Dijo Jesús. Y ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente». Denles de comer.
Una pequeña reflexión para contextualizar el texto del Evangelio, Jesús al llegar en una barca ve que lo esperaba una multitud hambrienta, se conmueve y decide ordenar la tarea a sus seguidores y seguidoras más cercanos, dar de comer.
Este mandato de Jesús a sus apóstoles en Lucas 9,13 molesta profundamente al Ministro Lema y a todo el gobierno herrerista. A su coalición con el riverismo, y militarismo cabildante que fue bendecida por el Cardenal Sturla.
En realidad, ese mandato cristiano es el que reciben y cumplen las diversas organizaciones que se nuclean en las Ollas Populares y merenderos. “Solidaridad genética” o solidaridad construida con fe y esfuerzo, lucha y militancia. Sensibilidad con él, los otros y otras que pasan hambre. Todo lo que no pueden tener ni sentir los niños mimados en los jardines del poder y de las casas ricas. No saben lo que es eso. Como no saben lo que es ir a un tablado de carnaval.
Es tan grande la soberbia, de los que se creen dueños de los bienes que son comunes, que intentan borrar años de luchas y construcción de ciudadanía, generando odio a los pobres (aporofobia) estigmatizándolos, culpabilizándolos de su falta de acceso a los bienes esenciales para una vida digna. Es una incapacidad humana que deviene de su apego a los mal llamados ¨malla oro¨: ganaderos, exportadores, grandes empresarios. Con ellos es imposible cumplir el mandato de darles de comer a los hambrientos. Mas bien les cabe esta frase de las epístolas:
¨Los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males: el cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (Timoteo 6:9,10)
La alimentación adecuada es un Derecho Humano que todas las personas poseen Únicamente por haber nacido y ser parte de la especie humana. Es un derecho inalienable, no pueden ser negado por nadie. De hacerlo se ataca la dignidad que todos tenemos.
Los DDHH están por encima del actual y de todo gobierno que tiene la obligación de que todas las personas que habitamos el territorio llevemos una vida digna, con acceso a la libertad, igualdad, al trabajo, a la tierra, al techo, la salud, a la educación, al agua.
Los DDHH existen para evitar la tiranía y la injusticia y garantizar la dignidad e igualdad de derechos entre mujeres y hombres, con la finalidad última de garantizar el progreso de las sociedades, el bien común, la paz y la justicia.
Pero el hambre es una realidad en el Uruguay. Una afrenta que debería levantar la indignación pública: 22% de los niños menores de 6 años es pobre. De hogares pobres. Es imposible negarlo. Mas ofensivo aún: en el país no hacen falta alimentos, la exportación de carne vacuna y ovina lo demuestran, lácteos, soja como algunos ejemplos. Lo que falta, es mejor y justa distribución de los bienes comunes, tener presente las necesidades del otro, aprender a repartir para que nadie pase necesidad, trabajar por seguridad alimentaria para todos.
Vivir sin lo necesario, durmiendo en la calle, pasando hambre, sin un lugar donde higienizarse, morir de frio en invierno, no es algo natural ni deseado por nadie- Eso tiene que quedar claro por más que los poderosos intenten generar por los medios de comunicación prejuicios y violencia hacia esa población.
Es tiempo de solidaridad
Tiempo de transformar las situaciones de injusticia y opresión, de construir espacios solidarios que logren romper el individualismo. Espacios que logren inclusión, participación, construcción de ciudadanía, de dialogo y danza.
Tiempo que nos llame a reconocer nuestra fragilidad, de ser consientes que somos uno con la tierra.
Tiempo de enfrentar el modelo económico que no defiende la vida ni la naturaleza, que no garantiza el trabajo, la salud, el techo, la alimentación necesaria para que gran cantidad de niños puedan tener un desarrollo intelectual y físico acorde a su edad.
Tiempo de que los adultos mayores puedan recibir una jubilación justa y digna como retribución a sus años de trabajo.
Tiempo de decir no al individualismo egoísta, neoliberal que promueve el éxito a cualquier precio, sin importar lo colectivo, ni la exclusión, ni el empobrecimiento ni la soledad.
Las relaciones que ha generado la clase dominante demuestran su fracaso, su incesante afán de lucro, avaricia . El desprecio a los humildes los lleva a los actos de corrupción reñidos con la moral y para eso se apoyan en los aparatos del Estado.
Pero el tiempo de organizar la rebeldía viene asomando.
La alimentación es un elemento central de nuestras vidas. Como forma de recibir los nutrientes indispensables, como placer compartido, cómo hecho social que nos vincula a las personas de nuestro entorno, como parte de nuestra economía y de nuestra cultura, como relación con la naturaleza.También como expresión de las graves desigualdades que sufren nuestras sociedades.
Vivimos hoy una crisis alimentaria que tiene muchos componentes, a nivel internacional y en nuestro país. Para analizarlos la Red de Municipios y Comunidades Saludables realizó en este mes de julio un Seminario sobre Crisis Alimentaria. Seguridad y Soberanía Alimentaria con dos talleres 24 y 29 de julio, uno más teórico y otro más práctico.
Este seminario forma parte del Espacio de Formación de Promotores Sociosanitarios, al que se inscribieron mas de 500 personas de todo el país.
Se enviaron diversos materiales por correo electrónico a las personas inscriptas: conferencias previas sobre la situación nutricional en Uruguay, sobre políticas de alimentación en España y Paraguay, sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria, junto con testimonios de Ollas Populares, experiencias de Huertas comunitarias y familiares, aportes del Nucleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Udelar y materiales educativos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y el Programa de Nutrición del MSP. Todos estos materiales, junto con los dos talleres están disponibles en el canal de youtube : (39) Red de Municipios y Comunidades Saludables – YouTube o pueden solicitarse al correo municipioscomunidadesaludables@gmail.com.
La malnutrición por déficit y por exceso caracterizan esta crisis como grave problema que existe en todas las franjas etarias, comenzando desde edades muy tempranas e influyendo en todo el curso de la vida.
