Ley de Urgente Consideración y seguridad: 25 años de urgencias. Por Luis Eduardo Morás

 Luis Eduardo Morás en Posturas de La Diaria 6 de mayo 2020

Desde hace al menos un cuarto de siglo los problemas vinculados con la inseguridad ameritan ser tratados bajo el rótulo de la urgencia. En tal sentido, vale recordar que la segunda administración de Julio María Sanguinetti, iniciada en marzo de 1995, envió al Parlamento una ambiciosa ley compuesta por 40 artículos para enfrentar lo que se entendía como una profunda crisis de la seguridad pública. Sin apelar al recurso constitucional de la urgente consideración, obtuvo su aprobación mediante una sólida mayoría de legisladores oficialistas y opositores, que le dieron incluso la unanimidad a una parte sustantiva del texto votado. La llamada Ley de Seguridad Ciudadana (16.707) logró un amplio consenso, expresado en un trámite que insumió apenas los 92 días que separan su ingreso en Diputados, el 4 de abril, de su aprobación, el 6 de julio de 1995, por la Cámara de Senadores.

El recuerdo de la reforma de 1995 resulta útil en varios planos. En primer lugar, puede cuestionar la demanda formulada por el ministro del Interior, quien exigió el tratamiento de la LUC a efectos de contar rápidamente con las herramientas apropiadas para enfrentar la crisis sanitaria. En tal sentido, el trámite seguido por la antedicha norma puede ilustrar un camino que resultaba igualmente posible: desglosar los 120 artículos que correspondían a su cartera y que fueron aprobados inmediatamente por la robusta mayoría parlamentaria existente; evitando así dos males, el desgaste de recurrir a una cuestionada figura jurídica, y la consecuente dilatoria debido a los plazos constitucionales que establece el artículo 168. Claro está que esta opción tenía varios riesgos, y posiblemente uno de ellos fuera que tal desglose implicaría divorciar la parte más “popular” de la LUC de otras que no lo son tanto.

A su vez, el tiempo transcurrido permite apreciar el abismo que ha mediado entre las expectativas depositadas en esa legislación, basada en la profundización de la respuesta punitiva, respecto de sus efectivos logros en términos de reducción de la violencia. El intento de enfrentar las complejidades de una criminalidad creciente y la extensión del sentimiento de inseguridad mediante el recurso de una profusa legislación penal que insistía en crear nuevos delitos y extender las penas para los ya existentes resultó un estrepitoso fracaso. Fugaces desengaños que, lejos de desanimar la superficial definición de problemas e ingenuas expectativas, a lo largo de estos años fue sumando en todo el espectro político fieles creyentes de las bondades del manodurismo penal.

Sin ánimo de escribir en este acotado espacio la triste historia de las buenas intenciones legislativas que sistemáticamente fracasan, debemos sí señalar el impacto que han tenido estas modificaciones (y sus malogradas promesas) en un imaginario colectivo que ante cada nueva frustración logra convencerse de que se está en el promisorio camino de las efectivas soluciones. A la fecha es posible sostener que se ha consolidado firmemente una idea: hacer “algo” contra la inseguridad no significa otra cosa que ignorar todos los diagnósticos académicos y la evidencia de programas exitosos de intervención acumulados a nivel local y universal; rechazar cualquier intento de profundizar en la complejidad de los fenómenos involucrados en la violencia delictiva y las circunstancias de vida que rodean a sus protagonistas; denunciar como cómplices de los delincuentes a quienes interponen objeciones ante la evidente inutilidad de la inflación punitiva; y alertar sobre las turbias intenciones de aquellos que señalan los riesgos para la legitimidad del Estado de derecho que representa vulnerar garantías procesales. La mayor parte del contenido de la LUC representa la cruda expresión de estos prejuicios y no augura un resultado diferente respecto de sus precedentes normativos, aunque es altamente probable que por la magnitud de las reformas que se proponen se profundicen las consecuencias negativas en diversos planos.

A pesar del constante incremento de la población carcelaria que coloca al país entre aquellos que mayores tasas de presos poseen, en el discurso hegemónico se multiplican las menciones a una legislación excesivamente benévola, las críticas a una Justicia que no castiga lo suficiente o a los excesivos beneficios de los que gozarían las personas al momento de cumplir las penas. No puede llamar la atención, entonces, que la LUC proponga la eliminación de un conjunto de supuestos “beneficios” para los infractores; tanto de aquellos que puedan surgir en la etapa procesal por la vía de eliminar o restringir la posibilidad de recurrir a procesos abreviados o a la suspensión condicional del proceso, por ejemplo, como a la hora de ejecutoriar la pena privativa de libertad (limitando las salidas transitorias y la redención de la pena por trabajo y estudio, arts. 83 y 85).

En particular, el artículo 80 se hace eco de la agobiante demanda popular acerca de que los presos deben “trabajar para sustentarse”, sin considerar la imposibilidad de cumplir con esa “obligatoriedad” cuando ni siquiera existen suficientes oportunidades laborales reales para contemplar el “derecho” (no ya la “obligación”) que tienen aquellos privados de libertad que expresan su voluntad de realizar actividades laborales. Algo de este reconocimiento de la impotencia puede interpretarse en la creación de la figura del “adulto joven”, entre 18 y 23 años, quienes “tendrán prioridad” en la asignación de actividades educativas y en el desempeño de algún oficio (art. 82), en lo que podría asumirse como la admisión escrita de la imposibilidad de consagrar estos derechos para la generalidad de las personas encarceladas.

Santiago Mazzarovich/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/

El supuesto funcionamiento deficiente de las instituciones, y en particular de la administración de justicia, no supone solo un estímulo para que cada día más personas se sumen con entusiasmo al camino del delito. Implicaría, además, un profundo desestímulo para las fuerzas de seguridad que ven así justificado el magro resultado de esclarecer menos de 5% de los delitos contra la propiedad y la mitad de los homicidios. Ninguna autocrítica que permita ubicar problemas de gestión o “vicios” institucionales es admitida para este pobre desempeño de la fuerza pública, y en consecuencia nada se propone en la LUC para mejorar en ese aspecto (por ejemplo, en términos de evaluación de calidad de la gestión o de fortalecimiento del contralor de la actuación que realiza la División Asuntos Internos). Jerarcas y retirados policiales –entre otros– han proclamado con insistencia la metáfora de las “manos atadas” y de una generalizada “falta de autoridad” como las inequívocas y exclusivas razones del insatisfactorio desempeño. Premisas asumidas sin mayores cuestionamientos por la opinión pública y que naturalmente encuentran su expresión en la LUC, cuya exposición de motivos para este apartado señala que pretende “dotar a la autoridad competente de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su función”.

