Adriana Cabrera es Representante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

4 Y 5 DE JUNIO 2025

Hablar de la experiencia de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos durante medio siglo de búsqueda se hace difícil en 7 minutos. Y seguramente habrá omisiones involuntarias.

“Cuando empezaron a desaparecer” como reza el poema de Mario Benedetti, los buscamos. Los buscamos vivos. Y decíamos “Vivos los llevaron, vivos los queremos”. Los buscábamos sin saber cómo. Nosotras y nosotros, desperdigados por el mundo. Separados por la geografía y el miedo. Venciendo nuestras propias limitaciones.

A las madres y familiares que golpeaban la puerta de los cuarteles en Buenos Aires, el representante de ACNUR, Guy Prim, ante la persecución a la que eran sometidas las madres argentinas, les recomendó andar juntas, y lo hicieron. Comenzaron a juntarse a “tomar el té” y se organizaron. Entre ellas estaban Luz Ibarburu, María Esther Gatti de Islas, Violeta Malugani. Recientemente, Jair Krischke, nos proporcionó una lista de 40 familiares que en 1980 se habían juntado con él en Porto Alegre para presentar un recurso ante la Corte Interamericana de DDHH por sus familiares Desaparecidos. Tuve el orgullo de oír el nombre de mi madre y otras viejas queridas, tan invisibles y tan heroicas. Heroísmo que aún debemos rescatar, el de esas madres que en la gran noche de la dictadura encontraron cómo luchar juntas. Se juntaban para denunciar las desapariciones pero también coordinaban con las madres de Argentina y otras de América Latina. Hacían con ellas la ronda de la Plaza de Mayo, viajaron para reunirse en FEDEFAM y donde les dijeran que se podía hacer algo y así encontraron a los primeros nietos. Acá, quiero homenajear a una gran amiga Mariela Salaberry que en medio de la salvaje dictadura de Pinochet viajó a Chile para identificar y tomar contacto con la familia adoptiva de los hermanos Julién Grisonas, uno de los casos mencionado ayer por María Roqueta, quienes en las circunstancias más adversas recuperaron su identidad.

En el exilio, creamos AFUDE ( la Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos en el Exilio), en Paris, en 1978. Allí estaban Luisa Cuesta, Tota Quinteros, Marta Casal entre otres. Juntas fuimos a dar nuestros testimonios ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, hicimos acciones como tomar la embajada de Uruguay en Madrid o ayunar en las escaleras de la catedral de Estocolmo. En estos lugares compartíamos espacios y actividades con los pañuelos blancos de las familiares de Argentina como el de Ana Careaga.

De esas dos vertientes y de las familiares que luego salieron de las cárceles, se formó la actual organización, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos que se ha mantenido unida desde entonces.

En esos tiempo, tomamos contacto a través del Secretariado Internacional por la Amnistía en Uruguay con juristas como Louis Joinet o Theo Van Boven que impulsaron a solicitud de la Comisión de derechos humanos de NU una propuesta de justicia transicional para salir de los terrorismos de Estado hacia estados democráticos. Estaban también integrando el SIJAU, el abogado argentino Leandro Despouy y el uruguayo Alejandro Artucio.

Este fue un momento clave en la historia de los derechos humanos en América Latina y el mundo. Diría que hubo un antes y un después, fue un momento en que todos aprendimos. Para empezar, una re valorización de las democracias. Para continuar, porque ponía en valor el papel de la justicia y eran los estados afectados por el Plan Cóndor, los que debíanreconstruir sus sistemas de justicia y juzgar a los responsables para prevenir nuevas dictaduras.

La justicia transicional plantea el derecho de las víctimas a ser reparados moralmente, ellos, ellas y sus familias. Para eso era necesario reconocer el derecho a la verdad por parte de toda la sociedad. Los pueblos debían poder enfrentar su pasado para abordar su presente y tener un futuro. Los pueblos tenían derecho a saber para poder recordar, no los mitos sino la historia. De la coherencia de nuestros recuerdos surge la memoria como elemento insoslayable de la reparación integral.

Del contacto con este grupo de juristas y de sus aportes adoptamos lo que serían nuestras consignas a lo largo de cincuenta años. Memoria, verdad y justicia como garantías de no repetición o NUNCA MÁS.

Quién analice nuestros documentos u observe las pancartas detrás de las que caminamos cada 20 de mayo verá que con pequeñas variantes que obedecen a los contextos puntuales de cada año, nuestras consignas tienen siempre el mismo trasfondo conceptual.

La desaparición forzada como delito permanente y como crimen de lesa humanidad fueron también aportes de la Convención contra las desapariciones forzadas y del Estatuto de Roma que robustecieron y le dieron densidad a nuestras demandas.

Pertrechados con este marco teórico los familiares impulsamos en nuestro país entre otras cosas la instalación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la construcción del Memorial de los Desaparecidos e insistimos ante los diferentes gobierno solicitando distintos abordajes de la reparación integral.

Debemos decir que tener una hoja de ruta no quiere decir que se haya cumplido rápidamente.

El proceso ha sido lento y aún está inconcluso. Tuvieron que pasar más de 15 años para que un presidente de la república nos recibiera y se comprometiera a “averiguar” lo que había sucedido a través de lo que se llamó la Comisión para la Paz y asumiera la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas. Veinte años también para que se inaugurara el Memorial en Recordación de los Detenidos Desaparecidos, ubicado en el Parque Vaz Ferreira de Montevideo, para homenajear a las personas desaparecidas durante la dictadura militar uruguaya realizado por la Intendencia de Montevideo a impulso de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Pasaron 20 años para que el gobierno de Tabaré Vázquez obligara a los militares a aceptar el mando civil y se pudiera entrar a excavar a los cuarteles en busca de los restos de nuestros familiares. Veinte años también para que se creara un equipo de historiadores que accediera a los archivos de la dictadura a investigar lo sucedido. Hasta entonces esa tarea había recaído sobre los mismos familiares y un grupo de militantes y periodistas independientes que colaboraban con nosotros y con la democracia publicando cada nueva información a la que accedían.

