EL SR.MINISTRO SE VUELVE A EQUIVOCAR por Milton Romani Gerner

La representación del Estado uruguayo en el exterior, y particularmente en los organismos multilaterales, es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las invitaciones que se cursan, destinadas a cualquier repartición o poder del Estado, se hacen por intermedio de las misiones en el exterior, que las remiten a la Dirección General de Asuntos Políticos, al Departamento de Asuntos Multilaterales y, en este caso, a la Dirección de Derechos Humanos. No es un trámite administrativo. Es un mecanismo que asegura que el Estado uruguayo no esté omiso en ninguna instancia. Luego, es una decisión política estar o no estar presente.

En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda invitación es enviada a la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos, que hace un seguimiento puntilloso y responsable de la actividad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Siendo Uruguay uno de los estados que más han defendido la autonomía e independencia de la CIDH y que han apoyado su acción en forma inclaudicable, la misión tiene una relación privilegiada en el diálogo, contacto y actividad de este organismo. Todos los comisionados y el equipo de la CIDH consideran a Uruguay un país amigo y colaborador. Esto, precisamente, fue lo que generó la dolorosa sorpresa expresada por su comisionado Francisco Eguiguren en la apertura de la 162ª audiencia de la CIDH.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no es un mensajero. Tiene, incluso, la obligación política de recomendar a quien ha sido invitado a estas actividades a concurrir, y persuadirlo (respetando la separación de poderes) de que lo haga. En última instancia, se hacen las consultas pertinentes para que un representante diplomático, enviado especialmente o residente en el lugar de la convocatoria, se haga presente y brinde información, aun escrita, de lo que sea discutido en el encuentro.

De alguna manera, haber enviado una nota es una forma de respuesta. La peor posible. Poco elegante, para decir lo menos. Políticamente significativa, para ser más precisos.

El argumento de que hay poderes del Estado que “no tienen nada que aportar” es insólito. Para la honorabilidad de la CIDH, para las organizaciones peticionantes y para todos los ciudadanos del país.

La tradición de Uruguay en derechos humanos no es lo que está en cuestión. ¿O sí? Hay que ir a escuchar para saber si estamos o no en falta, y dialogar sobre reparar algunas prácticas que impiden la salvaguarda de derechos. Señor canciller: los estados ceden soberanía para ser evaluados cuando violan derechos humanos o no los protegen, e incluso cuando no los promueven. Y los ciudadanos y ciudadanas pueden recurrir a estos organismos supranacionales a pedir amparo.

¿Es pensable que Uruguay no se presentara al examen periódico universal de derechos humanos que realiza la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, bajo el argumento de que siempre respetó los derechos humanos y que no tiene nada que aportar? Todos los organismos multilaterales de derechos humanos realizan evaluaciones de los estados y le dan participación a la sociedad civil para conocer las denuncias u opiniones disímiles. Los estados serios concurren siempre. Esa ha sido nuestra tradición. Lo dicho: cualquier tercer secretario o escalafón más bajo de la carrera diplomática sabe que nunca, nunca, la silla de Uruguay puede estar vacía, aunque más no sea para escuchar y tomar nota.

Esperemos que esto haya sido sólo un error y que no marque un antecedente. Estamos a tiempo de reparar. No sé cómo. No es por el camino de las explicaciones que el señor ministro ha ensayado.

En octubre la CIDH sesionará en Uruguay. La rotación de sesiones en los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica fue una sugerencia, entre otros, de Uruguay, para quebrar la práctica de hacerlas siempre en Washington DC (teniendo en cuenta que Estados Unidos no ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos). Se necesita generar un clima amable.

Publicado en La Diaria, 1/6/2017

EL LENTO Y VELOZ CAMINO DE LA REGULACIÓN EN URUGUAY | Una conversación con Milton Romani, por Constanza Sánchez

Fotografía Miguel Mira

Charlamos con Romani en un hotel del centro de Barcelona, aprovechando su paso por la ciudad para comparecer ante la Comisión del Parlament de Catalunya que evalúa la ILP sobre la regulación de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis (La Rosa Verda). Me lo encuentro leyendo El País, con su inseparable mate y de buen humor, como siempre.

Secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay entre el 2005 y el 2011, y posteriormente desde el 2015 hasta mediados del 2016, en la actualidad es embajador y trabaja como asesor en Política de Drogas y Derechos Humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, su trayectoria lo avala como una de las personalidades que desde el ámbito gubernamental más ha contribuido a adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de drogas y uno de los conductores clave de la regulación del cannabis en su país. Conversamos sobre el proceso en Uruguay, sobre las perspectivas de una regulación en España y sobre el futuro de un mundo que elige a presidentes como Donald Trump.

Después del resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Queremos un mundo en el que la marihuana sea legal pero gobernado por un tipo como Trump?

(Risas) No hay porro que nos haga olvidar que es una barbaridad. Para mí la victoria de Trump augura un quiebre civilizatorio. Aunque algunos lo habían advertido como una probabilidad, entre ellos el cineasta Michael Moore, saber que ha ganado y que ganó por ese margen importante, con mayoría en el Congreso y en el Senado, con la clase de discurso del miedo, de la xenofobia y el sexismo, augura un quiebre civilizatorio. Es la revancha del Ku Klux Klan. Las peores prácticas contra los afroamericanos ahora van a ser contra toda la comunidad LGTBI…

“Hay una especie de adicción a las políticas de drogas entre los que nos dedicamos a este tema. Vemos el mundo solamente a través de las drogas, de su prohibición, del prohibicionismo, pero hay otras cosas”

Y contra los latinoamericanos…

También. Me sigue resultando muy penoso que el presidente Peña Nieto lo haya recibido en plena campaña, porque creo que promover el miedo es de las peores cosas en política y en la vida, y lo que hace este señor es basar su política en la política del miedo. En estos momentos millones de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños que están en territorio estadounidense trabajando, haciendo los trabajos que los gringos no quieren hacer, deben estar temerosos. También, hay que decirlo, para consternación del género humano, hay un 29% del voto latino que apoyó a Trump. Seguramente son los hispanos que ya tienen un lugar y no quieren que sus hermanos vengan a joderlos. Son los fenómenos terribles que, salvando las distancias, se conocieron en Europa con el nazismo y el fascismo. Y bueno, para prueba un botón, las primeras manifestaciones de apoyo y de felicitaciones fueron de Marine Le Pen, Mariano Rajoy y de la ultraderecha europea. El miedo es malo para todos. Se va a generar violencia, y eso es un mal dato. Y por supuesto que eso afectará a las políticas de drogas… Muchas veces, en el fervor de nuestra lucha, nos quedamos prendidos a las sustancias y a las políticas de drogas. Hay una especie de adicción de los que nos dedicamos a este tema a las políticas de drogas. Vemos el mundo solamente a través de las drogas, de su prohibición, del prohibicionismo, pero hay otras cosas.

Muchas personas parecen haberse fijado más en la legalización en California y están contentas con eso a pesar de lo que significa la victoria de Trump.

No sé qué va a pasar en el frente interno de Estados Unidos con el señor Trump ahora que tenemos tres estados más, entre ellos California, la quinta economía del mundo, que han legalizado. Como este señor está muy fijado a la idea de una reactivación económica que estimule el empleo nacional, no creo que se vaya a meter con ese tema al interior de Estados Unidos. Hacia fuera, puede ocurrir que tengamos una reactivación de la vieja guerra contra las drogas. Al interior de Estados Unidos va a ser legal, va a haber una permisión, y van a exportar los problemas otra vez hacia América Latina y el Caribe. Estos señores conservadores están muy ligados al complejo de la industria armamentística y a todo el sistema de las cárceles privadas. Desgraciadamente, la industria armamentística da empleo, por lo tanto, hay que tener guerras para sostenerla. Hay que mantener la guerra contra las drogas para sostener la actividad de más de sesenta y cuatro agencias norteamericanas que se dedican a esta tarea, y las cárceles también son un negocio. Ayer leía que hay algunos sectores que ya se mostraron muy optimistas en las bolsas, entre ellos la industria farmacéutica y las compañías de cárceles privadas.

A veces pareciera que, con la forma en que se está legalizando, se ha salido de la prohibición y el capitalismo lo ha ocupado todo, incluso puede comprar el activismo, la ciencia, cualquier cosa que pudiera traer beneficio. Se ha pasado de invertir en armas a invertir en marihuana. Creo que hay que tener cuidado en cómo estamos haciendo las cosas, que no debemos olvidar la visión global de que las políticas de drogas sirvan también para mejorar otros ámbitos de la sociedad. El caso de Uruguay me parece interesante por esto, porque hay un Estado social detrás, no es puro capitalismo.

