PARADOJAS EN LA REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA por Nicolás Grab

La lucha por rescatar las verdades trágicas sobre la dictadura exige que se sepa recoger sus frutos. Que se los valore y se los utilice.

El 8 de abril pasado el Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Feola, dijo esto refiriéndose a los crímenes de la dictadura: “No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”. Esa misma tarde lo rectificó en un comunicado oficial por orden del Ministro de Defensa José Bayardi.

Según trascendió[2], el diálogo que mantuvieron incluyó esta pregunta del ministro: “Que acá ha habido detenidos desaparecidos es algo que el Ejército ya ha planteado y aceptado desde el año 2005. ¿Qué piensa usted al respecto?” A lo que Feola habría contestado: “Sí, por supuesto yo no estoy en contra de lo que el Ejército ha aceptado“.

Este artículo no se dedicará al episodio, que tuvo su natural resonancia, sino a algo que se mencionó en él. Algo que viene al caso y cuya trascendencia es muy particular.

El ministro Bayardi hizo referencia a lo que el Ejército “ya ha planteado y aceptado desde el año 2005”. Y el Comandante respondió admitiendo “lo que el Ejército ha aceptado”.

¿A qué se referían ambos? ¿Qué cosas “aceptó” el Ejército según reconoce el Comandante? ¿Qué ocurrió en ese año 2005?

Habrá lectores que lo sepan. Y habrá otros que no lo sepan o no lo recuerden. Muchos otros.

* * *

En 2005, su primer año de gobierno, el presidente Tabaré Vázquez ordenó que los Comandantes en Jefe recabaran información sobre los desaparecidos. Recibió entonces un informe del Comando General del Ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea.[3]

Esos informes confirmaron positiva y oficialmente todo lo que durante casi treinta años se había negado y se imputaba a conjuras calumniosas, y que todavía hoy se pretende volver a cuestionar o poner en duda.

Los informes confirmaron que 23 desaparecidos cuya detención siempre se había negado no sólo estuvieron presos, sino que murieron en la tortura.[4]  El informe del Ejército presentó una enumeración de casos de muerte de detenidos, con esta explicación: “Los casos marcados con un asterisco, de acuerdo con la información recabada, permitirían suponer que se desarrollaron dentro del marco de operaciones de inteligencia“, o sea en interrogatorios. Son 21 los casos señalados con ese asterisco. Y si alguien tiene dudas sobre lo que significa una muerte “dentro del marco de operaciones de inteligencia“, lo dejan muy aclarado algunas explicaciones individuales: por ejemplo, el informe sobre Oscar Baliñas precisa que “su deceso … se produjo por rotura de bazo”.

El informe del Ejército confirmó expresamente que era práctica habitual atribuir a “intentos de fuga” la muerte de presos. Lo explica así: “Cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la justicia y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad.” Entre los casos individuales se precisan detalles. En el de Julio Correa: “Posteriormente a su fallecimiento se realizó un allanamiento en su domicilio y se solicitó su captura como medida de encubrimiento.” Sobre Luis Eduardo González: “Se pretendió encubrir su muerte con un comunicado de prensa en la que se ponía en conocimiento de su fuga.”

Y el colmo insuperable son dos asesinatos cuyo grado de infamia no encuentra adjetivos. El informe del Ejército confirmó que dos mujeres (Elena Quinteros y María Claudia García, que tenía 19 años) murieron en asesinatos premeditados, por decisiones acordadas, ordenadas, organizadas y ejecutadas en el Ejército. Dice así su informe respecto de María Claudia (una muchacha argentina que nunca había estado en Uruguay):

Fue trasladada a Montevideo desde Buenos Aires presuntamente por personal del Servicio de Información de Defensa, en el mes de octubre de 1976. Estuvo detenida en la sede del SID ubicado en la Avenida Bulevar Artigas esquina Palmar, separada de los demás detenidos, en avanzado estado de gravidez. Después de dar a luz en el Hospital Militar fue trasladada nuevamente al mismo lugar de detención. En diciembre de 1976 se la separó de su hija y fue trasladada a los predios del Batallón I de Paracaidistas N° 14 donde se le dio muerte.

Respecto de Elena Quinteros dice así:

Fue detenida por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044, el 26 de junio de 1976 y se le condujo a las instalaciones del Servicio de Material y Armamento (‘300 Carlos’). Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año y sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Parac. No 14, posteriormente exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

Como se ve, en los dos casos se usaron los mismos términos para explicar de qué murió la víctima. Murió porque “se le dio muerte“.

Cuatro palabras lanzadas con la indiferencia de quien menciona de pasada un dato banal. “Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año…”. ¿Se puede concebir algo más estremecedor que esta declaración impávida? Piénsese en todo lo que sobreentienden esas trece letras. Hubo quienes discutieron y acordaron que se asesinara. Hubo quien decidió cuándo, dónde y cómo se asesinaría. Hubo quienes transmitieron la orden de asesinar. Y hubo quien asesinó. (Y hubo, ¡y sigue habiendo!, quienes ocultan y encubren.)

Cuando ha llegado a plantearse una discusión inverosímil sobre si los crímenes cometidos afectan o no afectan el honor institucional del Ejército, es oportuno recordar a la madre de 19 años a la que esa institución resolvió matar y mató. Se le dio muerte. Sería lunático responsabilizar del crimen sólo al que personalmente le tronchó la vida. Ese ser miserable actuaba en el seno de una institución. En el Ejército, con sus jerarquías y sus cadenas de mando, era inconcebible un hecho así que no estuviera explícitamente ordenado o autorizado; y bien lo confirma la actitud unánime de encubrimiento y negación que se implantó y se mantuvo por décadas. Es imposible ver estos crímenes como otra cosa que actos institucionales, sin lo cual no serían imaginables ni su concepción, ni su ejecución, ni esta concertación en la negación y la mentira.

(La actitud del Ejército de asumir institucional y orgánicamente sus actos criminales del tiempo de la dictadura, sin crítica ni objeción moral, tuvo una confirmación más en este mismísimo informe de 2005. El Comandante en Jefe que lo presentó (el Gral. Ángel Bertolotti), en la nota al Presidente que acompañó el informe, dijo esto de sus antecesores del tiempo de los crímenes: “Sabemos también que los camaradas que nos han precedido en esta responsabilidad cumplieron cabalmente con su deber en el tiempo histórico y político en el que les correspondió actuar”.)

