La receta dogmática hace daño

Es posible construir una política criminal pública

Escribe Milton Romani Gerner. Publicado en Semanario Voces No 784 9/6/22

Política criminal pública

Garantizar el derecho a la seguridad no es solo un asunto policial. Ni de autoridad. Ni de aumento de penas y castigos. Ese modelo, que persiste, es un dogmatismo que no se condice ni con los datos y el relato. Es incoherente, no ayuda, genera mas inseguridad y violencia. Las cifras de homicidios del último mes son contundentes. ¿Que grado de responsabilidad tiene el ministro Heber? Nadie va a pedir su renuncia, entre otras cosas porque su culpa es no reconocer que es un problema mas complejo, difícil, que no se arregla con mas autoridad, mas policía y mas cárceles. El problema de Heber es que reconocer con humildad eso es también admitir que la campaña furibunda contra Bonomi, la campaña electoral y la llave milagrosa de la LUC no sirvieron para un carajo.

Lo dijo Lacalle Pou cuando era senador opositor: un ministro del interior no puede usar la coartada del narcotráfico para justificar los indices de criminalidad. Porque esa es su tarea. Punto. El ministro Heber y el Sr. Santiago González, recurren con exceso adictivo al fenómeno narcotráfico como explicación de todo. González, que tiene un cúmulo de denuncias de mal trato y autoritarismo incluso con sus pares, no parece un ejemplo de convivencia. Repite en un exceso de cámaras, la intervención en cada cierre de bocas de narcotráfico. Llegó a decir que se cerraron 2000. Eso si, no hubo hasta ahora ningún procesado por lavado de dinero, ni allanamiento en bufetes o estudios que se dedican ostensiblemente a ello.

El aumento de la criminalidad, y el aumento de las violencias sociales (que no es son las misma cosa) son un monstruo que pisa fuerte. Aumentan las dos. A veces nos asombra, nos genera incertidumbre, miedo e inseguridad. Repetir que es un tema complejo parece una coartada para desentenderse del asunto. No es así. Asumirlo implica generar institucionalidad para una política publica criminal que sea una responsabilidad compartida. Insisto, humildemente, que la experiencia institucional de la Junta Nacional de Drogas, integrada por varios ministerios, debería ser un ejemplo aleccionador. Lo mismo para generar con la academia, organizaciones sociales y un arco político amplio, un espacio de investigación y abordaje con pretensión científica el tema de la criminalidad.

El horizonte de la convivencia es un tema más extenso que incluye la seguridad ciudadana.

El Presidente del Frente Amplio Fernando Pereira ha salido, ahora, con humildad a reconocer nuestras limitaciones de nuestros gobiernos. Pero también tendió la mano para construir una política publica con los esfuerzos y avances que pudimos lograr y avanzar con otros actores para definir una política de estado consensuada. Es ahora.

Es necesario definir una política criminal con pretensión de largo plazo, como bien lo han señalado distinguidos especialistas, como el ex Fiscal General doctor Jorge Díaz.

Algunos siguen creyendo, por pura ideología, en un reduccionismo simplote: castigo y autoridad. Y en una coartada: las responsabilidades son de las gestiones del anterior gobierno. No de todas las gestiones anteriores. No. De esas no. Porque hay que decir que desde 1997 se retoca el Código Penal aumentando todas la penas y aunque los cataclismos sociales fueron cantera de reclutamiento de niños y niñas cuya carrera criminal conocimos 20 años después, todavía continúan, porque se ha reemplazado la cultura del trabajo, por la libertad. No es solo la pobreza y marginalidad las únicas explicaciones del aumento de violencias y criminalidad. Pero no se pueden ignorar.

La libertad de “arreglate como puedas”. La falta de trabajo. La inequidad e injusticia que hoy se expresa en un récord histórico de exportaciones (carne, soja, arroz, leche y bienes) por 11.000 millones de dólares que se acompaña por el aumento de depósitos dentro y fuera del país (conocidos) de 9000 millones de dólares. Los pibes chorros que salen por la de ellos, quizás no saben de estas cifras. Pero la sufren y eligen sin formación económica de operar un reparto del producto bruto por mano propia.

Violencias sociales: niñez, feminicidio, conflictos.

A propósito de violencias y niñez más de 386.000 niñas, niños y adolescentes de Uruguay viven en hogares donde se reportaron situaciones de violencia de género, según un informe de Inmujeres, Sipiav y Unicef que busca visibilizar el impacto de estos contextos en la infancia y la adolescencia”. Categórico. A estos futuros jóvenes lo que les promete este modelo, son más palos, mas cárcel, menos oportunidades. Que quieren!!! ¿Que luego salgan blanquitos de ojos celestes y se comporten como egresados de la Universidad de Montevideo? Dicho sea de paso: tampoco ser egresado de escuelas de MBA, como lo señaló una investigación son garantías de no delito o corrupción.

¨Aspen Institute verificó al encuestar estudiantes de MBA que al ser interrogados sobre si estarían dispuestos a realizar un acto ilegal que podría reportarles a ellos o su empresa más de 100.000 dólares y en donde hubiera un 1% de probabilidad de ser descubiertos e ir a prisión por un año, un tercio contestó que sí¨i

Los esfuerzos de Miguel Angel Petit son encomiables. Para denunciar este verdadero pandemónium y cambiar. Le deseo el mejor de los éxitos.

Las experiencias de Luis Parodi en la Unidad 6 Punta Rieles, como las de Jaime Saavedra en la Comisión del Liberado no han sido incorporadas al patrimonio de las políticas publicas. Ni de los valiosos académicos que con coraje han investigado desde la ciencias sociales y antropología la dinámica de la delincuencia ( Nicolas Trajtemberg,, Clara Musto, Ricardo Fraiman, Marcelo Rosal) De la misma manera que fueron desechadas todas las enseñanzas y el excelente personal formado por el mejor policía Julio Guarteche. Hay experiencias territoriales de gran valor para actuar con la comunidad. Por la experiencia de gestión, el modelo de Junta Nacional de Drogas, donde se articulan nueve ministerios para definir estrategias comunes, sigue siendo un ejemplo institucional que podría imitarse o al menos considerar sus virtudes.

iEDUCAR EN ÉTICA EMPRESARIAL EN IBEROAMÉRICA: UN DESAFÍO IMPOSTERGABLE Bernardo Kliksberg ∗2007

Un abordaje inter sectorial, descentralizado y comunitario

escribe Pablo Anzalone. Publicado en Semanario Voces No 784 9/6/22

La estrategia de “Guerra contra las drogas” ha sido un gran fracaso cuyos impactos en muertes, violencia y sufrimiento social exceden ampliamente los daños generados por el consumo excesivo de sustancias y lejos de reducir el narcotráfico lo fortaleció.

Uruguay ganó un espacio de respeto en los ámbitos internacionales por dar un debate sustantivo promoviendo una concepción menos represiva y estigmatizadora de las drogas que priorizara el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo como dice bien Jorge Vazquez en un extenso reportaje reciente en Voces, actuó sobre el gran narcotráfico y su red de complicidades en el lavado de dinero.

La regulación estatal de la marihuana nos convirtió en referencia para muchas experiencias en el mundo y esta política exitosa subsistió al cambio de gobierno a pesar de que Lacalle Pou desconozca la ley y diga que el Estado produce y vende droga.

Nos interesa acá poner el acento en otro de los ejes de una estrategia integral puesta en práctica en la década pasada: el abordaje intersectorial, comunitario y descentralizado. La propia conformación de la Junta Nacional de Drogas marcó la intersectorialidad como concepción y la superación de un enfoque meramente represivo.“La JND es un órgano articular y las Juntas Departamentales demuestran un trabajo de muchos sectores coordinados y necesitamos estar todos comprometidos en eso” señalaba Milton Romani en esos años. Esa idea-fuerza marcó también la gestión de Julio Calzada y su continuidad ha sido una gran fortaleza.

En Montevideo la JDD se conformó en 2012 a partir de un amplio trabajo conjunto entre la JND y la IM con el funcionamiento de un Plenario Consultivo con organizaciones sociales y el desarrollo de una red territorial con programas de prevención, atención y tratamiento. La creación del Centro Ciudadela (escucha,diagnóstico y derivación), del programa Aleros , “El Achique” en Casavalle, el Centro de escucha en la zona 8, los Puntos de Encuentro en Punta Rieles y Malvín Norte y la Unidad Móvil de Atención fueron pasos significativos para facilitar el acceso a la Red y generar cercanía en situaciones de gran vulnerabilidad. Otras iniciativas como “Mi Cerro Sin Drogas” se originaron en las organizaciones de usuarios de salud.

El trabajo en red, la prevención desde el sistema de salud con capacitación al personal del primer nivel de atención y el trabajo en el sistema educativo con docentes y alumnos fueron algunos de los temas abordados por la JDD.

Desde las comunidades han seguido surgiendo propuestas en esta dirección. La Red de Municipios y Comunidades Saludables en 2020 realizó un Curso de Animadores de Redes Comunitarias donde se elaboraron proyectos, uno de ellos referido a los consumos problemáticos de sustancias, considerado como un capítulo de la salud mental.

Se constató allí que: “a) se trata de una cuestión con una demanda masiva mientras la oferta comunitaria y sanitaria es totalmente insuficiente. b) No solo es insuficiente por su cantidad. Lo es también por la rigidez institucional por parte de los dispositivos sanitarios desestimando el enfoque grupal de diversas patologías.c) Existe una tendencia a circunscribir salud mental y drogas al abordaje médico. d) Hay resistencias a nivel familiar y comunitario que excluyen y estigmatizan al “drogón” y al loco”.e) El abordaje grupal, familiar y comunitario está técnica y científicamente probado. Experiencias como los “Grupos T” se iniciaron en el “Portal Amarillo” y se desarrollaron en varias policlínicas. Darles continuidad y mayor amplitud es una línea de trabajo importante.

Esta propuesta comunitaria reafirma la necesidad de construir redes de acogida, prevención, educación y apoyo social a la problemática, en lugar de una depositación masiva en las instituciones médicas mediante internaciones o de operativos policiales. Los espacios de reducción de daños y gestión de riesgos como el “El Achique de Casavalle”, atienden los aspectos sociales de la problemática de consumo de drogas.

El proyecto plantea un Plan Municipal de Salud Mental basado en un diagnóstico territorial que

con la participación de la población del Municipio. Sin participación activa relevando

necesidades y consultando respuestas, en diálogo del saber popular y del saber científico, es

imposible definir buenos planes.Uno de los ejes del Plan es la formación de organizaciones de usuarios de salud en el territorio que conviertan a los pacientes en sujetos activos.

Reportaje a Jorge Vázquez

Semanario Voces 2 de junio 2022. Numero 783

“NO LE PIDAN A HEBER COSAS QUE NO VA A PODER HACER”

Durante quince años estuvo vinculado al tema seguridad, primero como Secretario de la Junta de Drogas y luego durante dos periodos como subsecretario del Ministerio del Interior, así que credenciales para opinar sobre el tema no le faltan. Hicimos una autopsia de su gestión y de su actual visión sobre la inseguridad pública y la Policía.

POR JORGE LAURO Y ALFREDO GARCÍA FOTOS RODRIGO LÓPEZ

¿Qué estás haciendo?

La pandemia coincidió con mi jubilación. Me dediqué a cuidar a mi familia. Tuve varios problemas, con una hermana que falleció, y un hermano que se enfermó y también falleció. Tengo una hija con una discapacidad severa. Todos eran de riesgo en la pandemia. Nos cuidamos mutuamente. Sigo trabajando, trabajo para un seguro médico internacional, desde el año 2003. Hago una revisión de gastos de internación.

Mirando para atrás, diez años en el Ministerio y muchos en la prosecretaría de presidencia, ¿qué balance hacés?
Dividiría esos quince años en los tres períodos de gobierno del Frente. Creo que el período más producti- vo sin duda fue el primero de Tabaré, quizás porque el país estaba tan mal que todo lo que hicieras, estaba bien. Si íbamos al norte del país a hacer un acto, a veces no lo podíamos hacer, porque la gente se ponía a llorar. La situación económica era un desastre. En el primer período hubo mucha creatividad. Muchas cosas quedaron pendientes. Este país siempre se piensa en cinco años, y en realidad los cambios estructurales deberían pensarse a más largo plazo. Si vas a China y preguntás cómo va a ser Pekín dentro de cincuenta años, te muestran los planos.

Pero no hay elecciones de por medio.

Con toda la experiencia que tenemos de la dictadura para acá, deberíamos acostumbrarnos a que no se puede estar siempre empezando de vuelta, que hay que tomar la experiencia del gobierno anterior, sin importar de qué pelo sea. Cada gobierno habrá hecho cosas buenas y malas. Beneficiás a uno o a otro, o tratás de beneficiar a todos. En el primer período se le dio mucha importancia al tema económico, a los puestos de trabajo, a la creación del MIDES, al apoyo a los sectores más desprotegidos. La Policía había quedado un poco de lado. Díaz había impulsado la liberación de personas privadas de libertad con bue- na conducta. Fue una buena experiencia, más allá de que la criticaron tanto.

Parecía la causa de todos los aumentos de delitos.

Del total de gente liberada, menos del 20% reincidió. En el segundo período empezó a pesar más en la opinión pública el tema de la seguridad. ¿Por qué? El tema de la seguridad es un tema muy sensible. Tiene que ver con tu vida, tu familia, tus expectativas. Hay una serie de cosas que te hacen sentir inseguro, aunque lo más importante sea el tema de la seguridad pública. La preocupación que más nos movió cuando fuimos con el Bicho al Ministerio fue las condiciones en que estaba la Policía y los presos, que eran desastrosas. Se trabajó mucho en la humanización del sistema carcelario, se hicieron cárceles nuevas y se repararon otras. El COMCAR estaba hecho con bloques, donde los presos terminaban haciendo agujeros.

Tiempo no les falta.

Era una máquina de destrozar cárceles. Otro tema importante era el de la Policía, que estaba muy mal vista, mal uniformada, sin patrulleros. Se tenían que comprar las balas para practicar. Nos propusimos trabajar en la dignificación de la Policía. La primera medida fue mejorar el salario. Un policía ganaba cuatro mil pesos y pasó a ganar treinta. Simultáneamente empezamos a pedir más responsabilidad. El 222 era una máquina de destruir gente. El policía trabajaba fundamentalmente para el 222, que era donde cobraba bien. Esa situación la revertimos: pagamos bien en el Ministerio, y se hacen menos horas de 222. Esto generó, también, el descubrimiento de una cantidad de hechos de corrupción. Se vendían servicios 222 que no se hacían. Había oficiales que no controlaban. El trabajo contra la corrupción policial fue otro de los puntos. No podíamos tener una buena Policía si era corrupta. Y no alcanzaba con pagarle bien para que dejara de ser corrupta.

Eso se depuró mucho.
Sí. Creamos la Dirección de Asuntos Internos. Se hicieron muchos sumarios e investigaciones administrativas. Se pasó gente a la Justicia. En el segundo período terminamos desarmando las Comisiones de Apoyo Policial. Era fatal.
Era coercitivo.
Era conflictivo. Pasás de ser policía a ser un pedigüeño. Pusimos el Sitecom en el Ministerio, que controla
quién carga el combustible, cuánto carga y dónde. Con la misma cantidad de plata que teníamos en el
Ministerio patrullamos muchísimo más. Aumentamos la cantidad de patrulleros.

Cambiaron la Escuela de Policía.
La reforma que hicimos en educación policial implicaba un módulo básico de seis meses, común, que hacían todos. Con secundaria completa, podías seguir como cadete. Sacamos la lógica militar que tenía la escuela. Se les dio carácter universitario, y hoy los oficiales se gradúan como licenciados en Seguridad Pública. Empezamos a traer especialistas del exterior, de la Universidad de Cambridge, de Chile, de Brasil, de Argentina. Estuvo dando clases acá Lawrence Sherman, que fue el asesor de Giuliani en Nueva York. Fue un proyecto muy serio. Veníamos preparando a la Policía para fortalecer la policía comunitaria. Si querés una Policía profesional, tenés unidades que son muy especializadas, como la Policía Científica, que tuvo un desarrollo tecnológico impresionante. O las unidades de investigación. En Identificación Civil hicimos el pasaporte y la cédula electrónica. Informatizamos Migraciones. Creamos el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que centralizaba toda la información. Trabajamos el sistema de comunicaciones.
Creo que se hicieron pila de cosas. Nuestros propios policías llegaron a la conclusión de que muchos
de los problemas de seguridad no tienen que ver con la Policía.
¿Por qué?
Por ejemplo, generamos un cuerpo de Policía capaz de ir a recorrer el barrio y tener contacto con la Intendencia, haciendo sugerencias sobre lo que llamábamos “puntos calientes”. Uno de esos puntos calientes era un lugar donde robaban taximetristas. Mandamos a los fotógrafos nuestros a que fueran todo el día a sacar fotos de lo que pasaba.

¿Y qué pasaba?
Había un baldío, la iluminación quedaba lejos y había un basural. Hacían parar a los taxis ahí, y ahí se
la daban. Eso no se arreglaba con policías. El problema pasaba por sacar el basural, sacar el contenedor,
cambiar la garita de lugar, iluminarla, cosas que no corresponden a la Policía. Cuando la gente bajaba por
Río Branco a la terminal y los afanaban, eso se arregló con la Intendencia, iluminando. Si en cada lugar
donde tenés un problema querés poner un policía, no te alcanzan los policías del mundo. Tenés que sustituir los policías con tecnologías. Saturamos la Ciudad Vieja de cámaras, y eso cambió el barrio.
Pero movió el delito a otras zonas.
Eso siempre pasa. Pero está demostrado que se corre menos del que había. El chorro tiene hábitos y costumbres como tenemos todos, tiene lugares que conoce, de donde sabe cómo salir. Primero nos manejamos con los mapas de calor, registrando dónde se cometían los delitos. Lo hace Japón, lo hace Chile. Es una técnica vieja.


¿Se hace en base a denuncias?
Siempre en base a denuncias, por eso promovíamos que la gente denunciara. Iban a decir que los delitos
aumentaban, pero lo que aumentaba eran las denuncias. Cuando creamos la seccional 25 lo hicimos porque la 17 era muy grande, y la gente que vivía por 8 de Octubre y Camino Maldonado no denunciaba porque tenía que tomarse un ómnibus para hacerlo. Veníamos monitoreando la cantidad de delitos que se cometían en cada seccional. Cuando se creó la 25 bajaron los delitos en la 17, claro, y subieron los de la 25. Sumados los de ambas, nos daba muchos más delitos denunciados de los que hasta ese momento teníamos.
Porque era más accesible.
Claro. Y otra cosa muy importante es que la Policía tiene que ser confiable. Si no lo es, la gente no denuncia. Y tenés que darle a la Policía un elemento técnico para que pueda tomar la denuncia con dignidad. Fomentamos mucho el tema de la denuncia para achicar la cifra negra. En todas las policías del mundo se habla de esa cifra, la de los delitos que no se denuncian.
¿Cuánto era?
Andaba por el 70%. Era alta. Cuando pusimos las tablets a circular, el 30% de las denuncias se empezaron
a hacer por ahí. Eran denuncias que se perdían. Y las denuncias aumentaron porque pusimos becarios en
las comisarías. Un becario no es un policía, primera cosa. No se lo mide por la cantidad de delitos, sino
por si hace buenos o malos registros. Son estudiantes con perfil universitario, estudiantes de Derecho, de
Ciencias Sociales, para los cuales es una experiencia fundamental para la formación el conocer la problemática, la sensibilidad de la gente y la Policía. Estábamos preparando profesionales con una experiencia que no iban a tener de otro modo. Esto ahora lo eliminó el nuevo gobierno.


