TODOS SON NUESTROS HIJOS Un recuerdo de Olga Ramos por Adriana Cabrera

Todos la identificamos como “la abuela de Soledad” porque junto a la búsqueda de su hija Ileana García, y su yerno, Edmundo Dossetti, detenidos desaparecidos el 21 de diciembre de 1977, en Buenos Aires, Olga tuvo que enfrentar, con éxito, la recuperación y educación de su nieta. También tuvo que darle respuestas. Soledad preguntaba y sus preguntas fueron adquiriendo profundidad a través de los años. Así se fue enterando de lo que, muy dentro de ella, ya sabía. “Nunca le mentimos”, me cuenta, “porque si nosotros le mentíamos, ¿en quién iba a confiar? Le decíamos que sus padres querían estar con ella pero que no los dejaban”. Alguna vez manifestó temor. Cuando su abuela viajaba a Buenos Aires, una vez a los cuatro años, le pidió que no fuera. “Tengo que ir a buscar a papá y a mamá, le decía, porque yo tenía esperanza. ¿Cómo iba a pensar que alguien fuera capaz de matarlos?” “Y si te llevan a vos ¿con quién me quedo yo?”, le preguntó su nieta.

Recuperarla había sido “muy arduo”. “Esa noche cuando los militares le hicieron abrir al portero ellos estaban por cenar”, nos cuenta, “eran las once u once y media. Entraron con violencia, los bajaron por la escalera a golpes, empujones y patadas. Ileana empezó a gritar: qué van a hacer con mi hija. Se ve que se aferraba a ella. Los vecinos vichaban por los visillos como podían. Oyeron las cachetadas y los golpes hasta que la arrastraron al ascensor desvanecida. A Soledad se la dieron al portero. Dijeron que le iban a avisar a los abuelos para que la vinieran a buscar. Pero nadie nos avisó. Cuando pasaron tres días, el vicepresidente del consorcio le escribió una carta al padre de mi yerno. Enseguida vino mi consuegra a avisarme y nos fuimos a Buenos Aires. Soledad ya no estaba. Fuimos al juzgado. Gasté en abogados y escribanos porque no sabía qué pasos dar. Después me acordé que Ileana me había dicho: mami si nos pasa algo andá a Suipacha 280. Era el ACNUR. Pero en ese momento no me acordé. Primero fuimos al juzgado y la jueza nos dijo que la nena estaba en la Brigada Femenina de San Martín. Era una bebé de siete meses y no tuvieron la sensibilidad de ponerla en una casa-cuna, la pusieron en una cárcel de mujeres. Cuando fui allí, Soledad ya no estaba. Las milicas me hicieron el cuento, y me dolía cuando entraban y se persignaban ante la virgen y después hacían las cosas que hacían. Me dijeron que se la habían dado a una familia y después no me la traían. Recién la recuperé el nueve de enero. Me seguían. Yo nunca presté atención porque no tenía miedo de nada. Pensarían que me conectaría con alguien. Yo estaba simplemente desesperada y desorientada. En el hotel me habían dicho que me seguían unos Ford Falcon cuando salía. Pero yo no veía a nadie. Iba a las embajadas como me decían. Los muchachos de los juzgados de San Isidro me daban trencitos con alguna indicación. Pobrecitos, vaya acá, vaya allá, me decían arriesgándose. Un día vinieron a buscarme los milicos aunque yo no les había dado la dirección y me dijeron que ya tenían a la nena que podía ir a verla. Fue en vísperas de Reyes, yo le había comprado un juguete. Cuando la vi, le dije: Soledita, que era como la llamaban sus padres,¿me das un besito? Porque Ileana, ese mes que yo estuve, le estaba enseñando a dar un besito. No sabés lo que fue, el salto que dio. Reconoció la voz, reconoció su nombre. Uno cree que no se acuerda de nada, pero dentro de ella está todo ese daño que le hicieron, la violencia con que golpearon a su madre, la violencia con que irrumpieron en la casa, la violencia de separarla de todo, de estar quién sabe con quién, de ni siquiera darle su verdadero nombre. Ella ya decía papá y mamá. El padre como trabajaba todo el día, cuando llegaba a la casa le decía a la madre: dejame que la baño yo, si no, no se va a enterar de que tiene padre, el flaco era muy alto y la ponía en el antebrazo, le cantaba canciones y le echaba agua. Ileana le tomaba el pelo diciendo que no tenía tono, de mañana se levantaba temprano a prepararle la mema y se la llevaba a Ileana para que se la diera”.

Olga tuvo que esperar al diez de febrero para tener a su nieta. Tenía una fotocopia del DNI de Soledad, fotos y además, los vecinos atestiguaron que se trataba de su abuela. “Todo eso me ayudó”, continúa, “la jueza decía que las autoridades declaraban que los padres no estaban requeridos”. Olga podía tenerla pero no sacarla del país. “Estábamos viviendo en el altillo de una pensión. Un día fui al juzgado y había otra jueza, mi lucha en ese momento era por restituir a sus padres a Soledad, nunca pensé que alguien los hubiera matado. Me costó años convencerme. Ella me dio un papel que me daba la guarda, yo no sabía que era dentro de Buenos Aires solamente. Ahí me ayudó la ignorancia, ella me dijo ¿se anima a irse a Montevideo con Soledad? Cuando fui a comprar los pasajes el señor de la agencia me dijo, usted con esto no puede sacar a un menor del país, y yo le dije: la jueza me dijo que sí. Y él me dijo, yo no tengo inconveniente en venderle el pasaje, pero la van a hacer volver de Montevideo. Y cuando llegué acá le pasé a Soledad a mi marido por arriba de la barandita para yo ir más fácil al mostrador a hacer los trámites, y ahí salimos. No teníamos plata para un taxi y nos vinimos en ómnibus con la nena. Después cuando fui a ver al cónsul, él me dijo que lo que yo había hecho era un secuestro”. Olga volvió a Buenos Aires para hacer los trámites pero nunca más con Soledad.

Ella y su esposo habían sido blancos de Erro. Un día, sin ponerse de acuerdo, ambos se hicieron frenteamplistas. Quizá por eso entendieron que su hija luchara contra la dictadura. “Ileana tenía diecisiete años cuando conoció al Flaco. Un 25 de abril, lo conoció en el parque. Cuando vino la democracia supimos que eran del GAU. No sé si por suerte, pero no sabíamos nada. Yo veía que hacían cosas, veía a los compañeros en su casa, pero qué les iba a reprochar si estaban haciendo lo más digno. Ellos estaban siempre pensando en volver. Aunque él tenía un buen trabajo. Yo estuve con ellos todo el mes de noviembre del 77 porque Soledad cumplía seis meses y el Flaco, cumplía 25. Quise estar con ellos y me tomé las vacaciones en noviembre”. “Cuando regresé, Iliana todos los días nos escribía un poquito porque no quería que nos perdiéramos los adelantos y las gracias de Soledad. Él siempre escribía algo al final. La última carta fue el 21 de diciembre del 77.”

Cuando le hablo de su participación en Familiares me cuenta que fueron Luz Ibarburu, María Esther Gatti y Violeta Malugani las que los contactaron. La decisión de buscar juntos a los desaparecidos fue algo que Olga y su esposo tuvieron que pensar unos días. No tenían miedo por ellos, tenían miedo por lo que le pudiera suceder a Ileana y su compañero en caso de estar vivos. Sin embargo se integraron y fueron fundadores de la agrupación. Luego de recuperada la democracia recibió algo de información sobre el destino de su hija. “Adriana Chamorro, una detenida política, cuando terminó la dictadura argentina nos llamó por teléfono desde Canadá y nos dijo que había estado con Ileana en un calabozo cuatro o cinco meses hasta el 28 de junio cuando se la llevaron. Después vino a Uruguay e hicimos la denuncia ante la comisión investigadora del Parlamento. Volvió también hace un tiempo cuando pretendíamos la extradición de (ex marino Jorge) Tróccoli porque sabíamos que era el responsable de la desaparición de mi hija y mi yerno. Pero alguien lo ayudó. No sé quién”. Olga es una de los familiares que denunciaron cinco o seis traslados clandestinos a Uruguay de cerca de cuarenta uruguayos detenidos en Argentina entre 1977 y 1978 ante el juez Luis Charles. La causa tuvo como resultado la condena de Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau. “Hubo condenados, pero Tróccoli que era el responsable directo huyó” me dice. Una investigación administrativa atribuyó la responsabilidad al ex embajador en Italia, Carlos Abín quien fue por esto separado del cargo.

Conversando sobre la situación actual, Olga afirma que “el Estado tiene que hacerse cargo. Me dio fastidio cuando Mujica dijo que no quería que esos pobres viejitos murieran presos. ¿Y de estos pobres viejitos?”, pregunta y se señala a sí misma, “que nunca le tiraron una piedra con una honda a nadie, que lo único que han hecho fue luchar por restituir la democracia y por sacarlos a ellos del aljibe donde estaban bebiendo orines, ¿no merecen la compasión de él? El gobierno tiene obligaciones con nosotros. Mi esposo murió llamando a su hija y confundiendo todo el tiempo a Soledad con Ileana. En esta casa no se dejó de nombrar un día a mi hija. Estoy sentada aquí y me parece verla entrar. Tendrían que haber tenido más respeto. El otro día, (en el Batallón 14), para mí fue horrible ver aquel cuerpito tirado boca abajo. Porque todos los que encuentren son nuestros hijos”.

Publicado en No te olvides

REFLEXIONES SOBRE UN ASESINO: EL CORONEL GILBERTO VÁZQUEZ por Ignacio Martínez

En el año 2006 el coronel (R) Gilberto Vázquez declaró ante un Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores. Hoy accedimos a esas actas. Allí reconoce. “…estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá…”.

Más adelante afirma: ““Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”.

En otros tramos agrega: “Le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy un asesino ni un hijo de puta. Yo era un soldado e hice lo mejor que pude, tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”.

Veamos. Trajeron detenidos que hicieron desaparecer. Asesinaron a gente indefensa. Ninguna de las víctimas fue el resultado de enfrentamientos, sino exclusivamente de la decisión de los mandos militares con la connivencia de máximas autoridades civiles, para exterminar a la oposición, para no tener que dar cuenta de todo lo que robaron, de los niños secuestrados, de los traslados ilegales.

Él no se arrepiente sencillamente porque lo que hizo está en la esencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la que se formó. Porque los generales le ordenaron que lo hiciera. El terrorismo de Estado definió y ordenó eliminar a los opositores, a quienes los ayudaran, a los que simpatizaran, a los indiferentes y, de esa manera, dejar caer una lápida de sumisión, miedo y olvido sobre el pueblo todo.

¿Por qué no se supo esto en el 2006?

Porque los mandos militares nunca creyeron en la democracia, en la verdad, en la justicia, en la cadena de mando que suponía informar al detalle a la ministra de Defensa y al presidente de la República de estas atrocidades. Porque del otro lado no se fortaleció esa cadena de subordinación al poder civil, elegido por el pueblo. Porque se dudó, porque no se emitió una orden categórica que se informara de todos y cada uno de los resultados de estos tribunales de honor (?).

La mayoría de las afirmaciones de este asesino, ya las suponíamos porque hubo sobrevivientes, porque hubo madres y familiares, porque hubo testimonios que denunciaron, porque se investigó tratando de armar la verdad pedacito por pedacito.

Estos asesinos como Gavazzo, Silveira, Cordero, entre muchos otros, ocultaron y mintieron. La verdad siempre la supieron. Hoy también se sabe y está en manos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y en civiles directamente comprometidos con la dictadura y con el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, creado expresamente por el Ejército uruguayo para estas prácticas de destrucción, en conciliábulos con las dictaduras del Cono Sur.

Vázquez reconoce que mató, torturó y fue parte de los vuelos. Debe responder ¿A quienes asesinó? ¿A quienes torturó? ¿Quienes viajaron en esos vuelos? ¿Dónde están? ¿Cuáles fueron sus finales? ¿Quiénes participaron con Vázquez en esas prácticas miserables? Se le debe dar la orden de que revele todo lo que sabe. A los otros militares implicados también.