* * *

Los informes de las Fuerzas Armadas de 2005 también contienen falsedades. Son muchas, y bastará citar un par de ejemplos. El informe del Ejército dice que los restos de Fernando Miranda y de Julio Castro fueron enterrados pero más tarde fueron exhumados y cremados y “sus cenizas y restos esparcidos en la zona“. Mentira, puesto que los restos de ambos fueron encontrados después, enterrados en predios militares. (Y Julio Castro, que según el informe simplemente “falleció”, presentaba un orificio de bala en la frente.[5]) O esto: el Ejército dijo que Elena Quinteros fue detenida “en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044”, cuando en realidad la sacaron del predio de la embajada de Venezuela en un episodio tan escandaloso que generó un incidente internacional por el que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con la dictadura uruguaya.

Frente a todo esto la izquierda y las organizaciones de derechos humanos tendieron en general a adoptar una actitud que no fue acertada. Predominó siempre el criterio de poner en primer plano las falsedades de los informes y descalificarlos como una sarta de mentiras que añadió una fechoría más al encubrimiento de las atrocidades.

Es absurdo limitarse a denostar los informes por sus datos falsos en vez de proclamar a los cuatro vientos los horrores de esa confesión.

Los informes de 2005 fueron un logro enorme en la conquista de la verdad. Fueron un hito histórico; tardío y criticable, pero fundamental. Son la reivindicación de las denuncias vilipendiadas durante décadas en que los gobiernos prohijaron la conjura de encubrimiento de las instituciones militares.

Y son una lápida que debe sellar las pretensiones de cuestionar todavía la realidad de los crímenes. La patraña de poner en duda las atrocidades de la dictadura, aunque ha perdido el patrocinio oficial que tuvo hasta 2003[6], no ha dejado nunca de esgrimirse, sobre todo en medios militares.[7] ¿Qué refutación podría ser más eficaz que esta confesión ilevantable?

* * *

La reivindicación de la verdad y la afirmación de la memoria son partes de una lucha que no atañe sólo al pasado, sino también al futuro.

Pero hay algo que es indispensable para el éxito de esa lucha: que sus frutos se recojan. Que se los valore y se los utilice. Que los logros se consignen y las verdades reconquistadas se hagan valer como pruebas de la justicia del empeño. Es un despropósito que todo eso se desprecie y se deje caer en el olvido.

¿Qué se hizo para difundir las confesiones de los informes de 2005? ¿Qué organizaciones las publicaron y se dedicaron a divulgarlas? ¿Se buscó incorporar esas verdades en la conciencia general de la población?

¿Quién habla de los informes de 2005? ¿Se los evoca alguna vez?

Hay un indicio que lo dice todo. Los informes no existen en Internet salvo en un único lugar, que es el citado en la nota 3: en el trabajo monumental coordinado por Álvaro Rico sobre los detenidos desaparecidos. Hay que ir a buscar los informes allí: en el cuarto de sus cinco tomos, en la sección 3. Fuera de ahí no se los encuentra. (VADENUEVO presenta ahora los cinco informes en su sección DOCUMENTOS.)

* * *

Hay cosas que nos falta mejorar.

Publicado en Vadenuevo.com.uy – mayo 2019

(Este artículo contiene pasajes de textos anteriores publicados por el autor.)[1]

[1] Especialmente en el artículo Recordemos, publicado en vadenuevo Nº 34 (julio de 2011).

[2] Por ejemplo, en El País (9 de abril).

[3] Los cinco informes pueden verse transcritos en la sección DOCUMENTOS. Fueron publicados completos en Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del art. 4º de la Ley Nº 15.848 (Alvaro Rico (coordinador), 2007), tomo 4, Sección 3, págs. 75 a 105. El informe del Ejército es el primero (págs. 75 a 82).

[4] Los 21 casos que se comentan en este párrafo del texto (declarados por el Ejército) y otros dos declarados en el informe de la Fuerza Aérea.

[5] Por ejemplo: Subrayado (1º de diciembre de 2011): “Cráneo de Julio Castro ‘estallado por un impacto de alto calibre’“.

[6] En 2003 el gobierno del presidente Jorge Batlle estableció la “Comisión para la Paz”, y en definitiva dictó un decreto en el que se declaró que las conclusiones del Informe Final de esa Comisión “constituyen la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto”. Ese Informe Final concluía respecto de 26 personas que “fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos –en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional”. 

A diferencia de esto, los informes de 2005 fueron declaraciones propias de las Fuerzas Armadas, presentadas por sus tres Comandantes en Jefe.

[7] Comenté declaraciones de un presidente del Centro Militar en noviembre de 2016 en el artículo Un mini-Goebbels que la tuvo fácil.

LA MEMORIA NO ES SÓLO RECUERDO por Ignacio Martínez 

La memoria de nuestro pasado reciente debe transcender el recuerdo simbólico y evocativo de lo sucedido. Es válido, sí, pero no alcanza con denunciar el terrorismo de Estado y los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la barbarie.

Se impone incorporar el estudio de las razones de lo sucedido. Es necesario que nos pongamos de acuerdo en los motivos que hicieron posible esas atrocidades. Tenemos que analizar y ponernos de acuerdo en las razones sociales, políticas, ideológicas, regionales e internacionales que pregonaron esa movida político-militar en el continente y en nuestro país.

Un aspecto muy importante es asumir el análisis autocrítico, esa práctica poco usual en nuestros tiempos, para ver la cuota que nos toca de todo aquello.

La memoria también es aprender de lo ocurrido. Deberíamos plantearnos de manera permanente instancias o foros en esa dirección. Incluso autocrítica de nuestra práctica cotidiana hoy, donde las condiciones son diferentes y tenemos más fuerza y estamos en resortes de decisiones claves para la transformación del país que anhelamos.

Propongo algunos temas:

1-¿Es hoy el mañana que soñamos ayer?

2-Todos los esfuerzos realizados, las vidas ofrendadas para que se terminara la miseria, para que no existiera más violencia de ningún tipo, para que pudiéramos vivir en paz, con las necesidades humanas resueltas ¿se están verificando en este momento?

3-¿Estamos haciendo lo correcto para asegurar esas conquistas y lograr las que faltan?

Este momento se vuelve crucial. Estamos rodeados de avanzadas oscurantistas, hipócritas, decididas a destruir las conquistas sociales y jurídicas alcanzadas. Los voceros de esas cruzadas medioevales son los mismos de antaño o sus descendientes.

Se vuelve imprescindible hoy más que nunca coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

La campaña electoral va a estar centrada en una ofensiva plagada de moralina, mentiras y tergiversaciones con la marca Alonso, Lacalle, Bordaberry, Larrañaga, Sanguinetti y Novick entre otros. Para ellos también debemos tener memoria y decir con todas las letras quienes son, qué han hecho, qué piensan hacer con las conquistas sociales que conseguimos hasta ahora y que ya han adelantado destruir.