Pasaron 23 años para que se votara la ley N° 18.381 del 17 de octubre de 2008 que garantizaba el derecho a la información pública y nos permitía solicitar información sobre nuestros familiares. Ese mismo año también se legisló la creación de la INDDHH y se inauguró el Museo de la Memoria.

Pasaron 26 años para que en junio de 2011 por decreto presidencial de José Mujica, se desarchivaran todas las denuncias que habían sido amparadas en la Ley de Caducidad por los fiscales y presidentes anteriores, en cumplimiento de la Sentencia Gelman de la Corte Interamericana que había establecido la responsabilidad del Estado en juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Pasaron más de 30 años para que, el 25 de octubre de 2017 se creara la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a través de la Ley N° 19.550.

Han pasado también, treinta años de Marchas del Silencio, la primera en 1996, a 11 años de finalizada la dictadura.

Nuestra lucha ha sido ardua pero ha tenido logros, insuficientes sí, pero se ha avanzado tan lentamente que nuestras madres han ido falleciendo sin conocer el fruto de sus esfuerzos. Ese avance en la consciencia colectiva se muestra año a año en las marchas multitudinarias del 20 de mayo en las que la creatividad uruguaya deja aflorar distintas maneras de comunicar lo sucedido. Coros, libros, pinturas, cientos de formas de demostrar la adhesión a nuestra lucha adquieren sentidos y visibilidad en el mes de la Memoria.

En la actualidad de nuestros 197 desaparecidos, se han encontrado 47 detenidos desparecidos en total, 8 en Uruguay, de ellos 1 cuerpo incompleto y 7 enteros; 20 hallazgos más, 3 NN en nuestras costas, 13 uruguayos en Argentina, 1 en Chile, 1 en Bolivia, 2 en Paraguay ; y se identificaron 19 por pericia dactiloscópica, 12 desaparecidos en Argentina y 7 en nuestras costas.

En lo que refiere a la información, rige el pacto de silencio con el que se manejan los militares, sin embargo hay información vinculada a los archivos. El primer archivo al que tuvimos acceso fue al de la DNII (Dirección Nacional de Información e Inteligencia) de Inteligencia Policial en 2005. Luego a partir de 2007 se hallaron por parte de la entonces Ministra de Defensa, Azucena Berrutti, una parte de los archivos del SID (Servicio de Información de Defensa). En 2010, por convenio entre el Ministerio de Defensa, la Facultad de Humanidades y la Secretaría para el Pasado Reciente se comienza a trabajar sobre ellos. En 2018 accedemos a otra parte de los archivos del SID entregado por el Comando General del Ejército.

En 2016 tenemos acceso y copia de los archivos del FUSNA (Fusileros Navales) que se empezaron a digitalizar.

Por último, están los archivos llamados “Castiglioni” que fueron entregados a A.J.PRO.JU.MI. ( Archivo Judicial – de expedientes – Provenientes de la Justicia Militar ). A nosotros nos entregaron la información relacionada con los desaparecidos.

Sobre nuestras expectativas tenemos esperanzas fundadas en los compromisos asumidos por la nueva presidencia de la república en el sentido de continuar la búsqueda de nuestro desaparecidos con más recursos humanos y materiales y convertirla en una política de Estado; queremos que emita una orden como comandante en jefe de las FFAA exigiendo a sus subalternos brindar toda la información referente a los desaparecidos, y que se suspenda el pago de las jubilaciones a los militares prófugos de la justicia. Y por último, su compromiso a permitirnos acceder a los archivos faltantes.

Somos optimistas porque el actual presidente Orsi, mientras fue Intendente de Canelones impulsó una política en DDHH acorde y eficaz.

Sobre el Plan Cóndor en la actualidad, no podemos dejar de llamar la atención sobre las nuevas formas que adquiere el accionar coordinado de la ultraderecha para actuar y disputar el relato a través no sólo de los grandes medios de prensa y voceros calificados, sino también a través de las redes sociales. Estas últimas requieren de una regulación que impida el uso de fakenews, lawfares, memes descalificantes, y el conjunto de herramientas que utilizadas por ejércitos de trolls terminan minando de mentiras la opinión pública y desbalanceando las democracias en la región y en el mundo. Se puede y corresponde regular e intentar deconstruir el negacionismo impulsado por esas vías que disputan el pensamiento hegemónico, desinformando y confundiendo a la sociedad, solo que en vez de investigaciones concienzudas de la academia usan mecanismos faranduleros y vacíos decontenidos a los que la población se va acostumbrando, al mismo tiempo atacan a los poderes del Estado que son las instituciones sobre las que se basan los estados democráticos. Entendemos la necesidad de una educación en derechos humanos como antídoto a los impulsos regresivos de las ultraderechas.

Ya no hablamos de un Plan Cóndor de ejércitos sino de grandes empresas supranacionales que terminan influyendo sobre los destinos de los diferentes países. Defender el estado de derecho y los organismos internacionales que hemos creado a partir de la segunda guerra mundial para garantizar un orden internacional en materia de DDHH, que ampare a los más débiles dentro y fuera de las fronteras de los poderosos es algo que debe estar en nuestras agendas.