Con el anunciado propósito de recuperar la “autoridad y el orden”, entre otras iniciativas se propone castigar la resistencia al arresto (art. 4) y se establece la delicada fórmula de sancionar a quienes incurran en algo tan difuso y sujeto a la discrecionalidad como el “menosprecio”, “agravio” o “menoscabo” de la autoridad, extremo que sería evaluado por la sensibilidad del funcionario policial actuante (art. 11).

Varios artículos modifican la Ley de Procedimiento Policial con el objetivo de dar una respuesta a las supuestas limitaciones que los funcionarios policiales encuentran al momento de enfrentar el delito. Entre otros, son destacables los artículos 45 al 48, que amplían y flexibilizan las circunstancias y condiciones para el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego. El artículo 49 parece el complemento inevitable de la discrecionalidad que los anteriores adjudican, estableciendo explícitamente la “presunción de inocencia” del personal policial; un agregado que luce como innecesario si se atiende que el pasado año fueron abatidos 32 delincuentes y en ningún caso resultó formalizado un funcionario policial por tales hechos. En este plano, una mención aparte merece el “derecho al porte de armas del personal policial retirado”. La nueva redacción dada al artículo 64 cubre una ausencia que fuera criticada en la primera versión de la ley, al establecer la obligación que el personal retirado no posea antecedentes penales y se le realicen periódicas pruebas de evaluación de su idoneidad. En definitiva, los exceptúa de tramitar la Causal de Otorgamiento que exige la regulación vigente (THATA) al resto de los ciudadanos que pretendan portar un arma de fuego. No parecería ser gran cosa la incorporación de este artículo, si no fuera por la eventual complementariedad con el siguiente, que establece el “derecho de reprimir delitos flagrantes por el personal policial en situación de retiro”; al tiempo que “las consecuencias de tal intervención deberán ser consideradas, a todos los efectos, como acto directo del servicio” (art. 65).

No puede escapar a ningún analista de la realidad del continente que dicha extensión de un “derecho” puede derivar en una invitación a conformar organizaciones de seguridad especializadas, por fuera tanto de las regulaciones del personal policial activo como de las empresas privadas de seguridad registradas; contando con todas las ventajas de la ausencia de controles que supone la “informalidad”, pero sumando los beneficios que las eventuales consecuencias de tales actividades puedan ser consideradas “actos de servicio”. En tal sentido, es posible que la inclusión a último momento del artículo 115, que extiende el porte de armas también a militares, pueda interpretarse como el requisito necesario ante una posible disputa por un lucrativo campo laboral a futuro.

La evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva.

Un llamativo y singular capítulo lo representan las iniciativas que se proponen en el área de adolescentes en conflicto con la ley, que finalmente parecen conceder a los impulsores de la baja de la edad de imputabilidad penal el consuelo de una tardía victoria moral sobre el tema. Ninguna de las seis propuestas incluidas en el capítulo correspondiente esbozan siquiera algo propositivo para mejorar las condiciones de reclusión o incrementar el impacto de las medidas “socioeducativas” y/o la gestión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Por el contrario, todas ellas reflejan el ánimo de profundizar en grado extremo el contenido punitivo del sistema penal adolescente, en esta ocasión sin la excusa de enfrentar una “sangrienta ola delictiva de menores”, desde que la participación de estos en delitos graves viene presentando un pronunciado descenso en los dos últimos años: en el primer semestre de 2019 se constató la participación en 4% de los homicidios y en todo el año 2018 fueron encausados por la Justicia penal adolescente 12 menores por homicidios y 108 por rapiñas.

De aprobarse la redacción dada al artículo 75, los adolescentes verían duplicarse el tiempo de privación de libertad máximo, que pasaría de ser de cinco a diez años; el artículo 76 reafirma no sólo la vigencia de una norma considerada por calificados expertos y organismos internacionales como inconstitucional (el art. 116 bis aprobado en 2013 por la Ley 19.055) al exigir la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar, sino que también duplica la pena mínima que deben imputar los jueces ante la comisión de determinados delitos, pasando de uno a dos años.

La población de mujeres encarceladas ha aumentado.

Al igual que para los adultos, se restringen las posibilidades de acceder a beneficios que mitiguen la privación de libertad y amplifiquen las posibilidades de inserción social, excluyendo el régimen de semilibertad para un conjunto de delitos que incluye la rapiña simple, que constituye la causal de ingreso de más de la mitad de la población adolescente internada. Tal propuesta no sólo resulta muy cuestionable al desatender la legislación y los acuerdos internacionales signados por el país que obligan a privilegiar el contenido socioeducativo de la medida judicial por encima de la mera sanción penal; sino que la actual redacción del artículo 74 insiste en transitar en un régimen discriminatorio hacia los adolescentes, en tanto para ellos no se prevé la posibilidad del régimen de “libertad a prueba” (art. 32). Algo similar podría decirse de la creación del “adulto joven” (art. 82), una figura que alcanzaría a los privados de libertad mayores de edad que resultarían “privilegiados” para realizar actividades educativas o laborales, pero no serían contemplados si cumplieran la privación de libertad como adolescentes. De aprobarse esta legislación, llegará incluso el momento en que pueda presentarse una cruel ironía: en el propio INISA cumplirían “medidas socioeducativas” individuos con 26 o 27 años que la propia legislación que regula la privación de libertad ya no consideraría siquiera dentro de la categoría de “adulto joven”.