Nosotros deberemos responder con el Programa sin dejar de mostrar la autocrítica sincera en todos los órdenes. Y si de algo debemos estar bien firmes y seguros es de no parecernos nunca, en lo más mínimo, a ellos con rencillas partidarias y avaricias de cargos y candidaturas.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 16 . 8 . 2018

PENA DE MUERTE, YA EXISTIÓ EN URUGUAY por Milton Romani Gerner

Regresábamos del recreo. Escuela República Argentina. Salón de quinto año, con grandes vidrios esmerilados hacia el segundo patio abierto. Amanda Aurora Goyen, que había sido maestra rural, nos dijo mirando el reloj:  Niños, a esta hora están matando a un hombre. Quedamos helados. Ella empezó un corto pero emotivo mensaje humanista, que la llevo a sacarse sus anteojos negros que siempre usaba, y secarse las lágrimas. ¨Así es, agrego. en una cárcel de EEUU están matando a un hombre en la cámara de gas por crímenes que el dice no haber cometido. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie¨. En aquellos momentos el caso Caryl Chesman fue noticia mundial. Había estudiado derecho en la cárcel y hacía ejercicio de su defensa. Los medios de entonces lo titulaban El asesino de la luz roja. Quizás no era inocente. Pero no merecía morir.

La obra de teatro Procesado 1040, del celebre Juan C. Patrón, llamativamente se ha dejado de difundir, planteaba que todos podemos ser presos en algún momento.

Eso vaya si lo sabemos bien.

La gente que se transforma en turba y pide pena de muerte es impermeable a los argumentos racionales. Porque están reaccionando primariamente a un instinto salvaje. Lo que es imperdonable en términos de convivencia, es que haya políticos que siguen fogoneando este tema en forma totalmente irresponsable. Para no citar el rol de algunos medios de comunicación que son, francamente, amplificadores y grandes escuelas del crimen. Que es sino, los reiterados videos de copamiento de estaciones de servicios o de supermercados, con el detalle de como entran, como amenazan y como se fugan. ¿Esto es disuasivo? No lo es. Resulta que hay un mito que impide que se den noticias o se graban videos sobre suicidios. Fui voluntario en Prevención de Suicidios durante cuatro años. Se de lo que hablo. No hay ninguna ley que impida eso. Pero se sabe que hay un efecto imitación, y que la aparición de la noticia, ¨invita¨ por decirlo, e impulsa al acting a quienes tienen ideas de muerte. Porque no seria lo mismo en los atracos e incluso en los homicidios. Creo que hay una ética de la comunicación que tendría que estar al servicio de la prevención y la convivencia y que no colide con la libertad de expresión.

El tema es que solo quieren satisfacer, sus deseos primarios de venganza y le importan tres carajos si es o no útil. Es bastante fácil deducir que la pena de muerte, como la intensificación de todas la penas, la inflación penal, nunca ha servido para un carajo. Claro que nunca piensan en la retaliación, o como esto incrementa la violencia. Una vez declare a Voces:

¨Los pibes del Marconi están diciendo: “Vení, yo quiero bronca, yo estoy acostumbrado a los palos.” ¿Qué les vas a proponer? ¿Rigor? Eso es profundizar la escalada de violencia por parte del Estado. Preguntales a Colombia, a México, a todos, preguntales qué lograron aumentando los niveles de violencia. A lo mejor no tengo la solución, pero lo que te puedo asegurar es que si les das palo, ellos van a decir: “Vení. ¿Me metés en cana? Me escapo” Te voy a decir una cosa como profesor de psicopatología. ¿Sabés a quien es al único que calma el diagnóstico? Porque viste que en psicología y en salud mental son enloquecidos por tener un diagnóstico. Al único que calma es al diagnosticador, porque al tipo al que le hiciste el diagnóstico no lo calmaste nada. ¿A quién calman las penas? Al que pone las penas, que piensa que resolvió un problema. El fenómeno no lo resolvió. Milton Cairoli, cuando fue a la comisión de adicciones de Diputados se quejaba diciendo que ya lo habían convocado en el año 97 porque habían querido poner el delito de copamiento. ¨No, no creen un nuevo delito, porque el delito de copamiento es un delito de rapiña con privación de libertad¨ Lo crearon. En esa época había dos copamientos, y ahora que existe el delito hay cuatrocientos¨

Las sociedades necesitan cada tanto un chivo expiatorio que purgue las penas de todos y todas. El odio es un componente inevitable de los seres humanos, y para muestra está Mercedes Vigil hablando de Daniel Viglietti. Todo lo malo lo colocamos en alguien, que quizás no es un santo, pero que se lo demoniza de tal forma que no hay lugar para ningún rasgo de humanismo. Insólitamente en estos últimos hechos, el rasgo humano partió de los familiares de Florencia y de la mamá de Christian Pastorino. Que la crónica policial espectacularizada siempre le roba la identidad. Es difícil recordar el nombre de El Pelado, que fue todo un ícono criminal y al que muchos hubieran matado. Hace tiempo allá en los 60, fue la época de El Cacho. El “símbolo uruguayo del Mal¨ tituló Eduardo Galeano a una crónica y reportaje al infantojuvenil (así se lo etiquetaba) Zelacio Durán Naveiras, alias “El Cacho”.

Pena de muerte ya se practicó, y como, en Uruguay. Sin vericuetos legales. No se trata de un recurso evasivo, sino en señalar que esto ocurrió y esta impune. En materia de seguridad ciudadana, sigue siendo una amenaza.  Recordemos la tesonera investigación de Roger Rodriguez.

¨El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a Montevideo, de forma ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” de Automotores Orletti. Fueron entregados a oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos. El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), tripulado por el mayor Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro Malquín (copiloto) y el capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la plataforma de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter Dopazzo. Los 22 uruguayos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya. Fueron secuestrados en sus domicilios en setiembre y octubre por comandos de una coordinación represiva integrada por la Policía Federal, la banda de Aníbal Gordon y militares uruguayos. Los últimos estaban comandados por el mayor José Nino Gavazzo del Servicio de Información y Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina operaron los oficiales Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo Medina y José Sande, además de un grupo de soldados¨

Es el mismo grupo criminal organizado estatal, que aplico la pena de muerte a Zelmar, Gutierrez Ruiz, Rosario y Whithelaw. Los mismos que trasladaron desde Buenos Aires a Floreal García, Mirtha Hernández de García, Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo de Brum, embarazada de seis meses y medio, y Graciela Estefanell y le aplicaron pena de muerte en Soca, dejando desaparecido al niño Amaral Garcia que como otros niños solo fueron recuperados a pura militancia. Que cumplía ordenes, alguna de las cuales fueron decididas en el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) presidida por Juan María Bordaberry. Como también fue decidida la pena de muerte para Elena Quinteros según el Memorandum Secreto que condeno al ex Ministro de RREE Juan Carlos Blanco.

