Ley de Urgente Consideración y seguridad: 25 años de urgencias. Por Luis Eduardo Morás

 Luis Eduardo Morás en Posturas de La Diaria 6 de mayo 2020

Desde hace al menos un cuarto de siglo los problemas vinculados con la inseguridad ameritan ser tratados bajo el rótulo de la urgencia. En tal sentido, vale recordar que la segunda administración de Julio María Sanguinetti, iniciada en marzo de 1995, envió al Parlamento una ambiciosa ley compuesta por 40 artículos para enfrentar lo que se entendía como una profunda crisis de la seguridad pública. Sin apelar al recurso constitucional de la urgente consideración, obtuvo su aprobación mediante una sólida mayoría de legisladores oficialistas y opositores, que le dieron incluso la unanimidad a una parte sustantiva del texto votado. La llamada Ley de Seguridad Ciudadana (16.707) logró un amplio consenso, expresado en un trámite que insumió apenas los 92 días que separan su ingreso en Diputados, el 4 de abril, de su aprobación, el 6 de julio de 1995, por la Cámara de Senadores.

El recuerdo de la reforma de 1995 resulta útil en varios planos. En primer lugar, puede cuestionar la demanda formulada por el ministro del Interior, quien exigió el tratamiento de la LUC a efectos de contar rápidamente con las herramientas apropiadas para enfrentar la crisis sanitaria. En tal sentido, el trámite seguido por la antedicha norma puede ilustrar un camino que resultaba igualmente posible: desglosar los 120 artículos que correspondían a su cartera y que fueron aprobados inmediatamente por la robusta mayoría parlamentaria existente; evitando así dos males, el desgaste de recurrir a una cuestionada figura jurídica, y la consecuente dilatoria debido a los plazos constitucionales que establece el artículo 168. Claro está que esta opción tenía varios riesgos, y posiblemente uno de ellos fuera que tal desglose implicaría divorciar la parte más “popular” de la LUC de otras que no lo son tanto.

A su vez, el tiempo transcurrido permite apreciar el abismo que ha mediado entre las expectativas depositadas en esa legislación, basada en la profundización de la respuesta punitiva, respecto de sus efectivos logros en términos de reducción de la violencia. El intento de enfrentar las complejidades de una criminalidad creciente y la extensión del sentimiento de inseguridad mediante el recurso de una profusa legislación penal que insistía en crear nuevos delitos y extender las penas para los ya existentes resultó un estrepitoso fracaso. Fugaces desengaños que, lejos de desanimar la superficial definición de problemas e ingenuas expectativas, a lo largo de estos años fue sumando en todo el espectro político fieles creyentes de las bondades del manodurismo penal.

Sin ánimo de escribir en este acotado espacio la triste historia de las buenas intenciones legislativas que sistemáticamente fracasan, debemos sí señalar el impacto que han tenido estas modificaciones (y sus malogradas promesas) en un imaginario colectivo que ante cada nueva frustración logra convencerse de que se está en el promisorio camino de las efectivas soluciones. A la fecha es posible sostener que se ha consolidado firmemente una idea: hacer “algo” contra la inseguridad no significa otra cosa que ignorar todos los diagnósticos académicos y la evidencia de programas exitosos de intervención acumulados a nivel local y universal; rechazar cualquier intento de profundizar en la complejidad de los fenómenos involucrados en la violencia delictiva y las circunstancias de vida que rodean a sus protagonistas; denunciar como cómplices de los delincuentes a quienes interponen objeciones ante la evidente inutilidad de la inflación punitiva; y alertar sobre las turbias intenciones de aquellos que señalan los riesgos para la legitimidad del Estado de derecho que representa vulnerar garantías procesales. La mayor parte del contenido de la LUC representa la cruda expresión de estos prejuicios y no augura un resultado diferente respecto de sus precedentes normativos, aunque es altamente probable que por la magnitud de las reformas que se proponen se profundicen las consecuencias negativas en diversos planos.

A pesar del constante incremento de la población carcelaria que coloca al país entre aquellos que mayores tasas de presos poseen, en el discurso hegemónico se multiplican las menciones a una legislación excesivamente benévola, las críticas a una Justicia que no castiga lo suficiente o a los excesivos beneficios de los que gozarían las personas al momento de cumplir las penas. No puede llamar la atención, entonces, que la LUC proponga la eliminación de un conjunto de supuestos “beneficios” para los infractores; tanto de aquellos que puedan surgir en la etapa procesal por la vía de eliminar o restringir la posibilidad de recurrir a procesos abreviados o a la suspensión condicional del proceso, por ejemplo, como a la hora de ejecutoriar la pena privativa de libertad (limitando las salidas transitorias y la redención de la pena por trabajo y estudio, arts. 83 y 85).

En particular, el artículo 80 se hace eco de la agobiante demanda popular acerca de que los presos deben “trabajar para sustentarse”, sin considerar la imposibilidad de cumplir con esa “obligatoriedad” cuando ni siquiera existen suficientes oportunidades laborales reales para contemplar el “derecho” (no ya la “obligación”) que tienen aquellos privados de libertad que expresan su voluntad de realizar actividades laborales. Algo de este reconocimiento de la impotencia puede interpretarse en la creación de la figura del “adulto joven”, entre 18 y 23 años, quienes “tendrán prioridad” en la asignación de actividades educativas y en el desempeño de algún oficio (art. 82), en lo que podría asumirse como la admisión escrita de la imposibilidad de consagrar estos derechos para la generalidad de las personas encarceladas.

Santiago Mazzarovich/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/

El supuesto funcionamiento deficiente de las instituciones, y en particular de la administración de justicia, no supone solo un estímulo para que cada día más personas se sumen con entusiasmo al camino del delito. Implicaría, además, un profundo desestímulo para las fuerzas de seguridad que ven así justificado el magro resultado de esclarecer menos de 5% de los delitos contra la propiedad y la mitad de los homicidios. Ninguna autocrítica que permita ubicar problemas de gestión o “vicios” institucionales es admitida para este pobre desempeño de la fuerza pública, y en consecuencia nada se propone en la LUC para mejorar en ese aspecto (por ejemplo, en términos de evaluación de calidad de la gestión o de fortalecimiento del contralor de la actuación que realiza la División Asuntos Internos). Jerarcas y retirados policiales –entre otros– han proclamado con insistencia la metáfora de las “manos atadas” y de una generalizada “falta de autoridad” como las inequívocas y exclusivas razones del insatisfactorio desempeño. Premisas asumidas sin mayores cuestionamientos por la opinión pública y que naturalmente encuentran su expresión en la LUC, cuya exposición de motivos para este apartado señala que pretende “dotar a la autoridad competente de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su función”.

Con el anunciado propósito de recuperar la “autoridad y el orden”, entre otras iniciativas se propone castigar la resistencia al arresto (art. 4) y se establece la delicada fórmula de sancionar a quienes incurran en algo tan difuso y sujeto a la discrecionalidad como el “menosprecio”, “agravio” o “menoscabo” de la autoridad, extremo que sería evaluado por la sensibilidad del funcionario policial actuante (art. 11).

Varios artículos modifican la Ley de Procedimiento Policial con el objetivo de dar una respuesta a las supuestas limitaciones que los funcionarios policiales encuentran al momento de enfrentar el delito. Entre otros, son destacables los artículos 45 al 48, que amplían y flexibilizan las circunstancias y condiciones para el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego. El artículo 49 parece el complemento inevitable de la discrecionalidad que los anteriores adjudican, estableciendo explícitamente la “presunción de inocencia” del personal policial; un agregado que luce como innecesario si se atiende que el pasado año fueron abatidos 32 delincuentes y en ningún caso resultó formalizado un funcionario policial por tales hechos. En este plano, una mención aparte merece el “derecho al porte de armas del personal policial retirado”. La nueva redacción dada al artículo 64 cubre una ausencia que fuera criticada en la primera versión de la ley, al establecer la obligación que el personal retirado no posea antecedentes penales y se le realicen periódicas pruebas de evaluación de su idoneidad. En definitiva, los exceptúa de tramitar la Causal de Otorgamiento que exige la regulación vigente (THATA) al resto de los ciudadanos que pretendan portar un arma de fuego. No parecería ser gran cosa la incorporación de este artículo, si no fuera por la eventual complementariedad con el siguiente, que establece el “derecho de reprimir delitos flagrantes por el personal policial en situación de retiro”; al tiempo que “las consecuencias de tal intervención deberán ser consideradas, a todos los efectos, como acto directo del servicio” (art. 65).

No puede escapar a ningún analista de la realidad del continente que dicha extensión de un “derecho” puede derivar en una invitación a conformar organizaciones de seguridad especializadas, por fuera tanto de las regulaciones del personal policial activo como de las empresas privadas de seguridad registradas; contando con todas las ventajas de la ausencia de controles que supone la “informalidad”, pero sumando los beneficios que las eventuales consecuencias de tales actividades puedan ser consideradas “actos de servicio”. En tal sentido, es posible que la inclusión a último momento del artículo 115, que extiende el porte de armas también a militares, pueda interpretarse como el requisito necesario ante una posible disputa por un lucrativo campo laboral a futuro.

La evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva.

Un llamativo y singular capítulo lo representan las iniciativas que se proponen en el área de adolescentes en conflicto con la ley, que finalmente parecen conceder a los impulsores de la baja de la edad de imputabilidad penal el consuelo de una tardía victoria moral sobre el tema. Ninguna de las seis propuestas incluidas en el capítulo correspondiente esbozan siquiera algo propositivo para mejorar las condiciones de reclusión o incrementar el impacto de las medidas “socioeducativas” y/o la gestión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Por el contrario, todas ellas reflejan el ánimo de profundizar en grado extremo el contenido punitivo del sistema penal adolescente, en esta ocasión sin la excusa de enfrentar una “sangrienta ola delictiva de menores”, desde que la participación de estos en delitos graves viene presentando un pronunciado descenso en los dos últimos años: en el primer semestre de 2019 se constató la participación en 4% de los homicidios y en todo el año 2018 fueron encausados por la Justicia penal adolescente 12 menores por homicidios y 108 por rapiñas.

De aprobarse la redacción dada al artículo 75, los adolescentes verían duplicarse el tiempo de privación de libertad máximo, que pasaría de ser de cinco a diez años; el artículo 76 reafirma no sólo la vigencia de una norma considerada por calificados expertos y organismos internacionales como inconstitucional (el art. 116 bis aprobado en 2013 por la Ley 19.055) al exigir la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar, sino que también duplica la pena mínima que deben imputar los jueces ante la comisión de determinados delitos, pasando de uno a dos años.

La población de mujeres encarceladas ha aumentado.

Al igual que para los adultos, se restringen las posibilidades de acceder a beneficios que mitiguen la privación de libertad y amplifiquen las posibilidades de inserción social, excluyendo el régimen de semilibertad para un conjunto de delitos que incluye la rapiña simple, que constituye la causal de ingreso de más de la mitad de la población adolescente internada. Tal propuesta no sólo resulta muy cuestionable al desatender la legislación y los acuerdos internacionales signados por el país que obligan a privilegiar el contenido socioeducativo de la medida judicial por encima de la mera sanción penal; sino que la actual redacción del artículo 74 insiste en transitar en un régimen discriminatorio hacia los adolescentes, en tanto para ellos no se prevé la posibilidad del régimen de “libertad a prueba” (art. 32). Algo similar podría decirse de la creación del “adulto joven” (art. 82), una figura que alcanzaría a los privados de libertad mayores de edad que resultarían “privilegiados” para realizar actividades educativas o laborales, pero no serían contemplados si cumplieran la privación de libertad como adolescentes. De aprobarse esta legislación, llegará incluso el momento en que pueda presentarse una cruel ironía: en el propio INISA cumplirían “medidas socioeducativas” individuos con 26 o 27 años que la propia legislación que regula la privación de libertad ya no consideraría siquiera dentro de la categoría de “adulto joven”.

En defensa de la LUC se ha manifestado que sus críticos exhiben fuertes “prejuicios ideológicos” que los llevan a rechazar lo que serían disposiciones absolutamente naturales y desideologizadas, principios básicos emergentes del más extendido y simple sentido común que deberían compartir todas las personas honestas que no tienen nada que ocultar ni se oponen a la cruzada iniciada para restablecer el orden y el respeto a la ley.

Más allá del juego político que habilita a apropiarse de frases hechas, y corriendo el riesgo de ser incluido dentro de los que desarrollan esa particular patología, estimo que sería adecuado que se explicitaran con datos contundentes y con sólidos argumentos las razones que llevan a modificar sustancialmente un conjunto de códigos y leyes de suma relevancia. En este sentido, podríamos interrogarnos acerca de cuál sería el dato de la realidad que justifica un incremento radical de las penas administradas a menores, por ejemplo. Contradiciendo, además, las indicaciones de un organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en estos temas, como UNICEF, y eludiendo las obligaciones de no regresividad, contraídas en los convenios firmados por el Estado.

No se debería tampoco apelar a desacreditar al interpelante, cuando con fundamento se plantea la preocupación ante algunos cambios procesales; sino que se deben difundir las razones que ameritan –por ejemplo– derogar el artículo 56 del Código de Proceso Penal que enuncia los “derechos de la persona sujeta a control de identidad”, entre los cuales se contempla que el funcionario policial actuante le informe verbalmente a la persona conducida del derecho a comunicarse con un familiar sobre el traslado y permanencia a una repartición policial (art. 20). O la necesidad operativa que lleva a que la indagación de “hechos con apariencia delictiva” sean informados por la autoridad administrativa en un lapso de hasta cuatro horas (art. 19) en lugar de realizar la comunicación inmediata al Ministerio Público como ocurre actualmente. Todas estas son interrogantes legítimas y válidas, no el producto de la alienación ideológica o el dogmatismo político.

En definitiva, los 120 artículos contenidos en la LUC resultan la síntesis legal y operativa de una particular concepción del delito y sus causas, una construcción social y política que inevitablemente expresa una ideología bien definida al proponer cómo enfrentar los problemas. Ante ella, algunos actores tendrán la obligación de argumentar válidas apreciaciones de índole política, basadas también en la ideología. Y en lo que corresponde al mundo académico, no se puede eludir la obligación de advertir que la evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva, sino que, por el contrario, representan un serio riesgo de profundizar dificultades en diversos planos y hacen más pronunciados los actuales problemas de convivencia ciudadana.

Por último, y mirándolo en perspectiva, el panorama resulta profundamente desalentador: 25 años después, la denostada Ley de Seguridad Ciudadana parece convertirse en una pieza jurídica que admite ser mirada con cierta nostalgia y como expresión de la voluntad de lograr acuerdos extrapartidarios en torno a iniciativas legales razonables, tramitadas, además, en un democrático y participativo clima de tolerancia. Si compartimos esta impresión, debemos asumir que los tiempos que transitamos definitivamente han cambiado, y que algo marcha decididamente mal.

Luis Eduardo Morás es doctor en Sociología y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

ANTORCHAS por Milton Romani Gerner*

Me dio trabajo estacionar el auto. Pero justo allí, en la puerta de un local bien iluminado, encontré un hueco. Levanté la vista y vi un escudo con una antorcha: Ateneo Popular del Sindicato Único de la Aguja (SUA). Hoy es la sala teatral Delaguja. Tiempo atrás fue La Máscara, donde funcionó Teatro del Pueblo.

En 1987, la Corte Electoral pretendió estafarnos las firmas del referéndum contra la ley de caducidad. Una marea obrera y popular salió una noche desde La Teja hacia la fortaleza del Cerro portando antorchas. Desde la ciudad se vio como un encendido grito de libertad y justicia. Contundente.

Las antorchas tienen historia. Polisémica, quizá. Fueron usadas por el Ku Klux Klan, en ceremonias hitlerianas y para quemar mujeres en hogueras del Santo Oficio. Hay que rescatarlas en sentido libertario. No para descalificar debates que se admiten como complejos, como hizo el compañero Gustavo Leal: “Hay compañeros que deberían apagar las antorchas. Parece que lo único que les interesa es encender hogueras para hacer humo de forma permanente y no debatir los temas en profundidad”.

Una medida polémica, como el involucramiento de la Guardia Republicana en las cárceles, mal comunicada en su momento, merece un abordaje con respeto y elocuencia docente. Si se asume que es un tema difícil y complejo, que no se puede discutir mediante telegramas o en las redes, no es válida la descalificación. Con el reportaje de Denisse Legrand al director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, que publicó la diaria el lunes 10 conocemos argumentos serios que son de recibo. Explican, educan en el perfil de una nueva Policía: “Las cárceles tienen que ser gestionadas por personas con perfiles asociados a la rehabilitación y no a la seguridad […] Si pretendemos que un sistema evolucione hacia la rehabilitación, tiene que contar con personas formadas con ese enfoque y con capacidades específicas para el tratamiento a las personas privadas de libertad. Las y los policías tienen que ir cediendo y dedicarse a los mecanismos de control y seguridad dentro de las unidades de internación, pero no deben estar en trato directo con las personas privadas de libertad. El trato directo debe ser asumido progresivamente por las y los operadores penitenciarios”.

Un debate siempre necesario

Todos los partidos y sectores deberíamos asumir que el tema ha sido la tumba de los cracks, a pesar de los enormes logros y avances realizados en estos 15 años. Como sociedad vivimos el incremento de la violencia y todavía no hemos podido encontrar un camino sostenible hacia una cultura de paz. Desde 1997 recurrimos al aumento de penas para calmar a la hidra punitiva. Aumentan las penas, aumenta el delito, aumenta la violencia. Lo que no aumenta es la voluntad de investigar con pretensión científica. Axioma: las conductas delictivas y violentas que provienen de sectores de la fractura social vulnerable son hijas de la cultura de la violencia. De la mano dura familiar, barrial, o de los palos policiales. De la convivencia carcelaria. ¿A qué mente se le ocurre que el endurecimiento de penas o la acción violenta puede disuadirlos? 60% de las rapiñas son por objetos de valor menor a 1.000 pesos. La tentación de gestos punitivistas parecen estar a la orden del día como una especie de mea culpa que tendríamos que confesar los izquierdistas.