Esta es una situación en la que me atrevo a convocar a toda la sociedad civil, a toda la militancia vinculada al cannabis y a todo el antiprohibicionismo para hacer una reflexión política, porque lo que estamos haciendo con este asunto es política. Para hacer buena política hay que enmarcar nuestra reivindicación de derechos y de libertad en el marco de un proyecto político. Entonces, ¿cuál es el problema político que tenemos con el prohibicionismo? Esa fue una de las primeras banderas que Uruguay sacó a nivel internacional en el 2008; que fuimos a Viena a reivindicar que las políticas de drogas deben formar parte de la agenda de derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con las drogas y con muchas otras cuestiones. Por lo tanto, siempre reclamo que para enfocar el tema drogas, tanto a nivel clínico como a nivel político, hay que “descentrar”.

“El pasaje del prohibicionismo a una liberalización de las drogas implica secuestrar una lógica de capitalismo salvaje como es la del narcotráfico”

¿Descentrar?

Descentrar quiere decir sacar el foco de un asunto para verlo más ampliamente. Es verdad lo que decías, que pasar del prohibicionismo a la legalización puede implicar una libertad total de mercado. Las primeras corrientes que reivindicaron la legalización fueron precisamente las corrientes liberales de Milton Friedman y Gary Becker. Dentro de este descentramiento que tiene que ubicarse en la agenda de derechos también se ha de incluir un pensamiento económico social claro; también convoco a la militancia cannábica a reflexionar sobre esto. La regulación de los mercados –no del mercado de cannabis, del mercado– es una necesidad de los pueblos para contener los desbordes salvajes de la lógica interna que tiene el mercado capitalista. El mercado capitalista no piensa ni en la agenda de derechos ni en libertades. La libertad y la lógica de mercado en lo único que piensa es en maximizar la ganancia y extender el consumo. El pasaje del prohibicionismo a una liberalización de las drogas implica secuestrar una lógica de capitalismo salvaje como es la del narcotráfico, unido al lavado de dinero. Es un paso, pero creo que al mismo tiempo, de la misma manera que hacemos ese pasaje, el control estatal y social sobre este tema es una oportunidad que nos debemos dar para evitar los excesos y la lógica del mercado libre que puede traernos aparejados esta situación. Por lo que hemos conversado con los amigos de Washington y Colorado, este tema ya lo incorporaron como una problemática. El modelo uruguayo es casi estatista. Y se da en un país donde la tradición estatista es muy grande. Uruguay debe ser de los pocos países que tienen, por ejemplo, una empresa pública de telecomunicaciones, que además es exitosa y brinda ganancias al Estado.

¿Cómo va el proceso de regulación en Uruguay?

Lento. Muy lento. Demasiado lento.

Pero ¿lento porque estamos hablando de cannabis?, ¿o porque Uruguay es lento?

Uruguay es lento para hacer algunas cosas. Los mecanismos institucionales son lentos. A eso hay que sumarle que el tema cannabis enfrenta resistencias de varios lados. Ha habido mayorías parlamentarias y apoyo de la sociedad civil cannábica uruguaya, que, con todo el respeto que me merece, no tiene la envergadura que tiene acá en Cataluña, donde cuatrocientos clubes presentan una iniciativa popular y unen cincuenta mil firmas… Eso no ha existido en Uruguay. Hemos sido pioneros, sí, pero hemos tenido que enfrentar cosas precisamente por ser los primeros. Tuvimos un empuje grande durante la discusión parlamentaria, después tuvimos una transición de gobierno, que siempre trae complicaciones porque cambian las autoridades en todos los niveles. El presidente Tabaré Vázquez, médico oncólogo, tiene una visión higienista del tema, y ha puesto mucho cuidado en la implementación de la regulación porque no quería fracasar. A veces la cautela atenta contra la efectividad. Además, estamos creando una institucionalidad nueva. Creamos el IRCCA, que es como crear un ministerio: una oficina que tiene que tener fiscalizadores, una red informática… Por ejemplo, nuestro sistema se hace con registro de usuarios, y el registro de usuarios es todo un desafío al sistema de derechos y garantías, y esto fue polémico con la sociedad civil, aunque se terminó aceptando porque nosotros hicimos, desde el gobierno, todo lo posible para que este registro fuera un dato sensible. Protegido por la ley de datos. En el sistema del acceso legal a la marihuana hay tres vías: autocultivo, clubes y farmacias.

¿Y en las tres vías hay que registrarse?

Sí. Ya empezó el registro con buen éxito en la primera y segunda modalidad, pero estamos muy demorados con el registro de usuarios que retiran en farmacias. Cuando das tus datos, se incorporan a un sistema de encriptación, que asegure la privacidad, y de desencriptación por si un juez lo pide. Esto no existía, hubo que crearlo, era algo que no estaba creado y es toda una novedad. Y no quisimos lanzar el registro general antes de tener todo eso bien blindado. Nos llevó mucho tiempo también el otorgamiento de licencias para la producción de cannabis. Se presentaron veintidós empresas y teníamos que seleccionarlas por el plan industrial y estratégico de viabilidad y seguridad que presentaran, y a la vez teníamos que investigar el origen de los fondos y de los últimos beneficiarios para evitar que capitales que estuvieran lavando dinero del narcotráfico se metieran en el proyecto. Esto nos llevo un tiempo largo de selección, de licitación. Lo bueno es que no hubo ningún reclamo de las veinte perdedoras. Lo cual es bastante inusual, al menos en Uruguay, que una vez que otorgas una licitación no tengas un reclamo jurídico por cuestiones varias. Se fue muy exigente.

“Para la opinión pública este no es un tema de importancia. Les desvela la inseguridad, no la marihuana”

Y la sociedad uruguaya, la que no es activista cannábica, ¿qué opina?

Obvio que, además de las complicaciones de ingeniería del sistema o del cambio de presidencia, que pesó mucho, están las resistencias culturales. Para la opinión pública este no es un tema de importancia, a la gente le importa tres carajos que se legalice o no se legalice la marihuana, no es un tema que los desvele. Los desvela la inseguridad, pero la marihuana, que para muchos activistas cannábicos es el non plus ultra, para el resto de la gente es ambivalente: los “fumetas” no les quitan el sueño, aunque si les dices “les vamos a sacar esto al narcotráfico”, entonces te dicen “eso me parece bien”. Según cómo pregunte la consultora, te va a salir la encuesta a favor o en contra. Esa es la verdad del asunto. Pero no forma parte de la preocupación de la opinión pública. Tampoco forma parte del top de la agenda política. Y es más o menos razonable que eso sea así, en un país que además hace diez años tuvo un crecimiento económico importante, un abatimiento de los factores de pobreza y desocupación, y ahora estamos ante un momento económico de incertidumbre.

¿Y en qué momento está ahora el proceso de regulación?

Camina, hay una institucionalidad que funciona, esto va a salir. Ahora estamos en la fase final. Pero tuvimos que enfrentar también intereses comerciales, que especularon con los centros de farmacia. Te digo que los farmacéuticos, químicos y médicos fueron los bloques de resistencia más importantes, con una visión sanitarista dogmática que se resistía al cambio. Tuvimos que decirles: “No, esto no es un psicofármaco”; “No se expende con receta verde”; “Esto es una variedad vegetal con capacidad psicoactiva”… Tuvimos que sacar un decreto especial para determinarla así, porque si no los químicos farmacéuticos se oponían y querían tener el control al considerar que se trataba de un psicofármaco. Pero el cannabis no se expende con receta médica, es de libre expendio. Hay modalidades en algunos estados norteamericanos que, bajo el paraguas del cannabis medicinal con receta médica, pues ya sabes: “Doctor, tengo dolor de espalda: cannabis y, pum, receta”. En Uruguay no es así, allí el usuario de cannabis que quiera acceder o planta, o se hace socio, o se registra en el correo y va a ir a la farmacia donde podrá retirar sus 10 gramos semanales, hasta 40 gramos mensuales. Esa es la ley.

“El día que salga el primer gramo de marihuana de la primera farmacia, ya está. La regulación caminará”

Uruguay está en el punto de mira, tanto de los partidarios como de los detractores. Y hay mucha presión de que este primer intento salga bien. Debe ser agotador, realmente solo han pasado tres años para construir todo un sistema que no existía.