Como enfatizaron la nutricionista Victoria Miqueiro de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas y la nutricionista Natalia Rey responsable del programa de nutrición de la IM hay un vínculo estrecho entre mala alimentación y Enfermedades Crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer , que son la principal causa de muerte en Uruguay. También se ha constatado que las personas con obesidad tienen una evolución mucho peor en los casos de Covid 19.
La otra cara de esta realidad es el hambre, la inseguridad alimentaria y los problemas nutricionales por déficit. La anemia y el retraso de talla en relación con la edad, son consecuencias de estas carencias afectando el desarrollo y la salud de las personas. El aumento drástico de la pobreza, cien mil nuevos pobres en el último año, 30% más que en 2019, influyen en las graves dificultades de algunos sectores para acceder a una alimentación suficiente.
Como señala Victoria Miqueiro 50% de los niños presenta un peso mayor al adecuado. El retraso de talla en relación con la edad paso de 5% en 2013 a 7% en 2018. También aumentó el sobrepeso, la diabetes y la anemia en mujeres embarazadas. Mas del 90% de la población no consume la cantidad de frutas y verduras recomendadas.
Gastón Ares y Alejandra Girona del Nucleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la Republica presentaron asimismo cifras muy fuertes de la crisis alimentaria:
*En setiembre de 2020, 1 de cada 6 hogares con niños, niñas y adolescentes experimentaba inseguridad alimentaria grave o moderada.
*Casi 3 de cada 10 menores de 2 años presentan anemia.
* 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 12 años presenta sobrepeso u obesidad.
* 6 de cada 10 adultos presenta sobrepeso u obesidad.
¿ Como se gestó esta situación nutricional ?
En las últimas décadas hubo en América Latina una fuerte ofensiva comercial de una decena de grandes compañías multinacionales para ampliar el mercado de productos caracterizados como ultraprocesados (para diferenciarlos de los naturales y los procesados) con altos contenidos de sodio, grasas y azúcares. La OPS constató el gran incremento del consumo de estos productos y sus efectos perjudiciales para la salud. Uruguay es uno de los paises donde este aumento fue mayor. El consumo insuficiente de alimentos naturales y el elevado consumo de ultra -procesados, con exceso de sodio, azúcares y grasas son la principal causa de la epidemia de sobrepeso y obesidad.
¿Cómo promover cambios imprescindibles en la alimentación para proteger nuestra salud?
Necesitamos una política pública firme, que abarque diversas dimensiones, con estrategia y hoja de ruta bien definidas, que conjugue la labor del Estado a nivel nacional, departamental y municipal, con las acciones de la sociedad civil y en particular de las comunidades en cada territorio. Sin duda es uno de los grandes Objetivos Sanitarios Nacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Cómo transformar los sistemas alimentarios?
Ares y Girona proponen medidas estructurales basadas en el Derecho a una Alimentación Adecuada :
• Impulsar políticas públicas que promuevan la seguridad y soberanía alimentaria en los territorios. • Garantizar que todas las personas puedan acceder y pagar alimentos nutritivos y saludables.
• Promover medios de vida equitativos
• Monitorear y fiscalizar las políticas públicas
• Mejora de las condiciones de vida de los pequeños productores y en especial de las mujeres rurales
• Fortalecer la diversidad de la oferta de alimentos producidos, que es mucho más amplia que la que ofrece la agricultura industrializada-monocultivos.
Agregan propuestas de medidas locales para el acceso a los alimentos y la agricultura familiar
• Promover mercados locales y formas alternativas de comercialización de los alimentos, contribuyendo a la articulación entre productores y consumidores (circuitos cortos)
• Cocinas comunitarias
• Bancos de alimentos
• Restaurantes populares
• Rescatar semillas nativas y criollas que promueven la autonomía alimentaria
• Fomentar experiencias de agricultura urbana
• Desde espacios educativos y experiencias alternativas fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica y de reflexión sobre la relación salud y modelos alimentarios.
• Complementariedad de programas y proyectos nacionales, departamentales y municipales donde se puedan integrar recursos y acciones.
Es necesario un cambio cultural profundo y eso requiere acciones educativas y experiencias alternativas al modo de consumo que se ha impuesto en las últimas décadas.
En el taller del 29 de julio Natalia Rey insistió que en últimos años se han desarrollado muchas actividades y herramientas para la promoción de alimentación y estilos de vida saludables.
Entre esas acciones mencionó los cursos de formación de “Multiplicadores de las Guías Alimentarias” en todo el país dirigidos a personal de salud y educación. También un “Set educativo” con herramientas didácticas, juegos de mesa y de lona de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y múltiples materiales del Programa de Nutrición del MSP.
No todas han tenido una difusión adecuada y muchas veces no son conocidas por parte de la población en general o incluso por las personas interesadas en promover acciones comunitarias al respecto. La intención de la Red MCS es compartir los recursos y materiales existentes para realizar actividades a nivel comunitario.
En el campo de la alimentación hay experiencias de acción social destacables como el Mercado Popular de Subsistencias . El MPS es una organización social para comprar colectivamente a empresas cooperativas o autogestionadas, pequeños productores, agricultura ecológica. Además de apoyar la subsistencia de estos emprendimientos se logran precios sustantivamente mas bajos y accesibles y se van tejiendo redes de solidaridad. La cantidad de familias que participan del MPS ha crecido notoriamente en la crisis actual superando las mil familias agrupadas en 62 barrios de Montevideo y Area Metropolitana. Un funcionamiento federal, participativo y autogestivo es uno de los elementos de esta ampliación.
Las huertas familiares y comunitarias han generado un interés mayor en amplios sectores en el último período. En el Seminario se aportaron criterios para una planificación adecuada de huertas, recomendaciones para lograr el éxito de estos emprendimientos.