No sólo se puede, se debe debatir. No hay alumbrados y otros que hacen humo. Polemicé públicamente en las internas de 2009 con Pepe, mi candidato, por aquella peregrina idea de internación compulsiva a los usuarios de drogas. Creo que fue útil. Hay que polemizar, desmontar lo demagógico, pero discutir las propuestas. Lo que repite Lacalle junior, “se acabó el recreo”, resulta infantil. O de patroncito de estancia, poniendo orden en la peonada díscola. Es más difícil, Luis. Confesemos. No está Ángel Gianola como testigo, pero está Juan Andrés Ramírez, que es un caballero. Sin embargo, el texto de su programa afirma cosas que son debatibles, y algunas de recibo. Incluso Jorge Larrañaga con su pulga amaestrada de Vivir sin Miedo plantea iniciativas que hay que desmontar, demostrando sus errores. No hay que descalificarlo.

Eso que llaman investigación-acción

De la naturaleza de las conductas criminales, de la creciente violencia social, sabemos poco. Lo único que podemos afirmar sin titubear es que la fuerza mal administrada, la apelación a la mano dura, no sirven. Ni aquí, ni en ningún lado. Ahora tenemos evidencia de la potencia de lo preventivo-disuasivo. La violencia en el deporte ha amainado. Se avanzó debido al compromiso de múltiples actores. Se construyó cultura de paz. ¿Por qué no proceder a nivel territorial con un enfoque similar ? 29% de los homicidios es por violencia interpersonal. ¿Lo demás va para la bolsa de ajustes de cuentas? Para construir política criminal hay que investigar y estar en territorio. Estar con todos los actores en forma integrada, zona por zona. Como estuvimos y no supimos o no pudimos avanzar. El plan Siete Zonas, de intervención integral y transversal, fue suspendido por discutibles argumentos presupuestales. El primer paso para superar la fractura social es superar política y culturalmente la grieta de “ellos y nosotros”. Los hechos son porfiados: honestos “nosotros” cometen delitos por ambición o por odios personales. O para lavar dinero. (Ver Nota al Pie)

Todo tiene su historia, las antorchas también

Ese Ateneo Popular fue fundado en 1924 por el SUA. En ese local en 1886 funcionó el Centro de Estudios Internacionales, sede de polémicas y trabajo conjunto de socialistas y anarquistas, entre ellos Emilio Frugoni. Fue sede de la Federación Obrera Regional Uruguay. En 1899 Florencio Sánchez estrenó allí su obra Puertas adentro. Una antorcha viva.

Muchos años después, el SUA crearía su seguro de salud, que, intervención mediante, se transformaría en una cooperativa médica: el Servicio Médico Integral. El sindicato de trabajadores, la Asociación de Empleados del SMI (AESMI-FUS) fue una de las 37 organizaciones sindicales que convocaron al 1° de mayo de 1983. El actual, denominado FUSMI (luego de la fusión con Impasa), organizó recientemente el repudio a José Gavazzo en la puerta del sanatorio. Vaya antorcha.

Después de estacionar, me fui a la presentación del libro de dos amigos y compañeros: Talo Valdez y Juan Pedro Ciganda. Psicoanalista y entrañable profesor de psicopatología, el primero. Profesor de historia, militante sindical, orador de aquel 1º de mayo, el otro. Escribieron juntos una novela policial. Dicen que se puede. Digo, escribir juntos, a pesar de que se conocieron en un asado, confesaron hace muy poco. El título: Parecemos, ya ves, dos extraños.

*Milton Romani Gerner fue embajador ante la OEA y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

iPublicado en La Diaria el 14 de junio de 2019

LA BANALIDAD DEL DELITO por Milton Romani Gerner

Rudolph William Louis Rudy Giuliani visitó Uruguay. Fue recibido y se atrevió a dar algunos consejos. Preside la consultora Giuliani Partners LLC. Fue fiscal general y alcalde de Nueva York, puestos obtenidos en campañas electorales que contaron con aportes de dinero, entre otros, de Donald Trump. Hoy, integra el equipo del presidente como su abogado. Por ahora, porque parece haber caído en desgracia.

Giuliani ha hecho asesoramientos en seguridad en México y Colombia, aunque se desconocen resultados y evaluaciones. También se dedica a otros menesteres.

The Guardian publicó en mayo un informe que titulaba: “Rudy Giuliani ganó un acuerdo para que el fabricante de Oxycontin (Purdue Pharma) continúe vendiendo esta droga, aun después de las muertes ocasionadas en crisis de los opiáceos”.1 El periódico The New York Times sostuvo: “En las últimas dos décadas, más de 200.000 personas han muerto en los Estados Unidos por sobredosis de opioides recetados […] Purdue Pharma, la compañía que sembró las semillas de la epidemia de opioides a través de su agresiva comercialización de Oxycontin, ha afirmado que desconocía el uso cada vez mayor del poderoso analgésico opioide después de su lanzamiento al mercado”.2

Giuliani Partners LLC fue contratada para su defensa y negociación con el Departamento de Justicia. Tuvieron éxito: “En 2007 Purdue Pharma se declaraba culpable de un delito de ‘etiquetado incorrecto’ de Oxycontin mientras comercializaba la droga, tergiversando su riesgo de adicción y el potencial de abuso. La compañía y los ejecutivos procesados pagaron un total de 634,5 millones de dólares en multas y se requirió que los hombres hicieran servicio comunitario”.

Una consultora que asesora sobre seguridad y defiende laboratorios con graves responsabilidades en la muerte de miles por abuso de drogas es al menos incongruente, cuando no inmoral. No es creíble. Lo llamo banalidad del delito.

Recomendacion de Rudy: identificar y catalogar a los delincuentes reincidentes. No perderles pista porque son “criminales profesionales”. Recurrir a ese catálogo para empezar todo tipo de investigación y, sobre todo, ser muy duros. Encerrarlos con doble candado y, de ser posible, que no salgan nunca.

No es novedoso. Nuestra Policía tiene buen nivel de profesionalidad. Tenemos las cárceles repletas porque agarrar delincuentes, agarran. En 2000 había 4.300 reclusos, ahora estamos en 11.000. Desde 1997 las penas se han endurecido y los resultados no se compadecen con la pretendida disuasión de la dureza.

Nuestro problema está en el antes y el después. Prevención integral, entendida como cultura y acción a nivel transversal de varios organismos, y gestión local. Política criminal que armonice prevención, intervención, investigación y reinserción social.

A qué llamo “banalidad del delito”

Llamo “banalidad del delito” a la producción de ambientes culturales y modalidades psicosociales que actúan como facilitadores y promotores de lo delictivo. Un conjunto de experiencias, creencias y valores enraizados como marcas de referencia de nuestra aldea global contemporánea.

Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén, definió la banalidad del mal como lo más perverso de un crimen: su justificación por el mandato jerárquico o por la ausencia de consideración del daño ocasionado a otros.

Hay una especie de vacío ético inmanente, en el aquí y ahora, no con quienes se asemejan a mí (semejantes) sino con quienes compiten y conspiran contra mí. La “ley del cerdo” que caracteriza al actual estilo de consumo (por más que coma, el cerdo nunca se sacia) es apenas una pista. La pasión por la “marca”, la ley del éxito y poder sobre cualquier otro parámetro, la competencia por el dinero, por los poderes, o lugares de ser y estar en el mundo, cualquiera sea la posición y el barrio donde vivamos, parecen ser una clave. La violencia puede ser por cosas banales, como un club.

Ya no se hace por ordenes burocráticas, sino por la lógica interna de un sentido común que presiona para obtener dinero, éxito o poder como sea, cuando sea y a costa de quien sea. Con violencia visible o a distancia.

La receptación o compra de objetos robados se vive banalmente, circula en grandes sectores. Pequeñas corrupciones que justifican nuevamente el “hacé la tuya”.

Costó mucho persuadir a escribanos, y luego a contadores y abogados, para que aceptaran su condición de sujetos obligados a remitir al Banco Central operaciones sospechosas de lavado.

Territorios fragmentados y ventanas rotas

En algunos territorios, hace rato habría que haber ido con topadoras. Se ha comenzado a hacer operativos de gran repercusión en algunos barrios pobres. Generaron simpatía ciudadana, salvo de la oposición. Fueron mal comunicados políticamente. Siguen la ruta de tirarle todo el fardo a la Policía, promoviéndola.

Habría que resaltar y celebrar la intervención coordinada que hubo de la Intendencia de Montevideo, los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Fiscalía, el Plan Casavalle. Compartir responsabilidades educa en que la seguridad no es sólo un tema policial. Evita tener un chivo expiatorio, reducirlo a un solo componente y asumirlo como tarea de todos.