Te puedes imaginar. Yo ya había sido Secretario Nacional de Drogas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y lo continué siendo un tiempo con Mujica precisamente como una señal de que él iba a garantizar la continuidad de la ley porque existía la sospecha de que no lo iba a hacer. Ahora de nuevo, en este su segundo gobierno, Tabaré Vázquez me volvió a designar Secretario Nacional de Drogas, y sí, la presión mediática es muy grande, no por intereses relacionados con la marihuana, sino por ponerle palos al gobierno: “Oye, esto ya lleva tres años”. Yo pienso que tenemos cien años de prohibicionismo, así que porque nos demos tres años de probar otra cosa no es tan grave. Además, en algunos aspectos ya está caminando bien: hubo polémica sobre el registro, de acuerdo, pero entre cultivadores y clubes cannábicos ya hay más de seis mil uruguayos y uruguayas que se registraron y no tienen ningún problema con el Estado. Seis mil personas es un número importante en Uruguay, un país de tres millones y medio de habitantes. Aunque es verdad que tenemos una población usuaria potencial de ciento cincuenta mil, ya son seis mil los que no acuden al mercado ilícito. Insisto en que el primer síntoma de éxito del modelo uruguayo, que no es de libre mercado abierto, pues no se permiten publicidad ni competencia ni hay diferencia de precio –eso es por ley el mercado regulado–, es que los usuarios se adhieran al sistema. Si los usuarios dicen “déjate de joder, me es mucho más fácil llamar al dealer”, ahí fracasó todo. Los seis mil que se adhirieron son la parte más activista que está en el autocultivo y en los clubes, pero de todas maneras yo creo que es un buen síntoma. El día que empecemos a dispensar efectivamente, el día que salga el primer gramo de marihuana de la primera farmacia, ya está. A partir de ahí se producirá la naturalización de algo que parecía imposible. Vamos a tener que darnos un tiempo para ver el impacto que tiene en la gobernanza, en la cantidad de gente presa… Pero caminará.

¿Cómo ha sido tu experiencia aquí, en el Parlament?

Te confieso que más allá de lo que me habían informado, era toda una incógnita saber cuáles eran los niveles de sensibilidad y de profundidad que tenía este asunto, y me voy con la convicción de que Cataluña va a ser la próxima región del mundo que va a dar un paso hacia la regulación. Ya entendí todos los problemas que tienen con el poder central, pero creo que de todas maneras la cosa va adelante porque he visto una Comisión de Salud que ha interiorizado el tema, no escuché políticos que están bobeando y que preguntan pavadas, no. Los vi informados, interesados, y vi un consenso político que, salvo algún sector, están para ir adelante. Me llevo una grata sorpresa de la situación en Cataluña. No es una sorpresa respecto a lo que desde Uruguay conocíamos sobre Cataluña y el País Vasco. En realidad, nosotros el componente de clubes de membrecía de la ley se lo copiamos a ustedes, se lo escuchamos a Martín Barriuso y a Òscar Parés ya en el 2007, cuando hicimos un diálogo informal, y lo escuchábamos con muchísima atención. En lo personal, el modelo de los clubes sociales de cannabis (CSC) me pareció muy bueno desde el punto de vista incluso de una reelaboración responsable. Siempre tiene flancos de mercado libre, pero el hecho de que se creen pequeñas asociaciones de producción, que además ahora tenga la iniciativa de autorregularse con un marco legal, me parece que sigue siendo muy interesante como modelo. Veamos qué pasa con Canadá, que creo que va por un camino mixto entre libertad de mercado, regulación estatal y asociaciones o pequeñas cooperativas.

Los activistas de Canadá, que son los que están asesorando ahora al gobierno, están muy interesados también en conocer cómo funciona el modelo de clubes. Es algo muy desconocido.

No es muy conocido, no, y a mí me sigue pareciendo muy interesante. Es verdad que hay que garantizar el derecho de cualquier usuario, pero como político creo que hay que dar prioridad a aquellos que están organizados y se proponen un objetivo determinado y cuidan de sus intereses, y una vez que tenés afirmado eso, el resto viene por añadidura.

“Me voy con la convicción de que Cataluña va a ser la próxima región del mundo que va a dar un paso hacia la regulación”

¿Y la propuesta en concreto, La Rosa Verda, qué le parece?, ¿qué opina del texto de la ILP?

Me parece que ojalá hubiéramos tenido este texto como primer paso en Uruguay. Nos hubiéramos ahorrado algunos dolores de cabeza. Te lo digo sinceramente. Es un texto que privilegia proteger derechos y garantías, eso es un punto muy importante. No es un verso literario. Creo que protege los derechos y garantías de las personas que están ya asociadas, es muy equilibrado respecto a los objetivos de salud que se propone la ley, lo cual es crucial porque es uno de los flancos débiles que tienen todos los mecanismos de regulación. El texto demuestra que se puede hacer un enfoque de reducción de daños y que esto brinda posibilidades mejores de atender los eventuales problemas de salud del sistema actual. Hay alguna cosa que el texto no dice, pero que a lo mejor es una virtud que no la diga: por ejemplo, qué cantidad de socios puede tener una asociación, nosotros tenemos una limitación y a lo mejor en la discusión van a tener que llegar a un acuerdo.

Vuestra limitación es además muy estricta, de quince a cuarenta y cinco socios.

Muy baja, las personas asociadas en clubes ya nos dicen que no les da la fórmula económica, y ya hubo un primer intento de asociación de clubes porque no les llega. Pero también nosotros nos enfrentamos a lo otro: viene una empresa que te funda catorce clubes y después se asocia y tenés una gran empresa.

Este es un dilema importante aquí: si a los clubes se les pide demasiado –que hagan reducción de riesgos, que sean pocos socios, se porten bien…–, y a la vez se permite que se monte un estanco de cannabis y una farmacia que dispense, sin todas estas restricciones, ¿no se estará perjudicando al colectivo que se quiere regular, privilegiando la fórmula comercial?

Para mí es una buena ley para empezar. Después yo sugerí que creen a nivel parlamentario una comisión de evaluación y monitoreo y vayan viendo y acompañando la implementación. Pero empezar reconociendo una realidad que son la cantidad de clubes que hay con esta situación me parece que es un buen movimiento para proteger desde el punto de vista legal a los que ya están funcionando y no someterlos a la arbitrariedad de la actuación policial, y también como una forma de autorregulación para evitar a los avivados. Es una forma de decir, y eso es un mensaje: tenemos una realidad, queremos ejercer nuestro derecho, nos asociamos, pero también somos una realidad que queremos una regulación hecha por nosotros con acuerdo de ustedes. Hay que partir de una posición sensata. Nosotros ni con el mercado regulado ni con los clubes vamos a resolver el problema del “paraíso en la tierra”. Vamos a sacar a alguna gente del mercado ilícito, pero este va a seguir existiendo. Como lo hay de tabaco y alcohol. Pero si tú me decís que con esta regulación sacamos a la mitad de usuarios del mercado ilícito, hemos adelantado la mitad del camino.

Publicado en la revista Cáñamo #230 (febrero 2017)

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CUENTAS DE IMPUNIDAD por Roger Rodríguez*

La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.
Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.
De ellos, catorce permanecen en una prisión (José Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Maurente, Ernesto Soca, Ricardo Medina, José Sande, Gregorio Álvarez y Juan Larcebeau en la Cárcel de Domingo Arena; y José Ribero, Arturo Aguirre, Nelson Bardecio, Pedro Fleitas y Asencio Lucero en la Cárcel de Corceros) y cinco fueron beneficiados con la prisión domiciliaria (José Gavazzo, Ernesto Ramas, Juan Carlos Blanco, José Araújo Umpiérrez y Amodio Pérez).

Ramas, Gavazzo, Vázquez, Medina, Silveira y Arab no han enfrentado un Tribunal de Honor por sus crímenes.
Dos represores fueron excarcelados (Tranquilino Machado y Ricardo Zabala), uno fue sobreseído (Juan C. Gómez), cinco fallecieron (Juan M. Bordaberry, Carlos Calcagno, Alberto Gómez Graña, Miguel Dalmao y José Chialanza) y dos se suicidaron cuando los fueron a detener (Juan Rodríguez Buratti y Pedro Barneix). También hay tres procesados en Chile (Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli), uno ahora condenado en Argentina (Manuel Cordero), otro refugiado y en juicio en Italia (Jorge Tróccoli), tres prófugos (Pedro Mato, Hermes Tarigo y Miguel Sofía) y uno requerido (Ariel Ricci).
Pese a lo que dicen las normas militares, sólo se ha pronunciado un Tribunal Militar de Honor (Gilberto Vázquez) por un caso de fuga, que luego fue revisado por el Ministerio de Defensa Nacional. Todo los demás oficiales a quienes correspondían los juicios morales, que en algunos casos se iniciaron, no han tenido una sentencia. Unos porque no hay oficiales superiores que los puedan juzgar (Gregorio Alvarez) y otros porque no ha existido voluntad política ya que si se los condena deberían perder sus jubilaciones y prebendas, entre ellas la asistencia médica.