Las Ollas Populares fueron y siguen siendo una gran respuesta solidaria a la emergencia alimentaria. Crecieron rápidamente desde marzo de 2020 ante la omisión del Estado en esta materia y la insuficiencia de otras acciones institucionales. Mas de 700 Ollas y merenderos tanto en Montevideo como en el interior contribuyeron a paliar la crisis de acceso a la alimentación. Aún hoy, un año y medio después continúan asegurando un plato de comida o una merienda a quienes lo necesitan. Son respuestas populares, que se vinculan con otras acciones como huertas, roperos, sostenidas por la solidaridad de vecinos y comercios locales, construyendo redes como las distintas Coordinadoras de Ollas y Merenderos y la Coordinadora Popular y Solidaria. Varios testimonios de Ollas y Merenderos se produjeron y subieron al canal de youtube de la Red de Municipios y Comunidades Saludables para este seminario.
El Seminario sobre Crisis Alimentaria tuvo un diseño participativo, recogiendo diversas percepciones y propuestas que aportaron sus participantes de muchos puntos del país desde Artigas y Bella Unión hasta Rocha, Salto, Paysandú y el Area Metropolitana. En el trabajo de los 6 subgrupos las preguntas orientadoras fueron : ¿Qué podemos hacer cada uno para que se tome en cuenta el etiquetado frontal al elegir un producto? ¿con qué frecuencia están los productos con o sin etiquetado por excesos en la alimentación diaria ?¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para disminuir el consumo de productos altos en grasas, sal y azúcar?
Las propuestas que surgieron de la discusión fueron muchas. Mencionaremos algunas :
*Para poder elegir bien tener mas información. Generar el hábito de mirar las etiquetas, evitar su naturalización. Distribuir materiales sencillos con ideas claras, dibujos y poco texto.Usar los medios de comunicación, incluyendo los comunitarios y barriales.
* Comenzar por lo personal, hablarlo en la familia, con los vecinos y en las organizaciones donde participamos. Trabajar en los CAIF, las escuelas y liceos, las cooperativas, las redes de personas mayores, las organizaciones de consumidores. Promover juegos para involucrar a los niños y por ellos llegar a las familias. Involucrar a los abuelos y las personas mayores.
*Promover la comida casera, el hábito de cocinar, el disfrute de los sabores naturales y los vínculos sociales relacionados. Difundir recetas saludables desde las redes comunitarias. Ver formas de sustituir los productos no saludables. Impulsar las huertas familiares y comunitarias como herramientas para el cambio de hábitos.Rescatar programas como Cocina Uruguay que enseña a cocinar saludable y barato.
*Mas impuestos para los productos con exceso de sodio, azucares y grasas como se ha hecho en otros paises. Bajar los costos y los precios de los alimentos saludables. Mayor fiscalización. Involucrar a los comercios en la promoción de productos saludables. Incidir en el menú de los restaurantes. Rechazar la modificación del decreto sobre hexágonos que elevó los parámetros para evitar que algunos productos tuvieran las etiquetas por excesos. Juntar firmas para volver a los criterios anteriores.
*Partir de la realidad de cada territorio para ver alianzas posibles, problemas críticos y acciones coordinadas para mejorar los hábitos. Considerar la situación de las ciudades de frontera donde influyen las realidades de paises limitrofes.
Volviendo al inicio de este artículo. La alimentación saludable es un tema que nos involucra a todos, como personas y como colectivos. Tenemos mucho para cambiar si queremos proteger nuestra salud y la de las nuevas generaciones. Hay una sola Salud que incluye la de los seres humanos, la de los animales y la del ambiente, que está muy relacionada con la alimentación.
Articulo publicado en Nuestra Voz periodico de ONAJPU Agosto 2021
Este 14 de marzo se realizó en el Parlamento una Jornada sobre Avances y Desafíos para el Derecho a una Alimentación Adecuada, convocada por el Inda, Udelar y FAO. La idea era generar un dialogo entre distintos actores sobre iniciativas en la materia que están en tratamiento parlamentario.
El proyecto de Ley Marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional es una de esas iniciativas que se basó en una legislación similar adoptada por el Parlatino pero que ha ido evolucionando para incorporar aspectos específicos de nuestra realidad . Este proyecto procura tomar en cuenta los acuerdos establecidos en el Dialogo Social sobre Alimentación del año 2016. Hay tratados internacionales pero importa que haya leyes nacionales marco. En los 43 artículos del proyecto se ha ido reafirmando la necesidad de Sistemas Alimentarios Sostenibles, ampliando la impronta inicial de la ley del Parlatino cuyo eje era la lucha contra el hambre. Además de definir conceptos fundamentales de la política y afirmar los derechos en esta materia, el proyecto establece la justiciabilidad de esos derechos. Es decir la tutela jurisdiccional de estos derechos, con un concepto amplio de sujeto jurídico, para que pueda reclamarse judicialmente su cumplimiento mediante el Recurso de Amparo si fracasa el camino administrativo.
Además el proyecto establece un Sistema Nacional de Coordinación en la materia con una Comisión Coordinadora donde están distintos ministerios y la OPP, realizando la secretaría técnica el INDA. Este diseño interministerial apunta a integrar las diferentes ópticas de gobierno existentes para unificar la política de alimentación.
Reconociendo la conveniencia de tener una Ley Marco y los avances que significa el proyecto, varios señalamos la importancia de incorporar a los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y los movimientos sociales en el diseño del Sistema de Coordinación . En el caso de las intendencias han tenido un rol muy relevante en las políticas de alimentación asumiendo las tareas de control bromatológico. Ningún organismo del Estado en la materia tiene hoy la infraestructura y capacidad técnica de análisis de alimentos que posee la Intendencia de Montevideo.El trabajo en Red entre todas las intendencias ha sido desde hace años una fortaleza para implementar políticas de regulación de alimentos. En el período que fui Director de Salud de la Intendencia de Montevideo se trabajó varios años para obtener un Registro Unico con un software compartido de registro y regulación de los alimentos entre todos los gobiernos departamentales. Pero además de fiscalización de la producción y comercialización de alimentos, las intendencias desarrollan programas de educación alimentaria, programas de apoyo a la agricultura familiar, proyectos sociales vinculados al tema. Desde la Intendencia de Montevideo se formaron promotores escolares de merienda saludable desde hace muchos años, sumando fuerzas con ASSE en el último período.
