La receta dogmática hace daño

Es posible construir una política criminal pública

Escribe Milton Romani Gerner. Publicado en Semanario Voces No 784 9/6/22

Política criminal pública

Garantizar el derecho a la seguridad no es solo un asunto policial. Ni de autoridad. Ni de aumento de penas y castigos. Ese modelo, que persiste, es un dogmatismo que no se condice ni con los datos y el relato. Es incoherente, no ayuda, genera mas inseguridad y violencia. Las cifras de homicidios del último mes son contundentes. ¿Que grado de responsabilidad tiene el ministro Heber? Nadie va a pedir su renuncia, entre otras cosas porque su culpa es no reconocer que es un problema mas complejo, difícil, que no se arregla con mas autoridad, mas policía y mas cárceles. El problema de Heber es que reconocer con humildad eso es también admitir que la campaña furibunda contra Bonomi, la campaña electoral y la llave milagrosa de la LUC no sirvieron para un carajo.

Lo dijo Lacalle Pou cuando era senador opositor: un ministro del interior no puede usar la coartada del narcotráfico para justificar los indices de criminalidad. Porque esa es su tarea. Punto. El ministro Heber y el Sr. Santiago González, recurren con exceso adictivo al fenómeno narcotráfico como explicación de todo. González, que tiene un cúmulo de denuncias de mal trato y autoritarismo incluso con sus pares, no parece un ejemplo de convivencia. Repite en un exceso de cámaras, la intervención en cada cierre de bocas de narcotráfico. Llegó a decir que se cerraron 2000. Eso si, no hubo hasta ahora ningún procesado por lavado de dinero, ni allanamiento en bufetes o estudios que se dedican ostensiblemente a ello.

El aumento de la criminalidad, y el aumento de las violencias sociales (que no es son las misma cosa) son un monstruo que pisa fuerte. Aumentan las dos. A veces nos asombra, nos genera incertidumbre, miedo e inseguridad. Repetir que es un tema complejo parece una coartada para desentenderse del asunto. No es así. Asumirlo implica generar institucionalidad para una política publica criminal que sea una responsabilidad compartida. Insisto, humildemente, que la experiencia institucional de la Junta Nacional de Drogas, integrada por varios ministerios, debería ser un ejemplo aleccionador. Lo mismo para generar con la academia, organizaciones sociales y un arco político amplio, un espacio de investigación y abordaje con pretensión científica el tema de la criminalidad.

El horizonte de la convivencia es un tema más extenso que incluye la seguridad ciudadana.

El Presidente del Frente Amplio Fernando Pereira ha salido, ahora, con humildad a reconocer nuestras limitaciones de nuestros gobiernos. Pero también tendió la mano para construir una política publica con los esfuerzos y avances que pudimos lograr y avanzar con otros actores para definir una política de estado consensuada. Es ahora.

Es necesario definir una política criminal con pretensión de largo plazo, como bien lo han señalado distinguidos especialistas, como el ex Fiscal General doctor Jorge Díaz.

Algunos siguen creyendo, por pura ideología, en un reduccionismo simplote: castigo y autoridad. Y en una coartada: las responsabilidades son de las gestiones del anterior gobierno. No de todas las gestiones anteriores. No. De esas no. Porque hay que decir que desde 1997 se retoca el Código Penal aumentando todas la penas y aunque los cataclismos sociales fueron cantera de reclutamiento de niños y niñas cuya carrera criminal conocimos 20 años después, todavía continúan, porque se ha reemplazado la cultura del trabajo, por la libertad. No es solo la pobreza y marginalidad las únicas explicaciones del aumento de violencias y criminalidad. Pero no se pueden ignorar.

La libertad de “arreglate como puedas”. La falta de trabajo. La inequidad e injusticia que hoy se expresa en un récord histórico de exportaciones (carne, soja, arroz, leche y bienes) por 11.000 millones de dólares que se acompaña por el aumento de depósitos dentro y fuera del país (conocidos) de 9000 millones de dólares. Los pibes chorros que salen por la de ellos, quizás no saben de estas cifras. Pero la sufren y eligen sin formación económica de operar un reparto del producto bruto por mano propia.

Violencias sociales: niñez, feminicidio, conflictos.

A propósito de violencias y niñez más de 386.000 niñas, niños y adolescentes de Uruguay viven en hogares donde se reportaron situaciones de violencia de género, según un informe de Inmujeres, Sipiav y Unicef que busca visibilizar el impacto de estos contextos en la infancia y la adolescencia”. Categórico. A estos futuros jóvenes lo que les promete este modelo, son más palos, mas cárcel, menos oportunidades. Que quieren!!! ¿Que luego salgan blanquitos de ojos celestes y se comporten como egresados de la Universidad de Montevideo? Dicho sea de paso: tampoco ser egresado de escuelas de MBA, como lo señaló una investigación son garantías de no delito o corrupción.

¨Aspen Institute verificó al encuestar estudiantes de MBA que al ser interrogados sobre si estarían dispuestos a realizar un acto ilegal que podría reportarles a ellos o su empresa más de 100.000 dólares y en donde hubiera un 1% de probabilidad de ser descubiertos e ir a prisión por un año, un tercio contestó que sí¨i

Los esfuerzos de Miguel Angel Petit son encomiables. Para denunciar este verdadero pandemónium y cambiar. Le deseo el mejor de los éxitos.

Las experiencias de Luis Parodi en la Unidad 6 Punta Rieles, como las de Jaime Saavedra en la Comisión del Liberado no han sido incorporadas al patrimonio de las políticas publicas. Ni de los valiosos académicos que con coraje han investigado desde la ciencias sociales y antropología la dinámica de la delincuencia ( Nicolas Trajtemberg,, Clara Musto, Ricardo Fraiman, Marcelo Rosal) De la misma manera que fueron desechadas todas las enseñanzas y el excelente personal formado por el mejor policía Julio Guarteche. Hay experiencias territoriales de gran valor para actuar con la comunidad. Por la experiencia de gestión, el modelo de Junta Nacional de Drogas, donde se articulan nueve ministerios para definir estrategias comunes, sigue siendo un ejemplo institucional que podría imitarse o al menos considerar sus virtudes.

iEDUCAR EN ÉTICA EMPRESARIAL EN IBEROAMÉRICA: UN DESAFÍO IMPOSTERGABLE Bernardo Kliksberg ∗2007

Un abordaje inter sectorial, descentralizado y comunitario

escribe Pablo Anzalone. Publicado en Semanario Voces No 784 9/6/22

La estrategia de “Guerra contra las drogas” ha sido un gran fracaso cuyos impactos en muertes, violencia y sufrimiento social exceden ampliamente los daños generados por el consumo excesivo de sustancias y lejos de reducir el narcotráfico lo fortaleció.

Uruguay ganó un espacio de respeto en los ámbitos internacionales por dar un debate sustantivo promoviendo una concepción menos represiva y estigmatizadora de las drogas que priorizara el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo como dice bien Jorge Vazquez en un extenso reportaje reciente en Voces, actuó sobre el gran narcotráfico y su red de complicidades en el lavado de dinero.

La regulación estatal de la marihuana nos convirtió en referencia para muchas experiencias en el mundo y esta política exitosa subsistió al cambio de gobierno a pesar de que Lacalle Pou desconozca la ley y diga que el Estado produce y vende droga.