El dictador Gregorio Alvarez fue encarcelado por las desapariciones de 1977, pero ningún Tribunal de Honor ha dictado sentencia sobre su moral.
CUENTAS DE IMPUNES
A las reseñadas estadísticas de la impunidad, se puede narrar un largo collar de cuentas que muestran la impunidad en casos concretos que se han registrado desde la salida de la dictadura hasta la fecha. Episodios que en su momento pudieron o no ser denunciados en los medios de comunicación y aún ante la justicia, pero que demuestran hasta dónde los criminales de lesa humanidad son impunes en Uruguay.
El coronel Glauco Yanonne, uno de los oficiales que secuestró a Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Brasil en 1978, terminó siendo enviado a Oslo para recibir el premio nobel de la Paz por los cascos azules uruguayos durante la presidencia de Julio Sanguinetti. Se llegó a filmar un documental al respecto… Hoy es profesor de historia en la Escuela Militar, designado durante un gobierno del Frente Amplio.

Eduardo Ferro, tan impune ayer como hoy. Secuestró, torturó, asesinó, desapareció y exhibe un arsenal de balas calibre 30.
El coronel Eduardo Ferro, jefe del operativo contra Celiberti y Rodríguez, implicado en la desaparición de Oscar Tassino, quien trabajo en empresas de seguridad y fue asesor de legisladores colorados, organizó una reunión en Maldonado, a la que asistieron 900 camaradas. A cada uno la regaló un cartucho vivo de una bala Calibre 30 transformado en llavero. Nadie cuestionó oficialmente de dónde salieron esas balas y por qué un oficial retirado tenía una caja con un millar de municiones de armas de guerra. ¿Hay un arsenal en algún lado? ¿Justo en un entorno en el que se ha denunciado grupos de ultraderecha?.

La convocatoria y la bala calibre 30 que Ferro le regaló a sus camaradas en la reunión realizada en Maldonado en 2013
El coronel Guillermo Abella Zuasti, fue reconocido como un torturador al asistir al juzgado de la calle Misiones para solidarizarse con otros militares que eran indagados. Una víctima lo denunció al ver su foto en un diario. Era profesor de matemáticas y coordinador del curso de rematadores de la UTU. Algunos de sus alumnos eran hijos de las personas que él y sus compañeros habían torturado.

El mayor Mangini se exhibió armado ante una sede penal en 2007. En 1973 había asesinado con la JUP a Rodriguez Muela. Crimen impune.
A fines de 2007 fue citado por primera vez a un juzgado el general Iván Paulós. Lo acompañaron como escoltas el coronel Ferro y otro desconocido de lentes oscuros quien exhibía un arma en su cintura al arengar a los presentes. Era el mayor Enrique Mangini, uno de los militantes de la JUP que asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela en el Liceo 8 en 1972. Denunciado por la prensa, en su impunidad, inició un juicio por difamación. Su denuncia fue desechada, pero aún no lo juzgaron por su crimen.
Los militares Alberto Ballestrino (h), Ricardo Blanco Fanocchio y Gustavo Mieres Ultra asesinaron por torturas a Oscar Fernández Mendieta en el Batallón de Durazno en mayo de 1973. Su responsabilidad fue denunciada en 2009, pero todavía no fueron juzgados. Ballestrino es pastor en Maldonado, Mieres dirige el Club Tacuarembó y Blanco habría viajado al exterior. El pasado 18 de mayo, Día del Ejército y la Batalla de las Piedras, el comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, destacó el concepto de “trato digno al enemigo preso” que pedía el General Pablo Galarza en la guerra de 1904. Galarza es el nombre del batallón donde mataron a Fernández Mendieta.

La ayuda que Dan Mitrione pidió a EEUU incluía 4 Winchester 225 entregados a la DNII. Con ellos asesinaron a Heber Nieto en 1971.
En marzo de 2009 la historiadora Clara Aldrighi trajo documentos desclasificadoss en Estados Unidos que mostraban la ayuda que el agente norteamericano Dan Mitrione pidió para Uruguay antes de ser ejecutado por los Tupamaros en agosto de 1970. La “ayuda” llegó a fines de 1970. Incluía autos Mavericks, equipos de espionaje y armas, entre ellas cuatro winchester 225 con mira telescópica, que fueron usados para asesinar al estudiante Heber Nieto en la azotea de la Escuela de la Construcción en 1971. La semana pasada, 45 años después, un testigo fue citado a declarar por el caso en el juzgado penal 13…
CUENTAS DE IMPUNIDORES
Los criminales prófugos Jorge Tróccoli, Hermes Tarigo y Pedro Mato, estarían cobrando sus pensiones militares a través de tarjeta BROU internacional. Todos ellos deben presentarse periódicamente ante un consultado uruguayo para que les den el “certificado de vida” que luego envían al Servicio de Retiros y Pensiones Militares para que les habiliten el pago de sus jubilaciones. La Cancillería uruguaya sabe dónde está cada uno de ellos, porque esos papeles son enviados a Montevideo por los consulados.

Los militares prófugos obtienen certificados de vida en los consulados uruguayos y luego cobran sus jubilaciones en cajeros BROU.
Estos militares prófugos tampoco han sido sometidos a los tribunales de honor que les harían perder sus pensiones. Ser prófugos no sería deserción para las Fuerzas Armadas. Por el contrario, ellos también fueron favorecidos por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2008 declaró inconstitucional el impuesto a los sueldos (IRPF), de unos tres mil retirados militares, que en la causa estuvieron representados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez. Resulta paradójico que el Estado financie sus fugas…

El Ministerio del Interior censuró documentos desclasificados sobre Nibio Melo, pese al Art. 12 de la Ley 18.381.
En julio de 2010, el Ministerio del Interior censuró documentación desclasificada por la Ley de Acceso a la Información 18.381 sobre Nibio Melo, el hijo desaparecido de Luisa Cuesta, con el argumento de “bloquear datos de terceros” por la Ley de Protección de Datos Personales 18.331; pese a lo que específicamente dice el artículo 12 de la ley de transparencia: “no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas… cuando la información solicitada refiera a violaciones a los derechos humanos, o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.”
Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, argumentaron en 2007, dos años después de la asunción de Tabaré Vázquez, que el maestro Julio Castro no había desaparecido sino que había tomado un avión a Buenos Aires como había dicho en 1977 la dictadura ante la OEA. La impune excusa se planteó como respuesta a una causa civil que inició la familia, quien luego de ganar ese juicio presentó todas las pruebas en una causa penal.

En 2007, con gobierno del Frente Amplio, abogados del Ministerio de Defensa adujeron que el maestro Julio Castro había huído en avión a Argentina.
La causa penal derivó en el procesamiento con prisión del comisario Ricardo Zabala, quien había secuestrado al maestro Julio Castro en 1977; pero un nuevo fallo judicial excarceló al policía.Algo similar ocurrió con el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por el asesinato en 1973 de Roberto Gomensoro Josman. Pero luego, en un extraño movimiento simultáneo de piezas desde la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, fueron cambiados juez y el fiscal, y terminaron otorgando el sobreseimiento del militar.

El caso Gomensoro volvió a quedar impune con la excarcelación del coronel Gómez.
CUENTAS DEL PASADO
Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez coordinador del segundo vuelo de Orletti, y obviamente lo es el régimen carcelario que el juez “ejecutor” Martín Gesto concedió a Ernesto Ramas (quien nunca estuvo en la cárcel y siempre se alojó en el Hospital Militar) y ahora fue a veranear a Piriápolis sin tobilleras, y para José Nino Gavazzo, a quien el mismo magistrado le permitió asistir a la celebración de los 15 años de su nieta. Un escrache en la puerta de su casa en Pocitos se lo terminó impidiendo.