No hay alarma sobre estos hechos. Nos sigue indignando a muchos. La inseguridad de los mismos permanece por el cerrado secreto de las instituciones castrenses, que sí tienen información y siguen, ominosamente, guardando camposantos ilegales en los cuarteles de la patria.

Publicado en Semanario Voces 1/3/2016

SURCADOS POR ARAÑAZOS por Adriana Cabrera Esteve

“En esta ola de recuerdos que refluye la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. […] Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas”. (Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino)

El 29 de junio tomó estado parlamentario el proyecto de Ley de Sitios de la Memoria Histórica. Fue presentado por el senador Marcos Carámbula y discutido y consensuado por la Red Pro Sitios de Memoria, que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, el Museo de la Memoria, la Asociación Ágora, la Fundación Zelmar Michelini, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, el Área de Derechos Humanos de la Universidad de la República, el Servicio Paz y Justicia, entre otros.

El proyecto de ley es otra iniciativa que se articula con la ya existente 18.596, sobre la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, que reconoce su responsabilidad en cuanto a los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado y el derecho de las víctimas a la reparación. En su artículo 8, establece: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.

La creación de instancias, sitios y marcas es una herramienta importante para las políticas públicas de memoria, que aportan a la reparación simbólica de las víctimas del terrorismo de Estado, con el objetivo de devolverles su dignidad y deconstruir el relato dominante durante décadas, así como al conocimiento de la verdad y la realización de la justicia. En Uruguay, la mayoría de las veces, estas iniciativas han recaído en las víctimas o sus familiares. La Marcha del Silencio, al cumplirse los 20 años del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, fue y es una de las principales manifestaciones de memoria y tuvo como principales protagonistas a los familiares de los desaparecidos y los asesinados. El Memorial de los Desaparecidos se inauguró el 10 de diciembre de 2001 en el Parque Vaz Ferreira, del Cerro; fue promovido por una comisión nacional y auspiciado por la Intendencia de Montevideo (IM), la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. El Museo de la Memoria, en lo que fuera la casaquinta del dictador general Máximo Santos, fue también un proyecto de organizaciones sociales en conjunto con la IM. Los cambios en el nomenclátor no sólo respondieron a iniciativas de los diferentes niveles de gobierno, sino también a impulsos locales de vecinos y familiares de las víctimas. Así se incluyó en la memoria colectiva del territorio a Héctor Gutiérrez Ruiz, a Zelmar Michelini, a Walter Medina, a Enrique Erro, a Líber Arce, a Washington Pérez, a Susana Pintos, entre otros. Las marcas de memoria que encontramos en varios lugares, por ejemplo a las puertas del teatro El Galpón o en el Obelisco de los Constituyentes de 1830, son el resultado del proyecto Memorias de la Resistencia, impulsado por referentes de la sociedad civil. El Memorial para los Desaparecidos de Mercedes, inaugurado el año pasado, fue también una iniciativa de las organizaciones de derechos humanos.

La mencionada ley 18.596 habilitó más recientemente a colocar marcas de memoria en los lugares de represión. Diversas iniciativas han sido presentadas ante la Comisión Especial del Ministerio de Educación y Cultura, con resultados positivos, y las marcas fueron instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional, por ejemplo, la de la Cárcel de Cabildo o la de la Dirección de Información e Inteligencia Policial.

Crear y educar en un nuevo relato que incorpore la verdad histórica supone estos espacios de homenaje y reconocimiento. Sin embargo, es de anotar la inexistencia en Uruguay de espacios de memoria en los lugares que fueron centros clandestinos y no clandestinos de represión, como la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotoras Orletti, en Argentina, y el Memorial de la Resistencia de San Pablo en Brasil, donde antes funcionara el Departamento de Orden Político y Social. La iniciativa del Espacio Memorias para la Paz que pretendía crear un Museo para la Paz en la cárcel de Punta de Rieles y su entorno tuvo que conformarse con la plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles.

En estos momentos hay dos iniciativas en curso. Una es el sitio del Servicio de Información de Defensa, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura. El edificio perteneció luego al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y hoy aloja a la INDDHH. Por allí pasaron los secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, en su mayoría aún desaparecidos. El lugar fue adaptado para el funcionamiento del CALEN primero y para la INDDHH después. Del relato de los sobrevivientes surge que casi no quedan huellas de cómo era entonces. La otra iniciativa proviene del Museo de la Memoria, que pretende construir un sitio abierto al público en el galpón 4 del Servicio de Material y Armamento, conocido como 300 Carlos o Infierno Grande, donde fueron torturados y asesinados presos políticos durante la dictadura. En el predio lindero al Batallón 13 fueron encontrados los restos de Fernando Miranda. La Red Pro Sitios de Memoria impulsa otros proyectos similares, cada uno con sus particularidades.

Creemos que la invisibilidad de esos espacios físicos contribuye a ocultar el pasado reciente. Los sitios de memoria son “una herramienta para la materialización de los hechos allí ocurridos”, reza el proyecto; de ahí la importancia de una ley que los resguarde. No sólo a los efectos de encontrar restos de desaparecidos, sino también de visibilizar el modus operandi de los represores y los rastros en muros y pisos que muchas veces subsisten a pesar de la pintura. Los sitios son escenarios de crímenes y como tales deberían haber sido tratados, para permitir a las víctimas su reconocimiento, para hacer estudios periciales y para crear equipos multidisciplinarios que determinasen las medidas necesarias para evitar su deterioro.

La memoria está unida indisolublemente a la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso los espacios físicos donde se cometieron violaciones a los derechos humanos deben ser preservados también como evidencia y se debe garantizar su accesibilidad y su intangibilidad. En Uruguay hay medidas que impiden innovar sobre algunos predios militares. Sin embargo, el transcurso del tiempo, el pacto de silencio de los militares y el ocultamiento de información han tenido como consecuencia su manipulación, transformación y a veces desaparición; es el caso de la casona de la calle Millán (Millán 4269), donde actualmente existe una cooperativa de viviendas.

Al mismo tiempo, la derecha, lejos de establecer una mirada autocrítica sobre el pasado, se ha reafirmado en su discurso, lo ha fortalecido con un equipo de abogados y expertos, y lo difunde a diario en las redes por medio de un grupo de trolls creados para tal fin. La omertá es, a esta altura, una patología con visos de cronicidad de nuestra democracia. Dos testimonios recientes de soldados parecen ser una grieta en esa pared oscura. Disputar ese relato con evidencias, existentes, por cierto, explayarnos y enriquecer la defensa de las libertades democráticas es un imperativo del momento político nacional e internacional.