Nos interesa acá poner el acento en otro de los ejes de una estrategia integral puesta en práctica en la década pasada: el abordaje intersectorial, comunitario y descentralizado. La propia conformación de la Junta Nacional de Drogas marcó la intersectorialidad como concepción y la superación de un enfoque meramente represivo.“La JND es un órgano articular y las Juntas Departamentales demuestran un trabajo de muchos sectores coordinados y necesitamos estar todos comprometidos en eso” señalaba Milton Romani en esos años. Esa idea-fuerza marcó también la gestión de Julio Calzada y su continuidad ha sido una gran fortaleza.

En Montevideo la JDD se conformó en 2012 a partir de un amplio trabajo conjunto entre la JND y la IM con el funcionamiento de un Plenario Consultivo con organizaciones sociales y el desarrollo de una red territorial con programas de prevención, atención y tratamiento. La creación del Centro Ciudadela (escucha,diagnóstico y derivación), del programa Aleros , “El Achique” en Casavalle, el Centro de escucha en la zona 8, los Puntos de Encuentro en Punta Rieles y Malvín Norte y la Unidad Móvil de Atención fueron pasos significativos para facilitar el acceso a la Red y generar cercanía en situaciones de gran vulnerabilidad. Otras iniciativas como “Mi Cerro Sin Drogas” se originaron en las organizaciones de usuarios de salud.

El trabajo en red, la prevención desde el sistema de salud con capacitación al personal del primer nivel de atención y el trabajo en el sistema educativo con docentes y alumnos fueron algunos de los temas abordados por la JDD.

Desde las comunidades han seguido surgiendo propuestas en esta dirección. La Red de Municipios y Comunidades Saludables en 2020 realizó un Curso de Animadores de Redes Comunitarias donde se elaboraron proyectos, uno de ellos referido a los consumos problemáticos de sustancias, considerado como un capítulo de la salud mental.

Se constató allí que: “a) se trata de una cuestión con una demanda masiva mientras la oferta comunitaria y sanitaria es totalmente insuficiente. b) No solo es insuficiente por su cantidad. Lo es también por la rigidez institucional por parte de los dispositivos sanitarios desestimando el enfoque grupal de diversas patologías.c) Existe una tendencia a circunscribir salud mental y drogas al abordaje médico. d) Hay resistencias a nivel familiar y comunitario que excluyen y estigmatizan al “drogón” y al loco”.e) El abordaje grupal, familiar y comunitario está técnica y científicamente probado. Experiencias como los “Grupos T” se iniciaron en el “Portal Amarillo” y se desarrollaron en varias policlínicas. Darles continuidad y mayor amplitud es una línea de trabajo importante.

Esta propuesta comunitaria reafirma la necesidad de construir redes de acogida, prevención, educación y apoyo social a la problemática, en lugar de una depositación masiva en las instituciones médicas mediante internaciones o de operativos policiales. Los espacios de reducción de daños y gestión de riesgos como el “El Achique de Casavalle”, atienden los aspectos sociales de la problemática de consumo de drogas.

El proyecto plantea un Plan Municipal de Salud Mental basado en un diagnóstico territorial que

con la participación de la población del Municipio. Sin participación activa relevando

necesidades y consultando respuestas, en diálogo del saber popular y del saber científico, es

imposible definir buenos planes.Uno de los ejes del Plan es la formación de organizaciones de usuarios de salud en el territorio que conviertan a los pacientes en sujetos activos.

MERCADO REGULADO OPCION FRENTE A LA GUERRA A LAS DROGAS apuntan en foro de WOLA por Arturo Sánchez Jiménez

Artículo publicado en LA JORNADA


Los mercados regulados de cannabis y otras drogas son la alternativa que conviene a los estados y sociedades latinoamericanas, pues han demostrado que, al contrario del prohibicionismo y la guerra contra las drogas, evitan la violencia y generan capacidades de desarrollo, de acuerdo con Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.

En el foro La catástrofe de la prohibición y la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, convocado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el también ex representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, señaló que la lucha contra las drogas ha sido la exportación de Estados Unidos de un problema que tiene dentro.

Señaló que su país cumple seis años con un mercado regulado de la cannabis, y si bien consideró que ha tenido buenos resultados, dijo que de la experiencia uruguaya no puede traducirse en automático en consejos para otros países.

Rodrigo Uprimny, director de Política de Drogas en la organización llamada Dejusticia de la Corte Constitucional Colombiana, señaló que en América Latina se debe pensar en alternativas a la prohibición, pues ésta es una política equivocada, pero consideró que si bien en distintos países ha habido avances en la regulación del mercado de la mariguana, esto no pasará a corto plazo con otras drogas, por lo que se deben buscar opciones en el marco de la proscripción.

Rose-Marie Belle Antoine, decana de la Facultad de Derecho, Universidad de las Indias Occidentales Trinidad y Tobago y ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deploró que las políticas de regulación de mercados de drogas, como el de la mariguana, estén beneficiando a empresarios de naciones como Canadá, pero han resultado en demérito de los campesinos y pequeños productores de las naciones caribeñas.

Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad Pública y Ciudadanía en Río de Janeiro, Brasil, señaló que la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos ha servido de excusa para la violencia policial en Brasil y en América Latina.

FORO DE WOLA EN YOU TUBE

https://t.co/Vur7IsXAqi?amp=1

Atención a los fundamentalistas del prohibicionismo:

https://elpais.com/internacional/2018/12/19/estados_unidos/1545175543_159466.html

https://telemundoaustin.com/news/local/gobierno-federal-busca-aprobar-una-reforma-al-sistema-penitenciario-similar-al-de-texas

https://parlamento.gub.uy/cpp/actividades/noticias/93557

ENTREVISTA DEL PROGRAMA «DESAYUNOS INFORMALES» A MILTON ROMANI GERNER

«La legalización no es un viva la pepa, va de la mano de la regulación», apuntó el ex secretario general de la JND.

Las dos cargas de cocaína que salieron de Uruguay y fueron incautadas en Europa pusieron a nuestro país en el centro del debate sobre la lucha contra en el narcotráfico. Por ejemplo, la cadena alemana “Deutsche Welle” asegura que “las autoridades de Uruguay no están a la altura del reto del narcotráfico global”. Y para el diario francés Le Monde, “Uruguay es el “nuevo centro del narcotráfico”.

Abordamos el tema junto a Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Estas son malas noticias para Uruguay y para la lucha contra el narcotráfico. Cuando fallan los controles hay que investigar, sancionar y corregir. Esta tarea es incesante. No te podés dormir en los laureles porque te la dan por algún lado.

Me molesta la reacción de los países a la que llega la droga: si van cuatro toneladas de cocaína para Alemania es porque Europa se esnifa todo eso. Lo mismo con Estados Unidos, que trata de impedir levantando muros, pero los narcos la pasan igual.

Del norte no solamente viene la demanda creciente, porque ha aumentado la producción de cocaína y se buscan nuevos mecanismos de salida de la droga, también viene de los precursores químicos. También en el norte están las terminales de lavado de dinero, que han sido un verdadero dolor de cabeza para Uruguay.

El enfoque de guerra es lo que ha complicado todo esto. Hay que renovarse permanentemente porque las organizaciones de crimen organizado se renuevan constantemente.

Las drogas han hecho mucho daño, pero las políticas de drogas con enfoque de guerra han hecho mucho más daño. Es una evidencia. Y eso lleva al debate mundial sobre la regulación. Esto no tiene división ideológica.

El mundo ha decido que si se prohíbe y se aplica el máximo de la fuerza se soluciona el problema, pero eso no es así. Eso solo genera más violencia: hay países en los que hay cadena perpetua por consumir droga.