El juez Martín Gesto otorgó la prisión domiciliaria a Ramas y a Gavazzo, quien tuvo permiso para ir a la Fiesta de 15 de su nieta.
Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte quienes acompañaban al capitán Jorge Tróccoli cuando viajaron a Buenos Aires a secuestrar a los uruguayos militantes del GAU; como lo es que el psiquiátra Martín Gutiérrez, denunciado por torturador ante el juzgado penal de 7° turno, pretenda un diploma de la Udelar en neurofisiología; que el oficial Sergio Coubarrere y el Dr. Eduardo Sainz paseen libremente por Fray Bentos, siendo los asesinos de Vladimir Roslik, porque para la justicia de Soriano el caso prescribió.

Armando Méndez mantiene su impunidad desde que coptó a Amodio Pérez a la OCOA
También es impunidad que el coronel Armando Méndez, el militar que convenció a Amodio Pérez (otro con prisión domiciliaria) para que le ordenara los papeles de la OCOA y poder capturar y torturar a sus compañeros, todavía no haya sido citado como indagado en un juzgado, cuando fue quien terminó asesinando por torturas al obrero Humberto Pascaretta de la fábrica CICSA, según ha testificado el ex soldado Hugo García Rivas, quien todavía debe vivir como un desertor refugiado por Cruz Roja en Noruega.

Las “Pibas de Abril”, tres jovenes acribilladas en 1974 cuando empezó la coordinación represiva. Otro crimen impune.
Y sigue siendo impunidad que no se desarchive en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) los documentos sobre la reunión de Buenos Aires de 1974 en la que comenzó la coordinación represiva regional, iniciada con el secuestro y tortura del “Negro” Antonio Viana Acosta, que siguió con la salvaje ejecución de las “Pibas de abril” en la búsqueda de Washington Barrios, y que ese año incluyó a los fusilados de Soca, el asesinato de Ramon Trabal, y la desaparición de Luis González González.
Del mismo modo que permanecen impunes los crímenes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista en 1975, la verdad sobre el asesinato de Michelini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw o la desaparición de Liberoff, como la extorsión sobre Gerardo Gatti y León Duarte, lo ocurrido con las víctimas del segundo vuelo de Orletti, el destino de María Claudia García de Gelman y Elena Quinteros, en 1976.

El avión 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) fue protagonista del segundo vuelo de Orletti en 1976. ¿Dónde están?
Está impune lo que hicieron con el dinero de Orletti, la compra de la casona de Millán y de la Base Valparaíso, donde funcionaba una inmobiliaria desde la que crearon los edificios construidos en Luis A de Herrera y Demóstenes y en Batlle y Ordóñez y Ramón Anador; como impune continúa el destino del padre Mauricio, Klever Silva, cuyos archivos no ha desclasificado el Vaticano pese a los compromisos del Papa Francisco o las gestiones prometidas por el cardenal Daniel Sturla.
Sigue impune la desaparición de Santana, Inzaurralde, Goncálvez y Bellizzi en el Club Atlético, como los traslados a Uruguay de todos los secuestrados en diciembre de 1977 en Argentina, como el destino de Arigón, Ortiz, Paitta y Mattos Fagián, desaparecidos en los ochenta; o la decisión judicial sobre la denuncia de violencia sexual realizada con gran coraje por las presas políticas, que nos confirmaron que la violación era una herramienta sistemática en la tortura por todos los implicados.

Las excavaciones se demoran por razones políticas, judiciales o económicas.
Y también es impunidad que cada gobierno comience las investigaciones desde el principio y a la Comisión para la Paz, que hizo un informe para clausurar las investigaciones, siga una Comisión de Seguimiento que terminó publicando cinco tomos de documentos oficiales no cotejados con las víctimas y sus familias, y ahora una Comisión por Verdad y Justicia, que tarda un año en presentar su plan de trabajo; o que las excavaciones para encontrar a los desaparecidos dependan del convenio que se debe renovar cada año…
CUENTAS DEL PRESENTE
Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos “cultura de impunidad”, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay.
La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el “nunca más”), genera una frustración y un descreimiento social, que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el “valor” de la existencia humana.

La impunidad refuerza la frustración que genera un mundo consumista donde el valor del hombre se mide por lo que tiene.
Esa cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura, deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática. ¿Alguna vez se sabrá la verdad sobre el Plan Conserva, el banco Inglés, la pesquera Astra, o el vaciamiento de los bancos Bafisud, Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, Citibank, o el lavado en Cambio Italia?

La venta del Banco Pan de Azúcar, una de las denuncias de corrupción en los años noventa que parecen olvidadas.
La impunidad cotidiana genera pérdida de memoria sobre los nombres de la corrupción y de los corruptos, que se mezclan intencionalmente en la confusión y el olvido, para que nunca recordemos cuál era qué caso y cuáles sus derivaciones, para que no recordemos a los sospechosos de siempre, a los culpables de ayer, de hoy y de mañana…
¿Qué significan para la mayoría de los uruguayos los nombres de empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y Jose Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, Carlos García Altolaguirre o Carlos Curbelo Tammaro?.

¿Quién recuerda que como director del BHU, Samuel Noachas se adjudicó un apartamento?
¿Qué recuerdo queda de lo protagonizado por los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, AugustIn Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Samuel Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silva, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro, o Juan Carlos Bengoa?.
¿Cuánta impunidad existe si no se recuerda lo que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, Cangrejo Rojo (¿alguna vez se confirmó si era la voz de Julio Luis Sanguinetti la que pedía una coima a los inversores?), Merluza Negra, o que implicaron las SAFIs de Posadas, Vecino & Vecino en la historia del regional del lavado de dinero, la triangulación de armas o fuga de capitales?.

Villanueva Saravia, una de varias sospechosas muertes que se mantienen en la impunidad.
¿Cuán absoluta es la impunidad mientras siga sin saberse quién “suicidó” a Villanueva Saravia, quien asesinó a Andrés Trigo, quien patoteó a Jorghinio Goularte, quien ejecutó a Ronnie Scarzella, quien mató a la modelo Susana Mazur, o quien hizo estallar a Miriam Mazzeo con una bomba en la calle Plutarco; entre otros tantos casos que quedaron sin resolución?…
Es la misma cultura de impunidad que rige sobre los delitos cotidianos que sufre hoy la sociedad uruguaya y que las crónicas policiales nos inyectan en dosis de 20 minutos diarias en los informativos, cuando nos cuentan del Betito, el Bartolo, la Cotorra Loca, el Rambo; cuando nos instalan términos como “ajuste de cuentas”, “sicariato” con “descuartizadores”, “zonas rojas” o “feudalización” de los barrios, que mañana serán “favelizados” para que entre a sangre y fuego la Guardia Republicana como ocurrió en el Marconi.

Zonas Rojas, feudalización de barrios, sicarios y otros términos que imponen los medios de comunicación terminan por habilitar la represión del Estado.
“IMPUNO-OFF SHORE”
Cada día aparecen nuevas impunidades… Gracias a los debates que en las redes sociales generó el aumento del IRPF, saltó un dato publicado en el Reporte Uruguay 2015 de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP): “…puede señalarse que en 2011 el 1% de la población de mayores ingresos se apropiaba del 65,9% de los ingresos del capital; el 0,5% de la población, del 60,7%, y el 0,1% de la población del 48,7%. Esto significa que 3.286 personas concentran la mitad de los ingresos del capital.”

Informe de OPP: en Uruguay 3.286 personas concentran la mitad de los ingresos del capital.
Semejante concentración de la riqueza convoca a analizar cuánto de impunidad puede haber en el origen de esas fortunas y cuántas fortunas pueden dormitar en las polémicas empresas off shore que hace 25 años denunció Brecha, cuando el país era acusado de realizar bancotráfico luego de la caída de un par de importantes narcotraficantes que utilizaron el sistema financiero uruguayo para lavar miles de millones de dólares. Fue en esos días que empezó a crearse un nuevo tipo de empresas de inversión, las SAFIs, ideadas por el Estudio Posadas, Posadas & Vecino, que terminaron protagonizando importantes casos de lavado y corrupción en todo el mundo.
Una “fabrica de cuchillos”, que servían “para comer o para matar a un cristiano”, según explicaba en aquellos días el presidente Luis Alberto Lacalle y actualmente ratifica su entonces canciller Sergio Abreu, dedicado a gestionar esas empresas a las que el ingenio popular supo pintar con una insuperable imagen: “Las empresas off shore son como aquel marido fiel que paga el alquiler de un bulín, por las dudas. Está pensando el pecado”… La off shore no es un delito, pero ¿para qué la adquiere un empresario uruguayo? . Muchos dicen que para evadir impuestos.