Lograron bajar la cifra negra.
Sí.
¿Cómo se calcula la cifra negra?
Por las encuestas de victimización. El otro día estaba mirando una encuesta que hizo Naciones Unidas por
el tema pandemia, y uno de los aspectos que tocaba era el tema seguridad. El delegado de la ONU decía
que habían detectado que el 50% de los delitos no se denunciaban. Me llamó lo atención. Ellos hicieron
una encuesta, pero me parece que lo que no se está haciendo son las encuestas de victimización, que
nosotros hacíamos cada dos años, donde el Instituto Nacional de Estadística consultaba sobre delitos y denuncias. Eso es muy importante. Para hacer un mapa de calor necesitás la denuncia. De los mapas de calor pasamos a los puntos calientes.


Implementaron los mapas de calor en todo Montevideo.
Empezamos en Montevideo, y de eso pasamos a los puntos calientes. El mapa de calor va del verde al rojo. Es muy interesante, pero le faltan cosas. Así empezamos a armar los puntos calientes, a los que empezamos a mandar policías. La presencia policial llevó a que los delitos bajaran abruptamente. Empezamos a medir cuánto bajaban, y dónde aumentaban por corrimiento. El efecto de la presencia policial en el punto caliente tenía un radio de corrimiento del delincuente de dos o tres cuadras a la redonda, con lo cual mandábamos policías al punto caliente y patrullaje en el entorno. Ahí se crea el PADO, con la experiencia de los mapas y los puntos calientes, que eran buenos, pero te limitaban al entorno. Creamos las zonas PADO, adjudicadas a un grupo de policías y a un patrullaje, que podía ser a pie, si era una zona muy concurrida, o en moto o en patrullero. El PADO fue made in Uruguay y fue un logro tremendamente importante. Muchas policías del mundo nos estuvieron preguntando cómo habíamos llegado a eso.
¿Qué efecto tuvo el PADO?
Bajó muchísimo los delitos, hasta el año 2018, cuando empiezan a subir de nuevo, lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal. La vieja discusión sobre si el Código incidió o no. Como dato, cuando asumimos en 2010 había cuatro mil quinientos presos, mientras que en 2019 había once mil cuatrocientos. Cuando se aplica el nuevo Código del Proceso, Fiscalía decía que lo podía implementar, y la Corte decía que no. Era un cambio sustancial. El policía estaba acostumbrado a llevarlo al juez, que ya lo dejaba guardado, y ahora tenía que llevarlo al fiscal que podía pedirle que lo dejara en libertad para citarlo después. ¿Cuál era la señal para la Policía? Que esto no sirve para nada. Y la señal para el chorro es que esto es una papa. ¿Cuál fue la consecuencia para los fiscales? Los fiscales se llenaron de expedientes y los jueces quedaron sin trabajo. La Fiscalía empezó a decir que no daba abasto.

Hubo todo un movimiento.

Que llevó a que pasáramos de once mil quinientos presos a nueve mil quinientos. Veníamos subiendo en los privados de libertad y los delitos venían bajando. Ponele que tuviéramos mil quinientos presos menos, y que de esos reincidiera el 60%. Tenías novecientos tipos que iban a cometer delitos. En Montevideo un 80% de las rapiñas era por un monto menor de mil pesos. Esos tipos no solamente estaban robando, sino que tenían que robar más para poder vivir. Ahí fue cuando se empezaron a disparar las rapiñas. Claro, esto fue utilizado políticamente. Realmente nos comimos este asunto por el enfrentamiento entre el Po-

Poder Judicial y la Fiscalía. Nos hubiera convenido que se aplicara a partir del próximo gobierno. Veníamos bajando los delitos muy bien. Cuando Tabaré dijo que íbamos a bajar las rapiñas en un 30% no dijo una locura. Nos había consultado. Aparte de registrar lo que pasa todos los días, tenés que registrar las tendencias. Hoy podés tener cero delitos y mañana veinticinco.


¿Cuál es la tendencia, entonces?
Ni cero ni veinticinco, hay que proyectarlo en el tiempo y ver cómo se comporta el delito. Con la gráfica por la cual sabíamos que la Policía venía siendo eficiente y los delitos estaban bajando, en mi opinión, haciendo una proyección, llegamos al 27% en octubre de 2019, el mes de las elecciones. En cualquier fenómeno social donde otro fenómeno cambia las reglas del juego, cambia todo el escenario. Si en el Parlamento se hubiera votado que el nuevo Código empezara con el nuevo gobierno, que era lo lógico, en mi opinión hubiéramos llegado a entre un 27 y un 30%.

Tenés una visión optimista de lo que se hizo, pero a la población se logró transmitir lo contrario, y en
parte la derrota del Frente Amplio obedece a esto.


Yo te expliqué todo esto y vos lo entendiste como una explicación. Cuando Bonomi o yo salíamos a decir
algo, nos decían que nos estábamos justificando. Para la opinión pública no es lo mismo que le digan que
se está explicando un fenómeno a que se están justificando. Justificarse es “no están haciendo nada”, es
que fracasaste.


La oposición no eligió la economía para pegar pero en seguridad la población fue absorbiendo el discurso.
La seguridad es un tema sensible. Sentirse seguro en una sociedad tiene que ver con tu situación familiar,
con tu salud, con la economía, con el trabajo. Sentirse seguro o tener miedo está en la idiosincrasia del ser humano. Que existían los delitos, existían. Que los veníamos bajando también es cierto. Y también que
no existe sociedad con delito cero. A Sherman más de una vez le pregunté cuál sería la cantidad de delitos que el Uruguay debería aceptar como probable.
¿Qué respondió?
Me dijo que nunca lo iba a saber, porque la gente siempre va a pedir que los delitos bajen más. Y además
hay una diferencia entre el número de delitos, el número de denuncias y la sensación seguridad. Se habla mucho de la sensación térmica. En realidad, en algunos lugares tenés una sensación de muchísima
inseguridad cuando no hay inseguridad. Carrasco tiene cifras delictivas mínimas, pero ellos se sienten inseguros y son los que tienen la caja de resonancia. En cambio, vas a un barrio lleno de chorros
y la gente no se siente insegura. Yo me crié en un barrio, y sabía quién era el que afanaba y el que no, y
jugábamos juntos al fútbol. ¡No me vengan con historias! Las conozco todas, la del barrio, la del preso,
la del policía. He jugado en ambos lados del mostrador. En el barrio había un chorro que se llamaba el
Urraca, y cuando salíamos dejábamos la casa sola. “Urraca, mirá que la casa queda sola”, decía mi viejo.
Y no pasaba nada.
Pero eso cambió.
Cambió. Los Urraca ahora son diferentes. Pero la gente que vive en los barrios vive el tema de la delincuencia de manera diferente. ¿Te acordás cuando se incendió el Marconi y hubo un procedimiento policial, con dos gurises en moto que se dieron de punta con la Guardia Republicana? Un policía tiró y mató a uno de los gurises, y en el barrio prendieron fuego los ómnibus.
¿Por qué esa reacción?
Cómo no van a reaccionar, si todos conocían al que mataron, chorro, sí, pero buen tipo, que no jodía a
nadie. Hay diferentes percepciones del problema, y en algunos lugares la delincuencia se naturaliza
más, y también la violencia. También hicimos un estudio sobre la violencia en los barrios, desde las
peleas entre vecinos hasta suicidios, robos, rapiñas, peleas entre clubes. La violencia está radicada en zonas donde la gente tiene problemas de carácter económico y social. Los barrios más marginados son los más violentos. Y ahí es donde te roban y no denunciás. Cuando se armó lío en el Marconi para tranquilizar el barrio tuvimos que mandar la Guardia Republicana. La gente del MIDES se quería ir, la de Salud Pública no quería entrar. Dejó de pasar el ómnibus y tuvimos que poner choferes policías. Pusimos policías en las policlínicas, en los liceos, en las escuelas. La vida social del barrio tenía que seguir, pero no a expensas de la Policía. La Policía tenía que reinstitucionalizar el barrio y retirarse. Y fue lo que se hizo

y nadie lo valoró. El barrio quedó como siempre. La sensación de inseguridad cada uno la vive de manera
diferente, porque tenemos vivencias distintas. El tema de los miedos es subjetivo. Y si además te lo muestran cien veces por televisión, como pasó con el asesinato en la pizzería… Es terrible, pero generás
un estado de ánimo.
Los medios inciden.
Tampoco quiero echarle la culpa a la prensa ni a los periodistas. Trato de analizar las cosas como son.
Puedo estar equivocado. Pero hasta ahora no he encontrado otro que me diga que estoy equivocado.
Nosotros llevamos adelante una teoría de seguridad pública, la tenemos documentada y probada, y tenemos los resultados. Sabemos dónde nos equivocamos, dónde fuimos para atrás, en qué nos fue bien y mal. No hay otra. Lo que están ensayando ahora es más de lo mismo de cuando estábamos nosotros, con la ventaja de que antes que estuviéramos nosotros no había patrulleros, ni armas, ni policías, ni uniformes, ni comunicaciones, ni nada. Ahora tienen todos esos recursos que nosotros dejamos. El patrullaje aéreo es inédito en Uruguay.
¿Y cómo surge?
Porque los policías nos decían que recorrían los barrios y hay cosas que no veían. ¿Qué pasa detrás del
muro? No tenían idea. Si roban un auto no sé si a las tres cuadras dieron vuelta o no. Roban un ómnibus y no sabemos cuál es. Había que buscar una solución. Empezamos con el tema del abigeato, y nos dijeron
que estábamos recorriendo en avión de día cuando el abigeato se produce de noche. No, pasamos de día
porque no estamos mirando cuándo roban la vaca sino por dónde la sacan. Tenés que saber cuáles son
los pasos que hay en los arroyos, en los montes. Y por primera vez la Policía pudo ver de arriba cómo era el territorio. No hay que mirarlo desde la carretera sino desde arriba. Compramos los helicópteros, que nos dieron un enorme resultado. Creo que debe haber sido el país que formó de cero una unidad policial con pilotos, observadores, mecánicos y autonomía total. Los tipos son unos tigres en el aire. Además, después de que el tipo se acostumbra a ver desde arriba ve todo. Ve una moto y sabe que tiene que seguirla. Sabe que detrás del muro hay dos tipos armados. Sabe para dónde ir luego del robo de un auto. ¿Por qué hoy en día este gobierno podría hacer muchas más cosas que las que hicimos nosotros? Porque las que hicimos nosotros ya no las tienen que hacer.


Dejaron una estructura armada.
Cuando ves un policía con casco balístico es porque los compramos porque en el Cerro a una policía, de
refilón, le pegaron un balazo en la cabeza. Pero no podés salir a comprarlos en Tienda Inglesa. Lo mismo
con los chalecos. Cuando llegamos estaban vencidos. Se compraba bajo determinada norma.

¿Era la única posible?
Me dijeron que sí. Los rusos son nabos, entonces. Los de la OTAN, también, son chotos que mueren con el chaleco puesto. Vamos a mirar otros lugares donde vendan chalecos, y vamos a comprar al menor precio posible. Así se hicieron licitaciones y se compraron chalecos para toda la Policía. Y apenas los compramos, en el Correo de Pocitos, le pegaron un balazo en el pecho a un policía y el chaleco lo salvó, cuando nos criticaban que los chalecos eran una porquería. De esas anécdotas te puedo contar mil. Para traer el primer blindado fuimos a Brasil a recorrer las favelas, donde está lleno de narcos, donde los milicos habían entrado con un blindado y habían salido con mil quinientos disparos. Le tiraron desde que entró a la favela hasta que salió. Son cosas que tenés que aprender. Ahora, por ejemplo, se descubrió quién mató a Lola Chomnalez. Me parece bárbaro. Es gracias a que teníamos el banco de ADN, y especialistas en ADN, y gracias a que desarrollamos la Policía Científica. Si tenés todo eso, ¿por qué no se aprovecha la tecnología, el conocimiento y la información para poder mejorar?


Cuando vino Giuliani, que lo trajo Novick, elogió a la Policía.
Se reunió en el Prado con Tabaré y conmigo. Venía con un speech. Antes había venido su equipo asesor,
se habían reunido varias veces con nosotros y habían visto lo que estábamos haciendo. Al final terminó viniendo Giuliani, que supuestamente iba a traer sugerencias para que cambiáramos cosas. Le conté lo que estábamos haciendo, le mostré la documentación, los proyectos, los programas. En realidad, vino a sugerirnos cosas que ya estábamos haciendo. La prueba está que el propio Novick sale en conferencia y dice que los asombramos con la tecnología, el conocimiento y la profesionalidad que tienen. Después no salió nunca más. Giuliani, además, fue alumno de Sherman, que fue nuestro asesor.


¿A qué obedece el delito? No hay sociedades sin delito, pero hay algunas con más delito que otras.
Es una cuestión casi filosófica. Desde que existe la propiedad privada, existe delito. Vienen justo a hablar
con un anarco.

También puede haberlo sin ella.
Pero es diferente la violencia que el delito. Hay que diferenciar las cosas. Si no, le erramos al bizcochazo.
Hay delito porque hay gente que no tiene cosas y otra gente sí las tiene.
¿La pobreza?
No es la pobreza. Yo fui pobre toda mi vida y nunca robé a nadie. Es la inequidad. Capaz nosotros fomentamos eso, sin darnos cuenta. Mejoramos la calidad de vida de la gente, aumentamos el salario, habilitamos el gasto por tarjetas de crédito, aumentaron las importaciones y las exportaciones, la gente tuvo acceso a una cantidad de bienes y servicios que antes no tenía, proliferaron los shoppings, las marcas, la publicidad…


Aumentó el consumismo.
Aumentó el consumismo. ¿Por qué, entonces, hay cosas que no puedo tener? Yo estaba en el Ministerio todavía y vi tres gurises vestidos con equipos deportivos nuevos, de marca. Me vieron bajar del auto y me saludaron, y me dijeron que hacía una semana habían salido del Penal, pero que se estaban portando bien. Habían choreado las pilchas que tenían. Otro día el cuidacoches me pidió para sacarse una foto conmigo, y después me dijo que la iba a mandar para el Penal. “Soy boleta”, pensé, “abrazado con los chorros en la calle”. Pero es así. Mientras haya inequidad y algunos tengan mucho mientras otros no tienen nada, va a haber robos. Hay robos en los asentamientos, en los refugios. ¿Qué se roban? Un pantalón, un par de medias. Uno tiene eso, el otro no tiene nada. Y siempre hablamos de ese tipo de robos. Pero también hay gente que estafa, que mete cheques sin fondo, gente que vacía bancos y se va del país. Gente de mucho poder adquisitivo que no tendría que robar para vivir y, sin embargo, comete delitos. ¿O te pensás que acá en Carrasco no hay chorros?

De cuello blanco.
Los narcos compran con plata, y son millones de dólares, que no están en los asentamientos sino acá. Si
querés pegarle al narcotráfico pegale donde le duele: en la plata. Tenés que hacer cosas para evitar que
haya lavado de dinero, pero si dejás que vengan con valijas. Si vos dejás que la gente venga con plata sin
ningún control, ahí estás fomentando el lavado de guita. El que la hace laburando no necesita blanquearla.
Meter la guita en el mercado legal cuesta mucha guita. Si yo quiero lavar un millón de dólares,
probablemente voy a tener que dejar por el camino doscientos mil. No es lo mismo que traer guita de la
Argentina. Venían con una bolsa de guita, fenómeno. ¿Pero la podían lavar? Si traigo una bolsa de guita de la Argentina y la entierro en el jardín, eso no es lavado.

Ponen a Balcedo como ejemplo.
Claro. Pero Balcedo hizo cosas que no debía hacer. Compró cosas y nadie controló. Debería haber una
responsabilidad colectiva y no la hay. Lo que decía Guarteche, una percepción compartida de la amenaza.
Si vos sos contador y vengo y te digo que vamos a comprar una casa, que vayas y hables con el dueño; vas, la comprás y te llevás la cometa de comisión. Me ayudaste a lavar ese palo verde y ayudaste al otro a vender una casa por una plata que no vale. ¿Quién pierde? Alguien tiene que perder. Y pierden los gurises que fuman pasta base, los que compran cocaína, los que andan en los barrios a los tiros matándose. Se puede disminuir el delito y la droga, lo que hay que hacer es no comprarla. Mientras se dé el fenómeno de que yo vendo y vos comprás, mientras haya un mercado y mientras alguien compre, alguien va a vender. Si en ese mercado no tocás todos los aspectos, si no trabajás sobre el
consumidor problemático, si no trabajás en el control de los laboratorios, en el control del microtráfico, de la viejita que viene de Argentina con un ladrillo de pasta base. De un kilo de pasta base salen seis mil dosis, y hoy controlás mucho más agarrando a la viejita que viene de Argentina que metiendo cinco tipos en cana. Podés cerrar veinticinco bocas, pero si no le sacás el intermediario, la vuelven a abrir.


También está el tema de que la boca en el barrio genera un lío bárbaro.
Sí, porque en el entorno de la boca hay peleas, porque fulano viene a comprar y no tiene plata, y otro quedó con una deuda, entonces salen de ahí y afanan una garrafa, una maceta, una canilla. Las bocas son tremendamente trastornadoras de la tranquilidad pública. Y está bien que haya que darles a las bocas, pero…

Pero se las mata más matando al intermediario que al grande.
Tenés que trabajar sobre todos los aspectos, los vinculados a la salud, al tráfico, a lavado de dinero, y sobre las relaciones internacionales. Los países del entorno juegan mucho. Tenés que controlar las fronteras. Y Uruguay tiene un plan integrado. Si eso funcionara bien, se tendría mucho más controlado el puerto, por ejemplo. ¿Cómo controlás el puerto? ¿Paso todos los
contenedores por scanner? Trancás el puerto. No se hace en ningún lado. En ningún lugar se escanea el 100% de los contenedores, sobre todo en lugares como Hong Kong. Lo que se hace, y nosotros lo hacíamos acá, son análisis de riesgo. Para cada contenedor hay un programa que te dice qué es lo que hizo ese contenedor, de dónde salió, por dónde pasó, qué tiene adentro, quién lo exporta o lo importa. Si ese contenedor lo están operando tipos que sabés que son serios y además hizo los movimientos y controles que debía hacer, ni lo revises. Pero si este contenedor estaba en el campo y no lo controló la Aduana, controlalo. Si es un tipo que exportó dos máquinas en un año, controlalo. Si es un importador de Tienda Inglesa, que trae té de Ceylán y arroz de China, no te molestes. Lo que tenés que hacer es análisis de riesgo. En el aeropuerto de Carrasco instalamos un sistema que cuando sacás un pasaje en Europa, ya entrás en el sistema y no importa quién seas. Si sos sospechoso, te espero, porque algo vas a hacer. Al delito hay que anticiparlo. Es mucha inteligencia.

El delito también tiene su inteligencia

También. Ellos también aprenden de lo que hacés vos, y saben qué tenés. Uruguay es un país chico, de tres millones de habitantes, lo que hay que hacer es seguir desarrollando la tecnología.

¿Es tan difícil controlar en un país pequeño?

Uno de los proyectos que nosotros dejamos encaminado fue el de identificación facial, el mismo que tenemos para seguridad en el deporte, pero colocado en Identificación Civil. ¿Por qué? Hoy en día hay cámaras por todos lados. Si agarrás un delincuente en una cámara y lográs tener la foto, la llevás a Iden- tificación Civil y vas a saber quién es y dónde vive. Si junto con eso trabajás con los shoppings y les pedís que hagan un esfuerzo y pongan identificación facial en sus cámaras. Si estás buscando a alguien, lo bus- cás en Tres Cruces, en el puerto, en el aeropuerto, en los shoppings, en el fútbol. Tarde o temprano lo ter- minás pescando. No es que tengas que inundar de policías la ciudad, tenés que inundarla de inteligencia. Tenés las posibilidades, si durante diez años estuviste trabajando para tener una Policía de primer
nivel, que tanto nos costó.