Tota Quinteros

Estas actas y sus declaraciones pasaron 14 años en silencio. El ejército debe responder, los generales de la época deben responder, el gobierno de la época y su fuerza política deben responder. Todo esto confirma que sólo con la verdad y la justicia se construye un Uruguay con la democracia republicana fortalecida. La paz y el futuro solo pueden construirse con la verdad. Mentir, tapar, ocultar, debilita la sociedad. Los inmorales faltan a la verdad.

Frente a estos hechos debemos convocar a los partidos políticos, a los sindicatos y la intersocial, a la iglesia, a los tres poderes del Estado, a la prensa, a la población toda, para exigir que se devele la verdad de lo sucedido con los detenidos desaparecidos.

están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio

(Poema de Mario Benedetti, fragmento)

Contratapa del semanario VOCES jueves 3 de septiembre de 2020

ENTRE EL DESAFUERO Y LA COMPLICIDAD, LA DEMOCRACIA ENFRENTA UN PARTEAGUAS por Pablo Anzalone

Quiero iniciar estas breves líneas acordando íntegramente con las palabras de Alba Gonzalez y el mensaje de Familiares de Detenidos Desaparecidos el pasado 30 de agosto . Sus afirmaciones van a la cuestión de fondo por encima de cualquier intento de chicana, distorsión u ocultamiento.

“Cuanto más sabemos de los horrores y arbitrariedades de esos años, mas incomprensible se hace esta tolerancia y continuidad. Así creció un poder corporativo paralelo, que emerge cada vez que ve tocados sus intereses, especialmente cerrando filas para no enfrentar a la Justicia.”

“Hoy desde una nutrida presencia parlamentaria, el partido militar, que integra la coalición de gobierno, propagandea impúdicamente los valores de la dictadura; defiende los crímenes de ésta y a sus ejecutores e Intenta reflotar la Ley de Caducidad con argumentos descalificadores y agresivos hacia el Poder Judicial.”

Las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vazquez agregan confesiones pero también dicen mucho sobre los generales y el comandante en jefe de esa época. De igual manera que las de Gavazzo muestran a Manini tal cual es. Para ninguno de estos generales las confesiones de crímenes cometidos afectan el honor militar, ni constituyen delitos que deba investigar la Justicia. Ni siquiera la planificación (con aval institucional) de asesinatos en 1989 a dirigentes de izquierda. Recordemos que poco tiempo después se cometió un grave atentado contra Hugo Cores que nunca fue esclarecido. Ni la explicitación de responsabilidades directas de la cúpula militar. La persistencia de la ideología dictatorial en los mandos militares y su funcionamiento corporativo es un grave capítulo pendiente para la democracia uruguaya. Como todo problema mal resuelto vuelve una y otra vez.

Manini y su partido no solo se están corriendo cada vez más hacia la ultraderecha presionando a la coalición de gobierno, sino que se embanderan hoy con los peores criminales de la dictadura.

La votación sobre el levantamiento de sus fueros se ha transformado en un parteaguas de la democracia.

Madres y Familiares de Desaparecidos ha sido muy clara y convoca a acompañarlos el viernes 4 a las 18y30 en Plaza Libertad. El Frente Amplio en su declaración del 31 de agosto y la campaña “Desafuero o Complicidad” lo reafirman. Es muy destacable que las juventudes blancas y coloradas reclamen votar el desafuero y “Ciudadanos” haya decidido hacerlo.

El intento de entreverar y embarrar la cancha, queriendo responsabilizar a Azucena Berrutti o Tabaré Vazquez, es una maniobra muy menor. Propia de quienes piensan la política desde operaciones publicitarias y manuales de contrainteligencia (una palabra muy significativa : “contra la inteligencia”).

En este mismo contexto es una pésima señal el aumento de la cantidad de generales y coroneles que el gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional al mismo tiempo que recorta políticas sociales de enorme trascendencia.

Como lo demuestran los 20 de mayo un gran parte de la sociedad entiende que la verdad, la memoria y la justicia no son una cuestión del pasado sino pilares de la democracia, por los cuales vale la pena luchar.

Articulo publicado por Semanario VOCES 3 setiembre 2020

NUDOS CRITICOS DE LOS PROCESOS LATINOAMERICANOS por Pablo Anzalone

Selectividad estratégica del Estado y gobiernos de cambio

Introducción

El mundo sufre hoy agudamente la epidemia del Coronavirus Covid 19 . Varias opiniones (Barcena 2020) señalan que ninguna de las grandes pandemias de la historia irrumpió en un mundo tan poblado (más de 7700 millones de personas) ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo. Vale ahondar en el concepto de un planeta ambientalmente enfermo, o de un modelo de civilización depredador y biocida. Esta situación es considerada la mayor crisis humana y de salud de este tiempo. El grave problema sanitario rápidamente está generando una emergencia alimentaria, social y económica. Comienzan una serie de transformaciones cuyas consecuencias todavía no conocemos. Sabemos del riesgo de que los peores efectos económicos se descarguen sobre los sectores populares y también de mayores limitaciones a las libertades públicas y los DDHH. También surgen valiosos procesos de solidaridad y creatividad en este complejo escenario.

Los Estados son protagonistas fundamentales en esta crisis. Ni siquiera los fundamentalistas del mercado pueden negar su rol . Es así que el tema del Estado y en particular la selectividad estratégica del Estado vuelve a estar sobre la mesa en esta coyuntura. La selectividad estratégica como concepto es una herramienta teórica relevante para analizar el Estado. Nos interesa ampliar su utilización en el análisis de los procesos progresistas latinoamericanos del siglo XXI.

Los diversos gobiernos de izquierda latinoamericanos durante las primeras décadas del siglo XXI son un hecho histórico sin precedentes para el continente. Vivimos en una región donde las estructuras y prácticas autoritarias están profundamente enraizadas en la historia, desde la esclavitud de poblaciones afroamericanas y el despojo de los pueblos indígenas al terrorismo de estado de las dictaduras. La mayor o menor democratización de la sociedad y el Estado son un nudo crítico de los procesos latinoamericanos y desde allí podemos analizar los “gobiernos de cambio”.

Cuando Juan Carlos Monedero (2019) hace una revisión del concepto “selectividad del Estado” y enfatiza su carácter “estratégico” aporta una precisión teórica importante. Apoyándose en Nicos Poulantzas (1969, 1974, 1976, 1977) 1y Bob Jessop ( 1999, 2017) esta concepción del Estado cuestiona la idea de que se trata de algo neutral utilizable de la misma forma por cualquier sector social ni tampoco es un mero instrumento de las clases dominantes o una determinación estructural simple e inamovible.

Hemos escuchado varias opiniones2 que sostienen que las fuerzas progresistas apostaron todo al Estado (del cual controlaban solo el gobierno y hasta cierto punto) y perdieron porque la derecha ganó terreno en la sociedad. Me parece un cuestionamiento interesante. Con la salvedad que las afirmaciones muy categóricas requieren investigación empírica, para salir del etiquetado fácil y analizar la complejidad de actores y estrategias en paises muy distintos durante una larga década.

Concebir el Estado como una relación social entre fuerzas sociales y políticas, nos devuelve tres tipos de problemas :

a) ¿Hasta que punto, cómo y dónde se modificaron las reglas de juego del Estado y su relación con la población, analizando sus estructuras y funcionamiento? .

b) ¿En qué medida las fuerzas sociales, la sociedad organizada y los sectores populares fueron capaces de fortalecer su accionar, incrementar su poder, transformarse ellas mismas, en este período? ¿Cómo lucharon junto con los gobiernos progresistas, o en los espacios que éstos abrieron, o también cuestionándolos?.

c) ¿Qué rol jugaron las fuerzas políticas como tales, más alla de su rol institucional en gobiernos o parlamentos? ¿Cuál fue su accionar en relación con la población, su democracia interna, su participación en los debates societales, tanto los inmediatos como en los más trascendentes de acumulación hacia un patrón civilizatorio diferente?.

No podemos perder de vista el contexto histórico. América Latina hacia fines del siglo XX puede caracterizarse como democracias “de baja intensidad” que incluyen graves desigualdades, violación sistemática de derechos y fracturas sociales de clase, etnia, género, generaciones y territorios. Ésta es una región marcada por dispositivos de concentración antidemocrática del poder, cooptación de la política por el poder económico, hegemonía ideológica neoliberal, políticas represivas hacia el conflicto social y las drogas, fuertes mecanismos de opresión de clase, patriarcales y étnicos.

La reciente ofensiva derechista a nivel continental volvió a poner la violencia y el agravamiento de las desigualdades en el centro de la escena. Sin embargo no ha logrado hasta el momento estabilizar una nueva situación y sostenerla en el tiempo. La rebelión popular en Chile, las movilizaciones en Ecuador y Colombia, las protestas contra el golpe militar en Bolivia, las luchas feministas en todo el continente, muestran un panorama de resistencias múltiples. Por otro lado el gobierno de Lopez Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina, dos países relevantes en la región, evidencian que también a nivel de gobiernos los progresismos siguen siendo alternativas vigentes. Más que la constitución de un nuevo ciclo continental asistimos a un escenario con procesos divergentes.

Gobiernos progresistas, Estado y democracia.

Los gobiernos progresistas lograron un descenso importante de la pobreza y la indigencia, creando una trama de protección social, y mejorando las condiciones de vida de amplios sectores postergados (aunque el porcentaje de la riqueza apropiado por el sector mas rico no se modificó). Las izquierdas latinoamericanas llegaron al gobierno en Estados llenos de selectividades, sesgos y contradicciones, como dice Monedero (2019). En poco más de una década lograron iniciar cambios significativos en lo social y lo institucional, pero también dejaron en pie estructuras de poder concentrado en manos de la derecha y debilitaron su vínculo con los movimientos de masas.

Los enclaves de poder reaccionario que operaron para desgastar y luego derrotar los gobiernos progresistas fueron varios. En Brasil vimos la complicidad activa del Poder Judicial y los mecanismos de “lawfare”, así como la confluencia de mayorías parlamentarias conservadoras, de la gran prensa, de algunos grupos religiosos y el Ejército que se convirtió en un factor clave del gobierno de Jair Bolsonaro. En Bolivia el Ejército y la Policía dieron un golpe de Estado junto con un levantamiento promovido por algunos sectores.

En Uruguay el triunfo de la derecha se produjo en noviembre de 2019 por una diferencia mínima, en un proceso electoral limpio. Fue necesaria una coalición de cinco partidos que van desde la derecha liberal a la ultraderecha para derrotar al Frente Amplio por un escaso margen. El FA, (expresión de la unidad de la izquierda desde 1971) sigue siendo la principal fuerza política del país, obteniendo más de 10 puntos por encima del Partido Nacional en octubre 2019. Aún así fue derrotado y eso exige un analísis crítico y autocrítico de su accionar y los 15 años en el gobierno.

