto, sus acciones deben someterse a un tratamiento de «ética» y «moral» para ser aceptables para las masas. El papel que juegan las religiones en este momento es fundamental. Así, se acercan al fascismo asegurando espacios privilegiados en las trincheras internas contra disidentes y opositores, contra las amenazas seleccionadas como culpables de los males del mundo. En defensa de la fe, la patria y la familia, marchan en la lucha por los privilegios y por el mantenimiento del orden social «beneficioso».

Los sacrificios humanos son justificados por la acción necesaria de la mano de Dios en la purificación de la nación. Un proyecto de sociedad es un proyecto divino, la palabra de liderazgo por la voz de Dios. El elegido como líder en la Cruzada Fascista debe ser, en este sentido, un Mesías.

Para 2022 estas relaciones están más que abiertas. El genocidio programado (por las élites y el gobierno fascista que calcula la muerte en una gestión de guerra contra su propio pueblo) y el genocidio consentido (de complots populares que aceptan explícita o implícitamente la aparente «inevitabilidad» de la violencia y legitiman el sabotaje contra la vida)16 de la pandemia no interrumpió el poder del fascismo. Un tercio de la población se dedica efectivamente a defender el movimiento fascista. Porción compuesta en su mayoría por la clase media, que ocupa los puestos privilegiados en la administración y gestión de las instituciones. Con el monopolio de los mecanismos de producción cultural (desde puestos en universidades, escuelas hasta medios de comunicación), tiene mayor poder en la propia disputa ideológica.

La campaña fascista de 2018 llamó a la defensa de la patria, la fe y la familia. Para 2022, para mantenerse con vida, el movimiento nacionalista y reaccionario necesita potenciar su ofensiva. Su posición debe ser perseguir o cazar disidentes, así como su mayor amenaza: el comunismo. Para que sus acciones sean más violentas, explícitas e ininterrumpidas, necesita inflar la necesidad de la guerra. El anticomunismo es su último rincón.

Obviamente, el anticomunismo no concierne a aquellos que son efectivamente comunistas. El mecanismo del anticomunismo funciona como legitimador de la persecución, sea quien sea. Todo lo que se necesita es un impuesto «comunista». Por supuesto, este debe ser su enemigo, ya que es el grupo que se opone explícita y supuestamente a la estructura económica establecida, que busca una revolución en el modo de producción que necesariamente requiere una transformación en otras organizaciones sociales. La bandera comunista pone en tela de juicio la necesidad de desestabilizar el orden imperante, y esto interfiere con la vida de todas las personas, especialmente de las clases que tienen algún privilegio. Por lo tanto, atacar al comunismo da dos ventajas al movimiento fascista: 1. llevar a cabo su proyecto de mantener y fortalecer la estructura económica actual; 2. difundir el miedo como combustible para la aparente necesidad de violencia que promueve.

Una vez más, todos estos procesos necesitan justificación moral. La alianza con las religiones populares es fundamental, por lo tanto. En el caso de las iglesias evangélicas, su composición histórica y social, la forma en que se incluye y se beneficia de la reproducción social brasileña, facilita su aproximación con el fascismo. Agregue a esto las disputas internas propias de la dinámica institucional (tema que tratamos en el artículo «Cambiar las iglesias: ¿para qué?») y una influencia histórica de la teología estadounidense que se convirtió en una herramienta doctrinal anticomunista en el período de la Guerra Fría, y tenemos condiciones óptimas para que la herramienta de persecución sea insuflada, relatando también el apoyo directo o indirecto de liberales y progresistas que no se identifican como comunistas, pero no se dan cuenta de la dinámica que hemos estado tratando hasta ahora.

En este sentido, y por último, el papel de las iglesias aumenta en estas elecciones. La necesidad de justificar el mantenimiento del fascismo coloca a las instituciones religiosas en un lugar privilegiado en las disputas ideológicas dentro de la intensificación de la lucha de clases. Cumpliendo su función de legitimación moral de la escalada de violencia y persecución, del aumento de tono y, como muchos de los que conforman el fascismo brasileño, de un golpe cívico-militar, es necesario fortalecer el carácter religioso del fascismo.

Notas:

1.↑ Intelectual peruano que, estando en Italia durante la década de 1920, experimentó el ascenso del fascismo y publicó varios artículos para periódicos, revistas y seriales italianos y peruanos sobre la realidad política de la época.

2. Ver MARIÁTEGUI, José C. Los orígenes del fascismo. Editorial Alameda, São Paulo – SP, 2010, p. 309.

3. Ver LIMA, Bruno R. El fascismo como religión. Edirota Pajeú, São Paulo – SP, 2022, p. 7.

4. Véase MARX, Karl. Contribución a la crítica de la economía política (1859). Editora Expressão Popular, São Paulo – SP, 2008, p. 47. Griffin nuestro.

5. Ver nuestros artículos «Acerca de la ideología«, traducción de un texto de Franz Hinkelammert y «Biblia e ideología«.

6. Ver LIMA, Bruno R.; Pizza, Suze. Neoliberalismo brasileño y conservadurismo. Editorial ICL, São Caetano – SP, 2022.

7. Ver SOUZA, Jesse. La locura de la inteligencia brasileña: o cómo el país es manipulado por la élite. São Paulo: Editorial Leya, 2015.

8. Ver SOUZA, Jesse. La locura de la inteligencia brasileña: o cómo el país es manipulado por la élite. São Paulo: Editorial Leya, 2015, p. 18.

9. Ver ASSMANN, Hugo, La idolatría del mercado: ensayos sobre economía y teología. Editora Vozes, 1989, p. 305.

10. Ver LIMA, Bruno R. El fascismo como religión. Edirota Pajeú, São Paulo – SP, 2022, p. 8.

11. Ver LIMA, Bruno R. El fascismo como religión. Edirota Pajeú, São Paulo – SP, 2022, pp. 86-87.

12. REICH, Wilhelm. La psicología de las masas del fascismo. Martins Fontes, São Paulo – SP, 1998. El segundo capítulo, en particular, tiene un tema específico sobre la composición de clases de la base del fascismo, en el que la clase media se destaca como la base del movimiento en sus diferentes expresiones en diferentes países. Un fenómeno del capitalismo.

13. Ver LIMA, Bruno R. El fascismo como religión. Edirota Pajeú, São Paulo – SP, 2022, p. 26.

14. Ver nuestro artículo Fascismo como religión y elecciones en Brasil en 2018.

15. Ver MARIÁTEGUI, José C. Los orígenes del fascismo. Editorial Alameda, São Paulo – SP, 2010, p. 310.

16. En cuanto a los conceptos de «genocidio programado» y «genocidio consentido», véase el artículo «La irracionalidad del mercado total, la ideología conservadora brasileña y la legitimación del genocidio durante la pandemia«.

Uruguay es presentado como ejemplo por Philip Morris Internacional

Escribe Dr. Miguel Fernández Galeano El Diario Médico Junio 2022

Decreto 87/021


En los primeros días de marzo de 2021, cuando la ola de contagios por
COVID -19 empezaba a mostrar su peor cara, desde el Poder Ejecutivo se
promulgaba, a muy bajo ruido, el decreto 87/021 por el que se habilitaba
la importación y comercialización de cigarrillos electrónicos y otros
dispositivos de tabaco calentado.
No se trató de una resolución menor. El manejo que hizo la
multinacional, poniendo la decisión de Uruguay como ejemplo para
modificar normativas restrictivas e intentar reconquistar grandes
mercados es suficiente para saber lo que está en juego y aquilatar lo que
verdaderamente se entregó.
En efecto, este decreto significaba un inexplicable e inaceptable
retroceso de una exitosa política pública de control del tabaco y un
ejemplo para el mundo en términos de soberanía sanitaria y como
prioridad en la defensa de la salud como derecho humano esencial, bien
público y responsabilidad de Estado y de gobierno.
Si bien el decreto, en tanto resolución del Consejo de ministros, fue
firmado por Daniel Salinas, los organismos técnicos del MSP encargados
de la política de control del tabaco y de la vigilancia de la
implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)
no fueron consultados sobre la pertinencia y las consecuencias de tomar
una resolución de ese tipo.
La decisión se tomó en la Torre Ejecutiva con la participación directa del
equipo presidencial. Dada la importancia del cambio normativo
promovido después de doce años de vigencia de una prohibición respecto
al tabaco calentado que estaba claramente alineada con la OMS y las
directrices técnicas del CMCT, no es razonable pensar que se haya hecho
sin contar con la iniciativa y el interés explícito del propio Luis Lacalle
Pou.

Tampoco hay duda alguna que después de años de enfrentamiento y
litigio con la multinacional del tabaco, los argumentos en los que se basa
este cambio radical de postura son los que, sin evidencia científica
consolidada, sostiene Philip Morris Internacional en sus páginas oficiales.
Las mismas que hoy son utilizadas para mostrarle al mundo que desde el
respeto que se ganó Uruguay en la lucha contra el tabaco ahora
reconoce en el tabaco calentado una alternativa con menor riesgo e
incluso como una opción para abandonar el consumo de los cigarrillos
tradicionales.
Una capitulación, sin ningún sustento técnico, y en el mejor de los casos
una forma muy equivocada de entender la relación con las empresas
privadas con el Estado y el gobierno, más allá de paradigma de moda de
apoyar y apoyarse en los “malla oro”.
Las organizaciones de la sociedad civil y las instancias académicas
vinculadas a esta temática, que fueron fundamentales en la construcción
de esta política de Estado, se vieron sorprendidas por un cambio de
rumbo inesperado, han manifestado con muchos fundamentos técnicos
su rechazo al decreto y esperan hace más de un año una marcha atrás
que parece no llegar.

Las resistencias y maniobras de la industria tabacalera ante
Convenio Marco
En todos los países que aplican las medidas recomendadas por el CMCT, la
industria tabacalera desarrolla estrategias para contrarrestar sus impactos
generando fuertes interferencias que algunos casos terminan contando
con la anuencia y complicidad de las propias autoridades de gobierno.
Básicamente, es posible identificar dos tipos de estrategias, que muchas
veces se complementan, se potencian entre sí, y se despliegan en forma
simultánea en varias regiones y países.
Por un lado, la búsqueda de solicitudes de amparo en la normativa
internacional que regula las transacciones comerciales entre los Estados y
las empresas. En este sentido, se han verificado demandas en distintos
países que avanzaron en la regulación del comercio y consumo de tabaco,

entre ellos, con repercusiones y consecuencias muy importantes, nuestro
propio país.
Por otro lado, está el intento ofrecer nuevas modalidades de consumo
(cigarrillos saborizados y productos de tabaco calentado) para mantener
su participación en el mercado y sobre todo para seguir legitimando un
consumo adictivo que estas modalidades lejos de reducirlo finalmente
pueden terminar potenciándolo.
Los Productos de Tabaco Calentado (PTC) conocidos bajo diferentes
denominaciones como e-cigarettes, e-ciggy, e-cigar, cigarrillos
electrónicos o vaporizadores personales han sido presentados por la
industria, sin que exista al respecto ningún fundamento científico que lo
respalde, como una estrategia para la cesación tabáquica en el marco del
paradigma de reducción de riesgos y daños.


La industria nunca se detuvo ante la idea de contrarrestar las políticas de
control de tabaco y en forma permanente despliega nuevas estrategias,
algunas tan lejanas en el tiempo como la utilización de los cigarrillos con
filtro o sus parientes más cercanos, los cigarrillos denominados “light” o
“ultra light” que solo agregan una mayor “ventilación” en el filtro.
Tienen plena conciencia de que la población conoce y asume cada vez más
los efectos sanitarios del tabaco y se esfuerzan en presentar nuevas
presentaciones o modalidades de consumo que supuestamente tendrían
menor riesgo. No importa demasiado que ello se pueda demostrar, se
sabe que el tabaco es extremadamente nocivo para la salud cualquiera sea
la forma de consumo. Lo importante es generar la ilusión de un menor
riesgo, volver a recuperar clientes y volver a instalar en la sociedad un
consumo aditivo que trae consigo una enorme carga de enfermedad y
muerte.
El juicio que Uruguay le ganó a Philip Morris
Como se sabe, en nuestro país, la multinacional Philip Morris reaccionó
ante las medidas adoptadas para el control del tabaco e inició en 2010 un
proceso judicial a nivel internacional solicitando una indemnización
millonaria en dólares contra el Estado uruguayo ante el Centro
Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (CIADI),
alegando la violación del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Suiza y
Uruguay.

Dicho acuerdo tiene como objetivo proveer garantías de inversión para las
compañías y protegerlas de regulaciones gubernamentales, prohibiendo a
los gobiernos someter las inversiones a medidas “irrazonables”. En forma
particular en el caso uruguayo se rechazaba el requisito de presentar una
sola variedad por marca (eliminando nominaciones fantasía como
presentaciones light y ultraligth), la inclusión de imágenes gráficas de las
consecuencias sanitarias del consumo y que las advertencias cubrieran el
80% del frente y reverso de las cajillas de cigarrillos.
El propósito principal de este juicio nunca fue la retención o recuperación
del mercado del tabaco en un país pequeño como Uruguay, el verdadero
objetivo fue generar un antecedente jurídico internacional para frenar el
alcance de las medidas que venía implementando el país y poner en
cuestión la “radicalidad” de algunas medidas a pesar de estar
científicamente validadas y estar incluidas en el Convenio Marco para
poder avanzar en la implementación de las estrategias complementarias
más eficaces para lograr el efectivo control del tabaquismo.
Como fue ampliamente difundido y celebrado en su momento, en el 2016
la resolución del fallo del CIADI fue favorable a Uruguay. Los reclamos de
la multinacional fueron desestimados y se reconoció la “soberanía del
Estado uruguayo al momento de regular y proteger la salud pública”,
entendiendo que las medidas fueron aplicadas “sin incurrir en
responsabilidad internacional por expropiación indirecta, violación del
trato justo y equitativo o inobservancia de compromisos”. Asimismo, el
laudo arbitral determinó que la empresa Philip Morris debía hacerse cargo
de los honorarios y gastos administrativos incurridos por el Estado
uruguayo incluidos los gastos del tribunal.