La reconstrucción de la verdad tiene una dimensión personal y una dimensión colectiva. Es una verdad dinámica que cambia con nuevos aportes, a veces de las víctimas, a veces de los vecinos, a veces de la comunidad. Esa verdad siempre precaria es un derecho de la ciudadanía, derecho a conocer los hechos y a hacerse cargo de su pasado, derecho a construir su identidad con ella. Una identidad difícil de objetivar, por lo dolorosa y traumática, pero necesaria para no repetir errores y estar alerta ante propuestas revisionistas. Estos sitios contribuyen a educar en derechos como garantía de no repetición y, en diálogo con la comunidad, a construir nuevas subjetividades. El cambio de uso de estos lugares crea nuevas relaciones y resignifica el territorio. Estas transformaciones siguen siendo un debe. Por otra parte, no deja de indignar la lentitud pasmosa con la que los gobiernos progresistas han avanzado en el análisis de los archivos, el sometimiento a la justicia de los responsables y la construcción proactiva de la memoria como garantía de un nunca más al terrorismo de Estado. Quizás estemos aún a tiempo de dar un giro a la situación. Nutrirnos de expertise, decisiones políticas y ejecutividad, y volcar los recursos materiales y humanos suficientes para desentrañar nuestro pasado.

Hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976
Publicado en Dínamo/ La Diaria el 28/8/2017

CUENTAS DE IMPUNIDAD por Roger Rodríguez*

La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.
Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.
De ellos, catorce permanecen en una prisión (José Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Maurente, Ernesto Soca, Ricardo Medina, José Sande, Gregorio Álvarez y Juan Larcebeau en la Cárcel de Domingo Arena; y José Ribero, Arturo Aguirre, Nelson Bardecio, Pedro Fleitas y Asencio Lucero en la Cárcel de Corceros) y cinco fueron beneficiados con la prisión domiciliaria (José Gavazzo, Ernesto Ramas, Juan Carlos Blanco, José Araújo Umpiérrez y Amodio Pérez).

Ramas, Gavazzo, Vázquez, Medina, Silveira y Arab no han enfrentado un Tribunal de Honor por sus crímenes.
Dos represores fueron excarcelados (Tranquilino Machado y Ricardo Zabala), uno fue sobreseído (Juan C. Gómez), cinco fallecieron (Juan M. Bordaberry, Carlos Calcagno, Alberto Gómez Graña, Miguel Dalmao y José Chialanza) y dos se suicidaron cuando los fueron a detener (Juan Rodríguez Buratti y Pedro Barneix). También hay tres procesados en Chile (Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli), uno ahora condenado en Argentina (Manuel Cordero), otro refugiado y en juicio en Italia (Jorge Tróccoli), tres prófugos (Pedro Mato, Hermes Tarigo y Miguel Sofía) y uno requerido (Ariel Ricci).
Pese a lo que dicen las normas militares, sólo se ha pronunciado un Tribunal Militar de Honor (Gilberto Vázquez) por un caso de fuga, que luego fue revisado por el Ministerio de Defensa Nacional. Todo los demás oficiales a quienes correspondían los juicios morales, que en algunos casos se iniciaron, no han tenido una sentencia. Unos porque no hay oficiales superiores que los puedan juzgar (Gregorio Alvarez) y otros porque no ha existido voluntad política ya que si se los condena deberían perder sus jubilaciones y prebendas, entre ellas la asistencia médica.

El dictador Gregorio Alvarez fue encarcelado por las desapariciones de 1977, pero ningún Tribunal de Honor ha dictado sentencia sobre su moral.
CUENTAS DE IMPUNES
A las reseñadas estadísticas de la impunidad, se puede narrar un largo collar de cuentas que muestran la impunidad en casos concretos que se han registrado desde la salida de la dictadura hasta la fecha. Episodios que en su momento pudieron o no ser denunciados en los medios de comunicación y aún ante la justicia, pero que demuestran hasta dónde los criminales de lesa humanidad son impunes en Uruguay.
El coronel Glauco Yanonne, uno de los oficiales que secuestró a Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Brasil en 1978, terminó siendo enviado a Oslo para recibir el premio nobel de la Paz por los cascos azules uruguayos durante la presidencia de Julio Sanguinetti. Se llegó a filmar un documental al respecto… Hoy es profesor de historia en la Escuela Militar, designado durante un gobierno del Frente Amplio.

Eduardo Ferro, tan impune ayer como hoy. Secuestró, torturó, asesinó, desapareció y exhibe un arsenal de balas calibre 30.
El coronel Eduardo Ferro, jefe del operativo contra Celiberti y Rodríguez, implicado en la desaparición de Oscar Tassino, quien trabajo en empresas de seguridad y fue asesor de legisladores colorados, organizó una reunión en Maldonado, a la que asistieron 900 camaradas. A cada uno la regaló un cartucho vivo de una bala Calibre 30 transformado en llavero. Nadie cuestionó oficialmente de dónde salieron esas balas y por qué un oficial retirado tenía una caja con un millar de municiones de armas de guerra. ¿Hay un arsenal en algún lado? ¿Justo en un entorno en el que se ha denunciado grupos de ultraderecha?.

La convocatoria y la bala calibre 30 que Ferro le regaló a sus camaradas en la reunión realizada en Maldonado en 2013
El coronel Guillermo Abella Zuasti, fue reconocido como un torturador al asistir al juzgado de la calle Misiones para solidarizarse con otros militares que eran indagados. Una víctima lo denunció al ver su foto en un diario. Era profesor de matemáticas y coordinador del curso de rematadores de la UTU. Algunos de sus alumnos eran hijos de las personas que él y sus compañeros habían torturado.

El mayor Mangini se exhibió armado ante una sede penal en 2007. En 1973 había asesinado con la JUP a Rodriguez Muela. Crimen impune.
A fines de 2007 fue citado por primera vez a un juzgado el general Iván Paulós. Lo acompañaron como escoltas el coronel Ferro y otro desconocido de lentes oscuros quien exhibía un arma en su cintura al arengar a los presentes. Era el mayor Enrique Mangini, uno de los militantes de la JUP que asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela en el Liceo 8 en 1972. Denunciado por la prensa, en su impunidad, inició un juicio por difamación. Su denuncia fue desechada, pero aún no lo juzgaron por su crimen.
Los militares Alberto Ballestrino (h), Ricardo Blanco Fanocchio y Gustavo Mieres Ultra asesinaron por torturas a Oscar Fernández Mendieta en el Batallón de Durazno en mayo de 1973. Su responsabilidad fue denunciada en 2009, pero todavía no fueron juzgados. Ballestrino es pastor en Maldonado, Mieres dirige el Club Tacuarembó y Blanco habría viajado al exterior. El pasado 18 de mayo, Día del Ejército y la Batalla de las Piedras, el comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, destacó el concepto de “trato digno al enemigo preso” que pedía el General Pablo Galarza en la guerra de 1904. Galarza es el nombre del batallón donde mataron a Fernández Mendieta.