La persistencia de enclaves de poder reaccionario, expresiones de la “selectividad estratégica del Estado”, fue un factor que incidió en el desgaste del FA y el crecimiento de las derechas. Un ejemplo fue la crisis militar (generada por las sentencias de dos Tribunales de Honor y la conducta del comandante en jefe) que mostró la subsistencia de concepciones de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la cúpula del Ejército. El Teniente General Manini, comandante en jefe destituido por el presidente Tabaré Vazquez se convirtió en candidato a la presidencia y obtuvo una representación parlamentaria con 2 senadores y 7 diputados, sumándose a la coalición derechista gobernante, pero presionándola constantemente hacia la ultraderecha. Manini y su partido han hecho una prédica fuerte contra el Poder Judicial, contra la Comisión Interamericana de DDHH, y en defensa de los militares responsables de crímenes durante la dictadura. La difusión reciente de las actas del Tribunal de Honor al Coronel Gilberto Vazquez por parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a poner sobre la mesa los crímenes cometidos en dictadura (torturas, asesinatos, desapariciones, coordinación represiva en el cono sur, etc) y también en democracia (asesinato de Eugenio Berríos, planes de asesinato de dirigentes de izquierda, etc). Más allá de esas confesiones del Coronel Vazquez lo que aparece con mucha claridad es la responsabilidad de la cúpula militar desde la recuperación de la democracia. Ninguno de estos tribunales de honor, ni los comandantes en jefe de turno consideraron a los asesinatos, torturas y desapariciones como lesiones al honor militar, no se investigó ni se enviaron al Poder Judicial los elementos que surgían de las declaraciones recogidas. La persistencia de la ideología dictatorial en los mandos militares es un grave capítulo pendiente para la democracia uruguaya, donde operó muchas veces la permisividad del poder civil ante grados muy altos de autonomía militar. Como señala la declaración de Familiares de Detenidos Desaparecidos el 30 de agosto de 2020: “Cuanto más sabemos de los horrores y arbitrariedades de esos años, mas incomprensible se hace esta tolerancia y continuidad. Así creció un poder corporativo paralelo, que emerge cada vez que ve tocados sus intereses, especialmente cerrando filas para no enfrentar a la Justicia.”3

Al mismo tiempo las batallas por los DDHH, que tuvieron en Uruguay varias derrotas políticas fuertes (ley de caducidad, plebiscitos en 1989 y 2009, etc.) también obtuvieron logros que la Asociación de Familiares de Desaparecidos reconoce.4

En otra institución con una larga historia de represión política y social como la Policía, el gobierno frenteamplista desarrolló políticas diferentes y puso especial énfasis en la formación democrática de sus oficiales.

El oligopolio mediático que controla casi todos los canales de televisión abierta y por cable, operó sostenidamente con una agenda contra el gobierno progresista, promoviendo el alarmismo y la inseguridad exhacerbando la crónica roja. Se aprobó una ley de medios con sentido democratizador, aumentando la pluralidad, fortaleciendo los medios comunitarios, pero su implementación fue débil y tardía, a pesar de que la gran mayoría de los recursos de impugnación presentados por el sector privado ante la Suprema Corte de Justicia, fueron rechazados por ésta.

Selectividad estratégica y cambios estructurales

La represión brutal a las movilizaciones populares en Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia en 2019 es un ejemplo doloroso del carácter de estos Estados, que no dudan en violar los derechos humanos y las garantías democráticas, frente a la protesta social. Al mismo tiempo todo parece indicar que no alcanza con la represión para garantizar el orden.

Para las fuerzas populares surgen escenarios complejos donde la movilización social es un elemento clave pero insuficiente . En este nuevo contexto latinoamericano la reflexión crítica sobre el Estado y sus contradicciones, su autonomía relativa y vínculos de clase, es imprescindible. También la sociedad, sus actores, complejidades y contradicciones, sus luchas en diversos planos requieren una mirada crítica, innovadora.

No alcanza la decisión política de los gobernantes para cambiar estructuralmente el Estado, modificando profundamente la “selectividad” preexistente. Se necesitan correlaciones de fuerza, relaciones de poder que permitan abordar exitosamente esas transformaciones. No se trata de un acto puntual sino de un conjunto de acciones que produzcan cambios políticos y culturales. En tal sentido merece la pena investigar sobre nuevas formas de hacer política y alianzas con fuerzas sociales. Las modificaciones en las estructuras políticas y sociales así como en el desarrollo de prácticas participativas son cuestiones claves que varían en cada proceso . Las diferentes formas de hacer política deben analizarse desde el ángulo de su aporte a la mayor democratización de la sociedad y el Estado. Cuando se redujo la política a la labor de gobierno, institucionalizándose, tuvo efectos limitantes sobre el conjunto social y sobre los partidos. Se debilitó la acción política en la base, reducida muchas veces a las campañas electorales .La preocupación fue que la fuerza política no interfiriera con el gobierno en lugar de centrar los esfuerzos en dinamizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. La lógica de que el gobierno sea considerado el único motor de cambios, reduce los roles de la militancia política y social a un papel de apoyo y seguimiento. Pensar la política en términos de cargos de gobierno y de carreras personales, contribuye a su “estatización” y puede llevarla a la defensa de los status quo, haciendo más difícil una visión crítica de lo que se está haciendo.

Por otro lado se han desarrollado procesos que van en un sentido democratizador, tanto en la escena nacional como en campos específicos. Las experiencias más fecundas permitieron la recuperación de la política como práctica colectiva . Estas prácticas contribuyen a la construcción de la noción de pueblo, pensado como proyecto histórico y lucha por la hegemonía.

En el período progresista ganaron espacio las políticas públicas orientadas a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, a la ciudadanía plena y la inclusión social. Estos modelos de crecimiento con redistribución generaron una mejora significativa de la situación social . Eso es trascendente en un continente con tanta pobreza y desigualdad acumuladas, aunque puede ser pertinente un análisis de los modelos de sociedad que ponga en cuestión la idea de un crecimiento económico sin límites, el propio concepto de desarrollo y su relación con la naturaleza y el consumismo como sinónimo de bienestar.

Un aspecto a jerarquizar en el análisis de este período es la creación de formas de participación social en las políticas públicas. “La construcción de políticas públicas bajo formatos de participación social extendida no fue solamente una cuestión de estrategia política para los gobiernos del Frente Amplio, sino también seña de identidad y expresión de su concepción de la democracia” (Bentancour y Busquets 2019). Estos autores destacan que las experiencias participativas se caracterizaron por su universalidad.

Faltó un desarrollo mayor de esta participación a través de mecanismos democratizadores que fortalecieran el entramado social. Hubo pasos interesantes en varios planos pero fueron insuficientes en relación con la dimensión y complejidad de los desafíos planteados (Anzalone 2018). Hablamos de salud, educación, seguridad, vivienda, convivencia, cultura, recreación o deporte, y otros muchos campos. En ninguno de ellos ha sido posible gestar transformaciones profundas sin democratización radical, sin protagonismo mayor de la sociedad, sin valores emancipadores, sin movilización social.

Como señala Castells (2009, 2020) las relaciones asimétricas de poder, implican que algunos actores tienen la capacidad de definir las reglas de juego. Un desafío fundamental es modificar esas relaciones en cada campo de la sociedad, ampliando la cantidad de actores, haciendo oir la voz de los postergados, generando estructuras más abiertas y participativas y también construyendo prácticas sociales transformadoras con arraigo en la sociedad que definan el sentido de los discursos hegemónicos.

Una investigación que realizamos sobre participación social en salud (Anzalone 2018a, b) destacó la creación de espacios donde la voz de los usuarios pueda expresarse, no solo en la base sino en la conducción del Sistema Nacional Integrado de Salud SNIS. La participación de usuarios, trabajadores y comunidades genera una nueva forma de gobierno del sector, que amplía las bases de sustentación de las políticas del SNIS y enriquece sus contenidos.

Hay un debate teórico y politico que viene desde el siglo XX. Durante décadas gran parte de las fuerzas populares concibió la “toma del poder” como una llave mágica que resolvería todos los problemas. Esa concepción del poder se centraba en el control político-militar del Estado y desde allí la economía y la sociedad. Muchas experiencias demostraron el error de subestimar los componentes ideológicos y culturales de todo proceso social por un lado y por otro las libertades democráticas y los derechos humanos, como principios orientadores reduciéndolas a su versión liberal. Aquella visión estatista y centralista dejaba de lado la democratización radical de la sociedad y el Estado como parte esencial del proceso y también de las utopías.

Conclusiones

Un elemento que erosionó los procesos progresistas fueron las debilidades a la hora de democratizar profundamente el Estado y la sociedad incluyendo la persistencia de enclaves de poder reaccionario. Eso dificultó la profundización y sustentabilidad de los cambios.

Las reformas “progresistas” pueden ser emancipatorias y no solo paliativas, pueden construirse “utopías reales” sostuvo Eric Olin Wright (2013). Juan Carlos Monedero (2019) dice bien que oponer reforma y revolución resultó ser un error teórico y político. También lo fue concentrarse solo en el gobierno, dejarse cooptar por el Estado y no jerarquizar al mismo tiempo el trabajo social, la organización social, las múltiples luchas culturales y políticas con sentido emancipador. Permitir enclaves reaccionarios fue acompañado de debilidades y contradicciones de las políticas de empoderamiento de los sectores populares. Mirando América Latina, las movilizaciones populares fueron vistas, en varias coyunturas, como un problema, un peligro o un adversario de los gobiernos progresistas. En varios casos cuando se produjo la ofensiva reaccionaria los gobernantes de izquierda no contaban con la movilización activa de la población, porque el vínculo se había ido deteriorando.

Las izquierdas se deben un proceso de reflexión autocrítica, que “no tire el niño con el agua”, minimizando los avances construidos, ni se atrinchere en la defensa de todo lo hecho; que no busque chivos expiatorios, ni autoflagelación. Se trata de enriquecer el pensamiento y la acción hoy con los aprendizajes que surgen de los procesos anteriores.

Reinventar el Estado, construir una democracia alternativa, descolonizar, desmercantilizar y democratizar la vida, como propone Boaventura De Souza Santos (2002, 2006, 2016) requiere cambiar la sociedad al mismo tiempo. Referentes ecofeministas como Amaia Sanchez Orozco, Yayo Herrero y Laura Gomez han sido muy enfáticas en ese sentido. No solo porque ambos, Sociedad y Estado, están muy imbricados y se influyen mutuamente, sino porque una transformación de esas dimensiones requiere una alianza amplia de actores sociales y políticos , que cambie los poderes que sostienen el status quo y las desigualdades. Las luchas feministas son protagonistas fundamentales junto con otros movimientos populares de trabajadores, estudiantes, pobladores, creando un abanico plural. Ese proceso no está exento de contradicciones y la transformación de los valores y vínculos patriarcales interpela también a instituciones de distinto tipo de toda la sociedad y también a las fuerzas populares. La postergación de las mujeres, su invisibilización, las múltiples violencias y abusos que sufren, ya no se aceptan en silencio e impunemente. La aparición de nuevas y crecientes denuncias de mujeres abusadas muestran como operan los micropoderes machistas en instituciones muy diversas que van desde la academia al Carnaval. Crean así nuevas posibilidades de cambio cultural, cuestionando la reproducción de las desigualdades hacia el futuro.

Al mismo tiempo la experiencia latinoamericana muestra que la unidad de los movimientos populares es un elemento fundamental que no ha sido facil de construir y de sostener. Las divisiones en el campo popular tienen una larga historia en la región, sembrando derrotas, frustrando esfuerzos, reproduciendo sectarismos y dogmatismos varios.

El posicionamiento ético es la base para todos los razonamientos y conductas. El rechazo a la corrupción, al arribismo, el sectarismo, las lógicas autoritarias, manipuladoras y de control, es parte de los valores que sustentan las luchas democráticas. También es un elemento de la autoconstrucción de los movimientos populares y las fuerzas políticas. La gestación de valores solidarios y emancipadores, la sensibilidad y el compromiso con las grandes mayorías, contra las injusticias, la opresión y las desigualdades en todos los planos, la defensa de la vida como principio, son procesos culturales de enorme valor político y social.

Es preciso revalorar el concepto de entramado social participativo, integrador, heterogéneo, como un factor esencial de una democratización radical del Estado y la sociedad que modifique la selectividad estatal heredada.

Referencias Bibliograficas

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.-Wright, Eric Olin (2013) Construyendo Utopías Reales. España. Akal Ed.

1 Nicos Poulantzas siempre me ha parecido un aporte teórico sustantivo para el pensamiento crítico . Sus análisis en “Poder Político y Clases Sociales”, “Las Clases Sociales en el Capitalismo Actual”, “Fascismo y Dictadura”, “La Crisis de las Dictaduras”, han brindado herramientas valiosas para el estudio del Estado y las luchas políticas.