En defensa de la LUC se ha manifestado que sus críticos exhiben fuertes “prejuicios ideológicos” que los llevan a rechazar lo que serían disposiciones absolutamente naturales y desideologizadas, principios básicos emergentes del más extendido y simple sentido común que deberían compartir todas las personas honestas que no tienen nada que ocultar ni se oponen a la cruzada iniciada para restablecer el orden y el respeto a la ley.

Más allá del juego político que habilita a apropiarse de frases hechas, y corriendo el riesgo de ser incluido dentro de los que desarrollan esa particular patología, estimo que sería adecuado que se explicitaran con datos contundentes y con sólidos argumentos las razones que llevan a modificar sustancialmente un conjunto de códigos y leyes de suma relevancia. En este sentido, podríamos interrogarnos acerca de cuál sería el dato de la realidad que justifica un incremento radical de las penas administradas a menores, por ejemplo. Contradiciendo, además, las indicaciones de un organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en estos temas, como UNICEF, y eludiendo las obligaciones de no regresividad, contraídas en los convenios firmados por el Estado.

No se debería tampoco apelar a desacreditar al interpelante, cuando con fundamento se plantea la preocupación ante algunos cambios procesales; sino que se deben difundir las razones que ameritan –por ejemplo– derogar el artículo 56 del Código de Proceso Penal que enuncia los “derechos de la persona sujeta a control de identidad”, entre los cuales se contempla que el funcionario policial actuante le informe verbalmente a la persona conducida del derecho a comunicarse con un familiar sobre el traslado y permanencia a una repartición policial (art. 20). O la necesidad operativa que lleva a que la indagación de “hechos con apariencia delictiva” sean informados por la autoridad administrativa en un lapso de hasta cuatro horas (art. 19) en lugar de realizar la comunicación inmediata al Ministerio Público como ocurre actualmente. Todas estas son interrogantes legítimas y válidas, no el producto de la alienación ideológica o el dogmatismo político.

En definitiva, los 120 artículos contenidos en la LUC resultan la síntesis legal y operativa de una particular concepción del delito y sus causas, una construcción social y política que inevitablemente expresa una ideología bien definida al proponer cómo enfrentar los problemas. Ante ella, algunos actores tendrán la obligación de argumentar válidas apreciaciones de índole política, basadas también en la ideología. Y en lo que corresponde al mundo académico, no se puede eludir la obligación de advertir que la evidencia disponible permite augurar que el voluminoso entramado de normas que se derogan, se sustituyen y se crean no contempla prácticamente ninguno de los factores reales que alimentan la violencia delictiva, sino que, por el contrario, representan un serio riesgo de profundizar dificultades en diversos planos y hacen más pronunciados los actuales problemas de convivencia ciudadana.

Por último, y mirándolo en perspectiva, el panorama resulta profundamente desalentador: 25 años después, la denostada Ley de Seguridad Ciudadana parece convertirse en una pieza jurídica que admite ser mirada con cierta nostalgia y como expresión de la voluntad de lograr acuerdos extrapartidarios en torno a iniciativas legales razonables, tramitadas, además, en un democrático y participativo clima de tolerancia. Si compartimos esta impresión, debemos asumir que los tiempos que transitamos definitivamente han cambiado, y que algo marcha decididamente mal.

Luis Eduardo Morás es doctor en Sociología y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS por Milton Romani Gerner

En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, hace apenas 81 años, las tropas de asalto nazis (SA) junto a grupos de civiles, con la pasividad de la Policía, arremetían, incendiaban, rompían comercios, casas, atacaban hombres, mujeres y niños judíos.

Desde el poder se promovía el odio colectivo contra los judíos, luego contra otras colectividades. Fue el preanuncio, la antesala del Holocausto. Más precisamente y sin alusión al rito bíblico: la Shoáh, o la catástrofe, que en Alemania, Austria y en los territorios ocupados de Europa funcionó como una terrible, brutal máquina de exterminio masivo, contra judíos principalmente, pero también contra disidentes políticos, gitanos, negros, homosexuales, discapacitados.

La nación más educada, la que dio los mejores genios, se transformó y construyó y diseñó campos de concentración, de exterminio. No fueron sólo las tropas de asalto. Hubo arquitectos, ingenieros, químicos farmacéuticos, médicos, obreros que levantaron los campos, hornos crematorios, cámaras de gas, laboratorios que produjeron el gas Ziclon B. Gente de “bien” que buscaron refugio en un líder mesiánico que les traería orden y autoridad. Se fue instalando y naturalizando en silencio, monstruosamente, hasta la crueldad máxima: la solución final, el exterminio planificado.

“Después de Auschwitz, escribir poesía es un acto de barbarie”, dijo Theodor Adorno.

Hablar de lo que ocurrió

Hay que dejar de hablar de “cosas que ocurrieron hace muchísimo tiempo”, dijo recientemente el general retirado Guido Manini Ríos. Un recurso reiterado por varios, que ha funcionado como una interesada coartada de la cultura de la impunidad para enterrar el pasado.

La colectividad judía, los hombres y mujeres justos, conmemoramos este día porque para nosotros no hay caducidad de la memoria. Queremos hablar de esas “cosas” que ocurrieron en nuestro país. Vamos a seguir conmemorando los crímenes que han lesionado la humanidad. Como un juramento de resistencia y para promover que no ocurran nunca más.

Queremos hablar porque vivimos un momento en el mundo donde comienza nuevamente a crecer el odio, el ataque al diferente, a los derechos, a los migrantes, a los árabes, negros, latinos, a las mujeres, a la diversidad sexual. Resurgen, atraídos por prédicas mesiánicas, camisetas con el acrónimo HKNKRZ, abreviación sin vocales de la palabra “Hakenkreuz”, la cruz gamada. Escuchamos explicaciones, no repudios contundentes.

El derecho al amor

Decía Václav Havel: “quienes odian se basan en la percepción fatal de que el mundo no les da lo que se merecen. No hay diferencia entre odio individual y odio profesado por un colectivo. El odio colectivo actúa como una aspiradora. Ese odio compartido y profundizado por un grupo de personas capaces de odiar tiene una atracción magnética. Siempre encontraremos suficientes gitanos, judíos, checos, que sirvan para ilustrar la idea de que tienen culpa de todo. El odio colectivo simplifica la vida de quienes son incapaces de ser independientes”. Algunos son dependientes, tienen miedo y necesitan un líder que los conduzca y los salve.