La ayuda que Dan Mitrione pidió a EEUU incluía 4 Winchester 225 entregados a la DNII. Con ellos asesinaron a Heber Nieto en 1971.
En marzo de 2009 la historiadora Clara Aldrighi trajo documentos desclasificadoss en Estados Unidos que mostraban la ayuda que el agente norteamericano Dan Mitrione pidió para Uruguay antes de ser ejecutado por los Tupamaros en agosto de 1970. La “ayuda” llegó a fines de 1970. Incluía autos Mavericks, equipos de espionaje y armas, entre ellas cuatro winchester 225 con mira telescópica, que fueron usados para asesinar al estudiante Heber Nieto en la azotea de la Escuela de la Construcción en 1971. La semana pasada, 45 años después, un testigo fue citado a declarar por el caso en el juzgado penal 13…
CUENTAS DE IMPUNIDORES
Los criminales prófugos Jorge Tróccoli, Hermes Tarigo y Pedro Mato, estarían cobrando sus pensiones militares a través de tarjeta BROU internacional. Todos ellos deben presentarse periódicamente ante un consultado uruguayo para que les den el “certificado de vida” que luego envían al Servicio de Retiros y Pensiones Militares para que les habiliten el pago de sus jubilaciones. La Cancillería uruguaya sabe dónde está cada uno de ellos, porque esos papeles son enviados a Montevideo por los consulados.

Los militares prófugos obtienen certificados de vida en los consulados uruguayos y luego cobran sus jubilaciones en cajeros BROU.
Estos militares prófugos tampoco han sido sometidos a los tribunales de honor que les harían perder sus pensiones. Ser prófugos no sería deserción para las Fuerzas Armadas. Por el contrario, ellos también fueron favorecidos por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2008 declaró inconstitucional el impuesto a los sueldos (IRPF), de unos tres mil retirados militares, que en la causa estuvieron representados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez. Resulta paradójico que el Estado financie sus fugas…

El Ministerio del Interior censuró documentos desclasificados sobre Nibio Melo, pese al Art. 12 de la Ley 18.381.
En julio de 2010, el Ministerio del Interior censuró documentación desclasificada por la Ley de Acceso a la Información 18.381 sobre Nibio Melo, el hijo desaparecido de Luisa Cuesta, con el argumento de “bloquear datos de terceros” por la Ley de Protección de Datos Personales 18.331; pese a lo que específicamente dice el artículo 12 de la ley de transparencia: “no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas… cuando la información solicitada refiera a violaciones a los derechos humanos, o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.”
Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, argumentaron en 2007, dos años después de la asunción de Tabaré Vázquez, que el maestro Julio Castro no había desaparecido sino que había tomado un avión a Buenos Aires como había dicho en 1977 la dictadura ante la OEA. La impune excusa se planteó como respuesta a una causa civil que inició la familia, quien luego de ganar ese juicio presentó todas las pruebas en una causa penal.

En 2007, con gobierno del Frente Amplio, abogados del Ministerio de Defensa adujeron que el maestro Julio Castro había huído en avión a Argentina.
La causa penal derivó en el procesamiento con prisión del comisario Ricardo Zabala, quien había secuestrado al maestro Julio Castro en 1977; pero un nuevo fallo judicial excarceló al policía.Algo similar ocurrió con el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por el asesinato en 1973 de Roberto Gomensoro Josman. Pero luego, en un extraño movimiento simultáneo de piezas desde la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, fueron cambiados juez y el fiscal, y terminaron otorgando el sobreseimiento del militar.

El caso Gomensoro volvió a quedar impune con la excarcelación del coronel Gómez.
CUENTAS DEL PASADO
Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez coordinador del segundo vuelo de Orletti, y obviamente lo es el régimen carcelario que el juez “ejecutor” Martín Gesto concedió a Ernesto Ramas (quien nunca estuvo en la cárcel y siempre se alojó en el Hospital Militar) y ahora fue a veranear a Piriápolis sin tobilleras, y para José Nino Gavazzo, a quien el mismo magistrado le permitió asistir a la celebración de los 15 años de su nieta. Un escrache en la puerta de su casa en Pocitos se lo terminó impidiendo.

El juez Martín Gesto otorgó la prisión domiciliaria a Ramas y a Gavazzo, quien tuvo permiso para ir a la Fiesta de 15 de su nieta.
Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte quienes acompañaban al capitán Jorge Tróccoli cuando viajaron a Buenos Aires a secuestrar a los uruguayos militantes del GAU; como lo es que el psiquiátra Martín Gutiérrez, denunciado por torturador ante el juzgado penal de 7° turno, pretenda un diploma de la Udelar en neurofisiología; que el oficial Sergio Coubarrere y el Dr. Eduardo Sainz paseen libremente por Fray Bentos, siendo los asesinos de Vladimir Roslik, porque para la justicia de Soriano el caso prescribió.

Armando Méndez mantiene su impunidad desde que coptó a Amodio Pérez a la OCOA
También es impunidad que el coronel Armando Méndez, el militar que convenció a Amodio Pérez (otro con prisión domiciliaria) para que le ordenara los papeles de la OCOA y poder capturar y torturar a sus compañeros, todavía no haya sido citado como indagado en un juzgado, cuando fue quien terminó asesinando por torturas al obrero Humberto Pascaretta de la fábrica CICSA, según ha testificado el ex soldado Hugo García Rivas, quien todavía debe vivir como un desertor refugiado por Cruz Roja en Noruega.

Las “Pibas de Abril”, tres jovenes acribilladas en 1974 cuando empezó la coordinación represiva. Otro crimen impune.
Y sigue siendo impunidad que no se desarchive en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) los documentos sobre la reunión de Buenos Aires de 1974 en la que comenzó la coordinación represiva regional, iniciada con el secuestro y tortura del “Negro” Antonio Viana Acosta, que siguió con la salvaje ejecución de las “Pibas de abril” en la búsqueda de Washington Barrios, y que ese año incluyó a los fusilados de Soca, el asesinato de Ramon Trabal, y la desaparición de Luis González González.
Del mismo modo que permanecen impunes los crímenes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista en 1975, la verdad sobre el asesinato de Michelini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw o la desaparición de Liberoff, como la extorsión sobre Gerardo Gatti y León Duarte, lo ocurrido con las víctimas del segundo vuelo de Orletti, el destino de María Claudia García de Gelman y Elena Quinteros, en 1976.