Se terminaron imponiendo los criterios de salud pública por sobre las
reglas del comercio internacional y se reconoció que lo “razonable” estaba
del lado de la implementación de medidas que de forma sinérgica
contribuyeran reducir el consumo de una droga legal que mata
anualmente en el mundo a más de 6 millones de personas y es la causa de
fallecimiento de 6.500 uruguayos.
El resultado de este juicio constituyó un antecedente sin precedentes en
la historia de la salud pública y en la propia historia de los litigios
internacionales por asuntos e intereses comerciales que se consideraban
afectados por regulaciones gubernamentales.

En la mayoría de los casos las empresas multinacionales se terminan
saliendo con la suya y los gobiernos deben retroceder en sus regulaciones
independientemente de que desde el punto de vista del interés general
las medidas sean las correctas y necesarias para dar cuenta de las
aspiraciones y derechos de la sociedad en su conjunto.

Decreto 87/021: el riesgo de que lo que se ganó en la liga no se
termine perdiendo en la cancha
Después de que Uruguay sea ampliamente reconocido en su lucha por el
control de tabaco, el 3 de marzo de 2021, en pleno crecimiento
exponencial del número de casos de COVID-19, el Poder Ejecutivo aprobó
en el más absoluto silencio el decreto 87/021 por el cual se derogaba el
decreto 534/009 de noviembre de 2009 en el que de prohibía a texto
expreso “la comercialización, importación, registro como marca o patente
y publicidad de cualquier dispositivo electrónico para fumar”.
De forma explícita, el Decreto se apoya en dos consideraciones que
además de tener una enorme debilidad desde el punto de vista de la
evidencia científica y sanitaria, revelan una grave e inaceptable
capitulación ante la misma multinacional que el estado uruguayo derrotó
en toda la línea en el año 2016.
Se ganó en la cancha grande y se empieza a perder en la cancha chica, con
el riesgo probable que la habilitación del tabaco calentado sea una fisura
en la represa anti tabáquica que termine destruyendo una política pública
que costo muchos años para lograr imponerse en términos políticos,
institucionales y culturales en la sociedad uruguaya.
Uruguay se había constituido en claro referente en la región por la
implementación de acciones de protección a la población con resultados
medibles. Los cambios normativos aprobados están siendo mirados con
preocupación por muchos países que tenían a nuestro país como un faro
orientador por los avances logrados y por representar una suerte modelo

piloto de intervención para evaluar el impacto de las políticas y estrategias
implementadas.
Por una parte, el decreto afirma que “existen dispositivos electrónicos
para la administración de nicotina que emplean una tecnología mediante
la cual se calienta tabaco seco, respecto de los que existen datos científicos
que indican que los mismos resultan en una menor exposición de los
usuarios a las sustancias tóxicas asociadas al consumo tradicional de
tabaco”.
Se admite una “menor exposición”, lo cual supone reconocer
implícitamente que la exposición a las sustancias nocivas del tabaco sigue
existiendo. Estamos hablando de sustancias con efectos nocivos
comprobados aún en pequeñas proporciones. ¿Qué sustancias estarían
menos presentes? ¿Quién hizo estos estudios?
Por qué no se asumió que se trataba de informes muy discutidos y
segados de la agencia de control de medicamentos y alimentos de EE. UU,
la FDA de la era Trump, que se realizaron por solicitud de la propia
industria, y que no resultan en absoluto concluyentes respecto a descartar
que con esta nueva modalidad de consumo persistan serios riesgos para la
salud.


Por otra parte, el decreto establece que “corresponde al Estado velar por
la salud de su población, buscando herramientas para dar respuestas a la
epidemia del tabaquismo, incluyendo las alternativas ofrecidas a partir del
desarrollo de nuevas tecnologías en la industria”. Este considerando se
afilia a la idea que quiere vender la industria tabacalera afirmando que los
PTC pueden ser una alternativa para favorecer la cesación del tabaquismo
bajo la forma tradicional de fumar cigarrillos comunes.
No hay ninguna evidencia al respecto. Antes, al contrario, muchos trabajos
afirman que los cigarrillos electrónicos mantienen y aún consolidan la
adicción tabáquica y que incluso pueden ser un factor de reincidencia de
aquellos que habían dejado de fumar.

¿Qué hizo, que piensa y dice la autoridad sanitaria?
El Uruguay paso de ser una referente mundial a imitar en el control del
tabaco a ser el país ejemplo y modelo que usa la industria para promover
su negocio a nivel regional con la habilitación de los cigarrillos electrónicos

como punta de lanza para recuperar consumidores y frenar el impulso de
las medidas del Convenio Marco que se han ido imponiendo
progresivamente con éxito en los últimos años.
Resulta importante conocer y repasar cual fue la reacción de los diferentes
actores de gobierno, del sistema de salud y de la sociedad, especialmente
de algunas organizaciones no gubernamentales como el Centro de
Investigación de la Epidemia del Tabaco (CIET) que jugaron un papel
fundamental en la construcción de políticas públicas activas referidas al
control del tabaco.
Se han reportado intervenciones de Philip Morris en México, Panamá y
Brasil en las que se argumenta que siendo Uruguay un país estricto en el
control de tabaco y en la implementación del CMCT, el levantamiento
después de doce años de prohibición de los PTC estaría demostrando la
conveniencia de habilitar su comercialización, sin ningún tipo de
restricción.
No existen dudas de que el cambio en la normativa se promovió en forma
directa desde la Torre Ejecutiva, desde la propia presidencia de la
Republica a través de su secretario.
El decreto se promulgó y publicó con el total desconocimiento y provoco
una gran sorpresa y rechazo a nivel de la sociedad civil y de las instancias
académicas (Cátedras de Neumología, Cardiología y Oncología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República) que habían
contribuido con evidencia científica a la construcción de una exitosa
política pública en el control de tabaquismo.
El Programa Nacional Contra el Tabaco (PNCT) del MSP y la Comisión
Interinstitucional Asesora para Control de Tabaco (CIACT) no fueron
consultados ni participaron en ninguna instancia de intercambio para la
elaboración de la propuesta del decreto que finalmente promulgó el
Poder Ejecutivo.
Según una investigación periodística reciente del Portal Sudestada fuentes
de estos espacios de trabajo “solicitaron una reunión con el ministro
Daniel Salinas y el director General de la Salud, Miguel Asqueta para
recibir una explicación de por qué las autoridades avalaron este retroceso
normativo y respecto de los resultados de dicho encuentro afirmaron “No
conseguimos mayores explicaciones. El ministro se comprometió a generar

una reunión con los asesores de Presidencia, para tratar el tema. Esa
reunión nunca sucedió”
Ambos jerarcas, tanto Asqueta que fue presidente del CIET y tuvo un
papel destacado en la construcción de las políticas anti tabáquicas de los
últimos quince años, como el propio ministro sin duda tienen opiniones
técnicas y políticas contrarias al decreto aprobado, pero transcurrido más
de un año de su aprobación el mismo sigue vigente y hasta el presente no
hay ninguna señal que nos indique de que esta situación negativa para las
políticas de salud se pueda revertir.


Para tener la confirmación del punto de vista del Dr. Salinas vale la pena
citar sus palabras con motivo del Día Internacional Sin Tabaco del 31 de
mayo de 2021: “La introducción al mercado de productos novedosos y
emergentes para consumo de tabaco es un desafío inmediato, porque su
uso no está exento de riesgos y la experiencia ha demostrado que una de
las consecuencias es un rápido aumento del consumo de tabaco, tanto en
sus formas novedosas como tradicional”. “Sabiendo que las amenazas
siempre latentes de los estímulos para que cada vez más personas caigan
en la adicción tabáquica -que en definitiva es lo que persigue quienes
comercializan estos productos-, están siempre sobre nosotros, tenemos
que ser suficientemente inteligentes, unidos y consecuentes para lograr lo
que queremos conseguir, proteger a las generaciones presentes y futuras
de las devastadoras consecuencias sanitarias, económicas y ambientales
del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”.
Un excelente alegato del Dr. Salinas, para oponerse a la modificación
normativa aprobada por el Poder Ejecutivo, cuyo consejo de ministros
integra y cuya firma quedo estampada en el decreto 87 del 3 de marzo de

  1. Una flagrante contradicción entre un discurso sanitario
    políticamente correcto y decisiones normativas enfrentadas con
    definiciones claras de la OPS y la OMS. Resulta difícil hacer un resumen
    más acabado para fundamentar el mantenimiento del decreto del 2009
    que impedía, hace más de diez años, una maniobra deliberada de la
    industria tabacalera.
    Preocupa especialmente que siendo este el punto de vista de las máximas
    jerarquías de la autoridad sanitaria, siga imponiéndose la voluntad política
    de la Presidencia de la República de favorecer los intereses y demandas de
    una industria con mucho poder y lobby.

Como ya dijimos, el decreto que habilita la comercialización de los PTC
constituye una fisura importante en el control del tabaco, tanto por sus
efectos concretos sobre la salud individual y colectiva.
También impacta negativamente en un plano simbólico en el cual los
objetivos sanitarios se ponen por delante de los intereses comerciales y
económicos de una industria que no tiene dudas en seguir peleando su
espacio de poder y lucro, aunque para ello comercialice productos
capaces de provocar graves riesgos y daños para la salud.
Nuestro país demostró que era posible enfrentar el poder y las estrategias
de multinacionales gigantes que no estaban dispuestas a seguir perdiendo
terreno. Demostró que era posible enfrentar el conflicto, defender la
salud frente al negocio y confirmó que era posible ganar.
Resulta particularmente lamentable constatar hoy la existencia de un
retroceso inexplicable en el campo de la salud pública. Siempre se está a
tiempo de rectificar rumbos y volver a un terreno de control, promoción y
prevención en salud del que nunca se debió salir.

Covid-19: El mundo del revés, o dato mata relato

Escribe Adriana Peveroni en Posturas de La Diaria

Parece que en Uruguay vivimos en el mundo del revés y en el imperio de la consigna “dato mata relato”. Ahora bien, ¿qué se quiere decir con “dato mata relato”? ¿Qué son los datos, y qué son los relatos? Cuando uno habla u oye hablar de dato, se refiere a un hecho objetivo, contrastable por todos, de la realidad. El cielo es azul. Está nublado. Llueve. Esa casa es de ladrillo y tiene techo liviano. La inflación a abril es de 9,37% anualizada, los muertos acumulados por covid-19 en Uruguay son, hasta el día de hoy, 2.073,65 por millón, la tasa de vacunación con tres dosis es de 82,5%, somos primeros en casos confirmados acumulados entre nuestros vecinos, aunque no así en muertos, ya que Uruguay estuvo durante 68 días en el podio (número 1) de muertos por millón por covid. Estos son datos. Cualquiera puede volver a calcularlos, volver a buscarlos, detallarlos.

 

Abril 2021 el mes en que se quebraron todos los récords en muertes por covid-19 en Uruguay La Diaria Salud. Foto Ernesto Ryan

Ahora, ¿qué nos dicen los datos? Los datos, solos, dicen muy poco. Para que los datos nos “hablen”, para que nos sean útiles, deben ser analizados. Ponerlos en contexto. Buscar sus relaciones causales. Describir sus posibles efectos. Contrastarlos con lo que se hizo para que esos datos fueran así, si hubieran podido haber sido diferentes. Esos son los relatos.

Los datos son imprescindibles. Por mucho tiempo, en Uruguay, en algunas áreas críticas, se careció de datos. Durante muchos años, por ejemplo, no teníamos datos propios de cuál era la “carga de enfermedad” en nuestro país. Esto es, no sabíamos exactamente de qué enfermamos, cuáles son las principales causas que nos hacen perder días de vida de calidad, o perder días de vida, a secas. Las políticas de salud se orientaban por datos de otros países, vecinos, seguramente comparables, pero no nuestros.

Nuestro primer estudio sobre carga de enfermedad se desarrolló en 2010. Mostró muchos datos, también muchas debilidades a corregir en el sistema de recolección de estos, que hizo posible tomar acciones concretas para mejorarlos. Teníamos pocos datos de cómo vivían los niños desde la concepción y durante sus primeros años de vida. Hoy, mediante las Encuestas de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis), que se comenzaron a implementar en 2013 y van hoy por su tercera ola, tenemos muchos datos. También tenemos datos, por primera vez, sobre el desarrollo infantil, sobre todo en contextos educativos. Y podemos sumar más datos muy útiles para programar políticas públicas sensibles.

De los relatos, de los análisis contextualizados de los datos, es que las personas, las comunidades, los pueblos y los países toman decisiones sobre cómo seguir adelante para que los datos sean mejores.