2Rita Segato lo afirmó casi textualmente en el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Bs. As 2018

3https://desaparecidos.org.uy/2020/08/30-de-agosto-de-2020-dia-internacional-del-detenido-desaparecido/?fbclid=IwAR0YQ-vp70pvDZrXGMUp9sSHbOwu6p1FEjaYq-SFtyQUtU_eTK9PyuI0jq4

4“Los avances alrededor de este tema han sido muchos y fueron posibles gracias al movimiento popular, a los trabajos de memoria, a la activa participación de jóvenes generaciones que defienden la memoria ya que entienden que el pasado y su presente están estrechamente vinculados y no quieren impunidad; al crecimiento de conciencia sobre la variedad de derechos y sus propias luchas por leyes que han ampliado nuestra visión de la libertad y el deber ser en sociedad. Gracias a ese constante e intenso trabajo desde muchos sectores de la sociedad, el tema no sólo no ha podido ocultarse, sino que el conocimiento de la dictadura, la empatía por encontrar a los desaparecidos, y la persistencia en los tribunales de Justicia ha forzado a los políticos de todos los partidos a reconocer estos reclamos. La Justicia, lentamente, ha ido integrando la imprescriptibilidad de estos delitos. La perseverancia de las causas, la sentencia de la CIDH, el trabajo de la Fiscalía Especializada, logran avances con algunos procesamientos de una enorme lista de imputados.¡No es un logro menor! Hasta los que reclaman impunidad y acusan a la Justicia de venganza, reconocen implicitamente los gravísimos delitos cometidos. Pero la dimensión de esta escasa justicia obtenida no ha conseguido dejar claro a los ojos de nuestro pueblo el carácter institucional de la represión durante el Terrorismo de Estado.” Declaración de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 30 de agosto 2020.

1Este documento fue presentado como trabajo final del Curso Estado Sociedad Democracia de CLACSO (2019-2020), con algunas actualizaciones y agregados de agosto 2020.

Ley de Urgente Consideración y seguridad: 25 años de urgencias. Por Luis Eduardo Morás

 Luis Eduardo Morás en Posturas de La Diaria 6 de mayo 2020

Desde hace al menos un cuarto de siglo los problemas vinculados con la inseguridad ameritan ser tratados bajo el rótulo de la urgencia. En tal sentido, vale recordar que la segunda administración de Julio María Sanguinetti, iniciada en marzo de 1995, envió al Parlamento una ambiciosa ley compuesta por 40 artículos para enfrentar lo que se entendía como una profunda crisis de la seguridad pública. Sin apelar al recurso constitucional de la urgente consideración, obtuvo su aprobación mediante una sólida mayoría de legisladores oficialistas y opositores, que le dieron incluso la unanimidad a una parte sustantiva del texto votado. La llamada Ley de Seguridad Ciudadana (16.707) logró un amplio consenso, expresado en un trámite que insumió apenas los 92 días que separan su ingreso en Diputados, el 4 de abril, de su aprobación, el 6 de julio de 1995, por la Cámara de Senadores.

El recuerdo de la reforma de 1995 resulta útil en varios planos. En primer lugar, puede cuestionar la demanda formulada por el ministro del Interior, quien exigió el tratamiento de la LUC a efectos de contar rápidamente con las herramientas apropiadas para enfrentar la crisis sanitaria. En tal sentido, el trámite seguido por la antedicha norma puede ilustrar un camino que resultaba igualmente posible: desglosar los 120 artículos que correspondían a su cartera y que fueron aprobados inmediatamente por la robusta mayoría parlamentaria existente; evitando así dos males, el desgaste de recurrir a una cuestionada figura jurídica, y la consecuente dilatoria debido a los plazos constitucionales que establece el artículo 168. Claro está que esta opción tenía varios riesgos, y posiblemente uno de ellos fuera que tal desglose implicaría divorciar la parte más “popular” de la LUC de otras que no lo son tanto.

A su vez, el tiempo transcurrido permite apreciar el abismo que ha mediado entre las expectativas depositadas en esa legislación, basada en la profundización de la respuesta punitiva, respecto de sus efectivos logros en términos de reducción de la violencia. El intento de enfrentar las complejidades de una criminalidad creciente y la extensión del sentimiento de inseguridad mediante el recurso de una profusa legislación penal que insistía en crear nuevos delitos y extender las penas para los ya existentes resultó un estrepitoso fracaso. Fugaces desengaños que, lejos de desanimar la superficial definición de problemas e ingenuas expectativas, a lo largo de estos años fue sumando en todo el espectro político fieles creyentes de las bondades del manodurismo penal.

Sin ánimo de escribir en este acotado espacio la triste historia de las buenas intenciones legislativas que sistemáticamente fracasan, debemos sí señalar el impacto que han tenido estas modificaciones (y sus malogradas promesas) en un imaginario colectivo que ante cada nueva frustración logra convencerse de que se está en el promisorio camino de las efectivas soluciones. A la fecha es posible sostener que se ha consolidado firmemente una idea: hacer “algo” contra la inseguridad no significa otra cosa que ignorar todos los diagnósticos académicos y la evidencia de programas exitosos de intervención acumulados a nivel local y universal; rechazar cualquier intento de profundizar en la complejidad de los fenómenos involucrados en la violencia delictiva y las circunstancias de vida que rodean a sus protagonistas; denunciar como cómplices de los delincuentes a quienes interponen objeciones ante la evidente inutilidad de la inflación punitiva; y alertar sobre las turbias intenciones de aquellos que señalan los riesgos para la legitimidad del Estado de derecho que representa vulnerar garantías procesales. La mayor parte del contenido de la LUC representa la cruda expresión de estos prejuicios y no augura un resultado diferente respecto de sus precedentes normativos, aunque es altamente probable que por la magnitud de las reformas que se proponen se profundicen las consecuencias negativas en diversos planos.

A pesar del constante incremento de la población carcelaria que coloca al país entre aquellos que mayores tasas de presos poseen, en el discurso hegemónico se multiplican las menciones a una legislación excesivamente benévola, las críticas a una Justicia que no castiga lo suficiente o a los excesivos beneficios de los que gozarían las personas al momento de cumplir las penas. No puede llamar la atención, entonces, que la LUC proponga la eliminación de un conjunto de supuestos “beneficios” para los infractores; tanto de aquellos que puedan surgir en la etapa procesal por la vía de eliminar o restringir la posibilidad de recurrir a procesos abreviados o a la suspensión condicional del proceso, por ejemplo, como a la hora de ejecutoriar la pena privativa de libertad (limitando las salidas transitorias y la redención de la pena por trabajo y estudio, arts. 83 y 85).

En particular, el artículo 80 se hace eco de la agobiante demanda popular acerca de que los presos deben “trabajar para sustentarse”, sin considerar la imposibilidad de cumplir con esa “obligatoriedad” cuando ni siquiera existen suficientes oportunidades laborales reales para contemplar el “derecho” (no ya la “obligación”) que tienen aquellos privados de libertad que expresan su voluntad de realizar actividades laborales. Algo de este reconocimiento de la impotencia puede interpretarse en la creación de la figura del “adulto joven”, entre 18 y 23 años, quienes “tendrán prioridad” en la asignación de actividades educativas y en el desempeño de algún oficio (art. 82), en lo que podría asumirse como la admisión escrita de la imposibilidad de consagrar estos derechos para la generalidad de las personas encarceladas.

Santiago Mazzarovich/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/

El supuesto funcionamiento deficiente de las instituciones, y en particular de la administración de justicia, no supone solo un estímulo para que cada día más personas se sumen con entusiasmo al camino del delito. Implicaría, además, un profundo desestímulo para las fuerzas de seguridad que ven así justificado el magro resultado de esclarecer menos de 5% de los delitos contra la propiedad y la mitad de los homicidios. Ninguna autocrítica que permita ubicar problemas de gestión o “vicios” institucionales es admitida para este pobre desempeño de la fuerza pública, y en consecuencia nada se propone en la LUC para mejorar en ese aspecto (por ejemplo, en términos de evaluación de calidad de la gestión o de fortalecimiento del contralor de la actuación que realiza la División Asuntos Internos). Jerarcas y retirados policiales –entre otros– han proclamado con insistencia la metáfora de las “manos atadas” y de una generalizada “falta de autoridad” como las inequívocas y exclusivas razones del insatisfactorio desempeño. Premisas asumidas sin mayores cuestionamientos por la opinión pública y que naturalmente encuentran su expresión en la LUC, cuya exposición de motivos para este apartado señala que pretende “dotar a la autoridad competente de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su función”.

Con el anunciado propósito de recuperar la “autoridad y el orden”, entre otras iniciativas se propone castigar la resistencia al arresto (art. 4) y se establece la delicada fórmula de sancionar a quienes incurran en algo tan difuso y sujeto a la discrecionalidad como el “menosprecio”, “agravio” o “menoscabo” de la autoridad, extremo que sería evaluado por la sensibilidad del funcionario policial actuante (art. 11).

Varios artículos modifican la Ley de Procedimiento Policial con el objetivo de dar una respuesta a las supuestas limitaciones que los funcionarios policiales encuentran al momento de enfrentar el delito. Entre otros, son destacables los artículos 45 al 48, que amplían y flexibilizan las circunstancias y condiciones para el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego. El artículo 49 parece el complemento inevitable de la discrecionalidad que los anteriores adjudican, estableciendo explícitamente la “presunción de inocencia” del personal policial; un agregado que luce como innecesario si se atiende que el pasado año fueron abatidos 32 delincuentes y en ningún caso resultó formalizado un funcionario policial por tales hechos. En este plano, una mención aparte merece el “derecho al porte de armas del personal policial retirado”. La nueva redacción dada al artículo 64 cubre una ausencia que fuera criticada en la primera versión de la ley, al establecer la obligación que el personal retirado no posea antecedentes penales y se le realicen periódicas pruebas de evaluación de su idoneidad. En definitiva, los exceptúa de tramitar la Causal de Otorgamiento que exige la regulación vigente (THATA) al resto de los ciudadanos que pretendan portar un arma de fuego. No parecería ser gran cosa la incorporación de este artículo, si no fuera por la eventual complementariedad con el siguiente, que establece el “derecho de reprimir delitos flagrantes por el personal policial en situación de retiro”; al tiempo que “las consecuencias de tal intervención deberán ser consideradas, a todos los efectos, como acto directo del servicio” (art. 65).

No puede escapar a ningún analista de la realidad del continente que dicha extensión de un “derecho” puede derivar en una invitación a conformar organizaciones de seguridad especializadas, por fuera tanto de las regulaciones del personal policial activo como de las empresas privadas de seguridad registradas; contando con todas las ventajas de la ausencia de controles que supone la “informalidad”, pero sumando los beneficios que las eventuales consecuencias de tales actividades puedan ser consideradas “actos de servicio”. En tal sentido, es posible que la inclusión a último momento del artículo 115, que extiende el porte de armas también a militares, pueda interpretarse como el requisito necesario ante una posible disputa por un lucrativo campo laboral a futuro.

La evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva.

Un llamativo y singular capítulo lo representan las iniciativas que se proponen en el área de adolescentes en conflicto con la ley, que finalmente parecen conceder a los impulsores de la baja de la edad de imputabilidad penal el consuelo de una tardía victoria moral sobre el tema. Ninguna de las seis propuestas incluidas en el capítulo correspondiente esbozan siquiera algo propositivo para mejorar las condiciones de reclusión o incrementar el impacto de las medidas “socioeducativas” y/o la gestión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Por el contrario, todas ellas reflejan el ánimo de profundizar en grado extremo el contenido punitivo del sistema penal adolescente, en esta ocasión sin la excusa de enfrentar una “sangrienta ola delictiva de menores”, desde que la participación de estos en delitos graves viene presentando un pronunciado descenso en los dos últimos años: en el primer semestre de 2019 se constató la participación en 4% de los homicidios y en todo el año 2018 fueron encausados por la Justicia penal adolescente 12 menores por homicidios y 108 por rapiñas.

De aprobarse la redacción dada al artículo 75, los adolescentes verían duplicarse el tiempo de privación de libertad máximo, que pasaría de ser de cinco a diez años; el artículo 76 reafirma no sólo la vigencia de una norma considerada por calificados expertos y organismos internacionales como inconstitucional (el art. 116 bis aprobado en 2013 por la Ley 19.055) al exigir la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar, sino que también duplica la pena mínima que deben imputar los jueces ante la comisión de determinados delitos, pasando de uno a dos años.

La población de mujeres encarceladas ha aumentado.