Da mucho rating mostrar a la Policía y a las topadoras tirar abajo viviendas insalubres, y actuar contra pequeños narcos que se apoderaron de algunos barrios. El foco: estigma, otra vez en los barrios pobres. No pasa lo mismo con otras actividades delictivas.

El mes pasado, sin beneficio de noticiero, la Secretaría Antilavado comenzó a investigar a conocidos estudios por la participación en la producción de sociedades para lavado de dinero. Carlos Peláez (del programa radial Rompekabezas)3, incansable, informa: Posadas, Posadas & Vecino por Lava Jato; Juan Pedro Damiani por Helvetic Group y dinero K; Óscar Algorta por Lava Jato y el Partido Popular español; Fernando Belhot por South Capital Partners y Carlos Dentone por Odebrecht y Sabrimol Trading.

Sólo una copita

El anuncio de Luis Lacalle Pou sobre la tolerancia cero, bajo la consigna “una sola copita”, es banal, frívola, pero además es irresponsable. Ni para candidato a presidente de cantina de barrio. Más insólito es dedicarlo para el aplauso fácil de los bodegueros nacionales, que se quejan de la baja de ventas frente a los importados. Insólito: la tolerancia cero rige para ambas. En todo caso, las facilidades de bebidas importadas se fueron imponiendo a partir de la Ley de Desmonopolización de Alcoholes, de 1990. Luis era chico, pero no tonto. Fue el Partido Nacional.

Uno de cada cinco uruguayos presenta uso problemático de alcohol: abuso de ingesta, consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia.

La concurrencia del abuso en los siniestros de tránsito es evidencia. Han bajado, entre otras cosas, por el 0% exigido. Es una medida que generó resistencias, pero que la sociedad la ha ido aceptando. A mí mismo, degustador de bebidas, no me resultaba simpática. Sin embargo, reconozco que ha sido efectiva. Ha salvado vidas. ¿Pocas? No sé. Pero si salvó una sola, valió la pena. Luis: si tomás no manejes. Te lo pido por favor.

Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología y fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 3 de diciembre de 2018

DESEQUILIBRIOS MACRIECONÓMICOS por Milton Romani Gerner*

En esta orilla, el líder de “Peguemos”, Lacalle junior, necesita vender mucho más. Para espejito está Macri. Acá ya lo hicieron. “Vivir sin miedo”, promete Larrañaga, y hace campaña electoral con ello. En un corte antiwilsonista, propone sumar al esquema represivo a las Fuerzas Armadas, sin reparar en que ha sido el estamento que más miedo ha inoculado a nuestra sociedad. Abusa de una irracional tentación punitiva de la sociedad y propone, otra vez, las herramientas del castigo, cuando los castigos son como la riqueza: nunca son iguales para todos. Los fracturados sociales son los que pagan el pato. Otros fabrican sociedades anónimas.

Ya lo intentaron. Querían bajar la edad de imputabilidad penal. Fracasaron. El formidable movimiento juvenil de No a la Baja lo impidió. Lo que bajó fue la cifra de “menores recluidos”. Ahora son 358, frente a una media histórica de 700. En pocos años, la cifra se redujo casi a la mitad. Se prevé que siga descendiendo. Ningún comunicador ha considerado interesante investigar esto, que –vaya– es una noticia. La Universidad del Miedo, como bien la bautizó el profesor Roque Faraone, no está para eso. Hay una genealogía de los mecanismos que han invadido nuestra convivencia y otros fenómenos violentos de la vida cotidiana que no se solucionan con castigos.

El escritor uruguayo estadounidense Jorge Majfud acaba de publicar en varios medios del exterior un excelente artículo, “La generación del 2001 y la violencia en el Cono Sur”, en el que sostiene: “En medio de la crisis del Cono Sur que se inició en el año 2001 y se profundizó en el 2002, todos se horrorizaban, con cierta dosis de inevitable acostumbramiento, por los niños que comían basura o se drogaban con pegamento debajo de los puentes. No eran casos aislados. Fue una epidemia súbita que arrojó a casi un 20% de los hijos de la clase media a la miseria y el abandono, debido al descalabro de la economía, al desempleo masivo y de los ya debilitados planes sociales de los gobiernos anteriores que, tanto en Uruguay como, sobre todo, en Argentina, se habían alineado a las recetas privatizadoras del FMI. ¿Dónde están hoy esos niños? ¿Desaparecieron? No. Todo presente tiene un pasado, y aunque la gran mayoría de ellos haya salido a flote, hacia una vida digna de lucha y trabajo, basta con un pequeño porcentaje para crear un fuerte estado de inseguridad debido a delitos crecientes en número y crueldad. Como solución, no pocos miran los tiempos de la dictadura militar con nostalgia, por el simple hecho de que, por entonces, crímenes y violaciones de todo tipo, física, moral y económica, simplemente no salían en las noticias y quienes las denunciaban desaparecían o perdían sus trabajos, en el mejor caso”.

La Cantera de los Presos

Este era el nombre del que hasta ahora fue el cantegril más antiguo de Montevideo. Desde 1940, a cinco cuadras de Avenida Italia y Comercio, entre basura, ranchos de lata, perros y caballos, vivieron cuatro generaciones de más de 250 familias, las que hoy fueron realojadas a viviendas dignas en un nuevo barrio digno. Coincidieron para ello la movilización y la pujanza de los vecinos, liderados por una mujer, y un convenio con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Fue un proceso. Su planificación llevó algunos años, esfuerzo, discusión, porfiadas y atrevidas insistencias. El nombre del asentamiento parece venir de la época en que los presos iban a picar piedra en las canteras allí ubicadas.

No se necesita un giro literario muy rebuscado para arriesgar una metáfora: como otros territorios, ha sido cantera de presos a futuro. O no. Porque entre otras indignidades, el estigma uniformiza y evade admitir que el trabajo, formal e informal, ha sido también forjador de ciudadanía en Isla de Gaspar.

En realidad, este realojo ha sido un formidable modelo de intervención urbana que marca un camino para políticas de convivencia y para asegurar el derecho a la seguridad ciudadana. Prevención universal, que le dicen. Con efecto inmediato en estas 250 familias, ahora sí, seguras, conviviendo felices y con un plus: la dignidad.

Prevención universal, selectiva, indicada

Habrá que repetir una vez más que, en términos de políticas de seguridad ciudadana, hay que desplegar todo el arco preventivo antes que lo punitivo. En todo caso, este realojo de quienes vivían en Isla de Gaspar parece preferible a intervenciones en crisis como la de los Palomares de Casavalle. Es una opción política. Además de prevenir, hay que prever. ¿Restituir el principio de legalidad y responsabilidad? Sí. Pero ese, lícitamente, podría ser el reclamo de los vecinos: restablecimiento de la legalidad de derechos y llamar a responsabilidad a todos los sectores del Estado. La aplicación de la ley es sólo un componente de este combo, necesario pero sólo como un recurso de una política criminal con varios componentes. Debe aplicarse, además, sin tanto aspaviento, ya que la manija de los medios produce subjetividad punitiva.

El castigo, en sus diversas formas, termina siendo caro, ineficiente en términos de costo-beneficio. Segrega aun más a las familias y la sociedad. Sin enfoque político integral, se recarga y se deposita todo, y de mala manera, en la tarea policial, que debe tener también herramientas selectivas e indicadas en lo preventivo. Pero las responsabilidades sobre seguridad y la convivencia ciudadana son de varias agencias, que necesitan coordinación y dirección política estratégica. La tentación narcisista de cualquier ministerio con pretensiones exclusivistas, además de censurable, constituye un grave error político.

El momento punitivo

Como bien afirma el antropólogo, médico y sociólogo francés Didier Fassin, quien recientemente nos visitó: “La combinación de la intolerancia y el populismo penal hace que pueda haber una desconexión entre el aumento de los presos y la realidad de la criminalidad. Eso caracteriza al momento punitivo y es el punto de partida de mi reflexión. En realidad, mi trabajo no es explicar eso en detalle, sino tomarlo como un pretexto para reflexionar de manera más general sobre el castigo, tratando de plantear tres preguntas que pueden caracterizar la razón punitiva: ¿qué es el castigo?, ¿por qué se castiga? y ¿quién es castigado?”.

La población carcelaria ha aumentado ocho veces en Estados Unidos. Dos veces y media en Francia. 180% en Brasil. En Uruguay, en 1997 (cuando comenzaron las reformas del Código Penal para aumentar las penas) había 2.700 presos. Hoy superan los 11.000. Multiplicamos por cuatro la población carcelaria. La voracidad y tentación punitivista no se sacia nunca. Lejos de resolver, se transforma, ahora sí, en el problema. Estamos en deuda con esto.