Con los datos, uno puede tener dos actitudes: intentar comprenderlos, buscar las causas que los provocan, intentar modificar la realidad, cambiar para bien, mejorar los datos; o tomar una actitud complaciente y de justificación a como dé lugar a lo hecho por uno mismo, discutiendo los datos si no se ajustan a nuestro relato, a nuestra visión del mundo. Y seguir andando tal y como nos habíamos trazado, diga lo que diga la realidad.

En cuanto a la epidemia covid-19, hubo, por parte del gobierno, mucho de esta última forma de accionar (bueno, no sólo en la epidemia de covid-19… pero eso es otro tema). Si bien, en una actitud que lo destaca, se conformó en forma inmediata el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), cuyos análisis y recomendaciones fueron de dominio público, muchas veces no se siguieron las directivas más importantes que podrían haber evitado un muy mal desempeño de Uruguay en la gestión de la pandemia en la primera ola. Y, sobre todo, se podría haber evitado la enfermedad y muerte de muchas personas, de todas las edades. De las muertes ocurridas entre abril y junio de 2021, alrededor de 4.000 podrían haber sido evitadas si se hubieran tomado por un período breve, de tres semanas, medidas drásticas de disminución de la circulación, con las adecuadas medidas económicas para que pudieran, además, ser cumplidas por todos. Esto había sido recomendado por el GACH (blindar abril)1 y no se llevó a cabo, apostando solamente a la vacunación. La vacunación fue y sigue siendo importante, sin duda, pero de haberse acompañado esta campaña de vacunación con un adecuado manejo de apertura y cierre de las actividades que aumentan la circulación viral, seguramente los resultados, los “datos”, hoy serían otros. Por 68 días Uruguay fue el primer país en el mundo en casos y en muertes por millón de habitantes.

En ese momento, muchos “datos” se discutieron y se minimizaron: tenemos más casos por millón porque tenemos más capacidad de testeo, porque registramos mejor, los otros países de Latinoamérica no tienen esa capacidad, no son datos reales. Señores: en una epidemia, tener una buena capacidad de testeo, seguimiento y aislamiento de los casos es indispensable. Junto con la vacuna es uno de los elementos básicos, imprescindibles para poder limitar su avance. Ahora, si tenemos la posibilidad de un buen registro (¡que bueno!), analicemos qué podemos hacer mejor para poder bajar ese número (en este caso, hubiera sido, justamente, disminuir drásticamente la circulación).

Un trabajo realizado por el profesor Arturo Briva muestra que, una vez superado el máximo de capacidad instalada de las unidades de cuidados críticos, la tasa de mortalidad aumentaba. Es decir, por más que se pudiera aumentar el número de ventiladores, de camas de CTI, de personal (poco capacitado, dado que no se tenía el tiempo mínimo necesario para su capacitación), los resultados que se obtenían no eran buenos, morían más personas de lo esperado.2 Se alertó de que las puertas de emergencia, las áreas de cuidados críticos, las emergencias extrahospitalarias, estaban superadas. Que no se podía atender adecuadamente a las personas que así lo requerían. Es de destacar que, semanas antes de que esto ocurriera, se había alertado sobre qué ocurriría de no tomarse medidas de disminución drástica de la movilidad. Otra vez, por parte de las autoridades, se utilizó el recurso del avestruz: negar el dato, deslegitimar y desprestigiar a quienes lo denunciaron, seguir impertérrito por el camino elegido. Otra vez, aunque tarde para muchos, si en ese momento se hubiera elegido “mover la perilla” de cerrar, disminuir drásticamente la movilidad por unas semanas, hasta asegurar una cobertura razonable con la vacuna y lograr llevar el número de casos a un número manejable por el sistema de salud, tanto en la asistencia de enfermos con covid-19 como por otras patologías, como para lograr llegar a cumplir con la estrategia Tetris (testeo, seguimiento, aislamiento), quizá unos miles de uruguayos todavía estarían vivos. Y algunos otros no hubieran cursado un long covid, o no tendrían hoy secuelas.

Si serán importantes los relatos, dado que, con todos estos datos bien a la vista, seguimos comprando el relato de que en Uruguay se manejó bien la pandemia por parte de este gobierno.

Otro dato de la realidad: muchas personas no podían realizar adecuadamente el aislamiento, dado que su inserción en el mercado laboral es precaria; muchas empresas pequeñas vieron resentido su funcionamiento. Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas advirtieron anticipadamente que, tomándose medidas adecuadas, se podía evitar que un número importante de uruguayos quedaran bajo la línea de pobreza (con todo lo que eso implica).3 Las medidas económicas de apoyo decididas por el Gobierno estuvieron por debajo de lo necesario, según se señaló en todo momento, tanto por la oposición como por otros actores, nacionales e internacionales (Cepal incluida).4 En esto, también, el gobierno eligió discutir el dato. De ninguna manera apartarse en lo más mínimo de lo delineado, no tomando en cuenta, ni siquiera, trabajos que mostraban claramente que un mayor aporte económico puntual redundaba en una recuperación económica más rápida, sostenible, y sobre todo, de todos los uruguayos, no sólo de algunos privilegiados.

Desde el primer nivel de atención se resaltó desde un primer momento lo inadecuado de disminuir su capacidad de atención, producto de la redistribución de los recursos hacia áreas del segundo nivel de atención. Se le retacearon datos y capacidad resolutiva a un sector clave en la salud. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud. También por su conocimiento estrecho y su relación con el territorio, de haber tenido los datos desagregados de lo que ocurría en cada comunidad, y cierto nivel de independencia en la toma de decisiones, podría haber jugado un rol clave en la detección, seguimiento de casos y desarrollo de estrategias adecuadas para el cumplimiento del aislamiento necesario.

Al inicio de la pandemia se creyó que los niños podían ser un vector importante de transmisión de la enfermedad. Por ello, en Uruguay y en el mundo, se cerraron precozmente las escuelas. Luego de que esto quedó relativizado, en Uruguay se siguió manteniendo prácticamente como única “variable de ajuste” el cierre de centros educativos. Se sustituyó la educación presencial con la virtual, apoyándose en herramientas como el Plan Ceibal y la gran conectividad que tiene nuestro país. Pero, al volver con regímenes mixtos, no se apoyó adecuadamente a los maestros y profesores para que pudieran realizar esta doble tarea, por ejemplo, aumentando el número de horas docentes, de modo que uno pudiera atender al grupo que cursaba en forma virtual y otro al presencial. Para el año 2021 se disminuyó el número de horas docentes, no se previó dotar a los centros educativos de condiciones adecuadas para cuidar la ventilación y el hacinamiento, evitando que la única solución posible fuera, en muchos casos, dividir las clases en dos o tres y que los niños y niñas asistieran sólo unos días de la semana por cada subgrupo, disminuyendo así las horas efectivas de clase recibida. Tampoco se tomaron en cuenta los datos recabados en cuanto a pérdida del vínculo escolar o liceal, para ir a buscar a estos niños, niñas y adolescentes (en realidad, se recortaron horas de los maestros comunitarios).

En fin. Si serán importantes los datos. Y si serán importantes los relatos, dado que, con todos estos datos bien a la vista, seguimos comprando el relato de que en Uruguay se manejó bien la pandemia por parte de este gobierno, adalid de la “libertad responsable”. Un país donde algunos son libres de cuidarse, y otros no lo son tanto.

Adriana Peveroni es pediatra.


  1. Ver informe GACH 7/2/2021, “Situación de la epidemia covid-19 en Uruguay y recomendaciones”, e Informe GACH 16/3/2021, “Del Grupo Asesor Científico Honorario a la opinión pública acerca de la situación epidemiológica”. 
  2. “Abril, el mes en que se quebraron todos los récords de muerte en Uruguay”. Disponible en: ladiaria.com.uy/UiX 
  3. Brum, Matías y De Rosa, Mauricio. Estimación del efecto de corto plazo de la covid-19 en la pobreza en Uruguay. Blog del Departamento de Economía, 2 de mayo de 2020.  
  4. Panorama Social de América Latina 2020, Cepal. 

La receta dogmática hace daño

Es posible construir una política criminal pública

Escribe Milton Romani Gerner. Publicado en Semanario Voces No 784 9/6/22

Política criminal pública

Garantizar el derecho a la seguridad no es solo un asunto policial. Ni de autoridad. Ni de aumento de penas y castigos. Ese modelo, que persiste, es un dogmatismo que no se condice ni con los datos y el relato. Es incoherente, no ayuda, genera mas inseguridad y violencia. Las cifras de homicidios del último mes son contundentes. ¿Que grado de responsabilidad tiene el ministro Heber? Nadie va a pedir su renuncia, entre otras cosas porque su culpa es no reconocer que es un problema mas complejo, difícil, que no se arregla con mas autoridad, mas policía y mas cárceles. El problema de Heber es que reconocer con humildad eso es también admitir que la campaña furibunda contra Bonomi, la campaña electoral y la llave milagrosa de la LUC no sirvieron para un carajo.

Lo dijo Lacalle Pou cuando era senador opositor: un ministro del interior no puede usar la coartada del narcotráfico para justificar los indices de criminalidad. Porque esa es su tarea. Punto. El ministro Heber y el Sr. Santiago González, recurren con exceso adictivo al fenómeno narcotráfico como explicación de todo. González, que tiene un cúmulo de denuncias de mal trato y autoritarismo incluso con sus pares, no parece un ejemplo de convivencia. Repite en un exceso de cámaras, la intervención en cada cierre de bocas de narcotráfico. Llegó a decir que se cerraron 2000. Eso si, no hubo hasta ahora ningún procesado por lavado de dinero, ni allanamiento en bufetes o estudios que se dedican ostensiblemente a ello.

El aumento de la criminalidad, y el aumento de las violencias sociales (que no es son las misma cosa) son un monstruo que pisa fuerte. Aumentan las dos. A veces nos asombra, nos genera incertidumbre, miedo e inseguridad. Repetir que es un tema complejo parece una coartada para desentenderse del asunto. No es así. Asumirlo implica generar institucionalidad para una política publica criminal que sea una responsabilidad compartida. Insisto, humildemente, que la experiencia institucional de la Junta Nacional de Drogas, integrada por varios ministerios, debería ser un ejemplo aleccionador. Lo mismo para generar con la academia, organizaciones sociales y un arco político amplio, un espacio de investigación y abordaje con pretensión científica el tema de la criminalidad.

El horizonte de la convivencia es un tema más extenso que incluye la seguridad ciudadana.

El Presidente del Frente Amplio Fernando Pereira ha salido, ahora, con humildad a reconocer nuestras limitaciones de nuestros gobiernos. Pero también tendió la mano para construir una política publica con los esfuerzos y avances que pudimos lograr y avanzar con otros actores para definir una política de estado consensuada. Es ahora.

Es necesario definir una política criminal con pretensión de largo plazo, como bien lo han señalado distinguidos especialistas, como el ex Fiscal General doctor Jorge Díaz.

Algunos siguen creyendo, por pura ideología, en un reduccionismo simplote: castigo y autoridad. Y en una coartada: las responsabilidades son de las gestiones del anterior gobierno. No de todas las gestiones anteriores. No. De esas no. Porque hay que decir que desde 1997 se retoca el Código Penal aumentando todas la penas y aunque los cataclismos sociales fueron cantera de reclutamiento de niños y niñas cuya carrera criminal conocimos 20 años después, todavía continúan, porque se ha reemplazado la cultura del trabajo, por la libertad. No es solo la pobreza y marginalidad las únicas explicaciones del aumento de violencias y criminalidad. Pero no se pueden ignorar.

La libertad de “arreglate como puedas”. La falta de trabajo. La inequidad e injusticia que hoy se expresa en un récord histórico de exportaciones (carne, soja, arroz, leche y bienes) por 11.000 millones de dólares que se acompaña por el aumento de depósitos dentro y fuera del país (conocidos) de 9000 millones de dólares. Los pibes chorros que salen por la de ellos, quizás no saben de estas cifras. Pero la sufren y eligen sin formación económica de operar un reparto del producto bruto por mano propia.

Violencias sociales: niñez, feminicidio, conflictos.

A propósito de violencias y niñez más de 386.000 niñas, niños y adolescentes de Uruguay viven en hogares donde se reportaron situaciones de violencia de género, según un informe de Inmujeres, Sipiav y Unicef que busca visibilizar el impacto de estos contextos en la infancia y la adolescencia”. Categórico. A estos futuros jóvenes lo que les promete este modelo, son más palos, mas cárcel, menos oportunidades. Que quieren!!! ¿Que luego salgan blanquitos de ojos celestes y se comporten como egresados de la Universidad de Montevideo? Dicho sea de paso: tampoco ser egresado de escuelas de MBA, como lo señaló una investigación son garantías de no delito o corrupción.

¨Aspen Institute verificó al encuestar estudiantes de MBA que al ser interrogados sobre si estarían dispuestos a realizar un acto ilegal que podría reportarles a ellos o su empresa más de 100.000 dólares y en donde hubiera un 1% de probabilidad de ser descubiertos e ir a prisión por un año, un tercio contestó que sí¨i

Los esfuerzos de Miguel Angel Petit son encomiables. Para denunciar este verdadero pandemónium y cambiar. Le deseo el mejor de los éxitos.