¿No se pudo prever el tema de la escalada de violencia? Layera había dicho que vienen las maras. ¿Era
un visionario o estaba loco?

No estaba loco, es que en Uruguay no hay una percepción compartida de la amenaza. El tema de las
armas, por ejemplo. Hay una cantidad de armas ilegales y legales en Uruguay, y los delincuentes se
proveen de ambas. Vamos a ir por el control de armas legales haciendo un registro. Compramos dos
equipos que hacen el peritaje balístico. Si aparece una vaina o una bala, se la lleva a Policía Científica,
que arma una base de datos. Y resulta que mañana en otro lugar aparece otra bala que salió de la misma
arma. Podés ir generando un mapa de dónde está operando esa arma. En algún momento vas a caer
con un arma que va a estar en la base de datos, y vas a tener en cuenta todos estos hechos. Capaz al
primer mes esto no nos sirve para nada, pero al año tenés una cantidad de información. Si sumo la identificación facial, la balística, el ADN, la huella digital e investigadores que saben hacer las cosas bien
entonces tengo un potencial de trabajo brutal para investigar los delitos. Todas estas cosas las dejamos en desarrollo.

Pero es como El Guardián. Los delincuentes se avivaron y usan el WhatsApp.
Es cierto. Pero, ¿cómo sabías que no agarraba WhatsApp?

Me enteré después en los medios.

Que los medios lo hayan dicho es no tener una percepción compartida de la amenaza. Cuando com- pramos los primeros blindados salió en la prensa qué tipo de bala resistían y cuál no. Estaban avivando giles, diciéndole al enemigo en qué cosas sos vulnerable. ¿Qué le importa a la gente qué bala atraviesa la camioneta? Solo a los chorros le importa, al pesado.

Con las herramientas tecnológicas y la Policía que tenemos, ¿tan difícil es combatir a los grupos de narcotraficantes en nuestro país?
Una vez tuve una reunión con el viceministro de Seguridad de China. Me preguntó cuál era el principal problema del país. Y yo empecé a hablar de las rapiñas. “Pero dígame cuál es el problema”, me dijo al rato. Después fui a visitar el edificio de la Policía en Pekín y el fondo negreaba de policías haciendo ejercicio. Ellos están pensando en la seguridad para mil quinientos millones de habitantes, y no pueden entender cómo no lo podemos manejar para tres millones y medio. Yo tampoco lo entiendo. No hay que hacer inversiones desmesuradas. Y aunque hubiera que hacerlas, si querés tener un Uruguay diferente dentro de veinte años, lo tenés que empezar a construir ahora.

¿Tenés una nueva Policía o no?

La tenés. En diez años en el Ministerio del Interior se hicieron cosas que no se habían hecho nunca. Hoy en día podés presentar tu Policía en el mundo. Te podrán decir que te falta, y sí, te falta.

Mucha gente piensa que no podrían operar bandas narcos sin saber quiénes son las cúpulas. Se termina vinculando que políticos y gente de mucho poder está metida, y que por eso no caen. ¿Qué contestás?

Primero, no creo que haya políticos metidos. No es la norma, lo que no quiere decir que no haya alguno que no esté metido. La gente lo puede pensar. En general, la gente piensa muy mal de los políticos. La corrupción de los políticos no es un tema de ahora.

Pero que no puedan desarticular las organizaciones; si agarrás una boca y seguís al escalón superior, al intermediario…
Si no abrís el abanico para tocar el problema en todos sus aspectos, no lo vas a solucionar. No me preguntes a mí, preguntale a Heber. En el primer gobierno del Frente, cuando fui presidente de la Junta Nacional de Drogas, se hicieron cosas que nunca se habían hecho en este país. Se trabajó en el consumidor y en el narcotráfico. Llenamos las cárceles de narcotraficantes extranjeros. Había serbios, colombianos, italianos. Los agarramos en las estancias, en los aviones, en el puerto, en el aeropuerto, en los yates, en las fronteras. Hubo mucha inteligencia y mucho laburo, con lo poco que teníamos. Y empezamos a trabajar fuerte en el tema del lavado de dinero, creando la Secretaría
antilavado. Cuando dijimos que los escribanos y los abogados debían controlar tuve unos líos bárbaros.
El sector que teníamos mejor controlado era el financiero. Después entramos a las casas de cambio. Tenés
que conocer el cliente y el destinatario final. Tenés que tener mucha gente ejecutiva que resuelva problemas, y gente que se comprometa contigo, los contadores, las inmobiliarias. Tiene toda una lógica, y hay que trancarlo antes que suceda, y para eso hay que tratarlo en todos los aspectos. Donde dejás un hueco, por ahí se meten.

La filosofía hoy es la inflación punitiva.

Lo que tenés que meter en la cabeza del delincuente es que, si afana, lo vas a agarrar. Eso opera en todas las áreas de la vida. Lo mismo en el terrorismo. ¿Querés matar a un presidente? Capaz lo hacés, pero mirá que la quedás. Y nadie quiere quedarla. Ni un sicario.

¿Cómo se llega al sicariato acá?

Es un problema de mercado. Cuando tenés pila de deudas, de alguna manera te la tienen que cobrar. Y si no podés pagar, te matan. Es la señal para el otro, porque después de que te matan no cobran nada. ¿Y sabés cuál es el otro ejemplo del aumento de homicidios entre delincuentes? Que baja la posibilidad de aclarar homicidios, porque probablemente al que matan hoy mató al alguien ayer, o robó, o rapiñó, y ese tipo se lleva información.

Hoy ha caído muchísimo la aclaración de homicidios, está en 50%. En la época de ustedes era 68%.

Sí, pero la aclaración del homicidio cambia de acuerdo al homicidio. En la violencia intrafamiliar es fácil. En la rapiña es bastante fácil, ahora que tenemos cámaras por todos lados. Si el familiar del asesinado te puede hacer el identikit de chorro, la identificación facial te da un porcentaje de posibilidades, y por des- carte lo agarrás.

Pero hoy ha caído al 50%.

Porque predominan los homicidios entre delincuentes, donde no conseguís información, donde proba- blemente mañana maten al que mata hoy. Es mucho más difícil. Primero que nadie declara. Pero es más difícil aclarar un homicidio por ajuste de cuentas. Cuando la mayoría de los delitos se cometen entre delincuentes hay cierta dificultad. Pero si desarrollás la tecnología de identificación facial y balística al máximo y tenés buenos investigadores, se llega.

Uno de los logros del gobierno del Frente fue la sindicalización de la Policía.
Fue buena cosa. Yo decía que los mejores sindicalistas para la Policía éramos nosotros, que todo lo que comprábamos lo hacíamos sin que nos lo pidieran. Los chalecos, las botas, los uniformes, el armamento.

Pero el sindicato pateaba contra ustedes.

¡Y claro, cómo no va a patear! Si no, no es sindicalista. Y está bien que patalee. Si tuviera una empresa, quisiera tener un sindicato fuerte, inteligente, que discuta conmigo los balances de la empresa.

El actual gobierno antes decía que la Policía no se sentía respaldada por el gobierno del Frente.


Se les aumentó el salario, se les mejoró la salud. El Hospital Policial pasó a ser de los mejor equipados del país. Se armó un CTI pediátrico que en su momento fue el mejor del país. La atención que se les daba a las familias. El hospital vendía servicios y con eso compraba tecnología. La parte de seguridad social, lo que era la Caja Policial antes. El Centro de Atención a la Discapacidad, a los hijos y funcionarios del Ministerio del Interior, es un ejemplo hoy en día. Les compramos uniformes como nunca se les había comprado, de verano, de invierno. Les compramos hasta medias elásticas para evitar las várices como enfermedad laboral. Camperas, correaje, chalecos, cascos antibalísticos. Todo.

Pero en la parte operativa el Policía no tiene respaldo ante la Justicia.
Ojalá frente a la Justicia nunca tenga respaldo político. Al tipo que va a la Justicia se lo tiene que resolver desde el punto de vista jurídico, no político. ¿Cuál es la garantía del policía? Primero, tiene una ley orgáni- ca policial. Tiene una ley de procedimiento policial. Tiene un código de ética policial. Tiene una estructura universitaria. Queda lo que se llama mala praxis, el hacer las cosas bien o hacerlas mal. Si las hacés mal, la Justicia te va a castigar.

La LUC le dio otro respaldo, dicen.

Creo que no le dio respaldo, porque el día que un policía le pegue un disparo a alguien va a tener que ir a declarar a la Justicia.

Pero la palabra del policía vale más.

O no. Hay cosas muy indefinidas, como el tema del desacato. Si le pego un balazo a uno porque se des- acató, el juez me va a preguntar por qué se desacató. Y que me haya dicho algo que no me gustó no es desacato. Todos los delitos que un policía puede cometer ya están en el Código Penal. Todas las garantías se las tiene que dar la Justicia.

Una de las quejas era que el policía agarraba al chorro y salía por la otra puerta.
El policía tenía la sensación de que eso no funcionaba. La verdad sea dicha, hubo un período en que se acomodaron los engranajes, donde no funcionó. Hoy en día tienen como quince mil presos. Nosotros los dejamos con once mil cuatrocientos. Vos sabés lo que son los números relativos y los absolutos. Si aumentás la cantidad de presos, tiene que bajar la cantidad de delitos y los homicidios. ¿Por qué no bajan? Y si no bajan, tenés más delitos que antes. ¿No? Comparativamente.

O tenés más denuncias.

O tenés más denuncias. Pero para saber si tenés más delitos o más denuncias, tenés que hacer una en- cuesta de victimización. Nosotros tuvimos una calificación de Naciones Unidas como que teníamos un sistema de registros excelente. Pero si sacás los becarios y ponés a los policías a tomar las denuncias, vas a tener una mala calidad en los registros, y mucha cosa que no se va a registrar.

Siempre decían que desmantelaron las comisarías.

No es así el tema. Había dos cosas que nos criticaban. Una es que habíamos sacado a los policías de las comisarías, y la otra es que habíamos cerrado algunos destacamentos en el interior. Vamos a empezar por los destacamentos. En un destacamento en el interior tenés que tener dos policías por turno y un móvil, y los tenés clavados ahí por si pasa algo. Hoy en día, cuando tenés un celular con el que en el medio del campo agarrás una llamada de Jefatura y al ratito tenés una camioneta, no se justifica tener esos desta- camentos. Y no controlan el abigeato, como se decía. Pasa que el destacamento de Policía en el interior es de otra época, la época en que el policía le firmaba las guías al productor para mover el ganado. Hoy la guía la obtenés por internet. No se justifica tener policías donde no hay delito.

¿Y las comisarías?

Luego las comisarías, donde por lo menos tenés que tener uno en el teléfono, otro tomando denuncias, otro en el celdario, el comisario, el subcomisario. Son diez o doce policías por turno. ¿Para qué? Para que vaya alguien a denunciar algo o a pedir un certificado de domicilio. Nosotros generamos cuatro zonas, con edificios nuevos. Uno está en la ruta 5, otro está en Avenida Italia. Ahí están los celdarios y los lugares para que operen los investigadores de Inteligencia, para no tener personas detenidas en la comisaría. Los policías son mucho más efectivos en la calle que en la comisaria. Si tienen que recibir una denuncia y es- tán patrullando, la toman en la tablet. ¿Qué problema le resolvés al vecino con diez policías por turno en la comisaría? Significa que para funcionar una comisaría tiene que tener asignados cincuenta o sesenta policías, entre los descansos, las licencias y los certificados. ¿Cuántos de ellos patrullan? “Llamo a la comisaría y no mandan el móvil”. No llames a la comisaria, llamá al 911, que tiene todos los móviles distribuidos en la pantalla y te manda el que está más cerca.

Convence ese argumento, pero fue uno de los caballitos de batalla.
Si a la comisaría le sacás un chofer, la dejás vacía. Dejás uno en la puerta y otro en el celdario, otro que toma las denuncias y el ayudante del comisario. Los móviles tienen que estar en la calle y no en cualquier lugar porque, si ves los mapas de puntos calientes, vas a ver que hay lugares donde nunca se cometió un delito. Patrullar en todos lados no sirve. Hay que patrullar donde sabés que se van a cometer delitos. No podés patrullar en lugares donde vas a agarrar un chorro en un año.

Se les criticaba que no invertían en tobilleras. Después tenés dos o tres policías para defender una señora. Había que hacerlo con guardia policial, y además tenés que dejar un móvil porque si llueve, se moja. Es un desperdicio de gente.

No le solucionaron el tema vivienda a la Policía. Es otra cosa de la que se quejan.
No se solucionó, pero estaba en vías de solucionarse. ¿Cuál es el problema que tenía la Policía? En algún momento a la Policía se le hizo una retención para vivienda, y se hizo un convenio con el Banco Hipoteca- rio. Quedó en la nada. Un día fui a la Guardia Republicana y un viejo oficial ya en retiro me dijo que quería hablar conmigo por un tema de vivienda. Lo recibí. Me dijo que él había estado en el tema de la vivienda, que se entregaron viviendas donde el Banco Hipotecario ponía una parte y el Ministerio del Interior otra, y el funcionario accedía a la vivienda y pagaba. Pero muchos funcionarios dejaron de pagar y el Banco Hipotecario los remató y se quedó con esa plata, plata que era del Ministerio del Interior. Le agradecí y le dije que íbamos a averiguar. Le dije a un abogado del Ministerio que averiguara, y recuperamos una cantidad de dinero que era del Ministerio, con el que hicimos un plan de vivienda para la Policía. Cuando lo dejamos, mensualmente se estaban entregando préstamos de la Caja Policial, préstamos de la Caja de vivienda y préstamos para reparación. Se venían entregando regularmente, lo que pasa es que no nos dio el tiempo de seguir con ese proyecto.

La gran queja era que había muchos policías viviendo en asentamientos, al lado de los chorros.
Estoy de acuerdo. Hay que sacarlos con mucha habilidad y no formar guetos de policías, para evitar tener otro conflicto, porque la familia policial es complicada. Pero se había empezado un plan. Si hubiera segui- do, habría funcionado sin ningún problema. No sé si sigue o no, pero estaba financiado.

¿Por qué no se continuó con el Plan Siete Zonas?

Porque solamente como plan para tener una plaza pública una cancha de básquetbol o una pista de skate no servía. Para el barrio es bárbaro, pero después tenés que ponerle cosas adentro para que los delincuentes no se apropien de eso. Se hacía, pero después la gente no podía ir porque paraban los pastabaseros. Tenés que hacer algo para que eso no pase. En el último carnaval en que estuvimos en el Ministerio hubo una polémica cuando querían llevar las murgas a Casavalle. Decían que las iban a apedrear. Pero no, es gente que no tiene posibilidad de ir a otros lados, y las iban a ver con agrado. Les mandamos unos policías de particular para que estén ahí, pero para que esto funcione bien hay que llenarlo de gente, no de policías. Y se hizo el carnaval en Casavalle y no pasó nada. La Plaza N° 1 de Deportes estaba abandonada, y con la Intendencia y los ministerios de Deporte y Turismo la reinaugu- ramos. Se llenó de gente del barrio. Lo hicimos con motivo de un mundial. La solución es que la gente del barrio se apropie de esos espacios. Uno de los problemas que tiene que ver con la seguridad es la urbanización.

¿Cómo es eso?

No hay especialidad en Uruguay en urbanización con seguridad pública. Te hacen una plazoleta y después detrás te ponen un muro donde se esconden los chorros, tienen relaciones sexuales y suceden mil cosas. ¿Cómo hacer una intervención urbana respetando lo que la gente quiere, con condiciones de seguridad? Hicimos un llamado internacional y al final terminó viniendo una arquitecta chilena que les dio clases a los policías, a los arquitectos de la Intendencia y en la Facultad de Arquitectura. Hicimos un libro, que debe ser el único. «La mirada urbana en la prevención del delito». El último año de gobierno lo regalábamos en la Feria del Libro. Te muestra cómo es Casavalle y cómo va a terminar siendo, con este proyecto. Al frente de este proyecto Tabaré puso a Ana Olivera. El Ministerio de Interior hizo muchas más cosas que formar policías. Todas estas cosas no son de la Policía.

¿Qué errores cometieron? Solo hablaste de los méritos.
Yo también te voy a hacer una crítica. No tiene goyete que en 2022 te vengas a enterar de los libros que hicimos en 2018.

Comunicaban muy mal. ¿Cómo fue la transición con el nuevo gobierno?
Fue mala. Con Larrañaga nos reunimos y entendió por qué no se podía patrullar al boleo. Nunca lo hicie- ron. No nos dieron pelota. Veníamos diciendo desde el 2013 que no alcanza con acciones policiales. ¿Qué hicimos mal? Primero, no fuimos capaces de encontrar sectores políticos de la población que nos acom pañaran en el planteo.

¿Ni en la propia izquierda?

Tampoco. Esto que les conté es lo que decía en el consejo de ministros. Y en políticas integrales no alcanza con que el Ministerio de Vivienda haga más viviendas y el MIDES dé más tarjetas, y Educación más horas de clases. Las políticas integrales implican agarrar un grupo de la población, la que se quiere proteger, que hoy en día es menor, o adolescentes, que dentro de cinco años van a tener que tomar una decisión, y acompañarlos para que lo hagan de forma responsable. Si no tenés eso, estás muerto. Garantizar que por la vía del estudio o del laburo vas a llegar a algo. Cuando éramos jóvenes el viejo te decía: “Al laburo o a estudiar”. Tenías expectativa, si querías estudiar o encontrabas laburo en algún lugar. Hoy en día no aga- rran para ningún lado.

Y tampoco tienen expectativa de vida. “Estoy juga- do”, te dicen.
Cuando no tenés salida para adelante, las salidas son a corto plazo. No conozco ningún narcotraficante que llegue a viejo, que esté vivo, que tenga guita, mi- nas, auto y casa. Es transitorio, pero ellos creen que lo transitorio es a lo que pueden aspirar. Lo otro no les importa. Creen que más vale vivir poco y bien que mucho y mal. Si les decís que los van a llevar en cana, te dicen que cuál es el problema, si a la cárcel entrás saludando, si en un módulo están los del Marconi, en otro los de Casavalle y en otros los de Peñarol. ¿Vivís mal en la cárcel? ¿Y en el asentamiento, cómo vivís? ¿Y qué expectativa de vida le das a un gurí que se cría en un rancho, que duerme al lado de los padres que garchan de noche, con la hermana que se trajo al no- vio a la casa, donde fuman porro y, si no fumás, sos puto? Cuando éramos jóvenes si no fumabas cigarrillos, eras marica. Después nos dimos cuenta que era una gansada. Pero esas lógicas de vida operan, y hay que conocerlas, hay que enchastrarse las patas e ir a conocer eso. Cuando te digo que al guacho del Marconi lo mataron y fue una reverenda cagada, más allá de que el loco era chorro, el Marconi tenía razón, y yo era ministro del Interior. Viéndolo desde la lógica de ellos, tenían razón: viene un milico de afuera y mata un gurí del barrio. Es la lógica de ellos. Todavía hay lógicas en el Uruguay. ¿Quién quiere ser milico? Nadie. Ser milico era la salida para el que no tenía más remedio.


¿Eso no ha cambiado
?
Sí, cambió con el gobierno del Frente. Tuvimos la graduación de más de cien oficiales por primera vez en la historia del Uruguay. Tipos que decidían ser cadetes. Y esos tipos que estuvieron tres años en la Escuela de Policía tuvieron asesoramiento con policías internacionales. A cada uno se le dio uno de estos libritos.
Metimos la Escuela en el Plan Ceibal y todos tuvieron acceso a una computadora. Dejaron atrás la lógica de la escuela militar y pasaron a la lógica de la seguridad pública. Dejaron la lógica de defensores del orden público para ser defensores de los derechos de los ciudadanos. Pero en todo esto no tuvimos caja de resonancia, no supimos explicarlo.