Plan Siete Zonas y Mesas de Convivencia

El denominado Plan Siete Zonas, de intervenciones urbanas, fue un buen ensayo general. No era pertinente que lo ejecutara solo el Ministerio del Interior. Asumido por el Ministerio de Desarrollo Social, se dijo, no hay presupuesto. Error grave. Lo lógico sería que lo reintentáramos en clave de gestión y presupuesto compartido desde varios ministerios. Hay ejemplos institucionales que indican que eso funciona. La Junta Nacional de Drogas es un buen ejemplo. Menos entendible fue el trancazo que se hizo con el funcionamiento de las Mesas de Convivencia y Seguridad. Tampoco son un asunto del Ministerio del Interior. Hay buenas prácticas que demuestran que es posible darles dirección política para garantizar una gestión local planificada y con el concurso de varios actores. La participación de la comunidad tiene sus características especiales, pero hay que abordarlas en su complejidad y con docencia ciudadana. Insisto: experiencias como las desarrolladas en el Centro Comunal Zonal 3 (Goes) junto con el Mercado Agrícola y otros actores relevantes pusieron fin al imperio de los tumanes, en forma progresiva y sin violencia. Los planes que hoy se desarrollan en la cuenca del arroyo Casavalle y en el barrio Marconi tienen esa impronta.

Ahora el desafío para el Frente Amplio y su futuro gobierno es abordar el tema de la seguridad junto al de la convivencia ciudadana en clave de derechos. Avanzar sobre los logros pero rectificando los errores constatados. Es posible una gestión interministerial, conducida al más alto nivel, que aborde, con un programa transversal, la globalidad y complejidad del fenómeno social de la criminalidad y del conjunto de violencias sociales que vulneran nuestro derecho a la seguridad y la convivencia.

Los equilibrios macroeconómicos, de los que podemos hacer gala frente al incendio de Macri, son necesarios mas no suficientes. Hemos superado el “síndrome Antel Arena”, que pretendió frenar iniciativas desde un enfoque economicista algo dogmático. Se sobrepuso la política. Hoy, gracias a la acción conjunta y decidida de varios organismos (Antel, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Intendencia de Montevideo) y a la movilización de vecinos y vecinas, tenemos otro panorama. Intervención urbana con prevención universal. Por añadidura, allí levantaremos un sitio de memoria (ex campo de detención masiva Cilindro Municipal).

Tendremos complejo Antel Arena. Con nuestros artistas y con Joan Manuel Serrat. Un lujo. Sí. “Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta”. Pero también para que, en clave de derechos y convivencia ciudadana, “el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailen y se den la mano sin importarles la facha”.

*Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 13 de septiembre de 2018

SOBRE LA GOLPIZA DE UN JOVEN QUE RAPIÑÓ: BREAKING BAD O EL DERECHO A CONVIVIR EN PAZ por Milton Romani Gerner

El personaje central es un tímido y humilde profesor de Química que, aprovechando su conocimiento, se convierte en fabricante de metanfetaminas. Luego, en narcotraficante. La degradación progresiva del profesor Walter White no tiene límites. Una vez en la pendiente, nada lo detiene: miente, asesina, monta una red de tráfico, comete atrocidades. Lo hace “por el bien y el futuro de su familia”. Tiene cáncer, va a morir y quiere dejarles un futuro. Además, ha sido un hombre gris y sin coraje que ahora se destapa. La serie muestra cómo personas “como nosotros” cometen pequeñas, medianas y grandes corruptelas. Es casi inevitable la identificación con esos seres: “nosotros” podemos terminar igual que “ellos”. Es complicado.

En relación con un artículo de El Observador, que oficia como defensor de la corporación de escribanos, algunos de ellos siempre reacios a colaborar con las medidas antilavado, Martín Vallcorba, coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, reaccionó en Twitter: “¿Se está reclamando el “derecho” de hacer negocios simulados? ¿de documentar una donación como una venta? ¿Se está defendiendo que un escribano certifique una operación en la que se dice que se recibió cierta cantidad de dinero que sabe que no existió?”.

Vamos a ponernos de acuerdo: si se trata de combatir el crimen organizado (que gira no sólo en torno a las drogas), no se hará sólo mediante el ataque a las bocas de venta. Se corta también, y en forma más inteligente, atacando los mecanismos de lavado de activos. El mercado regulado del cannabis, tan vilipendiado y tan poco defendido, ha tenido al menos un mérito: más de 30.000 usuarios ya no concurren a las bocas. Con respecto a las rapiñas y sus productos es inevitable razonar que la receptación (compra de cosas robadas) efectuada por gente “bien”, “nosotros”, realimenta las rapiñas de “ellos”. Se podría decir que la mayoría de nosotros somos honestos y trabajadores. Promover la cultura de la paz es impedir que nos envilezcamos y asumir que el miedo no puede ser la palanca para generar más violencia. Que podemos ser protagonistas para disminuir la inseguridad.

La promoción de la cultura de la paz

Un encare serio del tema de la seguridad ciudadana debe abarcar las diversas violencias que se han desatado en nuestra sociedad. Sin renunciar a aplicar la ley, tener una mirada más equitativa sobre cómo, cuándo y por qué se extendió la sed incontrolable de hacer guita con lo que venga.

La coordinación de múltiples agencias del Estado es imprescindible. Es necesario dejar de centrar en la Policía un tema complejo que la supera. Es evidente que el fenómeno de las violencias es más abarcativo. Una política criminal (que sigue ausente, entre otras cosas, porque no se reconoce su ausencia) tiene componentes a analizar que superan la necesaria aplicación de la ley penal.

Investigar el fenómeno del crimen sigue siendo un desafío. Supone una actitud responsable. No pasarse facturas recurriendo a datos sesgados que fungen como coartadas más que como explicaciones racionales.

Nicolás Trajtemberg dijo el 5 de agosto, en entrevista con El País: “El problema de la izquierda es que no hay una comunicación clara. La delincuencia y el crimen han aumentado, de eso no hay dudas, y no hay un relato de hacia dónde se va. Por otro lado, hay una derecha, muy oportunista, que sólo plantea un camino de incremento de costos penales pero desde la deshonestidad. ¿Por qué desde la deshonestidad? Porque es un camino que no es bueno, que es costoso y [por el] que además habría que decirle a los ciudadanos: ‘Miren: queremos reducir el crimen y proponemos aumentar las penas. Pero está claro que aumentar las penas sólo en leyes no cambia nada. A lo sumo puedo acelerar los tiempos de captura y de procesos, pero para eso necesito millones de dólares destinados al Poder Judicial, millones a la Fiscalía, millones a la Policía. Y para eso le tengo que aumentar los impuestos o perjudicar a la salud, a la educación’”. Es un planteo serio y honesto. De un académico que piensa y aporta críticamente lo suyo.

Ciudad Gótica: cómo combatir bandidos en campaña electoral

En el polo opuesto, asistimos atónitos al lanzamiento de la candidatura a la diputación del ex fiscal Gustavo Zubía. Tiene ribetes góticos. De Ciudad Gótica. Pretende emular a Batman: solución rápida y furiosa ante aquello que los tontos frutillas no nos damos cuenta o no tenemos el valor de enfrentar. Recórcholis. En entrevista con Búsqueda, planteó algo de lo poco que se parece a una propuesta: “Le llevé un proyecto a [el comandante en jefe del Ejército, Guido] Manini Ríos que proponía que los formalizados sin prisión, en lugar de mandarlos a alguna escuela […] recibieran algún tipo de formación en el Ejército, no bélica, nada de armas ni otras yerbas. Formación militar en algún tipo de regimiento donde el individuo vaya a cumplir horario, realizar tareas de organización, de trabajo […] Mando. Disciplina militar”. ¿Y si los jóvenes “ni-ni” se resisten a quedar encerrados en un regimiento? ¿Si quieren fugarse? Recurrir al Ejército para sustituir cárceles de adultos y menores infractores que no han funcionado es sencillamente una burrada. Recurrir al viejo mito conservador sobre la disciplina puede juntar algún voto. No soluciona nada. Como todo enunciado, tiene efectos. Envilece las pulsiones más primarias de ciudadanos y ciudadanas que tienen miedo, y de alguna manera acumula violencia. El entrenamiento militar no incluye en sus manuales teoría y práctica de tacho, picana y plantón. Pero desgraciadamente ha sido la herencia maldita en códigos y valores que impunemente han contagiado nuestra convivencia. No es una buena base para la disciplina moral.

Hay antecedentes de entrenamiento militar a civiles por parte de las Fuerzas Armadas. En 1969 el gobierno colorado militarizó a todos los funcionarios bancarios que eran llevados desde sus trabajos a los cuarteles. El 2 de octubre de 1969 falleció a causa de un ataque cardíaco, en el Regimiento Nº 9 de Caballería, el bancario Carlos Alberto Cánepa, de 42 años.

Convivir en paz es un desafío urgente. Salvo para quienes, emulando a Primo de Rivera, fundador de la Falange, siguen creyendo que “a última hora, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización”. El histrionismo electoral, con alardes de porte de armas, no reúne estatuto para el debate. Aporta poco y ensucia todo. En realidad, se parece más a otro personaje de Ciudad Gótica: el Guasón. Tiempo atrás, un viejo luchador, cuando alguno alardeaba con los fierros, recomendaba sabiamente: limale la mira.

Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 9 de agosto de 2018.