Las experiencias de Luis Parodi en la Unidad 6 Punta Rieles, como las de Jaime Saavedra en la Comisión del Liberado no han sido incorporadas al patrimonio de las políticas publicas. Ni de los valiosos académicos que con coraje han investigado desde la ciencias sociales y antropología la dinámica de la delincuencia ( Nicolas Trajtemberg,, Clara Musto, Ricardo Fraiman, Marcelo Rosal) De la misma manera que fueron desechadas todas las enseñanzas y el excelente personal formado por el mejor policía Julio Guarteche. Hay experiencias territoriales de gran valor para actuar con la comunidad. Por la experiencia de gestión, el modelo de Junta Nacional de Drogas, donde se articulan nueve ministerios para definir estrategias comunes, sigue siendo un ejemplo institucional que podría imitarse o al menos considerar sus virtudes.

iEDUCAR EN ÉTICA EMPRESARIAL EN IBEROAMÉRICA: UN DESAFÍO IMPOSTERGABLE Bernardo Kliksberg ∗2007

Un abordaje inter sectorial, descentralizado y comunitario

escribe Pablo Anzalone. Publicado en Semanario Voces No 784 9/6/22

La estrategia de “Guerra contra las drogas” ha sido un gran fracaso cuyos impactos en muertes, violencia y sufrimiento social exceden ampliamente los daños generados por el consumo excesivo de sustancias y lejos de reducir el narcotráfico lo fortaleció.

Uruguay ganó un espacio de respeto en los ámbitos internacionales por dar un debate sustantivo promoviendo una concepción menos represiva y estigmatizadora de las drogas que priorizara el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo como dice bien Jorge Vazquez en un extenso reportaje reciente en Voces, actuó sobre el gran narcotráfico y su red de complicidades en el lavado de dinero.

La regulación estatal de la marihuana nos convirtió en referencia para muchas experiencias en el mundo y esta política exitosa subsistió al cambio de gobierno a pesar de que Lacalle Pou desconozca la ley y diga que el Estado produce y vende droga.

Nos interesa acá poner el acento en otro de los ejes de una estrategia integral puesta en práctica en la década pasada: el abordaje intersectorial, comunitario y descentralizado. La propia conformación de la Junta Nacional de Drogas marcó la intersectorialidad como concepción y la superación de un enfoque meramente represivo.“La JND es un órgano articular y las Juntas Departamentales demuestran un trabajo de muchos sectores coordinados y necesitamos estar todos comprometidos en eso” señalaba Milton Romani en esos años. Esa idea-fuerza marcó también la gestión de Julio Calzada y su continuidad ha sido una gran fortaleza.

En Montevideo la JDD se conformó en 2012 a partir de un amplio trabajo conjunto entre la JND y la IM con el funcionamiento de un Plenario Consultivo con organizaciones sociales y el desarrollo de una red territorial con programas de prevención, atención y tratamiento. La creación del Centro Ciudadela (escucha,diagnóstico y derivación), del programa Aleros , “El Achique” en Casavalle, el Centro de escucha en la zona 8, los Puntos de Encuentro en Punta Rieles y Malvín Norte y la Unidad Móvil de Atención fueron pasos significativos para facilitar el acceso a la Red y generar cercanía en situaciones de gran vulnerabilidad. Otras iniciativas como “Mi Cerro Sin Drogas” se originaron en las organizaciones de usuarios de salud.

El trabajo en red, la prevención desde el sistema de salud con capacitación al personal del primer nivel de atención y el trabajo en el sistema educativo con docentes y alumnos fueron algunos de los temas abordados por la JDD.

Desde las comunidades han seguido surgiendo propuestas en esta dirección. La Red de Municipios y Comunidades Saludables en 2020 realizó un Curso de Animadores de Redes Comunitarias donde se elaboraron proyectos, uno de ellos referido a los consumos problemáticos de sustancias, considerado como un capítulo de la salud mental.

Se constató allí que: “a) se trata de una cuestión con una demanda masiva mientras la oferta comunitaria y sanitaria es totalmente insuficiente. b) No solo es insuficiente por su cantidad. Lo es también por la rigidez institucional por parte de los dispositivos sanitarios desestimando el enfoque grupal de diversas patologías.c) Existe una tendencia a circunscribir salud mental y drogas al abordaje médico. d) Hay resistencias a nivel familiar y comunitario que excluyen y estigmatizan al “drogón” y al loco”.e) El abordaje grupal, familiar y comunitario está técnica y científicamente probado. Experiencias como los “Grupos T” se iniciaron en el “Portal Amarillo” y se desarrollaron en varias policlínicas. Darles continuidad y mayor amplitud es una línea de trabajo importante.

Esta propuesta comunitaria reafirma la necesidad de construir redes de acogida, prevención, educación y apoyo social a la problemática, en lugar de una depositación masiva en las instituciones médicas mediante internaciones o de operativos policiales. Los espacios de reducción de daños y gestión de riesgos como el “El Achique de Casavalle”, atienden los aspectos sociales de la problemática de consumo de drogas.

El proyecto plantea un Plan Municipal de Salud Mental basado en un diagnóstico territorial que

con la participación de la población del Municipio. Sin participación activa relevando

necesidades y consultando respuestas, en diálogo del saber popular y del saber científico, es

imposible definir buenos planes.Uno de los ejes del Plan es la formación de organizaciones de usuarios de salud en el territorio que conviertan a los pacientes en sujetos activos.

Salud Mental: un derecho conculcado.

Hay que ponerla patas arriba

Dr. Gustavo Mora

En los últimos tiempos, y más aún si lo miramos en una proyección más extensa, la salud mental sigue siendo un animal que no existe.

No se habla, no se escucha, no se ve.
Sucede como alguien dijo alguna vez, que no gritan, no hacen huelga de hambre, no agitan, no se movilizan ni cortan calles como otros colectivos.

Es un asunto que se halla debajo de la alfombra, sumando dichos conocidos y gastados. ¿Qué sabemos del estado de situación del Hospital Vilardebó?

¿De las áreas psiquiátricas de los hospitales del interior?

¿De las comunidades de vecinos y de familiares que se movilizan en pro de la dignidad humana en uno y otros lugares del país?

¿Dónde, sus Asambleas Nacionales, territoriales, regionales?

Dónde la des manicomializacion? Cuándo es posible?

Dónde las casas de medio camino?

Dónde la rehabilitación y reinserción laboral del mayor número de pacientes posible?
Es todo suficiente o hay deudas?

Hay deudas. Son inmensas y largas.

No son de las crisis recientes del siglo, no son de la pandemia.

Son, por otras causas y son más viejas, mucho más viejas.

Son la concreción del sentido de otredad de los estamentos estatales y de los individuos todos. Económica y socialmente, en este capitalismo soez que no hemos podido romper, gastan.

Solo gastan, gastan y no producen y, en la subjetividad profunda de los individuos:

¨no los quiero cerca, que no me toquen¨ «que no me toque ese castigo».

Quienes hemos convivido con la Salud Mental, desde una óptica de DERECHOS, sabemos que no hay ogros, diablos, enemigos.

Hay seres humanos, gente como nosotros, con sueños y aspiraciones en la mayoría de los casos, con familias que se desviven o sufren.

Y hay ternura, empatías recíprocas y hasta disfrute sano de los vínculos.

Ésta, la de la Salud Mental, debería ser una causa nacional, en pro de ponerla patas arriba.

Los colectivos que en torno al problema de la Salud Mental, se mueven hoy, tienen un lugar y de manera privilegiada, un espacio receptivo y caja de resonancia para comenzar a andar en sentido positivo de restitución de derechos conculcados.

Estamos a las puertas del comienzo de gestación del nuevo Congreso del Pueblo. Creo que es un asunto que no puede ser ajeno y que debe ser el lugar donde deben ser convocados, como los feminismos, los afro, los postergados y discriminados.

Colombia, intentará otro camino

Escribe Ruben Montedonico Rodríguez

Publicado en Semanario Voces 13 de mayor 2022

Ser candidato presidencial en Colombia es sinónimo -a sabiendas- de poner en juego la vida. Si a algún candidato en plan de campaña se le ocurre exhibir proyectos contrarios a los que ejecuta el gobierno de turno o uno anterior, aquello que puede observarse como justo, lógico y aún hasta adecuado para la democracia cacareada por los políticos tradicionales y su prensa, puede ocurrir que debiera pensar antes dónde aspira a ser enterrado. Para ejemplo no precisa que nos remontemos a 1948, al asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán y las historias que refieren la presencia del estudiante Fidel Castro en Bogotá. El “bogotazo” que sobrevino a este crimen político, desparramó protestas por todo el país, dando lugar a otra forma de hacer política en Colombia: un tiempo de enfrentamientos llamado “La Violencia”. 

Escribe Ruben Montedonico Rodríguez

Tras pasada una década, como un decreto, esa época se dio por terminada; sin embargo, dejó secuelas políticas y sociales perdurables hasta nuestros días: los alzamientos de miles de guerrilleros, como otra forma de conflicto armado interno; la intervención e involucramiento del ejército; la formación de escuadrones parapoliciales y paramilitares ultraconservadores y sus entrenadores extranjeros pagados y ordenados por políticos, delincuentes esmeralderos o narcotraficantes; falsos positivos. Las migraciones interiores expusieron una nación violentada, más o menos teledirigida, dependiente de una potencia imperialista, EE-UU, que “barrió” los excesos y las corruptelas de administraciones locales bajo la alfombra. 

Pero todo puede ser más dificultoso si quien aparece como candidato ataca la implantada política de alternativa (bipolaridad) liberal-conservadora. Le sucedió a la Unión Patriótica, con Bernardo Jaramillo, y al M-19 (tras la dejación de las armas) con Carlos Pizarro Leongómez. En ocho meses entre 1989-90, empezando con Luis Carlos Galán, siguiendo con Jaramillo y Pizarro, la asociación de agentes políticos, militares, narcotraficantes y “paras”, asesinaron a esos tres candidatos presidenciales. Antes, en marzo de 1989, en el aeropuerto El Dorado, esta combinación había ultimado a José Antequera -comunista senador de la Unión Patriótica- y herido a Ernesto Samper -liberal, senador y años después presidente. En esos momentos se consideraba la oferta de paz de Rafael Pardo Rueda, en nombre del gobierno, a la delegación presidida por Antonio Navarro Wolff, del M-19, en el hotel Camino Real de Ciudad de México: en tal circunstancia interrumpí para contar lo del atentado. Confirmando los riesgos de ser candidato, Gustavo Petro -ex guerrillero del M-19, líder en las encuestas desde hace meses- suspendió su gira de campaña por el Eje Cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda) al denunciar un intento de asesinato contra su persona. 

Colombia, en circunstancias diferentes al pasado -aunque no mejores- con menos guerrillas y guerrilleros, algunas bajas entre los “paras”, pero con todo lo demás más o menos intacto, se plantea una primera vuelta comicial para fines de mayo, donde la situación favorece a los conservadores, que mantienen resortes políticos: prensa hegemónica, gobernadores, alcaldes, apoyo extranjero y poderes electorales, clave en el escrutinio y en un eventual intento de mega-fraude.  

Hace un año escribíamos que los miedos que inoculó Iván Duque -presidente-marioneta de Álvaro Uribe, del Centro Democrático- intentando imponer una reforma fiscal y la intención de acabar con la salud pública, se estrellaron con el levantamiento popular iniciado el 28 de abril (de 2021), que desembocó en el preacuerdo del 24 de mayo, aunque la represión continuó. El uribeduquismo militarizó las protestas y desplegó fuerzas paramilitares y el saldo fue lamentable: la reacción de gobierno dejó una estela de muertos, desaparecidos, presos políticos y detenidas violadas. Pero el temor no logró imponerse y la movilización enterró las medidas liberticidas y provocó dimisiones en el gabinete. 

Parece llegada la hora colombiana en que el pueblo vote por gobiernos que den paso a un estado en que la autoridad entienda que no se pueden responder las protestas con agendas represivas y pretextando inicuas historias de “terrorismo urbano de baja intensidad” y “revolución molecular disipada”. Para ello y otras cosas -coincido con Sarthou- deberá sacudirse la clase media sus miedos, atmósfera natural de los regímenes autoritarios. Si esto se consiguiera y se superaran apetencias individualistas, se avanzaría a instancias con oportunidad para formas anticapitalistas. 

La corriente que ocupó el tercer lugar para las legislativas de marzo tenía como candidata presidencial a Francia Márquez, quien pasó a ser la vice de la fórmula de Petro. Ella significa todo lo contrario a lo tradicional, casi algo escandaloso en una sociedad política acostumbrada a otras formas: hay sobresaltados porque se trata de una mujer, negra, que no salió a comprar votos, defensora del medio ambiente y activa feminista. 

Desde la Casa Blanca, la elección debe ser observada atentamente, cuando en el subcontinente el progresismo ha tenido éxitos en comicios recientes. El país, el primer productor de cocaína del mundo -con destino principal a Estados Unidos y Europa- podría pasar a ser parte del mapa de esos gobiernos. La oportunidad catapulta rebotes diversos de sectores que usualmente suponen que Colombia es un sitio propio. Washington debe tener diferentes ópticas sobre una elección en que participa Federico Gutiérrez -aliado al uribismo que hizo campaña por Donald Trump en 2020- y a Petro, que perfila la moderación actual de las progresías latinoamericana

Para la vuelta próxima del 29 de mayo, se espera que Petro-Márquez mantenga, al menos, la cifras del primero en las legislativas, con un techo próximo a 50% (que entiendo que no superará) y el candidato de la derecha “Fico” Gutiérrez (que pretende ser considerado lejano a Uribe) 27%. Los porcentajes, en un muy posible balotaje en junio, serían 55% para Petro y 45% para Gutiérrez, según mis cuentas. 