Por otro lado los municipios son una institucionalidad relativamente nueva que tiene una fortaleza específica a efectos de las políticas de alimentación: su cercanía con los territorios y sus actores locales. Tanto en las necesidades alimentarias y nutricionales como en la producción y comercialización de los alimentos hay una dimensión local que ocupa un rol fundamental. Para esos planes locales los municipios son actores de primera línea.
La participación de las fuerzas sociales involucradas es una estrategia fundamental para el desarrollo de las políticas públicas. Uno de los acuerdos importantes que se obtuvieron en el Dialogo Social 2016 plantea : “Fortalecer el entramado de participación social en esta materia mediante el apoyo a Redes de Actores involucrados en la Alimentación Saludable por departamento y municipio. En el mismo sentido, realizar instancias amplias y representativas como Foros o Conferencias cada dos años para evaluar el desarrollo de la estrategia en curso y retroalimentar los rumbos del período siguiente”. Como señaló Laura Rosano (Slow Food Uruguay) en esta jornada, muchas de las propuestas recogidas en las leyes se originaron en las organizaciones sociales.
Distintos estudios (Celedón y Noe 2000) cuestionan la centralización existente en las politicas de salud y fundamentan la necesidad de que existan mecanismos de control social de todas las funciones que debe cumplir el sistema de salud: definición de políticas,regulación, financiamiento, aseguramiento, producción de servicios y evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema. La perspectiva de derechos aplicada a la salud, significa pensar en las dimensiones e instrumentos para su ejercicio pleno, a través de un rol activo de los protagonistas.La participación social fue una estrategia clara en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Analizando la institucionalidad del SNIS Marcelo Setaro (2014) pone el foco en las nuevas instituciones creadas por la reforma del sector salud, enfatizando los mecanismos institucionales que generan una gobernanza sectorial novedosa. Desde nuestro punto de vista la construcción de políticas públicas pasa por el desarrollo de prácticas democratizadoras y transformaciones de las estructuras de poder en estos campos.
Otra iniciativa parlamentaria es el Plan Nacional de Agroecología, que se convirtió en ley en diciembre 2018 y ahora se está trabajando en la reglamentación destacándose la promoción de la agricultura familiar y la seguridad y soberanía alimentaria. El Plan se propone “ampliar el número de productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos agropecuarios de base agroecológica” en zonas rurales, urbanas y peri urbanas. En este caso la sociedad civil va a estar representada por 6 instituciones para el seguimiento del Plan.
Un tercer proyecto de ley tiene por objeto reducir los desperdicios de alimentos. Elaborado por el Inda con participación de Berta Sanseverino, una gran compañera prematuramente fallecida cuya labor como legisladora tuvo un fuerte compromiso con las políticas de alimentación . Se habla de pérdida o desperdicio de alimentos, refiriéndose con el primer término a la disminución de masa de alimentos que se genera en la producción, el almacenamiento o el transporte. Se considera desperdicio cuando la disminución de la masa se produce en el consumo. Es un problema de dimensiones mundiales, al punto que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propone reducirlo a la mitad para el 2030. En el diseño institucional del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos se incorpora al Congreso de Intendentes y se crea un Consejo Consultivo permanente donde participan las organizaciones de la sociedad civil, la ANII,la AUCI. Nicolas Minetti del INDA enfatizó que todavía no hay un diagnóstico serio en este tema sino apenas un estudio exploratorio. Remarcó asimismo que no debe perderse una visión sistemica a la vez que se generan proyectos específicos, ya que algunas cadenas tienen mejor organizado el tema de los residuos y otras no. Garantizar la inocuidad es clave en este punto y debe rechazarse la idea de que son sobras para donar a los pobres.
La Audyn (Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas) por su parte, informó sobre el proyecto de Ley de regulación de la profesión de Licenciado de Nutrición.
Por último el MSP expuso sobre el proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, una iniciativa trascendente que apunta a darle carácter de ley al decreto del Poder Ejecutivo Nº 272/018, incorporando asimismo la regulación de la publicidad. La relevancia de esta medida en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles ENT, es indudable. De los cinco grandes determinantes de las ENT (tabaquismo, malnutrición, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol y contaminación ambiental) la mala alimentación tiene un enorme impacto. En la última década sufrimos un cambio drástico de los hábitos alimentarios con un incremento del consumo de bebidas azúcaradas y productos ultraprocesados con altos niveles de sodio, azúcares y grasas. Mayor poder adquisitivo y millones de dólares en marqueting produjeron una epidemia de sobrepeso y obesidad, de hipertensión y diabetes. Las consecuencias son una alta mortalidad prematura por problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y diabetes. Con enfoque de Ciclos de Vida, importa cuidar especialmente la alimentación de la infancia y adolescencia. Al mismo tiempo las perspectivas de envejecimiento poblacional, positivas en muchos aspectos, tienen un nudo crítico en la prevalencia de las ECNT. La experiencia chilena, un país de la región que tiene legislación al respecto (además del etiquetado frontal también aumentó los impuestos a este tipo de productos), ha tenido excelentes resultados con 26% de la población que modificó para mejor sus hábitos, en solo dos años de aplicación. Es destacable el hecho de contar con evidencia nacional, en mas de 20 estudios sobre los impactos de distintos sistemas de rotulado nutricional.
Por eso las acciones para promover información que oriente decisiones más saludables en materia de alimentación son relevantes para el futuro de la salud en nuestro país.
*Lic. en Educación, Mg en Sociología. Fue Director del Departamento de RRHH y de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo entre 2005 y 2015.