DE LA SEGURIDAD A LA CONVIVENCIA por Álvaro Portillo*

El miedo es uno de los principales motores de la actividad humana. La gestación del miedo está íntimamente vinculada a factores objetivos y subjetivos que en grado distinto operan en el imaginario social.

Las sociedades contemporáneas, y la uruguaya en particular, están conmocionadas por el tema de la seguridad. Efectivamente, en la actualidad ha emergido con fuerza creciente un conjunto de comportamientos violentos que desencadenan la conformación de este escenario conmocionado.

Por un lado, hay que registrar la presencia altamente perturbadora del narcotráfico. Como es sabido, se trata de un proceso sumamente violento que involucra a un numeroso conjunto de personas: los responsables de la producción, la distribución mayorista y la distribución minorista, que se constituyen en una extendida red en el tejido social, por lo general protagonizada por los propios adictos. Este factor es algo novedoso en nuestra sociedad, pero lo más complejo es que involucra muy distintos actores y que a su vez se trata de una alternativa de vida (y de muerte) con rápido acceso a importante cantidad de dinero.

Un segundo factor social emergente es la violencia de género. En ello convergen varias causalidades. Por un lado, el mayor empoderamiento de las mujeres producto de los avances emancipatorios respecto de la histórica desigualdad ha precipitado una fuerte crisis de la condición masculina, que se expresa en violencia física o simbólica hacia la mujer. A ello hay que agregar que la sociedad ha tomado conciencia de ello y por lo tanto hoy la violencia de género se hace mucho más visible y objeto de repudio.

En tercer término, es factible señalar los tradicionales y conocidos factores de la criminalidad, entre los que destacan el ataque a la propiedad privada u otro tipo de acciones delictivas personales.

Este cuadro es el que ofrece el disparador de las cifras delictivas y, en consecuencia, lo que alimenta la sensación negativa de inseguridad.

Más allá de magnificar el fenómeno o de tratar de negarlo, de lo que se trata es de intentar comprenderlo para su erradicación. Queda absolutamente claro que la sociedad uruguaya no estaba preparada para enfrentar las negativas consecuencias de este escenario, por lo que se trata de encarar una estrategia al respecto.

Situados en este punto, la experiencia reciente indica varios rumbos anotados como claramente inconducentes. Uno de ellos es el clamor represivo en cuanto a incrementar penas, crear nuevos delitos, involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, la cadena perpetua, etcétera. La experiencia indica que este camino, además de ser poco respetuoso de la condición humana, es ineficaz.

En el otro extremo, con frecuencia se escucha una perspectiva enfáticamente garantista a la que solamente le preocupa el efectivo funcionamiento de los derechos. Complementariamente, se suele justificar esta nueva realidad en la estructura social existente, atravesada por desigualdades inaceptables que conducen a los comportamientos delictivos. En estos razonamientos se esconde un componente de acierto, pero su abordaje aislado es totalmente ineficaz como respuesta exitosa al problema.

Los componentes de una estrategia integral

Un problema tan acuciante no puede tener un abordaje único. Se trata de conformar una estrategia integral que sepa combinar un conjunto de intervenciones en materia de prevención, disuasión y represión de todos los comportamientos delictivos. Esa estrategia debe incorporar cuando menos los siguientes factores.

1) La adecuación –reestructura mediante– de los distintos cuerpos represivos del Estado para convertirlos en útiles para la nueva función. Política de reclutamiento del personal, características de la formación profesional, armamento adecuado, organización operativa, inteligencia aplicada, tecnología, entre otros.

La vieja Policía conocida por la sociedad uruguaya no se corresponde con esta nueva realidad, y además enfrenta el reto de ganarse la confianza del común de la gente luego de lo que fuera el triste papel represor que jugara en la época de la dictadura.

2) Reformulación de la propia administración de justicia, tanto en lo referido a la tipificación de los delitos como al abordaje de los procedimientos penales para su investigación y sanción.

Hay aquí una tarea de adecuación de marcos normativos, pero también de mentalizar a los principales protagonistas de la administración de justicia en las nuevas características de la delincuencia conjuntamente con los distintos procedimientos que ello implica. Adicionalmente es indispensable una aceitada coordinación entre jueces, fiscales y policías que permita actuar sincronizadamente.

3) El contexto social. Lo que en primer término surge es la necesidad de mejorar el acceso al empleo y su calidad. Complementariamente, las políticas sociales pueden y deben jugar un papel crucial a nivel del territorio. Educación, salud, vivienda, cultura y recreación son ineludibles para comenzar a consolidar escenarios locales alternativos al horizonte delictivo.

4) La rehabilitación. Es este un factor clave que apunta a eliminar la reincidencia. La ineficacia actual del encierro lo convierte en un paréntesis en la trayectoria delictiva. Cárceles con mucho trabajo y estudio y otros abordajes psicológicos necesarios componen lo sustancial de un encierro rehabilitador.

5) Participación social. La sociedad no puede ser un espectador en el abordaje de la violencia criminal. Es indispensable la conformación de espacios de encuentro entre la comunidad a escala barrial con todas las instancias estatales que operen: la Policía local, el gobierno local, las entidades responsables de los distintos programas sociales y los fiscales, que hoy cumplen una función muy relevante en la investigación de los delitos.

El diálogo permanente entre la comunidad y las distintas expresiones del Estado, muy especialmente la Policía, son fundamentales para construir confianza mutua. Con ello es posible que los servicios de seguridad comprendan mejor las realidades locales y barriales de la delincuencia y sobre todo que escuchen los reclamos y las opiniones de la comunidad.

6) La batalla por la opinión pública. Nada de lo anterior sirve de mucho si no se toma conciencia de las grandes patologías sociales y culturales que caracterizan a la cultura hegemónica del capitalismo contemporáneo.

Las adicciones, el consumo irrefrenable, el dinero como medida de la esencia humana, el egoísmo y el individualismo, y el placer inmediato como proyecto de vida son algunos de los alicientes más fuertes que están operando en la promoción de la delincuencia. Señalarlos y convocar a la discusión colectiva para ir imaginando y conformando una convivencia distinta, que celebre la vida en lugar de arriesgarla por un puñado de dinero, es una tarea ineludible.

Muchas de las cosas aquí mencionadas se están realizando, con diversos niveles de avance. La derecha política solamente reclama castigos y represión, y juega muchas veces con el dolor de las víctimas y su deseo de justicia y reparación.

Tal vez una de las cosas que están más atrasadas en la temática es la participación social y su involucramiento concreto. Ha habido intentos, pero que no se han sostenido. Mientras ello no ocurra, la acción estatal, además de descoordinada, continuará dando respuestas a ciegas con una débil influencia en la prevención y la disuasión.

*Sociólogo

Publicado en La Diaria el 23 de julio de 2018

CÓMO SE PUEDE MANCAR UN “BURRO” por Mílton Romani Gerner

Miserias de una cuadrera.

¨Apostar por el favorito rinde poco. En las carreras de caballos si el pingo favorito es el ganador, su apostador volverá a casa con unos pocos pesos. Los conocedores dicen que el caballo ganador más festejado es el que viene de atrás: “por los palos”. Ese al que le queda la chapa de la sorpresa. El senador blanco Jorge Larrañaga sabe de caballos. Y también sabe de llegar de favorito o dar el batacazo cuando no está en los cálculos de nadie¨

Estas afirmaciones aparecieron en El País del domingo, firmada por Pablo Fernández bajo el titulo: La vieja historia de los blancos: ¨Larrañaga retoma impulso en la interna con campaña por seguridad¨ y agrega: el líder de Alianza logró protagonismo y colocó a Lacalle Pou en una posición incómoda¨

Visto así quizás se entienda un poco más, la absurda propuesta. Pretende ganar la interna y posicionarse en el juego político. Tirando la mosqueta y dejando en orsai a los otros. Parece más mezquina, pero al menos tiene una lógica que no tiene el contenido de la misma. También decir que todo ¨burro¨, hasta el mejor potrillo, se puede mancar. Cosas de la política timbera.

La ´vieja historia de los blancos´ nos dice otras cosas. Wílson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra en gesto que los honró, reconocieron que votar en 1972 el Estado de Guerra Interno y la Ley de Seguridad del Estado no fue cosa buena. Eso que la situación de aquella época era realmente crítica.

Afirmaba Wílson por entonces: “No hay ninguna causa, que no se destruya, que no pierda validez moral, que no se transforme en una porquería, si para defenderla hay que hacer estas cosas.¨  Años después diría: :”No fue un pecado votar la Ley de Seguridad del Estado, fue un error. Nunca debimos autorizar a militares a juzgar civiles. Era doloroso, pero para el uruguayo medio la tranquilidad se había transformado en algo más importante que la libertad.¨

Paradoja: estas citas las extraje de un excelente trabajo que firma un militar, el Capitán de Navío (R)Tabaré Fernando Patrón en un ensayo: ¨Los valores de Wílson Ferreira Aldunate en la conducción política del poder militar¨.

