OPIÁCEOS EN ESTADOS UNIDOS Y REGULACIÓN URUGUAYA por Milton Romani Gerner

• 27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos. Y los abusos van más allá de la heroína: casi 50% de las muertes por sobredosis en 2015 están relacionadas con analgésicos recetados para tratar dolores moderados y fuertes.

• En 1996 la farmacéutica Purdue sacó al mercado OxyContin, una pastilla de oxicodona pura que, según aseguró en ese momento, permitía aliviar el dolor durante 12 horas y representaba menor riesgo de abuso y adicción que otros fármacos. La empresa acompañó el lanzamiento con una intensa campaña de promoción entre médicos. El efecto fue tan fuerte que algunos expertos aseguran que la “epidemia” de opiáceos empezó entonces. (1)

• Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Estados Unidos publicó los montos pagados por las compañías de medicamentos y dispositivos a doctores y hospitales docentes. En 2016 fueron más de 8.000 millones de dólares. Más de 630.000 médicos tenían registros de pago. Purdue Pharma realizó casi 80.000 transacciones en 2016, por un valor total de más de siete millones de dólares. (2)

La guerra contra las drogas consume miles de millones de dólares en presupuestos de miles de agencias policiales, aduaneras, militares y de aplicación de la ley. Hubo equipo y bases militares desplegadas en todo el hemisferio so pretexto de lucha contra el narcotráfico. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos denuncia lo doblemente mortal de esta estrategia de guerra. No hay presupuestos y dispositivos de tratamiento. Según un informe oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “sólo 10% de los adictos a las drogas pudieron acceder a un tratamiento especial en 2016”.

La actual es una estrategia desequilibrada que sigue generando desastres. Intensificando la violencia. Llenando cárceles con ofensores menores o consumidores. Esta guerra no contiene nada. Y es una fuente permanente de corrupción.

El señor Donald Trump iba a declarar emergencia nacional pero se arrepintió. Está alarmado, pero no tanto. En el tema de la venta desregulada de armas (que con esta crisis le esta costando más vidas que las ocasionadas por terrorismo) dijo que las armas no eran el problema. Que es un problema de salud mental. Parece un insight. Incluso personal. Veamos cómo evoluciona el paciente.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) –de Uruguay, un país con 3,4 millones de habitantes– tiene ya, registrados en forma voluntaria, 15.575 adquirentes en farmacias, 7.478 autocultivadores y 68 clubes de membresías (www.ircca.gub.uy), más de 25.000 hombres y mujeres que confían en el Estado y el modelo regulatorio y que no recurren hoy al mercado del narcotráfico. Consumen, sí, pero una sustancia menos dañina y bien controlada, y con advertencia e información adecuada sobre los riesgos. Este nuevo vínculo entre usuarios de drogas y Estado es revolucionario. Los efectos educativos, preventivos y de consulta temprana serán un plus de la regulación responsable de un mercado siempre complejo en contraposición con un Estado que criminaliza y aleja a los usuarios.

El creciente fenómeno de medicalización de nuestras vidas, y la voracidad y descontrol de la industria farmacéutica, replantean la vigencia del principio de regulación. Para enfrentar los mercados ilícitos de drogas, pero también, y con mucho más razón, para los de circulación lícita o semi controlada.

La regulación de los mercados, de todos los mercados, está puesta nuevamente en el tapete. La reducción de daños también. La crisis de heroína en los 80 enfrentó a varios países de la Unión Europea y a ciudades como Vancouver a tomar medidas pragmáticas y eficaces para salvar vidas. Enfoque de reducción de daños. Tuvieron éxito. Pararon la epidemia. Se dispusieron fondos para tratamientos diversos ante las sobredosis, el contagio de VIH-sida y la hepatitis C. Programas de intercambio de jeringas, salas de venopunción, dispensión de morfina legal, como en Suiza, terapia de sustitución con metadona. Siguen siendo controvertidos y son innombrables, incluso en los textos de los organismos multilaterales. Acá también se hizo un escándalo por el control de calidad que realizó Proderechos de las anfetaminas en bailes electrónicos. Pero salva vidas.

Sigue siendo una incoherencia del sistema prohibicionista que drogas como el alcohol y el tabaco nunca estén integradas a las políticas de drogas. Contradice el argumento de que las drogas se fiscalizan (y como secuela, surgen guerras en torno a ellas) porque hacen daños. En realidad se fiscalizan por opciones políticas y geopolíticas de mayor peso.

Hay que sacar al cannabis de la Lista 1 de Estupefacientes. 

El tabaco mata siete millones de seres humanos al año y las bebidas alcohólicas casi cuatro millones. Aportan cada uno 4,1% de la carga de mortimorbilidad de la humanidad. Todas las drogas de circulación ilícita no llegan ni siquiera a 1,8% de esa carga. Además, está la incongruencia de que el cannabis, que no reporta muertes por sobredosis, sigue en la Lista 1 de las Convenciones, que marca la peligrosidad de las sustancias. Al lado de la heroína. Una incoherencia que la comunidad internacional debe arreglar y que se discutirá en la Organización Mundial de la Salud. Es más: Uruguay, como cualquier otro estado miembro, tiene las potestades de cambiar y trasladarla a la Lista II, menos restrictiva y reservada para uso médico. La presidenta chilena Michelle Bachelet ya lo hizo.

“No hay que consumir drogas, salvo aquellas que indique el médico” no parece una indicación sabia. Ni por su verosimilitud, ni como prevención educativa. Es iatrogénica. Pretende ser una máxima moral que no se compadece ni con la naturaleza humana real (siempre invadida por nuestras debilidades y deseos) ni por un criterio de prevención adecuado. Todas las prácticas sanitarias de avanzada van por la senda de cogestionar los riesgos, el consentimiento informado y la reducción de daños.

La práctica médica, el marketing de los laboratorios y las drogas son un triángulo complejo, que hay que considerar dramático, o mejor dicho tragicómico, en políticas de salud pública. El entramado de intereses, el sesgo de las investigaciones y el lanzamiento de drogas médicas que pueden ocasionar daño es un desafío. Ni mercado libre de las corporaciones, ni crimen organizado transnacional del narcotráfico que termina usando los mecanismos de lavado como “legalización” de sus ganancias.

En Uruguay la política de drogas promovida por los gobiernos del Frente Amplio ha tenido un capítulo fuerte y central en la instrumentación del modelo de regulación del cannabis. Pero no es lo único. Uruguay supo construir una estrategia equilibrada y desplegar dispositivos de atención y tratamiento, de cercanía, de innovación, como el germen de los tratamientos de base comunitaria. De investigación. Promovimos regulaciones diversas: sistema financiero, tabaco, alcohol.

Todavía no se ha calibrado la trascendencia de este hecho y la línea de continuidad que tiene en materia de integralidad de la política. Ni del prestigio diplomático que a nivel internacional nos identifica con la defensa de los derechos humanos vinculada a las políticas de drogas (tampoco se valora la formación que han hecho varios jóvenes diplomáticos en el tema).

La apertura y puesta en marcha en 2006 del Portal Amarillo fue un símbolo insignia de que en este tema íbamos con todo. Con mucho esfuerzo y metiendo ganas y camiseta. A veces se extraña esa vocación. No había nada. Durante años estuvimos sin lugares de tratamiento, de investigación en la materia. Se hizo mediante el esfuerzo compartido de actores bien diversos: la Organización de los Jubilados del Banco de Previsión Social (sí, ellos cedieron el local), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y un equipo multiprofesional de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay y la Secretaría Nacional del Deporte. La primera piedra de lo que es hoy la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas y los dispositivos Ciudadela. Fue la respuesta en términos de derechos y salud pública que daba el primer gobierno de izquierda. Necesitamos cuidar esto.

Tampoco cojeamos por ingenuos. Creamos la Secretaría Antilavado, las fiscalías y juzgados en Crimen Organizado, el Fondo de Bienes Decomisados (que sigue siendo una cenicienta desamparada que, sin embargo, es una fuente de recursos para estas políticas), se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. Dimos conducción y generamos confianza a un mando policial saneado que entendió la especialización pero también el trabajo comunitario de cercanía. Dimos relevancia institucional a la Junta Nacional de Drogas, en su funcionamiento real, en su intersectorialidad, en la gestión e iniciativa y coraje político. Pudimos construir y trazar líneas de continuidad con la excelente gestión de Julio Calzada, verdadero factotum de la regulación. Continuidad que bien nos cuidamos de tener también con algunos programas y alertas que nos dio en su momento el doctor Leonardo Costa. Deberíamos, también, cuidar esto.

Rápido y furioso

Somos noticia mundial, aunque el gobierno no se haya dado cuenta. Algunos parecen estar inmovilizados por prejuicios antediluvianos. O por aquel nocivo narcisismo de las pequeñas diferencias. La pretendida mesura en instrumentar y avanzar en el mercado regulado del cannabis muestra poco coraje político. Lo mismo que en el plano de derechos humanos. Poco coraje y decisión. En términos futbolísticos hay una expresión mas contundente: faltan ovarios. Un lugar desmerecido en la agenda, cero docencia y comunicación, desdén y lentitud. Parecen no valorar lo más importante: no se trata sólo de legalizar y regular la marihuana, que es lo más espectacular. Se trata de que en el mundo entero estamos innovando, con otra forma de controlar y fiscalizar sustancias controladas.

Estamos a la vanguardia de un relato nuevo y hemos sido, somos, referencia política y moral del cambio de paradigma. Pero no parece ser ese el espíritu y la apreciación política de los decisores. Menos del FA, que ni habla del tema. Parece vivirse en forma vergonzante. Es un absurdo. Se elude potenciar un logro que tiene impacto político y por añadidura, electoral. En los jóvenes y en los avances reales de seguridad ciudadana. Hay, ya, más de 25.000 ciudadanos que están más seguros. Además, repito; nos coloca en un sitial internacional, por nuestro apego al derecho internacional de los derechos humanos, que, además, abriría otras puertas.

El eminente científico israelí, Raphael Mechoulan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubridor del THC como principio activo del cannabis, decía hace un par de semanas, en un mensaje enviado a la Conferencia Latinoamericana 17ª (celebrada en Buenos Aires en octubre) que hace 34 años generó evidencia científica sobre las aplicaciones pertinentes del cannabis medicinal. Tenía una sabia resignación sobre el tiempo que habría de esperar para que le dieran atención. Ahora sabemos, gracias a las investigaciones de su equipo multidisciplinario, que el organismo tiene receptores específicos de un sistema endocannabinoide que explica la dinámica del cannabis en nuestro cuerpo. El doctor Yosi Tam, jefe de su equipo, estuvo en Montevideo invitado a una Jornada de la Sociedad de Endocannabinología. No vi inquietud, iniciativa o presencia de nuestras autoridades sanitarias.

Tampoco vi a nadie (salvo a Augusto Vitale, que fue a título personal) en el otro seminario internacional ya mencionado, que fue organizado por la embajada de Israel en Argentina y la Universidad Hebrea. Es una pena. Porque los vínculos que se tejieron desde la Junta Nacional de Drogas con la embajada de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén eran excelentes.

Las autoridades tampoco parecen estar enteradas de las excelentes investigaciones del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis de nuestra Universidad de la Républica, o del Instituto Clemente Estable, o de los aportes realizados por el Comité Científico Asesor que hizo seguimiento de la aplicación de la ley, y sigue (porque no se disolvió) integrado por distinguidísimas personalidades, como Luis Yarzábal, Amalia Laborde, Susana Mallo, Nilia Viscardi, Eduardo Manta, y, en su momento, María Julia Muñoz y los hoy fallecidos Pablo Carlevaro y Gonzalo Uriarte. Del aporte del Sindicato Médico del Uruguay, que es el único que ha tenido el valor de formar médicos en usos del cannabis.

(1). https://ladiaria.com.uy/ articulo/2017/11/estados-unidos-tomamedidas-para-combatir-la-crisis-de-losopiaceos-cuyo-consumo-mata-a-masde-100-personas-por-dia/

(2). Owen Amos. BBC. www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41755400.

Publicado en La Diaria, 15 • nov. • 2017

FABULADORES DE LA REALIDAD por Ignacio Martínez

Algunos irresponsables de la política, hacedores de realidades a base de bolazos, rumores y mentiras, están hoy sobre sillones de una impunidad que le hace muchísimo daño al país.