Uruguay presenta un perfil nutricional con problemas importantes de malnutrición por déficit, como la anemia o el retraso de talla, y por exceso, como el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación y a los estilos de vida. Tenemos un patrón alimentario caracterizado por un consumo excesivo de sal, grasas saturadas, trans y azúcares refinados. Es asimismo una dieta escasa en fibra y pobre en vitaminas esenciales, sustancias bioactivas provenientes de frutas, hortalizas y granos, y minerales (especialmente hierro, calcio y zinc), importantes para el crecimiento y la salud humana.
En un país cuyas principales causas de muerte y enfermedad son las Enfermedades No Transmisibles éste es un problema grave de salud pública, en especial si lo miramos con un enfoque de Ciclo de Vida y de prospectiva demográfica. Las cifras de sobrepeso y obesidad han ido aumentando significativamente llegando hoy a 65% de adultos con sobrepeso y obesidad (eran 56% en 2006). En la población infantil las cifras de sobrepeso y obesidad comienzan muy alto con alrededor de un 10% en la primera infancia, en la adolescencia llegan a un 27%, de 15 a 24 años, a un 38% y en la edad adulta un 65% .
Dentro de América Latina, (Anzalone 2016) Uruguay es el país donde las ventas de productos ultra procesados crecieron más (146%), seguidos por Bolivia (130%) y Perú (107%). Las bebidas azucaradas duplicaron sus ventas en A.Latina, alcanzando los 81 mil millones de dólares, superando a América del Norte. Como recoge el informe OBSAN 2015, en Uruguay, la venta de bebidas azucaradas casi se triplicó entre 1999 y 2013 pasando de 32,9 a 96,1 litros/persona/año. El consumo de otros ultra procesados como cereales para el desayuno, snacks, chocolates, helados, congelados en general, salsas y sopas en paquetes se duplicó, pasando de 15,8 kg/persona/año a 29,5 kg/persona/año (Euromonitor, 2013). La publicidad respecto a los mismos incorpora una cantidad muy grande de recursos junto con técnicas muy sofisticadas para influir sobre el comportamiento de la población (Bandeira 2018).
Construir
una política pública potente que transforme esta realidad no es sencillo y se
enfrenta a múltiples resistencias. Queremos destacar acá cuatro experiencias de
democratización y de articulación interinstitucional, intersectorial y de
participación social en las políticas públicas en este campo: el
Compromiso por el Derecho a una Alimentación Adecuada, el Dialogo Social realizado en 2016, la
elaboración y consulta sobre el etiquetado frontal de alimentos y la reciente
firma de un decreto que crea un Consejo Nacional Coordinador de las Políticas
para combatir el Sobrepeso y la Obesidad.
EL
COMPROMISO POR EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA
El documento de “Compromiso por el Derecho a una Alimentación Adecuada”, CDAA, en el año 2013, sentó las bases de una amplia alianza, interinstitucional e intersectorial, que se sostuvo durante varios años con funcionamiento regular, grupos de trabajo específicos, debates, iniciativas y planes. La participación y el apoyo a la creación del CDAA fueron muy significativos, firmando el documento los ministros de Salud, Desarrollo Social, Trabajo e Industria), la Intendencia de Montevideo y más de 20 Instituciones Públicas, Privadas, movimientos sociales, Academia y Sociedad Civil que incluían un espectro amplio de organizaciones de consumidores, cámaras empresariales, Udelar, etc.[1] Al primer Seminario en el que se redactó y firmó, siguieron otros en 2014 y 2015, jornadas sobre temas específicos, declaraciones conjuntas, presentaciones públicas del trabajo realizado, acciones conjuntas sobre Merienda Saludable, entre otras acciones.
DIALOGO SOCIAL , LEY MARCO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y PLAN DE ACCIÓN
En 2015 el Poder Ejecutivo convocó a un amplio Diálogo Social denominado “Uruguay Hacia el Futuro” invitando a las organizaciones de la sociedad civil para presentar propuestas con miradas de largo plazo sobre una gran cantidad de temas relacionados con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable fijados por las Naciones Unidas.
No fue una instancia con gran repercusión pública y no trascendieron posteriormente sus resultados. Con esas y otras varias limitaciones puede decirse que fue una señal de consideración de las opiniones y propuestas de las fuerzas sociales en las políticas públicas referidas a temas relevantes para el país. En el caso de las políticas de alimentación la dinámica de trabajo coordinada por el INDA incluyó varias comisiones y múltiples instancias donde organizaciones muy diversas volcaron sus aportes. Se organizó el “Grupo de trabajo sobre el Derecho a la alimentación -Propuesta para la creación de una Política de Estado para alcanzar el ejercicio pleno del Derecho a la Alimentación Adecuada en la población uruguaya”, integrado por asociaciones civiles e instituciones que participaron en el Diálogo a partir del objetivo 2: «Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
Dicho
trabajo culminó en 2016 con la elaboración de una “Propuesta de una Política
Pública para alcanzar el ejercicio pleno de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional” que incluye componentes vinculados al marco legal donde se propone
una Ley Marco de Derecho a la Alimentación junto con la elaboración de un Plan
de Acción con ejes temáticos prioritarios como: combate al hambre y la
inseguridad alimentaria; producción, industrialización y comercialización de
alimentos; residuos y desperdicios de alimentos; empoderamiento de la
población, entre otros (INDA 2017).
A diferencia del Diálogo Social en otras áreas temáticas, las posturas de este conjunto de actores no quedaron solo como posiciones aisladas sino que se logró una elaboración colectiva de un documento sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este documento fue aprobado por consenso de todos los participantes como resultado del Diálogo Social en este tema.
CONSULTA
PUBLICA POR ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS
En
relación con los cambios en el etiquetado de alimentos para informar a la
población sobre el exceso de sodio, azúcares y grasas se definió la creación de una comisión interministerial
para la elaboración de un texto de decreto, que luego se pasó a una consulta
pública llevada adelante por el Ministerio de Industrias MIEM. La comisión
interministerial estuvo integrada por los sectores: industria, economía,
agricultura, asistencia social, educación, OPS, Unicef, FAO y UdelaR (a través
del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar). Trabajó durante un
año y medio alcanzando un texto consensuado.