Los militares ya estuvieron al frente de la seguridad del Estado y les fue, nos fue, muy mal. Al frente, al costado, abajo y arriba de la seguridad de todos nosotros.

Alguien debería decirle al insigne burrero, que tampoco los militares están conformes en salir a la calle para trabajar de policías. Ellos también se preguntan:  ¿como sería la cosa?¿pedirían documentos, harían pinzas, detendrían gente? ¿como Larrañaga? Apoyar a la policía bajo sus órdenes. ¿Órdenes civiles para un militar? Al mismo precio. El Estado de Guerra les permitió cobrar el doble. Las misiones al Congo tienen otro precio. ¿Como Larrañaga, cómo sería esto? Una inteligente pregunta que se lanzó en las redes: en caso de hacer fuego o cometer algún delito ¿quién los juzga? Se me dirá la justicia civil. No podría sostenerse en serio, habida cuenta de la historia en este país. Pero mas allá de la historia ¿los militares aceptarán salir a la calle, recibir ordenes de civiles, actuar y eventualmente ser juzgados por civiles? Reitero: ¿todo por la misma plata?

Debatir en serio con esta propuesta implica una base mínima de seriedad. No los hay. Ni la misión fundamental de las FFAA definidas en sus leyes, ni la formación, ni el despliegue, ni las características propias de las fuerzas, ni su presupuesto, pueden cumplir funciones de seguridad interna. A propósito: ¿se piensa que con la carga de impunidad que conllevan los uniformes militares, la existencia brutal de cementerios clandestinos en los cuarteles de la patria, se podría salir a la calle con prestigio?

A medida que escribo me vuelvo medio wilsonista: “Nosotros queremos un país donde un soldado salga a la calle y se ponga el uniforme, no tenga que sacárselo porque pasa vergüenza. Nosotros queremos un país donde los soldados exhiban su condición militar con orgullo.” (Wílson Ferreira Aldunate, en Buenos Aires el 30 de abril de 1984)

Sobre la moda de seguir aumentando penas solo decir lo que criminólogos y especialistas que estudian el tema afirman: no parece lógico poner el acento y las penas luego que agarraste al delincuente. El tema es como evitar el crimen. En sus causas, que son muchas y diferentes, y en una aplicación racional de la fuerza de la ley. La respuesta punitiva solo convoca más violencia. No lo queremos para Uruguay. Tenemos otros recursos y otros valores. La seguridad es un derecho que se garantiza no solo con la policía y la ley penal. Poner a articular todo esto con perspectiva de futuro es también una responsabilidad de la oposición.

Es una responsabilidad compartida. De varias instancias del Estado. También de la conducta de los líderes políticos. De los medios de difusión como canales de comunicación social. Una pregunta al paso: ¿porque los medios se inhiben de dar noticias sobre suicidios, siendo una de las causas violentas de muerte más altas que tenemos?

Se me dirá que para evitar el efecto contagio. Bien. ¿No hay efecto contagio cuando se propala hasta el hartazgo todo tipo de crimen, rapiña, asalto, y copamiento? Informar es un derecho. Viralizar haciendo uso insensato de las facetas de espectáculo es una manera de alimentar el circuito del crimen. Igual que aquellos ¨ciudadanos¨ que compran objetos robados. O los lideres políticos que usando el miedo e inseguridad de la gente intentan avanzar un par de cuadros en el tablero partidario.

La violencia no se combate con más violencia. Fui testigo en mi condición de Secretario Nacional de Drogas y de Embajador ante la OEA, de los desastres que ha ocasionado el enfoque de la guerra contra las drogas y la incorporación de las FFAA a esa lucha. Están las pruebas ahí, no se necesita ninguna especulación. América Latina y el Caribe son testimonios dramáticos de esta realidad. Colombia, México, Guatemala. Lo han afirmado los analistas y políticos más encumbrados. Origen de Los Zetas, principal cartel mexicano:  La organización se formó a partir de un grupo de militares de élite que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano. No se necesita ir a informes muy secretos, esto es de Wikipedia, Larrañaga. Como afirma el estudioso de estos temas Luis Moras: si no queremos ser El Salvador, no apliquemos políticas salvadoreñas.

Estuve preso por primera vez en 1968, en el 5o de Artillería, bajo Medidas Prontas de Seguridad. Triste debut de las FFAA en seguridad interna. Junté firmas muchas veces. La principal de todas contra la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No basta con olfato burrero, ni con picardía de stud o pretendidas dotes de gurú populista. Se precisa mucha militancia y mucha organización para reunir firmas. Creáme Larrañaga: no las va a conseguir. Es un ¨dato¨ posta.

 

Publicado en “Voces”.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CULPA LA TUVO EL OTRO por Milton Romani

El título de esta columna alude a una película con Luis Sandrini, de 1950. Como la mayoría de las películas argentinas de la época, instilaba valores ingenuos, melodramáticos, coherentes con el patrón cultural de aquellos años. Fue la época también del Cacho y su banda, que tuvieron en jaque a nuestra sociedad, horrorizada por los “infantojuveniles”. El título se me impuso a partir de las declaraciones cruzadas sobre seguridad ciudadana, en un debate mal planteado.

Ahora asistimos a la película uruguaya “Los irresponsables de siempre”, rodada con los que están en campaña electoral permanente, con planteos simplistas y demagógicos de quienes en su momento no supieron, no pudieron ni aportaron para resolver esto. No es noble traficar con el sufrimiento y el miedo de la gente.

Los militares ya estuvieron al frente de nuestra seguridad. Al frente, al costado y detrás. Fueron un desastre. Tiraron para el otro lado. Ellos siguen siendo responsables del régimen simbólico y fáctico de impunidad en que vivimos. Basta.

Ir por los caminos trillados de la inflación penal es una vía muerta. ¿Alguien piensa, de verdad, que encarcelando “preventivamente” a los “reincidentes” arreglamos algo? ¿Cómo sabemos que son reincidentes si en realidad el caso se resuelve con la sentencia ejecutoriada? Aumentar las penas es una remake de 1997 y 2000. Un fracaso de taquilla. Más penas, más delitos. Aplicar la ley con rigor implica sensatez y economía de la fuerza. La fractura social no se arregla con más violencia, amén de que no todos los que, además, sufren el estigma de algunos barrios son chorros. Como afirma Luis Morás, “si aplicamos políticas salvadoreñas, seguramente llegaremos a ser El Salvador”.

Como expresó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no hemos logrado quebrar la fractura social después de 13 años de gobierno, y eso no es aceptable. Comparto esa opinión.

Todos los nombres

Ahora hay muchos Cacho. Su nombre, Zelacio Durán Naverias, le fue restituido gracias a un valiente reportaje de Eduardo Galeano titulado “El símbolo uruguayo del Mal”.

Es imprescindible, de una vez por todas, repasar las historias. ¿Sabemos qué piensan, qué sienten, a qué aspiran los que viven en el Marconi o en Casavalle, en Cerro Norte o en cualquier barrio? Por favor. Todos los nombres. Sin apodos.

Las hipótesis de máxima que hace la Policía son eso. Además, mal comunicadas, sólo reproducen miedo y zozobra. La alarma nunca atenúa, sino que aporta inseguridad.

Pero ¿eso es todo? No lo sabemos. Sí sabemos que las amenazas de más penas o mano dura, supermano dura o puño de fierro (todas salvadoreñas) para estos pibes no corren. Muchos de ellos esperan que se desate, no la guerra, sino mil batallas. Criados a palo y palo, no les importa. Su lenguaje es la violencia hecha carne y cultura de cuatro generaciones. ¿Vamos a agregar más?

Tampoco sirve atacar al Código de Proceso Penal, que con sólo seis meses de vida parece que ya tiene la culpa de todo. Insólito. Una gran conquista que abre las puertas de una nueva política criminal acosada por todos lados.

No necesitamos contrarreforma reaccionaria punitivista, sino otra actitud. Vocación de servicio, trabajar, ver, escuchar. Es vivienda, es trabajo, es salud, es educar. Condiciones necesarias. Llamale como quieras. Pero sin actitud, todo es en vano. No hacerse el boludo recurriendo a que la culpa la tuvo el otro. Vale para todos y todas. Cualquier duda, preguntarle al doctor Álvaro Villar, director del hospital Maciel.

Mientras escribía esta nota se conoció la noticia de la convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a diversos actores a los que compete el tema de la seguridad ciudadana. Responsabilidad compartida. Es un paso importante. Como lo fue ir a San Luis a conversar con los vecinos, en una reedición de política de cercanía.

Hablando de políticas de cercanías, relancemos ya las Mesas Zonales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, llamadas a ser la base de una política integral y de articulación local. ¿Qué fue del plan Siete Zonas, que iba en el mismo sentido? ¿Fueron devorados por el síndrome Antel Arena?

La convivencia y seguridad son derechos. No es la Policía, ni siquiera el Ministerio del Interior, los únicos que los salvaguardan. Varias instituciones deben articularse a nivel estratégico, de mando y, fundamentalmente, a nivel local. ¿Junta Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana? ¿Por qué no? Hay que romper la lógica del Estado con presupuestos de programas verticales, con actitud y coraje para ir a programas transversales que rompan las chacras y la burocracia.