Además, queremos rememorar el pasado, seguir exigiendo verdad y justicia, porque junto con la Noche de los Cristales, también conmemoramos todos los 19 de abril, con la comunidad judía, el levantamiento del gueto de Varsovia y la heroicidad de Mordejai Anielevich y quienes se levantaron en armas contra el opresor. Siempre hubo y habrá resistencia al odio, y siempre hay quienes defenderán, irrestrictamente, el derecho al amor, el derecho a ser iguales y diferentes, y sobre todo, libres.

Justos entre naciones

En agosto de 2013 tuve el alto honor de representar a Uruguay en la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró en Antigua, Guatemala. Trabajamos con varias organizaciones judías y de otros colectivos discriminados, celebramos que Uruguay fuera de los seis primeros países en firmar la “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia” y la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia”. De las mejores tradiciones de nuestro país: firma, ratificación y depósito de todos los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano.

Al despedirme como embajador en el Consejo Permanente de la OEA (agosto de 2014) subrayé este pilar de nuestra política exterior: “Uruguay avanza en derechos pero lo hace sobre las tradiciones progresistas. Como la de asilo y refugio, que tuvo acciones ejemplares como la del diplomático Florencio Rivas, que en 1938, siendo cónsul en Hamburgo, al otro día de la Noche de los Cristales Rotos, encontró 150 judíos en su jardín y enfrentó a la Gestapo envuelto con una bandera uruguaya. Les dijo que a su casa, territorio uruguayo, sólo entraban con el permiso de su gobierno o de él. Esos refugiados se salvaron y viajaron a Uruguay. Como también la del embajador Carlos María Gurméndez, que salvó en Holanda a 20 hombres y mujeres, incorporándolos como funcionarios y viajando hacia Suiza primero y luego a Lisboa”.

Hoy el cónsul Florencio Rivas es un ejemplo. Sin embargo, fue repatriado y lo esperaba un sumario. Todavía era la dictadura de Gabriel Terra, apoyada por Luis Alberto de Herrera, del Partido Nacional, y por Pedro Manini Ríos, del Partido Colorado. Todos simpatizantes de las potencias del eje. Si será necesario mirar algunas cosas del pasado. Leamos como se alineaban las fuerzas en esas épocas: “En vísperas de las elecciones, el Comité de Vigilancia Económica –una organización que nucleaba a empresarios y hacendados– convocó a un “paro patronal” de 48 horas, en protesta por la iniciativa del Gobierno de establecer un salario mínimo y expresó su apoyo a las candidaturas de Herrera y Manini Ríos” (El País, 22 de junio 2019).

Pero como yo no era, no me importó

La expresión de la ultraderecha aquí no tiene parangón con lo que fue el nazismo. Obvio que no es lo mismo. Que muchos votantes lo que buscan es una referencia protectora de autoridad. Pero esto no le quita gravedad.

Podríamos parafrasear el poema del teólogo alemán Martin Niemöller: “Primero levantaron muros contra los mexicanos y centroamericanos / pero a mí no me importó porque yo no lo era y estaba lejos / Luego, en Europa convirtieron el Mediterráneo en un gran fosa, incendiaron a migrantes y mataron a transexuales / Pero a mi no me importó porque yo no era y también porque está lejos”.

Jair Bolsonaro saludó a los torturadores, asesinaron a Marielle Franco. Su hijo, homofóbico perverso, próximo embajador en Estados Unidos, emitió un mensaje armado hasta los dientes, y atacó al hijo del presidente electo en Argentina.

Dijimos: “Están cerca, pero en Uruguay eso no pasará”.

Hoy, un diputado electo la emprende contra el aborto y agrede a las mujeres: “Si te gustó, bancátela”. Su líder dice que esto no fue ofensivo, y también dice que va a revisar toda la agenda de derechos. Defiende a torturadores y desaparecedores. Ataca a la Justicia.

Es grave que haya quienes banalicen estas señales con un argumento pueril: no son parte de lo que se firmó en el acuerdo de coaligados. Se supone que conformarán gobierno y otorgarán ministerios a gente que es portadora de estas ideas de odio.

Esperemos que, ahora que nos toca a nosotros, no sea tarde. Ya hay algunos cristales rotos. Es una alarma. No sólo para los izquierdistas. Para todo el arco democrático, liberal, republicano. Para todas las mujeres y los hombres justos.

Publicado en La Diaria el 12 de noviembre de 2019

ARRIBA LOS QUE ESCUCHAN por Ignacio Martínez

El grupo convocado por Daniel Martínez para dar un respaldo significativo al tema de los Derechos Humanos, coordinado por Milton Romani, ha venido teniendo reuniones con diversos protagonistas de diferentes temas: ex presos políticos nucleados en CRYSOL, compañeros de Sitios de la Memoria, entre otros.

En todos los casos, la razón principal de esos encuentros ha sido escuchar, atender la situación de cada uno de los sectores, sus demandas, sus puntos de vista, sus opiniones, acerca de cómo continuar el complejo pero fundamental proceso de fortalecer los Derechos Humanos como cimiento clave para seguir construyendo una sociedad más justa, más equitativa, más libre, más democrática. El pasado reciente ocupa un lugar jerarquizado en la propuesta, aunque se proyecta en una concepción mucho más amplia de los Derechos Humanos que atañen a la vida misma, en plenitud, de cada ser humano en una sociedad democrática.

Es precisamente ese fortalecimiento de la democracia que debe reposar en la capacidad de oír a los otros. Avanzar en los Derechos Humanos necesita encontrar el mínimo común múltiplo de todos los sectores de la sociedad, que nos permita sumar y multiplicar a partir de la confluencia de los puntos de vista que nos identifican. Uno de esos puntos es el reconocimiento de que el respeto, la educación y el fortalecimiento de los Derechos Humanos no son sólo palabras o Declaraciones o Códigos, sino políticas estatales concretas que nos tengan a nosotros mismos, el pueblo, como protagonistas de la construcción de nuestra propia sociedad.