La consulta pública fue de carácter nacional e internacional por 60 días a partir del 2 de junio de 2017. Isabel Bove (Bove 2017) del MSP señala que “recibimos todas las observaciones, la mayoría fueron favorables, y las que no fueron tanto provenían de la industria”. Se incorporaron las observaciones recibidas y a fines de 2017 estaba pronto un texto de decreto para la firma de los ministros, que finalmente se produjo en 2018. La puesta en práctica del decreto está prevista para marzo de 2020, pero su preparación se inicia desde ahora.
A su vez el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de UdelaR realizó una encuesta de opinión pública según la cual “ 94% de la población está de acuerdo con el etiquetado frontal porque los ayudaría a mejorar la calidad de vida de los uruguayos y un 92% estuvo de acuerdo con que los ayudará a identificar los productos poco saludables” (Moratorio 2018).
CONSEJO
COORDINADOR DE POLITICAS PARA COMBATIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD
La reciente creación del Consejo Nacional Honorario Coordinador de Políticas para Combatir el Sobrepeso y la Obesidad, en diciembre de 2018 apunta al abordaje interinstitucional e intersectorial de las políticas en este campo. Para ello se establece la participación de varios organismos, los ministerios del Interior; Defensa Nacional; Economía y Finanzas; Educación y Cultura; Ganadería, Agricultura y Pesca; de Industria, Energía y Minería, y Desarrollo Social, la Secretaría Nacional del Deporte, la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco de Previsión Social, la Universidad de la República, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Congreso de Intendentes, la Intendencia de Montevideo y las comisiones honorarias para la Salud Cardiovascular y de Lucha contra el Cáncer. Desde este ámbito se trabajará para generar un cambio cultural que promueva buenas prácticas alimenticias, elimine en forma progresiva las grasas trans y disminuya la ingesta de azúcar y sal. El Plan de Acción propuesto en este ámbito es abarcativo de múltiples líneas y planos de esta transformación.
CONCEPCIONES DEMOCRATIZADORAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Las concepciones que asignan un rol significativo a la democratización de la política, a la consulta y participación de las organizaciones sociales en la construcción de políticas públicas, al involucramiento activo de la sociedad en la definición e implementación de dichas políticas, tienen mayores fortalezas en este tipo de temas. Enfrentan muchas dificultades para su traducción en la práctica, pero abordan en forma renovadora tres tipos de problemas: a) la idealización del sujeto que no lo reduzca a un “estúpido egoista”, a un individuo aislado, autosuficiente, sin vulnerabilidades, o una persona caprichosa cuyas preferencias no tienen fundamentos, o un mero objeto de decisiones que toman las élites del poder. b) la creación de correlaciones de fuerza, que favorezcan las transformaciones frente a las resistencias de intereses sectoriales en juego y les den mayor sustentabilidad en el tiempo. c) la búsqueda de cambios en el comportamiento y la estructura social a través de la creación de nuevas hegemonías.
Referencias
Bibliográficas:
.- Anzalone, Pablo (2016) Alimentación y Salud, ejes de una política pública. Articulo publicado en el portal El Telescopio y en Cuadernos del Taller. Disponible en:
.- OBSAN -Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2015) Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional: Logros y Desafíos de Uruguay . Informe 2015.
La aplicación de ingeniería genética en la producción de alimentos ha dado lugar a múltiples debates que están lejos de saldarse. Existen controversias de tipo científico, sanitario, ambiental, económico y geopolítico.
La posibilidad de efectos negativos para la salud ha motivado distintos estudios científicos. No es un tema sencillo porque hay diferentes tipos de riesgos y peligros. La mayoría de los estudios no han constatado perjuicios sanitarios claros. Otros estudios llegan a conclusiones contrarias. Estas contradicciones deberían motivar más estudios independientes de los intereses económicos involucrados, ya que se han constatado fuertes presiones en ese sentido. El principio de precaución es una guía para las políticas públicas en estos temas.
Resolver la autorización de eventos transgénicos basándose exclusivamente en los estudios presentados por las empresas multinacionales que los producen y lucran con ellos, es una situación compleja y riesgosa para los Estados. En Uruguay esa preocupación motivó la realización (2014) de un importante Curso de Capacitación sobre Identificación de Transgénicos organizado por el MSP, MRREE, MVOTMA y UDELAR con presencia de los ministros respectivos y de la intendenta, y el apoyo técnico del gobierno de Noruega. Quedó muy clara la necesidad y el interés de incrementar la capacidad nacional en materia de investigación sobre transgénicos, con miras a una vigilancia y control sobre sus efectos.
En el contexto actual los eventos transgénicos implican, a su vez, paquetes tecnológicos, como la asociación soja transgénica-glifosato, que ha derivado en un incremento sustancial del uso de este plaguicida. En eso los riesgos ambientales y sanitarios son mucho más claros. No hay mediciones adecuadas del glifosato y su impacto en el ambiente. Los altos precios internacionales de la soja incentivaron el monocultivo como modelo productivo, lo cual implica, asimismo, serias controversias.
La existencia de debates no es un elemento negativo, por el contrario, es una garantía democrática. El peor escenario para temas complejos como éste, es la concentración de la información y las decisiones en pocas manos, sin posibilidad de cuestionamientos o análisis críticos.
Más allá de estas polémicas, el etiquetado de los alimentos transgénicos forma parte de los derechos del consumidor. Las personas tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que consumen. Ese principio es un fundamento fuerte para desarrollar políticas de información adecuadas que incluyan el rotulado obligatorio a nivel nacional.
El etiquetado de los alimentos transgénicos es obligatorio en 64 países, entre ellos la Unión Europea, Japón y Brasil. En Uruguay fue promovido por la Intendencia de Montevideo (coincidiendo con propuestas de organizaciones sociales) y aprobado por unanimidad en la Junta Departamental. Con el cambio de gobierno en Montevideo, luego de 2015, hubo dilatorias y señales contradictorias para su implementación. Pero al mismo tiempo fue aprobado por los gobiernos de Lavalleja y Paysandú. Existen condiciones para su definición a nivel nacional y está a consideración del Parlamento un proyecto de ley que establece el etiquetado obligatorio.