Los “Panamá Papers” desnudaron impunidades de corrupción y los mecanismos que para la evasión de impuestos utilizan los empresarios
El tema de los “Panamá Papers” ha generado un escándalo local e internacional que muestra el ejercicio de esta impunidad. Pero sólo se “filtró” (quién y por qué lo filtró implica a otros impunes y a otras impunidades) la documentación de un estudio, el de Mossack&Fonseca, cuando hay cientos de oficinas que se dedican a crear este tipo de instituciones en Panamá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en países del Caribe o mostradores de bancos europeos. Son todos los que están, pero ¿están todos los que son?.
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, explicó que las off shore no eran algo nuevo para ellos, quienes desde hace tiempo utilizan buscadores como el Open Corporates (https://opencorporates.com) para estudiar el origen de empresas o el nombre de sus directivos. Allí aparecen los nombres filtrados en los Panamá Papers y los que todavía no fueron públicamente expuestos. Si con esa herramienta se empieza a buscar, parece posible y hasta lógico encontrar gente que, por ejemplo, estuvo en los gobiernos que siguieron a la dictadura y hoy hacen sus legales negocios a través de alguna empresa off shore en Panamá u otros países.

Impunes personajes y casos de corrupción hay desde tiempos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle.
Y no esta mal que “sospechados” personaje del gobierno de Julio María Sanguientti como Jorge Sanguinett Saenz (su mujer y sus hijos) tengan empresas, al igual que Fernando Barboni, Armando Da Silva Tabares, Antonio Marchesano, Mario Garbarino, Julio Kneit o Ernesto Laguardia. Y tampoco es delito que otras personas, también “sospechadas”, vinculadas al gobierno de Luis Alberto Lacalle tengan sus off shore, como Daniel Cambón, Iván Coronel, José Luis Ovalle, Igor Svetogorsky o el propio Ignacio de Posadas… Al fin y al cabo, hasta el frenteamplista Esteban Valenti ha tenido una empresa de este tipo años atrás.

El negocio del fútbol quedó expuesto con la detención de Figueredo por FIFA y las off shore de Damiani en Panamá. Se manchó la pelota.
Cualquiera en la sociedad uruguaya puede tener una de estas empresas. Desde el oncólogo Eduardo Lasalvia, a los Stirling, los Bulgheroni, los Lecueder, el arrocero Casarone, el lanero Alejandro Nin o las autoridades del Carrasco Lawn Tennis, o personajes como Daniel Laffite, Juan Berchesi, Alberto Benegas Lynch, Ramiro Rodríguez Villamil, Jorge Caumont, Carlos Federigoti o Victoria Ortiz. Gente del deporte: Eugenio Figueredo, Francisco Casal, Diego Forlán, Alvaro Recoba, Enzo Francescoli, Daniel Gutiérrez, Jorge Da Silveira o Juan Pedro Damiani o su hermana Patricia. También pueden tener unas off shore Ricardo Peirano o su pariente Dante Peirano (¿o por sus antecedentes no debería?).

Los ricos no piden permiso para evadir impuestos… Los principales empresarios y grupos económicos dirigen empresas en el exterior.
Si en el buscador del Open Corporates se digitan los nombres de la lista de 120 más ricos del Uruguay que publicó la revista Caras & Caretas, verá que tienen empresas en el exterior los Fernández, Bouza, Taranto, Dovat, Zeinal, Mailhos, Alvarez, Cardozo, Romay, Lecueder, Henderson, Manhard, Otegui, Weiss, Macri, Lempert, Rospide, Renner, Mitelman, Azar, Campiglia, Saps, Cohen, Strauch, Mesa, Scheck, Schneck, Ortolani, Branaá, Gervitz, Romay, Levitin, Kaufman, Zambrano, Artagaveytia y Campomar, o la sucesión Calcagno.
Pero el problema de la impunidad comienza a aparecer cuando estos empresarios, que hacen negocios en Uruguay y llevan el dinero al extranjero, son los propios representantes de las gremiales, los que piden luego exhoneraciones fiscales, flexibilidad laboral, rebajas salariales, seguros o refinanciaciones al Estado y tratan de reducir la porción de los trabajadores en los Consejos de Salarios.

¿Directivos de las cámaras empresariales que piden exhoneraciones, flexibilidad y refinanciaciones, tienen empresas off shore?
Impacta ver que al frente de off shore aparecen nombres idénticos a los de la directiva de la Cámara de Industrias: de su presidente Washington Corallo, del vice Carlos Barreira, de los vocales Rafael Sanguinetti, Juan Carlos de León, Fernando Pache, Lucio Terra, Eduardo Canrell, Ricardo Vecino, Walter Frisch, Elbio Fuscado…

¿Los titulares y vocales de las Cámaras de Industrias y de Comercio, como de la Asociación y la Federación Rural, invierten en el exterior o evaden impuestos?
Y que ocurra lo mismo con los de integrantes del directorio de la Cámara de Comercio y Servicios: su presidente Carlos Perera y los vocales Eduardo Ameglio, Juan Christian Schandy, Roberto Acle, Victor Angensheidt, Diego Arrosa, Fernando De Posadas, Isidoro Hodara, Ana Hunter, etc. Al igual que de la Cámara de la Construcción, encabezada por el Grupo Otegui, Alejandro Goglia, Alejandro Ruibal, Eduardo Apud. Incluso en la Asociación Rural del Uruguay, su presidente Ricardo Reilly Arrarte y el productor Djalma Puppo; como ocurre con Rodrigo Herrero y Alejandro Tesdesco vinculados a la Federación Rural… Algunos son nombres comunes y pueden tener un sosias, la DGI debería confirmar si efectivamente son sus identidades y, “por las dudas”, si no hubo evasión fiscal…
Mientras no se legisle lo contrario, es legal tener una off shore. Si pagan sus impuestos pueden hacerlo, aunque sean representantes de las gremiales del empresariado uruguayo y se lleven el dinero a otro país… Pero esto también es parte de una cultura de impunidad uruguaya a la que hay que enfrentar con tres herramientas: la Verdad, la Justicia y la Memoria. Verdad para desnudar a la impunidad, hacerla visible, sacarla de la oscuridad de la que se alimenta; Justicia, porque la verdad lo exige, para responsabilizar a los impunes, sea cual sea el delito que cometieron; y Memoria para recordar a sus impunidores, para que nadie se olvide de nada y nada se olvide de nadie. Y, así, no ocurra nunca más.
*En base a una charla sobre Cultura de Impunidad organizada por la Juventud Socialista del Uruguay, JSU, realizada el viernes 27 de mayo de 2016 en Casa del Pueblo, Montevideo, Uruguay y difundida por Crysol.

Entrevista a Edison Lanza

Entrevista a Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Periodista y abogado uruguayo fue designado en julio de 2014. Con él hablamos sobre la Ley de Medios y su aplicación en Uruguay.

Adriana Cabrera interviene sobre las políticas de derechos humanos

Adriana Cabrera en el espacio de preguntas y respuestas habla sobre los derechos humanos durante el segundo gobierno del Frente Amplio. La mesa redonda, dedicada a la democratización de la sociedad estaba integrada también por Gustavo Gómez y Gabriel Delacoste y moderada por Virginia Martínez.

Entre tribus urbanas y derechos universales

Por Adriana Cabrera Esteve

Hace unos meses, en medio de la campaña electoral departamental (LA REPÚBLICA 5/5/2015), escribí un artículo, La movilidad urbana y el derecho a la ciudad, en el que hablaba del derecho de los que eligen la bicicleta como medio de transporte y también de los que, potencialmente, podrían elegirlo. En ese entonces parafrasee a David Harvey quien considera, se trata del derecho de cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad.

El énfasis, entonces, radicaba en las motivaciones por las que cualquier mortal se sube a una bicicleta: para realizar ejercicio, para trasladarse y usar aquel escaso tiempo entre una obligación y otra en una actividad que le permita al mismo tiempo bajar el colesterol, obtener una mejor condición cardiovascular, incrementar su calidad de vida, eliminar el estrés, combatir la depresión segregando endorfinas, o sencillamente, mejorar los tiempos en desplazarse de un lugar a otro ya que está probado, son menores que los del transporte público y el automóvil particular.