No están sólo en los barrios “marginales”

Pobreza y marginalidad explican sólo una parte del narcotráfico. La cadena de acumulación de dinero termina en un vértice de empresarios que necesitan lavar dinero para hacerlo circulante. Como señaló el fiscal de Corte, Jorge Díaz, los hermanitos Carlos y José Röhm se alzaron con una bolsa de 1.200 millones de dólares. Muchísimo más que las miles de rapiñas de miles de pibes chorros. Ya tenían antecedentes. Están sueltos.

El “símbolo uruguayo del mal” en deporte, Eugenio Figueredo, que manejó los hilos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial, no era del Marconi. Y tiene tantos amigos que no los puedo contar.

Las resistencias cuando procesamos al doctor Carlos Curbelo Tammaro, símbolo uruguayo del mal abogaderil, sólo fueron comparables con la intervención de Luis Hierro López y Guillermo Stirling para remover al inspector Roberto Rivero, ex director de la Policía Nacional y de la Brigada Antidrogas en el 2000, que había osado investigar a escribanos y personas conocidas, nada menos que con compras en Punta del Este.

Se olvida rápido: fue procesada la plana mayor de la Armada, incluidos tres ex comandantes, por crimen organizado. Se desconoce domicilio. Fotos y titulares, pocos.

El lenguaje cambió no sólo en aquellos barrios. También los “buenos” abandonamos la promoción de valores humanísticos como los prodigados por Olga Lanari, mamá de Gustavo Volpe, o por Juan Carlos Patrón, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con su célebre “Procesado 1.040”, que también fue una película argentina, con director, guionista y actores uruguayos.

Publicado en La Diaria el 28 de mayo de 2018

INSEGURIDAD y FRACTURAS SOCIO-TERRITORIALES por Pablo Anzalone 

Las características del sistema punitivo uruguayo han conducido a una hipertrofia del recurso cárcel como estrategia de seguridad. Tenemos 10.569 adultos presos y 470 adolescentes. La cantidad de personas presas cada 100 mil habitantes subió de 100 en 1992 a 260 en 2012, una de las más altas de América Latina, y  no ha parado de crecer. La casi nula utilización de otras estrategias como las penas alternativas a la prisión o la justicia restaurativa, han agravado esta situación. Lejos de abatir los niveles de violencia y delito, estos parecen ser factores que contribuyen a su incremento. La distopía de un país como Uruguay con decenas de miles de presos no se parece en nada a un proyecto de sociedad segura y disfrutable por sus habitantes.

Ha sido difícil entablar un debate serio sobre seguridad. Desde filas conservadoras hay mucho “sanateo”, como caracterizó el periodista Gabriel Pereyra en una entrevista célebre al candidato Lacalle Pou.  La táctica es el alarmismo y la falta de propuestas. Se trata de transformar episodios graves de violencia en una psicosis colectiva donde el miedo ordene las percepciones, no los hechos ni las razones. Hay una gran radicalización del discurso reaccionario y simplista.

 Al mismo tiempo la tesitura inicial en algunos enfoques de izquierda de minimizar la gravedad de la inseguridad ha sido desplazada hace ya tiempo. En su lugar se ha desarrollado un discurso oficial que enfatiza los avances en profesionalización, eficiencia y tecnificación de la  Policía, que efectivamente son muy relevantes.

Una entrevista reciente de Pereyra al Director Nacional de Policía Mario Layera agrega elementos a este debate. Layera constata cambios en la forma de operar el crimen con menos organización, liderazgos más fugaces y nuevos códigos gestados en las cárceles. Concluye tajantemente que hay un “choque de culturas”, donde los sectores “marginados” están absolutamente fuera del sistema, hasta en el lenguaje. Con franqueza destacable, aunque sin autocrítica, Layera cuestiona la “compartimentación” con que actúa el Estado y las dificultades que tiene la policía con la implementación del nuevo código del proceso penal y el rol de las fiscalías.

Es bueno que un jerarca de gobierno señale problemas y omisiones. Una de las cosas que desacredita a cualquier gobierno es la reivindicación total de lo que hace sin reconocer y valorar los problemas existentes. La izquierda debe ser crítica y autocrítica enfatizó Javier Miranda en el acto del 5 de abril.

Cabe también esperar que se digan las acciones que se están llevando adelante para resolver los problemas mencionados. En el caso de la articulación de la policía con Fiscalías y Poder Judicial, se puede entender una transición para la aplicación eficiente del nuevo código. Pero en nuestra opinión hay que poner en discusión otros aspectos del paradigma punitivo desde el cual se actúa. Por ejemplo, el fiscal Jorge Díaz cuestionó, en una entrevista importante con Emiliano Cotelo, la manera como el sistema penal uruguayo protege de forma muy desigual los derechos y bienes, poniendo la propiedad por encima de la vida, omitiendo delitos ambientales, castigando duramente algunos delitos y minimizando dicho castigo en otros como los desfalcos en el sistema financiero. Faltan esos debates.

Las dificultades para la acción articulada de los gobierno nacional, departamentales y municipales en el territorio no son un problema nuevo y no se limitan a compartimentar informaciones. Existen esfuerzos como el Gabinete Social, las mesas de articulación zonal, la Junta Nacional de Drogas pero no han sido suficientes.

El propio Ministerio del Interior impulsó desde 2005 el Programa de Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuyos objetivos son identificar problemas de convivencia y seguridad, establecer prioridades y acuerdos y programar acciones en conjunto, logrando compromisos entre las instituciones y los vecinos buscando las posibles soluciones a los problemas. La idea-fuerza es que “Frente a los problemas comunes, la construcción de las soluciones es colectiva” (MI 2017).

Hay fundamentos teóricos en diferentes corrientes y autores a nivel internacional para valorar este enfoque en sus dos dimensiones:

  1. a) el enfoque territorial que incluye el diagnóstico local y la focalización de las líneas de acción en zonas y comunidades determinadas.
  1. b) la inter-institucionalidad e intersectorialidad y en particular la alianza con gobiernos locales y fuerzas sociales para un abordaje integral.

Ya en 2012, el gobierno nacional planteó la estrategia por la vida y la convivencia fundamentando que “el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales”.

En este proceso multidimensional la inversión en infraestructuras locales para una utilización democratizada de los servicios y espacios públicos aportan a la convivencia y la seguridad. El objetivo  es construir ciudad con una trama urbana más densa y más espacios para la integración. Suturar la fractura social con acciones integrales en cada territorio. Frente a un Estado ausente históricamente en ciertas zonas, esta orientación fue presentada como una forma de saldar una deuda social y una apuesta a la convivencia. Sin embargo las 15 medidas iniciales fueron una mezcla de acciones con fundamentos y rumbos diversos.

La traducción luego en el “Plan 7 Zonas” tuvo un componente (Aloysio 2014) de cambio hacia un modelo focalizado de intervención territorial desde las políticas sociales y al mismo tiempo también policiales.

En nuestra opinión la experiencia en el barrio Marconi ha sido positiva. Lo que en un momento fue un símbolo expuesto de la exclusión y el retroceso del Estado, se revirtió en parte, a partir un trabajo coordinado del municipio, Intendencia y distintos ministerios. Un ejemplo todavía más claro y exitoso de esta forma de abordaje es el Plan Goes y el conjunto de políticas llevadas adelante en esa zona.

Por otro lado, el Plan 7 Zonas implicó también una reducción de la estrategia global a algunas zonas priorizadas. Es razonable que deba haber planes focalizados en las zonas  más críticas. Sin embargo no es tan claro que una estrategia que pretende problematizar la violencia y los vínculos lesionados en campos como el hogar, la pareja, el tránsito, el deporte, los centros educativos, los medios de comunicación, pueda reducirse a ciertas zonas. Y que se debiliten o incluso desaparezcan las demás líneas de acción.

Posteriormente al cambio de gobierno en 2015, y a raíz de las nuevas restricciones presupuestales, la continuidad del Plan 7 zonas fue interrumpida sin que haya sido sustituida por otros programas. Falta lo que Gustavo Leal ha denominado un shock de ciudad y políticas urbanas.

Vivimos en un país donde la fragmentación socio-territorial subsiste a pesar de los grandes avances sociales de la última década. Las políticas sociales que tanto molestan a algunos permitieron abatir la pobreza y la indigencia, aumentar el salario real y las jubilaciones, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Defender esos derechos  significa también evaluar la matriz de protección social para llegar a los problemas que persisten. Miranda fue enfático al señalar que Uruguay está viviendo una situación de violencia que es altamente preocupante. Todos los actores institucionales, sociales y mediáticos deben encararla seriamente, dijo, sin banalizar ni naturalizar la violencia. Seguimos teniendo una fractura social, afirmó. “No hemos logrado quebrarla y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno”.

Vale seguir indignándose ante las desigualdades y comprometerse  con su erradicación.

Publicado en Crónicas

 

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