Hay grandes bancos interesados en este negocio, que son grandes aspiradoras de narco-dólares: cuando les falta dinero no les importa si los billetes tienen olor a cocaína.

El ensayo de Uruguay en la regulación de la marihuana marca un sentido. Uruguay ha sido un líder en proteger el derecho de la gente y en ensayar nuevos mecanismos. La única droga que bajó en materia de incautación fue la marihuana.

La legalización no es un viva la pepa, va de la mano de la regulación.

Entrevista en Teledoce:

https://www.teledoce.com/programas/desayunos-informales/primera-manana/milton-romani-las-drogas-han-hecho-mucho-dano-pero-las-politicas-de-drogas-con-enfoque-de-guerra-han-hecho-mucho-mas-dano/?fbclid=IwAR05bNkTMBTXyyAliCvZqBW62FA6SUkMIr1JfGPEBJuID-Nm6cgiNyRP-b0

BIENES INTANGIBLES EN LA DIPLOMACIA URUGUAYA Y RUTA DE OPORTUNIDADES por Milton Romani Gerner*

El rol de Uruguay en el debate mundial de políticas de drogas.          Enfoque de derechos humanos, salud pública y regulación de          mercados.  

            Uruguay ha sido elegido por amplísima mayoría, por sexta vez consecutiva desde el 2008, como estado miembro de la Comisión de Estupefacientes para el periodo  2020-2023 en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Es un acontecimiento  inédito la permanencia de un estado por tantos periodos consecutivos. Solo puede leerse como un reconocimiento internacional al liderazgo de nuestro pais en el plano del problema            mundial de las drogas incluida la iniciativa del mercado regulado del cannabis.

            El 26 de marzo en su revista Semanal del diario El Pais de Madrid publicaba un reportaje a Carola Perez, Presidenta del Observatorio Europeo de Cannabis Medicinal bajo el provocativo título de: Cannabis, el negocio que apunta a convertirse en el pelotazo del siglo. En torno al cannabis legal se calcula un negocio mundial de 50.000 millones de euros. Canadá ya ha tomado la delantera. Mientras, España mantiene la prohibición. Pero todos los implicados tienen un ojo puesto en el día después.[2] El 2 de mayo titulaba: Compra multimillonaria en el negocio de la marihuana de Estados Unidos¨ e informaba: 

            ¨La economía de la marihuana legal en Estados Unidos recibió este miércoles un         nuevo empujón de confianza. Curaleaf Holdings, un entramado que controla desde      la producción de marihuana hasta dispensarios en 12 estados, anunció la      absorción de Cura Cannabis Solutions, la compañía más importante del sector en         el estado de Oregón, en un acuerdo valorado en 1.200 millones de dólares. Se     trata del mayor acuerdo entre compañías de venta legal de marihuana en Estados         Unidos.Curaleaf Holdings tiene sede en Massachussetts y cotiza en el mercado             canadiense¨

            La diplomacia de bienes intangibles

            Las relaciones internacionales para un pais como Uruguay, no pueden medirse, ni

proyectarse desde una óptica reduccionista que solo analice la conquista de mercados para nuestros productos o las estrategias para atraer capitales de inversión. Que son un eje imprescindible. Pero no el único. Tienen una importancia relativa respecto a otros bienes intangibles que permiten a Uruguay posicionarse con ventajas comparativas.

Las negociaciones sobre acuerdos comerciales, tan polémicas, complejas y difíciles para un pais de nuestras dimensiones, son un aspecto central de la acción en política exterior.   No puede ser de otra manera. Sin embargo no siempre incorporamos objetivos que aunque no sean medibles en lo inmediato, generan no solo prestigio sino posibilidades potentes. Hay una estrategia de aproximación indirecta, que permite posicionarnos como un Estado responsable, de promoción de principios y valores, y en ultima instancia, paradójicamente, abre otras puertas.

            No es algo novedoso este concepto en relaciones internacionales. Está en las raíces de rol de la diplomacia. Que viene siempre a sustituir la fuerza o el peso hegemónico, por la persuasión, la negociación y las vías de solución negociada de las diferencias. Es bueno subrayarlo en un momento donde el economicismo tiñe todos los terrenos. Como se podrá apreciar, esto no es idealismo puro. Sino una forma inteligente de colocarse en el contexto internacional y lograr posiciones que de otra manera serían imposibles. En el plano de las políticas de drogas y de la regulación del mercado de cannabis, esto es mas que contundente.

            Bienes intangibles: vieja y nueva agenda de derechos

            La vieja y nueva agenda de derechos, nuestro rol en los aspectos del cuidado y protección del ambiente, el apego de Uruguay y promoción en el debate y en las prácticas mundiales del amplio marco de derechos humanos, ya han mostrado las virtudes políticas y diplomáticas de estos bienes intangibles. Es mas. La cesión soberanía que como todos los estados aceptamos a favor de decisiones de organismos regionales e internacionales de derechos humanos, proclamar agenda abierta para todo tipo de visita de evaluación en cumplimiento de las mismas, la amplia participación de la sociedad civil en la materia, cumplen un rol no solo a nivel de prestigio internacional. Implica un compromiso a priori y posteriori en las obligaciones de nuestras políticas nacionales. Ser fieles a esos principios,  admitir, evaluar y cumplir aquellas señalizaciones e incluso sentencias que nos obligan. Los gobiernos deben liderar la indignación cuando de violaciones a derechos humanos se trata. Porque los instrumentos y organismos de DDHH existen porque los estados violamos derechos. No hemos sido, no somos ni seremos partidarios de aplicar criterios de doble rasero. Ni para otros, ni para nuestro pais. La diplomacia basada en bienes intangibles no es un articulo de lujo for export. Es un compromiso hacia afuera y hacia adentro.

            En un mundo complejamente multipolar, donde el multilateralismo parece opacarse (esperemos que por corto tiempo) se imponen ademas desplegar otras lógicas. Replantearse la necesidad de avanzar desde estos ejes enunciados. Una renovada oportunidad para nuestra diplomacia. El problema mundial de las drogas, atado al sistema internacional de fiscalización y control de drogas, regido a partir de las tres principales Convenciones Internacionales sobre drogas, los organismos de NNUU y de OEA, no parecía ser el mejor campo para avanzar en posicionamiento de prestigio político. Mucho menos de abrir puertas vinculadas a los mercados y capitales de inversión. Los acontecimientos que se han precipitado en el mundo y que ha tenido a Uruguay como protagonista y líder, muestran un campo de posibilidades de gran importancia.

            2008: Uruguay en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas

            Cuando Uruguay debutó en la Comisión de Estupefacientes en el 2008, con decidida actitud se promovió un Proyecto de Declaración sobre ¨debida integración de los instrumentos de DDHH con la política de fiscalización de drogas¨. Fue una batalla política y diplomática muy dura. Nos llevó al extremo de solicitar votación en el pleno de la Comisión, rompiendo la tradición del consenso de Viena. Fue co patrocinada por Argentina, Bolivia, Suiza y luego la Unión Europea. Generó para nuestra sorpresa, una resistencia insólita, que llegó a un obstruccionismo persistente de varios estados, partidarios del enfoque prohibicionista.  No estaban dispuestos a admitir la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en el tema drogas. Esto parece insólito, pero esa es la cruda realidad.