Es más fácil pegar un grito con dos titulares.
Y, cada vez que salías a explicar, te decían que te estabas justificando. Hubo una muy buena campaña de la derecha para desacreditar lo que se estaba haciendo. ¿Había delitos? Sí. ¿Habían aumentado las denuncias? También. Pero aumentaron porque se estaban aceptando más denuncias, porque se estaban saliendo a buscar, porque se quería achicar la cifra negra. Pero tampoco desde nuestra fuerza política se pudo defender eso.
¿No se entendió en la interna del Frente?
Te voy a poner algunos ejemplos. Reconozco las cosas buenas del Frente y también las malas, y si la derecha hace algo bueno, también. ¿Te acordás cuando evacuamos el CODICEN? Nos dijeron que los habíamos cagado a palos. A los policías que fueron a desocupar les dijimos que llevaran las cámaras GoPro. Los tipos accedieron por una puerta lateral, abrieron una puerta cerrada y desocuparon desde el piso de arriba. Un edificio siempre se desocupa de arriba hacia abajo. Fueron bajando, y las cámaras mostraron que no le pegaban a nadie. Recién en el primer piso le pusieron los escudos a un grupo de gente que no quería salir. La orden era no pegar. Fui a una reunión de la mesa política del Frente y me dijeron que los habíamos cagado a palos. ¡No seas malo! ¿Te parece que podemos ir a cagar a palos a unos gurises en el CODICEN? Les sacamos las escopetas a los policías para evitar que
tiraran en las manifestaciones. En el COMCAR habían matado a uno de un escopetazo, y se las sacamos. Nos dijeron que los dejábamos en bolas. Les dijimos que iban a hacer un curso de capacitación para usar escopetas con balas de goma. Y no se devolvieron las escopetas hasta que todos hicieron el curso. Teníamos en marcha una compra de pistolas accesorias con cuatro caños para balas de goma o de pintura, pero Larrañaga la echó para atrás. Entonces, claro, vas a un barrio y en el barrio no son amigos de la Policía, porque la Policía va a joder al barrio. Y siempre alguno cacarea. Y si lo único que tenés para responder es una pistola 9mm, más vale que te vayas.


¿Por qué en quince años se fracasó en que el barrio sea amigo de la Policía?
En Uruguay en general nadie es amigo de la Policía. Hay un profundo sentimiento antimilico en el Uruguay, desde mucho antes de la dictadura. ¿Sabés porqué? Por la represión a los trabajadores, en los fri goríficos, en ANCAP. El primer paro que hice en mi vida lo hice en sexto de escuela, con la huelga de los frigoríficos, donde mandaron a reprimir con el Ejército. Yo iba a la escuela Yugoslavia y estaba frente a la Plaza Lafone. Éramos gurises y nos indignamos de ver los jeeps con ametralladoras, y milicos a caballo persiguiendo a los padres de nuestros compañeros de clase. Nos indignó. Hicimos un paro y nos senta- mos todos en el muro, y decidimos no entrar a clase. ¿Cómo no vas a querer que en esos barrios se quiera a la Policía? En el Cerro había una pintada que decía: “Haga patria y mate a un milico”. Es la fama de la Policía como represora. ¿Quién determina el orden público? El gobierno y el ministro de turno. ¿Hay un problema? Meta garrote. ¿Con eso lo solucionás? Cuando había un conflicto con ocupación y el Ministerio de Trabajo pedía desocupación, ¿a quién mandábamos nosotros? A los mediadores, a conversar, a negociar. No tenés que pelearte con el trabajador, que es tan trabajador como vos, como el milico.

Antes del Frente Amplio, la Policía entraba a los partidos de fútbol cuando había cualquier cosita y pegaba. Eso mejoró mucho.
Y sin embargo con el gobierno del Frente se mejoraron los problemas del estadio. La gente pide me- didas punitivas, quiere que des palo, que metas en cana. Después te piden derechos humanos. El tema del fútbol nos costó mucho, primero porque no contábamos con la colaboración de los dirigentes de los cuadros. Mirá que ellos dicen una cosa y después hacen otra. Y la relación entre dirigentes y barras, y entre barras y delincuencia es una situación bien compleja, que hay que estudiar bien. La única solución es que los violentos no entren a los espectáculos deportivos, y dijimos que íbamos a hacer una lista de personas violentas. Nos dijeron que ellos no hacían nada porque ellos eran dirigentes y después tenían problemas.

Es que en ciertos casos es bravo.

Tenían razón. Yo hice una declaración y dije: “Ustedes dedíquense al deporte y déjenos los delincuentes a nosotros”. Y trajimos las cámaras de identificación facial. Se terminó el problema. El tema no era cagarlos a palos, sino que no entraran al estadio. Nosotros tenemos todo filmado. Te pongo un ejemplo cualquiera. Entraba gente a la tribuna, y había una parte de la tribuna que no se llenaba hasta que no llegaba la barra. Quedaban en el medio. Entran doce mil quinientas personas.

¿Cuántos milicos tenés que poner para controlar eso?
Es imposible. ¿Qué hacés cuando se arma lío? Mandar al milico. Empieza a rodar gente por la escalera. Tirás gas y se lo fuma una viejita que no tiene nada que ver. Un niño, una mujer embarazada. Tenés que

ser selectivo. En los temas de seguridad tenés que ir con el bisturí. Con Guarteche como director de la Brigada de Drogas y Jorge Díaz como juez de Crimen Organizado decíamos que no íbamos a traer a nadie para que se vaya caminando, que el que viene, viene a quedarla. Y con los sistemas de inteligencia a algunos narcos ni los interrogaban.

¿Cómo se puede haber fugado Morabito?

Se fugó con complicidad policial.

¿Cayeron esos?

La investigación no se terminó.

¿No hubo investigación administrativa?

Sí, pero está en la órbita de la Justicia.

¿Cómo ves actuando al Ministerio del Interior actual?
No sé. Lo único que veo es lo que dice la prensa.

La prensa miente.

Cuando se da el fenómeno de aumento de los homicidios y el ministro dice que se reunió con el presidente y que van a hacer más de lo mismo, ya te adelanto que van a fracasar. Soy de los que dicen que no le pidan responsabilidad al ministro porque no va a poder resolver los problemas de seguridad pública con la Policía. Está demostrado. No le pidan a Heber cosas que no va a poder hacer. Y decir que aumentan los homicidios porque atacaron las bocas y hay menos droga es algo que hay que demostrar. Si hubiera menos droga, habría menos deudas y no se estarían cobrando deudas. ¿Qué se van a repartir si no hay nada para repartir? ¿Por qué se van a matar por un reparto que no existe?

¿La legalización de la marihuana sirvió para algo?

Para algo sirvió. Lo que estuvo mal fue ponerlo entre las medidas para la seguridad pública. En realidad, el consumo de marihuana en general no es problemático, no está vinculado al delito como la pasta base. Cuando hicimos una encuesta a personas recién detenidas, y de cinco tres habían cometido el delito para consumir o habían consumido. La pasta base de cocaína está vinculada a la delincuencia. La marihuana no. Hay mucho consumo ocasional de marihuana. Y aunque lo disminuís, tampoco le sacás el mercado al narcotraficante, que ofrece otra droga. Hay gente que no quiere estar registrada en nada. El que está en algo raro no se va a registrar como consumidor.

¿Qué debería retomar de las políticas otro eventual gobierno del Frente? ¿Qué debería apuntar a cambiar? La integralidad de las políticas. Volver a recuperar una Policía profesional, comprometida con los derechos humanos y garantista. Una Policía bien profesional, tecnificada y que se adelante a los acontecimientos. Una política eficaz en el tema drogas, abarcando todos los aspectos desde el consumo hasta el lavado. Y creo que hay que buscar una población objetivo con la cual trabajar en valores y vivienda para formar una generación de ciudadanos para un Uruguay productivo. En última instancia, eso es lo que querés, que el tipo cuando sea grande se integre a un país productivo, más justo. Eso tenés que prepararlo.

Es algo que trasciende al Ministerio del Interior. Es una cuestión de todos los gabinetes.
Sí, y hay que hacer acuerdos con la oposición.

¿Es tan difícil lograr políticas de Estado?

Vivimos en un país de 50%. La política la definen unos pocos tipos que un día votan para un lado y a los cinco años para otro. Hay que pensar constructivamente de forma diferente y ponerse de acuerdo, y el que gane las elecciones le dará la tónica después. ¿Por qué en otros países hay políticas de Estado y en Uruguay no? Una discusión que tuvimos en el primer gobierno de Tabaré fue que en el Estado había que armar una especie de escuela de formación política para que los que se desempeñan en cargos públicos tengan una buena capacitación. La idea no es mala. Un tecnócrata en política. Pero después son esos los que van a definir la política. Entonces no. Otros países lo tienen, como Noruega y Finlandia. Lo tiene Brasil, en Itamaraty, sin importar el presidente de turno. Hay que buscar un camino diferente, políticas de Estado. La seguridad pública es un problema del país.

¿Qué países tienen tantas políticas de Estado?

¿La seguridad pública es un problema importante para alguien que vive en Carrasco? Sí, es importante. Porque además está la tormenta de la televisión, donde ves que se mata gente, que van a salir un montón de presos. Después tenés a Canessa, que dice que si pasa una señora negra y gorda con un botija hay que seguirla porque está haciendo relevamiento. Estás estigmatizando gente. Al final, los pobres, negros y jóvenes son delincuentes.

Querés llegar a políticas de Estado con gente que estigmatiza, que ve al negro y al pobre como de- lincuente.
Y bueno, hay que hacerlo. Si el problema es ese, hay que solucionarlo. ¿Si fueras empresario, harías una inversión extra para trabajar el tema de la educación para que de acá a diez años tengas menos problemas sociales y mejores trabajadores? Yo haría la inversión. Si fuera ministro de Economía, usaría parte de las reservas internacionales para mejorar las condiciones. El tema es si estás dispuesto o no. Mientras haya pobres, inequidad, racismo, femicidios y todo ese tipo de cosas, vamos a seguir con el Uruguay que tenemos. Se dice que hay que aumentar la pena porque se cometió un femicidio. No, hay que tratar que no haya más femicidios.

Por una camiseta VIOLENCIAS SOCIALES: ES UN MONSTRUO Y PISA FUERTE por Milton Romani Gerner

Artículo publicado en La Diaria 14 enero 2022 : Violencias sociales: es un monstruo y pisa fuerte | la diaria | Uruguay

Las muertes por lucir una camiseta, los homicidios reiterados con clamor de venganza de unas y otras hinchadas muestran lo mas cruel, insólito y absurdo de la violencia que circula en nuestra sociedad. No hay respuestas fáciles. No hay atajos.

Es necesario tomar medidas, claro. Pero mas importante es analizarlo como emergente, como síntoma que nos alecciona sobre la profunda complejidad que tienen los hechos delictivos y todas las violencias sociales que nos rodean. Mejor dicho, que nos implican.

Algunos siguen creyendo, por pura ideología, en un reduccionismo simplote: castigo y autoridad.

Y en una coartada: las responsabilidades son de las gestiones del anterior gobierno. No de todas las gestiones anteriores. No. De esas no. Aunque desde 1997 se retoca el Código Penal aumentando todas la penas. Y que los cataclismos sociales fueron cantera de reclutamiento de niños y niñas que conocimos su carrera criminal veinte años después. Todavía continúan, porque se ha reemplazado la cultura del trabajo por la libertad de ¨arreglate como puedas¨

A propósito de violencias y niñez: ¨Más de 386.000 niñas, niños y adolescentes de Uruguay viven en hogares donde se reportaron situaciones de violencia de género¨ informó LaD ¨en base a un informe de Inmujeres, Sipiav y Unicef, que busca visibilizar el impacto de estos contextos en la infancia y la adolescencia¨. Categórico. A estos futuros jóvenes lo que les promete este proyecto son mas palos.

El ministro Heber, se niega a escuchar otras voces, a recoger lo bueno de otros. O simplemente reconocer que estaban equivocados, que al menos esto es una materia mucho mucho mas difícil que lo que pensaban. De lo que todos pensábamos. Lo contrario sería una señal, me animo a sugerir, que levantaría su prestigio y política. Pero como en el cuento de la rana y el escorpión, está en su naturaleza. Seguiran en campaña y no escuchando a nadie. La conjura de los necios.

Carbono 14

Luego de ser sometido a un hisopado de Carbono 14, me atrevo a contar algo, que creo, resulta de interés. De niño en los cumpleaños de mis tías coincidíamos con un simpático y agradable veterano, siempre de traje y corbata, muy cariñoso con los niños.

Carlos Pache, Carlucho, era Jefe de la Biblioteca de la Facultad de Agronomía y un sabio.

Tenía la virtud de aprovechar cualquier momento de esas fiestas, para hacer docencia. Una de las mas célebre: ¨ Nunca sean jugadores de fútbol¨ ¿Porque? preguntábamos con mi hermano, atónitos. Respondía: ¨porque los jugadores se compran y se venden …y los hombres nunca deben venderse¨

Hace de esto mas de medio siglo. En aquellas épocas, recuerdo a Carlos Solé y otros discutir todavía, la conveniencia o no de profesionalizar el fútbol o mantenerlo en su carácter amateur.

Fue un debate, como no.

Hoy, todo esto es una antigualla. Ha sido superado en dimensiones globales, hiper mercantilizado, manipulable en un consumismo apabullante, que generan miles de millones de dólares. Para algunos pocos. Otros mueren por una camiseta.

Fieles y sentimentales consumidores de los colores de su club. Otros son fieles a Don Dinero. El éxito y las ganancias es para una ínfima parte de los que comienzan la carrera deportiva y para los empresarios de toda la constelación. Lo han señalado algunas gremiales y analistas serios. Ser futbolista es un sueño acariciado. Ser hincha apasionado una posibilidad mas inmediata.

Que genera buenas satisfacciones. Pero sabemos, tiene sus riesgos. Ahora mortales.

Ha sido buen camino en la formación de inferiores educar en un sentido mas humanista, evitando que abandonen sus estudios por ejemplo. También las medidas para evitar la crueldad de las ¨hinchadas de papas y mamas¨ que habitaban el futbol infantil. Barbaridades se oían. No solo contra los rivales. A sus propios hijos le gritaban, insultaban inferiorizandolos por sus errores..

El valor de una camiseta

Mis nietos me pidieron de regalo, camisetas de Messi. La nueva de PSG, no la de alternativa. Así me enteré que incluso la de Fénix (para mi nieto menor) tiene un ejemplar ¨oficial¨ y otra. Por supuesto que repleta de publicidad de marcas de todo tipo. Confieso: fue una rápida introducción a la cadena menor del mercado de artículos deportivos. El micro marketing de menudeo.

Porque en el curso práctico que hice sobre Lavado de Activos, cuando mis funciones en la Junta Nacional de Drogas, aprendí que el mercadeo de jugadores es tierra fértil, ¨zona de riesgo¨, de lavado de dinero. Tenía razón Carlucho.

La pasión de las hinchadas es vieja. Incluso con determinado casos de violencia, propios de un deporte de contacto y de la pasión y entusiasmo de miles que es un riesgo. No soy ingenuo. Pero ahora están potenciadas. Hay grandes intereses que mueven millones y no tienen ningun tipo de regulación. Es mercado puro y duro. Libre. Es sabido. Hay barras bravas que son amañadas, protegidas y potenciadas por algunos empresarios inescrupulosos. Funcionales a los millones que se juega en un espectáculo cada vez mas mercantilizado. Promovido por varios medios. El periodismo deportivo tiene responsabilidades. No todos, que como en todo campo, hay comunicadores serios y de los otros.

Un comentarista deportivo de cierta renombre, de apellido Da Silveira, hoy, aplaude el anuncio de suspensión de los partidos clásicos. Me recuerda un compañero, que cuando Bonomi anunció una medida similar, este mismo comentarista dijo que, ¨si no podía asegurar la paz de los clásicos, tenía que renunciar¨

El aviso de suspender los partidos es una medida de cierta sensatez, aunque dudo de su eficacia dada la naturaleza que hoy tienen estos homicidios y el carácter de estas violencias. No se dan en el ámbito de las canchas. Ni en la entrad ni en la salida. También dudo que la concreten. Sabemos que el lobby deportivo es muy fuerte y pisa fuerte.

¨La culpa la tuvo el otro¨

La regulación de los espectáculos deportivos fue un paso de la administración del Frente Amplio.

Aunque Luis Alberto Heber no pueda reconocerlo e insistir, como lo hace todo este gobierno recurriento aquel viejo título de la película de Luis Sandrini (nueva prueba de Carbono 14): La culpa la tuvo el otro.

Pero los hechos trágicos demuestran que las violencias, incluida ésta, animada por los grupos que se benefician de la ultra mercantilización del fútbol, de toda la constelación de ciertos dirigentes corruptos, intereses de los medios y de todo tipo de marketing (y seguramente de otras variables que no conocemos) muestran patéticamente que se puede ser víctima de un homicidio por vestir una camiseta.

Es algo mas que narcicismo de las pequeñas diferencias. Es un clima de odio, violencia, agresión que se incuba en nuestra sociedad. Es para analizar en profundidad y regular. Todo, lo deportivo y lo financiero.La vida demuestra que en campaña electoral se puede decir cualquier barbaridad.

Luego viene la cruel verdad de la realidad: la tumba de los crack

La pretendida varita mágica de seguir aumentando castigos con mas penas y mas tiempo en la cárcel, del ¨todoelpoderalaPolícia¨ demuestran que son recursos inoperantes, no resuelven nada.

Es mas, empeoran el clima de violencia. En las cárceles, en la represión callejera a lo popular y lo sindical.

Además, no resuelve otras violencias que se tramitan con una crueldad infinita: feminicidios, violencia contra niños, cárceles, ambiente futbolístico, micro menudeo, siniestros, suicidios.

El horizonte de la convivencia es un tema mas extenso que incluye la seguridad ciudadana. Es necesario definir una política criminal con pretensión de largo plazo, como bien lo han señalado distinguidos especialistas como el ex fiscal Dr. Jorge Díaz o los académicos Nicolas Trajtemberg, y Clara Musto, entre otras.

Es un grave error insistir que el único actor es este tema es la Policía o el Ministerio del Interior.

Es materia de abordaje inter institucional. Lo afirmo luego de haber actuado en el campo de las políticas de drogas con una institución modelo de abordaje multi: Junta Nacional de Drogas.

La violencia que viven nuestras sociedades son temas complejos. Hay que darse tiempo y espacio, sabiduría, para convocar a muchos protagonistas, varias instituciones, a la academia y organizaciones sociales, ni que hablar que a todo el arco político.

Estas son ¨medidas¨ de fondo a tomar.

Insistir con el hallazgo epistemológico enunciado recientemente ¨que no tomar medidas, es también una medida¨ aportará, quien sabe, al principio de incertidumbre.

Pero en este caso será la medida de fracaso.

El sabor de las margaritas: diálogo con la buena Policía por Milton Romani

Artículo publicado en La Diaria 22 de noviembre de 2021

La labor policial está en el centro del debate público. Ahora con afirmaciones del actual gobierno y también con la impugnación de los artículos (33 en 135) que componen el capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración (LUC).

Las y los buenos policías se vuelven a convertir en rehenes de eslóganes electorales, que se desviven en halagos y mensajes simbólicos (no siempre correspondidos en materia salarial o de equipamiento) que terminan, en mi opinión, perjudicando el profesionalismo y la dignidad de la propia Policía, condenada a cargar con una mochila pesada, que no es tarea exclusiva o responsabilidad única de la Policía. Por otra parte, la LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.