Al igual que para los adultos, se restringen las posibilidades de acceder a beneficios que mitiguen la privación de libertad y amplifiquen las posibilidades de inserción social, excluyendo el régimen de semilibertad para un conjunto de delitos que incluye la rapiña simple, que constituye la causal de ingreso de más de la mitad de la población adolescente internada. Tal propuesta no sólo resulta muy cuestionable al desatender la legislación y los acuerdos internacionales signados por el país que obligan a privilegiar el contenido socioeducativo de la medida judicial por encima de la mera sanción penal; sino que la actual redacción del artículo 74 insiste en transitar en un régimen discriminatorio hacia los adolescentes, en tanto para ellos no se prevé la posibilidad del régimen de “libertad a prueba” (art. 32). Algo similar podría decirse de la creación del “adulto joven” (art. 82), una figura que alcanzaría a los privados de libertad mayores de edad que resultarían “privilegiados” para realizar actividades educativas o laborales, pero no serían contemplados si cumplieran la privación de libertad como adolescentes. De aprobarse esta legislación, llegará incluso el momento en que pueda presentarse una cruel ironía: en el propio INISA cumplirían “medidas socioeducativas” individuos con 26 o 27 años que la propia legislación que regula la privación de libertad ya no consideraría siquiera dentro de la categoría de “adulto joven”.

En defensa de la LUC se ha manifestado que sus críticos exhiben fuertes “prejuicios ideológicos” que los llevan a rechazar lo que serían disposiciones absolutamente naturales y desideologizadas, principios básicos emergentes del más extendido y simple sentido común que deberían compartir todas las personas honestas que no tienen nada que ocultar ni se oponen a la cruzada iniciada para restablecer el orden y el respeto a la ley.

Más allá del juego político que habilita a apropiarse de frases hechas, y corriendo el riesgo de ser incluido dentro de los que desarrollan esa particular patología, estimo que sería adecuado que se explicitaran con datos contundentes y con sólidos argumentos las razones que llevan a modificar sustancialmente un conjunto de códigos y leyes de suma relevancia. En este sentido, podríamos interrogarnos acerca de cuál sería el dato de la realidad que justifica un incremento radical de las penas administradas a menores, por ejemplo. Contradiciendo, además, las indicaciones de un organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en estos temas, como UNICEF, y eludiendo las obligaciones de no regresividad, contraídas en los convenios firmados por el Estado.

No se debería tampoco apelar a desacreditar al interpelante, cuando con fundamento se plantea la preocupación ante algunos cambios procesales; sino que se deben difundir las razones que ameritan –por ejemplo– derogar el artículo 56 del Código de Proceso Penal que enuncia los “derechos de la persona sujeta a control de identidad”, entre los cuales se contempla que el funcionario policial actuante le informe verbalmente a la persona conducida del derecho a comunicarse con un familiar sobre el traslado y permanencia a una repartición policial (art. 20). O la necesidad operativa que lleva a que la indagación de “hechos con apariencia delictiva” sean informados por la autoridad administrativa en un lapso de hasta cuatro horas (art. 19) en lugar de realizar la comunicación inmediata al Ministerio Público como ocurre actualmente. Todas estas son interrogantes legítimas y válidas, no el producto de la alienación ideológica o el dogmatismo político.

En definitiva, los 120 artículos contenidos en la LUC resultan la síntesis legal y operativa de una particular concepción del delito y sus causas, una construcción social y política que inevitablemente expresa una ideología bien definida al proponer cómo enfrentar los problemas. Ante ella, algunos actores tendrán la obligación de argumentar válidas apreciaciones de índole política, basadas también en la ideología. Y en lo que corresponde al mundo académico, no se puede eludir la obligación de advertir que la evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva, sino que, por el contrario, representan un serio riesgo de profundizar dificultades en diversos planos y hacen más pronunciados los actuales problemas de convivencia ciudadana.

Por último, y mirándolo en perspectiva, el panorama resulta profundamente desalentador: 25 años después, la denostada Ley de Seguridad Ciudadana parece convertirse en una pieza jurídica que admite ser mirada con cierta nostalgia y como expresión de la voluntad de lograr acuerdos extrapartidarios en torno a iniciativas legales razonables, tramitadas, además, en un democrático y participativo clima de tolerancia. Si compartimos esta impresión, debemos asumir que los tiempos que transitamos definitivamente han cambiado, y que algo marcha decididamente mal.

Luis Eduardo Morás es doctor en Sociología y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

ARRIBA LOS QUE ESCUCHAN por Ignacio Martínez

El grupo convocado por Daniel Martínez para dar un respaldo significativo al tema de los Derechos Humanos, coordinado por Milton Romani, ha venido teniendo reuniones con diversos protagonistas de diferentes temas: ex presos políticos nucleados en CRYSOL, compañeros de Sitios de la Memoria, entre otros.

En todos los casos, la razón principal de esos encuentros ha sido escuchar, atender la situación de cada uno de los sectores, sus demandas, sus puntos de vista, sus opiniones, acerca de cómo continuar el complejo pero fundamental proceso de fortalecer los Derechos Humanos como cimiento clave para seguir construyendo una sociedad más justa, más equitativa, más libre, más democrática. El pasado reciente ocupa un lugar jerarquizado en la propuesta, aunque se proyecta en una concepción mucho más amplia de los Derechos Humanos que atañen a la vida misma, en plenitud, de cada ser humano en una sociedad democrática.

Es precisamente ese fortalecimiento de la democracia que debe reposar en la capacidad de oír a los otros. Avanzar en los Derechos Humanos necesita encontrar el mínimo común múltiplo de todos los sectores de la sociedad, que nos permita sumar y multiplicar a partir de la confluencia de los puntos de vista que nos identifican. Uno de esos puntos es el reconocimiento de que el respeto, la educación y el fortalecimiento de los Derechos Humanos no son sólo palabras o Declaraciones o Códigos, sino políticas estatales concretas que nos tengan a nosotros mismos, el pueblo, como protagonistas de la construcción de nuestra propia sociedad.

¿De qué pueden servir los pronunciamientos si no se cumplen? Estamos en un mundo donde prevalece la intención de encontrar el máximo común divisor, la fragmentación social, la tergiversación como estrategia, el ocultamiento como terreno fangoso donde nos quieren contar una historia mentirosa o mal contada.

Nuestra historia reposa, antes que nada, en la creación de ámbitos para encontrarnos y oírnos, para planificar y trabajar juntos. Por eso este grupo llamado Vocería de Derechos Humanos , integrado por Belela Herrera, Álvaro Rico, Verónica Mato, José López Mazz, Ana Inés Quadros, Lille Caruso de Balbi, Felipe Michelini, Adriana Cabrera Esteve, Fiorella Buzeta, Sol Maneiro, Nélida Fontora, Diego Sempol, Alicia Esquivel, Eduardo Pirotto, Óscar Destouet, Daoiz Uriarte, Nicolás Bico e Ignacio Martínez está llamado a colaborar con el equipo o Vocería de Desarrollo Humano que tiene en su mesa la profundización e innovación de políticas sociales en nuestro país, coordinado por Mercedes Clara y Rossana González.

De eso se trata. Que los Derechos Humanos no terminen siendo torcidos humanos o desechos humanos, sino la construcción de los nuevos sueños reposando sobre los mismos principios que nos han guiado siempre, donde “los más infelices sean los más privilegiados” y avancemos hacia la consagración de “nuestros más sagrados derechos”.

Publicado en Voces el 17 de octubre de 2019

Fotografía Frente Amplio

DERECHOS HUMANOS: EL VASO MEDIO VACÍO por Adriana Cabrera Esteve*

A veces incurrimos en la tentación de pensar que el estado actual de los derechos humanos en Uruguay es algo que nos fue dado, que existió siempre, que no hubo actores que lo impulsaron y que tampoco hubo actores que se opusieron a esos avances. Y es difícil decirles a las nuevas generaciones de activistas y también de ciudadanos cómo se fue construyendo ese sistema de derechos humanos que tenemos hoy. Un sistema con deficiencias, con aciertos, que se estructuró en base al impulso de los progresismos. Ese conglomerado heterogéneo que trata de definir qué es lo justo y lo injusto. Que trata de caminar hacia los derechos humanos, hacia más justicia social. Que puede dejar sabor a poco pero que es lo mejor que hemos logrado construir en términos de acumulación de fuerzas para cambiar y hacer de este mundo algo mejor.

Acaba de fallecer Louis Joinet. No puedo dejar de recordar lo que fue para los familiares de detenidos desaparecidos en el exilio encontrar voces como la de él, o como la del jurista uruguayo Alejandro Artuccio, cuando sabíamos que teníamos que denunciar la desaparición de nuestros familiares pero no sabíamos cómo ni dónde y todas las puertas parecían cerradas. Ellos nos decían que había opciones para buscar y para encontrar. Nos enseñaban que había normas del derecho internacional que nos amparaban. De esas voces de juristas internacionales y también de los familiares que acudimos a los gobiernos e instituciones en el exterior, y de esas madres, hermanos e hijos que dentro del territorio se la jugaban recorriendo las morgues y golpeando las puertas de civiles y militares para preguntar dónde estaban sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus padres; de todas esas voces, se fue construyendo este sistema. Y también de las enormes solidaridades de los compañeros, de los investigadores, periodistas, historiadores, abogados. De ese colectivo de gente de izquierda, heterogéneo, con el nombre que quieran ponerle, porque las izquierdas siempre tienen muchos nombres, de ese espacio amplio, surgió la incipiente verdad y reparación que tenemos ahora –entendiendo por políticas de reparación, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral–.

Claro que los uruguayos siempre pensamos que el vaso está medio vacío. Tenemos esa idiosincrasia. No creo que sea un defecto; por el contrario, es la agudeza de la ciudadanía que ve el vaso medio vacío porque efectivamente la historia ha demostrado que no existen los sistemas totalmente justos, plenos, ideales. En la historia, los vasos siempre han estado medio vacíos. Entonces, identificar qué es lo que hay dentro del vaso y lo que falta es una tarea muy inteligente de los uruguayos, que no tiene que desmoralizar, sino que, al contrario, tiene que ser vista como diagnóstico y punto de partida para nuevos pasos. Por ese lado va este artículo.

En el exilio, en 1978, formamos la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También se formó el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), asesorado por juristas como Theo van Boven y Louis Joinet. A su influjo, a medida que construíamos esa red de solidaridad con el pueblo uruguayo, fuimos también aprendiendo a revalorizar la democracia y los derechos humanos. Aprendimos que democracia y derechos humanos eran dos paradigmas por los que había que transitar si uno quería cambiar el mundo para mejor, que no eran herramientas, que eran un fin en sí mismos, que eran parte de nuestro objetivo de justicia social. Ese fue un gran aporte del sistema internacional de derechos humanos a las realidades latinoamericanas.

En segundo lugar, es necesario destacar que esa verdad, que conocemos actualmente, se construyó con mucha dificultad. En esa época armábamos las listas, siempre inconclusas, de compañeros presos y de los que estaban desaparecidos. Y a veces había que pasar los nombres de uno a otro lugar, según lo que hacían los militares con ellos. Darles seguimiento a las atrocidades impulsadas por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado cuando definían que un compañero iba a “destino final”, forma elíptica con la que se referían a la desaparición, fue un trabajo muy arduo que se hizo entre muchos. Cuando aparecía alguien que había logrado zafar de las cárceles o de los pozos –así se llamaba a los centros clandestinos de detención–, le solicitábamos su testimonio, le preguntábamos si había visto a alguien conocido, y de esos testimonios se empezó a armar la historia de los hechos. Esas informaciones nos fueron dando una idea de lo que estaba pasando y se fue construyendo la noción del desaparecido tal como la conocemos hoy.

En Uruguay pasó algo parecido. Se dio ese caminar juntas para buscar acá y en Argentina, o donde fuera, porque hay que decirlo: “las viejas” viajaron a donde les dijeran que podía servir. Esos fueron los primeros pasos en la construcción de la verdad. Se trabajó mucho para el referéndum luego de que se votara la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Fue una gran batalla por el respeto a la vida y a la justicia; también se trabajó mucho por el plebiscito para anular la ley de caducidad, que quizá fue un error, porque los derechos no se plebiscitan. Paralelamente, los familiares y los ex presos políticos nunca dejamos de interponer denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Y mientras sucedía todo eso, en el Frente Amplio (FA) hubo grandes debates internos sobre cómo abordar el tema de los derechos humanos, cómo reparar a las víctimas, cómo lograr la memoria, la verdad y la justicia. Sobre qué era lo posible y qué era lo imposible.