Sin embargo, visto así, algunos podrían preguntarse por qué todos deben adaptarse a las exigencias de una minoría de ciclistas que como dicen por ahí, ni siquiera usan las escasísimas ciclovías y bicisendas existentes.

Por eso, en este artículo me gustaría no hablar sobre el derecho de los gobernados, ni sobre la solidaridad que debiera emerger de sus conciudadanos, ni sobre la obligación de dar respuesta a sus demandas por parte de los gobernantes, todas cosas que defiendo, sino de las obligaciones de estos últimos en sí. Ya que no es por tener en cuenta los derechos de una minoría que el tema de la movilidad ingresa en el campo de los derechos. Muy por el contrario, es por el derecho de las mayorías.

Algunas razones inherentes al mismo tránsito. Su enlentecimiento producto del aumento del parque automotor o la accidentabilidad. Otras, vinculados a la democratización del espacio público. Pero el más importante, a mi entender, es la sustentabilidad ambiental.

Todos aprendimos, los más jóvenes en el liceo, los más viejos en los diarios o en revistas científicas lo que supone el llamado efecto invernadero y su consecuente aumento de la temperatura de la atmósfera por la concentración de gases, muy especialmente el dióxido de carbono,que conforma una gruesa capa atrapando el calor del sol.

También todos sabemos sus consecuencias devastadoras, y si no, lo hemos oído o visto por televisión: inundaciones, nuevas plagas, picos nevados que ya no son tal, derretimiento de los glaciares, o sin ir muy lejos, los muy recientes incendios de más de miles de hectáreas luego de cuatro años de sequía en California.Y es que en los últimos cien años, la temperatura del planeta aumentó 0,8 °C, algo que no había sucedido antes en esa proporción. Esas, aparentemente pequeñas diferencias en la temperatura atmosférica, son una de las principales causas del cambio climático.

Las principales fuentes de emisión de CO2 son la actividad pecuaria y el suministro de energía a la industria y el transporte. El Frente Amplio ha impulsado un cambio en la matriz energética a favor de energías renovables como la eólica, la biomasa, o la solar o fotovoltaica. Y según el informe 2015 de Naciones Unidas se está muy cerca de cumplir la meta de llegar a un 50% de energía renovable para este año.

Sin embargo, y así también lo señala el informe “casi todo el consumo de energía del sector transporte está basado en combustibles fósiles, lo que se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero, agotamiento de recursos no renovables y otras emisiones contaminantes” por lo que nos sugiere “considerar medidas de eficiencia energética, así como priorizar formas de movilidad que generen menos emisiones y al mismo tiempo garanticen la igualdad de oportunidades para el conjunto de la población en sus desplazamientos”.

El informe también nos alerta sobre los costos que tendría el cambio climático en curso en nuestro país.

Para “priorizar formas de movilidad que generen menos emisiones” es necesario políticas públicas destinadas a tal fin. En ese sentido, la IV Agenda Ambiental de Montevideo 2013-2019 incluye impulsar una movilidad ambientalmente saludable. Para lo que se plantea “promover hábitos de movilidad sustentable (transporte colectivo, caminata y bicicleta) que minimicen el uso ineficiente del automóvil”, “fomentar el transporte activo con infraestructura adecuada y el Sistema de Bicicleta Pública”, “desarrollar campañas tendientes a fomentar el uso del transporte colectivo sobre el transporte privado”, “crear un sistema de bicicleta pública a escala barrial”, “promover actividades cotidianas que impliquen una movilidad a nivel local, generalizando la importancia de la actividad física y la concientización en el ahorro energético” y la “implementación de un sistema de control de emisiones vehiculares”.

En estos momentos, en que nos abocamos a elaborar los presupuestos nacionales, departamentales y municipales, vale tener en cuenta esta visión a largo plazo de la movilidad urbana y el medio ambiente y, lejos de visualizarnos como diferentes tribus urbanas, asumir una mirada universal y en forma conjunta defender la calidad de vida del único planeta que tenemos.

Publicado en La República 24/9/15

Recuperar nuestra humanidad

Gobernar es también anticiparse

Toda la sociedad uruguaya ha estado fuertemente impactada por los episodios del SIRPA. A los hechos de violencia, siguió la resolución judicial que terminó procesando con y sin prisión a 26 funcionarios del INAU. Existen disquisiciones legales sobre la proporcionalidad entre los acontecimientos y las penas de dicho dictamen. Lo que debería estar fuera de discusión es que tanto las innumerables denuncias previas como el video que adquirió estado público revelan un trato cruel, inhumano y degradante a los menores privados de libertad en el CEPRILI. Es tortura, en cualquier lugar y contexto, la agresión de un agente del Estado que lesiona por su entidad la humanidad. No es necesario usar tacho y picana. Por cierto que guarda grandes diferencias de alcance y objetivos con la aplicación sistemática de la tortura por parte del terrorismo de Estado que impusieron las dictaduras de la región. Ahora, como un colmo insólito, se agrega la acción de la Guardia Republicana, que vuelve a cometer graves violaciones a los derechos humanos. Contra los mismos menores, que más allá de sus conductas (por ello están privados de libertad), merecen un trato digno.
No debería ocultarse que estas prácticas naturalizadas e institucionalizadas constituyen flagrantes violaciones a los más elementales derechos humanos. Agrava estos hechos la circunstancia de que antes y después de los mismos existiera un involucramiento directo de la organización de funcionarios del INAU. No solo no hubo el menor atisbo de autocrítica, sino que por el contrario, lejos de condenarlos se intentó explicar todo como una operación política para destruir al sindicato y acabar con sus dirigentes.
Con este escenario era bastante previsible una respuesta en la que se pusieran en marcha todos los mecanismos posibles para mostrar las vulnerabilidades institucionales del SIRPA. Al día siguiente a la difusión del video se produjeron tres fugas en el propio CEPRILI. La larga historia de fugas sistemáticas y muchas veces masivas de adolescentes que casi nunca estuvieron ajenas a situaciones de conflicto y demandas de los funcionarios a las autoridades del INAU permitía pronosticar una situación de gran conflictividad a punto de partida de los propios internos de los centros del SIRPA.
Manipular y “fogonear” el conflicto, crear un clima de inseguridad y alentar los desbordes, obligar a que actúen otros que no están preparados para intervenir adecuadamente, habilitar las fugas o impedirlas por pactos no explícitos, son formas corporativas nefastas de ejercer el poder y ganar posiciones en la negociación. Una dinámica conocida que alimenta la violencia utilizando y revictimizando a los adolescentes en una vieja fórmula a desterrar en el complejo proceso de reinsertarlos socialmente.
En ese contexto resulta inexplicable que las autoridades no hayan previsto una participación adecuada y ajustada al respeto de los derechos humanos a la hora de darle participación a efectivos de la Guardia Republicana en el traslado de un grupo de menores del CEPRILI a otro centro del SIRPA. Según han manifestado un grupo de parlamentarios se ha podido comprobar en varios internos la existencia de lesiones y la inexplicable falta de abrigo de muchos o la mayoría de ellos. Más allá de realizar de forma inexcusable una investigación a fondo de estos hechos, sorprende la incapacidad de prevenir y anticiparse por parte de los responsables del operativo de traslado. También sorprende de parte de las autoridades habida cuenta de la principalidad del tema en la agenda política y la importancia de consolidar al Estado como garante de derechos y muy especialmente de los derechos humanos.
Siendo estos nuevos hechos graves desde la perspectiva de los derechos humanos y admitiendo que aún deben ser investigados con todo el rigor que el caso amerita, estimamos que la situación deja un saldo altamente negativo que no se debería soslayar.
La intervención de la Guardia Republicana deja sobrevolando en el ambiente la idea que la única forma de controlar a estos jóvenes es ejerciendo formas violentas de intervención. El sistema actual, los funcionarios gordos y La Republicana coinciden en un punto aberrante, fuera de todo enfoque serio de integración social. Desplaza toda la responsabilidad de esta violencia institucional a las decisiones superiores desde el Estado y justifica la participación de los funcionarios en el contexto de decisiones y condiciones de trabajo de las que no son responsables. Los únicos que siguen poniendo el lomo y el cuerpo al castigo son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2002.
La crónica de la participación de la Guardia Republicana en el marco de las tensiones existentes en el SIRPA era una situación anunciada. No es posible entender cómo no se extremaron las medidas preventivas para evitar la reiteración de estos hechos y sobre todo evitar perder terreno en el campo de reivindicar que desde el Estado se puede garantizar la seguridad en un marco de derechos sin ejercicio de ninguna forma de violencia.
Los jóvenes infractores que cometen violencia y están presos, no son unos angelitos. Precisamente conocen desde pequeños, todo tipo de violencia familiar, social y represiva. Están más allá de la fractura social y tienen mucha violencia coagulada. Pensar que más violencia sobre sus cuerpos y sus almas arregla algo es de estúpidos. Creer que con ello se reeducan es insólito y lo único que genera es más violencia. Es necesario reencontrarse y rediseñar caminos para, no desde la ingenuidad, desplegar nuevos y renovados enfoques, que no apuesten solo al encierro y sí al trabajo de reeducación firme pero que comience por resignificar su humanidad. Humanidad que comenzamos a perder con estos hechos. La de ellos, que es nuestra humanidad.
Colectivo El Taller