Un senador como Pablo Mieres que habla en Montevideo Portal sobre la catastrófica gestión, acusando al gobierno claro está, no solamente se apoya en la desafortunada categoría de los adjetivos, sino que mira la realidad con un solo ojo, encima entornado y por el agujero de la cerradura. Su mundo es muy chiquito y su visión es limitada salvo que haya otra motivación que no quiero creer (¿seré demasiado ingenuo?), pero del término catastrófico el lector sacará sus propias conclusiones.

El Dr. Gustavo Salle dijo en Radio Carve el 15 de marzo de este año que la negociación entre Polgar, Castillo y Abdala deriva en esta estafa del plan de vivienda sindical. ¿Ha probado algo? ¿Se ha procesado a alguien? La manija contra la central de trabajadores ya lleva años en este señor y sus aliados. ¿Cuáles son sus propósitos? Su conducta habla de una muy baja reputación profesional.

Almagro dijo en el diario La Nación de Argentina, también el 15 de marzo, que Aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia. ¿Han aprobado algo similar con el desnaturalizado gobierno de Brasil? ¿Qué opina de las límpidas elecciones que acaban de suceder en la patria de Bolívar? ¿Puede hablar de dictadura, de gobierno desnaturalizado? ¿Por qué no se dedica a terminar con los infames bloqueos que lleva adelante EEUU con el fin de ahogar estos países?

No podemos permitir que día a día asistamos a un ping pong de dimes y diretes cuya única finalidad es destruirnos como país.

Muchos de esos voceros se parecen al Departamento de Estado de EEUU que inventa la nación agredida, la frágil seguridad nacional, y ve enemigos en todas partes capaces de atentar contra la paz americana. La verdad es que todo eso apunta a obtener más recursos para las FFAA norteamericanas, más recursos para abastecerse de armamento y para fortalecer su irracional carrera armamentista y nuclear.

La frutillita la corona Lacalle Pou cuando afirma que se está frente a la inacción de los gobiernos del Frente Amplio o acusa de la extrema lentitud o afirma que estamos ante una economía con serios problemas de competitividad, decenas de miles de puestos de trabajo perdidos, la más preocupante crisis de la historia de nuestra enseñanza,…, y una grave situación de aislamiento comercial.(Congreso de TODOS, octubre 2017, Flores)

Con esa caracterización, Luis Alberto, cerrá y vamos. La verdad es que estamos frente a fabuladores de una realidad que no es así. Ya un ideólogo de la propaganda lo había anunciado: Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá. Lástima que el autor de esta máxima haya sido Joseph Goebbels que muchos siguen al pie de la letra.

La lista en diarios, radios y televisión es larga…

Nosotros, por nuestro lado, debemos profundizar lo que estamos haciendo bien, cambiar lo que estamos haciendo mal y hacer lo que no estemos haciendo. Bienvenida la crítica que construye. Ni un solo lugar a la palabra irresponsable que destruye. La política no es, no puede ser esto último.

Artículo publicado en la contratapa del semanario uruguayo VOCES el jueves 26 de octubre de 2017

 

IZQUIERDAS Y POLÍTICAS EMANCIPATORIAS por Pablo Anzalone

En un mundo donde existe tanta miseria, tanta opresión, tanta violencia, tanta desigualdad y violación de derechos, la izquierda sigue teniendo una razón de ser incontestable. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó la semana pasada que volvió a aumentar el hambre en el mundo: 815 millones de personas. Guerras, genocidios, agresiones al ambiente, inseguridad alimentaria, exclusión, discriminación, feminicidios son fenómenos graves. En América Latina la pobreza comenzó a crecer nuevamente, mientras los derechos sociales retroceden.

Luego del derrumbe de la Unión Soviética y la conversión de la socialdemocracia hacia la derecha, el neoliberalismo ganó una gran batalla ideológica, sintetizada en la TINA (There Is No Alternative), de Margaret Thatcher. Es así que un número muy grande de personas cree que el capitalismo y aun sus vertientes neoliberales son inevitables. Los cuestionamientos al capitalismo son débiles en los movimientos contestatarios en este período. El neoliberalismo quiso convencer al mundo de que el capitalismo era el fin de la historia. Pero la realidad es más porfiada y las consecuencias de esas políticas en los 90 generaron una resistencia popular tan grande que las izquierdas lograron derrotarlas y alcanzar los gobiernos nacionales en varios países de América Latina. No olvidemos, sin embargo, que gran parte del continente siguió bajo gobiernos de derecha y neoliberales. En países como México, Colombia y Guatemala, los asesinatos, las desapariciones, la corrupción, el narcotráfico, la pobreza y la exclusión siguieron siendo la vida cotidiana de millones, y, peor aun, se profundizaron.

La experiencia de los gobiernos progresistas latinoamericanos no puede ser desestimada ni etiquetada superficialmente. Por el contrario, es una etapa nueva en la historia latinoamericana, que debemos analizar en profundidad para encontrar los avances y las derrotas, las originalidades y la reproducción de viejos mecanismos de poder. Es muy clara la necesidad de un análisis crítico y autocrítico de gobiernos, partidos y fuerzas sociales populares y su accionar durante el siglo XXI. El triunfo de la derecha en Argentina, Brasil y las elecciones parlamentarias de Venezuela es demasiado fuerte para que se pretenda ocultar los errores cometidos por la izquierda. Sin subestimar sus logros, teniendo presente que durante este período 58 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y 28 millones de la indigencia.

Cuando hablamos de las perspectivas de la izquierda, no nos referimos sólo a gobiernos y partidos. Tenemos que integrar en la reflexión a la diversidad de fuerzas sociales que han protagonizado las múltiples luchas que caracterizan esta etapa. Luchas de los trabajadores, movimientos feministas y de la diversidad sexual, luchas por el ambiente, por la salud y la educación, por el derecho a la ciudad, por los derechos de los pueblos indígenas, contra el racismo y la xenofobia, por los derechos humanos de antes y de ahora, por la descentralización participativa, el cooperativismo y la autogestión. Y la siempre vigente lucha de clases, que algunos piensan obsoleta, mientras ejemplos como la reforma laboral de Michel Temer rompen los ojos.

Existieron diferentes formas de hacer política durante este período si analizamos su aporte a procesos de mayor democratización de la sociedad y el Estado. La calidad de las democracias y la evolución de la sociedad estuvieron marcadas por modificaciones mayores o menores en las estructuras políticas y sociales, así como en el desarrollo de prácticas removedoras en esos planos.

La reducción de la política a la acción de gobierno tiene efectos limitantes sobre el conjunto de la estructura social y sus actores. El papel de las fuerzas sociales en relación con los problemas generales de la sociedad, es decir, sus prácticas políticas, son deslegitimadas en esta concepción por salirse de las reivindicaciones corporativas. El pragmatismo, el gerencialismo en la gestión del Estado y la renuncia anticipada a cambios mayores es una ideología que postula la neutralidad y la apoliticidad de estos procesos, y da pie a múltiples lógicas de gobierno en las que predomina el piloto automático y la tendencia a “hacer la plancha”.

Por otro lado, en estos procesos se ha creado un conjunto de formas de participación social, ámbitos de consulta, negociación, proposición y representación que habilitaron la intervención de diversos actores sociales. Estas experiencias permitieron, en algunos casos, recuperar la política como práctica colectiva sobre los problemas de la sociedad. De diversas maneras este tipo de prácticas contribuye a construir la noción de pueblo, pensado como proyecto histórico y lucha por la hegemonía (son fermentales los aportes de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en este tema).

Existen múltiples formas de lucha por lo público y los bienes comunes. Lo público no es sólo lo estatal, sino también lo común, lo que forma parte de la comunidad. Hay experiencias muy ricas de recuperación de lo público frente a las privatizaciones neoliberales, las apropiaciones oligopólicas y el saqueo liso y llano de la naturaleza, así como formas de construcción de espacios “públicos no estatales”. La idea del “buen vivir” es un tema en debate que problematiza, entre muchas cosas, la lógica consumista como propósito de la vida.

Utopías reales

Las luchas hacia la democratización profunda de la sociedad y el Estado no son meras etapas, sino respuestas a problemas de fondo del mundo actual y también parte esencial del proyecto futuro. Más que en el modelo autoritario, verticalista, patriarcal de pensar una sociedad poscapitalista, vale la pena inspirarse en la imagen de rizoma, que Gilles Deleuze toma de la botánica, en lugar del árbol tradicional, con copa, tronco y raíces. Se trata de construir reformas estructurales con contenidos revolucionarios en cada campo, “utopías reales” (Olin Wright) que fortalezcan con sentido emancipador el entramado social, cultural y productivo. Sin dejar de lado la centralidad del poder político, pero sin aislarlo del conjunto de los campos en disputa.

El futuro de los partidos de izquierda está lleno de dilemas: a) mantener su accionar político hacia y con la gente en lugar de quedar reducido a las instancias parlamentarias o de gobierno; b) organizar la rebeldía, la acción colectiva sobre los problemas existentes, o defender el statu quo del que llegaron a formar parte; minimizar los problemas defendiendo la gestión propia o ser los primeros en señalar las desigualdades y las fracturas que subsisten y convocar a participar en su solución; c) sostener la iniciativa política e impulsar temas a la agenda pública, en lugar de dejar ese espacio a la derecha o hacer seguidismo del gobierno; d) ampliar la lucha ideológica por los valores con que se construye la sociedad y se hace política, en vez de ceder a la tentación desideologizante en la gestión estatal; e) prevenir y combatir las formas de corrupción, en lugar de ocultar, dejar pasar o tolerar; reafirmar una y otra vez la ética en la política; f) impulsar fuertemente la reflexión y el debate teórico y programático sobre los procesos en curso a nivel internacional y nacional, y desarrollar un pensamiento crítico y autocrítico que rescate y valore los avances que se van logrando; g) ampliar su vínculo con las organizaciones populares y contribuir a la afirmación de un bloque social de los cambios, asumiendo también sus contradicciones; h) defender la unidad de la izquierda, con mecanismos democráticos de funcionamiento y construcción común, debates francos y unidad de acción.

Insisto con las preguntas. ¿Cuáles han sido las formas de democratización de la política y la sociedad promovidas durante esta década “progresista” en América Latina? ¿En qué medida han logrado incidir en las políticas públicas, en la agenda de derechos, en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, en una democracia que se amplíe y renueve con estos componentes? ¿Qué factores de estos procesos pueden abrir nuevas posibilidades de transformación social y política y cuáles pueden generar debilidades y retrocesos en el próximo período?

Hay algunos campos donde se condensan los nudos problemáticos de los procesos políticos y societarios de la última década latinoamericana. La reducción de la pobreza y la indigencia es un aspecto central de las transformaciones. ¿Por qué no podemos plantearnos la erradicación total de la pobreza en Uruguay? ¿Dónde están los impedimentos, cuando logramos hacerla descender de 39% a 9,3% de la población?

Nunca puede minimizarse lo que sucede en las relaciones de trabajo; en los procesos de sindicalización; en la mejora en la cantidad y calidad del empleo; en la evolución del salario real, del salario mínimo, de la seguridad y salud laboral. Como bien saben los trabajadores, cada avance debe valorarse, sin por ello conformarse con lo logrado.

Se destaca la llamada “nueva agenda de derechos”, con las luchas de las mujeres, los movimientos por la diversidad sexual, las políticas de drogas y la regulación del cannabis, las luchas ecologistas, las que plantean el derecho a la ciudad. Y las luchas por los derechos de los pueblos indígenas y en defensa de la Madre Tierra, que asumen en este período una dimensión diferente.

Los cambios estructurales en campos como la salud y la educación son fundamentales para convertirlos en derechos universales, bienes públicos, obligaciones del Estado y al mismo tiempo construcciones sociales complejas con múltiples actores.

Otros cambios significativos son los hechos en la matriz productiva al diversificar la economía, evitar el mero extractivismo, impedir la concentración del capital y la riqueza, e incorporar un sector cooperativo y autogestionario fuerte. El modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico sin límites debe ser replanteado en sus fundamentos y en sus consecuencias.

Los problemas socioambientales son una de las amenazas más trascendentes de esta globalización capitalista a la vida en el planeta. Los principales desafíos de nuestra época son el auge de las desigualdades y el calentamiento global; urge reorientar los fundamentos de la globalización desde esta base.

La democratización de los medios de comunicación, así como de la financiación de los partidos y las campañas electorales, la transparencia y el control social sobre el Estado, y la reforma del Poder Judicial son capítulos fundamentales. Las políticas de la derecha sobre seguridad son un factor de fractura social e incremento de la violencia, pero ¿cuáles son las políticas de la izquierda en relación con la convivencia y la seguridad? Ambos aspectos entrelazados son derechos humanos y no pueden subestimarse.