El avión 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) fue protagonista del segundo vuelo de Orletti en 1976. ¿Dónde están?
Está impune lo que hicieron con el dinero de Orletti, la compra de la casona de Millán y de la Base Valparaíso, donde funcionaba una inmobiliaria desde la que crearon los edificios construidos en Luis A de Herrera y Demóstenes y en Batlle y Ordóñez y Ramón Anador; como impune continúa el destino del padre Mauricio, Klever Silva, cuyos archivos no ha desclasificado el Vaticano pese a los compromisos del Papa Francisco o las gestiones prometidas por el cardenal Daniel Sturla.
Sigue impune la desaparición de Santana, Inzaurralde, Goncálvez y Bellizzi en el Club Atlético, como los traslados a Uruguay de todos los secuestrados en diciembre de 1977 en Argentina, como el destino de Arigón, Ortiz, Paitta y Mattos Fagián, desaparecidos en los ochenta; o la decisión judicial sobre la denuncia de violencia sexual realizada con gran coraje por las presas políticas, que nos confirmaron que la violación era una herramienta sistemática en la tortura por todos los implicados.

Las excavaciones se demoran por razones políticas, judiciales o económicas.
Y también es impunidad que cada gobierno comience las investigaciones desde el principio y a la Comisión para la Paz, que hizo un informe para clausurar las investigaciones, siga una Comisión de Seguimiento que terminó publicando cinco tomos de documentos oficiales no cotejados con las víctimas y sus familias, y ahora una Comisión por Verdad y Justicia, que tarda un año en presentar su plan de trabajo; o que las excavaciones para encontrar a los desaparecidos dependan del convenio que se debe renovar cada año…
CUENTAS DEL PRESENTE
Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos “cultura de impunidad”, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay.
La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el “nunca más”), genera una frustración y un descreimiento social, que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el “valor” de la existencia humana.

La impunidad refuerza la frustración que genera un mundo consumista donde el valor del hombre se mide por lo que tiene.
Esa cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura, deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática. ¿Alguna vez se sabrá la verdad sobre el Plan Conserva, el banco Inglés, la pesquera Astra, o el vaciamiento de los bancos Bafisud, Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, Citibank, o el lavado en Cambio Italia?

La venta del Banco Pan de Azúcar, una de las denuncias de corrupción en los años noventa que parecen olvidadas.
La impunidad cotidiana genera pérdida de memoria sobre los nombres de la corrupción y de los corruptos, que se mezclan intencionalmente en la confusión y el olvido, para que nunca recordemos cuál era qué caso y cuáles sus derivaciones, para que no recordemos a los sospechosos de siempre, a los culpables de ayer, de hoy y de mañana…
¿Qué significan para la mayoría de los uruguayos los nombres de empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y Jose Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, Carlos García Altolaguirre o Carlos Curbelo Tammaro?.

¿Quién recuerda que como director del BHU, Samuel Noachas se adjudicó un apartamento?
¿Qué recuerdo queda de lo protagonizado por los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, AugustIn Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Samuel Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silva, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro, o Juan Carlos Bengoa?.
¿Cuánta impunidad existe si no se recuerda lo que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, Cangrejo Rojo (¿alguna vez se confirmó si era la voz de Julio Luis Sanguinetti la que pedía una coima a los inversores?), Merluza Negra, o que implicaron las SAFIs de Posadas, Vecino & Vecino en la historia del regional del lavado de dinero, la triangulación de armas o fuga de capitales?.

Villanueva Saravia, una de varias sospechosas muertes que se mantienen en la impunidad.
¿Cuán absoluta es la impunidad mientras siga sin saberse quién “suicidó” a Villanueva Saravia, quien asesinó a Andrés Trigo, quien patoteó a Jorghinio Goularte, quien ejecutó a Ronnie Scarzella, quien mató a la modelo Susana Mazur, o quien hizo estallar a Miriam Mazzeo con una bomba en la calle Plutarco; entre otros tantos casos que quedaron sin resolución?…
Es la misma cultura de impunidad que rige sobre los delitos cotidianos que sufre hoy la sociedad uruguaya y que las crónicas policiales nos inyectan en dosis de 20 minutos diarias en los informativos, cuando nos cuentan del Betito, el Bartolo, la Cotorra Loca, el Rambo; cuando nos instalan términos como “ajuste de cuentas”, “sicariato” con “descuartizadores”, “zonas rojas” o “feudalización” de los barrios, que mañana serán “favelizados” para que entre a sangre y fuego la Guardia Republicana como ocurrió en el Marconi.

Zonas Rojas, feudalización de barrios, sicarios y otros términos que imponen los medios de comunicación terminan por habilitar la represión del Estado.
“IMPUNO-OFF SHORE”
Cada día aparecen nuevas impunidades… Gracias a los debates que en las redes sociales generó el aumento del IRPF, saltó un dato publicado en el Reporte Uruguay 2015 de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP): “…puede señalarse que en 2011 el 1% de la población de mayores ingresos se apropiaba del 65,9% de los ingresos del capital; el 0,5% de la población, del 60,7%, y el 0,1% de la población del 48,7%. Esto significa que 3.286 personas concentran la mitad de los ingresos del capital.”

Informe de OPP: en Uruguay 3.286 personas concentran la mitad de los ingresos del capital.
Semejante concentración de la riqueza convoca a analizar cuánto de impunidad puede haber en el origen de esas fortunas y cuántas fortunas pueden dormitar en las polémicas empresas off shore que hace 25 años denunció Brecha, cuando el país era acusado de realizar bancotráfico luego de la caída de un par de importantes narcotraficantes que utilizaron el sistema financiero uruguayo para lavar miles de millones de dólares. Fue en esos días que empezó a crearse un nuevo tipo de empresas de inversión, las SAFIs, ideadas por el Estudio Posadas, Posadas & Vecino, que terminaron protagonizando importantes casos de lavado y corrupción en todo el mundo.
Una “fabrica de cuchillos”, que servían “para comer o para matar a un cristiano”, según explicaba en aquellos días el presidente Luis Alberto Lacalle y actualmente ratifica su entonces canciller Sergio Abreu, dedicado a gestionar esas empresas a las que el ingenio popular supo pintar con una insuperable imagen: “Las empresas off shore son como aquel marido fiel que paga el alquiler de un bulín, por las dudas. Está pensando el pecado”… La off shore no es un delito, pero ¿para qué la adquiere un empresario uruguayo? . Muchos dicen que para evadir impuestos.