Tributo a Liber Arce, un 14 de agosto, con Hugo y Susana, un 20 de setiembre

Escribe Milton Romani

Un dia despues del asesinato de Liber, pase a ser un detenido a disposicion del Poder Ejecutivo en el 5o de Artilleria. Tenia 18 años. Llegue y me encontre con profesores, sindicalistas, compañeros de militancia. Habian asesinado al primero de lo que seria luego una larga lista de estudiantes y obreros que luchabamos contra el ajuste autoritario del gobierno de Pacheco que goberno con Medidas Prontas de Seguridad, mantenidas con el apoyo de todo el P Colorado y una minoria del P Nacional. La congelacion de salarios y el abordaje de todos los representantes de la oligarquia, con Peirano a la cabeza, se hizo a tiros y repression. Las FFAA intervinieron, ya en ese entoncies, como cuarteleros de los miles de sindicalistas y activistas estudiantiles que desfilaron por todos los cuarteles de la patria, a disposicion del Poder Ejecutivo. Fue un ensayo general de lo que vendria despues. En lo economico, pero tambien en la alianza civico militar que volvio a poblar los cuarteles de la patria con el tacho, la capucha y la picana. Siendo, hasta hoy, para ignominia de la patria, cementerios clandestinos de honrosos ciudadanos y ciudadanas. El honor de los uniformes solo resplandecio en militares artiguistas como el Gral. Seregni, Gral. Licandro, Gral. Zufriategui, Gral Pedro Aguerre, Gral. Pedro Montañez, Brig. Gral Geronimo Cardozo, Gral. Edison Arrarte, Gral Arturo Baliñas, Almirante Oscar Lebel, Cnel. Oscar Petrides, y otros.

Liber ArceEsto lo escribi hace unos años. Sigue siendo un tributo a todos y todas:

Ese 20 de setiembre de 1968 concurrimos a la Universidad los pocos que quedábamos sanos de la agrupación del FER del Instituto Miranda. Indignados y asustados. El día anterior en una jornada de movilización callejera, al grito de “Gobierno gorila, abajo las Medidas” el primero que cayó herido fue el gordo Ruben. Tres impactos. Uno en la cara, otro en el pecho y si mal no recuerdo el otro en una mano. Nos dijo que un milico había tirado con escopeta. Al ratito, traen en andas al flaco Luis. El sí estaba gravemente herido, en la barriga cuatro impactos y en la zona genital un charco de sangre. Fueron cayendo luego, varios. El flaco Luis fue operado varias veces con riesgo de vida.

Le sacaron un par de metros de intestino. Años más tarde, fue procesado: 9 años de Penal. El gordo Ruben, también pasó 14 años en prisión… Ambos, salvajemente torturados. Todavía conservan en sus cuerpos aquellos proyectiles. Hace un par de años, al Flaco Luis (que se recibió de médico al salir de prisión), a 30 años de aquellos episodios, debió ser nuevamente operado por bloqueos intestinales de riesgo. Secuelas; memorias del cuerpo.

Fuimos, decía, a la convocatoria de la FEUU para repudiar la represión. Era multitudinaria. Las barricadas llegaban a Tacuarembó. La policía atacó salvajemente. Usaban armas de reglamento sin ningún tipo de miramientos. Nos recluimos en la Universidad. Allí, en su casa, estaba el rector Maggiolo, tapándose la boca con un pañuelo para protegerse de los gases que habían creado una nube densa. Estaba. Ponía el cuerpo. Tarde en la noche, cercados, en la azotea, nuevamente varios compañeros cayeron heridos en la cabeza… Ahí, con mis 18 años, mordiendo la impotencia, atragantado de bronca y de dolor, resolví emocionalmente incorporarme a la lucha armada. El enfrentamiento era desigual.

Al otro día, me levanté y mi madre acongojada me dijo que habían asesinado a dos estudiantes. Susana Pintos y Hugo de los Santos. A Hugo lo conocía por ser muy amigo de mi primo Daniel. Supimos encontrarnos frecuentemente en aquellos cumpleaños de 15 que poblaron nuestra adolescencia. Gomina, sonrisa gardeliana y pilchas impecables, iban al tono con su simpatía e inteligencia. Estudiaba Ciencias Económicas. Nos habíamos conocido en el Neptuno, y él fue nuestro capitán del equipo de waterpolo. Tenía pasta de capitán. Comprensivo, dicharachero. Lo mataron cuando tenía 20 años.

Nuestro compromiso militante era muy precoz. Quizás indiscernible de las naturales rebeldías juveniles. La vivimos auténticamente. No nos engrupieron ni los “marxistas leninistas” ni la intelectualidad uruguaya que “nos mandaba al frente”. Más bien que el empuje de aquella generación produjo terremotos en alguno de ellos. Nuestro proceso constituyó un fenómeno mucho más rico, más complejo y de mayor interés democrático. De mayor interés para ver las líneas de aprendizaje y de creación de estímulos morales en una sociedad. De compromisos.

Fue un proceso de empoderamiento de ciudadanía, de conocer y ejercer derechos. Miles de hombres y mujeres jóvenes aprendimos derecho, historia, economía, literatura, sociología, sindicalismo, universidad y ley orgánica, con nuestras prácticas, que estaban indisolublemente unidas en una sed de conocimiento por la sociedad y el mundo que vivíamos. Junto a la poesía y a los amores que se tejieron. Con la emoción y los afectos de ser verdaderamente protagonistas. No sólo de un cambio social, sino de un cambio de nosotros mismos. Rasgos de un romanticismo tardío o quizás perenne de las grandes jornadas de la humanidad. El paradigma fue el Ché, no sólo por su gesta ética y política cubana, boliviana, latinoamericana, sino por sus ideas magistrales plasmadas en aquella carta dirigida a don Carlos Quijano “El socialismo y el hombre en Cuba”.

Nos rebelamos porque estábamos inscriptos en los mandatos de una sociedad mediocre, desgastada, chata y que además la empujaban a un abismo.

Fuimos protagonistas. De la producción de una nueva subjetividad.

Luego vinieron tiempos peores, con el gusto de la derrota. La dictadura.

También fueron muchos los que resistieron. Miles que anónimamente y sin beneficio de reparación simbólica tienen en sus cuerpos y sus mentes una inscripción y una historia. La sociedad y el Estado les deben algo que es muy sencillo: “gracias a vuestro sacrificio, los derechos democráticos pueden ser ejercidos”.

No es menor. Porque, agravio comparativo, tienen más prensa, más reconocimiento y están emparejados con los que callaron, miraron al costado, sobrevivieron sin siquiera la indignación, para no hablar de los culpables.. Politólogos y políticos, periodistas y comunicadores, senadores, ministros, militares y policías, gente común también, que conviven y sobresalen pública y privadamente, como violencia simbólica contra los anónimos luchadores.

Hugo de los Santos y Susana Pintos, con nombre y apellido, como otros, son parte nuestra. No es una memoria nostalgiosa. Apenas una reparación que oficia como partera de las energías que están contenidas en nuestra gente. Recuerdos que están al servicio de una ética inmanente a los compromisos sociales e institucionales de quienes formamos un “agrupamiento” político. Lo digo así, sin mayores alambiques. Agrupamos ideas, plataformas, programas. La ligazón, la argamasa y la intencionalidad que contienen esos cambios es la historia de las intencionalidades, del sentido, de la racionalidad y el sentimiento que tuvieron aquellas prácticas, esas luchas, cuya bandera trágica la llevaron miles de jóvenes como Hugo y Susana. No es un pasado remoto. Es un presente que nos habla de “un paso efectivo en la lucha” que, como dijo alguien, a veces es más importante que cien programas. O quizás, y sin quizás, es el programa. *