¿De qué pueden servir los pronunciamientos si no se cumplen? Estamos en un mundo donde prevalece la intención de encontrar el máximo común divisor, la fragmentación social, la tergiversación como estrategia, el ocultamiento como terreno fangoso donde nos quieren contar una historia mentirosa o mal contada.

Nuestra historia reposa, antes que nada, en la creación de ámbitos para encontrarnos y oírnos, para planificar y trabajar juntos. Por eso este grupo llamado Vocería de Derechos Humanos , integrado por Belela Herrera, Álvaro Rico, Verónica Mato, José López Mazz, Ana Inés Quadros, Lille Caruso de Balbi, Felipe Michelini, Adriana Cabrera Esteve, Fiorella Buzeta, Sol Maneiro, Nélida Fontora, Diego Sempol, Alicia Esquivel, Eduardo Pirotto, Óscar Destouet, Daoiz Uriarte, Nicolás Bico e Ignacio Martínez está llamado a colaborar con el equipo o Vocería de Desarrollo Humano que tiene en su mesa la profundización e innovación de políticas sociales en nuestro país, coordinado por Mercedes Clara y Rossana González.

De eso se trata. Que los Derechos Humanos no terminen siendo torcidos humanos o desechos humanos, sino la construcción de los nuevos sueños reposando sobre los mismos principios que nos han guiado siempre, donde “los más infelices sean los más privilegiados” y avancemos hacia la consagración de “nuestros más sagrados derechos”.

Publicado en Voces el 17 de octubre de 2019

Fotografía Frente Amplio

DERECHOS HUMANOS: EL VASO MEDIO VACÍO por Adriana Cabrera Esteve*

A veces incurrimos en la tentación de pensar que el estado actual de los derechos humanos en Uruguay es algo que nos fue dado, que existió siempre, que no hubo actores que lo impulsaron y que tampoco hubo actores que se opusieron a esos avances. Y es difícil decirles a las nuevas generaciones de activistas y también de ciudadanos cómo se fue construyendo ese sistema de derechos humanos que tenemos hoy. Un sistema con deficiencias, con aciertos, que se estructuró en base al impulso de los progresismos. Ese conglomerado heterogéneo que trata de definir qué es lo justo y lo injusto. Que trata de caminar hacia los derechos humanos, hacia más justicia social. Que puede dejar sabor a poco pero que es lo mejor que hemos logrado construir en términos de acumulación de fuerzas para cambiar y hacer de este mundo algo mejor.

Acaba de fallecer Louis Joinet. No puedo dejar de recordar lo que fue para los familiares de detenidos desaparecidos en el exilio encontrar voces como la de él, o como la del jurista uruguayo Alejandro Artuccio, cuando sabíamos que teníamos que denunciar la desaparición de nuestros familiares pero no sabíamos cómo ni dónde y todas las puertas parecían cerradas. Ellos nos decían que había opciones para buscar y para encontrar. Nos enseñaban que había normas del derecho internacional que nos amparaban. De esas voces de juristas internacionales y también de los familiares que acudimos a los gobiernos e instituciones en el exterior, y de esas madres, hermanos e hijos que dentro del territorio se la jugaban recorriendo las morgues y golpeando las puertas de civiles y militares para preguntar dónde estaban sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus padres; de todas esas voces, se fue construyendo este sistema. Y también de las enormes solidaridades de los compañeros, de los investigadores, periodistas, historiadores, abogados. De ese colectivo de gente de izquierda, heterogéneo, con el nombre que quieran ponerle, porque las izquierdas siempre tienen muchos nombres, de ese espacio amplio, surgió la incipiente verdad y reparación que tenemos ahora –entendiendo por políticas de reparación, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral–.

Claro que los uruguayos siempre pensamos que el vaso está medio vacío. Tenemos esa idiosincrasia. No creo que sea un defecto; por el contrario, es la agudeza de la ciudadanía que ve el vaso medio vacío porque efectivamente la historia ha demostrado que no existen los sistemas totalmente justos, plenos, ideales. En la historia, los vasos siempre han estado medio vacíos. Entonces, identificar qué es lo que hay dentro del vaso y lo que falta es una tarea muy inteligente de los uruguayos, que no tiene que desmoralizar, sino que, al contrario, tiene que ser vista como diagnóstico y punto de partida para nuevos pasos. Por ese lado va este artículo.

En el exilio, en 1978, formamos la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También se formó el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), asesorado por juristas como Theo van Boven y Louis Joinet. A su influjo, a medida que construíamos esa red de solidaridad con el pueblo uruguayo, fuimos también aprendiendo a revalorizar la democracia y los derechos humanos. Aprendimos que democracia y derechos humanos eran dos paradigmas por los que había que transitar si uno quería cambiar el mundo para mejor, que no eran herramientas, que eran un fin en sí mismos, que eran parte de nuestro objetivo de justicia social. Ese fue un gran aporte del sistema internacional de derechos humanos a las realidades latinoamericanas.

En segundo lugar, es necesario destacar que esa verdad, que conocemos actualmente, se construyó con mucha dificultad. En esa época armábamos las listas, siempre inconclusas, de compañeros presos y de los que estaban desaparecidos. Y a veces había que pasar los nombres de uno a otro lugar, según lo que hacían los militares con ellos. Darles seguimiento a las atrocidades impulsadas por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado cuando definían que un compañero iba a “destino final”, forma elíptica con la que se referían a la desaparición, fue un trabajo muy arduo que se hizo entre muchos. Cuando aparecía alguien que había logrado zafar de las cárceles o de los pozos –así se llamaba a los centros clandestinos de detención–, le solicitábamos su testimonio, le preguntábamos si había visto a alguien conocido, y de esos testimonios se empezó a armar la historia de los hechos. Esas informaciones nos fueron dando una idea de lo que estaba pasando y se fue construyendo la noción del desaparecido tal como la conocemos hoy.