El sabor de las margaritas: diálogo con la buena Policía por Milton Romani

Artículo publicado en La Diaria 22 de noviembre de 2021

La labor policial está en el centro del debate público. Ahora con afirmaciones del actual gobierno y también con la impugnación de los artículos (33 en 135) que componen el capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración (LUC).

Las y los buenos policías se vuelven a convertir en rehenes de eslóganes electorales, que se desviven en halagos y mensajes simbólicos (no siempre correspondidos en materia salarial o de equipamiento) que terminan, en mi opinión, perjudicando el profesionalismo y la dignidad de la propia Policía, condenada a cargar con una mochila pesada, que no es tarea exclusiva o responsabilidad única de la Policía. Por otra parte, la LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.

Adjudicar la supuesta baja de los delitos a las nada novedosas herramientas que se le han otorgado ahora a la Policía es una mentira y una trampa. El politólogo Óscar Bottinelli, en una columna publicada en el diario El Observador, sostenía que “la seguridad pública es un drama nacional que se ha tomado con mucha liviandad en clave electoral, se ha simplificado el fenómeno, no se han discutido las causas, se cree que surgió hace muy poco tiempo, que es culpa de un solo gobernante y que lo puede arreglar por sí solo otro gobernante”. Advertía al mismo tiempo sobre el grave problema del narcotráfico: “Territorios dominados por la droga, territorio de combate entre bandas de narcotráfico, la aparición del sicariato (el asesinato por encargo), las guerras entre sicarios, los jóvenes muy jóvenes acribillados con 30 balazos en el cuerpo”.

El problema delincuencial y las violencias sociales en aumento no son problemas exclusivos de la Policía. Es necesario un análisis criminal más científico y un abordaje de más agencias del Estado. No se resuelve con más penas, con más gente presa ni con acciones punitivas más violentas. Desde 1997 Uruguay viene aumentando penas e inaugurando cárceles inmundas, que son sólo un nuevo mercado de drogas y escuela del crimen. Los esfuerzos del comisionado parlamentario son encomiables. Hubo experiencias de gestión en cárceles y de programas socioeducativos, incluso para los liberados, que han sido desechados insólitamente. Así no.

Mitos y prejuicios

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) recibió en el Congreso del PIT-CNT una amplia mayoría de apoyo. No sólo se considera a los policías compañeros, sino que se les habilitó una buena representación en la dirección sindical. El tratamiento mediático del tema privilegió, para dividir, las mociones minoritarias que pretendían su exclusión. Un vocero de Sifpom declaró que todavía existían prejuicios y mitos sobre lo que fue históricamente la acción policial. Es posible que tenga razón. También el reverso de ello es cierto, y sería sano reconocerlo. El principio de unidad, diversidad y lucha ideológica es un eje para el movimiento sindical. Vale para este caso también.

La vigilancia de todas y todos nuestros afiliados, cuando cometen abusos o directamente actos corruptos, es un principio sindical. No es de ética ni actitud sindical defender ladrones, corruptos o violentos. Eso vale para todos los sindicatos. La labor policial tiene una diferencia: son funcionarios del Estado con derecho al uso de armas y que tienen como función aplicar la ley. Es complicado. Pero hay una ética, reglamentos y garantías que da la ley para todos los ciudadanos y las ciudadanas que deben ser conjugados a la hora de operar.

De mi gajo una flor

Quien escribe esto habla con autoridad. Valga la paradoja. Fui preso por primera vez el 18 de octubre de 1967. La ficha policial 130.871 reza: “Detenido por pegar carteles de homenaje al Che Guevara durante las Medidas Prontas de Seguridad. Por ser menor fue entregado a sus padres”. No dice que me tuvieron de plantón toda la noche en la jefatura. En 1968, ya mayorcito, me condujeron detenido al Grupo de Artillería 5 unos días después de que una bala policial matara por la espalda a Líber Arce. El primero de muchos mártires estudiantiles, algunos de los cuales fueron mis amigos y amigas y compañeros muy queridos. No fue una guerra. En todo caso, la decisión de rebelarse de muchos jóvenes de aquellos tiempos se debió, entre otras cosas, a la impotencia y la bronca que sentían contra dirigentes políticos con vocación autoritaria que usaron y alentaron a la Policía, sin que mediara desobediencia, a cometer aquellos crímenes infames.

La LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.

No detallaré aquí el rol que jugó la Policía en tiempos de dictadura. Ha dejado huellas. Los militares, los verdes, entre otras cosas, los despreciaban y los usaron. Militarizaron y pusieron bajo su bota a toda la fuerza. Con el concurso de los malos y peores policías, que actuaron en forma aberrante. Algunos de ellos ya fueron procesados.

JND: una experiencia interinstitucional y un amigo

En 2005 fui designado secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, cargo ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas. En abril de 2005, ya en funciones, me reuní con un policía, jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El inspector Julio Guarteche. Con prejuicios, sí, con temores y mitos. De ambos lados. Escuchamos. Establecimos relaciones de confianza y de trabajo. Trabajamos junto con él y todo su equipo. Construimos juntos, con acuerdos y diferencias, con respeto y finalmente con amistad, políticas públicas en drogas con pretensión de continuidad.

En aquella primera reunión, Guarteche traía para entregarme una carpetita. Todavía la conservo como reliquia. Era una larga lista de autos y bienes que se pudrían en la brigada y otras dependencias porque el Estado, todas las autoridades anteriores, no habían encontrado la forma legal para que pudieran incorporarse al patrimonio público y ser usados para financiar todos los componentes de nuestras políticas en drogas. Lo escuché. Fue un desafío. No fue fácil. Con base en un convenio firmado con la Organización de los Estados Americanos y con el concurso de un excelente equipo de profesionales, liderado por dos mujeres (Elena Lagomarsino y María Herrera) en consulta con jueces, fiscales y técnicos, se conformó lo que hoy es una realidad: el Fondo de Bienes Decomisados.

Legítima defensa

Sabrán disimular los policías que leen estas líneas mi lenguaje: los mandos políticos los están engrupiendo. Todos los artículos de la LUC que pretendemos anular complican su función. El doctor Juan Ceretta brindó un claro ejemplo de ello en una columna del programa Más temprano que tarde. El supuesto amparo que les da el artículo 1, llamado “Legítima defensa”, no sólo es innecesario, sino que en caso de ampararse en él se complica el problema. El artículo 28 del Código Penal, vigente y sin modificaciones, dice que está “exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la justicia”. No se necesita más.

Los artículos referidos a “resistencia al arresto y agravio a la autoridad” o los relativos al desalojo de lugares públicos para gente que no tiene dónde vivir y la represión de piquetes sólo sirven para generar distancia y enfrentamiento con toda la ciudadanía.

El aumento de penas para el narcomenudeo, ustedes lo saben bien, es infame, injusto y no sirve para nada. Máxime cuando todos sabemos que los peces gordos que se dedican a la soja, a la cocaína o que viven en La Tahona escondiendo 454 kilos de pasta base, así como los bufetes y los profesionales que lavan dinero a lo bobo, no tienen el mismo tratamiento.

Sabemos que hay herramientas que sirven de coartada infame a los malos políticos, y también a los malos policías. No cejan de intentar volver. Lo demostró la intención de bajar la placa con que se había nominado la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia: Comisario General Julio Guarteche. Pretendían sustituirla por la del torturador Víctor Castiglioni. Todo un símbolo. Que no prosperó. Pero sí prosperaron el apartamiento y la marginación de todos los buenos profesionales policías que formó y promovió mi amigo Julio Guarteche.

En una serie policial gallega disponible en Netflix que se llama El sabor de las margaritas, en un momento crítico de la investigación en el que queda clara la inconducta de ciertos policías el comisario general, en clave docente, dice: “Nuestra misión es proteger a la gente. No a la patria ni a todas esas historias. A la gente. Y para eso hay que ganarse su confianza”.

LA IMPUNIDAD NO ES UNA VIROSIS por Milton Romani

La impunidad no es una virosis. Pero tiene olas pandémicas que aparecen y aparecen esparciendo escarnio, vergüenza y más impunidad. Ha habido avances. Grandes avances. Y no cesan. Allí están presentes los fallos impecables de algunos jueces y fiscales. Está la consecuente actitud del Dr. Perciballe.

Algunos, hoy quieren aparecer como impolutos adalides de la justicia. Como dice un querido amigo: ¨me quedo con la parte buena¨. Si. Pero no olvido. Ni la omisión, los errores y ni la concupiscencia contra los valores de la verdad y la justicia. Porque eso ha hecho mella en nuestra institucionalidad, en la memoria y en la historia de nuestra comunidad. La publicación en La Diaria por parte del periodista Leonardo Haberkorn, por pedido de acceso a la información, de nuevos elementos sobre el asesinato del Dr. Wladimir Roslik, las implicancias del Gral. Daniel Castellá y declaraciones ofensivas del Gral Manini, no solo ofenden la moral publica. Demuestra el fracaso rotundo de quienes quieren enterrar clandestinamente el pasado. El inteno ominoso de enunciar la palabra ¨solidaridad¨ como acto de cuerpo frente a una sesión de tortura. Parece insólito argumentar esto públicamente, pero mas insólito es que se haga en el ámbito del parlamento, y quiera seguir imponiéndose como aquel sofisma sanguinetista de ¨la lógica de los hechos¨.


Se ha extendido durante más de 40 años el ocultamiento de hechos repugnantes que lesionan nuestra humanidad. El sello de silencio ¨solidario al decir de Manini (y el solo hecho de usar ese término es una secuela vergonzosa de la impunidad) que en código mafioso siciliano se llama ¨omertᨠdebería ser abordado como un síntoma a desterrar. En una institución que tiene por cometido el componente militar de la defensa. Que tiene una delegación de toda la ciudadanía que le entrega, generosa, el monopolio del uso de las armas y del ejercicio de la violencia. Los uniformados han preferido que los cuarteles de la patria sigan siendo cementerios clandestinos y el destino de los cuerpos siga siendo una prenda de victoria ignominiosa. Todos los ejércitos del mundo entregan los cuerpos cuando finalizan las contiendas. Es un imperativo moral. Mucho más imperioso cuando no fue, como quieren insistir muchos, una guerra. Y vuelve, siempre vuelve. Como los cuerpos de los desaparecidos, los hechos ocultados, negados. Los arquitectos e ingenieros de aquel supuesto ́cierre ́ indigno, deberían haber pensado que esta gangrena iba a erosionar nuestra convivencia democrática.

Primó el encubrimiento, la ¨solidaridad¨ con aquellos militares que usaron al Estado en provecho propio y también como herramienta de terror, tortura y desaparición. Que las Madres y Familiares, la ciudadanía de buena fe nunca iba a olvidar. Que iba a haber como hay, fiscales, jueces y periodistas, militantes políticos y sociales que no iban a resignarse e iban a buscar, a denunciar. Que en definitiva Hugo Cores derrotado en aquel Congreso del Frente Amplio en 2003, antes de la victoria electoral, tenía razón. La moción presentada a nombre del PVP afirmaba que, se debían anular “las normas que los contradigan, sobre las cuales existen fundados cuestionamientos de los organismos internacionales de derechos humanos”. La tesis, supuestamente pragmática sustentada por Eleuterio Fernández Huidobro, expresó que ¨se podía renunciar a todo, menos a ganar el gobierno¨.

El camino para hacer resplandecer la justicia sin embargo no se amilanó. Las secuelas y consecuencias de esa lógica supuestamente pragmática ha demostrado la falsedad y la perversión de todo tipo: institucional, humanitaria, jurídica y política. No ha sido precisamente una contribución para la convivencia pacífica. Ningún tipo de impunidad, mucho menos de crímenes En algunas ocasiones, solidaria de una concepción mecánica, estrecha, y limitada de lo que es el ¨poder¨. Mejor dicho de los ¨poderes¨. Que son relacionales, no reducibles solo al factor militar, constituyentes de un entramado complejo, que para cortarlos democráticamente, se puede hacer todo, menos cooptarlos. El poder no es una plataforma a tomar. Como el capital, que no es dinero o propiedades. Está constituido fundamentalmente por relaciones. Como la vida.

TODOS SON NUESTROS HIJOS Un recuerdo de Olga Ramos por Adriana Cabrera

Todos la identificamos como “la abuela de Soledad” porque junto a la búsqueda de su hija Ileana García, y su yerno, Edmundo Dossetti, detenidos desaparecidos el 21 de diciembre de 1977, en Buenos Aires, Olga tuvo que enfrentar, con éxito, la recuperación y educación de su nieta. También tuvo que darle respuestas. Soledad preguntaba y sus preguntas fueron adquiriendo profundidad a través de los años. Así se fue enterando de lo que, muy dentro de ella, ya sabía. “Nunca le mentimos”, me cuenta, “porque si nosotros le mentíamos, ¿en quién iba a confiar? Le decíamos que sus padres querían estar con ella pero que no los dejaban”. Alguna vez manifestó temor. Cuando su abuela viajaba a Buenos Aires, una vez a los cuatro años, le pidió que no fuera. “Tengo que ir a buscar a papá y a mamá, le decía, porque yo tenía esperanza. ¿Cómo iba a pensar que alguien fuera capaz de matarlos?” “Y si te llevan a vos ¿con quién me quedo yo?”, le preguntó su nieta.