Crear condiciones para que los consumidores ejerzan sus derechos no puede ser solo un discurso. Constituye un reclamo legítimo de la población. Debe ser parte de una estrategia para democratizar la sociedad brindando más instrumentos para la toma de decisión libre e informada. Integra las políticas públicas hacia la seguridad y soberanía alimentaria.
La ingeniería genética y la biotecnología son grandes avances científicos con gran potencial de incidencia sobre la sociedad humana, las formas de vida y los ecosistemas. Por eso y porque el manejo de esos conocimientos y técnicas está muy concentrado, deben estar sometidos a regulaciones que protejan los derechos de la población en distintos planos: el conocimiento y la información son uno de ellos.
*Artículo publicado en el Semanario Voces 22 marzo 2017
La preocupación por una alimentación saludable está incrementándose en Uruguay. Sin embargo, dada la situación de malnutrición por exceso y por déficit en la población, podríamos decir que la percepción del riesgo es todavía muy baja. Si lo pensamos como un cambio estructural necesario, hay que aceptar que todavía nos falta mucho.
Como todos los fenómenos culturales los hábitos alimentarios dependen de muchos factores. Uno de ellos es la disponibilidad y la accesibilidad económica, física y cultural de alimentos adecuados. Uruguay es un país productor de alimentos y los exporta a muchos mercados (28 millones de personas); la importación de alimentos es muy reducida. Al mismo tiempo el poder adquisitivo de la población aumentó sustancialmente en la última década (50% de aumento del salario real) y disminuyó la pobreza desde un 39% en 2004 a 9,7% en 2014. Esto significa más capacidad de consumo.
Sin embargo, comparando la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios de Alimentos y Bebidas (IPAB) vemos que los precios de los alimentos tuvieron un incremento mayor que otros rubros y esto afecta la accesibilidad y la calidad de los alimentos consumidos.
En nuestro país hay dos graves problemas sanitarios y sociales, grandes prioridades para la salud pero también para otros muchos planos de la vida social: las enfermedades crónicas no transmisibles y la salud de la infancia. Ambos están interrelacionados y los dos tienen que ver con la alimentación, entre otras causas.
Algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas) principal causa de muerte y de enfermedad, están muy vinculadas a la epidemia de obesidad que vivimos en América Latina y el mundo. En Uruguay, el sobrepeso y la obesidad aumentaron del 56,6% de la población adulta en 2006, un guarismo muy alto, a 64,7% en 2013. En la infancia estas cifras alcanzan al 10,5% de los niños menores de dos años, una de las más altas de América Latina.
Como señala el informe de OPS esta pandemia está originada en cambios globales en los hábitos alimentarios, dentro de los cuales destaca el rápido y enorme incremento del consumo de alimentos ultraprocesados, con altos contenidos en azúcares, sal y grasas, donde América Latina ocupa un lugar relevante. (http://www.paho.org/hq/index.phpoption=com_content&view=article&id=11153&Itemid=0&lang=es)
Dentro de América Latina, Uruguay es el país donde las ventas de productos ultraprocesados crecieron más (146%), seguidos por Bolivia (130%) y Perú (107%). Las bebidas azucaradas duplicaron sus ventas en A.Latina, alcanzando los 81 mil millones de dólares, más que en América del Norte. Como recoge el informe OBSAN 2015, en Uruguay, la venta de bebidas azucaradas casi se triplicó entre 1999 y 2013 pasando de 32,9 a 96,1 litros/persona/año. El consumo de otros ultra procesados como cereales para el desayuno, snacks, chocolates, helados, congelados en general, salsas y sopas en paquetes se duplicó, pasando de 15,8 kg/persona/año a 29,5 kg/persona/año (Euromonitor, 2013).
Hay varios países donde se está intentando frenar esta avalancha. Por ejemplo, poniendo impuestos a las bebidas azucaradas como en Finlandia, Hungría,Francia y México (en este último, nada menos que un 10%). La experiencia muestra un descenso en el consumo a raíz de esta medida.
La información al consumidor es una cuestión central. Por eso se está buscando un etiquetado más claro y comprensible como en Chile y Ecuador. Desde diversos ámbitos científicos se promueve que al igual que con el tabaco se coloquen advertencias sanitarias en las bebidas azucaradas.
Es un debate que crece a nivel mundial. Se suceden pronunciamientos de organismos como la OMS y diferentes sociedades científicas. Un artículo de El País de Madrid del 25 de enero informa sobre algunas de estas propuestas y varios escándalos producidos por las políticas de las grandes compañías de refrescos para influir con mucho dinero sobre los medios académicos.
En mi opinión, en lugar de un impuesto a las bebidas azucaradas, se puede pensar en un tipo de tributación que tenga una finalidad expresa, la promoción de la alimentación saludable (por ejemplo, una tasa, Art. 12 del Código Tributario). Tiene una lógica fuerte que el estímulo a hábitos saludables de alimentación, la educación y la investigación al respecto, tenga entre otras fuentes una financiación que surja de los productos ultraprocesados que han generado estos problemas de salud.
La regulación de la publicidad de los productos ultraprocesados es otro capítulo fundamental para esta política. Luego de analizar la situación de la alimentación infantil en Uruguay, el consultor Dr.Fabio Gomes propuso definir por ley la prohibición de la publicidad de los alimentos con altos contenidos en azúcares, sodio y grasas. No hay programas educativos que puedan contrarrestar millones de dólares en publicidad. No se trata de prohibir estos alimentos pero sí limitar el marketing que incentiva el consumo masivo de los que no son saludables. Es una publicidad que llega a los niños, asociando consumo con juegos o personajes famosos, manipulando a una población que no tiene elementos para tener un juicio propio.