Uno de los ámbitos generalmente desestimados por muchas concepciones de la política es el que refiere a la descentralización participativa, la gestación de un entramado territorial integrado, denso, solidario, que significa la democratización del poder en espacios comunitarios. Es también el derecho a la ciudad, del que habla David Harvey, según el cual el espacio público es un ámbito de deliberación, democratización e integración social.

¿Cómo se construyen políticas públicas con y desde los movimientos populares? Es un aprendizaje que implica interactuar con el Estado (entendiendo que no es algo monolítico, sino que tiene contradicciones) sin plegarse y subordinarse a él, sin convertirse en un mero apéndice. No sólo se trata de resistir, sino también de proponer, elaborar, difundir, movilizar en el sentido más amplio y diverso. Cuando el gobierno es de izquierda, con más razón hay una alianza fuerte y compleja a construir.

La derecha neoliberal, rampante en el mundo y en América Latina, está imponiendo sufrimientos y fracturas mayores en la sociedad. Enfrentarla con un abanico amplio de alianzas es un tema prioritario.

Desde la izquierda, Erik Olin Wright afirma bien que la democracia es el problema esencial y el mecanismo central para superar el capitalismo. Si el socialismo como alternativa al capitalismo implica democracia económica, es fundamental que la democracia se democratice, al decir de Boaventura de Sousa Santos, reinventándola. Con la reflexión crítica de las experiencias del siglo XX, el socialismo debe ser pensado en términos de poder social, protección de los derechos humanos y democracia radical. Las luchas contra las concepciones patriarcales, contra la violencia hacia niños y mujeres, contra la discriminación hacia orientaciones sexuales diferentes, contra las políticas autoritarias sobre drogas, contra el racismo, contra la destrucción del medioambiente son parte fundamental de las contradicciones, las rebeldías y las movilizaciones actuales. Como también lo es la lucha de clases. De múltiples formas, estas luchas se entrelazan en el plano político.

Aceptemos que hay una crisis teórica del pensamiento de izquierda, del pensamiento crítico. Al mismo tiempo, la riqueza de las luchas actuales genera condiciones para su profundización y la experiencia latinoamericana es uno de los cauces fermentales. El concepto de hegemonía aparece como una herramienta necesaria para pensar esa diversidad de luchas y refundar el proyecto poscapitalista sobre la idea fuerza de una democratización profunda de la sociedad.

Publicado en La Diaria/Dínamo 25 • sept. • 2017

SURCADOS POR ARAÑAZOS por Adriana Cabrera Esteve

“En esta ola de recuerdos que refluye la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. […] Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas”. (Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino)

El 29 de junio tomó estado parlamentario el proyecto de Ley de Sitios de la Memoria Histórica. Fue presentado por el senador Marcos Carámbula y discutido y consensuado por la Red Pro Sitios de Memoria, que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, el Museo de la Memoria, la Asociación Ágora, la Fundación Zelmar Michelini, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, el Área de Derechos Humanos de la Universidad de la República, el Servicio Paz y Justicia, entre otros.

El proyecto de ley es otra iniciativa que se articula con la ya existente 18.596, sobre la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, que reconoce su responsabilidad en cuanto a los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado y el derecho de las víctimas a la reparación. En su artículo 8, establece: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.

La creación de instancias, sitios y marcas es una herramienta importante para las políticas públicas de memoria, que aportan a la reparación simbólica de las víctimas del terrorismo de Estado, con el objetivo de devolverles su dignidad y deconstruir el relato dominante durante décadas, así como al conocimiento de la verdad y la realización de la justicia. En Uruguay, la mayoría de las veces, estas iniciativas han recaído en las víctimas o sus familiares. La Marcha del Silencio, al cumplirse los 20 años del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, fue y es una de las principales manifestaciones de memoria y tuvo como principales protagonistas a los familiares de los desaparecidos y los asesinados. El Memorial de los Desaparecidos se inauguró el 10 de diciembre de 2001 en el Parque Vaz Ferreira, del Cerro; fue promovido por una comisión nacional y auspiciado por la Intendencia de Montevideo (IM), la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. El Museo de la Memoria, en lo que fuera la casaquinta del dictador general Máximo Santos, fue también un proyecto de organizaciones sociales en conjunto con la IM. Los cambios en el nomenclátor no sólo respondieron a iniciativas de los diferentes niveles de gobierno, sino también a impulsos locales de vecinos y familiares de las víctimas. Así se incluyó en la memoria colectiva del territorio a Héctor Gutiérrez Ruiz, a Zelmar Michelini, a Walter Medina, a Enrique Erro, a Líber Arce, a Washington Pérez, a Susana Pintos, entre otros. Las marcas de memoria que encontramos en varios lugares, por ejemplo a las puertas del teatro El Galpón o en el Obelisco de los Constituyentes de 1830, son el resultado del proyecto Memorias de la Resistencia, impulsado por referentes de la sociedad civil. El Memorial para los Desaparecidos de Mercedes, inaugurado el año pasado, fue también una iniciativa de las organizaciones de derechos humanos.

La mencionada ley 18.596 habilitó más recientemente a colocar marcas de memoria en los lugares de represión. Diversas iniciativas han sido presentadas ante la Comisión Especial del Ministerio de Educación y Cultura, con resultados positivos, y las marcas fueron instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional, por ejemplo, la de la Cárcel de Cabildo o la de la Dirección de Información e Inteligencia Policial.

Crear y educar en un nuevo relato que incorpore la verdad histórica supone estos espacios de homenaje y reconocimiento. Sin embargo, es de anotar la inexistencia en Uruguay de espacios de memoria en los lugares que fueron centros clandestinos y no clandestinos de represión, como la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotoras Orletti, en Argentina, y el Memorial de la Resistencia de San Pablo en Brasil, donde antes funcionara el Departamento de Orden Político y Social. La iniciativa del Espacio Memorias para la Paz que pretendía crear un Museo para la Paz en la cárcel de Punta de Rieles y su entorno tuvo que conformarse con la plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles.

En estos momentos hay dos iniciativas en curso. Una es el sitio del Servicio de Información de Defensa, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura. El edificio perteneció luego al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y hoy aloja a la INDDHH. Por allí pasaron los secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, en su mayoría aún desaparecidos. El lugar fue adaptado para el funcionamiento del CALEN primero y para la INDDHH después. Del relato de los sobrevivientes surge que casi no quedan huellas de cómo era entonces. La otra iniciativa proviene del Museo de la Memoria, que pretende construir un sitio abierto al público en el galpón 4 del Servicio de Material y Armamento, conocido como 300 Carlos o Infierno Grande, donde fueron torturados y asesinados presos políticos durante la dictadura. En el predio lindero al Batallón 13 fueron encontrados los restos de Fernando Miranda. La Red Pro Sitios de Memoria impulsa otros proyectos similares, cada uno con sus particularidades.

Creemos que la invisibilidad de esos espacios físicos contribuye a ocultar el pasado reciente. Los sitios de memoria son “una herramienta para la materialización de los hechos allí ocurridos”, reza el proyecto; de ahí la importancia de una ley que los resguarde. No sólo a los efectos de encontrar restos de desaparecidos, sino también de visibilizar el modus operandi de los represores y los rastros en muros y pisos que muchas veces subsisten a pesar de la pintura. Los sitios son escenarios de crímenes y como tales deberían haber sido tratados, para permitir a las víctimas su reconocimiento, para hacer estudios periciales y para crear equipos multidisciplinarios que determinasen las medidas necesarias para evitar su deterioro.

La memoria está unida indisolublemente a la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso los espacios físicos donde se cometieron violaciones a los derechos humanos deben ser preservados también como evidencia y se debe garantizar su accesibilidad y su intangibilidad. En Uruguay hay medidas que impiden innovar sobre algunos predios militares. Sin embargo, el transcurso del tiempo, el pacto de silencio de los militares y el ocultamiento de información han tenido como consecuencia su manipulación, transformación y a veces desaparición; es el caso de la casona de la calle Millán (Millán 4269), donde actualmente existe una cooperativa de viviendas.

Al mismo tiempo, la derecha, lejos de establecer una mirada autocrítica sobre el pasado, se ha reafirmado en su discurso, lo ha fortalecido con un equipo de abogados y expertos, y lo difunde a diario en las redes por medio de un grupo de trolls creados para tal fin. La omertá es, a esta altura, una patología con visos de cronicidad de nuestra democracia. Dos testimonios recientes de soldados parecen ser una grieta en esa pared oscura. Disputar ese relato con evidencias, existentes, por cierto, explayarnos y enriquecer la defensa de las libertades democráticas es un imperativo del momento político nacional e internacional.

La reconstrucción de la verdad tiene una dimensión personal y una dimensión colectiva. Es una verdad dinámica que cambia con nuevos aportes, a veces de las víctimas, a veces de los vecinos, a veces de la comunidad. Esa verdad siempre precaria es un derecho de la ciudadanía, derecho a conocer los hechos y a hacerse cargo de su pasado, derecho a construir su identidad con ella. Una identidad difícil de objetivar, por lo dolorosa y traumática, pero necesaria para no repetir errores y estar alerta ante propuestas revisionistas. Estos sitios contribuyen a educar en derechos como garantía de no repetición y, en diálogo con la comunidad, a construir nuevas subjetividades. El cambio de uso de estos lugares crea nuevas relaciones y resignifica el territorio. Estas transformaciones siguen siendo un debe. Por otra parte, no deja de indignar la lentitud pasmosa con la que los gobiernos progresistas han avanzado en el análisis de los archivos, el sometimiento a la justicia de los responsables y la construcción proactiva de la memoria como garantía de un nunca más al terrorismo de Estado. Quizás estemos aún a tiempo de dar un giro a la situación. Nutrirnos de expertise, decisiones políticas y ejecutividad, y volcar los recursos materiales y humanos suficientes para desentrañar nuestro pasado.

Hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976
Publicado en Dínamo/ La Diaria el 28/8/2017

EL PODER DEL CONOCIMIENTO por Ignacio Martínez

Así como la esencia de la angurria empresarial capitalista es dominar cada vez más la producción, concentrar la riqueza y poseer cada vez más mercados, la esencia del poder de las corporaciones del saber, es ser dueños del conocimiento y de la información, e incidir y determinar la construcción de la cultura de los pueblos.

Esos poderes están cada vez en menos manos. Se retroalimentan. Los dueños de los medios de producción se alían con los dueños de las grandes cadenas informativas y de los centros informáticos que pueden decidir con mayor o menor sutileza, qué vemos, qué oímos y qué debemos saber.

Esta construcción del pensamiento desde las usinas ideológicas del poder, no es nueva. Se ha venido procesando con la misma evolución de lucha entre las clases beligerantes. El mayor triunfo de la dominación es que, al fin del camino, el dominado quiera parecerse al dominador.

Al faraón o al césar no sólo les interesaba poseer la fuerza de los esclavos, sino también que los mismos sometidos se sintieran complacidos con el lugar social que les asignaban. Por supuesto que nada fue sencillo y, al igual que hoy, la prédica ideológica, convincente y sojuzgadora del poder, se combinó con la fuerza militar dominante.

En la actualidad, aún dentro de la burda barbarie, la dominación es más sutil. Cuando  estamos infinitamente comunicados, cuando tenemos acceso a la más variada información, cuando parece que se estuviera globalizando el conocimiento, la verdad es que se está imponiendo un modelo de vida, una manera de ver el mundo, un pensamiento único, el de los propietarios del conocimiento.

Como ejemplo vemos que la educación debe estar al servicio del mercado de trabajo. Serás ingeniero en apretar tuercas. Tendrás un título universitario, sí. Pero de la formación universal, nada. Del conocimiento de la historia, nada. De tus orígenes y tu cultura y tus raíces, cada vez menos.

El sistema te dará lo necesario para que vivas y produzcas esencialmente siempre al servicio de que te conviertas en un adicto consumidor.

Las industrias armamentistas y farmacéuticas (hoy también dueñas de grandes corporaciones agroindustriales), fabricarán guerras locales para vender, dividirán el mundo en productores de materia prima, en centros industrializados y en grandes mercados de consumo.

Se busca imponer una cultura alimentaria, de hábitos y costumbres, de modelos de vida, de cultura cinematográfica, musical, literaria, donde también las artes sean una mercancía.

Así como se quieren apropiar de las semillas y de los yuyos, también quieren digitar nuestras manifestaciones culturales y artísticas, y nuestros conocimientos.