            La Resolución 51/12 de CND 2008 fue aprobada finalmente. A partir de ese higo, el los documentos que han surgido sobre drogas, el relato que hoy se construye en este plano, ha incorporado definitivamente esa óptica. Este lugar de liderazgo nos posicionó y abrió caminos. Cuando fue sancionada la Ley 19.172 de Control y Regulación de la marihuana el campo abonado se transformó en un top mundial. Es un camino para cambiar. Ha sido un acto de coraje político con una decisión soberana de poner en práctica un nuevo modelo en política de drogas. Uruguay tiene liderazgo porque sobre lo que ya habíamos hecho a nivel nacional y con las propuestas a nivel internacional,  proponemos un modelo humano con enfoque de salud pública, reducción de daños, derechos humanos y desarrollo sustentable. Esta conceptualización, avalada por un marco legal e institucional serio y creíble, se abre camino con fuerza en el mundo. Pero además y por añadidura: correr el velo prohibicionista del cannabis, recuperar para la legalidad el mercado que hasta ahora cursaba en forma ilícita, genera negocios. Se expande rápidamente la creación de empresas y polos de desarrollo de gran pujanza. Mas aún. Se intensifican  y multiplican estudios e investigaciones que tuvieron como pioneros, hace ya varias décadas, al Profesor Raphael Mechoulam[3] y el equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalem sobre el principio activo del cannabis sativa, el sistema de endocannabinoides de nuestro organismo, y el descubrimiento de otros componentes (CBD) que cumplen otros efectos. 

            Los mercados regulados del cannabis de tipo medicinal y no medicinal son ya una realidad pujante en varias jurisdicciones. En EEUU ya son 10 Estados con marihuana recreativa legalizada, incluido California (que por si sola representa la séptima economía del mundo) y otras 30 con cannabis medicinal. Canadá comenzó a recorrer el camino de la regulación en amplia colaboración con nuestro pais. En poco tiempo México y quizás CARICOM se unan a este club. Holanda esta revisando sus leyes. Varios países de America Latina y Caribe van por el camino del cannabis medicinal y algunos de Europa ya han incorporado investigación, inversión, movimientos en la bolsa, fundamentalmente en cannabis medicinal. También en la explotación industrial del cáñamo. Capítulos todos, contemplados en la Ley 19.172 y en los planes del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

            Mercado regulado del cannabis: pieza clave en el concierto internacional.

            La formación de nuestros diplomáticos.

            Los hechos demuestran que nuestro pais, no solo ha avanzado en el reconocimiento internacional en este tema, sino que ahora se abren puertas vinculadas a mercados, inversiones y buenas oportunidades para desplegar oportunidades de desarrollo económico y social. Un campo de cooperación y acuerdos que son totalmente inéditos y donde tenemos ventajas comparativas altas. Se han ido formando en estos temas varios funcionarios de nuestra Cancilleria. Embajadores, representantes y funcionarios diplomáticos han ido adquiriendo experticia en las singularidades del sistema internacional de fiscalización de drogas, de sus complejidades, normas y procedimientos de ámbitos internacionales y regionales. Ahora, hay que formarse también en las oportunidades comerciales y financieras que se despliegan en el tema. Uruguay ya es un centro de atención. Tiene ventajas comparativas por su legislación y por la experticia en el tema. Ya existen cámaras empresariales[4] de peso en nuestro pais y consultas del exterior en forma creciente.

            La regulación de mercado de cannabis: una larga construcción política y   técnica

            No fue un arrebato ni una improvisación. Es potente porque es la expresión de una política nacional desarrollada con una concepción y modelo de avanzada. De un posicionamiento critico a nivel internacional que desafió el status quo dogmático y hegemónico del enfoque prohibicionista y de guerra contra las drogas. Reclamando un debate serio y fundamentado, no ideologizado sobre el tema. Es un largo trayecto de maduración a partir de los logros conquistados en el plano de la Red de Atención en Drogas, de los programas de reducción de daños desplegadas por la sociedad civil, de investigaciones del Observatorio Uruguayo de Drogas, por la creación de Juzgados y Fiscalías especializadas en Crimen Organizado, de la Secretaria Antilavado y la creación del Fondo de Bienes Decomisados que administra los bienes incautados al narcotrafico. Uruguay tuvo un rol decisivo en la construcción de la Estrategia Hemisférica de la CICAD OEA. En el funcionamiento del Mecanismo de Evaluación Multilateral de OEA. Promovimos instancias regionales sobre política de drogas en MERCOSUR, UNASUR y CELAC. Desplegamos la cooperación, particularmente con la Union Europea America Latina desde el mecanismo de COPOLAD.

            Capítulo especial fue la colaboración con la construcción del Informe sobre Drogas en las Américas. En la Sexta Cumbre de las Américas celebrada en

Cartagena de Indias, 2012, encargaron a la Organización de los Estados Americanos la elaboración de es Informe [5]   Construido con una inteligente metodología, contiene dos capítulos: Informe Analítico y otro de Escenarios Posibles. Tienes también seis anexos documentales. En la 43 Asamblea General de OEA celebrada en Antigua Guatemala, convocada especialmente para abordar el problema mundial de las drogas se aceptó e incorporó este importante documento.

            Se aprobó también la Declaración de Antigua que entre otras cosas afirma:

RECONOCIENDO que las experiencias y nuevos enfoques que distintos           gobiernos y sociedades han desarrollado en relación al problema mundial de las drogas pueden ser fuente de aprendizaje global para la evolución de las actuales políticas de drogas, particularmente cuando consideran a la persona humana, su    entorno, la inclusión social y la dignidad humana, bajo criterios para mitigar los impactos negativos del uso indebido de las drogas, tomando en cuenta los principios contenidos en los instrumentos internacionales vigentes, incluidas las tres convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas y los instrumentos  internacionales de derechos humanos

            Las criticas al modelo de regulación del cannabis desde la JIFE

            La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano independiente y cuasi judicial constituido por expertos que fue establecido en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Está integrada por 13 miembros, cada uno de ellos elegido por el Consejo Económico y Social, para desempeñar un mandato de cinco años. Diez de ellos se eligen de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos. Los tres restantes se eligen de una lista de candidatos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uruguay expuso su posición ante JIFE en el 109º Período de Sesiones que se  desarrolló en Viena, entre el 3 y el 7 de febrero de 2014[6] Apenas unos meses antes, habían trascendido insólitas declaraciones del ex Presidente de JIFE Raymond Yans, calificando a nuestro pais, de ¨estado pirata¨, generando un rechazo general, incluso de sus propios pares que en la persona del Ec. Francisco Thoumi, dieron a conocer su opinión contraria a los términos usados por el mismo. [7]

                En diciembre del 2016, una Delegación de JIFE encabezada por el Dr. Werner Sipp visitó nuestro pais, y pudo recorrer, visualizar y evaluar no solo el funcionamiento concreto del mercado regulado: del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, de los mecanismos de registros, auto cultivadores, clubes cannabicos, y funcionamiento del sistema, sino la amplitud de nuestras políticas en drogas desde todos los aspectos: prevención, tratamiento, aplicación de la ley. La convencionalidad de nuestro modelo y las orientaciones del sistema internacional de fiscalización siguen en debate y este aspecto esta todavía en disputa, pero avanzando por el lado de las decisiones soberanas de un creciente numero de estados.

            Algunas organizaciones de la sociedad civil con estatuto en NNUU, amigas de Uruguay, han expuesto una solución posible a esta situación compleja en términos juridicos referidos a la convencionalidad. El año pasado TrasNational Institute (TNI) y Washinghton Office for Latinoamerica (WOLA) presentaron un Informe con propuestas que habrá que estudiar detenidamente. Se presentó aqui en Uruguay bajo el título de ¨El equilibrio entre la estabilidad y el cambio: La modificación inter se de los tratados de fiscalización de drogas de la ONU para facilitar la regulación del cannabis¨[8]

            La Sesión Especial de la Asamblea General de ONU UNGASS 2016

            El debate internacional tuvo un hito el 16 de abril del 2016 con UNGASS 2016. El documento aprobado llegó a un consenso respecto a los nuevos enfoques regulatorios, con la dosis de pragmatismo que supone el texto y la realidad.