Adjudicar la supuesta baja de los delitos a las nada novedosas herramientas que se le han otorgado ahora a la Policía es una mentira y una trampa. El politólogo Óscar Bottinelli, en una columna publicada en el diario El Observador, sostenía que “la seguridad pública es un drama nacional que se ha tomado con mucha liviandad en clave electoral, se ha simplificado el fenómeno, no se han discutido las causas, se cree que surgió hace muy poco tiempo, que es culpa de un solo gobernante y que lo puede arreglar por sí solo otro gobernante”. Advertía al mismo tiempo sobre el grave problema del narcotráfico: “Territorios dominados por la droga, territorio de combate entre bandas de narcotráfico, la aparición del sicariato (el asesinato por encargo), las guerras entre sicarios, los jóvenes muy jóvenes acribillados con 30 balazos en el cuerpo”.

El problema delincuencial y las violencias sociales en aumento no son problemas exclusivos de la Policía. Es necesario un análisis criminal más científico y un abordaje de más agencias del Estado. No se resuelve con más penas, con más gente presa ni con acciones punitivas más violentas. Desde 1997 Uruguay viene aumentando penas e inaugurando cárceles inmundas, que son sólo un nuevo mercado de drogas y escuela del crimen. Los esfuerzos del comisionado parlamentario son encomiables. Hubo experiencias de gestión en cárceles y de programas socioeducativos, incluso para los liberados, que han sido desechados insólitamente. Así no.

Mitos y prejuicios

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) recibió en el Congreso del PIT-CNT una amplia mayoría de apoyo. No sólo se considera a los policías compañeros, sino que se les habilitó una buena representación en la dirección sindical. El tratamiento mediático del tema privilegió, para dividir, las mociones minoritarias que pretendían su exclusión. Un vocero de Sifpom declaró que todavía existían prejuicios y mitos sobre lo que fue históricamente la acción policial. Es posible que tenga razón. También el reverso de ello es cierto, y sería sano reconocerlo. El principio de unidad, diversidad y lucha ideológica es un eje para el movimiento sindical. Vale para este caso también.

La vigilancia de todas y todos nuestros afiliados, cuando cometen abusos o directamente actos corruptos, es un principio sindical. No es de ética ni actitud sindical defender ladrones, corruptos o violentos. Eso vale para todos los sindicatos. La labor policial tiene una diferencia: son funcionarios del Estado con derecho al uso de armas y que tienen como función aplicar la ley. Es complicado. Pero hay una ética, reglamentos y garantías que da la ley para todos los ciudadanos y las ciudadanas que deben ser conjugados a la hora de operar.

De mi gajo una flor

Quien escribe esto habla con autoridad. Valga la paradoja. Fui preso por primera vez el 18 de octubre de 1967. La ficha policial 130.871 reza: “Detenido por pegar carteles de homenaje al Che Guevara durante las Medidas Prontas de Seguridad. Por ser menor fue entregado a sus padres”. No dice que me tuvieron de plantón toda la noche en la jefatura. En 1968, ya mayorcito, me condujeron detenido al Grupo de Artillería 5 unos días después de que una bala policial matara por la espalda a Líber Arce. El primero de muchos mártires estudiantiles, algunos de los cuales fueron mis amigos y amigas y compañeros muy queridos. No fue una guerra. En todo caso, la decisión de rebelarse de muchos jóvenes de aquellos tiempos se debió, entre otras cosas, a la impotencia y la bronca que sentían contra dirigentes políticos con vocación autoritaria que usaron y alentaron a la Policía, sin que mediara desobediencia, a cometer aquellos crímenes infames.

La LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.

No detallaré aquí el rol que jugó la Policía en tiempos de dictadura. Ha dejado huellas. Los militares, los verdes, entre otras cosas, los despreciaban y los usaron. Militarizaron y pusieron bajo su bota a toda la fuerza. Con el concurso de los malos y peores policías, que actuaron en forma aberrante. Algunos de ellos ya fueron procesados.

JND: una experiencia interinstitucional y un amigo

En 2005 fui designado secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, cargo ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas. En abril de 2005, ya en funciones, me reuní con un policía, jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El inspector Julio Guarteche. Con prejuicios, sí, con temores y mitos. De ambos lados. Escuchamos. Establecimos relaciones de confianza y de trabajo. Trabajamos junto con él y todo su equipo. Construimos juntos, con acuerdos y diferencias, con respeto y finalmente con amistad, políticas públicas en drogas con pretensión de continuidad.

En aquella primera reunión, Guarteche traía para entregarme una carpetita. Todavía la conservo como reliquia. Era una larga lista de autos y bienes que se pudrían en la brigada y otras dependencias porque el Estado, todas las autoridades anteriores, no habían encontrado la forma legal para que pudieran incorporarse al patrimonio público y ser usados para financiar todos los componentes de nuestras políticas en drogas. Lo escuché. Fue un desafío. No fue fácil. Con base en un convenio firmado con la Organización de los Estados Americanos y con el concurso de un excelente equipo de profesionales, liderado por dos mujeres (Elena Lagomarsino y María Herrera) en consulta con jueces, fiscales y técnicos, se conformó lo que hoy es una realidad: el Fondo de Bienes Decomisados.

Legítima defensa

Sabrán disimular los policías que leen estas líneas mi lenguaje: los mandos políticos los están engrupiendo. Todos los artículos de la LUC que pretendemos anular complican su función. El doctor Juan Ceretta brindó un claro ejemplo de ello en una columna del programa Más temprano que tarde. El supuesto amparo que les da el artículo 1, llamado “Legítima defensa”, no sólo es innecesario, sino que en caso de ampararse en él se complica el problema. El artículo 28 del Código Penal, vigente y sin modificaciones, dice que está “exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la justicia”. No se necesita más.

Los artículos referidos a “resistencia al arresto y agravio a la autoridad” o los relativos al desalojo de lugares públicos para gente que no tiene dónde vivir y la represión de piquetes sólo sirven para generar distancia y enfrentamiento con toda la ciudadanía.

El aumento de penas para el narcomenudeo, ustedes lo saben bien, es infame, injusto y no sirve para nada. Máxime cuando todos sabemos que los peces gordos que se dedican a la soja, a la cocaína o que viven en La Tahona escondiendo 454 kilos de pasta base, así como los bufetes y los profesionales que lavan dinero a lo bobo, no tienen el mismo tratamiento.

Sabemos que hay herramientas que sirven de coartada infame a los malos políticos, y también a los malos policías. No cejan de intentar volver. Lo demostró la intención de bajar la placa con que se había nominado la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia: Comisario General Julio Guarteche. Pretendían sustituirla por la del torturador Víctor Castiglioni. Todo un símbolo. Que no prosperó. Pero sí prosperaron el apartamiento y la marginación de todos los buenos profesionales policías que formó y promovió mi amigo Julio Guarteche.

En una serie policial gallega disponible en Netflix que se llama El sabor de las margaritas, en un momento crítico de la investigación en el que queda clara la inconducta de ciertos policías el comisario general, en clave docente, dice: “Nuestra misión es proteger a la gente. No a la patria ni a todas esas historias. A la gente. Y para eso hay que ganarse su confianza”.

CASTIGO, CORRUPCIÓN Y AUTORIDAD por Milton Romani

Artículo publicado en La Diaria el 13 de septiembre de 2021

Vivimos el fracaso del punitivismo. Desde 1997 Uruguay aumenta las penas en el Código Penal. La Ley de Urgente Consideración (LUC) también recurrió a más de lo mismo. El delito y la corrupción no están tan lejos. Se ha conocido de “fuentes policiales” la denuncia que publicitó Gabriel Pereyra sobre la catadura de los policías retirados que componen nada menos que la guardia de Luis Lacalle Pou. Rodean al presidente.

La comedia de enredos de la fuga de un señor que “comercia drogas en la cárcel pero no es un narco” dejó en situación muy delicada al ministro del Interior Luis Alberto Heber. Ya es una convicción que el señor se fue por la puerta, caminando y con cobertura de malos policías corruptos. Como el número tres de la Jefatura de Maldonado y otros, que demuestran que hay un nido de malos policías enquistados que presionan y van a por todo. Están dispuestos a proteger sus prebendas.

La corrupción no es patrimonio de la Policía. Pero hace mucho daño a la seguridad ciudadana. Se trata de funcionarios con el monopolio del uso de armas para imponer la ley. Insuflarlos de poder otorgando más autoridad es un grave error. La autoridad es del mando político civil.

Es un problema a todos los niveles. En la esfera pública y privada. Acá en Uruguay se ha dado a nivel empresarial, bancario, con abogados, contadores, fiscales y jueces. Con jerarcas políticos a nivel nacional y departamental. Sin divisa.

Como bien señala el ex jerarca de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil, nos solazamos creyendo que el fenómeno en Uruguay es de baja intensidad. En el programa No toquen nada denunciaba la omisión del sistema político para fortalecer los controles. Aunque, aclaraba, la falta de recursos de la Jutep, siendo lícita la denuncia, no puede ser coartada para no hacer nada.

Es necesario advertir que se trata de un fenómeno que ha adquirido gravedad incluso para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por sus repercusiones a nivel económico y de la institucionalidad democrática. Por sus conexiones con el delito organizado trasnacional. OCDE impondrá medidas de sanción a los países, sin duda. Será más exigente que el mandato de la Convención Interamericana contra la Corrupción al que adhiere Uruguay.

Los malos policías

La denuncia sobre el perfil de la guardia presidencial es una muestra de todo lo malo. Inadmisible. Insólito. Lo que se denuncia y quizás también por qué y quiénes lo denuncian ahora.

El espíritu refundacional y revanchista contra el Frente Amplio ha impedido incorporar lo bueno de la reforma policial y renovación de cuadros con Guarteche al frente.

Hay un nido de malos policías, alguno de ellos responsable de bajar la placa de Julio Guarteche y subir la del torturador Víctor Castiglioni en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Están enquistados y operan para mantener sus prebendas y poder.

El espíritu refundacional y revanchista contra el Frente Amplio ha impedido incorporar lo bueno de la reforma policial y renovación de cuadros con Guarteche al frente.

Cuando se cree que dando carta blanca al uso de la fuerza de la policía se fortalece la punición, es un gran error. Es una presión de malos policías que justifican la inoperancia. Dentro de ellos, los corruptos que aprovechan la volada. El sindicato policial debería separar la paja del trigo y no defender cualquier cosa. Nuestros sindicatos no defienden ni vagos, ni corruptos, ni ladrones, al decir de Richard Read.

Hay una función que pasa inadvertida: la Policía es la que regula la represión y la delincuencia a nivel territorial. Esto es así por una lógica sociológica que habría que analizar con las herramientas de la criminología, un abordaje científico al que el sistema político no recurre; fruto de la ausencia de una política pública criminal con pretensiones de continuidad. Carecemos de ello. Hubo intentos serios en la administración del Frente Amplio, pero no pudo prosperar suficientemente.

Se trata de descentrar el foco de la seguridad ciudadana y convertirlo en un desafío intersectorial: no puede ser la Policía la depositaria de toda la problemática; es poco eficaz e ineficiente. Se carga a la Policía con temas que deben tener otro abordaje, más integral. No son la punición ni la aplicación de la ley, necesarias por cierto, las que resuelven el tema. Se impone una reforma penitenciaria urgente y una racionalización de los castigos. Es menos caro y más eficaz un buen aparato de penas alternativas con intervención de otras agencias del Estado. En Texas, el estado de Estados Unidos más represivo, cerraron siete cárceles. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit citó esta experiencia, que está por ser Ley Federal en los Estados Unidos.

En entrevista con El País, el criminólogo Nicolás Trajtenberg sostenía: “La evidencia hoy es realmente fuerte de que aumentar las penas no cambia nada. Si uno quiere tener una política más cercana a los gobiernos de derecha en el mundo -sin ser peyorativos-, más focalizada en ley y orden, en combatir la impunidad, entonces, lo que hay que hacer es volcar muchos recursos para que las personas que cometen delitos o quieren cometerlos vean que aumentan las chances de que los vean, los detecten y los castiguen más severamente. Ahora, si aumento las penas pero mantengo intocada la estructura penitenciaria (policía, cárceles, jueces, fiscales), la probabilidad de ser castigado se mantiene igual. No es que meter gente en la cárcel no tenga efecto en el delito, es que no disuade a las personas: los cometen igual independientemente de si la pena es 10 o 20 años”.

Y también: “El gobierno debe demostrar que es distinto a Bonomi. Los delitos bajaron en el mundo por la pandemia. En Uruguay hubo otras causas, el gobierno debe exponer qué cambios hizo en seguridad para demostrar que incidieron”.

La corrupción es un monstruo y pisa fuerte

En Uruguay, “el caso Pan de Azúcar”, como se lo llamó entonces, se centró en la venta del banco a un grupo suizo encabezado por Stephane Benhamou, que lo desfinanció rápidamente. La venta del banco, que el Estado uruguayo intervenía desde 1985, se produjo en 1994, durante el gobierno de Lacalle Herrera (1990-1995). Debido a la falta de controles adecuados, la Justicia procesó con prisión a Enrique Braga, ministro de Economía y presidente del Banco Central en ese gobierno, y también a Daniel Cambón, asesor de Lacalle Herrera, por conjunción de intereses y la recepción de comisiones (el periodista Darío Klein dijo que en 1996 fue amenazado por Luis Alberto Lacalle Herrera por este tema, según publicó la diaria).

Según lo que informó en aquel momento La República, la ex jerarca Rosario Medero -en representación del Partido Nacional- ratificó su oposición a prácticamente todas las acciones adoptadas por el Directorio del Banco Central en el período en cuestión y aseguró en la comisión investigadora por este tema que, en virtud de su actitud, “en muchas ocasiones fui presionada”.

Recordó en ese sentido que votó en forma negativa la compra del Banco La Caja Obrera, y que dejó constancia en actas que “se habían otorgado a los compradores beneficios adicionales a los establecidos en el pliego y en las normas que rigieron el llamado”. Respecto al Caja Obrera, Medero sostuvo que “durante el período de intervención este Banco costó más de US$ 100.000.000 al erario público, a todos los contribuyentes”.

En 1999, el ex jefe regional de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Abel Reynoso, reveló que investigaba una red de lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Brasil que involucraba al estudio Posadas, Posadas & Vecino. “Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellos”, dijo en aquel momento Posadas. La metáfora de los cuchillos sirvió para justificar el mal uso de las sociedades anónimas o la creación de las offshore. Esa metáfora la usó recientemente Ramón Fonseca, titular del estudio Mossack y Fonseca, célebre por los Panamá Papers.

Hay otros casos para poner aquí. Nadie está a salvo de aprovecharse de una situación dominante y de poder para beneficio propio. Nadie. No hay ni bandera política, ni título profesional ni oficio que te proteja y prevenga de antemano. Por eso son necesarios los mecanismos de fiscalización y control. Sin doble rasero, nunca. Porque este desafío implica también generar confianza pública y erradicar a nivel social ciertos niveles de aceptación cultural o de inevitabilidad de la “avivada”, el clientelismo y la coima. Eso es autoridad. Autoridad moral.

Milton Romani Gerner fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Ley de Urgente Consideración y seguridad: 25 años de urgencias. Por Luis Eduardo Morás

 Luis Eduardo Morás en Posturas de La Diaria 6 de mayo 2020

Desde hace al menos un cuarto de siglo los problemas vinculados con la inseguridad ameritan ser tratados bajo el rótulo de la urgencia. En tal sentido, vale recordar que la segunda administración de Julio María Sanguinetti, iniciada en marzo de 1995, envió al Parlamento una ambiciosa ley compuesta por 40 artículos para enfrentar lo que se entendía como una profunda crisis de la seguridad pública. Sin apelar al recurso constitucional de la urgente consideración, obtuvo su aprobación mediante una sólida mayoría de legisladores oficialistas y opositores, que le dieron incluso la unanimidad a una parte sustantiva del texto votado. La llamada Ley de Seguridad Ciudadana (16.707) logró un amplio consenso, expresado en un trámite que insumió apenas los 92 días que separan su ingreso en Diputados, el 4 de abril, de su aprobación, el 6 de julio de 1995, por la Cámara de Senadores.

El recuerdo de la reforma de 1995 resulta útil en varios planos. En primer lugar, puede cuestionar la demanda formulada por el ministro del Interior, quien exigió el tratamiento de la LUC a efectos de contar rápidamente con las herramientas apropiadas para enfrentar la crisis sanitaria. En tal sentido, el trámite seguido por la antedicha norma puede ilustrar un camino que resultaba igualmente posible: desglosar los 120 artículos que correspondían a su cartera y que fueron aprobados inmediatamente por la robusta mayoría parlamentaria existente; evitando así dos males, el desgaste de recurrir a una cuestionada figura jurídica, y la consecuente dilatoria debido a los plazos constitucionales que establece el artículo 168. Claro está que esta opción tenía varios riesgos, y posiblemente uno de ellos fuera que tal desglose implicaría divorciar la parte más “popular” de la LUC de otras que no lo son tanto.

A su vez, el tiempo transcurrido permite apreciar el abismo que ha mediado entre las expectativas depositadas en esa legislación, basada en la profundización de la respuesta punitiva, respecto de sus efectivos logros en términos de reducción de la violencia. El intento de enfrentar las complejidades de una criminalidad creciente y la extensión del sentimiento de inseguridad mediante el recurso de una profusa legislación penal que insistía en crear nuevos delitos y extender las penas para los ya existentes resultó un estrepitoso fracaso. Fugaces desengaños que, lejos de desanimar la superficial definición de problemas e ingenuas expectativas, a lo largo de estos años fue sumando en todo el espectro político fieles creyentes de las bondades del manodurismo penal.

Sin ánimo de escribir en este acotado espacio la triste historia de las buenas intenciones legislativas que sistemáticamente fracasan, debemos sí señalar el impacto que han tenido estas modificaciones (y sus malogradas promesas) en un imaginario colectivo que ante cada nueva frustración logra convencerse de que se está en el promisorio camino de las efectivas soluciones. A la fecha es posible sostener que se ha consolidado firmemente una idea: hacer “algo” contra la inseguridad no significa otra cosa que ignorar todos los diagnósticos académicos y la evidencia de programas exitosos de intervención acumulados a nivel local y universal; rechazar cualquier intento de profundizar en la complejidad de los fenómenos involucrados en la violencia delictiva y las circunstancias de vida que rodean a sus protagonistas; denunciar como cómplices de los delincuentes a quienes interponen objeciones ante la evidente inutilidad de la inflación punitiva; y alertar sobre las turbias intenciones de aquellos que señalan los riesgos para la legitimidad del Estado de derecho que representa vulnerar garantías procesales. La mayor parte del contenido de la LUC representa la cruda expresión de estos prejuicios y no augura un resultado diferente respecto de sus precedentes normativos, aunque es altamente probable que por la magnitud de las reformas que se proponen se profundicen las consecuencias negativas en diversos planos.

A pesar del constante incremento de la población carcelaria que coloca al país entre aquellos que mayores tasas de presos poseen, en el discurso hegemónico se multiplican las menciones a una legislación excesivamente benévola, las críticas a una Justicia que no castiga lo suficiente o a los excesivos beneficios de los que gozarían las personas al momento de cumplir las penas. No puede llamar la atención, entonces, que la LUC proponga la eliminación de un conjunto de supuestos “beneficios” para los infractores; tanto de aquellos que puedan surgir en la etapa procesal por la vía de eliminar o restringir la posibilidad de recurrir a procesos abreviados o a la suspensión condicional del proceso, por ejemplo, como a la hora de ejecutoriar la pena privativa de libertad (limitando las salidas transitorias y la redención de la pena por trabajo y estudio, arts. 83 y 85).