Un estudio reciente del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación de la UDELAR aporta un elemento de gran trascendencia. Esta investigación pudo determinar cuál es el umbral de reducción del sodio en panificados que no genera un cambio en la percepción del consumidor. Se abre así la posibilidad de un abatimiento progresivo en 7, 8 o 10 pasos de los niveles de sal, sin que ello signifique un cambio abrupto para el paladar del consumidor. Esto permite pasar de la reducción voluntaria de la cantidad de sal en panificados a una reducción gradual pero obligatoria. Algo similar podría pensarse para los productos con altos niveles de azúcar.
Está claro que la educación nutricional es una clave y en ese plano la educación formal desde la primera infancia hasta el nivel terciario cumple un rol determinante. También desde el sector salud se informa y se educa a la población sobre alimentación, con el aporte de las nutricionistas y la participación de todo el equipo de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, aunque también en los demás niveles. Las experiencias de formación de promotores escolares de salud y la promoción de la merienda saludable son ejemplos de labor conjunta del sector educativo y sanitario, que además apuesta a la participación activa de los propios niños. Las familias son asimismo un actor pedagógico fundamental, por acción y por omisión, lo que se ve y se escucha en el hogar, contribuye a formar los hábitos de cada uno.
La industria alimentaria y el comercio también pueden (y deben) aportar mucho a este cambio cultural necesario para la salud . En el caso de la industria reduciendo los niveles de azúcar, sal y grasas de sus productos. En el comercio colaborando en la información adecuada a los consumidores y la promoción de la alimentación saludable. El estímulo a la producción de alimentos saludables debe ser claro. Hace poco se presentó desde la sociedad civil una propuesta de Plan Nacional para la promoción de la Agroecología y la Agricultura Orgánica que, entre otros objetivos, como reducir la contaminación ambiental o contribuir a la permanencia de las familias agricultoras, apunta en esa dirección. También procura impulsar el uso sustentable de los bienes naturales y la conservación de las semillas criollas; la equidad de jóvenes y mujeres en los procesos; promover el acceso a la tierra; estimular los mercados locales y las compras públicas de productos agroecológicos, así como la formación y la investigación en agroecología.
Hay señales, medidas puntuales, que operan como disparadores del cambio de hábitos porque obligan a que la gente reflexione antes de consumir alimentos. La ley de merienda saludable fue una de ellas. Su aprobación unánime y el compromiso que estimuló en los actores institucionales, fue un mensaje a la sociedad, que desencadenó procesos de cambio, aunque no prohibiera la merienda chatarra en los centros educativos.
Otra cara de este problema es la malnutrición por déficit que tiene todavía cifras altas en la primera infancia. El retraso de talla respecto a la edad está en el entorno del 10% y la anemia en niños menores de dos años llega a 31% de esta población.El retraso de talla viene descendiendo y llega en 2013 a un 7,8% (9,6% para niños de 0 a 24 meses y 6% para niños de 25 a 60 meses). La mala nutrición durante el embarazo y en los primeros años de vida está relacionada con estos hábitos no saludables de alimentación que mencionabamos, pero también con la pobreza infantil que sigue siendo muy alta.
Tabaré Vázquez lo planteó con mucha claridad en el reciente Simposio Internacional sobre Primera Infancia. La desigualdad es mayor en relación con la niñez en sus primeros años. Mientras la pobreza está por debajo del 10% de la población total y baja al 2% en los adultos mayores, sube a 20% en menores de seis años y a 33% en menores de dos años. Esto genera problemas para acceder a la alimentación adecuada, ambientes insalubres, más amenazas y menos controles sanitarios, orientaciones nutricionales insuficientes. Estos factores (que explican los altos niveles de anemia) afectan el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje, el sistema inmunitario y las posibilidades de desarrollo personal y social. Además esos niños con sobrepeso o con anemia serán adultos con muchas más posibilidades de adquirir enfermedades crónicas no transmisibles. Pensando el ciclo de vida, la vinculación de los dos grandes problemas señalados es muy clara.
Como planteó Tabaré Vázquez “Desde muy temprano en la vida, las condiciones ambientales, la calidad de las relaciones y las experiencias esculpen, para bien o para mal, los circuitos neuronales del cerebro en pleno desarrollo que se encuentran tras el aprendizaje, el lenguaje, las funciones cognitivas superiores y la conducta social y emocional”.
Dos mediciones recientes muestran la gravedad de la situación alimentaria en la infancia. La ENDIS Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil (ENDIS), realizada en los años 2012 y 2013 y la Encuesta Alimentación y Bienestar (Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar), UDELAR-INDA, realizada en el año 2014 en Montevideo y el área metropolitana.
La ENDIS permitió saber que más del 41% de los niños padecen algún tipo de inseguridad alimentaria, y 4,3% sufren hambre o inseguridad alimentaria severa.
En Montevideo y el área metropolitana las cifras de inseguridad alimentaria severa (vinculada con sentir hambre pero no poder comer) fue 11% para los adultos y 6.1% para los menores de 18 años. Es decir son todavía peores que a nivel nacional.
Entre las respuestas que están en marcha hay que destacar el Plan Nacional de Cuidados. En lo que refiere a la Primera Infancia apunta a la corresponsabilidad de la crianza entre mujeres y varones y al compromiso del Estado de asumir los costos y la responsabilidad para con los cuidados. Para eso plantea tres principales líneas de acción: profundizar las licencias parentales, universalizar la oferta universal de educación para los niños de tres años; extender e innovar la oferta de cuidados para menores de dos años, con modalidades flexibles de atención diaria.
Al mismo tiempo cabe decir que una política nacional hacia la infancia va más allá del tema “Cuidados” y entronca con políticas para abatir la pobreza infantil, políticas de alimentación adecuada, políticas contra el maltrato, políticas educativas y de salud. Erradicar la pobreza infantil desde una óptica multidimensional es un imperativo ético, político y societario.
Por todas estas razones la alimentación saludable requiere una política pública construida con muchos actores, que responda a los dos grandes problemas priorizados, las enfermedades crónicas no transmisibles y la salud de la infancia.
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