Pero además de los debates, importan los hechos. Apenas el FA tuvo el gobierno departamental de Montevideo, empezó a implementar medidas reparatorias en diálogo con las organizaciones sociales: la construcción del Memorial de los Desaparecidos en el Cerro de Montevideo; el Museo de la Memoria y los cambios en el nomenclátor ciudadano, y la incorporación a la plantilla de empleados de algunos de los hijos de los desaparecidos, por ese entonces jóvenes a los que en su mayoría les faltaba el apoyo de la generación destinada a apuntalarlos en la vida. Fueron los gobiernos departamentales frenteamplistas los que empezaron a reparar lo que la dictadura nos había quitado y los gobiernos nacionales de derecha habían negado y ocultado.

Durante el gobierno nacional del FA se logró, y vale la pena enumerar: la Ley de Habeas Data (18.331), que habilita a cualquier uruguayo a solicitar la información que todo organismo del Estado tenga sobre sí; la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (18.446); la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad en 2011 (18.831), que devolvió al Estado la pretensión punitiva; la Ley de Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Estado (18.596); la creación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dio continuidad a las investigaciones contratando un equipo de historiadores y antropólogos; el ingreso a los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos; el acceso a una parte de los archivos de la represión; el decreto de 2011 que dejó sin efecto todas las decisiones de los gobiernos blanquicolorados que amparaban en la ley de caducidad a los criminales de lesa humanidad denunciados por las víctimas –de esta manera, y por resolución del Ejecutivo, se borró de un plumazo la caducidad–; la creación de la Fiscalía especializada en casos de Derechos Humanos; la ley que elimina la doctrina de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas; y, por último, la Ley de Sitios de Memoria, aprobada recientemente, cuya implementación está en curso.

Después de luchar tanto para que hubiera justicia en nuestro país, nos encontramos con que habíamos subestimado los estamentos más reaccionarios de nuestra sociedad. Uno de sus máximos exponentes, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tal como anunciara su vocero, Jorge Ruibal Pino, estableció una muralla a los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas, lejos de romper con los lastres totalitarios de un pasado de terrorismo de Estado, optaron por la complicidad del silencio y el encubrimiento de los crímenes realizados durante la dictadura. Hasta el momento, no se han encontrado las formas de lidiar con estos obstáculos para lograr una profundización democrática mayor.

Así y todo, hubo condenas, que distan de ser suficientes. Solamente 20 militares fueron condenados y seis de ellos tienen prisión domiciliaria. En la actualidad, hay 156 causas en presumario, 94 fueron archivadas y 14 tienen ejecución de sentencia, según consta en la página del Observatorio Luz Ibarburu. Mientras, los abogados del Centro Militar interponen todo tipo de dilatorias y la SCJ se niega a reconocer como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, a la desaparición forzada, la tortura y la violación, haciendo oídos sordos a las normas de derecho internacional.

Los militares no han querido decir dónde están los desaparecidos, y la búsqueda del equipo de antropólogos ha tenido escasos hallazgos. El personal asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente no ha sido suficiente para analizar en su totalidad los archivos a su disposición. La Ley de Reparación Integral, que sacó a muchos de la indigencia, no está aún de acuerdo a lo que exige la INDDHH. Y la Ley de Sitios de Memoria, fraguada desde las organizaciones sociales, se demoró tanto en la Cámara de Diputados, que tuvo que ser votada cuando ya no se le podía asignar recursos.

Sí, el vaso no está lleno. Y, lo que es peor, hay posibilidades de grandes retrocesos. Por eso, es necesario distinguir a quienes nos han extendido una mano de quienes pusieron obstáculos y nos han expuesto a las maniobras de contrainformación de los militares, formados para jugar, año a año, con nuestras esperanzas. Esos sectores actúan hoy y procuran el apoyo ciudadano mediante diversas opciones político-partidarias. Y por más que hablen de la importancia de los valores democráticos y hagan promesas electorales en torno a la búsqueda de los desaparecidos, ya vimos en el pasado lo que son capaces de hacer. Por eso, en octubre, votaré por que se destinen más recursos para continuar la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de los archivos de la represión. Por más justicia, por más educación en derechos humanos, muy en particular para los funcionarios públicos del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas; y por más políticas de memoria que sirvan cómo antídoto contra los fundamentalismos y las prácticas autoritarias. Votaré por seguir construyendo un país más progresista.

*Adriana Cabrera Esteve es hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976.

Publicado en La Diaria el 24 de septiembre de 2019

CARTA BLANCA PARA LA TORTURA por Frei Betto

El presidente nacional homenajeó como héroe nacional a uno de los más notorios torturadores de la dictadura militar, el coronel Brilhante Ulstra. Pero más grave que lo que Bolsonaro dice es lo que hace. En junio firmó un decreto por el que eliminó los cargos del Mecanismo de Prevención y Combate a la Tortura. Siete peritos, responsables de monitorear violaciones a los derechos humanos fueron despedidos. Su actividad pasó a ser entendida como “una actividad no remunerada”.

Aunque el mecanismo todavía exista, los peritos perderán la función de empleados públicos. En teoría, podrán fiscalizar sin recibir remuneración. Los expertos  vinculados  al Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos Humanos, continuaron  su trabajo durante dos meses. Hasta que la ministra Damares Alves, que se dice cristiana, decidió restringir la entrada de los peritos al predio del ministerio.

El dos de agosto la secretaria  Protección Global del ministerio determinó que el acceso de los  peritos al predio pasara a ser controlado. Cada uno de ellos deberá pedir permiso de entrada cada que vez que tuviera tal propósito. El uso de las salas estaría sometido  a agenda previa y podrían no estar disponibles.

Dentro del predio los peritos perderán el acceso al sistema electrónico. Sus asesores técnicos fueron destinados a otras funciones.  Así el gobierno amputó los brazos  y cegó los ojos al equipo  encargado de  investigar  las denuncias de torturas.

Todo eso significa querer poner una piedra en el combate a la práctica de la tortura en Brasil, considerada crimen hediendo, incalificable e imprescriptible por la legislación brasilera. Un Mecanismo creado en 2013 debido a un compromiso asumido por Brasil con la ONU, destinado a investigar violaciones a los  Derechos Humanos en instituciones de privación de libertad, como cárceles, hospitales, clínicas psiquiátricas.

El 12 de agosto, la justicia de Río de Janeiro suspendió el decreto presidencial de eliminar los cargos del  Mecanismo. El mandato del  juez Osair de Oliveira Jr, de 6to  Turno Federal, determina que los peritos sean reintegrados  a sus cargos  con su remuneración.

La ministra Damares Alves que se dice cristiana, considero equivocada la decisión de la Justicia de Río de Janeiro   y aseguró que el gobierno va recurrir. “No tengo que emplear a todo el mundo” dice ella, “la ley no nos obliga a emplearlos”. “La ley nos obliga a mantenernos en la estructura, siempre y cuando sea preciso, serán llamados para un trabajo específico de combate a la tortura”. Declaró que  todavía continuarían recibiendo pasajes aéreos cuando sean convocados para prestar servicio.

 Según informe de la Relatoría Pública del Estado de Río de Janeiro, divulgado el 2 de agosto, uno de cada veinticinco presos que pasa por la audiencia de custodia  declara haber sido torturado. ¿Y cuántos no denuncian por miedo a represalias? Entre mayo de 2018 y agosto de este año, el Núcleo de Derechos Humanos recibió 931 registros de torturas. Dentro de las víctimas, 153 eran menores de edad. Dentro de las agresiones físicas y psicológicas descritas por los presos, se destacan  patadas y golpes, armas en la cabeza, amenazas de muerte, choques eléctricos, colgamiento.

Desafortunadamente  hay quien argumenta (y también se dice cristiano)  “¿qué  hicieron ellos con las víctimas?”.   Ahora, si  quieren  adoptar la ley del Talión, rasguen la Declaración de los Derechos  Humanos  y la Constitución.  Supriman los tribunales, elijase el odio y no el amor como principio básico de esa comunidad que no merece llamarse humana y civilizada.

A tiempo: es bueno recordar para aquellos que se dicen cristianos que Jesús  fue torturado y condenó  duramente  a  quien no ve  al prójimo como templo vivo de Dios que jamás debe ser  profanado.

Publicado en O Globo 18 de agosto de 2019

Traducción: Antonio Coelho

PARADOJAS EN LA REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA por Nicolás Grab

La lucha por rescatar las verdades trágicas sobre la dictadura exige que se sepa recoger sus frutos. Que se los valore y se los utilice.

El 8 de abril pasado el Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Feola, dijo esto refiriéndose a los crímenes de la dictadura: “No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”. Esa misma tarde lo rectificó en un comunicado oficial por orden del Ministro de Defensa José Bayardi.

Según trascendió[2], el diálogo que mantuvieron incluyó esta pregunta del ministro: “Que acá ha habido detenidos desaparecidos es algo que el Ejército ya ha planteado y aceptado desde el año 2005. ¿Qué piensa usted al respecto?” A lo que Feola habría contestado: “Sí, por supuesto yo no estoy en contra de lo que el Ejército ha aceptado“.

Este artículo no se dedicará al episodio, que tuvo su natural resonancia, sino a algo que se mencionó en él. Algo que viene al caso y cuya trascendencia es muy particular.

El ministro Bayardi hizo referencia a lo que el Ejército “ya ha planteado y aceptado desde el año 2005”. Y el Comandante respondió admitiendo “lo que el Ejército ha aceptado”.

¿A qué se referían ambos? ¿Qué cosas “aceptó” el Ejército según reconoce el Comandante? ¿Qué ocurrió en ese año 2005?

Habrá lectores que lo sepan. Y habrá otros que no lo sepan o no lo recuerden. Muchos otros.

* * *

En 2005, su primer año de gobierno, el presidente Tabaré Vázquez ordenó que los Comandantes en Jefe recabaran información sobre los desaparecidos. Recibió entonces un informe del Comando General del Ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea.[3]

Esos informes confirmaron positiva y oficialmente todo lo que durante casi treinta años se había negado y se imputaba a conjuras calumniosas, y que todavía hoy se pretende volver a cuestionar o poner en duda.

Los informes confirmaron que 23 desaparecidos cuya detención siempre se había negado no sólo estuvieron presos, sino que murieron en la tortura.[4]  El informe del Ejército presentó una enumeración de casos de muerte de detenidos, con esta explicación: “Los casos marcados con un asterisco, de acuerdo con la información recabada, permitirían suponer que se desarrollaron dentro del marco de operaciones de inteligencia“, o sea en interrogatorios. Son 21 los casos señalados con ese asterisco. Y si alguien tiene dudas sobre lo que significa una muerte “dentro del marco de operaciones de inteligencia“, lo dejan muy aclarado algunas explicaciones individuales: por ejemplo, el informe sobre Oscar Baliñas precisa que “su deceso … se produjo por rotura de bazo”.

El informe del Ejército confirmó expresamente que era práctica habitual atribuir a “intentos de fuga” la muerte de presos. Lo explica así: “Cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la justicia y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad.” Entre los casos individuales se precisan detalles. En el de Julio Correa: “Posteriormente a su fallecimiento se realizó un allanamiento en su domicilio y se solicitó su captura como medida de encubrimiento.” Sobre Luis Eduardo González: “Se pretendió encubrir su muerte con un comunicado de prensa en la que se ponía en conocimiento de su fuga.”