En particular, el artículo 80 se hace eco de la agobiante demanda popular acerca de que los presos deben “trabajar para sustentarse”, sin considerar la imposibilidad de cumplir con esa “obligatoriedad” cuando ni siquiera existen suficientes oportunidades laborales reales para contemplar el “derecho” (no ya la “obligación”) que tienen aquellos privados de libertad que expresan su voluntad de realizar actividades laborales. Algo de este reconocimiento de la impotencia puede interpretarse en la creación de la figura del “adulto joven”, entre 18 y 23 años, quienes “tendrán prioridad” en la asignación de actividades educativas y en el desempeño de algún oficio (art. 82), en lo que podría asumirse como la admisión escrita de la imposibilidad de consagrar estos derechos para la generalidad de las personas encarceladas.

Santiago Mazzarovich/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/

El supuesto funcionamiento deficiente de las instituciones, y en particular de la administración de justicia, no supone solo un estímulo para que cada día más personas se sumen con entusiasmo al camino del delito. Implicaría, además, un profundo desestímulo para las fuerzas de seguridad que ven así justificado el magro resultado de esclarecer menos de 5% de los delitos contra la propiedad y la mitad de los homicidios. Ninguna autocrítica que permita ubicar problemas de gestión o “vicios” institucionales es admitida para este pobre desempeño de la fuerza pública, y en consecuencia nada se propone en la LUC para mejorar en ese aspecto (por ejemplo, en términos de evaluación de calidad de la gestión o de fortalecimiento del contralor de la actuación que realiza la División Asuntos Internos). Jerarcas y retirados policiales –entre otros– han proclamado con insistencia la metáfora de las “manos atadas” y de una generalizada “falta de autoridad” como las inequívocas y exclusivas razones del insatisfactorio desempeño. Premisas asumidas sin mayores cuestionamientos por la opinión pública y que naturalmente encuentran su expresión en la LUC, cuya exposición de motivos para este apartado señala que pretende “dotar a la autoridad competente de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su función”.

Con el anunciado propósito de recuperar la “autoridad y el orden”, entre otras iniciativas se propone castigar la resistencia al arresto (art. 4) y se establece la delicada fórmula de sancionar a quienes incurran en algo tan difuso y sujeto a la discrecionalidad como el “menosprecio”, “agravio” o “menoscabo” de la autoridad, extremo que sería evaluado por la sensibilidad del funcionario policial actuante (art. 11).

Varios artículos modifican la Ley de Procedimiento Policial con el objetivo de dar una respuesta a las supuestas limitaciones que los funcionarios policiales encuentran al momento de enfrentar el delito. Entre otros, son destacables los artículos 45 al 48, que amplían y flexibilizan las circunstancias y condiciones para el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego. El artículo 49 parece el complemento inevitable de la discrecionalidad que los anteriores adjudican, estableciendo explícitamente la “presunción de inocencia” del personal policial; un agregado que luce como innecesario si se atiende que el pasado año fueron abatidos 32 delincuentes y en ningún caso resultó formalizado un funcionario policial por tales hechos. En este plano, una mención aparte merece el “derecho al porte de armas del personal policial retirado”. La nueva redacción dada al artículo 64 cubre una ausencia que fuera criticada en la primera versión de la ley, al establecer la obligación que el personal retirado no posea antecedentes penales y se le realicen periódicas pruebas de evaluación de su idoneidad. En definitiva, los exceptúa de tramitar la Causal de Otorgamiento que exige la regulación vigente (THATA) al resto de los ciudadanos que pretendan portar un arma de fuego. No parecería ser gran cosa la incorporación de este artículo, si no fuera por la eventual complementariedad con el siguiente, que establece el “derecho de reprimir delitos flagrantes por el personal policial en situación de retiro”; al tiempo que “las consecuencias de tal intervención deberán ser consideradas, a todos los efectos, como acto directo del servicio” (art. 65).

No puede escapar a ningún analista de la realidad del continente que dicha extensión de un “derecho” puede derivar en una invitación a conformar organizaciones de seguridad especializadas, por fuera tanto de las regulaciones del personal policial activo como de las empresas privadas de seguridad registradas; contando con todas las ventajas de la ausencia de controles que supone la “informalidad”, pero sumando los beneficios que las eventuales consecuencias de tales actividades puedan ser consideradas “actos de servicio”. En tal sentido, es posible que la inclusión a último momento del artículo 115, que extiende el porte de armas también a militares, pueda interpretarse como el requisito necesario ante una posible disputa por un lucrativo campo laboral a futuro.

La evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva.

Un llamativo y singular capítulo lo representan las iniciativas que se proponen en el área de adolescentes en conflicto con la ley, que finalmente parecen conceder a los impulsores de la baja de la edad de imputabilidad penal el consuelo de una tardía victoria moral sobre el tema. Ninguna de las seis propuestas incluidas en el capítulo correspondiente esbozan siquiera algo propositivo para mejorar las condiciones de reclusión o incrementar el impacto de las medidas “socioeducativas” y/o la gestión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Por el contrario, todas ellas reflejan el ánimo de profundizar en grado extremo el contenido punitivo del sistema penal adolescente, en esta ocasión sin la excusa de enfrentar una “sangrienta ola delictiva de menores”, desde que la participación de estos en delitos graves viene presentando un pronunciado descenso en los dos últimos años: en el primer semestre de 2019 se constató la participación en 4% de los homicidios y en todo el año 2018 fueron encausados por la Justicia penal adolescente 12 menores por homicidios y 108 por rapiñas.

De aprobarse la redacción dada al artículo 75, los adolescentes verían duplicarse el tiempo de privación de libertad máximo, que pasaría de ser de cinco a diez años; el artículo 76 reafirma no sólo la vigencia de una norma considerada por calificados expertos y organismos internacionales como inconstitucional (el art. 116 bis aprobado en 2013 por la Ley 19.055) al exigir la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar, sino que también duplica la pena mínima que deben imputar los jueces ante la comisión de determinados delitos, pasando de uno a dos años.

La población de mujeres encarceladas ha aumentado.

Al igual que para los adultos, se restringen las posibilidades de acceder a beneficios que mitiguen la privación de libertad y amplifiquen las posibilidades de inserción social, excluyendo el régimen de semilibertad para un conjunto de delitos que incluye la rapiña simple, que constituye la causal de ingreso de más de la mitad de la población adolescente internada. Tal propuesta no sólo resulta muy cuestionable al desatender la legislación y los acuerdos internacionales signados por el país que obligan a privilegiar el contenido socioeducativo de la medida judicial por encima de la mera sanción penal; sino que la actual redacción del artículo 74 insiste en transitar en un régimen discriminatorio hacia los adolescentes, en tanto para ellos no se prevé la posibilidad del régimen de “libertad a prueba” (art. 32). Algo similar podría decirse de la creación del “adulto joven” (art. 82), una figura que alcanzaría a los privados de libertad mayores de edad que resultarían “privilegiados” para realizar actividades educativas o laborales, pero no serían contemplados si cumplieran la privación de libertad como adolescentes. De aprobarse esta legislación, llegará incluso el momento en que pueda presentarse una cruel ironía: en el propio INISA cumplirían “medidas socioeducativas” individuos con 26 o 27 años que la propia legislación que regula la privación de libertad ya no consideraría siquiera dentro de la categoría de “adulto joven”.

En defensa de la LUC se ha manifestado que sus críticos exhiben fuertes “prejuicios ideológicos” que los llevan a rechazar lo que serían disposiciones absolutamente naturales y desideologizadas, principios básicos emergentes del más extendido y simple sentido común que deberían compartir todas las personas honestas que no tienen nada que ocultar ni se oponen a la cruzada iniciada para restablecer el orden y el respeto a la ley.

Más allá del juego político que habilita a apropiarse de frases hechas, y corriendo el riesgo de ser incluido dentro de los que desarrollan esa particular patología, estimo que sería adecuado que se explicitaran con datos contundentes y con sólidos argumentos las razones que llevan a modificar sustancialmente un conjunto de códigos y leyes de suma relevancia. En este sentido, podríamos interrogarnos acerca de cuál sería el dato de la realidad que justifica un incremento radical de las penas administradas a menores, por ejemplo. Contradiciendo, además, las indicaciones de un organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en estos temas, como UNICEF, y eludiendo las obligaciones de no regresividad, contraídas en los convenios firmados por el Estado.

No se debería tampoco apelar a desacreditar al interpelante, cuando con fundamento se plantea la preocupación ante algunos cambios procesales; sino que se deben difundir las razones que ameritan –por ejemplo– derogar el artículo 56 del Código de Proceso Penal que enuncia los “derechos de la persona sujeta a control de identidad”, entre los cuales se contempla que el funcionario policial actuante le informe verbalmente a la persona conducida del derecho a comunicarse con un familiar sobre el traslado y permanencia a una repartición policial (art. 20). O la necesidad operativa que lleva a que la indagación de “hechos con apariencia delictiva” sean informados por la autoridad administrativa en un lapso de hasta cuatro horas (art. 19) en lugar de realizar la comunicación inmediata al Ministerio Público como ocurre actualmente. Todas estas son interrogantes legítimas y válidas, no el producto de la alienación ideológica o el dogmatismo político.

En definitiva, los 120 artículos contenidos en la LUC resultan la síntesis legal y operativa de una particular concepción del delito y sus causas, una construcción social y política que inevitablemente expresa una ideología bien definida al proponer cómo enfrentar los problemas. Ante ella, algunos actores tendrán la obligación de argumentar válidas apreciaciones de índole política, basadas también en la ideología. Y en lo que corresponde al mundo académico, no se puede eludir la obligación de advertir que la evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva, sino que, por el contrario, representan un serio riesgo de profundizar dificultades en diversos planos y hacen más pronunciados los actuales problemas de convivencia ciudadana.

Por último, y mirándolo en perspectiva, el panorama resulta profundamente desalentador: 25 años después, la denostada Ley de Seguridad Ciudadana parece convertirse en una pieza jurídica que admite ser mirada con cierta nostalgia y como expresión de la voluntad de lograr acuerdos extrapartidarios en torno a iniciativas legales razonables, tramitadas, además, en un democrático y participativo clima de tolerancia. Si compartimos esta impresión, debemos asumir que los tiempos que transitamos definitivamente han cambiado, y que algo marcha decididamente mal.

Luis Eduardo Morás es doctor en Sociología y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

ANTORCHAS por Milton Romani Gerner*

Me dio trabajo estacionar el auto. Pero justo allí, en la puerta de un local bien iluminado, encontré un hueco. Levanté la vista y vi un escudo con una antorcha: Ateneo Popular del Sindicato Único de la Aguja (SUA). Hoy es la sala teatral Delaguja. Tiempo atrás fue La Máscara, donde funcionó Teatro del Pueblo.

En 1987, la Corte Electoral pretendió estafarnos las firmas del referéndum contra la ley de caducidad. Una marea obrera y popular salió una noche desde La Teja hacia la fortaleza del Cerro portando antorchas. Desde la ciudad se vio como un encendido grito de libertad y justicia. Contundente.

Las antorchas tienen historia. Polisémica, quizá. Fueron usadas por el Ku Klux Klan, en ceremonias hitlerianas y para quemar mujeres en hogueras del Santo Oficio. Hay que rescatarlas en sentido libertario. No para descalificar debates que se admiten como complejos, como hizo el compañero Gustavo Leal: “Hay compañeros que deberían apagar las antorchas. Parece que lo único que les interesa es encender hogueras para hacer humo de forma permanente y no debatir los temas en profundidad”.

Una medida polémica, como el involucramiento de la Guardia Republicana en las cárceles, mal comunicada en su momento, merece un abordaje con respeto y elocuencia docente. Si se asume que es un tema difícil y complejo, que no se puede discutir mediante telegramas o en las redes, no es válida la descalificación. Con el reportaje de Denisse Legrand al director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, que publicó la diaria el lunes 10 conocemos argumentos serios que son de recibo. Explican, educan en el perfil de una nueva Policía: “Las cárceles tienen que ser gestionadas por personas con perfiles asociados a la rehabilitación y no a la seguridad […] Si pretendemos que un sistema evolucione hacia la rehabilitación, tiene que contar con personas formadas con ese enfoque y con capacidades específicas para el tratamiento a las personas privadas de libertad. Las y los policías tienen que ir cediendo y dedicarse a los mecanismos de control y seguridad dentro de las unidades de internación, pero no deben estar en trato directo con las personas privadas de libertad. El trato directo debe ser asumido progresivamente por las y los operadores penitenciarios”.

Un debate siempre necesario

Todos los partidos y sectores deberíamos asumir que el tema ha sido la tumba de los cracks, a pesar de los enormes logros y avances realizados en estos 15 años. Como sociedad vivimos el incremento de la violencia y todavía no hemos podido encontrar un camino sostenible hacia una cultura de paz. Desde 1997 recurrimos al aumento de penas para calmar a la hidra punitiva. Aumentan las penas, aumenta el delito, aumenta la violencia. Lo que no aumenta es la voluntad de investigar con pretensión científica. Axioma: las conductas delictivas y violentas que provienen de sectores de la fractura social vulnerable son hijas de la cultura de la violencia. De la mano dura familiar, barrial, o de los palos policiales. De la convivencia carcelaria. ¿A qué mente se le ocurre que el endurecimiento de penas o la acción violenta puede disuadirlos? 60% de las rapiñas son por objetos de valor menor a 1.000 pesos. La tentación de gestos punitivistas parecen estar a la orden del día como una especie de mea culpa que tendríamos que confesar los izquierdistas.

No sólo se puede, se debe debatir. No hay alumbrados y otros que hacen humo. Polemicé públicamente en las internas de 2009 con Pepe, mi candidato, por aquella peregrina idea de internación compulsiva a los usuarios de drogas. Creo que fue útil. Hay que polemizar, desmontar lo demagógico, pero discutir las propuestas. Lo que repite Lacalle junior, “se acabó el recreo”, resulta infantil. O de patroncito de estancia, poniendo orden en la peonada díscola. Es más difícil, Luis. Confesemos. No está Ángel Gianola como testigo, pero está Juan Andrés Ramírez, que es un caballero. Sin embargo, el texto de su programa afirma cosas que son debatibles, y algunas de recibo. Incluso Jorge Larrañaga con su pulga amaestrada de Vivir sin Miedo plantea iniciativas que hay que desmontar, demostrando sus errores. No hay que descalificarlo.

Eso que llaman investigación-acción

De la naturaleza de las conductas criminales, de la creciente violencia social, sabemos poco. Lo único que podemos afirmar sin titubear es que la fuerza mal administrada, la apelación a la mano dura, no sirven. Ni aquí, ni en ningún lado. Ahora tenemos evidencia de la potencia de lo preventivo-disuasivo. La violencia en el deporte ha amainado. Se avanzó debido al compromiso de múltiples actores. Se construyó cultura de paz. ¿Por qué no proceder a nivel territorial con un enfoque similar ? 29% de los homicidios es por violencia interpersonal. ¿Lo demás va para la bolsa de ajustes de cuentas? Para construir política criminal hay que investigar y estar en territorio. Estar con todos los actores en forma integrada, zona por zona. Como estuvimos y no supimos o no pudimos avanzar. El plan Siete Zonas, de intervención integral y transversal, fue suspendido por discutibles argumentos presupuestales. El primer paso para superar la fractura social es superar política y culturalmente la grieta de “ellos y nosotros”. Los hechos son porfiados: honestos “nosotros” cometen delitos por ambición o por odios personales. O para lavar dinero. (Ver Nota al Pie)

Todo tiene su historia, las antorchas también

Ese Ateneo Popular fue fundado en 1924 por el SUA. En ese local en 1886 funcionó el Centro de Estudios Internacionales, sede de polémicas y trabajo conjunto de socialistas y anarquistas, entre ellos Emilio Frugoni. Fue sede de la Federación Obrera Regional Uruguay. En 1899 Florencio Sánchez estrenó allí su obra Puertas adentro. Una antorcha viva.

Muchos años después, el SUA crearía su seguro de salud, que, intervención mediante, se transformaría en una cooperativa médica: el Servicio Médico Integral. El sindicato de trabajadores, la Asociación de Empleados del SMI (AESMI-FUS) fue una de las 37 organizaciones sindicales que convocaron al 1° de mayo de 1983. El actual, denominado FUSMI (luego de la fusión con Impasa), organizó recientemente el repudio a José Gavazzo en la puerta del sanatorio. Vaya antorcha.

Después de estacionar, me fui a la presentación del libro de dos amigos y compañeros: Talo Valdez y Juan Pedro Ciganda. Psicoanalista y entrañable profesor de psicopatología, el primero. Profesor de historia, militante sindical, orador de aquel 1º de mayo, el otro. Escribieron juntos una novela policial. Dicen que se puede. Digo, escribir juntos, a pesar de que se conocieron en un asado, confesaron hace muy poco. El título: Parecemos, ya ves, dos extraños.

*Milton Romani Gerner fue embajador ante la OEA y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

iPublicado en La Diaria el 14 de junio de 2019

LA BANALIDAD DEL DELITO por Milton Romani Gerner

Rudolph William Louis Rudy Giuliani visitó Uruguay. Fue recibido y se atrevió a dar algunos consejos. Preside la consultora Giuliani Partners LLC. Fue fiscal general y alcalde de Nueva York, puestos obtenidos en campañas electorales que contaron con aportes de dinero, entre otros, de Donald Trump. Hoy, integra el equipo del presidente como su abogado. Por ahora, porque parece haber caído en desgracia.

Giuliani ha hecho asesoramientos en seguridad en México y Colombia, aunque se desconocen resultados y evaluaciones. También se dedica a otros menesteres.

The Guardian publicó en mayo un informe que titulaba: “Rudy Giuliani ganó un acuerdo para que el fabricante de Oxycontin (Purdue Pharma) continúe vendiendo esta droga, aun después de las muertes ocasionadas en crisis de los opiáceos”.1 El periódico The New York Times sostuvo: “En las últimas dos décadas, más de 200.000 personas han muerto en los Estados Unidos por sobredosis de opioides recetados […] Purdue Pharma, la compañía que sembró las semillas de la epidemia de opioides a través de su agresiva comercialización de Oxycontin, ha afirmado que desconocía el uso cada vez mayor del poderoso analgésico opioide después de su lanzamiento al mercado”.2

Giuliani Partners LLC fue contratada para su defensa y negociación con el Departamento de Justicia. Tuvieron éxito: “En 2007 Purdue Pharma se declaraba culpable de un delito de ‘etiquetado incorrecto’ de Oxycontin mientras comercializaba la droga, tergiversando su riesgo de adicción y el potencial de abuso. La compañía y los ejecutivos procesados pagaron un total de 634,5 millones de dólares en multas y se requirió que los hombres hicieran servicio comunitario”.

Una consultora que asesora sobre seguridad y defiende laboratorios con graves responsabilidades en la muerte de miles por abuso de drogas es al menos incongruente, cuando no inmoral. No es creíble. Lo llamo banalidad del delito.

Recomendacion de Rudy: identificar y catalogar a los delincuentes reincidentes. No perderles pista porque son “criminales profesionales”. Recurrir a ese catálogo para empezar todo tipo de investigación y, sobre todo, ser muy duros. Encerrarlos con doble candado y, de ser posible, que no salgan nunca.

No es novedoso. Nuestra Policía tiene buen nivel de profesionalidad. Tenemos las cárceles repletas porque agarrar delincuentes, agarran. En 2000 había 4.300 reclusos, ahora estamos en 11.000. Desde 1997 las penas se han endurecido y los resultados no se compadecen con la pretendida disuasión de la dureza.

Nuestro problema está en el antes y el después. Prevención integral, entendida como cultura y acción a nivel transversal de varios organismos, y gestión local. Política criminal que armonice prevención, intervención, investigación y reinserción social.