Recuperarla había sido “muy arduo”. “Esa noche cuando los militares le hicieron abrir al portero ellos estaban por cenar”, nos cuenta, “eran las once u once y media. Entraron con violencia, los bajaron por la escalera a golpes, empujones y patadas. Ileana empezó a gritar: qué van a hacer con mi hija. Se ve que se aferraba a ella. Los vecinos vichaban por los visillos como podían. Oyeron las cachetadas y los golpes hasta que la arrastraron al ascensor desvanecida. A Soledad se la dieron al portero. Dijeron que le iban a avisar a los abuelos para que la vinieran a buscar. Pero nadie nos avisó. Cuando pasaron tres días, el vicepresidente del consorcio le escribió una carta al padre de mi yerno. Enseguida vino mi consuegra a avisarme y nos fuimos a Buenos Aires. Soledad ya no estaba. Fuimos al juzgado. Gasté en abogados y escribanos porque no sabía qué pasos dar. Después me acordé que Ileana me había dicho: mami si nos pasa algo andá a Suipacha 280. Era el ACNUR. Pero en ese momento no me acordé. Primero fuimos al juzgado y la jueza nos dijo que la nena estaba en la Brigada Femenina de San Martín. Era una bebé de siete meses y no tuvieron la sensibilidad de ponerla en una casa-cuna, la pusieron en una cárcel de mujeres. Cuando fui allí, Soledad ya no estaba. Las milicas me hicieron el cuento, y me dolía cuando entraban y se persignaban ante la virgen y después hacían las cosas que hacían. Me dijeron que se la habían dado a una familia y después no me la traían. Recién la recuperé el nueve de enero. Me seguían. Yo nunca presté atención porque no tenía miedo de nada. Pensarían que me conectaría con alguien. Yo estaba simplemente desesperada y desorientada. En el hotel me habían dicho que me seguían unos Ford Falcon cuando salía. Pero yo no veía a nadie. Iba a las embajadas como me decían. Los muchachos de los juzgados de San Isidro me daban trencitos con alguna indicación. Pobrecitos, vaya acá, vaya allá, me decían arriesgándose. Un día vinieron a buscarme los milicos aunque yo no les había dado la dirección y me dijeron que ya tenían a la nena que podía ir a verla. Fue en vísperas de Reyes, yo le había comprado un juguete. Cuando la vi, le dije: Soledita, que era como la llamaban sus padres,¿me das un besito? Porque Ileana, ese mes que yo estuve, le estaba enseñando a dar un besito. No sabés lo que fue, el salto que dio. Reconoció la voz, reconoció su nombre. Uno cree que no se acuerda de nada, pero dentro de ella está todo ese daño que le hicieron, la violencia con que golpearon a su madre, la violencia con que irrumpieron en la casa, la violencia de separarla de todo, de estar quién sabe con quién, de ni siquiera darle su verdadero nombre. Ella ya decía papá y mamá. El padre como trabajaba todo el día, cuando llegaba a la casa le decía a la madre: dejame que la baño yo, si no, no se va a enterar de que tiene padre, el flaco era muy alto y la ponía en el antebrazo, le cantaba canciones y le echaba agua. Ileana le tomaba el pelo diciendo que no tenía tono, de mañana se levantaba temprano a prepararle la mema y se la llevaba a Ileana para que se la diera”.

Olga tuvo que esperar al diez de febrero para tener a su nieta. Tenía una fotocopia del DNI de Soledad, fotos y además, los vecinos atestiguaron que se trataba de su abuela. “Todo eso me ayudó”, continúa, “la jueza decía que las autoridades declaraban que los padres no estaban requeridos”. Olga podía tenerla pero no sacarla del país. “Estábamos viviendo en el altillo de una pensión. Un día fui al juzgado y había otra jueza, mi lucha en ese momento era por restituir a sus padres a Soledad, nunca pensé que alguien los hubiera matado. Me costó años convencerme. Ella me dio un papel que me daba la guarda, yo no sabía que era dentro de Buenos Aires solamente. Ahí me ayudó la ignorancia, ella me dijo ¿se anima a irse a Montevideo con Soledad? Cuando fui a comprar los pasajes el señor de la agencia me dijo, usted con esto no puede sacar a un menor del país, y yo le dije: la jueza me dijo que sí. Y él me dijo, yo no tengo inconveniente en venderle el pasaje, pero la van a hacer volver de Montevideo. Y cuando llegué acá le pasé a Soledad a mi marido por arriba de la barandita para yo ir más fácil al mostrador a hacer los trámites, y ahí salimos. No teníamos plata para un taxi y nos vinimos en ómnibus con la nena. Después cuando fui a ver al cónsul, él me dijo que lo que yo había hecho era un secuestro”. Olga volvió a Buenos Aires para hacer los trámites pero nunca más con Soledad.

Ella y su esposo habían sido blancos de Erro. Un día, sin ponerse de acuerdo, ambos se hicieron frenteamplistas. Quizá por eso entendieron que su hija luchara contra la dictadura. “Ileana tenía diecisiete años cuando conoció al Flaco. Un 25 de abril, lo conoció en el parque. Cuando vino la democracia supimos que eran del GAU. No sé si por suerte, pero no sabíamos nada. Yo veía que hacían cosas, veía a los compañeros en su casa, pero qué les iba a reprochar si estaban haciendo lo más digno. Ellos estaban siempre pensando en volver. Aunque él tenía un buen trabajo. Yo estuve con ellos todo el mes de noviembre del 77 porque Soledad cumplía seis meses y el Flaco, cumplía 25. Quise estar con ellos y me tomé las vacaciones en noviembre”. “Cuando regresé, Iliana todos los días nos escribía un poquito porque no quería que nos perdiéramos los adelantos y las gracias de Soledad. Él siempre escribía algo al final. La última carta fue el 21 de diciembre del 77.”

Cuando le hablo de su participación en Familiares me cuenta que fueron Luz Ibarburu, María Esther Gatti y Violeta Malugani las que los contactaron. La decisión de buscar juntos a los desaparecidos fue algo que Olga y su esposo tuvieron que pensar unos días. No tenían miedo por ellos, tenían miedo por lo que le pudiera suceder a Ileana y su compañero en caso de estar vivos. Sin embargo se integraron y fueron fundadores de la agrupación. Luego de recuperada la democracia recibió algo de información sobre el destino de su hija. “Adriana Chamorro, una detenida política, cuando terminó la dictadura argentina nos llamó por teléfono desde Canadá y nos dijo que había estado con Ileana en un calabozo cuatro o cinco meses hasta el 28 de junio cuando se la llevaron. Después vino a Uruguay e hicimos la denuncia ante la comisión investigadora del Parlamento. Volvió también hace un tiempo cuando pretendíamos la extradición de (ex marino Jorge) Tróccoli porque sabíamos que era el responsable de la desaparición de mi hija y mi yerno. Pero alguien lo ayudó. No sé quién”. Olga es una de los familiares que denunciaron cinco o seis traslados clandestinos a Uruguay de cerca de cuarenta uruguayos detenidos en Argentina entre 1977 y 1978 ante el juez Luis Charles. La causa tuvo como resultado la condena de Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau. “Hubo condenados, pero Tróccoli que era el responsable directo huyó” me dice. Una investigación administrativa atribuyó la responsabilidad al ex embajador en Italia, Carlos Abín quien fue por esto separado del cargo.

Conversando sobre la situación actual, Olga afirma que “el Estado tiene que hacerse cargo. Me dio fastidio cuando Mujica dijo que no quería que esos pobres viejitos murieran presos. ¿Y de estos pobres viejitos?”, pregunta y se señala a sí misma, “que nunca le tiraron una piedra con una honda a nadie, que lo único que han hecho fue luchar por restituir la democracia y por sacarlos a ellos del aljibe donde estaban bebiendo orines, ¿no merecen la compasión de él? El gobierno tiene obligaciones con nosotros. Mi esposo murió llamando a su hija y confundiendo todo el tiempo a Soledad con Ileana. En esta casa no se dejó de nombrar un día a mi hija. Estoy sentada aquí y me parece verla entrar. Tendrían que haber tenido más respeto. El otro día, (en el Batallón 14), para mí fue horrible ver aquel cuerpito tirado boca abajo. Porque todos los que encuentren son nuestros hijos”.

Publicado en No te olvides

REFLEXIONES SOBRE UN ASESINO: EL CORONEL GILBERTO VÁZQUEZ por Ignacio Martínez

En el año 2006 el coronel (R) Gilberto Vázquez declaró ante un Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores. Hoy accedimos a esas actas. Allí reconoce. “…estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá…”.

Más adelante afirma: ““Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”.

En otros tramos agrega: “Le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy un asesino ni un hijo de puta. Yo era un soldado e hice lo mejor que pude, tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”.

Veamos. Trajeron detenidos que hicieron desaparecer. Asesinaron a gente indefensa. Ninguna de las víctimas fue el resultado de enfrentamientos, sino exclusivamente de la decisión de los mandos militares con la connivencia de máximas autoridades civiles, para exterminar a la oposición, para no tener que dar cuenta de todo lo que robaron, de los niños secuestrados, de los traslados ilegales.

Él no se arrepiente sencillamente porque lo que hizo está en la esencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la que se formó. Porque los generales le ordenaron que lo hiciera. El terrorismo de Estado definió y ordenó eliminar a los opositores, a quienes los ayudaran, a los que simpatizaran, a los indiferentes y, de esa manera, dejar caer una lápida de sumisión, miedo y olvido sobre el pueblo todo.

¿Por qué no se supo esto en el 2006?

Porque los mandos militares nunca creyeron en la democracia, en la verdad, en la justicia, en la cadena de mando que suponía informar al detalle a la ministra de Defensa y al presidente de la República de estas atrocidades. Porque del otro lado no se fortaleció esa cadena de subordinación al poder civil, elegido por el pueblo. Porque se dudó, porque no se emitió una orden categórica que se informara de todos y cada uno de los resultados de estos tribunales de honor (?).

La mayoría de las afirmaciones de este asesino, ya las suponíamos porque hubo sobrevivientes, porque hubo madres y familiares, porque hubo testimonios que denunciaron, porque se investigó tratando de armar la verdad pedacito por pedacito.

Estos asesinos como Gavazzo, Silveira, Cordero, entre muchos otros, ocultaron y mintieron. La verdad siempre la supieron. Hoy también se sabe y está en manos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y en civiles directamente comprometidos con la dictadura y con el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, creado expresamente por el Ejército uruguayo para estas prácticas de destrucción, en conciliábulos con las dictaduras del Cono Sur.

Vázquez reconoce que mató, torturó y fue parte de los vuelos. Debe responder ¿A quienes asesinó? ¿A quienes torturó? ¿Quienes viajaron en esos vuelos? ¿Dónde están? ¿Cuáles fueron sus finales? ¿Quiénes participaron con Vázquez en esas prácticas miserables? Se le debe dar la orden de que revele todo lo que sabe. A los otros militares implicados también.

Tota Quinteros

Estas actas y sus declaraciones pasaron 14 años en silencio. El ejército debe responder, los generales de la época deben responder, el gobierno de la época y su fuerza política deben responder. Todo esto confirma que sólo con la verdad y la justicia se construye un Uruguay con la democracia republicana fortalecida. La paz y el futuro solo pueden construirse con la verdad. Mentir, tapar, ocultar, debilita la sociedad. Los inmorales faltan a la verdad.

Frente a estos hechos debemos convocar a los partidos políticos, a los sindicatos y la intersocial, a la iglesia, a los tres poderes del Estado, a la prensa, a la población toda, para exigir que se devele la verdad de lo sucedido con los detenidos desaparecidos.

están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio

(Poema de Mario Benedetti, fragmento)

Contratapa del semanario VOCES jueves 3 de septiembre de 2020

ENTRE EL DESAFUERO Y LA COMPLICIDAD, LA DEMOCRACIA ENFRENTA UN PARTEAGUAS por Pablo Anzalone

Quiero iniciar estas breves líneas acordando íntegramente con las palabras de Alba Gonzalez y el mensaje de Familiares de Detenidos Desaparecidos el pasado 30 de agosto . Sus afirmaciones van a la cuestión de fondo por encima de cualquier intento de chicana, distorsión u ocultamiento.

“Cuanto más sabemos de los horrores y arbitrariedades de esos años, mas incomprensible se hace esta tolerancia y continuidad. Así creció un poder corporativo paralelo, que emerge cada vez que ve tocados sus intereses, especialmente cerrando filas para no enfrentar a la Justicia.”

“Hoy desde una nutrida presencia parlamentaria, el partido militar, que integra la coalición de gobierno, propagandea impúdicamente los valores de la dictadura; defiende los crímenes de ésta y a sus ejecutores e Intenta reflotar la Ley de Caducidad con argumentos descalificadores y agresivos hacia el Poder Judicial.”

Las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vazquez agregan confesiones pero también dicen mucho sobre los generales y el comandante en jefe de esa época. De igual manera que las de Gavazzo muestran a Manini tal cual es. Para ninguno de estos generales las confesiones de crímenes cometidos afectan el honor militar, ni constituyen delitos que deba investigar la Justicia. Ni siquiera la planificación (con aval institucional) de asesinatos en 1989 a dirigentes de izquierda. Recordemos que poco tiempo después se cometió un grave atentado contra Hugo Cores que nunca fue esclarecido. Ni la explicitación de responsabilidades directas de la cúpula militar. La persistencia de la ideología dictatorial en los mandos militares y su funcionamiento corporativo es un grave capítulo pendiente para la democracia uruguaya. Como todo problema mal resuelto vuelve una y otra vez.