Y el colmo insuperable son dos asesinatos cuyo grado de infamia no encuentra adjetivos. El informe del Ejército confirmó que dos mujeres (Elena Quinteros y María Claudia García, que tenía 19 años) murieron en asesinatos premeditados, por decisiones acordadas, ordenadas, organizadas y ejecutadas en el Ejército. Dice así su informe respecto de María Claudia (una muchacha argentina que nunca había estado en Uruguay):

Fue trasladada a Montevideo desde Buenos Aires presuntamente por personal del Servicio de Información de Defensa, en el mes de octubre de 1976. Estuvo detenida en la sede del SID ubicado en la Avenida Bulevar Artigas esquina Palmar, separada de los demás detenidos, en avanzado estado de gravidez. Después de dar a luz en el Hospital Militar fue trasladada nuevamente al mismo lugar de detención. En diciembre de 1976 se la separó de su hija y fue trasladada a los predios del Batallón I de Paracaidistas N° 14 donde se le dio muerte.

Respecto de Elena Quinteros dice así:

Fue detenida por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044, el 26 de junio de 1976 y se le condujo a las instalaciones del Servicio de Material y Armamento (‘300 Carlos’). Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año y sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Parac. No 14, posteriormente exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

Como se ve, en los dos casos se usaron los mismos términos para explicar de qué murió la víctima. Murió porque “se le dio muerte“.

Cuatro palabras lanzadas con la indiferencia de quien menciona de pasada un dato banal. “Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año…”. ¿Se puede concebir algo más estremecedor que esta declaración impávida? Piénsese en todo lo que sobreentienden esas trece letras. Hubo quienes discutieron y acordaron que se asesinara. Hubo quien decidió cuándo, dónde y cómo se asesinaría. Hubo quienes transmitieron la orden de asesinar. Y hubo quien asesinó. (Y hubo, ¡y sigue habiendo!, quienes ocultan y encubren.)

Cuando ha llegado a plantearse una discusión inverosímil sobre si los crímenes cometidos afectan o no afectan el honor institucional del Ejército, es oportuno recordar a la madre de 19 años a la que esa institución resolvió matar y mató. Se le dio muerte. Sería lunático responsabilizar del crimen sólo al que personalmente le tronchó la vida. Ese ser miserable actuaba en el seno de una institución. En el Ejército, con sus jerarquías y sus cadenas de mando, era inconcebible un hecho así que no estuviera explícitamente ordenado o autorizado; y bien lo confirma la actitud unánime de encubrimiento y negación que se implantó y se mantuvo por décadas. Es imposible ver estos crímenes como otra cosa que actos institucionales, sin lo cual no serían imaginables ni su concepción, ni su ejecución, ni esta concertación en la negación y la mentira.

(La actitud del Ejército de asumir institucional y orgánicamente sus actos criminales del tiempo de la dictadura, sin crítica ni objeción moral, tuvo una confirmación más en este mismísimo informe de 2005. El Comandante en Jefe que lo presentó (el Gral. Ángel Bertolotti), en la nota al Presidente que acompañó el informe, dijo esto de sus antecesores del tiempo de los crímenes: “Sabemos también que los camaradas que nos han precedido en esta responsabilidad cumplieron cabalmente con su deber en el tiempo histórico y político en el que les correspondió actuar”.)

* * *

Los informes de las Fuerzas Armadas de 2005 también contienen falsedades. Son muchas, y bastará citar un par de ejemplos. El informe del Ejército dice que los restos de Fernando Miranda y de Julio Castro fueron enterrados pero más tarde fueron exhumados y cremados y “sus cenizas y restos esparcidos en la zona“. Mentira, puesto que los restos de ambos fueron encontrados después, enterrados en predios militares. (Y Julio Castro, que según el informe simplemente “falleció”, presentaba un orificio de bala en la frente.[5]) O esto: el Ejército dijo que Elena Quinteros fue detenida “en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044”, cuando en realidad la sacaron del predio de la embajada de Venezuela en un episodio tan escandaloso que generó un incidente internacional por el que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con la dictadura uruguaya.

Frente a todo esto la izquierda y las organizaciones de derechos humanos tendieron en general a adoptar una actitud que no fue acertada. Predominó siempre el criterio de poner en primer plano las falsedades de los informes y descalificarlos como una sarta de mentiras que añadió una fechoría más al encubrimiento de las atrocidades.

Es absurdo limitarse a denostar los informes por sus datos falsos en vez de proclamar a los cuatro vientos los horrores de esa confesión.

Los informes de 2005 fueron un logro enorme en la conquista de la verdad. Fueron un hito histórico; tardío y criticable, pero fundamental. Son la reivindicación de las denuncias vilipendiadas durante décadas en que los gobiernos prohijaron la conjura de encubrimiento de las instituciones militares.

Y son una lápida que debe sellar las pretensiones de cuestionar todavía la realidad de los crímenes. La patraña de poner en duda las atrocidades de la dictadura, aunque ha perdido el patrocinio oficial que tuvo hasta 2003[6], no ha dejado nunca de esgrimirse, sobre todo en medios militares.[7] ¿Qué refutación podría ser más eficaz que esta confesión ilevantable?

* * *

La reivindicación de la verdad y la afirmación de la memoria son partes de una lucha que no atañe sólo al pasado, sino también al futuro.

Pero hay algo que es indispensable para el éxito de esa lucha: que sus frutos se recojan. Que se los valore y se los utilice. Que los logros se consignen y las verdades reconquistadas se hagan valer como pruebas de la justicia del empeño. Es un despropósito que todo eso se desprecie y se deje caer en el olvido.

¿Qué se hizo para difundir las confesiones de los informes de 2005? ¿Qué organizaciones las publicaron y se dedicaron a divulgarlas? ¿Se buscó incorporar esas verdades en la conciencia general de la población?

¿Quién habla de los informes de 2005? ¿Se los evoca alguna vez?

Hay un indicio que lo dice todo. Los informes no existen en Internet salvo en un único lugar, que es el citado en la nota 3: en el trabajo monumental coordinado por Álvaro Rico sobre los detenidos desaparecidos. Hay que ir a buscar los informes allí: en el cuarto de sus cinco tomos, en la sección 3. Fuera de ahí no se los encuentra. (VADENUEVO presenta ahora los cinco informes en su sección DOCUMENTOS.)

* * *

Hay cosas que nos falta mejorar.

Publicado en Vadenuevo.com.uy – mayo 2019

(Este artículo contiene pasajes de textos anteriores publicados por el autor.)[1]

[1] Especialmente en el artículo Recordemos, publicado en vadenuevo Nº 34 (julio de 2011).

[2] Por ejemplo, en El País (9 de abril).

[3] Los cinco informes pueden verse transcritos en la sección DOCUMENTOS. Fueron publicados completos en Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del art. 4º de la Ley Nº 15.848 (Alvaro Rico (coordinador), 2007), tomo 4, Sección 3, págs. 75 a 105. El informe del Ejército es el primero (págs. 75 a 82).

[4] Los 21 casos que se comentan en este párrafo del texto (declarados por el Ejército) y otros dos declarados en el informe de la Fuerza Aérea.

[5] Por ejemplo: Subrayado (1º de diciembre de 2011): “Cráneo de Julio Castro ‘estallado por un impacto de alto calibre’“.

[6] En 2003 el gobierno del presidente Jorge Batlle estableció la “Comisión para la Paz”, y en definitiva dictó un decreto en el que se declaró que las conclusiones del Informe Final de esa Comisión “constituyen la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto”. Ese Informe Final concluía respecto de 26 personas que “fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos –en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional”. 

A diferencia de esto, los informes de 2005 fueron declaraciones propias de las Fuerzas Armadas, presentadas por sus tres Comandantes en Jefe.

[7] Comenté declaraciones de un presidente del Centro Militar en noviembre de 2016 en el artículo Un mini-Goebbels que la tuvo fácil.

LA MEMORIA NO ES SÓLO RECUERDO por Ignacio Martínez 

La memoria de nuestro pasado reciente debe transcender el recuerdo simbólico y evocativo de lo sucedido. Es válido, sí, pero no alcanza con denunciar el terrorismo de Estado y los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la barbarie.

Se impone incorporar el estudio de las razones de lo sucedido. Es necesario que nos pongamos de acuerdo en los motivos que hicieron posible esas atrocidades. Tenemos que analizar y ponernos de acuerdo en las razones sociales, políticas, ideológicas, regionales e internacionales que pregonaron esa movida político-militar en el continente y en nuestro país.

Un aspecto muy importante es asumir el análisis autocrítico, esa práctica poco usual en nuestros tiempos, para ver la cuota que nos toca de todo aquello.

La memoria también es aprender de lo ocurrido. Deberíamos plantearnos de manera permanente instancias o foros en esa dirección. Incluso autocrítica de nuestra práctica cotidiana hoy, donde las condiciones son diferentes y tenemos más fuerza y estamos en resortes de decisiones claves para la transformación del país que anhelamos.

Propongo algunos temas:

1-¿Es hoy el mañana que soñamos ayer?

2-Todos los esfuerzos realizados, las vidas ofrendadas para que se terminara la miseria, para que no existiera más violencia de ningún tipo, para que pudiéramos vivir en paz, con las necesidades humanas resueltas ¿se están verificando en este momento?

3-¿Estamos haciendo lo correcto para asegurar esas conquistas y lograr las que faltan?

Este momento se vuelve crucial. Estamos rodeados de avanzadas oscurantistas, hipócritas, decididas a destruir las conquistas sociales y jurídicas alcanzadas. Los voceros de esas cruzadas medioevales son los mismos de antaño o sus descendientes.

Se vuelve imprescindible hoy más que nunca coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

La campaña electoral va a estar centrada en una ofensiva plagada de moralina, mentiras y tergiversaciones con la marca Alonso, Lacalle, Bordaberry, Larrañaga, Sanguinetti y Novick entre otros. Para ellos también debemos tener memoria y decir con todas las letras quienes son, qué han hecho, qué piensan hacer con las conquistas sociales que conseguimos hasta ahora y que ya han adelantado destruir.

Nosotros deberemos responder con el Programa sin dejar de mostrar la autocrítica sincera en todos los órdenes. Y si de algo debemos estar bien firmes y seguros es de no parecernos nunca, en lo más mínimo, a ellos con rencillas partidarias y avaricias de cargos y candidaturas.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 16 . 8 . 2018

PENA DE MUERTE, YA EXISTIÓ EN URUGUAY por Milton Romani Gerner

Regresábamos del recreo. Escuela República Argentina. Salón de quinto año, con grandes vidrios esmerilados hacia el segundo patio abierto. Amanda Aurora Goyen, que había sido maestra rural, nos dijo mirando el reloj:  Niños, a esta hora están matando a un hombre. Quedamos helados. Ella empezó un corto pero emotivo mensaje humanista, que la llevo a sacarse sus anteojos negros que siempre usaba, y secarse las lágrimas. ¨Así es, agrego. en una cárcel de EEUU están matando a un hombre en la cámara de gas por crímenes que el dice no haber cometido. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie¨. En aquellos momentos el caso Caryl Chesman fue noticia mundial. Había estudiado derecho en la cárcel y hacía ejercicio de su defensa. Los medios de entonces lo titulaban El asesino de la luz roja. Quizás no era inocente. Pero no merecía morir.

La obra de teatro Procesado 1040, del celebre Juan C. Patrón, llamativamente se ha dejado de difundir, planteaba que todos podemos ser presos en algún momento.

Eso vaya si lo sabemos bien.

La gente que se transforma en turba y pide pena de muerte es impermeable a los argumentos racionales. Porque están reaccionando primariamente a un instinto salvaje. Lo que es imperdonable en términos de convivencia, es que haya políticos que siguen fogoneando este tema en forma totalmente irresponsable. Para no citar el rol de algunos medios de comunicación que son, francamente, amplificadores y grandes escuelas del crimen. Que es sino, los reiterados videos de copamiento de estaciones de servicios o de supermercados, con el detalle de como entran, como amenazan y como se fugan. ¿Esto es disuasivo? No lo es. Resulta que hay un mito que impide que se den noticias o se graban videos sobre suicidios. Fui voluntario en Prevención de Suicidios durante cuatro años. Se de lo que hablo. No hay ninguna ley que impida eso. Pero se sabe que hay un efecto imitación, y que la aparición de la noticia, ¨invita¨ por decirlo, e impulsa al acting a quienes tienen ideas de muerte. Porque no seria lo mismo en los atracos e incluso en los homicidios. Creo que hay una ética de la comunicación que tendría que estar al servicio de la prevención y la convivencia y que no colide con la libertad de expresión.