El asunto es que lo aceptemos así, tal cual es. El asunto es que nos deslumbremos con el modo de vida americano o finlandés o neozelandés o… y nuestras aspiraciones de vida sean siempre individuales, nunca colectivas. El asunto es que comamos esa comida o nos vistamos de esa manera o nos deslumbremos con esas culturas, resignándonos a que las cosas son así y no pueden ser de otra manera. El proceso de aggiornamento del capitalismo hoy es ideológico, poseyendo el saber como resorte fundamental del poder. Esto, salvo matices, es igual para el eje de EEUU, de Alemania, de China y Japón.

El otro día en una escuela de niños muy pobres hablamos de lo peor del mundo. Salieron a luz muchas cosas (la guerra, las drogas, los robos), pero no salió en ningún momento la pobreza.

Publicado en Voces 17/8/17

 

HABÍA UNA VEZ UNA DEMOCRACIA… por Ignacio Martínez

 …que se creía que era la única, la mejor, la insuperable. Así lo han predicado desde 1830 los fundamentalistas de esta democracia, (con sus variaciones en 1918, 1933, 1942, 1952 y 1967).

Francia y EEUU han sido tomados como referencia, sin importar la Francia colonialista que se burló de la liberté, égalité, fraternité, dominando y masacrando a los pueblos de Vietnam, Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea, Malí, Níger, Chad, República Centroafricana, República del Congo, Dominica, Haití, para nombrar algunos.

El democrático EEUU ha invadido países de todos los continentes. Lanzó las bombas atómicas en Japón en agosto de 1945. Mantuvo su prédica del milagro americano, exterminando y reprimiendo en su propio territorio a las poblaciones autóctonas y negras.

Esta es la democracia representativa que nos han inculcado como la única, la mejor. Cada cinco años se cambian presidentes, ministros, secretarios y  asesores. Cada cinco años cambian los senadores, los diputados, sus secretarios, los intendentes y los curules. Entonces los programas cambian, las estrategias cambian y los nuevos funcionarios de la democracia se enarbolan en nuevos planes.

Sin embargo en esta democracia los dueños de la tierra no cambian, los dueños de los bancos no cambian, los dueños de los medios de información tampoco cambian.

Cuando uno propone nuevas democracias, ponen el grito en el cielo. ¿Eliminar el senado? No. ¿Hacer una democracia más participativa que representativa? No. ¿Poder rendir cuenta a mitad del período y sustituir a quien el pueblo decida? No. ¿Eliminar el veto presidencial? No. ¿Hacer una democracia más parlamentaria y menos presidencialista? No. ¿Que los ministerios se nutran de colectivos de gente directamente vinculada a su materia? No.

Quisiera ver trabajadores y pequeños y medianos productores en el Ministerio de Ganadería y en el Ministerio de Industria. Quisiera ver maestros, profesores y gente de la cultura en el Ministerio de Educación y Cultura. Sería bueno tener representación de los diversos órdenes en todos los organismos, como es en la UdelaR o en el BPS.

Quisiera que la comunidad organizada tuviera directa incidencia en cada resorte de decisión y de puesta en práctica del Programa de gobierno. Eso nos haría mejores y protagonizaríamos la construcción de nuestras propias vidas, nuestra ciudadanía y nuestro país.

Para eso se debería transformar la Constitución, se debería elegir una Constituyente como acaba de hacer el pueblo venezolano ejerciendo su voto no obligatorio, amparándose en la Constitución vigente y apoyándose en verdaderos principios democráticos y no en hipócritas a sueldo, amantes de falsas democracias que, por ejemplo, hace unos días llamaban al pueblo de Venezuela a que no fuera a votar. Más de ocho millones de venezolanos hicieron oídos sordos. Hoy Venezuela avanza hacia una nueva democracia más participativa, acrecentando su sentido de pertenencia. El debate está abierto.

Publicado en Voces

LA SALUD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL por Pablo Anzalone

La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha sido una de las principales transformaciones estructurales del país. No sólo dio respuestas a una grave crisis en el sector, sino que además abrió un camino de cambios cuyos efectos positivos sobre la salud de la población son muy notorios.

Diez años después, la situación es compleja. Uno de los aspectos más importantes a analizar es la gobernanza del sistema. En los últimos años no existió un ámbito amplio de debate y reflexión sobre avances y temas pendientes en el SNIS. Desde la mirada de muchos actores, ha faltado claridad en las líneas prioritarias de avance y la hoja de ruta para implementarlas. Ambos elementos son fundamentales para sumar fuerzas y enfrentar las campañas que buscan socavar al SNIS. Organismos importantes para el trabajo interinstitucional y la participación social, como la Junta Nacional de Salud (Junasa), las juntas departamentales de salud (Judesa) y las juntas locales de salud no tienen la incidencia necesaria en las políticas ni en campañas específicas que den respuestas a los problemas y construyan un nuevo modelo de atención que sustituya al viejo modelo, basado en el lucro, por otro que prevenga la enfermedad y promueva la salud. Iniciativas que significan pasos muy positivos, como la definición de Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN), mantienen bajo perfil ante la gente. Los actores sociales no fueron consultados para elaborarlas y aprobarlas, y no han sido asociados públicamente a planes y acciones para alcanzarlas.

Por otro lado, a nivel de las organizaciones sociales de la salud, el panorama hasta 2017 era de dispersión, sin reflexiones ni propuestas conjuntas. Los avances del Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos en 2011 no se pudieron potenciar en este período. Al mismo tiempo, la derecha lleva adelante campañas sistemáticas de ataque al SNIS en tres áreas sensibles: el acceso a la medicación de alto precio, el llamado “déficit del Fonasa” y la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Las implicancias de estas acciones con el lucro de determinados sectores empresariales de la salud son muy claras, hacen un uso demagógico del dolor de pacientes y familiares. Especial destaque merece el llamado “complejo médico industrial”, que induce la demanda de medicamentos que no aportan mejores resultados a los ya existentes.

Cambios positivos

En 2017 se produjeron varios cambios en este escenario. En marzo, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) solicitó una reunión con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en la que presentó un conjunto de propuestas y planteó la necesidad de convocar a un diálogo nacional sobre la reforma de la salud. Esta movida apuntaba a centrar la agenda en los temas de fondo mediante un ámbito participativo que reflexionara sobre los nudos críticos, abriera debates, buscara acuerdos y tuviera consecuencias en materia de líneas de acción para el SNIS. El Ministerio de Salud Pública (MSP) tuvo la claridad de ver este escenario, responder positivamente y generar las Jornadas de Diálogo “A diez años del SNIS”. Con muy escasa difusión mediática, estas jornadas han sido fructíferas: el MSP presentó documentos sobre todos los temas y también lo hizo la FUS en confluencia con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, los movimientos de usuarios y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).

Otros dos procesos contribuyeron al cambio del escenario. Dos iniciativas del Instituto de Formación Sindical de la FUS, el Curso de Profundización del SNIS y el Foro Debate sobre Modelo de Atención dieron una amplitud mayor al diálogo social y abrieron la posibilidad de participar en estos debates en todo el país, mediante videoconferencias y talleres de discusión local. Esta metodología permitió un intercambio enriquecedor. La participación de varios cientos de trabajadores y usuarios en estas jornadas fortaleció los vínculos entre las organizaciones sociales y su capacidad de propuesta.

Por otro lado, el PIT-CNT se involucró activamente en este proceso y superó cierta prescindencia anterior en los temas de salud. Convocó a los sindicatos del sector y al Instituto Cuesta Duarte a elaborar una plataforma programática común, que fue discutida, acordada y presentada con los movimientos de usuarios, la ONAJPU y el Sindicato Médico del Uruguay. Estas propuestas se hicieron públicas el 11 de julio en un PIT-CNT repleto, un paso relevante hacia la concreción de un Frente Social de la Salud.

La reflexión programática, la capacidad de propuesta, la sumatoria de fuerzas sociales y el diálogo con las autoridades del MSP dieron un salto en calidad. ¿Hasta dónde se avanzará en este camino? Depende de varios protagonistas; en particular, de la unidad y la movilización de los actores sociales y del posicionamiento del Poder Ejecutivo. No hay una única respuesta.

Los actores sociales no se limitan a reclamar que el gobierno haga más y mejor las cosas, también demandan participar más en la construcción de esos cambios. La formación de trabajadores y usuarios para poder participar es una necesidad sentida por los protagonistas; se está avanzando en ese plano, con mayores puentes entre ellos. La debilidad de no tener líneas claras y comunes para influir en los espacios del SNIS es una percepción compartida, que puede volverse una fortaleza en el próximo período. Construir una masa crítica de activistas sociales con mayor capacidad de reflexión y acción no sólo es necesario, sino también posible.

Prioridades para construir salud

La plataforma programática de los movimientos sociales plantea un conjunto amplio de medidas para avanzar en el modelo de financiación y, sobre todo, en los modelos de atención y gestión. La complementación entre efectores públicos y privados, las políticas de recursos humanos, la rectoría del MSP, la profesionalización de la gestión, las políticas de medicamentos y tecnología, los frenos al mercantilismo y el lucro, una financiación que avance en equidad y respalde los cambios en el modelo de atención son cuestiones fundamentales.

¿Cuál es el campo más trascendente de transformaciones en el próximo período? En mi opinión, el involucramiento de la sociedad en la construcción de su salud. Ese empoderamiento social ha sido priorizado en varias de las conferencias internacionales de salud desde Alma Ata en adelante. Es una de las ideas centrales del cambio del modelo de atención y gestión propuesto por el SNIS y en la que aparecen más carencias. La participación social amplia no es un mero complemento de la labor técnica, sino una concepción de qué es la salud y cómo se construye. Al mismo tiempo, es un proceso complejo: no se reduce a tener representantes sociales en los organismos, sino que apunta a la sociedad toda.

Por eso, el acuerdo del Frente Social plantea campañas y acciones que promuevan la participación de la población y sus organizaciones en una estrategia integral hacia los 16 problemas de salud priorizados (15 bien señalados por el MSP, y salud bucal, que debe agregarse). Los OSN requieren que se implementen planes integrales de salud para alcanzar sus metas.

Se propone también fortalecer el rol de las juntas departamentales y locales de salud, y asegurar su capacidad de definición de los problemas prioritarios de salud en cada departamento, con una metodología participativa, sobre la base de un diagnóstico local y en consonancia con los OSN. En base a esa priorización de problemas, las Judesa deben resolver líneas de acción conjuntas organizadas en planes departamentales con compromisos concretos. Sin olvidar que, además de la articulación interinstitucional y social, dentro del sistema de salud se necesita coordinar intersectorialmente las acciones con los sistemas educativo y de cuidados, con los gobiernos departamentales y municipales, y con otros actores.

Falta una actitud proactiva y una conducción que genere mayores formas de participación del conjunto de la sociedad en los problemas de salud. Las asambleas de salud, previstas en el decreto reglamentario de las Judesa, no se han impulsado adecuadamente en todo el país; tampoco otras formas de participación comunitaria, algunas inexistentes aún en la institucionalidad legal del SNIS, pero con una vitalidad que hay que reconocer y generalizar. Es el caso de las redes de salud con base territorial. Es un desafío para la Junasa y las Judesa acercarse, apoyar, interactuar y aprender de ellas. La construcción de esas redes locales enfrenta dificultades, pero también tiene un gran potencial. Para ello se precisan más ideas y recursos, y, sobre todo, sumar más fuerzas convencidas de ese rumbo. Esos crecimientos en la base tienen que poder influir más en el SNIS, en la opinión pública y en la escena nacional. Hay una batalla cultural. Es más que comunicación: es el contenido de las políticas de salud y su interacción con la sociedad. No son problemas técnicos, sino eminentemente políticos y sociales. Crear una agenda pública en salud es construir un relato que unifique las múltiples acciones en salud, que les dé sentido para la población, que fije prioridades e insista en el involucramiento activo de la sociedad por medio de formas variadas. La producción de conocimientos nuevos es necesaria para que los actores puedan reflexionar, corregir, ampliar, insistir, pensar el largo plazo y lo cotidiano. Las dimensiones de la participación social en salud se proyectan al conjunto de las luchas democratizadoras de la sociedad y del Estado, a la nueva agenda de derechos, a las movilizaciones feministas, a las luchas obreras y populares. Como señala Erik Olin Wright en Utopías reales(2010), la democracia y el poder social están en el centro del problema de la transformación hacia una alternativa emancipadora, y es preciso explorar las vías institucionales heterogéneas para llevarla adelante. Es una forma de hacer política que estamos necesitando imperiosamente en muchas áreas de la vida ciudadana.