A qué llamo “banalidad del delito”

Llamo “banalidad del delito” a la producción de ambientes culturales y modalidades psicosociales que actúan como facilitadores y promotores de lo delictivo. Un conjunto de experiencias, creencias y valores enraizados como marcas de referencia de nuestra aldea global contemporánea.

Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén, definió la banalidad del mal como lo más perverso de un crimen: su justificación por el mandato jerárquico o por la ausencia de consideración del daño ocasionado a otros.

Hay una especie de vacío ético inmanente, en el aquí y ahora, no con quienes se asemejan a mí (semejantes) sino con quienes compiten y conspiran contra mí. La “ley del cerdo” que caracteriza al actual estilo de consumo (por más que coma, el cerdo nunca se sacia) es apenas una pista. La pasión por la “marca”, la ley del éxito y poder sobre cualquier otro parámetro, la competencia por el dinero, por los poderes, o lugares de ser y estar en el mundo, cualquiera sea la posición y el barrio donde vivamos, parecen ser una clave. La violencia puede ser por cosas banales, como un club.

Ya no se hace por ordenes burocráticas, sino por la lógica interna de un sentido común que presiona para obtener dinero, éxito o poder como sea, cuando sea y a costa de quien sea. Con violencia visible o a distancia.

La receptación o compra de objetos robados se vive banalmente, circula en grandes sectores. Pequeñas corrupciones que justifican nuevamente el “hacé la tuya”.

Costó mucho persuadir a escribanos, y luego a contadores y abogados, para que aceptaran su condición de sujetos obligados a remitir al Banco Central operaciones sospechosas de lavado.

Territorios fragmentados y ventanas rotas

En algunos territorios, hace rato habría que haber ido con topadoras. Se ha comenzado a hacer operativos de gran repercusión en algunos barrios pobres. Generaron simpatía ciudadana, salvo de la oposición. Fueron mal comunicados políticamente. Siguen la ruta de tirarle todo el fardo a la Policía, promoviéndola.

Habría que resaltar y celebrar la intervención coordinada que hubo de la Intendencia de Montevideo, los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Fiscalía, el Plan Casavalle. Compartir responsabilidades educa en que la seguridad no es sólo un tema policial. Evita tener un chivo expiatorio, reducirlo a un solo componente y asumirlo como tarea de todos.

Da mucho rating mostrar a la Policía y a las topadoras tirar abajo viviendas insalubres, y actuar contra pequeños narcos que se apoderaron de algunos barrios. El foco: estigma, otra vez en los barrios pobres. No pasa lo mismo con otras actividades delictivas.

El mes pasado, sin beneficio de noticiero, la Secretaría Antilavado comenzó a investigar a conocidos estudios por la participación en la producción de sociedades para lavado de dinero. Carlos Peláez (del programa radial Rompekabezas)3, incansable, informa: Posadas, Posadas & Vecino por Lava Jato; Juan Pedro Damiani por Helvetic Group y dinero K; Óscar Algorta por Lava Jato y el Partido Popular español; Fernando Belhot por South Capital Partners y Carlos Dentone por Odebrecht y Sabrimol Trading.

Sólo una copita

El anuncio de Luis Lacalle Pou sobre la tolerancia cero, bajo la consigna “una sola copita”, es banal, frívola, pero además es irresponsable. Ni para candidato a presidente de cantina de barrio. Más insólito es dedicarlo para el aplauso fácil de los bodegueros nacionales, que se quejan de la baja de ventas frente a los importados. Insólito: la tolerancia cero rige para ambas. En todo caso, las facilidades de bebidas importadas se fueron imponiendo a partir de la Ley de Desmonopolización de Alcoholes, de 1990. Luis era chico, pero no tonto. Fue el Partido Nacional.

Uno de cada cinco uruguayos presenta uso problemático de alcohol: abuso de ingesta, consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia.

La concurrencia del abuso en los siniestros de tránsito es evidencia. Han bajado, entre otras cosas, por el 0% exigido. Es una medida que generó resistencias, pero que la sociedad la ha ido aceptando. A mí mismo, degustador de bebidas, no me resultaba simpática. Sin embargo, reconozco que ha sido efectiva. Ha salvado vidas. ¿Pocas? No sé. Pero si salvó una sola, valió la pena. Luis: si tomás no manejes. Te lo pido por favor.

Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología y fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 3 de diciembre de 2018

DESEQUILIBRIOS MACRIECONÓMICOS por Milton Romani Gerner*

En esta orilla, el líder de “Peguemos”, Lacalle junior, necesita vender mucho más. Para espejito está Macri. Acá ya lo hicieron. “Vivir sin miedo”, promete Larrañaga, y hace campaña electoral con ello. En un corte antiwilsonista, propone sumar al esquema represivo a las Fuerzas Armadas, sin reparar en que ha sido el estamento que más miedo ha inoculado a nuestra sociedad. Abusa de una irracional tentación punitiva de la sociedad y propone, otra vez, las herramientas del castigo, cuando los castigos son como la riqueza: nunca son iguales para todos. Los fracturados sociales son los que pagan el pato. Otros fabrican sociedades anónimas.

Ya lo intentaron. Querían bajar la edad de imputabilidad penal. Fracasaron. El formidable movimiento juvenil de No a la Baja lo impidió. Lo que bajó fue la cifra de “menores recluidos”. Ahora son 358, frente a una media histórica de 700. En pocos años, la cifra se redujo casi a la mitad. Se prevé que siga descendiendo. Ningún comunicador ha considerado interesante investigar esto, que –vaya– es una noticia. La Universidad del Miedo, como bien la bautizó el profesor Roque Faraone, no está para eso. Hay una genealogía de los mecanismos que han invadido nuestra convivencia y otros fenómenos violentos de la vida cotidiana que no se solucionan con castigos.

El escritor uruguayo estadounidense Jorge Majfud acaba de publicar en varios medios del exterior un excelente artículo, “La generación del 2001 y la violencia en el Cono Sur”, en el que sostiene: “En medio de la crisis del Cono Sur que se inició en el año 2001 y se profundizó en el 2002, todos se horrorizaban, con cierta dosis de inevitable acostumbramiento, por los niños que comían basura o se drogaban con pegamento debajo de los puentes. No eran casos aislados. Fue una epidemia súbita que arrojó a casi un 20% de los hijos de la clase media a la miseria y el abandono, debido al descalabro de la economía, al desempleo masivo y de los ya debilitados planes sociales de los gobiernos anteriores que, tanto en Uruguay como, sobre todo, en Argentina, se habían alineado a las recetas privatizadoras del FMI. ¿Dónde están hoy esos niños? ¿Desaparecieron? No. Todo presente tiene un pasado, y aunque la gran mayoría de ellos haya salido a flote, hacia una vida digna de lucha y trabajo, basta con un pequeño porcentaje para crear un fuerte estado de inseguridad debido a delitos crecientes en número y crueldad. Como solución, no pocos miran los tiempos de la dictadura militar con nostalgia, por el simple hecho de que, por entonces, crímenes y violaciones de todo tipo, física, moral y económica, simplemente no salían en las noticias y quienes las denunciaban desaparecían o perdían sus trabajos, en el mejor caso”.

La Cantera de los Presos

Este era el nombre del que hasta ahora fue el cantegril más antiguo de Montevideo. Desde 1940, a cinco cuadras de Avenida Italia y Comercio, entre basura, ranchos de lata, perros y caballos, vivieron cuatro generaciones de más de 250 familias, las que hoy fueron realojadas a viviendas dignas en un nuevo barrio digno. Coincidieron para ello la movilización y la pujanza de los vecinos, liderados por una mujer, y un convenio con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Fue un proceso. Su planificación llevó algunos años, esfuerzo, discusión, porfiadas y atrevidas insistencias. El nombre del asentamiento parece venir de la época en que los presos iban a picar piedra en las canteras allí ubicadas.

No se necesita un giro literario muy rebuscado para arriesgar una metáfora: como otros territorios, ha sido cantera de presos a futuro. O no. Porque entre otras indignidades, el estigma uniformiza y evade admitir que el trabajo, formal e informal, ha sido también forjador de ciudadanía en Isla de Gaspar.

En realidad, este realojo ha sido un formidable modelo de intervención urbana que marca un camino para políticas de convivencia y para asegurar el derecho a la seguridad ciudadana. Prevención universal, que le dicen. Con efecto inmediato en estas 250 familias, ahora sí, seguras, conviviendo felices y con un plus: la dignidad.

Prevención universal, selectiva, indicada

Habrá que repetir una vez más que, en términos de políticas de seguridad ciudadana, hay que desplegar todo el arco preventivo antes que lo punitivo. En todo caso, este realojo de quienes vivían en Isla de Gaspar parece preferible a intervenciones en crisis como la de los Palomares de Casavalle. Es una opción política. Además de prevenir, hay que prever. ¿Restituir el principio de legalidad y responsabilidad? Sí. Pero ese, lícitamente, podría ser el reclamo de los vecinos: restablecimiento de la legalidad de derechos y llamar a responsabilidad a todos los sectores del Estado. La aplicación de la ley es sólo un componente de este combo, necesario pero sólo como un recurso de una política criminal con varios componentes. Debe aplicarse, además, sin tanto aspaviento, ya que la manija de los medios produce subjetividad punitiva.

El castigo, en sus diversas formas, termina siendo caro, ineficiente en términos de costo-beneficio. Segrega aun más a las familias y la sociedad. Sin enfoque político integral, se recarga y se deposita todo, y de mala manera, en la tarea policial, que debe tener también herramientas selectivas e indicadas en lo preventivo. Pero las responsabilidades sobre seguridad y la convivencia ciudadana son de varias agencias, que necesitan coordinación y dirección política estratégica. La tentación narcisista de cualquier ministerio con pretensiones exclusivistas, además de censurable, constituye un grave error político.

El momento punitivo

Como bien afirma el antropólogo, médico y sociólogo francés Didier Fassin, quien recientemente nos visitó: “La combinación de la intolerancia y el populismo penal hace que pueda haber una desconexión entre el aumento de los presos y la realidad de la criminalidad. Eso caracteriza al momento punitivo y es el punto de partida de mi reflexión. En realidad, mi trabajo no es explicar eso en detalle, sino tomarlo como un pretexto para reflexionar de manera más general sobre el castigo, tratando de plantear tres preguntas que pueden caracterizar la razón punitiva: ¿qué es el castigo?, ¿por qué se castiga? y ¿quién es castigado?”.

La población carcelaria ha aumentado ocho veces en Estados Unidos. Dos veces y media en Francia. 180% en Brasil. En Uruguay, en 1997 (cuando comenzaron las reformas del Código Penal para aumentar las penas) había 2.700 presos. Hoy superan los 11.000. Multiplicamos por cuatro la población carcelaria. La voracidad y tentación punitivista no se sacia nunca. Lejos de resolver, se transforma, ahora sí, en el problema. Estamos en deuda con esto.

Plan Siete Zonas y Mesas de Convivencia

El denominado Plan Siete Zonas, de intervenciones urbanas, fue un buen ensayo general. No era pertinente que lo ejecutara solo el Ministerio del Interior. Asumido por el Ministerio de Desarrollo Social, se dijo, no hay presupuesto. Error grave. Lo lógico sería que lo reintentáramos en clave de gestión y presupuesto compartido desde varios ministerios. Hay ejemplos institucionales que indican que eso funciona. La Junta Nacional de Drogas es un buen ejemplo. Menos entendible fue el trancazo que se hizo con el funcionamiento de las Mesas de Convivencia y Seguridad. Tampoco son un asunto del Ministerio del Interior. Hay buenas prácticas que demuestran que es posible darles dirección política para garantizar una gestión local planificada y con el concurso de varios actores. La participación de la comunidad tiene sus características especiales, pero hay que abordarlas en su complejidad y con docencia ciudadana. Insisto: experiencias como las desarrolladas en el Centro Comunal Zonal 3 (Goes) junto con el Mercado Agrícola y otros actores relevantes pusieron fin al imperio de los tumanes, en forma progresiva y sin violencia. Los planes que hoy se desarrollan en la cuenca del arroyo Casavalle y en el barrio Marconi tienen esa impronta.

Ahora el desafío para el Frente Amplio y su futuro gobierno es abordar el tema de la seguridad junto al de la convivencia ciudadana en clave de derechos. Avanzar sobre los logros pero rectificando los errores constatados. Es posible una gestión interministerial, conducida al más alto nivel, que aborde, con un programa transversal, la globalidad y complejidad del fenómeno social de la criminalidad y del conjunto de violencias sociales que vulneran nuestro derecho a la seguridad y la convivencia.

Los equilibrios macroeconómicos, de los que podemos hacer gala frente al incendio de Macri, son necesarios mas no suficientes. Hemos superado el “síndrome Antel Arena”, que pretendió frenar iniciativas desde un enfoque economicista algo dogmático. Se sobrepuso la política. Hoy, gracias a la acción conjunta y decidida de varios organismos (Antel, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Intendencia de Montevideo) y a la movilización de vecinos y vecinas, tenemos otro panorama. Intervención urbana con prevención universal. Por añadidura, allí levantaremos un sitio de memoria (ex campo de detención masiva Cilindro Municipal).

Tendremos complejo Antel Arena. Con nuestros artistas y con Joan Manuel Serrat. Un lujo. Sí. “Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta”. Pero también para que, en clave de derechos y convivencia ciudadana, “el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailen y se den la mano sin importarles la facha”.

*Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 13 de septiembre de 2018

SOBRE LA GOLPIZA DE UN JOVEN QUE RAPIÑÓ: BREAKING BAD O EL DERECHO A CONVIVIR EN PAZ por Milton Romani Gerner

El personaje central es un tímido y humilde profesor de Química que, aprovechando su conocimiento, se convierte en fabricante de metanfetaminas. Luego, en narcotraficante. La degradación progresiva del profesor Walter White no tiene límites. Una vez en la pendiente, nada lo detiene: miente, asesina, monta una red de tráfico, comete atrocidades. Lo hace “por el bien y el futuro de su familia”. Tiene cáncer, va a morir y quiere dejarles un futuro. Además, ha sido un hombre gris y sin coraje que ahora se destapa. La serie muestra cómo personas “como nosotros” cometen pequeñas, medianas y grandes corruptelas. Es casi inevitable la identificación con esos seres: “nosotros” podemos terminar igual que “ellos”. Es complicado.

En relación con un artículo de El Observador, que oficia como defensor de la corporación de escribanos, algunos de ellos siempre reacios a colaborar con las medidas antilavado, Martín Vallcorba, coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, reaccionó en Twitter: “¿Se está reclamando el “derecho” de hacer negocios simulados? ¿de documentar una donación como una venta? ¿Se está defendiendo que un escribano certifique una operación en la que se dice que se recibió cierta cantidad de dinero que sabe que no existió?”.

Vamos a ponernos de acuerdo: si se trata de combatir el crimen organizado (que gira no sólo en torno a las drogas), no se hará sólo mediante el ataque a las bocas de venta. Se corta también, y en forma más inteligente, atacando los mecanismos de lavado de activos. El mercado regulado del cannabis, tan vilipendiado y tan poco defendido, ha tenido al menos un mérito: más de 30.000 usuarios ya no concurren a las bocas. Con respecto a las rapiñas y sus productos es inevitable razonar que la receptación (compra de cosas robadas) efectuada por gente “bien”, “nosotros”, realimenta las rapiñas de “ellos”. Se podría decir que la mayoría de nosotros somos honestos y trabajadores. Promover la cultura de la paz es impedir que nos envilezcamos y asumir que el miedo no puede ser la palanca para generar más violencia. Que podemos ser protagonistas para disminuir la inseguridad.

La promoción de la cultura de la paz

Un encare serio del tema de la seguridad ciudadana debe abarcar las diversas violencias que se han desatado en nuestra sociedad. Sin renunciar a aplicar la ley, tener una mirada más equitativa sobre cómo, cuándo y por qué se extendió la sed incontrolable de hacer guita con lo que venga.

La coordinación de múltiples agencias del Estado es imprescindible. Es necesario dejar de centrar en la Policía un tema complejo que la supera. Es evidente que el fenómeno de las violencias es más abarcativo. Una política criminal (que sigue ausente, entre otras cosas, porque no se reconoce su ausencia) tiene componentes a analizar que superan la necesaria aplicación de la ley penal.

Investigar el fenómeno del crimen sigue siendo un desafío. Supone una actitud responsable. No pasarse facturas recurriendo a datos sesgados que fungen como coartadas más que como explicaciones racionales.

Nicolás Trajtemberg dijo el 5 de agosto, en entrevista con El País: “El problema de la izquierda es que no hay una comunicación clara. La delincuencia y el crimen han aumentado, de eso no hay dudas, y no hay un relato de hacia dónde se va. Por otro lado, hay una derecha, muy oportunista, que sólo plantea un camino de incremento de costos penales pero desde la deshonestidad. ¿Por qué desde la deshonestidad? Porque es un camino que no es bueno, que es costoso y [por el] que además habría que decirle a los ciudadanos: ‘Miren: queremos reducir el crimen y proponemos aumentar las penas. Pero está claro que aumentar las penas sólo en leyes no cambia nada. A lo sumo puedo acelerar los tiempos de captura y de procesos, pero para eso necesito millones de dólares destinados al Poder Judicial, millones a la Fiscalía, millones a la Policía. Y para eso le tengo que aumentar los impuestos o perjudicar a la salud, a la educación’”. Es un planteo serio y honesto. De un académico que piensa y aporta críticamente lo suyo.

Ciudad Gótica: cómo combatir bandidos en campaña electoral

En el polo opuesto, asistimos atónitos al lanzamiento de la candidatura a la diputación del ex fiscal Gustavo Zubía. Tiene ribetes góticos. De Ciudad Gótica. Pretende emular a Batman: solución rápida y furiosa ante aquello que los tontos frutillas no nos damos cuenta o no tenemos el valor de enfrentar. Recórcholis. En entrevista con Búsqueda, planteó algo de lo poco que se parece a una propuesta: “Le llevé un proyecto a [el comandante en jefe del Ejército, Guido] Manini Ríos que proponía que los formalizados sin prisión, en lugar de mandarlos a alguna escuela […] recibieran algún tipo de formación en el Ejército, no bélica, nada de armas ni otras yerbas. Formación militar en algún tipo de regimiento donde el individuo vaya a cumplir horario, realizar tareas de organización, de trabajo […] Mando. Disciplina militar”. ¿Y si los jóvenes “ni-ni” se resisten a quedar encerrados en un regimiento? ¿Si quieren fugarse? Recurrir al Ejército para sustituir cárceles de adultos y menores infractores que no han funcionado es sencillamente una burrada. Recurrir al viejo mito conservador sobre la disciplina puede juntar algún voto. No soluciona nada. Como todo enunciado, tiene efectos. Envilece las pulsiones más primarias de ciudadanos y ciudadanas que tienen miedo, y de alguna manera acumula violencia. El entrenamiento militar no incluye en sus manuales teoría y práctica de tacho, picana y plantón. Pero desgraciadamente ha sido la herencia maldita en códigos y valores que impunemente han contagiado nuestra convivencia. No es una buena base para la disciplina moral.

Hay antecedentes de entrenamiento militar a civiles por parte de las Fuerzas Armadas. En 1969 el gobierno colorado militarizó a todos los funcionarios bancarios que eran llevados desde sus trabajos a los cuarteles. El 2 de octubre de 1969 falleció a causa de un ataque cardíaco, en el Regimiento Nº 9 de Caballería, el bancario Carlos Alberto Cánepa, de 42 años.

Convivir en paz es un desafío urgente. Salvo para quienes, emulando a Primo de Rivera, fundador de la Falange, siguen creyendo que “a última hora, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización”. El histrionismo electoral, con alardes de porte de armas, no reúne estatuto para el debate. Aporta poco y ensucia todo. En realidad, se parece más a otro personaje de Ciudad Gótica: el Guasón. Tiempo atrás, un viejo luchador, cuando alguno alardeaba con los fierros, recomendaba sabiamente: limale la mira.

Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 9 de agosto de 2018.

DE LA SEGURIDAD A LA CONVIVENCIA por Álvaro Portillo*

El miedo es uno de los principales motores de la actividad humana. La gestación del miedo está íntimamente vinculada a factores objetivos y subjetivos que en grado distinto operan en el imaginario social.

Las sociedades contemporáneas, y la uruguaya en particular, están conmocionadas por el tema de la seguridad. Efectivamente, en la actualidad ha emergido con fuerza creciente un conjunto de comportamientos violentos que desencadenan la conformación de este escenario conmocionado.

Por un lado, hay que registrar la presencia altamente perturbadora del narcotráfico. Como es sabido, se trata de un proceso sumamente violento que involucra a un numeroso conjunto de personas: los responsables de la producción, la distribución mayorista y la distribución minorista, que se constituyen en una extendida red en el tejido social, por lo general protagonizada por los propios adictos. Este factor es algo novedoso en nuestra sociedad, pero lo más complejo es que involucra muy distintos actores y que a su vez se trata de una alternativa de vida (y de muerte) con rápido acceso a importante cantidad de dinero.

Un segundo factor social emergente es la violencia de género. En ello convergen varias causalidades. Por un lado, el mayor empoderamiento de las mujeres producto de los avances emancipatorios respecto de la histórica desigualdad ha precipitado una fuerte crisis de la condición masculina, que se expresa en violencia física o simbólica hacia la mujer. A ello hay que agregar que la sociedad ha tomado conciencia de ello y por lo tanto hoy la violencia de género se hace mucho más visible y objeto de repudio.

En tercer término, es factible señalar los tradicionales y conocidos factores de la criminalidad, entre los que destacan el ataque a la propiedad privada u otro tipo de acciones delictivas personales.

Este cuadro es el que ofrece el disparador de las cifras delictivas y, en consecuencia, lo que alimenta la sensación negativa de inseguridad.

Más allá de magnificar el fenómeno o de tratar de negarlo, de lo que se trata es de intentar comprenderlo para su erradicación. Queda absolutamente claro que la sociedad uruguaya no estaba preparada para enfrentar las negativas consecuencias de este escenario, por lo que se trata de encarar una estrategia al respecto.

Situados en este punto, la experiencia reciente indica varios rumbos anotados como claramente inconducentes. Uno de ellos es el clamor represivo en cuanto a incrementar penas, crear nuevos delitos, involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, la cadena perpetua, etcétera. La experiencia indica que este camino, además de ser poco respetuoso de la condición humana, es ineficaz.

En el otro extremo, con frecuencia se escucha una perspectiva enfáticamente garantista a la que solamente le preocupa el efectivo funcionamiento de los derechos. Complementariamente, se suele justificar esta nueva realidad en la estructura social existente, atravesada por desigualdades inaceptables que conducen a los comportamientos delictivos. En estos razonamientos se esconde un componente de acierto, pero su abordaje aislado es totalmente ineficaz como respuesta exitosa al problema.

Los componentes de una estrategia integral

Un problema tan acuciante no puede tener un abordaje único. Se trata de conformar una estrategia integral que sepa combinar un conjunto de intervenciones en materia de prevención, disuasión y represión de todos los comportamientos delictivos. Esa estrategia debe incorporar cuando menos los siguientes factores.

1) La adecuación –reestructura mediante– de los distintos cuerpos represivos del Estado para convertirlos en útiles para la nueva función. Política de reclutamiento del personal, características de la formación profesional, armamento adecuado, organización operativa, inteligencia aplicada, tecnología, entre otros.

La vieja Policía conocida por la sociedad uruguaya no se corresponde con esta nueva realidad, y además enfrenta el reto de ganarse la confianza del común de la gente luego de lo que fuera el triste papel represor que jugara en la época de la dictadura.

2) Reformulación de la propia administración de justicia, tanto en lo referido a la tipificación de los delitos como al abordaje de los procedimientos penales para su investigación y sanción.

Hay aquí una tarea de adecuación de marcos normativos, pero también de mentalizar a los principales protagonistas de la administración de justicia en las nuevas características de la delincuencia conjuntamente con los distintos procedimientos que ello implica. Adicionalmente es indispensable una aceitada coordinación entre jueces, fiscales y policías que permita actuar sincronizadamente.

3) El contexto social. Lo que en primer término surge es la necesidad de mejorar el acceso al empleo y su calidad. Complementariamente, las políticas sociales pueden y deben jugar un papel crucial a nivel del territorio. Educación, salud, vivienda, cultura y recreación son ineludibles para comenzar a consolidar escenarios locales alternativos al horizonte delictivo.

4) La rehabilitación. Es este un factor clave que apunta a eliminar la reincidencia. La ineficacia actual del encierro lo convierte en un paréntesis en la trayectoria delictiva. Cárceles con mucho trabajo y estudio y otros abordajes psicológicos necesarios componen lo sustancial de un encierro rehabilitador.

5) Participación social. La sociedad no puede ser un espectador en el abordaje de la violencia criminal. Es indispensable la conformación de espacios de encuentro entre la comunidad a escala barrial con todas las instancias estatales que operen: la Policía local, el gobierno local, las entidades responsables de los distintos programas sociales y los fiscales, que hoy cumplen una función muy relevante en la investigación de los delitos.

El diálogo permanente entre la comunidad y las distintas expresiones del Estado, muy especialmente la Policía, son fundamentales para construir confianza mutua. Con ello es posible que los servicios de seguridad comprendan mejor las realidades locales y barriales de la delincuencia y sobre todo que escuchen los reclamos y las opiniones de la comunidad.

6) La batalla por la opinión pública. Nada de lo anterior sirve de mucho si no se toma conciencia de las grandes patologías sociales y culturales que caracterizan a la cultura hegemónica del capitalismo contemporáneo.

Las adicciones, el consumo irrefrenable, el dinero como medida de la esencia humana, el egoísmo y el individualismo, y el placer inmediato como proyecto de vida son algunos de los alicientes más fuertes que están operando en la promoción de la delincuencia. Señalarlos y convocar a la discusión colectiva para ir imaginando y conformando una convivencia distinta, que celebre la vida en lugar de arriesgarla por un puñado de dinero, es una tarea ineludible.

Muchas de las cosas aquí mencionadas se están realizando, con diversos niveles de avance. La derecha política solamente reclama castigos y represión, y juega muchas veces con el dolor de las víctimas y su deseo de justicia y reparación.

Tal vez una de las cosas que están más atrasadas en la temática es la participación social y su involucramiento concreto. Ha habido intentos, pero que no se han sostenido. Mientras ello no ocurra, la acción estatal, además de descoordinada, continuará dando respuestas a ciegas con una débil influencia en la prevención y la disuasión.

*Sociólogo

Publicado en La Diaria el 23 de julio de 2018

CÓMO SE PUEDE MANCAR UN «BURRO» por Mílton Romani Gerner

Miserias de una cuadrera.

¨Apostar por el favorito rinde poco. En las carreras de caballos si el pingo favorito es el ganador, su apostador volverá a casa con unos pocos pesos. Los conocedores dicen que el caballo ganador más festejado es el que viene de atrás: «por los palos». Ese al que le queda la chapa de la sorpresa. El senador blanco Jorge Larrañaga sabe de caballos. Y también sabe de llegar de favorito o dar el batacazo cuando no está en los cálculos de nadie¨

Estas afirmaciones aparecieron en El País del domingo, firmada por Pablo Fernández bajo el titulo: La vieja historia de los blancos: ¨Larrañaga retoma impulso en la interna con campaña por seguridad¨ y agrega: el líder de Alianza logró protagonismo y colocó a Lacalle Pou en una posición incómoda¨

Visto así quizás se entienda un poco más, la absurda propuesta. Pretende ganar la interna y posicionarse en el juego político. Tirando la mosqueta y dejando en orsai a los otros. Parece más mezquina, pero al menos tiene una lógica que no tiene el contenido de la misma. También decir que todo ¨burro¨, hasta el mejor potrillo, se puede mancar. Cosas de la política timbera.

La ´vieja historia de los blancos´ nos dice otras cosas. Wílson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra en gesto que los honró, reconocieron que votar en 1972 el Estado de Guerra Interno y la Ley de Seguridad del Estado no fue cosa buena. Eso que la situación de aquella época era realmente crítica.

Afirmaba Wílson por entonces: “No hay ninguna causa, que no se destruya, que no pierda validez moral, que no se transforme en una porquería, si para defenderla hay que hacer estas cosas.¨  Años después diría: :”No fue un pecado votar la Ley de Seguridad del Estado, fue un error. Nunca debimos autorizar a militares a juzgar civiles. Era doloroso, pero para el uruguayo medio la tranquilidad se había transformado en algo más importante que la libertad.¨

Paradoja: estas citas las extraje de un excelente trabajo que firma un militar, el Capitán de Navío (R)Tabaré Fernando Patrón en un ensayo: ¨Los valores de Wílson Ferreira Aldunate en la conducción política del poder militar¨.

Los militares ya estuvieron al frente de la seguridad del Estado y les fue, nos fue, muy mal. Al frente, al costado, abajo y arriba de la seguridad de todos nosotros.

Alguien debería decirle al insigne burrero, que tampoco los militares están conformes en salir a la calle para trabajar de policías. Ellos también se preguntan:  ¿como sería la cosa?¿pedirían documentos, harían pinzas, detendrían gente? ¿como Larrañaga? Apoyar a la policía bajo sus órdenes. ¿Órdenes civiles para un militar? Al mismo precio. El Estado de Guerra les permitió cobrar el doble. Las misiones al Congo tienen otro precio. ¿Como Larrañaga, cómo sería esto? Una inteligente pregunta que se lanzó en las redes: en caso de hacer fuego o cometer algún delito ¿quién los juzga? Se me dirá la justicia civil. No podría sostenerse en serio, habida cuenta de la historia en este país. Pero mas allá de la historia ¿los militares aceptarán salir a la calle, recibir ordenes de civiles, actuar y eventualmente ser juzgados por civiles? Reitero: ¿todo por la misma plata?

Debatir en serio con esta propuesta implica una base mínima de seriedad. No los hay. Ni la misión fundamental de las FFAA definidas en sus leyes, ni la formación, ni el despliegue, ni las características propias de las fuerzas, ni su presupuesto, pueden cumplir funciones de seguridad interna. A propósito: ¿se piensa que con la carga de impunidad que conllevan los uniformes militares, la existencia brutal de cementerios clandestinos en los cuarteles de la patria, se podría salir a la calle con prestigio?

A medida que escribo me vuelvo medio wilsonista: “Nosotros queremos un país donde un soldado salga a la calle y se ponga el uniforme, no tenga que sacárselo porque pasa vergüenza. Nosotros queremos un país donde los soldados exhiban su condición militar con orgullo.” (Wílson Ferreira Aldunate, en Buenos Aires el 30 de abril de 1984)

Sobre la moda de seguir aumentando penas solo decir lo que criminólogos y especialistas que estudian el tema afirman: no parece lógico poner el acento y las penas luego que agarraste al delincuente. El tema es como evitar el crimen. En sus causas, que son muchas y diferentes, y en una aplicación racional de la fuerza de la ley. La respuesta punitiva solo convoca más violencia. No lo queremos para Uruguay. Tenemos otros recursos y otros valores. La seguridad es un derecho que se garantiza no solo con la policía y la ley penal. Poner a articular todo esto con perspectiva de futuro es también una responsabilidad de la oposición.

Es una responsabilidad compartida. De varias instancias del Estado. También de la conducta de los líderes políticos. De los medios de difusión como canales de comunicación social. Una pregunta al paso: ¿porque los medios se inhiben de dar noticias sobre suicidios, siendo una de las causas violentas de muerte más altas que tenemos?

Se me dirá que para evitar el efecto contagio. Bien. ¿No hay efecto contagio cuando se propala hasta el hartazgo todo tipo de crimen, rapiña, asalto, y copamiento? Informar es un derecho. Viralizar haciendo uso insensato de las facetas de espectáculo es una manera de alimentar el circuito del crimen. Igual que aquellos ¨ciudadanos¨ que compran objetos robados. O los lideres políticos que usando el miedo e inseguridad de la gente intentan avanzar un par de cuadros en el tablero partidario.

La violencia no se combate con más violencia. Fui testigo en mi condición de Secretario Nacional de Drogas y de Embajador ante la OEA, de los desastres que ha ocasionado el enfoque de la guerra contra las drogas y la incorporación de las FFAA a esa lucha. Están las pruebas ahí, no se necesita ninguna especulación. América Latina y el Caribe son testimonios dramáticos de esta realidad. Colombia, México, Guatemala. Lo han afirmado los analistas y políticos más encumbrados. Origen de Los Zetas, principal cartel mexicano:  La organización se formó a partir de un grupo de militares de élite que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano. No se necesita ir a informes muy secretos, esto es de Wikipedia, Larrañaga. Como afirma el estudioso de estos temas Luis Moras: si no queremos ser El Salvador, no apliquemos políticas salvadoreñas.

Estuve preso por primera vez en 1968, en el 5o de Artillería, bajo Medidas Prontas de Seguridad. Triste debut de las FFAA en seguridad interna. Junté firmas muchas veces. La principal de todas contra la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No basta con olfato burrero, ni con picardía de stud o pretendidas dotes de gurú populista. Se precisa mucha militancia y mucha organización para reunir firmas. Creáme Larrañaga: no las va a conseguir. Es un ¨dato¨ posta.

 

Publicado en «Voces».

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CULPA LA TUVO EL OTRO por Milton Romani

El título de esta columna alude a una película con Luis Sandrini, de 1950. Como la mayoría de las películas argentinas de la época, instilaba valores ingenuos, melodramáticos, coherentes con el patrón cultural de aquellos años. Fue la época también del Cacho y su banda, que tuvieron en jaque a nuestra sociedad, horrorizada por los “infantojuveniles”. El título se me impuso a partir de las declaraciones cruzadas sobre seguridad ciudadana, en un debate mal planteado.

Ahora asistimos a la película uruguaya “Los irresponsables de siempre”, rodada con los que están en campaña electoral permanente, con planteos simplistas y demagógicos de quienes en su momento no supieron, no pudieron ni aportaron para resolver esto. No es noble traficar con el sufrimiento y el miedo de la gente.

Los militares ya estuvieron al frente de nuestra seguridad. Al frente, al costado y detrás. Fueron un desastre. Tiraron para el otro lado. Ellos siguen siendo responsables del régimen simbólico y fáctico de impunidad en que vivimos. Basta.

Ir por los caminos trillados de la inflación penal es una vía muerta. ¿Alguien piensa, de verdad, que encarcelando “preventivamente” a los “reincidentes” arreglamos algo? ¿Cómo sabemos que son reincidentes si en realidad el caso se resuelve con la sentencia ejecutoriada? Aumentar las penas es una remake de 1997 y 2000. Un fracaso de taquilla. Más penas, más delitos. Aplicar la ley con rigor implica sensatez y economía de la fuerza. La fractura social no se arregla con más violencia, amén de que no todos los que, además, sufren el estigma de algunos barrios son chorros. Como afirma Luis Morás, “si aplicamos políticas salvadoreñas, seguramente llegaremos a ser El Salvador”.

Como expresó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no hemos logrado quebrar la fractura social después de 13 años de gobierno, y eso no es aceptable. Comparto esa opinión.

Todos los nombres

Ahora hay muchos Cacho. Su nombre, Zelacio Durán Naverias, le fue restituido gracias a un valiente reportaje de Eduardo Galeano titulado “El símbolo uruguayo del Mal”.

Es imprescindible, de una vez por todas, repasar las historias. ¿Sabemos qué piensan, qué sienten, a qué aspiran los que viven en el Marconi o en Casavalle, en Cerro Norte o en cualquier barrio? Por favor. Todos los nombres. Sin apodos.

Las hipótesis de máxima que hace la Policía son eso. Además, mal comunicadas, sólo reproducen miedo y zozobra. La alarma nunca atenúa, sino que aporta inseguridad.

Pero ¿eso es todo? No lo sabemos. Sí sabemos que las amenazas de más penas o mano dura, supermano dura o puño de fierro (todas salvadoreñas) para estos pibes no corren. Muchos de ellos esperan que se desate, no la guerra, sino mil batallas. Criados a palo y palo, no les importa. Su lenguaje es la violencia hecha carne y cultura de cuatro generaciones. ¿Vamos a agregar más?

Tampoco sirve atacar al Código de Proceso Penal, que con sólo seis meses de vida parece que ya tiene la culpa de todo. Insólito. Una gran conquista que abre las puertas de una nueva política criminal acosada por todos lados.

No necesitamos contrarreforma reaccionaria punitivista, sino otra actitud. Vocación de servicio, trabajar, ver, escuchar. Es vivienda, es trabajo, es salud, es educar. Condiciones necesarias. Llamale como quieras. Pero sin actitud, todo es en vano. No hacerse el boludo recurriendo a que la culpa la tuvo el otro. Vale para todos y todas. Cualquier duda, preguntarle al doctor Álvaro Villar, director del hospital Maciel.

Mientras escribía esta nota se conoció la noticia de la convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a diversos actores a los que compete el tema de la seguridad ciudadana. Responsabilidad compartida. Es un paso importante. Como lo fue ir a San Luis a conversar con los vecinos, en una reedición de política de cercanía.

Hablando de políticas de cercanías, relancemos ya las Mesas Zonales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, llamadas a ser la base de una política integral y de articulación local. ¿Qué fue del plan Siete Zonas, que iba en el mismo sentido? ¿Fueron devorados por el síndrome Antel Arena?

La convivencia y seguridad son derechos. No es la Policía, ni siquiera el Ministerio del Interior, los únicos que los salvaguardan. Varias instituciones deben articularse a nivel estratégico, de mando y, fundamentalmente, a nivel local. ¿Junta Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana? ¿Por qué no? Hay que romper la lógica del Estado con presupuestos de programas verticales, con actitud y coraje para ir a programas transversales que rompan las chacras y la burocracia.

No están sólo en los barrios “marginales”

Pobreza y marginalidad explican sólo una parte del narcotráfico. La cadena de acumulación de dinero termina en un vértice de empresarios que necesitan lavar dinero para hacerlo circulante. Como señaló el fiscal de Corte, Jorge Díaz, los hermanitos Carlos y José Röhm se alzaron con una bolsa de 1.200 millones de dólares. Muchísimo más que las miles de rapiñas de miles de pibes chorros. Ya tenían antecedentes. Están sueltos.

El “símbolo uruguayo del mal” en deporte, Eugenio Figueredo, que manejó los hilos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial, no era del Marconi. Y tiene tantos amigos que no los puedo contar.

Las resistencias cuando procesamos al doctor Carlos Curbelo Tammaro, símbolo uruguayo del mal abogaderil, sólo fueron comparables con la intervención de Luis Hierro López y Guillermo Stirling para remover al inspector Roberto Rivero, ex director de la Policía Nacional y de la Brigada Antidrogas en el 2000, que había osado investigar a escribanos y personas conocidas, nada menos que con compras en Punta del Este.

Se olvida rápido: fue procesada la plana mayor de la Armada, incluidos tres ex comandantes, por crimen organizado. Se desconoce domicilio. Fotos y titulares, pocos.

El lenguaje cambió no sólo en aquellos barrios. También los “buenos” abandonamos la promoción de valores humanísticos como los prodigados por Olga Lanari, mamá de Gustavo Volpe, o por Juan Carlos Patrón, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con su célebre “Procesado 1.040”, que también fue una película argentina, con director, guionista y actores uruguayos.

Publicado en La Diaria el 28 de mayo de 2018

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