En Uruguay pasó algo parecido. Se dio ese caminar juntas para buscar acá y en Argentina, o donde fuera, porque hay que decirlo: “las viejas” viajaron a donde les dijeran que podía servir. Esos fueron los primeros pasos en la construcción de la verdad. Se trabajó mucho para el referéndum luego de que se votara la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Fue una gran batalla por el respeto a la vida y a la justicia; también se trabajó mucho por el plebiscito para anular la ley de caducidad, que quizá fue un error, porque los derechos no se plebiscitan. Paralelamente, los familiares y los ex presos políticos nunca dejamos de interponer denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Y mientras sucedía todo eso, en el Frente Amplio (FA) hubo grandes debates internos sobre cómo abordar el tema de los derechos humanos, cómo reparar a las víctimas, cómo lograr la memoria, la verdad y la justicia. Sobre qué era lo posible y qué era lo imposible.

Pero además de los debates, importan los hechos. Apenas el FA tuvo el gobierno departamental de Montevideo, empezó a implementar medidas reparatorias en diálogo con las organizaciones sociales: la construcción del Memorial de los Desaparecidos en el Cerro de Montevideo; el Museo de la Memoria y los cambios en el nomenclátor ciudadano, y la incorporación a la plantilla de empleados de algunos de los hijos de los desaparecidos, por ese entonces jóvenes a los que en su mayoría les faltaba el apoyo de la generación destinada a apuntalarlos en la vida. Fueron los gobiernos departamentales frenteamplistas los que empezaron a reparar lo que la dictadura nos había quitado y los gobiernos nacionales de derecha habían negado y ocultado.

Durante el gobierno nacional del FA se logró, y vale la pena enumerar: la Ley de Habeas Data (18.331), que habilita a cualquier uruguayo a solicitar la información que todo organismo del Estado tenga sobre sí; la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (18.446); la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad en 2011 (18.831), que devolvió al Estado la pretensión punitiva; la Ley de Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Estado (18.596); la creación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dio continuidad a las investigaciones contratando un equipo de historiadores y antropólogos; el ingreso a los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos; el acceso a una parte de los archivos de la represión; el decreto de 2011 que dejó sin efecto todas las decisiones de los gobiernos blanquicolorados que amparaban en la ley de caducidad a los criminales de lesa humanidad denunciados por las víctimas –de esta manera, y por resolución del Ejecutivo, se borró de un plumazo la caducidad–; la creación de la Fiscalía especializada en casos de Derechos Humanos; la ley que elimina la doctrina de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas; y, por último, la Ley de Sitios de Memoria, aprobada recientemente, cuya implementación está en curso.

Después de luchar tanto para que hubiera justicia en nuestro país, nos encontramos con que habíamos subestimado los estamentos más reaccionarios de nuestra sociedad. Uno de sus máximos exponentes, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tal como anunciara su vocero, Jorge Ruibal Pino, estableció una muralla a los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas, lejos de romper con los lastres totalitarios de un pasado de terrorismo de Estado, optaron por la complicidad del silencio y el encubrimiento de los crímenes realizados durante la dictadura. Hasta el momento, no se han encontrado las formas de lidiar con estos obstáculos para lograr una profundización democrática mayor.

Así y todo, hubo condenas, que distan de ser suficientes. Solamente 20 militares fueron condenados y seis de ellos tienen prisión domiciliaria. En la actualidad, hay 156 causas en presumario, 94 fueron archivadas y 14 tienen ejecución de sentencia, según consta en la página del Observatorio Luz Ibarburu. Mientras, los abogados del Centro Militar interponen todo tipo de dilatorias y la SCJ se niega a reconocer como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, a la desaparición forzada, la tortura y la violación, haciendo oídos sordos a las normas de derecho internacional.

Los militares no han querido decir dónde están los desaparecidos, y la búsqueda del equipo de antropólogos ha tenido escasos hallazgos. El personal asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente no ha sido suficiente para analizar en su totalidad los archivos a su disposición. La Ley de Reparación Integral, que sacó a muchos de la indigencia, no está aún de acuerdo a lo que exige la INDDHH. Y la Ley de Sitios de Memoria, fraguada desde las organizaciones sociales, se demoró tanto en la Cámara de Diputados, que tuvo que ser votada cuando ya no se le podía asignar recursos.

Sí, el vaso no está lleno. Y, lo que es peor, hay posibilidades de grandes retrocesos. Por eso, es necesario distinguir a quienes nos han extendido una mano de quienes pusieron obstáculos y nos han expuesto a las maniobras de contrainformación de los militares, formados para jugar, año a año, con nuestras esperanzas. Esos sectores actúan hoy y procuran el apoyo ciudadano mediante diversas opciones político-partidarias. Y por más que hablen de la importancia de los valores democráticos y hagan promesas electorales en torno a la búsqueda de los desaparecidos, ya vimos en el pasado lo que son capaces de hacer. Por eso, en octubre, votaré por que se destinen más recursos para continuar la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de los archivos de la represión. Por más justicia, por más educación en derechos humanos, muy en particular para los funcionarios públicos del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas; y por más políticas de memoria que sirvan cómo antídoto contra los fundamentalismos y las prácticas autoritarias. Votaré por seguir construyendo un país más progresista.

*Adriana Cabrera Esteve es hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976.

Publicado en La Diaria el 24 de septiembre de 2019

CARTA BLANCA PARA LA TORTURA por Frei Betto

El presidente nacional homenajeó como héroe nacional a uno de los más notorios torturadores de la dictadura militar, el coronel Brilhante Ulstra. Pero más grave que lo que Bolsonaro dice es lo que hace. En junio firmó un decreto por el que eliminó los cargos del Mecanismo de Prevención y Combate a la Tortura. Siete peritos, responsables de monitorear violaciones a los derechos humanos fueron despedidos. Su actividad pasó a ser entendida como “una actividad no remunerada”.

Aunque el mecanismo todavía exista, los peritos perderán la función de empleados públicos. En teoría, podrán fiscalizar sin recibir remuneración. Los expertos  vinculados  al Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos Humanos, continuaron  su trabajo durante dos meses. Hasta que la ministra Damares Alves, que se dice cristiana, decidió restringir la entrada de los peritos al predio del ministerio.