Publicado en Dínamo / La Diaria el 24 de julio de 2017

EL PEOR ENEMIGO: LA TENTACIÓN DEL PILOTO AUTOMÁTICO por Miguel Fernández Galeano

Uruguay avanzó en los últimos diez años en un proceso de transformación estructural de su sistema sanitario. El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha consolidado cobertura y acceso universal de atención a la salud, a partir de una red integrada por 46 prestadores públicos y privados, que aseguran explícitamente el acceso a un amplio plan de beneficios con prestaciones de baja, mediana y alta complejidad, definidos en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), con una garantía financiera que cubre a todos los usuarios del sistema. Después de más de 70 años de aprobada la Ley General de la Salud, el país se animó a establecer una norma integral capaz de considerar a la salud un derecho humano, un bien público y una responsabilidad de Estado y de gobierno.

La idea fuerza de la reforma se basó en una definición de la Conferencia Sanitaria Panamericana de 2002, que estableció la necesidad de “garantizar a todos los ciudadanos la protección social universal en materia de salud, eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades evitables en la cobertura, el acceso y la utilización de los servicios y asegurando que cada uno reciba atención según sus necesidades y contribuya al financiamiento del sistema según sus posibilidades”.

Conceptos largamente enunciados y siempre tan difíciles de materializar en la concreción de las políticas públicas. Ahora, luego de la reforma promovida por los gobiernos frenteamplistas, es una realidad política y social de Uruguay. Las decisiones políticas para el diseño y el resultado de este logro son:

• Se conformó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como fondo público mancomunado con aportes equitativos de trabajadores, empresas y el Estado.

• Se multiplicó por cinco el presupuesto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

• Se establecieron contratos de gestión y metas asistenciales de desempeño que garantizan la profundidad y la calidad homogénea de las prestaciones obligatorias para todos los servicios del SNIS.

• Toda la población accede a los mismos beneficios definidos en el Plan Integral de Asistencia Sanitaria.

• La inversión mensual por usuario está prácticamente equiparada entre los prestadores privados respecto de ASSE (cuando antes de la reforma era tres veces superior).

• Se superó la segmentación en función del perfil socioeconómico de la población y se logró mitigar la fragmentación y las debilidades de la red asistencial que caracterizaban la realidad previa a la reforma.

• 76% del gasto en salud proviene de fuentes públicas; el gasto por usuario es de aproximadamente 60 dólares mensuales, sin que esté condicionado o dependa de la capacidad de pago de este.

Los modelos de gestión y atención se han orientado gradualmente hacia la prevención y los principios de la Atención Primaria de Salud (APS) definidos hace tiempo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como eje central de atención en salud.

Todo esto no es menor. Tampoco frecuente en el contexto de los sistemas de salud de la región.

Navigare necesse est, vivere non necesse

Quedan brechas que cubrir. Componentes que reforzar para alcanzar una atención integral, integrada, continua, oportuna, sin barreras financieras en servicios del primer nivel y en toda la red. Ha habido avances en los modelos de calidad y seguridad del paciente, pero aún se deben fortalecer sus sistemas de información, gestión y evaluación.

Los recursos humanos en salud (desigualmente distribuidos en el territorio nacional) alcanzaron los 63 profesionales cada 10.000 habitantes en 2015. Hay un claro predomino de médicos (tres cuartas partes) en detrimento del número de enfermeras y parteras, que sigue siendo claramente insuficiente.

A pesar del empuje reformista, de la solidez técnica y política con la que se diseñaron e implementaron las etapas iniciales del SNIS, se imponen nuevos desafíos. Más allá del indiscutible apoyo social que tuvieron los cambios y de los resultados sanitarios e institucionales verificados, en el tercer período de gobierno del Frente Amplio se impone profundizar los cambios. Única forma de evitar el riesgo de estancamiento o, peor, de retroceso.

La tentación de poner el piloto automático es el peor enemigo. La idea de que la reforma se ha completado y de que sólo hay que seguir gestionando bien no sólo es incorrecta, sino particularmente peligrosa. No es siquiera capaz de reconocer los desafíos originados en los efectos de la pugna de intereses inherentes a las complejidades del sector. Eso ha existido, existe, y hay que reconocerlo para poder ir resolviendo de acuerdo con los fundamentos que tiene el SNIS.

Un paso: diálogo en salud

Las autoridades sanitarias nacionales y los principales actores sectoriales han entendido esto. Es una fortaleza haber construido una agenda compartida con grandes coincidencias entre los ejes de profundización y los desafíos recientemente anotados por el ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Basso, con diferentes documentos y declaraciones del Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Uruguaya de la Salud, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, el Movimiento de Usuarios, entre otros.

Queremos detenernos en la necesidad de fortalecer el rol de la autoridad sanitaria, capaz de asumir la conducción política, ejerciendo plenamente la rectoría y la gobernanza sobre el sistema en su conjunto.

Con la conformación del Fonasa, se buscó cubrir con equidad los riesgos sanitarios. A la vez, dotar al gobierno de la salud de la capacidad para evaluar el desempeño en cantidad, calidad y oportunidad de las prestaciones que ofrecen los servicios del SNIS. Se trata de hacer efectivo aquello de que el que maneja la plata ponga la música. Sin embargo, estamos todavía lejos de que la gestión del Estado sea garante del cumplimiento de derechos exigibles y del logro de servicios de calidad homogénea para toda la población.

Se vuelve impostergable dotar al Ministerio de Salud Pública de las capacidades y los recursos suficientes (financieros, humanos y técnicos) en el marco de sus competencias indelegables de conducción, regulación y fiscalización. Estimamos que a diez años de la reforma persisten debilidades en relación con los recursos humanos, materiales y tecnológicos para que se cumpla la “inteligencia sanitaria”.

Para una dedicación exclusiva de quien tiene que fiscalizar, las remuneraciones son bajas en relación con las competencias requeridas. La producción y el uso de estudios para tomar decisiones informadas es aún insuficiente. Surge la necesidad de la capacitación continua y la generación de masa crítica en alta gerencia dentro del equipo de conducción. Todo esto acontece en un escenario en el que actúan grupos corporativos con alto poder de presión y lobby, a nivel del sistema político y los medios de comunicación, que muchas veces prefieren un sistema con fiscalización pobre o que respondan al interés corporativo.

De igual modo que el Banco Central destina un porcentaje significativo de los recursos del sector financiero a su supervisión y control, no encontramos ninguna razón para que no se haga lo mismo al ejercer la rectoría de un sector en el que se invierten 5.000 millones de dólares y que ocupa directa o indirectamente a 10% de la población económicamente activa.

Es fundamental promover una ley de complementación asistencial entre prestadores públicos y privados que incluya la inserción del Hospital de Clínicas en el SNIS. No hay un sistema que funcione de manera articulada y sinérgica, sino una multiplicidad de efectores que comparten instrumentos comunes y valiosos (PIAS, Fonasa, contratos de gestión y Metas Asistenciales), pero que dialogan e interactúan muy poco entre sí. Muy por el contrario, compiten por la captación de usuarios, con estrategias publicitarias (altamente costosas) con lógica de mercado en cada instancia anual de movilidad regulada.

A pesar de la innegable unificación del modelo de financiamiento y de los avances en los modelos de gestión y atención, y de su vocación integradora, el SNIS mantiene niveles de fragmentación que continúan afectando tanto la equidad como la calidad y la sostenibilidad sistémica.

En materia de funcionamiento en red, hay que establecer obligaciones normativas que faciliten esta sostenibilidad, establecer precios de referencia que garanticen la equidad y mecanismos de compensación de prestaciones entre las diferentes instituciones.

Es necesario volver a jerarquizar la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud, apostar a la conformación a nivel regional de centros de referencia nacional que mejoren la calidad de la atención y habiliten la democratización del aprendizaje. Deben inscribirse estos esfuerzos de centralización-descentralización en el marco de redes integradas de servicios de salud, que impulsen la estrategia de la APS, que potencien el primer nivel de atención y los equipos de salud con una responsabilidad programática nominada en base territorial y comunitaria.

El cuidado de los cuidadores

Destacamos que no es posible profundizar el proceso de reforma sin responder a las necesidades, las demandas y las expectativas de los trabajadores de la salud.

Es necesario promover una ley marco que contemple integralmente sus derechos y obligaciones. Se trata de establecer reglas de juego claras basadas en necesidades sanitarias en función de los modelos de atención y gestión que sustenta la reforma. Una ley que sea capaz de internalizar un plan director de largo plazo de recursos humanos que, desde la perspectiva del interés colectivo y desde la sociedad, sean capaces de establecer el más amplio consenso en relación con la formación, el número y la distribución equitativa en territorio. En materia de condiciones laborales, debe apuntarse a resolver la concentración del trabajo profesional y el multiempleo, que afectan tanto la calidad como las condiciones de trabajo.

En suma, la continuidad de la reforma depende de su profundización. El piloto automático es empantanarse. Hay que asumir que, siendo un espacio de disputa con intereses diversos (algunos francamente hostiles a este modelo), se necesita diálogo e iniciativa política. La rectoría política para garantizar el enfoque de salud pública es central en este nuevo desafío. Los costos para ese fortalecimiento pueden salir del propio sistema, ya que apuntan a su integralidad y excelencia. La complementación asistencial obligatoria entre los servicios y una política de recursos humanos que apueste a la calidad, a la seguridad asistencial y a los cuidados de los cuidadores son los puntos principales para salir adelante.

Publicado en Dínamo / La Diaria el 24 de julio de 2017

DEBATES POLÍTICOS SOBRE LA REFORMA DE LA SALUD por Pablo Anzalone

El proceso de creación y desarrollo del SNIS permite analizar el accionar de fuerzas que apoyaron firmemente las transformaciones, fuerzas que se opusieron tenazmente y otras que contemporizaron, se plegaron a los avances consumados pero resistieron solapadamente otros, procurando realizar sus intereses en el nuevo contexto.

Un análisis interesante de escenarios y posicionamientos de los diferentes actores en el SNIS fue desarrollado por Guillermo Fuentes (2015) en las investigaciones promovidas por Facultad de Economía y OPS. Acá apuntaremos a otras dimensiones de la reforma relacionadas con su capacidad de hegemonía en la sociedad y con la participación social.

Las grandes tareas pendientes en un proceso de avance del SNIS en algunos casos no son las mismas de la etapa fundacional, en otros sí y sin duda no parten de una situación similar. Al mismo tiempo el status quo creado en estos años es también un factor de resistencia a los cambios.

Guillermo Fuentes (2015) en su análisis situacional del SNIS considera que si bien la primera etapa reformista tuvo una “gran coalición promotora”, una segunda etapa con una agenda más diversa y compleja debe construir otro tipo de coalición. Al mismo tiempo que desarrolla los diversos posicionamientos de los actores en relación a cada gran tema de la agenda sectorial, en su recapitulación Fuentes concluye que existe “algo así como un nuevo consenso en los aspectos más estructurales del sistema”.

Sin embargo la coyuntura regional y nacional cambió desde el momento en que se realizó ese análisis, y posiblemente en el mismo no se incorporó en la medida necesaria la variación en las estrategias de la derecha política y su articulación con grupos económicos y de poder dentro del sistema de salud. Un contexto económico más restrictivo, incrementa las pugnas distributivas dentro del sistema y un escenario de mayor confrontación política agrega elementos de cuestionamiento y rispidez en relación con la reforma. Ambas tendencias se han acentuado en los últimos dos años. No parecen razonables las hipótesis catastrofistas en el plano económico pero está claro que las condiciones externas del crecimiento, (y en particular los precios de los comodities) han variado.

Este nuevo contexto genera tensiones redistributivas entre diferentes sectores que se han beneficiado del crecimiento con distribución social de la última década. El enlentecimiento del proceso de reducción de la pobreza y la indigencia es un indicador preocupante, aunque dicho descenso continúa y alcanza a niveles históricos en el país (INE 2017).

Fue un tópico relativamente frecuente hace unos años evaluar ¿ cual es la fortaleza de los cambios sociales implementados en la primera década del siglo XXI ? ¿ qué sucedería en casos de acceso de la derecha a los gobiernos? ¿Hasta donde se puede arrasar con beneficios sociales para amplias mayorías, derechos conquistados (u otorgados) que pasaron a formar parte de la estructura social de cada país? . Sin embargo una parte de esta interrogante se ha ido respondiendo por vía de los hechos, haciendo la salvedad de que cada formación social tiene sus propios procesos.