El tema es que solo quieren satisfacer, sus deseos primarios de venganza y le importan tres carajos si es o no útil. Es bastante fácil deducir que la pena de muerte, como la intensificación de todas la penas, la inflación penal, nunca ha servido para un carajo. Claro que nunca piensan en la retaliación, o como esto incrementa la violencia. Una vez declare a Voces:

¨Los pibes del Marconi están diciendo: “Vení, yo quiero bronca, yo estoy acostumbrado a los palos.” ¿Qué les vas a proponer? ¿Rigor? Eso es profundizar la escalada de violencia por parte del Estado. Preguntales a Colombia, a México, a todos, preguntales qué lograron aumentando los niveles de violencia. A lo mejor no tengo la solución, pero lo que te puedo asegurar es que si les das palo, ellos van a decir: “Vení. ¿Me metés en cana? Me escapo” Te voy a decir una cosa como profesor de psicopatología. ¿Sabés a quien es al único que calma el diagnóstico? Porque viste que en psicología y en salud mental son enloquecidos por tener un diagnóstico. Al único que calma es al diagnosticador, porque al tipo al que le hiciste el diagnóstico no lo calmaste nada. ¿A quién calman las penas? Al que pone las penas, que piensa que resolvió un problema. El fenómeno no lo resolvió. Milton Cairoli, cuando fue a la comisión de adicciones de Diputados se quejaba diciendo que ya lo habían convocado en el año 97 porque habían querido poner el delito de copamiento. ¨No, no creen un nuevo delito, porque el delito de copamiento es un delito de rapiña con privación de libertad¨ Lo crearon. En esa época había dos copamientos, y ahora que existe el delito hay cuatrocientos¨

Las sociedades necesitan cada tanto un chivo expiatorio que purgue las penas de todos y todas. El odio es un componente inevitable de los seres humanos, y para muestra está Mercedes Vigil hablando de Daniel Viglietti. Todo lo malo lo colocamos en alguien, que quizás no es un santo, pero que se lo demoniza de tal forma que no hay lugar para ningún rasgo de humanismo. Insólitamente en estos últimos hechos, el rasgo humano partió de los familiares de Florencia y de la mamá de Christian Pastorino. Que la crónica policial espectacularizada siempre le roba la identidad. Es difícil recordar el nombre de El Pelado, que fue todo un ícono criminal y al que muchos hubieran matado. Hace tiempo allá en los 60, fue la época de El Cacho. El “símbolo uruguayo del Mal¨ tituló Eduardo Galeano a una crónica y reportaje al infantojuvenil (así se lo etiquetaba) Zelacio Durán Naveiras, alias “El Cacho”.

Pena de muerte ya se practicó, y como, en Uruguay. Sin vericuetos legales. No se trata de un recurso evasivo, sino en señalar que esto ocurrió y esta impune. En materia de seguridad ciudadana, sigue siendo una amenaza.  Recordemos la tesonera investigación de Roger Rodriguez.

¨El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a Montevideo, de forma ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” de Automotores Orletti. Fueron entregados a oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos. El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), tripulado por el mayor Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro Malquín (copiloto) y el capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la plataforma de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter Dopazzo. Los 22 uruguayos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya. Fueron secuestrados en sus domicilios en setiembre y octubre por comandos de una coordinación represiva integrada por la Policía Federal, la banda de Aníbal Gordon y militares uruguayos. Los últimos estaban comandados por el mayor José Nino Gavazzo del Servicio de Información y Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina operaron los oficiales Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo Medina y José Sande, además de un grupo de soldados¨

Es el mismo grupo criminal organizado estatal, que aplico la pena de muerte a Zelmar, Gutierrez Ruiz, Rosario y Whithelaw. Los mismos que trasladaron desde Buenos Aires a Floreal García, Mirtha Hernández de García, Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo de Brum, embarazada de seis meses y medio, y Graciela Estefanell y le aplicaron pena de muerte en Soca, dejando desaparecido al niño Amaral Garcia que como otros niños solo fueron recuperados a pura militancia. Que cumplía ordenes, alguna de las cuales fueron decididas en el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) presidida por Juan María Bordaberry. Como también fue decidida la pena de muerte para Elena Quinteros según el Memorandum Secreto que condeno al ex Ministro de RREE Juan Carlos Blanco.

No hay alarma sobre estos hechos. Nos sigue indignando a muchos. La inseguridad de los mismos permanece por el cerrado secreto de las instituciones castrenses, que sí tienen información y siguen, ominosamente, guardando camposantos ilegales en los cuarteles de la patria.

Publicado en Semanario Voces 1/3/2016

SURCADOS POR ARAÑAZOS por Adriana Cabrera Esteve

“En esta ola de recuerdos que refluye la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. […] Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas”. (Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino)

El 29 de junio tomó estado parlamentario el proyecto de Ley de Sitios de la Memoria Histórica. Fue presentado por el senador Marcos Carámbula y discutido y consensuado por la Red Pro Sitios de Memoria, que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, el Museo de la Memoria, la Asociación Ágora, la Fundación Zelmar Michelini, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, el Área de Derechos Humanos de la Universidad de la República, el Servicio Paz y Justicia, entre otros.

El proyecto de ley es otra iniciativa que se articula con la ya existente 18.596, sobre la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, que reconoce su responsabilidad en cuanto a los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado y el derecho de las víctimas a la reparación. En su artículo 8, establece: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.

La creación de instancias, sitios y marcas es una herramienta importante para las políticas públicas de memoria, que aportan a la reparación simbólica de las víctimas del terrorismo de Estado, con el objetivo de devolverles su dignidad y deconstruir el relato dominante durante décadas, así como al conocimiento de la verdad y la realización de la justicia. En Uruguay, la mayoría de las veces, estas iniciativas han recaído en las víctimas o sus familiares. La Marcha del Silencio, al cumplirse los 20 años del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, fue y es una de las principales manifestaciones de memoria y tuvo como principales protagonistas a los familiares de los desaparecidos y los asesinados. El Memorial de los Desaparecidos se inauguró el 10 de diciembre de 2001 en el Parque Vaz Ferreira, del Cerro; fue promovido por una comisión nacional y auspiciado por la Intendencia de Montevideo (IM), la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. El Museo de la Memoria, en lo que fuera la casaquinta del dictador general Máximo Santos, fue también un proyecto de organizaciones sociales en conjunto con la IM. Los cambios en el nomenclátor no sólo respondieron a iniciativas de los diferentes niveles de gobierno, sino también a impulsos locales de vecinos y familiares de las víctimas. Así se incluyó en la memoria colectiva del territorio a Héctor Gutiérrez Ruiz, a Zelmar Michelini, a Walter Medina, a Enrique Erro, a Líber Arce, a Washington Pérez, a Susana Pintos, entre otros. Las marcas de memoria que encontramos en varios lugares, por ejemplo a las puertas del teatro El Galpón o en el Obelisco de los Constituyentes de 1830, son el resultado del proyecto Memorias de la Resistencia, impulsado por referentes de la sociedad civil. El Memorial para los Desaparecidos de Mercedes, inaugurado el año pasado, fue también una iniciativa de las organizaciones de derechos humanos.

La mencionada ley 18.596 habilitó más recientemente a colocar marcas de memoria en los lugares de represión. Diversas iniciativas han sido presentadas ante la Comisión Especial del Ministerio de Educación y Cultura, con resultados positivos, y las marcas fueron instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional, por ejemplo, la de la Cárcel de Cabildo o la de la Dirección de Información e Inteligencia Policial.

Crear y educar en un nuevo relato que incorpore la verdad histórica supone estos espacios de homenaje y reconocimiento. Sin embargo, es de anotar la inexistencia en Uruguay de espacios de memoria en los lugares que fueron centros clandestinos y no clandestinos de represión, como la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotoras Orletti, en Argentina, y el Memorial de la Resistencia de San Pablo en Brasil, donde antes funcionara el Departamento de Orden Político y Social. La iniciativa del Espacio Memorias para la Paz que pretendía crear un Museo para la Paz en la cárcel de Punta de Rieles y su entorno tuvo que conformarse con la plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles.

En estos momentos hay dos iniciativas en curso. Una es el sitio del Servicio de Información de Defensa, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura. El edificio perteneció luego al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y hoy aloja a la INDDHH. Por allí pasaron los secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, en su mayoría aún desaparecidos. El lugar fue adaptado para el funcionamiento del CALEN primero y para la INDDHH después. Del relato de los sobrevivientes surge que casi no quedan huellas de cómo era entonces. La otra iniciativa proviene del Museo de la Memoria, que pretende construir un sitio abierto al público en el galpón 4 del Servicio de Material y Armamento, conocido como 300 Carlos o Infierno Grande, donde fueron torturados y asesinados presos políticos durante la dictadura. En el predio lindero al Batallón 13 fueron encontrados los restos de Fernando Miranda. La Red Pro Sitios de Memoria impulsa otros proyectos similares, cada uno con sus particularidades.

Creemos que la invisibilidad de esos espacios físicos contribuye a ocultar el pasado reciente. Los sitios de memoria son “una herramienta para la materialización de los hechos allí ocurridos”, reza el proyecto; de ahí la importancia de una ley que los resguarde. No sólo a los efectos de encontrar restos de desaparecidos, sino también de visibilizar el modus operandi de los represores y los rastros en muros y pisos que muchas veces subsisten a pesar de la pintura. Los sitios son escenarios de crímenes y como tales deberían haber sido tratados, para permitir a las víctimas su reconocimiento, para hacer estudios periciales y para crear equipos multidisciplinarios que determinasen las medidas necesarias para evitar su deterioro.

La memoria está unida indisolublemente a la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso los espacios físicos donde se cometieron violaciones a los derechos humanos deben ser preservados también como evidencia y se debe garantizar su accesibilidad y su intangibilidad. En Uruguay hay medidas que impiden innovar sobre algunos predios militares. Sin embargo, el transcurso del tiempo, el pacto de silencio de los militares y el ocultamiento de información han tenido como consecuencia su manipulación, transformación y a veces desaparición; es el caso de la casona de la calle Millán (Millán 4269), donde actualmente existe una cooperativa de viviendas.

Al mismo tiempo, la derecha, lejos de establecer una mirada autocrítica sobre el pasado, se ha reafirmado en su discurso, lo ha fortalecido con un equipo de abogados y expertos, y lo difunde a diario en las redes por medio de un grupo de trolls creados para tal fin. La omertá es, a esta altura, una patología con visos de cronicidad de nuestra democracia. Dos testimonios recientes de soldados parecen ser una grieta en esa pared oscura. Disputar ese relato con evidencias, existentes, por cierto, explayarnos y enriquecer la defensa de las libertades democráticas es un imperativo del momento político nacional e internacional.

La reconstrucción de la verdad tiene una dimensión personal y una dimensión colectiva. Es una verdad dinámica que cambia con nuevos aportes, a veces de las víctimas, a veces de los vecinos, a veces de la comunidad. Esa verdad siempre precaria es un derecho de la ciudadanía, derecho a conocer los hechos y a hacerse cargo de su pasado, derecho a construir su identidad con ella. Una identidad difícil de objetivar, por lo dolorosa y traumática, pero necesaria para no repetir errores y estar alerta ante propuestas revisionistas. Estos sitios contribuyen a educar en derechos como garantía de no repetición y, en diálogo con la comunidad, a construir nuevas subjetividades. El cambio de uso de estos lugares crea nuevas relaciones y resignifica el territorio. Estas transformaciones siguen siendo un debe. Por otra parte, no deja de indignar la lentitud pasmosa con la que los gobiernos progresistas han avanzado en el análisis de los archivos, el sometimiento a la justicia de los responsables y la construcción proactiva de la memoria como garantía de un nunca más al terrorismo de Estado. Quizás estemos aún a tiempo de dar un giro a la situación. Nutrirnos de expertise, decisiones políticas y ejecutividad, y volcar los recursos materiales y humanos suficientes para desentrañar nuestro pasado.

Hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976
Publicado en Dínamo/ La Diaria el 28/8/2017

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