El dos de agosto la secretaria  Protección Global del ministerio determinó que el acceso de los  peritos al predio pasara a ser controlado. Cada uno de ellos deberá pedir permiso de entrada cada que vez que tuviera tal propósito. El uso de las salas estaría sometido  a agenda previa y podrían no estar disponibles.

Dentro del predio los peritos perderán el acceso al sistema electrónico. Sus asesores técnicos fueron destinados a otras funciones.  Así el gobierno amputó los brazos  y cegó los ojos al equipo  encargado de  investigar  las denuncias de torturas.

Todo eso significa querer poner una piedra en el combate a la práctica de la tortura en Brasil, considerada crimen hediendo, incalificable e imprescriptible por la legislación brasilera. Un Mecanismo creado en 2013 debido a un compromiso asumido por Brasil con la ONU, destinado a investigar violaciones a los  Derechos Humanos en instituciones de privación de libertad, como cárceles, hospitales, clínicas psiquiátricas.

El 12 de agosto, la justicia de Río de Janeiro suspendió el decreto presidencial de eliminar los cargos del  Mecanismo. El mandato del  juez Osair de Oliveira Jr, de 6to  Turno Federal, determina que los peritos sean reintegrados  a sus cargos  con su remuneración.

La ministra Damares Alves que se dice cristiana, considero equivocada la decisión de la Justicia de Río de Janeiro   y aseguró que el gobierno va recurrir. “No tengo que emplear a todo el mundo” dice ella, “la ley no nos obliga a emplearlos”. “La ley nos obliga a mantenernos en la estructura, siempre y cuando sea preciso, serán llamados para un trabajo específico de combate a la tortura”. Declaró que  todavía continuarían recibiendo pasajes aéreos cuando sean convocados para prestar servicio.

 Según informe de la Relatoría Pública del Estado de Río de Janeiro, divulgado el 2 de agosto, uno de cada veinticinco presos que pasa por la audiencia de custodia  declara haber sido torturado. ¿Y cuántos no denuncian por miedo a represalias? Entre mayo de 2018 y agosto de este año, el Núcleo de Derechos Humanos recibió 931 registros de torturas. Dentro de las víctimas, 153 eran menores de edad. Dentro de las agresiones físicas y psicológicas descritas por los presos, se destacan  patadas y golpes, armas en la cabeza, amenazas de muerte, choques eléctricos, colgamiento.

Desafortunadamente  hay quien argumenta (y también se dice cristiano)  “¿qué  hicieron ellos con las víctimas?”.   Ahora, si  quieren  adoptar la ley del Talión, rasguen la Declaración de los Derechos  Humanos  y la Constitución.  Supriman los tribunales, elijase el odio y no el amor como principio básico de esa comunidad que no merece llamarse humana y civilizada.

A tiempo: es bueno recordar para aquellos que se dicen cristianos que Jesús  fue torturado y condenó  duramente  a  quien no ve  al prójimo como templo vivo de Dios que jamás debe ser  profanado.

Publicado en O Globo 18 de agosto de 2019

Traducción: Antonio Coelho

EMANCIPACIÓN EN TIEMPOS DE FUNDAMENTALISMO por Antonio Coelho Pereira

Vivimos una dura ofensiva cultural contra los avances en derechos de las mujeres, la población LBGTI, las diferentes etnias, los inmigrantes, los jóvenes y los pobres. El discurso clasista, racista, xenófobo, patriarcal, represivo, se presenta hoy con nueva virulencia, con mayor agresividad. Al mismo tiempo se justifican las desigualdades, las opresiones, las violencias contra los más vulnerados. Iglesias de distintas vertientes se están prestando a servir de cobertura religiosa a estas campañas antidemocráticas, destinadas a destruir derechos. Y en ocasiones su rol no es de mera complicidad sino de primera línea en los ataques oscurantistas y antiderechos.

Es cierto que hay muchas personas creyentes que no compartimos esos antivalores. Es verdad que en algunas iglesias institucionales hay contradicciones. El propio papa Francisco ha hecho intentos fuertes de salir de esa avalancha ideológica ultraderechista.

A lo largo de la historia, hay ejemplos de religiosos y religiosas, de creyentes que dedicaron su vida a luchar por los derechos de las y los vulnerados. Así como, por otro lado, hubo complicidad y contubernio institucional de distintas iglesias con los peores regímenes del terrorismo de Estado.

Los valores de solidaridad, justicia, convivencia, igualdad, libertad, no surgen de ninguna fatalidad histórica. Son construcciones sociales y culturales, resultados de muchas luchas, de testimonios, convicciones y praxis emancipadoras.

Hay una tendencia, ante el triste papel de muchas iglesias, a desmarcarse y recordar sus años “combativos”, que en realidad fueron muy pocos en toda la historia y en casos muy particulares, nunca de toda la institución. Hay un dejo gardeliano –“la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”– en algunas actividades que se vienen reiterando desde hace muchos años con “las mismas caras siempre” a decir de León Felipe.

Es cierto que en los años 60 se intentaron cambios, que muchos y muchas dieron sus vidas, pero fue a pesar de sus instituciones, y siempre fueron segregados. Es el pueblo quien los recupera, no la institución.

Es el caso de Camilo Torres; fue una postura estratégica buscar un Che Guevara cristiano, porque con el clericalismo otra figura hubiera sido imposible. Los relatos de esa época hablan de la relación que tenía con García Márquez en la universidad y toda la mística militante estudiantil de esa época. Cuando asesinaron al líder liberal Jorge Gaitan, decidió entrar al seminario. La relación con el escritor permaneció y hasta bautizó a su primer hijo. Hay una frase de la directora de cine Rocío García Barcha: “Lo más interesante del mito Camilo es que América Latina no cree en héroes, cree en muertos”. Por eso sacar a Camilo del movimiento popular colombiano y ponerlo como mártir inalcanzable es volverlo a matar.

Son momentos en que América Latina se empieza a reconocer en las calles, en los centros de estudio, en las fábricas y también en “algunas parroquias” combatiendo contra el capitalismo reaccionario y neoliberal.