Los gobiernos de derecha en Argentina y en Brasil son una muestra bastante clara de lo que significaría un cambio de este tipo. Indudablemente hay cambios estructurales en el SNIS que serían difíciles de desmantelar en un plazo corto. A diferencia de Trump es probable que las principales opciones de derecha en Uruguay se cuiden en las campañas electorales de prometer la derogación lisa y llana de un sistema como el SNIS que ha garantizado la cobertura de salud a la enorme mayoría de la población. Sin embargo eso no es garantía alguna de que, una vez llegados al gobierno, no lo destruyan formalmente en varias etapas o en los hechos desnaturalizando sus principales avances, reduciendo los recursos, cambiando radicalmente las políticas de salud. Alfredo Solari ex ministro de salud pública del Partido Colorado afirmaba recientemente (17 mayo 2017) que la reforma ha sido costosa e ineficiente, un “costoso fracaso que puede y debe ser revertido”.

Como siempre lo que pretenda la derecha depende también del nivel de resistencia y movilización de otros actores sociales y políticos.

Desde la oposición política de derecha se han desarrollado varias líneas de acción fuertes contra el SNIS:

a) Apoyar explícitamente y promover directamente movimientos para aumentar la utilización de medicación de alto precio, más allá de sus resultados terapéuticos. Este tipo de campaña tiene un alto contenido demagógico ya que pretende utilizar la desesperación de pacientes y familias para favorecer el ingreso de fármacos cuya utilidad no está comprobada o presentan una ecuación costo-beneficio muy negativa, con costos que recaen sobre los mecanismos de financiación del conjunto del sistema. En Uruguay el vademecum que responde al PIAS2 es muy amplio con un acceso que es responsabilidad de cada efector de salud, bajo supervisión del MSP. La medicación de alto precio es financiada por el Fondo Nacional de Recursos con principios solidarios y criterios técnicos 3.

Son iniciativas que responden a los intereses de las compañías farmacéuticas internacionales que lucran de forma exorbitante con este tipo de fármacos. La concepción subyacente es que los recursos (limitados) del sistema de salud deben canalizarse prioritariamente a esta clase de medicación o técnica de diagnóstico orientada a un pequeño número de patologías complejas en detrimento de las políticas de prevención y promoción, así como del Primer nivel de Atención, que deben resolver el 80 % de los problemas de salud. Se asegura el lucro de un sector poderoso, pero se postergan las necesidades de salud de la gran mayoría. Todo a nombre de una actitud humanitaria frente a situaciones puntuales.

b) Atacar permanentemente a ASSE y al sector público de prestadores de la salud. Es una campaña orquestada donde sectores políticos y grandes medios de comunicación suman fuerzas, para desprestigiar al principal prestador público. Si bien este tipo de ataques tiene vinculación con la concepción neoliberal antiestatal y en pro del Estado mínimo, hay una especificidad en la virulencia de la campaña contra ASSE: defender los intereses del empresarismo privado en la salud.

Junto a este componente hay un ataque sistemático a la participación social en la conducción institucional de entes de gobierno que está presente en el directorio de ASSE y en los Consejos del

Sistema Educativo. Estas campañas desestiman los avances de ASSE, ignoran sus aportes en materia de cobertura o de cambio del modelo de atención. Al mismo tiempo exageran sus problemas de gestión. Natalia Pereira 4señala que “entre los factores a tener en cuenta en la participación social está la fuerte oposición de algunos sectores políticos, que fue muy nítidamente expresado cuando se votó mi venia en el Senado para asumir como integrante del Directorio de ASSE (8/6/16). Para esas opiniones no tiene nada que decir ni nada que hacer un representante de los usuarios en un directorio” .

c) Cuestionar duramente al FONASA a partir del incremento del “déficit”, refiriéndose al aumento del aporte de Rentas Generales en el fondo tripartito (trabajadores, empleadores, Estado) sin tener en cuenta el ingreso de importantes contingentes de jubilados a la cobertura de salud, la incorporación de nuevas prestaciones y la reducción de tiques y órdenes.

Al mismo tiempo, en forma contradictoria y demagógica, en las discusiones parlamentarias algunos representantes se han alineado con las demandas económicas de varias instituciones de salud que reclaman más recursos para las mismas prestaciones que realizan actualmente.

Un ejemplo de manipulación de la información es la forma de presentar la detección de operaciones ilegales para cobrar cápitas de Fonasa por parte de estafadores que presentaban trabajadores de empresas inexistentes, así como la compra de afiliaciones por parte de algunas mutualistas. Desde algunos medios de prensa y operadores políticos se buscó difundir una imagen de descontrol en la gestión del Fonasa, que es en sí misma, un objetivo político (y se miminizó la participación de connotados integrantes de listas de la oposición en la estafa).

El Frente Amplio como fuerza política continúa en un período de desmovilización que le ha impedido denunciar las políticas de la derecha y convocar ampliamente a la población para debatir sobre los rumbos del SNIS y participar en campañas para avanzar hacia los principales problemas de salud del país. La reducción de la política a la labor de gobierno, ha minimizado las practicas políticas como acción de masas, aún en temas como la reforma de salud que tienen fuertes acuerdos a su interna.

En salud sucesivas conferencias mundiales de salud desde Alma Ata han puesto el énfasis en el empoderamiento de la sociedad respecto a la salud. “El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud”. Y promueve, “exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar”. Toda una estrategia de participación social y política, con plena vigencia en nuestro país.

En cambio en este período el movimiento obrero, las organizaciones de usuarios y la Onajpu han defendido la reforma y promovido su profundización. También criticaron algunos aspectos. Y están elaborando conjuntamente propuestas para atacar los nudos centrales del SNIS hoy.

1Este artículo se basa uno de los capítulos de una Investigación sobre Participación Social en Salud que llevamos adelante entre julio de 2016 y mayo de 2017.

 

2Plan Integral de Atención a la Salud. Conjunto de prestaciones de salud obligatorias para los efectores del SNIS

 

3El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es una persona pública no estatal creada por el decreto Ley N° 14.897 que brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto costo para toda la población residente en el país y usuaria del SNIS . Los procedimientos cubiertos se efectúan a través de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que son prestadores públicos o privados, que cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública

.4Representante de los usuarios en el Directorio de ASSE

Artículo publicado en EL DIARIO MEDICO julio 2017

DEL MALESTAR A LA ACCIÓN por Mílton Romani Gerner

“Todos cometemos errores. Y tenemos ese derecho. Lo que no podemos es endosarle esos errores a un proyecto colectivo. No hay derecho”. Breve, contundente y elocuente mensaje del maestro Yamandú Orsi. Muestra un camino. No callarse, decir con prudencia y hacer. Ser crítico, sin tirar el niño con el agua. Convertir malestares en caminos proactivos de acción frenteamplista.

Porque sus dichos, además, tienen la elocuencia de una gestión exitosa. Como también parece indicar, refrendado por exigentes encuestas (que muestran otras realidades patéticas) la de su par de Montevideo, el compañero Daniel Martínez, y su equipo. Esto no borra errores, ni faltas, ni yerros, sino que, reconociéndolos, va para adelante. Las gestiones departamentales de ambos compañeros se destacan por la acción política permanente, buenos equipos y una comunicación social destacada.

El peor enemigo, como afirma Miguel Fernández Galeano, es el piloto automático. Fue a propósito de las iniciativas para profundizar la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud que ha encontrado en el Diálogo por la Salud al Ministerio de Salud Pública con las organizaciones sociales (como la Federación Uruguaya de la Salud, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, el Movimiento de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y el Sindicato Médico del Uruguay) y sus aportes. ¿Polémicos? Obvio, pero que lanzan la acción. Subrayo estos ejemplos, como podrían ser muchos otros, que deberían sacudir la modorra y lanzarnos a la acción. Claro, se necesita Frente Amplio, gobierno y organizaciones sociales en diálogo, pero en acción. Cito este para trascender lo que puede interpretarse como postulaciones. Como también dijo Orsi, tenemos destacadísimos compañeros que podrían, en su momento, encabezar la campaña política electoral (Mario Bergara, Constanza Moreira, Mónica Xavier, Carolina Cosse, Alejandro Pacha Sánchez). El tema no son los nombres. Son los contenidos y el estado del alma frenteamplista, que contagie con imaginación y acciones concretas a la ciudadanía. Lo que haremos en base a lo que ya hacemos.

Un malestar recorre las filas frenteamplistas. Desconformes, críticos, desilusionados, alarmados, preocupados. Compañeros y compañeras que claman por volver a poner la política en los centros de mando. La situación en la región aporta componentes de alarma. Algunos gurúes aprovechan para festejar el fin del ciclo progresista. El regreso de la derecha no es el equilibrio ni la anticorrupción. La reforma laboral de Michel Temer y todas las medidas de Mauricio Macri muestran que las elites económicas vuelven con sed de venganza. No sólo para recobrar plusvalía, sino poder.

La queja. Con ese título, hace ya mucho tiempo, el querido compañero Joaquín Rodríguez Nebot escribió un sabroso análisis de este fenómeno psicosocial típicamente uruguayo: “Lo primero que salta a la vista es que el contenido del enunciado de la queja funciona como un objeto frustrante: el tema revela una carencia, una falta; o, dicho en otros términos, por allí circula un anhelo, un deseo que no es correspondido. Lo que aparece, entonces, es una actitud de espera, reflejando una cierta pasividad. Se espera que un tercero accione ante una demanda”. Es útil releerlo, aun cuando fue escrito, antes del ciclo frenteamplista, que pensábamos que podría remontar esta pasividad. Lo hizo durante un tiempo. Hay que recobrar la primavera de iniciativas.

No podemos “sentarnos a la puerta de la casa, como Job, a ver pasar el cadáver del imperialismo”. O ver pasar el cortejo donde la iniciativa y la hegemonía política cultural caigan en manos de la derecha. Perder la elección no sería lo peor. La fragmentación social y política que representaría, y el sufrimiento social y afectivo que supondría, serían demoledores. Unido a la pérdida de los derechos, beneficios, conquistas sociales, y con las desigualdades e inseguridad que nos traería un nuevo viejo gobierno de las elites.

Trascender el malestar implica superar la queja y dejar de esperar que lo haga un tercero. Está en nosotros mismos. Hay que potenciar lo bueno que hay, por aquello de que más vale un paso efectivo en la lucha que 100 programas. Algunos ilusos piensan que el posfrentismo, en sus infinitas variantes, es una salida factible. Sumando desilusiones y desesperanzas lo único que se acumula son derrotas. ¡Si lo sabremos! Nunca cuanto peor, mejor. Nunca. Rescatar los valores y acciones positivas que seguimos teniendo es la única razón del artillero. No se trata de barrer bajo la alfombra, donde la suegra no ve, sino de buscar puntos de apoyo para producir otros efectos. Se trata de pasar de un circuito vicioso a un circuito virtuoso; del malestar a la acción política permanente. Sobre el tema de la corrupción no puede haber dudas y deben recorrerse los caminos que den las garantías del debido proceso. Cobrar al grito o linchar no es bueno, precisamente, para combatir esta corrupción. Pero luego también hay que actuar en consecuencia, caiga quien caiga.

El derecho a equivocarse. Parecería que los políticos no podemos admitir nunca una equivocación. ¡Qué equivocados estamos! Porque aquel que admite un yerro, una falta, quien reconoce a viva voz su equivocación seguramente no recibirá la absolución ni la redención, pero sí el reconocimiento de la ciudadanía por el coraje de admitirlo. De igual manera, habrá que insistir en que comunicar es siempre preferible al hermetismo. Todo a su medida y adecuadamente. Pero si callamos, la agenda la hacen los otros.

La estupidez. Fernando Isabella tiene razón (ver http://ladiaria.com.uy/UOo). Nos equivocamos y cometemos estupideces. En este caso, por seguir un paradigma economicocentrista. No es hablando de economía que generaremos hegemonía. Es haciendo política. El síndrome antelarena lo demostró terminantemente. La racionalidad contable tiene repercusiones demoledoras en otros planos. Algunos economistas no han incorporado el principio de indeterminación de las ciencias duras. Siguen sin admitir que como observadores estamos inmersos en el campo, y eso nos implica. Es más, el pensamiento económico de avanzada revisa esta pretensión absolutista que ha caracterizado los desastrosos pronósticos en las últimas crisis. Dicen que las previsiones están atravesadas (¡vaya!) por deseos, emociones, presiones varias e improntas psicológicas propias de humanos. Basta de pronósticos económicos y de encerrar todo, absolutamente todo, en la lógica economista, comercial e inversionista.