Manini y su partido no solo se están corriendo cada vez más hacia la ultraderecha presionando a la coalición de gobierno, sino que se embanderan hoy con los peores criminales de la dictadura.

La votación sobre el levantamiento de sus fueros se ha transformado en un parteaguas de la democracia.

Madres y Familiares de Desaparecidos ha sido muy clara y convoca a acompañarlos el viernes 4 a las 18y30 en Plaza Libertad. El Frente Amplio en su declaración del 31 de agosto y la campaña “Desafuero o Complicidad” lo reafirman. Es muy destacable que las juventudes blancas y coloradas reclamen votar el desafuero y “Ciudadanos” haya decidido hacerlo.

El intento de entreverar y embarrar la cancha, queriendo responsabilizar a Azucena Berrutti o Tabaré Vazquez, es una maniobra muy menor. Propia de quienes piensan la política desde operaciones publicitarias y manuales de contrainteligencia (una palabra muy significativa : “contra la inteligencia”).

En este mismo contexto es una pésima señal el aumento de la cantidad de generales y coroneles que el gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional al mismo tiempo que recorta políticas sociales de enorme trascendencia.

Como lo demuestran los 20 de mayo un gran parte de la sociedad entiende que la verdad, la memoria y la justicia no son una cuestión del pasado sino pilares de la democracia, por los cuales vale la pena luchar.

Articulo publicado por Semanario VOCES 3 setiembre 2020

NUDOS CRITICOS DE LOS PROCESOS LATINOAMERICANOS por Pablo Anzalone

Selectividad estratégica del Estado y gobiernos de cambio

Introducción

El mundo sufre hoy agudamente la epidemia del Coronavirus Covid 19 . Varias opiniones (Barcena 2020) señalan que ninguna de las grandes pandemias de la historia irrumpió en un mundo tan poblado (más de 7700 millones de personas) ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo. Vale ahondar en el concepto de un planeta ambientalmente enfermo, o de un modelo de civilización depredador y biocida. Esta situación es considerada la mayor crisis humana y de salud de este tiempo. El grave problema sanitario rápidamente está generando una emergencia alimentaria, social y económica. Comienzan una serie de transformaciones cuyas consecuencias todavía no conocemos. Sabemos del riesgo de que los peores efectos económicos se descarguen sobre los sectores populares y también de mayores limitaciones a las libertades públicas y los DDHH. También surgen valiosos procesos de solidaridad y creatividad en este complejo escenario.

Los Estados son protagonistas fundamentales en esta crisis. Ni siquiera los fundamentalistas del mercado pueden negar su rol . Es así que el tema del Estado y en particular la selectividad estratégica del Estado vuelve a estar sobre la mesa en esta coyuntura. La selectividad estratégica como concepto es una herramienta teórica relevante para analizar el Estado. Nos interesa ampliar su utilización en el análisis de los procesos progresistas latinoamericanos del siglo XXI.

Los diversos gobiernos de izquierda latinoamericanos durante las primeras décadas del siglo XXI son un hecho histórico sin precedentes para el continente. Vivimos en una región donde las estructuras y prácticas autoritarias están profundamente enraizadas en la historia, desde la esclavitud de poblaciones afroamericanas y el despojo de los pueblos indígenas al terrorismo de estado de las dictaduras. La mayor o menor democratización de la sociedad y el Estado son un nudo crítico de los procesos latinoamericanos y desde allí podemos analizar los “gobiernos de cambio”.

Cuando Juan Carlos Monedero (2019) hace una revisión del concepto “selectividad del Estado” y enfatiza su carácter “estratégico” aporta una precisión teórica importante. Apoyándose en Nicos Poulantzas (1969, 1974, 1976, 1977) 1y Bob Jessop ( 1999, 2017) esta concepción del Estado cuestiona la idea de que se trata de algo neutral utilizable de la misma forma por cualquier sector social ni tampoco es un mero instrumento de las clases dominantes o una determinación estructural simple e inamovible.

Hemos escuchado varias opiniones2 que sostienen que las fuerzas progresistas apostaron todo al Estado (del cual controlaban solo el gobierno y hasta cierto punto) y perdieron porque la derecha ganó terreno en la sociedad. Me parece un cuestionamiento interesante. Con la salvedad que las afirmaciones muy categóricas requieren investigación empírica, para salir del etiquetado fácil y analizar la complejidad de actores y estrategias en paises muy distintos durante una larga década.

Concebir el Estado como una relación social entre fuerzas sociales y políticas, nos devuelve tres tipos de problemas :

a) ¿Hasta que punto, cómo y dónde se modificaron las reglas de juego del Estado y su relación con la población, analizando sus estructuras y funcionamiento? .

b) ¿En qué medida las fuerzas sociales, la sociedad organizada y los sectores populares fueron capaces de fortalecer su accionar, incrementar su poder, transformarse ellas mismas, en este período? ¿Cómo lucharon junto con los gobiernos progresistas, o en los espacios que éstos abrieron, o también cuestionándolos?.

c) ¿Qué rol jugaron las fuerzas políticas como tales, más alla de su rol institucional en gobiernos o parlamentos? ¿Cuál fue su accionar en relación con la población, su democracia interna, su participación en los debates societales, tanto los inmediatos como en los más trascendentes de acumulación hacia un patrón civilizatorio diferente?.

No podemos perder de vista el contexto histórico. América Latina hacia fines del siglo XX puede caracterizarse como democracias “de baja intensidad” que incluyen graves desigualdades, violación sistemática de derechos y fracturas sociales de clase, etnia, género, generaciones y territorios. Ésta es una región marcada por dispositivos de concentración antidemocrática del poder, cooptación de la política por el poder económico, hegemonía ideológica neoliberal, políticas represivas hacia el conflicto social y las drogas, fuertes mecanismos de opresión de clase, patriarcales y étnicos.

La reciente ofensiva derechista a nivel continental volvió a poner la violencia y el agravamiento de las desigualdades en el centro de la escena. Sin embargo no ha logrado hasta el momento estabilizar una nueva situación y sostenerla en el tiempo. La rebelión popular en Chile, las movilizaciones en Ecuador y Colombia, las protestas contra el golpe militar en Bolivia, las luchas feministas en todo el continente, muestran un panorama de resistencias múltiples. Por otro lado el gobierno de Lopez Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina, dos países relevantes en la región, evidencian que también a nivel de gobiernos los progresismos siguen siendo alternativas vigentes. Más que la constitución de un nuevo ciclo continental asistimos a un escenario con procesos divergentes.

Gobiernos progresistas, Estado y democracia.

Los gobiernos progresistas lograron un descenso importante de la pobreza y la indigencia, creando una trama de protección social, y mejorando las condiciones de vida de amplios sectores postergados (aunque el porcentaje de la riqueza apropiado por el sector mas rico no se modificó). Las izquierdas latinoamericanas llegaron al gobierno en Estados llenos de selectividades, sesgos y contradicciones, como dice Monedero (2019). En poco más de una década lograron iniciar cambios significativos en lo social y lo institucional, pero también dejaron en pie estructuras de poder concentrado en manos de la derecha y debilitaron su vínculo con los movimientos de masas.

Los enclaves de poder reaccionario que operaron para desgastar y luego derrotar los gobiernos progresistas fueron varios. En Brasil vimos la complicidad activa del Poder Judicial y los mecanismos de “lawfare”, así como la confluencia de mayorías parlamentarias conservadoras, de la gran prensa, de algunos grupos religiosos y el Ejército que se convirtió en un factor clave del gobierno de Jair Bolsonaro. En Bolivia el Ejército y la Policía dieron un golpe de Estado junto con un levantamiento promovido por algunos sectores.

En Uruguay el triunfo de la derecha se produjo en noviembre de 2019 por una diferencia mínima, en un proceso electoral limpio. Fue necesaria una coalición de cinco partidos que van desde la derecha liberal a la ultraderecha para derrotar al Frente Amplio por un escaso margen. El FA, (expresión de la unidad de la izquierda desde 1971) sigue siendo la principal fuerza política del país, obteniendo más de 10 puntos por encima del Partido Nacional en octubre 2019. Aún así fue derrotado y eso exige un analísis crítico y autocrítico de su accionar y los 15 años en el gobierno.

La persistencia de enclaves de poder reaccionario, expresiones de la “selectividad estratégica del Estado”, fue un factor que incidió en el desgaste del FA y el crecimiento de las derechas. Un ejemplo fue la crisis militar (generada por las sentencias de dos Tribunales de Honor y la conducta del comandante en jefe) que mostró la subsistencia de concepciones de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la cúpula del Ejército. El Teniente General Manini, comandante en jefe destituido por el presidente Tabaré Vazquez se convirtió en candidato a la presidencia y obtuvo una representación parlamentaria con 2 senadores y 7 diputados, sumándose a la coalición derechista gobernante, pero presionándola constantemente hacia la ultraderecha. Manini y su partido han hecho una prédica fuerte contra el Poder Judicial, contra la Comisión Interamericana de DDHH, y en defensa de los militares responsables de crímenes durante la dictadura. La difusión reciente de las actas del Tribunal de Honor al Coronel Gilberto Vazquez por parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a poner sobre la mesa los crímenes cometidos en dictadura (torturas, asesinatos, desapariciones, coordinación represiva en el cono sur, etc) y también en democracia (asesinato de Eugenio Berríos, planes de asesinato de dirigentes de izquierda, etc). Más allá de esas confesiones del Coronel Vazquez lo que aparece con mucha claridad es la responsabilidad de la cúpula militar desde la recuperación de la democracia. Ninguno de estos tribunales de honor, ni los comandantes en jefe de turno consideraron a los asesinatos, torturas y desapariciones como lesiones al honor militar, no se investigó ni se enviaron al Poder Judicial los elementos que surgían de las declaraciones recogidas. La persistencia de la ideología dictatorial en los mandos militares es un grave capítulo pendiente para la democracia uruguaya, donde operó muchas veces la permisividad del poder civil ante grados muy altos de autonomía militar. Como señala la declaración de Familiares de Detenidos Desaparecidos el 30 de agosto de 2020: “Cuanto más sabemos de los horrores y arbitrariedades de esos años, mas incomprensible se hace esta tolerancia y continuidad. Así creció un poder corporativo paralelo, que emerge cada vez que ve tocados sus intereses, especialmente cerrando filas para no enfrentar a la Justicia.”3

Al mismo tiempo las batallas por los DDHH, que tuvieron en Uruguay varias derrotas políticas fuertes (ley de caducidad, plebiscitos en 1989 y 2009, etc.) también obtuvieron logros que la Asociación de Familiares de Desaparecidos reconoce.4

En otra institución con una larga historia de represión política y social como la Policía, el gobierno frenteamplista desarrolló políticas diferentes y puso especial énfasis en la formación democrática de sus oficiales.

El oligopolio mediático que controla casi todos los canales de televisión abierta y por cable, operó sostenidamente con una agenda contra el gobierno progresista, promoviendo el alarmismo y la inseguridad exhacerbando la crónica roja. Se aprobó una ley de medios con sentido democratizador, aumentando la pluralidad, fortaleciendo los medios comunitarios, pero su implementación fue débil y tardía, a pesar de que la gran mayoría de los recursos de impugnación presentados por el sector privado ante la Suprema Corte de Justicia, fueron rechazados por ésta.

Selectividad estratégica y cambios estructurales

La represión brutal a las movilizaciones populares en Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia en 2019 es un ejemplo doloroso del carácter de estos Estados, que no dudan en violar los derechos humanos y las garantías democráticas, frente a la protesta social. Al mismo tiempo todo parece indicar que no alcanza con la represión para garantizar el orden.

Para las fuerzas populares surgen escenarios complejos donde la movilización social es un elemento clave pero insuficiente . En este nuevo contexto latinoamericano la reflexión crítica sobre el Estado y sus contradicciones, su autonomía relativa y vínculos de clase, es imprescindible. También la sociedad, sus actores, complejidades y contradicciones, sus luchas en diversos planos requieren una mirada crítica, innovadora.

No alcanza la decisión política de los gobernantes para cambiar estructuralmente el Estado, modificando profundamente la “selectividad” preexistente. Se necesitan correlaciones de fuerza, relaciones de poder que permitan abordar exitosamente esas transformaciones. No se trata de un acto puntual sino de un conjunto de acciones que produzcan cambios políticos y culturales. En tal sentido merece la pena investigar sobre nuevas formas de hacer política y alianzas con fuerzas sociales. Las modificaciones en las estructuras políticas y sociales así como en el desarrollo de prácticas participativas son cuestiones claves que varían en cada proceso . Las diferentes formas de hacer política deben analizarse desde el ángulo de su aporte a la mayor democratización de la sociedad y el Estado. Cuando se redujo la política a la labor de gobierno, institucionalizándose, tuvo efectos limitantes sobre el conjunto social y sobre los partidos. Se debilitó la acción política en la base, reducida muchas veces a las campañas electorales .La preocupación fue que la fuerza política no interfiriera con el gobierno en lugar de centrar los esfuerzos en dinamizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. La lógica de que el gobierno sea considerado el único motor de cambios, reduce los roles de la militancia política y social a un papel de apoyo y seguimiento. Pensar la política en términos de cargos de gobierno y de carreras personales, contribuye a su “estatización” y puede llevarla a la defensa de los status quo, haciendo más difícil una visión crítica de lo que se está haciendo.