            ¨Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los cuales ofrecen a los Estados partes suficiente   flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con  arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida y con el derecho internacional aplicable¨[9]

            Las posteriores reuniones de la Comisión de Estupefacientes en Viena, y la intención de realizar nueva cumbre para avanzar se han visto frustradas. Existe una tentativa del bloque prohibicionista en volver atrás. Una nueva situación se presentara en el próximo año, a partir de nuevas definiciones de la Organizacion Mundial de la Salud respecto al lugar que debe ocupar el cannabis en las Listas del control.

            Seguirán siendo las decisiones soberanas de los estados, las que sigan abriendo oportunidades para la modificación de los modelos de control y regulación de sustancias. La experiencia uruguaya muestra que hay caminos posibles para un cambio de modelo, y que cada país de acuerdo a su tradición, cultura e historia podrá superar el modelo prohibicionista que ha generado muchos mas daños que las drogas mismas.

            La evaluación del modelo uruguayo muestra que los usuarios de cannabis han confiado en la Ley y el Estado, se han registrado como obliga la Ley (aspecto este que fue muy debatido) y la opinión publica ha variado respecto a la legitimidad de este modelo. Ninguna de las previsiones catastróficas de quienes auguraban el fracaso del modelo se han cumplido. Mas bien todo lo contrario. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis [10] ha gestionado este modelo con éxito, apegado a derechos y garantías. Existen casi 50.000 personas registradas en el IRCCA. Usuarios que ya no concurren a lugares inseguros ni compran en el mercado ilícito, tienen un vinculo de confianza con el Estado. Al 15/5/19 el IRCCA informa que han sido otorgadas 4 licencias para cultivo de cannabis psicoactivo, 15 para cannabis no psicoativo, 3 para industrialización de cáñamo,14 licencias para investigación, 36152 registrados como adquirentes en farmacia, 114 clubes que reúnen a 3573 personas y 7124 autocultivadores. Existen informes periódicos del Observatorio Uruguayo de Drogas, del propio IRCCA, de Monitor Cannabis (organización independiente que funciona en acuerdo con la Facultad de Ciencias Sociales) y de la Unidad Especializada en Evaluación y Monitoreo que funciona en virtud de la ley. Como en otros temas, esta agenda está abierta a nivel internacional, como lo estuvo el Comité Científico Asesor que funciono hasta el 2016.

            El prohibicionismo: un dogma que comienza a resquebrajarse

            Uruguay ha promovido un enfoque critico del actual modelo prohibicionista reclamando la necesidad de un debate abierto, inclusivo y sin tabúes sobre las drogas.

Las sustancias sometidas a estricto control y fiscalización internacionales son una decisión de tipo político que se ampara en indudables daños que dichas sustancias producen, cuando se consumen en forma abusiva. Desde el inicio la Comisión del Opio de Shanghai, que se reunió a instancias de EEUU y China en 1909, pasando por todas las conferencias, convenciones, revisiones y la celebración de tres Sesiones Especiales de la Asamblea General de NNUU ( UNGASS 1990, 1998 y 2016) ha seguido la lógica basada en datos y construcciones científicas sobre la peligrosidad de las sustancias clasificadas en las Listas I, II, III y IV de la Convención Unica del 61 y las correspondientes a las de la Convención del 71.  En los  fines últimos enunciado en el prólogo en las convenciones pretendían garantizar el uso médico y científico para mitigar el dolor de dichas sustancias. El sistema internacional de fiscalización se propuso objetivos morales distópicos (un mundo libre de drogas) y no solo ha fracaso en ello, sino que además tampoco ha podido asegurar la libre accesibilidad de los opiaceos para calmar el dolor. La lógica de la peligrosidad de esas sustancias, no se compadece con el hecho que otras mas nocivas como el alcohol y el tabaco, han quedado fuera del sistema. Están sometidas a otro tipo de regulaciones internacionales. El tabaco y el alcohol, según la OMS aportan cada uno el 4,1 y 4,2 % de carga de morti morbilidad en el mundo. Todas las sustancias ilícitas bajo fiscalización aportan el 1,8%.a la carga de mortimorbilidad. Solo el tabaco cobra cerca de siete millones de seres humanos y el alcohol cerca de cuatro millones. El sistema internacional de fiscalización de drogas ha estado permanentemente cuestionado, por su incoherencia, rigidez, y resistencia a admitir la diversidad de modelos. Los hechos han mostrado que el sistema ha generado (no porque lo exijan los textos de las convenciones) la criminalización, incluido del consumo, la inclinación a endurecer las penas incluido la aplicación de la pena de muerte para ofensas menores. Llegamdo a lo que el presidente Nixon lanzó en los 70: la guerra contra las drogas. Subrayemos los objetivos geopolíticos inocultables de esa política: despliegue de equipos, bases y asesores de EEUU en toda la región. Hemos asumido una responsabilidad diferenciada, que despliega   la erradición de cultivos, la criminalización y la guerra en nuestros suelos. Los grupos criminales trasnacionales no solo trafican cocaina de sur a norte. Su cartera de negocios incluye tráfico de armas de norte a sur, lavado de dinero, trata de personas, etc. Sumemos a ello la constelación de corrupción de toda la cadena que esto promueve.  Al decir del ex Secretario General de ONU Kofi Annan: ¨Las drogas han destruido muchas vidas, pero las malas políticas han destruido muchas más.Todos queremos proteger a nuestras familias del peligro potencial de las drogas. (…)A nivel internacional, la guerra contra las drogas no ha tenido éxito. Se estima que la prohibición global cuesta al menos 100.000 millones de dólares (90.700 millones de euros) al año, mientras que hay 300 millones de personas que consumen drogas en el mundo, contribuyendo a un mercado ilícito internacional con un volumen de 330.000 millones de dólares al año, uno de los mayores mercados de materias primas del mundo. La prohibición ha tenido poco impacto en la oferta y demanda de drogas.(…) La prohibición no ha reducido considerablemente el consumo. Los estudios han fracasado una y otra vez a la hora de establecer un vínculo entre la dureza de las leyes sobre drogas de un país y sus niveles de consumo. La criminalización y el castigo generalizados de las personas que consumen drogas -las cárceles masificadas- significan que la guerra contra las drogas es, hasta cierto punto, una guerra contra los consumidores: una guerra contra las personas¨ [11]

            En el Segmento de Alto Nivel del 58 Período de Sesiones de la Comisión de             Estupefacientes (Viena 2015) año previo a UNGASS 2016 desplegamos, una serie      de preguntas, que siguen vigentes:

            ¨Tenemos el desafío de ser más efectivos, eficientes y humanos. No siempre      tenemos el coraje de mirar la realidad de frente y sin autocomplacencia. El      pensamiento único, dogmático, a veces moralista, otras veces pseudocientífico y    poco abierto a las buenas prácticas, dominan el panorama. Corremos el riesgo de  una nueva frustración si UNGASS 2016 no tiene el coraje de admitir que hay   diversidad de enfoques, de miradas diferentes, de nuevas experiencias y de un   rumor que recorre el mundo entero:  ¿Estamos verdaderamente cumpliendo con la  integridad de las políticas? ¿son efectivamente equilibradas? ¿No es una evidencia    que los fondos dedicados al control de la oferta y el peso de la estrategia están en    lo punitivo? ¿Se respetan los DDHH cuando ofensas menores, incluso el consumo  se penaliza hasta con pena de muerte?  ¿O cuando se practican las internaciones  compulsivas y los campos de trabajo forzado para adictos? ¿Podremos al menos  pensar acercarnos al diálogo sobre otro tipo de regulación? ¿Seguiremos  aceptando que la responsabilidad es común pero compartida en forma no equitativa, que algunos costos humanos, económicos y sociales están diferenciados y pesan en los más pobres? ¿Que en los países de producción y de tránsito se despliega con más intensidad la violencia, a pesar que el consumo de drogas es muy bajo, y la demanda de consumo y los terminales del lavado de dinero siguen la ruta hacia el Norte? ¿Seguiremos aceptando una interpretación  flexible de las Convenciones en un sentido represivo: porque hay Estados que las interpretan aplicando pena de muerte. ¿Verdaderamente se custodian y garantiza el derecho a la salud y la seguridad humana con políticas que incrementan la  violencia y castigan por igual a toda la cadena de las drogas? ¿Continuaremos   hablando de tratamientos cuando es notorio que el derecho a la salud no está    contemplado en la mayoría de los sistemas de salud, que el enfoque religioso no  es aceptable como base científica? ¿Seguiremos negándonos siquiera a        mencionar el término y el enfoque de reducción de riesgos y daños, como en si    estuviéramos en la Inquisición, negándonos a aceptar que los programas de   intercambio de jeringas y los espacios de venopunción asistida fueron una   respuesta humanitaria y eficaz para el embate de heroína de los años 80?¨[12]    


[1]   Licenciado en Psicología. Docente de Psicopatología. Secretario General de Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República (2005-2011/2015-2016). Embajador Itinerante para Drogas y DDHH. Representante Permanente de Uruguay ante OEA (2012-2014). Representante de Uruguay en: Comisión de Estupefacientes de NNUU, Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas CICAD-OEA, Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED), Consejo Suramericano para Problema Mundial de Drogas de UNASUR. Jefe de Delegación de Uruguay en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016).

[2]             https://elpais.com/elpais/2019/03/18/eps/1552929980_035433.html

[3]             Celebre científico israelí que en sus investigaciones aisló y determinó la estructura y síntesis total de la molécula Δ9-tetrahidrocannabinol THC

[4]   https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-tendra-una-camara-de-empresas-de-cannabis-medicinal-20181015164824

[5]             https://www.oas.org/docs/publications/layoutpubgagdrogas-esp-29-9.pdf

[6]   http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion actualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;presentacion-de-uruguay-ante-la-jife;4;PAG;

[7]   http://www.telenoche.com.uy/mundo/yans-contra-el-mundo.html

[8]             Autores: Martin Jelsma, Neil Boister, David Bewley-Taylor, Malgosia Fitzmaurice,John Walsh En colaboracion con Global Drug Policy Observatory (GDPO), Washington Office ol Latin America (WOLA)  Programa Drogas y Democracia TNI

[9]               Documento final del trigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603304-S.pdf

[10]           www.ircca.gub.uy/

[11] https://www.huffingtonpost.es/kofi-annan/legalizar-las-drogas_b_9317094.html

[12]  Intervención del Jefe de Delegación de Uruguay. Segmento de Alto Nivel 58 Periodo de Sesiones de CND. Viena. Marzo 2015. https://www.tni.org/files/interevencion_m_romani_cnd2015_0.pdf

Publicado en la Revista Diplomática enero-junio 2019

VIVIR BIEN: EL DISCRETO ENCANTO DE LA HOJA DE COCA por Milton Romani Gerner*

Evo Morales en Viena

“La masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”, estableció el artículo 49 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. El presidente de Bolivia, Evo Morales, compareció nuevamente en Viena ante la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas para dar cuenta, responsablemente, de la aplicación de un modelo alternativo, renovador, apegado a decisiones soberanas y a derechos humanos en políticas de drogas.

Han pasado diez años desde que la comunidad internacional lanzó una Declaración Política y Plan de Acción en la que se planteaba objetivos que en parte no se han cumplido. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, a nivel global no se ha conseguido reducir la oferta de drogas ni su consumo o los daños asociados. Tampoco hay cifras significativas sobre reducción del lavado de activos o de la corrupción inherentes a estos fenómenos. Insólitamente, se pone más energía en atacar las alentadoras experiencias de los mercados regulados de cannabis. Es lo mismo que hicieron con Bolivia, que debió recurrir in extremis a salirse de la Convención y a volver a firmarla con reservas.

Evo Morales pone sobre la mesa la urgente perentoriedad de continuar abriendo y promoviendo un debate abierto, inclusivo y sin tabúes, asumiendo las virtudes de los enfoques regulatorios, que toman las singularidades de los estados y comunidades para diseñar sus políticas de desarrollo. En base a sus tradiciones culturales y sus desafíos sociales, amparando la salud pública, los derechos humanos y un enfoque de desarrollo humano. A la manera del “vivir bien”, como nos enseñan los y las hermanas bolivianas.

El modelo alternativo de Bolivia

Hace diez años, Evo también estuvo en Viena. Un murmullo y, luego, un aplauso coronaron la elocuencia de su intervención cuando, al finalizar, tomó una hoja de coca y comenzó a masticarla. Fue contundente.

Ahora el Estado Plurinacional de Bolivia presenta su evaluación y resultados. No es esperable que otros estados presenten responsablemente balances similares. Estados Unidos, que pobló con equipos y bases militares nuestro continente, so pretexto de la lucha contra las drogas (incluido el bombardeo de las plantaciones y cultivadores del Chapare), deberá dar cuenta de la “crisis de los opiáceos”, que sólo en un año ha significado la muerte por sobredosis de 70.000 personas.

Enfocada en erradicar una planta en origen, la “guerra” se concentró en Bolivia en la represión a la población campesina e indígena. Se la combatió, estigmatizó y criminalizó. El Plan Dignidad de Hugo Banzer, apoyado en todas sus líneas por Estados Unidos, significó el bombardeo de plantaciones y la represión a los cocaleros. Torturas y maltrato por parte de la Policía y el Ejército, encarcelamiento masivo, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Ese era el modelo de erradicación de coca.

El gobierno boliviano desarrolló dos programas para la erradicación consensuada con control social y su alternativa de lucha contra el narcotráfico: Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca (2007-2010) y Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (2011-2015). Con financiación de la Unión Europea y con monitoreo de la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU (UNODC) se llevó a cabo, no exento de discusión y ajustes, el cálculo de las hectáreas necesarias para el uso tradicional de la hoja de coca y luego la instrumentación de un enjudioso programa de control social. Fue un diálogo, por momentos fuerte, con las propias bases sociales que llevaron a Evo a la presidencia. Pero se dio con lealtad, coraje y responsabilidad.

Uruguay y Bolivia: políticas de drogas y DDHH

“Uruguay comparte la iniciativa presentada por Bolivia al secretario general de la ONU para que en la Comisión de Estupefacientes se elimine la prohibición del masticado de la hoja de coca, manifestando su apoyo a lograr que la comunidad internacional acepte adaptar los instrumentos jurídicos existentes para reconocer esta práctica tradicional”, establecía el comunicado conjunto de Tabaré Vázquez y Evo Morales en 2009, ratificado por José Mujica en 2010 en Cochabamba.