Los hombres y mujeres vivimos de otras cosas, ilusiones y deseos. Nos gusta que nos traten bien y que se reconozcan nuestros méritos. Que nos digan: “Qué bien lo suyo, siga así”. La prolijidad económica del gobierno de Montevideo no fue el mascarón de proa de la gestión de Daniel Martínez, más bien tuvo bajo perfil. Sólo se trata de recentrar la política con otros temas, otros logros que no siempre pasan por las cuentas. Es necesario admitir que los hombres y mujeres nos equivocamos, nos entusiasmamos, cometemos estupideces, adoptamos conductas de riesgo y hasta consumimos drogas. Somos falibles, pero también tenemos mucho paño para dar si nos embalan en empresas épicas y en agendas seductoras. Esa es la historia del Frente Amplio.

Publicado en La Diaria el 18 de julio de 2017

EL SR.MINISTRO SE VUELVE A EQUIVOCAR por Milton Romani Gerner

La representación del Estado uruguayo en el exterior, y particularmente en los organismos multilaterales, es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las invitaciones que se cursan, destinadas a cualquier repartición o poder del Estado, se hacen por intermedio de las misiones en el exterior, que las remiten a la Dirección General de Asuntos Políticos, al Departamento de Asuntos Multilaterales y, en este caso, a la Dirección de Derechos Humanos. No es un trámite administrativo. Es un mecanismo que asegura que el Estado uruguayo no esté omiso en ninguna instancia. Luego, es una decisión política estar o no estar presente.

En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda invitación es enviada a la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos, que hace un seguimiento puntilloso y responsable de la actividad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Siendo Uruguay uno de los estados que más han defendido la autonomía e independencia de la CIDH y que han apoyado su acción en forma inclaudicable, la misión tiene una relación privilegiada en el diálogo, contacto y actividad de este organismo. Todos los comisionados y el equipo de la CIDH consideran a Uruguay un país amigo y colaborador. Esto, precisamente, fue lo que generó la dolorosa sorpresa expresada por su comisionado Francisco Eguiguren en la apertura de la 162ª audiencia de la CIDH.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no es un mensajero. Tiene, incluso, la obligación política de recomendar a quien ha sido invitado a estas actividades a concurrir, y persuadirlo (respetando la separación de poderes) de que lo haga. En última instancia, se hacen las consultas pertinentes para que un representante diplomático, enviado especialmente o residente en el lugar de la convocatoria, se haga presente y brinde información, aun escrita, de lo que sea discutido en el encuentro.

De alguna manera, haber enviado una nota es una forma de respuesta. La peor posible. Poco elegante, para decir lo menos. Políticamente significativa, para ser más precisos.

El argumento de que hay poderes del Estado que “no tienen nada que aportar” es insólito. Para la honorabilidad de la CIDH, para las organizaciones peticionantes y para todos los ciudadanos del país.

La tradición de Uruguay en derechos humanos no es lo que está en cuestión. ¿O sí? Hay que ir a escuchar para saber si estamos o no en falta, y dialogar sobre reparar algunas prácticas que impiden la salvaguarda de derechos. Señor canciller: los estados ceden soberanía para ser evaluados cuando violan derechos humanos o no los protegen, e incluso cuando no los promueven. Y los ciudadanos y ciudadanas pueden recurrir a estos organismos supranacionales a pedir amparo.

¿Es pensable que Uruguay no se presentara al examen periódico universal de derechos humanos que realiza la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, bajo el argumento de que siempre respetó los derechos humanos y que no tiene nada que aportar? Todos los organismos multilaterales de derechos humanos realizan evaluaciones de los estados y le dan participación a la sociedad civil para conocer las denuncias u opiniones disímiles. Los estados serios concurren siempre. Esa ha sido nuestra tradición. Lo dicho: cualquier tercer secretario o escalafón más bajo de la carrera diplomática sabe que nunca, nunca, la silla de Uruguay puede estar vacía, aunque más no sea para escuchar y tomar nota.

Esperemos que esto haya sido sólo un error y que no marque un antecedente. Estamos a tiempo de reparar. No sé cómo. No es por el camino de las explicaciones que el señor ministro ha ensayado.

En octubre la CIDH sesionará en Uruguay. La rotación de sesiones en los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica fue una sugerencia, entre otros, de Uruguay, para quebrar la práctica de hacerlas siempre en Washington DC (teniendo en cuenta que Estados Unidos no ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos). Se necesita generar un clima amable.

Publicado en La Diaria, 1/6/2017

DISCUSIONES NECESARIAS por Pablo Anzalone

Ningún proceso de cambio importante avanza sin discusiones, tensiones, contradicciones. Es necesario (pero no suficiente) contar con un programa claro que defina los ejes de la etapa. Se requiere  el compromiso de las autoridades de turno con ese programa. Hacen falta  ámbitos de reflexión y elaboración de conocimientos así como desarrollo de prácticas innovadoras. Uno de los problemas actuales del Sistema Nacional Integrado de Salud es la creación de esos ámbitos colectivos de análisis de la reforma, sus avances y sus obstáculos. En las fuerzas sociales y políticas hay intentos de responder a esta necesidad. Pretender “hacer la plancha” es comprarse más  problemas para hoy y mañana. Debatir y acordar los grandes pasos de este período entre los actores comprometidos con la reforma es la única forma de enfrentar a quienes quieren boicotearla.

Algunos de esos pasos claves son: la articulación de los efectores, la definición de planes de salud para alcanzar los Objetivos Sanitarios Nacionales, el fortalecimiento de la capacidad de rectoría del MS y el compromiso hacia mayores políticas de equidad.

Avanzar en la complementación

Un Sistema de Salud es más que un conjunto de instituciones donde cada una  brinda asistencia a su población afiliada. Esa fragmentación es negativa por varias razones: a)  genera superposición de servicios que incrementan innecesariamente los costos, tomando recursos que deberían usarse para otras prestaciones. b) No permite un enfoque familiar y comunitario de los problemas de salud, que va más allá de la asistencia individual. Subestima las políticas de prevención primaria y promoción de salud. c) Prioriza unilateralmente  la competencia con lógicas de mercado en lugar de procurar un equilibrio entre competencia y trabajo conjunto.

Los esfuerzos realizados para procurar convenios de complementación han puesto en evidencia las dificultades para avanzar en ese plano. Incluso cuando se reducen a compra/venta de servicios. Se requieren nuevos instrumentos normativos, incentivos económicos y movilización social para superar las lógicas de fragmentación. Para algunas concepciones fundamentalistas,  control de precios es mala palabra, pero en el sector salud no se puede avanzar en complementaciones sin algún sistema de regulación de los precios fundamentales. Por otro lado la inclusión de metas territoriales en el sistema de pago por cumplimiento  que existe actualmente,  generaría incentivos para el trabajo conjunto de los efectores. Es necesario asimismo que haya situaciones donde la complementación sea preceptiva para los efectores, una vez se hayan cumplido determinados pasos, con la aprobación por el MS y la JUNASA. Para ello se precisa una nueva norma legal que defina esa obligatoriedad  y la incluya en los Contratos de Gestión con las instituciones de salud.

Además es importante rescatar las experiencias positivas de labor conjunta y promoverlas como una respuesta más eficaz y eficiente a los problemas de salud de la población. Hay una batalla cultural contra la fragmentación, que pasa por la población y sus percepciones sobre la salud y por la formación continua de los equipos técnicos.

Por último debemos ser  conscientes  que el trabajo en red no se limita a las instituciones del sector salud sino que debe abarcar una perspectiva intersectorial  donde actúan los actores de  la educación, la actividad física y deportiva, la cultura y las organizaciones sociales  de la comunidad.

Objetivos y planes de salud.

La definición de Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN) es un gran paso para el SNIS. Hubiera sido mejor que esos contenidos  se discutieran y aprobaran en un proceso participativo con el apoyo de un espectro amplio de actores en el país. Pero aún como resolución del MS es un avance notorio frente a las lógicas asistencialistas que reducen atención de salud a respuesta a la demanda por enfermedad. Ya los programas de salud (desde 2005) tienen un enfoque proactivo y combinan asistencia, con promoción, prevención, rehabilitación. Los OSN son un paso mayor porque establecen  metas sanitarias  a alcanzar como sociedad. Son un compromiso para los efectores de salud.

Ahora bien, esos objetivos no se alcanzan por ninguna resolución ministerial sino por la acción coordinada en planes de salud. Hay que poner el énfasis en esos planes nacionales de salud, potenciarlos cuando existen, crearlos cuando no existen, monitorearlos, acompañarlos, transformarlos en ideas-fuerza convocantes.

Al mismo tiempo  en Uruguay coexisten distintas realidades, situaciones muy contrastantes, desigualdades importantes y eso requiere Planes Departamentales y Locales de salud. La participación social en la definición de los principales problemas  de salud de cada territorio es un elemento indispensable. Muchas veces el funcionamiento de las JUDESAS está más centrado en recibir informes, que en la  elaboración de esos diagnósticos y planes locales, así como su puesta en practica con todos los actores involucrados.

Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud

 Al fortalecimiento inicial de los equipos del MS ha seguido un proceso de debilitamiento relativo, debido entre otros factores a salarios menores que en el sector privado y ASSE, que provocaron drenaje de técnicos. La capacidad de rectoría del MS sobre el conjunto del sistema pasa por un mayor acceso a las herramientas técnicas y administrativas, los  sistemas y los equipos de trabajo necesarios. Sin mayores capacidades para el diseño, el monitoreo, la fiscalización, el control y la evaluación de políticas no hay forma de que el Sistema de Salud  funcione adecuadamente. En un sector que maneja tantos recursos y debe atender a tantas variables una  rectoría fuerte es imprescindible para la efectividad de las políticas sanitarias.

Políticas hacia una mayor equidad

La protección social en salud creció con el SNIS en tres direcciones: hoy cubre a todo el núcleo familiar, por otro lado constituye un seguro para toda la vida y por otro existe un Plan de Prestaciones Obligatorias de carácter integral (PIAS). Se comenzó a revertir la postergación histórica de la población más pobre  con un incremento del presupuesto de ASSE que pasó de 170 millones de dólares en 2004 a más de mil millones de dólares en 2015. En ese período el gasto per cápita de ASSE pasó de ser un 30% del gasto per cápita del sector mutual a un 85%. Pero la brecha sigue existiendo y continuar reduciéndola es un imperativo para la equidad en salud.

Al mismo tiempo la mayor vulnerabilidad social de las familias y comunidades requiere prestaciones de salud  adecuadas en cantidad y calidad a los problemas que enfrenta. El concepto de cápita implica que se reciben aportes según ingresos (salvo por la devolución de aportes FONASA que favorece en sentido regresivo a los altos ingresos) pero se paga a las instituciones de salud con una cifra ajustada por edad y sexo. Esos dos factores influyen en los costos de la atención de salud. ¿Cómo no pensar en la vulnerabilidad social como otro factor que incide en ese plano?. Es evidente que en 2005 no había instrumentos para identificar estas situaciones. Pero hoy contamos con el Indice de Carencias Críticas que funciona para otras prestaciones sociales. Seguir avanzando en justicia social es un compromiso ético y político a honrar.

POBREZA, DERECHOS Y DEMOCRACIA por Pablo Anzalone

El abatimiento de la indigencia y la pobreza son muy importantes en  Uruguay y destacan en una  Latinoamérica que, por primera vez en su historia, avanzó mucho en esa dirección.

A raíz de la crisis del año 2002 y el proceso  previo,  Uruguay llegó al 2004 con 40% de la población, 59% de los menores de 18 años bajo la línea de pobreza, 4,7 % en la indigencia.

Desde 2005 se inició un proceso de reducción  de la pobreza, alcanzando  a cifras de  9,7%  de la población y una indigencia de 0,3 % en 2014 .

Uruguay es el país que redujo la pobreza en mayor medida (CEPAL 2015).  También tuvo la mayor baja en la brecha de pobreza, (las personas pobres según la distancia media entre sus ingresos y la línea de pobreza). En América Latina hay movilidad de ingresos ascendente y descendente. Uruguay resalta con un 83% en movilidad ascendente y 1%  descendente  (PNUD 2016).

Falta una evaluación mas profunda de avances y pendientes de las políticas contra la pobreza en toda América Latina con gobiernos progresistas y de los otros. En Uruguay se precisa un análisis del Plan de Equidad. Estas políticas que permitieron dar grandes pasos, requieren un análisis crítico por los problemas sin resolver, las dificultades  para su profundización y las amenazas actuales. Las lógicas que, por derecha o por izquierda, menosprecian los avances sociales alcanzados omiten su importancia en relación con la historia nacional y regional y con la situación concreta de las personas afectadas. Las miradas que sólo destacan los logros y callan los pendientes, las contradicciones, los fracasos, no dan cuenta adecuada de la situación actual.