Los “Panamá Papers” desnudaron impunidades de corrupción y los mecanismos que para la evasión de impuestos utilizan los empresarios
El tema de los “Panamá Papers” ha generado un escándalo local e internacional que muestra el ejercicio de esta impunidad. Pero sólo se “filtró” (quién y por qué lo filtró implica a otros impunes y a otras impunidades) la documentación de un estudio, el de Mossack&Fonseca, cuando hay cientos de oficinas que se dedican a crear este tipo de instituciones en Panamá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en países del Caribe o mostradores de bancos europeos. Son todos los que están, pero ¿están todos los que son?.
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, explicó que las off shore no eran algo nuevo para ellos, quienes desde hace tiempo utilizan buscadores como el Open Corporates (https://opencorporates.com) para estudiar el origen de empresas o el nombre de sus directivos. Allí aparecen los nombres filtrados en los Panamá Papers y los que todavía no fueron públicamente expuestos. Si con esa herramienta se empieza a buscar, parece posible y hasta lógico encontrar gente que, por ejemplo, estuvo en los gobiernos que siguieron a la dictadura y hoy hacen sus legales negocios a través de alguna empresa off shore en Panamá u otros países.

Impunes personajes y casos de corrupción hay desde tiempos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle.
Y no esta mal que “sospechados” personaje del gobierno de Julio María Sanguientti como Jorge Sanguinett Saenz (su mujer y sus hijos) tengan empresas, al igual que Fernando Barboni, Armando Da Silva Tabares, Antonio Marchesano, Mario Garbarino, Julio Kneit o Ernesto Laguardia. Y tampoco es delito que otras personas, también “sospechadas”, vinculadas al gobierno de Luis Alberto Lacalle tengan sus off shore, como Daniel Cambón, Iván Coronel, José Luis Ovalle, Igor Svetogorsky o el propio Ignacio de Posadas… Al fin y al cabo, hasta el frenteamplista Esteban Valenti ha tenido una empresa de este tipo años atrás.

El negocio del fútbol quedó expuesto con la detención de Figueredo por FIFA y las off shore de Damiani en Panamá. Se manchó la pelota.
Cualquiera en la sociedad uruguaya puede tener una de estas empresas. Desde el oncólogo Eduardo Lasalvia, a los Stirling, los Bulgheroni, los Lecueder, el arrocero Casarone, el lanero Alejandro Nin o las autoridades del Carrasco Lawn Tennis, o personajes como Daniel Laffite, Juan Berchesi, Alberto Benegas Lynch, Ramiro Rodríguez Villamil, Jorge Caumont, Carlos Federigoti o Victoria Ortiz. Gente del deporte: Eugenio Figueredo, Francisco Casal, Diego Forlán, Alvaro Recoba, Enzo Francescoli, Daniel Gutiérrez, Jorge Da Silveira o Juan Pedro Damiani o su hermana Patricia. También pueden tener unas off shore Ricardo Peirano o su pariente Dante Peirano (¿o por sus antecedentes no debería?).

Los ricos no piden permiso para evadir impuestos… Los principales empresarios y grupos económicos dirigen empresas en el exterior.
Si en el buscador del Open Corporates se digitan los nombres de la lista de 120 más ricos del Uruguay que publicó la revista Caras & Caretas, verá que tienen empresas en el exterior los Fernández, Bouza, Taranto, Dovat, Zeinal, Mailhos, Alvarez, Cardozo, Romay, Lecueder, Henderson, Manhard, Otegui, Weiss, Macri, Lempert, Rospide, Renner, Mitelman, Azar, Campiglia, Saps, Cohen, Strauch, Mesa, Scheck, Schneck, Ortolani, Branaá, Gervitz, Romay, Levitin, Kaufman, Zambrano, Artagaveytia y Campomar, o la sucesión Calcagno.
Pero el problema de la impunidad comienza a aparecer cuando estos empresarios, que hacen negocios en Uruguay y llevan el dinero al extranjero, son los propios representantes de las gremiales, los que piden luego exhoneraciones fiscales, flexibilidad laboral, rebajas salariales, seguros o refinanciaciones al Estado y tratan de reducir la porción de los trabajadores en los Consejos de Salarios.

¿Directivos de las cámaras empresariales que piden exhoneraciones, flexibilidad y refinanciaciones, tienen empresas off shore?
Impacta ver que al frente de off shore aparecen nombres idénticos a los de la directiva de la Cámara de Industrias: de su presidente Washington Corallo, del vice Carlos Barreira, de los vocales Rafael Sanguinetti, Juan Carlos de León, Fernando Pache, Lucio Terra, Eduardo Canrell, Ricardo Vecino, Walter Frisch, Elbio Fuscado…

¿Los titulares y vocales de las Cámaras de Industrias y de Comercio, como de la Asociación y la Federación Rural, invierten en el exterior o evaden impuestos?
Y que ocurra lo mismo con los de integrantes del directorio de la Cámara de Comercio y Servicios: su presidente Carlos Perera y los vocales Eduardo Ameglio, Juan Christian Schandy, Roberto Acle, Victor Angensheidt, Diego Arrosa, Fernando De Posadas, Isidoro Hodara, Ana Hunter, etc. Al igual que de la Cámara de la Construcción, encabezada por el Grupo Otegui, Alejandro Goglia, Alejandro Ruibal, Eduardo Apud. Incluso en la Asociación Rural del Uruguay, su presidente Ricardo Reilly Arrarte y el productor Djalma Puppo; como ocurre con Rodrigo Herrero y Alejandro Tesdesco vinculados a la Federación Rural… Algunos son nombres comunes y pueden tener un sosias, la DGI debería confirmar si efectivamente son sus identidades y, “por las dudas”, si no hubo evasión fiscal…
Mientras no se legisle lo contrario, es legal tener una off shore. Si pagan sus impuestos pueden hacerlo, aunque sean representantes de las gremiales del empresariado uruguayo y se lleven el dinero a otro país… Pero esto también es parte de una cultura de impunidad uruguaya a la que hay que enfrentar con tres herramientas: la Verdad, la Justicia y la Memoria. Verdad para desnudar a la impunidad, hacerla visible, sacarla de la oscuridad de la que se alimenta; Justicia, porque la verdad lo exige, para responsabilizar a los impunes, sea cual sea el delito que cometieron; y Memoria para recordar a sus impunidores, para que nadie se olvide de nada y nada se olvide de nadie. Y, así, no ocurra nunca más.
*En base a una charla sobre Cultura de Impunidad organizada por la Juventud Socialista del Uruguay, JSU, realizada el viernes 27 de mayo de 2016 en Casa del Pueblo, Montevideo, Uruguay y difundida por Crysol.
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