En 2008 Bolivia copatrocinó la Declaración 51/12 que promovió Uruguay en la Comisión de Estupefacientes. Lo hizo junto con Argentina, Suiza y la Unión Europea. Fue una sesión tumultuosa, que abrió caminos. Proponía “la debida integración de los instrumentos de derechos humanos a la política de fiscalización de drogas”. Hoy forma parte del discurso global sobre drogas.

Cuando Bolivia presentó por primera vez el Plan de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD, OEA) celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 2006, Uruguay fue el único país que defendió ese derecho. Según el acta de la sesión, el delegado de Uruguay planteó: “La posición de la delegación boliviana debe ser de recibo, en tanto Bolivia evalúa con pleno derecho (de acuerdo al punto 6 de la Introducción a la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, 1998) que la erradicación forzosa les ha traído más costos económicos y sociales que, lejos de resolver, han agravado el problema. Que Colombia planteó también que su forma de solucionarlo era otra y está en su derecho. Bolivia plantea que está abogando por una reconversión industrial y por una erradicación consensuada. Lo único que podemos y tenemos que hacer en base a la cooperación regional y la responsabilidad compartida es ayudar a Bolivia y, en todo caso, exigirle que estructure un programa concreto, viable, coparticipado con nuestros países, sujeto a monitoreo y evaluación, como también tendrían que monitorearse y evaluarse otros caminos ensayados en el hemisferio”.

En esa reunión agregué: “La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha realizado un fallo por unanimidad que ha determinado que el uso de ayahuasca para fines religiosos no es punible. ¿Por qué? Porque entendió que la tutela del derecho a profesar un credo religioso está por encima de los eventuales daños que las agencias especializadas no pudieron demostrar ante esa corte. Reclamo este derecho para Bolivia. Lo reclamo también para Colombia. Pero, más que nada, lo reclamo para todos nuestros países. Es un tema complejo, difícil y complicado. Démonos la forma de abordarlo con seriedad y no con consignas. Mucho menos con prejuicios”.

Este desafío sigue en pie. Esperamos que haya apertura y flexibilidad para las nuevas experiencias. Si continúa el dogmatismo fundamentalista, los estados innovadores nos veremos tentados a recorrer el camino sugerido por nuestros amigos expertos de la sociedad civil: los acuerdos y modificaciones inter se. Amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se pueden generar acuerdos de países afines a los mercados regulados, que permitan una cooperación e intercambio (incluso comercial) sin renunciar al cumplimiento de las convenciones y de los compromisos con la comunidad internacional.1

*Milton Romani fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 15 de marzo de 2019


  1. “El equilibrio entre la estabilidad y el cambio: La modificación inter sede los tratados de fiscalización de drogas de la ONU para facilitar la regulación del cannabis”, de Martin Jelsma, Neil Boister, David Bewley-Taylor, Malgosia Fitzmaurice, John Walsh. 

OPIÁCEOS EN ESTADOS UNIDOS Y REGULACIÓN URUGUAYA por Milton Romani Gerner

• 27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos. Y los abusos van más allá de la heroína: casi 50% de las muertes por sobredosis en 2015 están relacionadas con analgésicos recetados para tratar dolores moderados y fuertes.

• En 1996 la farmacéutica Purdue sacó al mercado OxyContin, una pastilla de oxicodona pura que, según aseguró en ese momento, permitía aliviar el dolor durante 12 horas y representaba menor riesgo de abuso y adicción que otros fármacos. La empresa acompañó el lanzamiento con una intensa campaña de promoción entre médicos. El efecto fue tan fuerte que algunos expertos aseguran que la “epidemia” de opiáceos empezó entonces. (1)

• Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Estados Unidos publicó los montos pagados por las compañías de medicamentos y dispositivos a doctores y hospitales docentes. En 2016 fueron más de 8.000 millones de dólares. Más de 630.000 médicos tenían registros de pago. Purdue Pharma realizó casi 80.000 transacciones en 2016, por un valor total de más de siete millones de dólares. (2)

La guerra contra las drogas consume miles de millones de dólares en presupuestos de miles de agencias policiales, aduaneras, militares y de aplicación de la ley. Hubo equipo y bases militares desplegadas en todo el hemisferio so pretexto de lucha contra el narcotráfico. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos denuncia lo doblemente mortal de esta estrategia de guerra. No hay presupuestos y dispositivos de tratamiento. Según un informe oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “sólo 10% de los adictos a las drogas pudieron acceder a un tratamiento especial en 2016”.

La actual es una estrategia desequilibrada que sigue generando desastres. Intensificando la violencia. Llenando cárceles con ofensores menores o consumidores. Esta guerra no contiene nada. Y es una fuente permanente de corrupción.

El señor Donald Trump iba a declarar emergencia nacional pero se arrepintió. Está alarmado, pero no tanto. En el tema de la venta desregulada de armas (que con esta crisis le esta costando más vidas que las ocasionadas por terrorismo) dijo que las armas no eran el problema. Que es un problema de salud mental. Parece un insight. Incluso personal. Veamos cómo evoluciona el paciente.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) –de Uruguay, un país con 3,4 millones de habitantes– tiene ya, registrados en forma voluntaria, 15.575 adquirentes en farmacias, 7.478 autocultivadores y 68 clubes de membresías (www.ircca.gub.uy), más de 25.000 hombres y mujeres que confían en el Estado y el modelo regulatorio y que no recurren hoy al mercado del narcotráfico. Consumen, sí, pero una sustancia menos dañina y bien controlada, y con advertencia e información adecuada sobre los riesgos. Este nuevo vínculo entre usuarios de drogas y Estado es revolucionario. Los efectos educativos, preventivos y de consulta temprana serán un plus de la regulación responsable de un mercado siempre complejo en contraposición con un Estado que criminaliza y aleja a los usuarios.

El creciente fenómeno de medicalización de nuestras vidas, y la voracidad y descontrol de la industria farmacéutica, replantean la vigencia del principio de regulación. Para enfrentar los mercados ilícitos de drogas, pero también, y con mucho más razón, para los de circulación lícita o semi controlada.

La regulación de los mercados, de todos los mercados, está puesta nuevamente en el tapete. La reducción de daños también. La crisis de heroína en los 80 enfrentó a varios países de la Unión Europea y a ciudades como Vancouver a tomar medidas pragmáticas y eficaces para salvar vidas. Enfoque de reducción de daños. Tuvieron éxito. Pararon la epidemia. Se dispusieron fondos para tratamientos diversos ante las sobredosis, el contagio de VIH-sida y la hepatitis C. Programas de intercambio de jeringas, salas de venopunción, dispensión de morfina legal, como en Suiza, terapia de sustitución con metadona. Siguen siendo controvertidos y son innombrables, incluso en los textos de los organismos multilaterales. Acá también se hizo un escándalo por el control de calidad que realizó Proderechos de las anfetaminas en bailes electrónicos. Pero salva vidas.

Sigue siendo una incoherencia del sistema prohibicionista que drogas como el alcohol y el tabaco nunca estén integradas a las políticas de drogas. Contradice el argumento de que las drogas se fiscalizan (y como secuela, surgen guerras en torno a ellas) porque hacen daños. En realidad se fiscalizan por opciones políticas y geopolíticas de mayor peso.

Hay que sacar al cannabis de la Lista 1 de Estupefacientes. 