Por otro lado se han desarrollado procesos que van en un sentido democratizador, tanto en la escena nacional como en campos específicos. Las experiencias más fecundas permitieron la recuperación de la política como práctica colectiva . Estas prácticas contribuyen a la construcción de la noción de pueblo, pensado como proyecto histórico y lucha por la hegemonía.

En el período progresista ganaron espacio las políticas públicas orientadas a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, a la ciudadanía plena y la inclusión social. Estos modelos de crecimiento con redistribución generaron una mejora significativa de la situación social . Eso es trascendente en un continente con tanta pobreza y desigualdad acumuladas, aunque puede ser pertinente un análisis de los modelos de sociedad que ponga en cuestión la idea de un crecimiento económico sin límites, el propio concepto de desarrollo y su relación con la naturaleza y el consumismo como sinónimo de bienestar.

Un aspecto a jerarquizar en el análisis de este período es la creación de formas de participación social en las políticas públicas. “La construcción de políticas públicas bajo formatos de participación social extendida no fue solamente una cuestión de estrategia política para los gobiernos del Frente Amplio, sino también seña de identidad y expresión de su concepción de la democracia” (Bentancour y Busquets 2019). Estos autores destacan que las experiencias participativas se caracterizaron por su universalidad.

Faltó un desarrollo mayor de esta participación a través de mecanismos democratizadores que fortalecieran el entramado social. Hubo pasos interesantes en varios planos pero fueron insuficientes en relación con la dimensión y complejidad de los desafíos planteados (Anzalone 2018). Hablamos de salud, educación, seguridad, vivienda, convivencia, cultura, recreación o deporte, y otros muchos campos. En ninguno de ellos ha sido posible gestar transformaciones profundas sin democratización radical, sin protagonismo mayor de la sociedad, sin valores emancipadores, sin movilización social.

Como señala Castells (2009, 2020) las relaciones asimétricas de poder, implican que algunos actores tienen la capacidad de definir las reglas de juego. Un desafío fundamental es modificar esas relaciones en cada campo de la sociedad, ampliando la cantidad de actores, haciendo oir la voz de los postergados, generando estructuras más abiertas y participativas y también construyendo prácticas sociales transformadoras con arraigo en la sociedad que definan el sentido de los discursos hegemónicos.

Una investigación que realizamos sobre participación social en salud (Anzalone 2018a, b) destacó la creación de espacios donde la voz de los usuarios pueda expresarse, no solo en la base sino en la conducción del Sistema Nacional Integrado de Salud SNIS. La participación de usuarios, trabajadores y comunidades genera una nueva forma de gobierno del sector, que amplía las bases de sustentación de las políticas del SNIS y enriquece sus contenidos.

Hay un debate teórico y politico que viene desde el siglo XX. Durante décadas gran parte de las fuerzas populares concibió la “toma del poder” como una llave mágica que resolvería todos los problemas. Esa concepción del poder se centraba en el control político-militar del Estado y desde allí la economía y la sociedad. Muchas experiencias demostraron el error de subestimar los componentes ideológicos y culturales de todo proceso social por un lado y por otro las libertades democráticas y los derechos humanos, como principios orientadores reduciéndolas a su versión liberal. Aquella visión estatista y centralista dejaba de lado la democratización radical de la sociedad y el Estado como parte esencial del proceso y también de las utopías.

Conclusiones

Un elemento que erosionó los procesos progresistas fueron las debilidades a la hora de democratizar profundamente el Estado y la sociedad incluyendo la persistencia de enclaves de poder reaccionario. Eso dificultó la profundización y sustentabilidad de los cambios.

Las reformas “progresistas” pueden ser emancipatorias y no solo paliativas, pueden construirse “utopías reales” sostuvo Eric Olin Wright (2013). Juan Carlos Monedero (2019) dice bien que oponer reforma y revolución resultó ser un error teórico y político. También lo fue concentrarse solo en el gobierno, dejarse cooptar por el Estado y no jerarquizar al mismo tiempo el trabajo social, la organización social, las múltiples luchas culturales y políticas con sentido emancipador. Permitir enclaves reaccionarios fue acompañado de debilidades y contradicciones de las políticas de empoderamiento de los sectores populares. Mirando América Latina, las movilizaciones populares fueron vistas, en varias coyunturas, como un problema, un peligro o un adversario de los gobiernos progresistas. En varios casos cuando se produjo la ofensiva reaccionaria los gobernantes de izquierda no contaban con la movilización activa de la población, porque el vínculo se había ido deteriorando.

Las izquierdas se deben un proceso de reflexión autocrítica, que “no tire el niño con el agua”, minimizando los avances construidos, ni se atrinchere en la defensa de todo lo hecho; que no busque chivos expiatorios, ni autoflagelación. Se trata de enriquecer el pensamiento y la acción hoy con los aprendizajes que surgen de los procesos anteriores.

Reinventar el Estado, construir una democracia alternativa, descolonizar, desmercantilizar y democratizar la vida, como propone Boaventura De Souza Santos (2002, 2006, 2016) requiere cambiar la sociedad al mismo tiempo. Referentes ecofeministas como Amaia Sanchez Orozco, Yayo Herrero y Laura Gomez han sido muy enfáticas en ese sentido. No solo porque ambos, Sociedad y Estado, están muy imbricados y se influyen mutuamente, sino porque una transformación de esas dimensiones requiere una alianza amplia de actores sociales y políticos , que cambie los poderes que sostienen el status quo y las desigualdades. Las luchas feministas son protagonistas fundamentales junto con otros movimientos populares de trabajadores, estudiantes, pobladores, creando un abanico plural. Ese proceso no está exento de contradicciones y la transformación de los valores y vínculos patriarcales interpela también a instituciones de distinto tipo de toda la sociedad y también a las fuerzas populares. La postergación de las mujeres, su invisibilización, las múltiples violencias y abusos que sufren, ya no se aceptan en silencio e impunemente. La aparición de nuevas y crecientes denuncias de mujeres abusadas muestran como operan los micropoderes machistas en instituciones muy diversas que van desde la academia al Carnaval. Crean así nuevas posibilidades de cambio cultural, cuestionando la reproducción de las desigualdades hacia el futuro.

Al mismo tiempo la experiencia latinoamericana muestra que la unidad de los movimientos populares es un elemento fundamental que no ha sido facil de construir y de sostener. Las divisiones en el campo popular tienen una larga historia en la región, sembrando derrotas, frustrando esfuerzos, reproduciendo sectarismos y dogmatismos varios.

El posicionamiento ético es la base para todos los razonamientos y conductas. El rechazo a la corrupción, al arribismo, el sectarismo, las lógicas autoritarias, manipuladoras y de control, es parte de los valores que sustentan las luchas democráticas. También es un elemento de la autoconstrucción de los movimientos populares y las fuerzas políticas. La gestación de valores solidarios y emancipadores, la sensibilidad y el compromiso con las grandes mayorías, contra las injusticias, la opresión y las desigualdades en todos los planos, la defensa de la vida como principio, son procesos culturales de enorme valor político y social.

Es preciso revalorar el concepto de entramado social participativo, integrador, heterogéneo, como un factor esencial de una democratización radical del Estado y la sociedad que modifique la selectividad estatal heredada.

Referencias Bibliograficas

.- Anzalone, Pablo (2018). Investigación sobre participación social en el SNIS.Disponible en : http://www.oiapss.org/wp-content/uploads/2017/08/Investigacio%CC%81n-sobreparticipacio%CC%81n-social-en-salud-versio%CC%81n-final.pdf

.-Anzalone, Pablo (2018b). “Participación social en el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay”. En Las disputas por lo público en América Latina y el Caribe. Hector Rene Mena Mendez et al. Buenos Aires.CLACSO; Washington: Transnational Institute of Latin America;Buenos Aires: IEALC- Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018. Disponible en : http://209.177.156.169/libros/Las_disputas_por_lo_publico.pdf

.- Barcena, Alicia (2020).Hora Cero: Nuestra región de cara a la pandemia. CEPAL . Disponible en https://www.cepal.org/es/articulos/2020-hora-cero-nuestra-region-cara-la-pandemia

.-Castells,Manuel (2009) El poder en la sociedad en red. España . Alianza Editorial.

.-Castells, Manuel (2020) La crisis de la democracia liberal . Conferencia dictada en el Curso Estado Gobierno Democracia. CLACSO. Disponible en https://youtu.be/271lV6kLVGM

.-Monedero, Juan Carlos (2019). “Selectividad estratégica del Estado y el cambio de ciclo en América Latina” en Ouviña, Hernán y Thwaites Rey, Mabel (Compiladores) Estados en disputa .Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, . Buenos Aires .Clacso-IEALC y otras.

.- Bentancour, Nicolas y Busquets, José Miguel (2019). La izquierda gobernante en uruguay (2005-2015). Análisis de un experimento democrático participativo . Versión en español del artículo “The governing left in uruguay (2005–2015). A Participatory Democratic Experiment”, publicado en Latin American Perspectives. Nº 224, vol. 46 (1), pp. 137-151, enero-febrero de 2019.

.- Bentancur, Nicolas y Busquets, Jose Miguel (2017). Capacidades estatales y cambio en las políticas públicas: el caso de Uruguay bajo los gobiernos del Frente Amplio (2005-2015) . Brasil. Soc. e Cult., Goiânia, v. 20, n. 1, p. 127-146, jan./jun. 2017 .

.-Jessop, Bob. (1999). The strategic selectivity of the state: reflections on a theme of Poulantzas, Journal of the Hellenic Diaspora, N° 25 (1-2), 1-37. Disponible en: https://bobjessop.wordpress.com/2014/06/16/the-strategic-selectivityof-the-state-reflections-on-atheme-of-poulantzas/

.-Jessop, Bob (2017) . El Estado. Pasado, presente y futuro. Madrid. Catarata.

.-Poulantzas, Nicos (1969). Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista. España. SigloXXI.

.-Poulantzas, Nicos (1974).Fascismo y dictadura: la tercera internacional y el problema del fascismo. España. Siglo XXI

.-Santos, Boaventura de Souza y Avritzer, Leonardo (2002). “Para ampliar el canon democrático. Una introducción” en Souza Santos, Boaventura Democratizar la Democracia. Los caminos de la democracia participativa. Río de Janeiro. Civilizacao brasileira. Http://www.scribd.com/doc/47374091/18546712-lect-1-leonardo-avritzer-boaventura-de-sousasantos-para-ampliar-el-canon-democratico

.- Santos, Boaventura de Souza (2006). Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes. Biblioteca CLACSO.

.-Santos,Boaventura de Souza (9 mayo 2016). Hay que empezar de nuevo. Dinamo.La Diaria.1,4.http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/5/hay-que-empezar-de-nuevo/ .

.-Wright, Eric Olin (2013) Construyendo Utopías Reales. España. Akal Ed.

1 Nicos Poulantzas siempre me ha parecido un aporte teórico sustantivo para el pensamiento crítico . Sus análisis en “Poder Político y Clases Sociales”, “Las Clases Sociales en el Capitalismo Actual”, “Fascismo y Dictadura”, “La Crisis de las Dictaduras”, han brindado herramientas valiosas para el estudio del Estado y las luchas políticas.

2Rita Segato lo afirmó casi textualmente en el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Bs. As 2018

3https://desaparecidos.org.uy/2020/08/30-de-agosto-de-2020-dia-internacional-del-detenido-desaparecido/?fbclid=IwAR0YQ-vp70pvDZrXGMUp9sSHbOwu6p1FEjaYq-SFtyQUtU_eTK9PyuI0jq4

4“Los avances alrededor de este tema han sido muchos y fueron posibles gracias al movimiento popular, a los trabajos de memoria, a la activa participación de jóvenes generaciones que defienden la memoria ya que entienden que el pasado y su presente están estrechamente vinculados y no quieren impunidad; al crecimiento de conciencia sobre la variedad de derechos y sus propias luchas por leyes que han ampliado nuestra visión de la libertad y el deber ser en sociedad. Gracias a ese constante e intenso trabajo desde muchos sectores de la sociedad, el tema no sólo no ha podido ocultarse, sino que el conocimiento de la dictadura, la empatía por encontrar a los desaparecidos, y la persistencia en los tribunales de Justicia ha forzado a los políticos de todos los partidos a reconocer estos reclamos. La Justicia, lentamente, ha ido integrando la imprescriptibilidad de estos delitos. La perseverancia de las causas, la sentencia de la CIDH, el trabajo de la Fiscalía Especializada, logran avances con algunos procesamientos de una enorme lista de imputados.¡No es un logro menor! Hasta los que reclaman impunidad y acusan a la Justicia de venganza, reconocen implicitamente los gravísimos delitos cometidos. Pero la dimensión de esta escasa justicia obtenida no ha conseguido dejar claro a los ojos de nuestro pueblo el carácter institucional de la represión durante el Terrorismo de Estado.” Declaración de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 30 de agosto 2020.

1Este documento fue presentado como trabajo final del Curso Estado Sociedad Democracia de CLACSO (2019-2020), con algunas actualizaciones y agregados de agosto 2020.