Desigualdades . Detrás de las excelentes cifras promedios hay un conjunto de desigualdades que  afectan al desarrollo social como un todo. En Uruguay la pobreza infantil, las fracturas territoriales  y la discriminación étnica no pueden minimizarse. Exigen análisis y propuestas para su superación.

Infantilización de la pobreza: mientras 9,7% de la población es pobre, 32% de los hogares con menores de dos años lo son. En menores de 6 años la pobreza alcanza al 18,5% de la población. Diez veces más que el 1,8% en mayores de 64 años. La brecha generacional se agrava.

pobreza

Fragmentación territorial: la periferia de Montevideo (municipios A y D, F) y el norte del país (Artigas y Rivera) tienen cifras de pobreza muy superiores al promedio y mucho mayores que los municipios capitalinos de la costa y los departamentos del sur del país. La fractura social se mantiene.

Población negra: La población negra presenta 20 % de pobreza, el doble que el promedio nacional. La brecha racial no se ha eliminado.

 Transferencias de activos.  Han habido dificultades para aumentar las transferencias de activos hacia los sectores carenciados (educación, capital, etc.) por ej. para  aumentar la cantidad y fortaleza de formas cooperativas. Los cambios en la matriz productiva y el mercado de trabajo son determinantes. ¿Cuáles son las metas en esos planos?

Redistribución. En un contexto internacional más desfavorable en lo económico, el tema redistribución se vuelve una clave para evitar retrocesos sociales. Eso exige medidas de  redistribución mayores, nuevos avances tributarios, más  justicia social. El 20% más rico obtiene el 43% del ingreso total mientras el 20% de menores ingresos de la población tiene un 7% . Estudios recientes (De Rosa 2017) muestran que la riqueza en Uruguay está mucho más concentrada que el ingreso. El 10% más rico posee  62% de la riqueza neta total, el 1% (25mil personas) tiene el 26%, y el 0,1% (2500 personas) concentra el 14%. El 0,1% de mayor riqueza controla más de la mitad de la riqueza financiera y más de 90% de la riqueza empresarial. Mientras la mitad de la población no tiene riquezas.

Intersectorialidad y territorio. Sin desconocer los esfuerzos realizados todavía falta para tener Planes Territoriales donde se combinen las políticas nacionales y las locales.

Existen  dispositivos claves  para las políticas territoriales como  escuelas, liceos,Utu, policlínicas, espacios culturales y deportivos. Experiencias como la de SACUDE (Salud, Cultura, Deporte y Educación) en Montevideo  muestran que pueden conformar dispositivos integrados, con acciones mancomunadas, que potencien sus fortalezas respectivas y la participación de la comunidad.

Participación social. La pobreza no es sólo peripecia individual o familiar, sino que afecta a comunidades y conjuntos sociales. La participación y empoderamiento de los actores sociales es clave para abatir las desigualdades. En el movimiento obrero se ve en las claras mejoras laborales. Pero la debilidad de los actores comunitarios ha conspirado contra el desarrollo de mejores políticas sociales. La creación de redes territoriales no es  sólo una confluencia de actores distintos sino que puede ser una forma de enfrentar la fragmentación social. Falta un movimiento social fuerte en lo territorial.

Retrocesos culturales. Se han producido cambios regresivos  en la valoración de la pobreza. En los los 90 (Magnone y Rovner 2016) la opinión pública explicaba mayoritariamente la pobreza por una sociedad injusta. Esta visión ha retrocedido (47% en 2006 a 34% en 2011) y crece la que adjudica la pobreza a faltas de las personas (26% en 2006 a 45 % en 2011). La asociación  jóvenes/pobres/delincuentes opera en el imaginario social junto a la inseguridad.

Hay un componente ideológico  de los procesos sociales que no está logrando sus metas. La sustentabilidad de las políticas contra la pobreza  requiere apoyos ciudadanos sólidos. Cuando la ideología discriminadora gana terreno frente a los derechos cabe preguntarse dónde están las carencias y los errores. El triunfo de Trump en Estados Unidos es una señal de alerta en ese sentido.

Estancamiento o retroceso. Los efectos de la crisis económica internacional están generando cambios en la región. Las  políticas sociales y salariales aparecen supeditadas a otros objetivos como el control de la inflación y del déficit fiscal. Las lógicas de ajuste resurgen con fuerza. Esto se traduce en menos aumento del gasto público social y un estancamiento en la reducción de la pobreza. Los triunfos de opciones neoliberales en países como Argentina y Brasil promueven retrocesos sociales.

Democratizar la sociedad. Pensar la pobreza en términos multidimensionales  implica también ver así su superación. El concepto de progreso multidimensional (PNUD 2016)  propone  el bienestar más allá del ingreso, y valorar las desigualdades por razones de género, raza, orientación sexual, edad o territorio, en las poblaciones situadas por debajo y por encima de la línea de pobreza por ingresos. A diferencia de quienes igualan crecimiento económico con desarrollo y suponen un crecimiento incesante, esta idea fundamenta que nada que disminuya los derechos de las personas, ni la sostenibilidad ambiental puede ser progreso. Las teorías del derrame  han fracasado. Los conceptos de desarrollo y de progreso deben ser rediscutidos, lejos del modelo  de la postguerra y la vieja Alianza para el Progreso. Enfrentar la  pobreza en sus muchas  dimensiones  significa  situarla en las luchas de democratización/concentración de nuestras sociedades.

Democratizar la sociedad y el Estado es el principal desafío de este tiempo.

En el asentamiento La Farola del Cerro 70 familias subsisten con una canilla de agua. No lo olvidemos. Hay demasiadas Farolas.

POLÍTICA DE CERCANÍA EN DROGAS por Milton Romani Gerner

“Se va a cumplir la ley, pero insisto: no hay que consumir drogas”. Tabaré Vázquez

“La medicina está, en algún punto, como hipnotizada por los medicamentos y la tecnología. Creo que eso quita el foco del paciente […] excesos que transforman sanos en enfermos”. Doctora María Noble, en una conferencia organizada por el MS y el FNR

“Alrededor de 5.500 millones de personas siguen teniendo un acceso limitado a medicamentos que contienen estupefacientes, como la codeína y la morfina, o ni siquiera tienen acceso a ellos. Eso significa que 75% de la población mundial no tiene acceso a un tratamiento del dolor adecuado”. Doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (prólogo del Informe Especial 2015)

El presidente Tabaré Vazquez ha insistido en el irrestricto cumplimiento y la definitiva instrumentación de la Ley de Regulación del Cannabis y ha anunciado un nuevo plazo para su concreción.

Se está construyendo un nuevo modelo de fiscalización. Una regulación responsable de sustancias con riesgos para la salud, que tiene como cometido remontar 100 años de dogmatismo e ineficacia prohibicionista. Lleva un poco más de tiempo. Hay que decir también que el exceso de cautela puede ocasionar daños y puede ser fuente de errores políticos. No se trata sólo de la dispensión de cannabis en la red de farmacias y el urgente registro de usuarios; se trata también de diligenciar el uso medicinal del cannabis y la explotación industrial del cáñamo, incluidos en la ley y que marchan a ritmo lento.

Hay una multiplicidad de actores que están al servicio de la resistencia al cambio (a todo tipo de cambio). Son los primeros en refugiarse en las dilaciones. Apuestan al fracaso absoluto del gobierno y del Frente Amplio. Especulan, sin reparar que hay un punto en este tema: el statu quo favorece al mercado ilícito del narcotráfico. Hacen cola, también, los amanuenses que suponen que de esa manera quedan bien con el presidente, y ponen esfuerzo en trancar, dificultar y no facilitar nada; todo eso bajo la supuesta premisa de hacer bien los mandados, a pesar de la expresa determinación republicana que Vázquez ha reiterado. Un moderno CEO (Chief Executive Officer) no es un capataz acrítico y sin iniciativa. Un GPI (Gestor Político de Izquierda) tiene pensamiento político, así como hoja de ruta y coraje en la acción.

Reducción de daños, prevención universal, selectiva e indicada

A su vez, Tabaré ha insistido en su mensaje: “no hay que consumir drogas”. Todos entendemos su intención, enmarcada en su incansable prédica educativa. Ni el texto ni el espíritu de la ley suponen ningún tipo de promoción del consumo de marihuana.

Hay un desafío en materia de prevención. Apegado a las mejores evidencias en este campo, no se remite sólo a decir “no a las drogas”. Es más complejo. Hay que desplegar más herramientas informativas para poder gestionar los riesgos y mitigar los daños, partiendo del supuesto de que, más allá de nuestros deseos, hay hombres y mujeres que buscan placer, estados de conciencia diferentes, calmar dolores, soportar dolencias recurriendo a una variada oferta de sustancias, de circulación lícita, ilícita o semiilícita. También hay que tener en cuenta las garantías previstas en el artículo 10º de nuestra Constitución, que ampara a las acciones privadas de hombres y mujeres, siempre que no afecten a terceros.

Pharmacón y reducción de daños

La morfina, ¿es buena o es mala? Los medicamentos, en especial los psicofármacos y los antidepresivos que tan pródigamente dispensan nuestros médicos y vende la industria farmacéutica, ¿son buenos o son malos? Las dos cosas a la vez.

Pueden ser beneficiosas para la salud, pero también pueden generar daño. Los griegos acuñaron el nombre de phármacon, que significa, a un tiempo, remedio y veneno. Ambigüedad del término que compite con drug, de origen celta, que aludía al mal olor que despedían las mercancías en los puertos. Esta denominación, deletérea, poco precisa, ha servido para sostener mitos, prejuicios y moralinas. Aporta un problema más, porque, al decir de Albert Einstein, “es mas fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. En este asunto estamos intoxicados de prejuicios.

Nuestro amigo el doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), quien visitó Uruguay junto con su colega Alejandro Mohar para conocer el modelo de regulación de cannabis, insiste en el prefacio del Informe Especial de la JIFE de 2015 en el efecto paradójico y absurdo del sistema prohibicionista. No hay drogas disponibles para quienes verdaderamente las necesitan.

Política de cercanía

Me permito esta señalización técnica y política sobre lo preventivo y educativo, de la misma manera que en 2009 (a pesar de apoyar su postulación en plena campaña) discrepé con el compañero José Mujica acerca de la mal llamada “internación compulsiva”. El tema central no está en las drogas, sino en las personas y en cómo construimos vínculos, incluidos los que desde el Estado se promueven en términos de control y fiscalización. Poner el foco en las sustancias, generalizar todos los usos en forma homogénea o identificar a los usuarios como adictos no son caminos preventivos.

Un mercado regulado pretende ser un vínculo que promueve la cercanía en términos de salud pública. Reduce daños y hace más permeables los mensajes preventivos, porque hace confiable la relación entre el Estado y los usuarios.

Las tonalidades de enfoque son inevitables en el abordaje político de un problema social complejo, que tiene varias aristas y está en debate en el mundo entero. Se han realizado, en su historia, 29 sesiones especiales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por temas cruciales; si será polémico y complejo este tema, que tres de esas reuniones tuvieron como cometido discutir “el problema mundial de las drogas”. La primera fue en 1990. En la segunda, que tuvo lugar en 1998, se postuló “Un mundo libre de drogas”; el secretario general de la ONU, Kofi Annan, brindó por ello, pero hoy reconoce el fracaso rotundo de esa consigna y es un crítico severo del paradigma vigente y de la guerra contra las personas que supuso.

En la última Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de la Droga, en 2016 (a la que tuve el honor de concurrir en calidad de jefe de la delegación de Uruguay), comenzaron a aceptarse nuevos enfoques y se inició un proceso fermental de debate político, académico, científico, social, penal, de salud pública y de seguridad ciudadana. Se logró incorporar aportes de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos, que difundió un contundente documento que habilitó un giro fundamental, incorporando definitivamente un enfoque de derechos humanos con respecto a este tema.

Dicho texto recuerda “las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes 51/12, sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, y otras entidades de ONU “para la promoción de los derechos humanos en la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas”. La resolución 51/12 fue la que presentamos junto con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, en marzo de 2008, cuando libramos una batalla diplomática y política trascendente, que sigue prestigiando a Uruguay ante la comunidad internacional por liderar la defensa de los derechos humanos en torno a esta temática.

Publicado en La Diaria 15/12/2016

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