El tabaco mata siete millones de seres humanos al año y las bebidas alcohólicas casi cuatro millones. Aportan cada uno 4,1% de la carga de mortimorbilidad de la humanidad. Todas las drogas de circulación ilícita no llegan ni siquiera a 1,8% de esa carga. Además, está la incongruencia de que el cannabis, que no reporta muertes por sobredosis, sigue en la Lista 1 de las Convenciones, que marca la peligrosidad de las sustancias. Al lado de la heroína. Una incoherencia que la comunidad internacional debe arreglar y que se discutirá en la Organización Mundial de la Salud. Es más: Uruguay, como cualquier otro estado miembro, tiene las potestades de cambiar y trasladarla a la Lista II, menos restrictiva y reservada para uso médico. La presidenta chilena Michelle Bachelet ya lo hizo.

“No hay que consumir drogas, salvo aquellas que indique el médico” no parece una indicación sabia. Ni por su verosimilitud, ni como prevención educativa. Es iatrogénica. Pretende ser una máxima moral que no se compadece ni con la naturaleza humana real (siempre invadida por nuestras debilidades y deseos) ni por un criterio de prevención adecuado. Todas las prácticas sanitarias de avanzada van por la senda de cogestionar los riesgos, el consentimiento informado y la reducción de daños.

La práctica médica, el marketing de los laboratorios y las drogas son un triángulo complejo, que hay que considerar dramático, o mejor dicho tragicómico, en políticas de salud pública. El entramado de intereses, el sesgo de las investigaciones y el lanzamiento de drogas médicas que pueden ocasionar daño es un desafío. Ni mercado libre de las corporaciones, ni crimen organizado transnacional del narcotráfico que termina usando los mecanismos de lavado como “legalización” de sus ganancias.

En Uruguay la política de drogas promovida por los gobiernos del Frente Amplio ha tenido un capítulo fuerte y central en la instrumentación del modelo de regulación del cannabis. Pero no es lo único. Uruguay supo construir una estrategia equilibrada y desplegar dispositivos de atención y tratamiento, de cercanía, de innovación, como el germen de los tratamientos de base comunitaria. De investigación. Promovimos regulaciones diversas: sistema financiero, tabaco, alcohol.

Todavía no se ha calibrado la trascendencia de este hecho y la línea de continuidad que tiene en materia de integralidad de la política. Ni del prestigio diplomático que a nivel internacional nos identifica con la defensa de los derechos humanos vinculada a las políticas de drogas (tampoco se valora la formación que han hecho varios jóvenes diplomáticos en el tema).

La apertura y puesta en marcha en 2006 del Portal Amarillo fue un símbolo insignia de que en este tema íbamos con todo. Con mucho esfuerzo y metiendo ganas y camiseta. A veces se extraña esa vocación. No había nada. Durante años estuvimos sin lugares de tratamiento, de investigación en la materia. Se hizo mediante el esfuerzo compartido de actores bien diversos: la Organización de los Jubilados del Banco de Previsión Social (sí, ellos cedieron el local), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y un equipo multiprofesional de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay y la Secretaría Nacional del Deporte. La primera piedra de lo que es hoy la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas y los dispositivos Ciudadela. Fue la respuesta en términos de derechos y salud pública que daba el primer gobierno de izquierda. Necesitamos cuidar esto.

Tampoco cojeamos por ingenuos. Creamos la Secretaría Antilavado, las fiscalías y juzgados en Crimen Organizado, el Fondo de Bienes Decomisados (que sigue siendo una cenicienta desamparada que, sin embargo, es una fuente de recursos para estas políticas), se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. Dimos conducción y generamos confianza a un mando policial saneado que entendió la especialización pero también el trabajo comunitario de cercanía. Dimos relevancia institucional a la Junta Nacional de Drogas, en su funcionamiento real, en su intersectorialidad, en la gestión e iniciativa y coraje político. Pudimos construir y trazar líneas de continuidad con la excelente gestión de Julio Calzada, verdadero factotum de la regulación. Continuidad que bien nos cuidamos de tener también con algunos programas y alertas que nos dio en su momento el doctor Leonardo Costa. Deberíamos, también, cuidar esto.

Rápido y furioso

Somos noticia mundial, aunque el gobierno no se haya dado cuenta. Algunos parecen estar inmovilizados por prejuicios antediluvianos. O por aquel nocivo narcisismo de las pequeñas diferencias. La pretendida mesura en instrumentar y avanzar en el mercado regulado del cannabis muestra poco coraje político. Lo mismo que en el plano de derechos humanos. Poco coraje y decisión. En términos futbolísticos hay una expresión mas contundente: faltan ovarios. Un lugar desmerecido en la agenda, cero docencia y comunicación, desdén y lentitud. Parecen no valorar lo más importante: no se trata sólo de legalizar y regular la marihuana, que es lo más espectacular. Se trata de que en el mundo entero estamos innovando, con otra forma de controlar y fiscalizar sustancias controladas.

Estamos a la vanguardia de un relato nuevo y hemos sido, somos, referencia política y moral del cambio de paradigma. Pero no parece ser ese el espíritu y la apreciación política de los decisores. Menos del FA, que ni habla del tema. Parece vivirse en forma vergonzante. Es un absurdo. Se elude potenciar un logro que tiene impacto político y por añadidura, electoral. En los jóvenes y en los avances reales de seguridad ciudadana. Hay, ya, más de 25.000 ciudadanos que están más seguros. Además, repito; nos coloca en un sitial internacional, por nuestro apego al derecho internacional de los derechos humanos, que, además, abriría otras puertas.

El eminente científico israelí, Raphael Mechoulan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubridor del THC como principio activo del cannabis, decía hace un par de semanas, en un mensaje enviado a la Conferencia Latinoamericana 17ª (celebrada en Buenos Aires en octubre) que hace 34 años generó evidencia científica sobre las aplicaciones pertinentes del cannabis medicinal. Tenía una sabia resignación sobre el tiempo que habría de esperar para que le dieran atención. Ahora sabemos, gracias a las investigaciones de su equipo multidisciplinario, que el organismo tiene receptores específicos de un sistema endocannabinoide que explica la dinámica del cannabis en nuestro cuerpo. El doctor Yosi Tam, jefe de su equipo, estuvo en Montevideo invitado a una Jornada de la Sociedad de Endocannabinología. No vi inquietud, iniciativa o presencia de nuestras autoridades sanitarias.

Tampoco vi a nadie (salvo a Augusto Vitale, que fue a título personal) en el otro seminario internacional ya mencionado, que fue organizado por la embajada de Israel en Argentina y la Universidad Hebrea. Es una pena. Porque los vínculos que se tejieron desde la Junta Nacional de Drogas con la embajada de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén eran excelentes.

Las autoridades tampoco parecen estar enteradas de las excelentes investigaciones del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis de nuestra Universidad de la Républica, o del Instituto Clemente Estable, o de los aportes realizados por el Comité Científico Asesor que hizo seguimiento de la aplicación de la ley, y sigue (porque no se disolvió) integrado por distinguidísimas personalidades, como Luis Yarzábal, Amalia Laborde, Susana Mallo, Nilia Viscardi, Eduardo Manta, y, en su momento, María Julia Muñoz y los hoy fallecidos Pablo Carlevaro y Gonzalo Uriarte. Del aporte del Sindicato Médico del Uruguay, que es el único que ha tenido el valor de formar médicos en usos del cannabis.

(1). https://ladiaria.com.uy/ articulo/2017/11/estados-unidos-tomamedidas-para-combatir-la-crisis-de-losopiaceos-cuyo-consumo-mata-a-masde-100-personas-por-dia/

(2). Owen Amos. BBC. www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41755400.

Publicado en La Diaria, 15 • nov. • 2017