Hay una tendencia, ante el triste papel de muchas iglesias, a desmarcarse y recordar sus años “combativos”, que en realidad fueron muy pocos en toda la historia y en casos muy particulares, nunca de toda la institución

Hoy muchas iglesias vuelven con más fuerza a su papel disciplinador, alejadas totalmente del pueblo en sus vivencias y también del seguimiento de Jesús. Es, entonces, con toda razón, como dice la doctora en bioética colombiana Ana Cristina González, que “la iglesia debería ser la última en opinar sobre el cuerpo de las mujeres”. Hace referencia a la iglesia católica de Colombia cuando dice: “El tema del aborto pasa por muchos asuntos relacionados con la salud, los derechos humanos, con la moral en el sentido positivo de que todas las personas tenemos conciencia y las decisiones sobre nuestros propios cuerpos”.

En Uruguay no hay una denominación cristiana inmune ante el oscurantismo presente. Hay voces que son una apertura al trabajo de base y a la autocrítica. El aporte de la pastora metodista brasileña Nancy Cardozo en las Jornadas de Debate Feminista fue muy contundente al preguntarse porqué las mujeres pobres están capturadas por el “fundamentalismo religioso”. Cardozo denuncia el patriarcado en las iglesias cristianas, pero explica que el pánico moral alentado por estos nuevos pastores, la promoción del “familismo”, y lo que bien describió como “extractivismo erótico” terminan conquistando la vida gris, triste, desesperada de ellas. Propone caminar con ellas y darles otro sentido. En la calle, en sus barrios, no en el templo.

Un gran problema que atraviesan las iglesias cristianas es su eurocentrismo, en su dependencia económica y también académica. Recordamos al gran teólogo uruguayo Jerónimo Bormida, que no se cansaba de repetir (él hablaba de los curas): “No les importa la teología, quieren el poder que les da el ministerio”.

No depender económicamente de una Europa cada vez más xenofóbica con fuertes movimientos neofascistas es para muchas iglesias el desafío de la supervivencia ante el envejecimiento y falta de crecimiento de sus comunidades. Eso tiene un costo no sólo económico sino ideológico, porque una cosa es mirar la historia desde el sur y otra desde el norte.

El 4 de agosto pretenderá ser el primer paso de un plebiscito discriminador y regresivo. La suma de conservadores de derecha y pentecostalismo despliega una campaña de pánico moral, de falsas noticias y de ideología fascista. No tiene ningún objetivo liberador, sino que ataca los derechos. Esta ofensiva se da de la mano con un proyecto de reforma de la Constitución que, en nombre de “vivir sin miedo”, promueve la militarización, el miedo y medidas que recortan derechos. Son medidas ineficientes para lo que dicen pretender y que incrementan la violencia, como bien han expresado los y las jóvenes de una conjunción de organizaciones nucleadas en la Articulación Nacional “No a la reforma, el miedo no es la forma”.

Quizás el compromiso de cristianas y no cristianos sea, ahora, volver a los barrios y comunidades, compartir, dialogar, caminar junto a esas mujeres, a hombres, jóvenes, niños y niñas. Sin negar lo que nos abate en materia de convivencia, sin juzgar, compartiendo sus problemas y tribulaciones. Conversando para lograr una mejor convivencia, la búsqueda de la felicidad sigue siendo un derecho humano inalienable. También alentando las esperanzas de libertad y emancipación que siguen estando en el corazón de ellos y nosotros.

Publicado en La Diaria el 27 de julio de 2019 

“EL LOCO” DUARTE por Ignacio Martínez

“¡Qué vida de locos, ésta”- dijo LEON DUARTE una vez, en la clandestinidad, buscado por todo el país. Y agregó “pero que linda vida, ¿no?”.

En la década del 50 eran pocos los que soñaban en formar un sindicato en FUNSA, el feudo de Pedro Saénz, donde el despotismo, la prepotencia y la humillación del obrero eran pan de cada día. Uno de aquellos soñadores era Duarte, “el loco”, como le decíamos desde nuestro inmenso cariño.

Primero fue luchar contra el patrón de revólver a la cintura, que se paseaba a caballo por la fábrica, como capanga. Después fue la lucha contra los amarillos y alcahuetes. Finalmente se trató de poner en la raya al directorio de los hampones, parándole el carro a Fernández Lladó, Einoder y Cambón.

Larga fue aquella lucha. Pero en los años 60 ya el sindicato había logrado unir en torno suyo a todos los trabajadores, incluyendo a los supervisores; había logrado importantes conquistas de viejas reivindicaciones y era ya un punto de referencia de dignidad y de lucha para los gremios de Maroñas, de Montevideo y de todo el país. Duarte fue principal animador de esa paciente, obstinada, difícil y victoriosa construcción.

En 1964-66 nace la CNT que también tiene a León Duarte como uno de sus principales constructores, sobre los principios de unidad, de lucha y defensa de la clase obrera, como orientadora de los humildes en todo el país.

Por eso hablar del movimiento sindical en Uruguay es también hablar de “el loco” que, sin embargo, nacido de las clases humildes, dedicado al sindicato, dedicado a la unidad nacional en una sola central, comprendió también la necesidad de construir las herramientas políticas.

El 13 de julio de 1976 es secuestrado y desaparece en Buenos Aires en plena resistencia contra la dictadura.

Antes de su última caída, Duarte conoce la prisión. Varias veces fue detenido y otras tantas salvajemente torturado. Tal vez el mejor testimonio de la dignidad de “el loco” sea la histeria de sus propios captores ante la conducta entera de este hombre integro. Es que para Duarte nada era imposible. Desde su llanura, desde su condición humilde, con modos y costumbres de hombre rural, gustoso de las canciones de

Favio o el Tango Malena, dispuesto a sanar contracturas o empachos, casi como un sabio curandero consultado seriamente por todos, Duarte creció y mucho, como crece la gente sencilla que toma conciencia y, como él, es capaz de tomar el cielo por asalto. Cuando los historiadores del futuro estudien estas décadas podrán hacer la triste historia de las hipocresías y de los absurdos y de las mediocridades, pero por suerte, para suerte de nuestro propio tiempo, también harán la historia de la dignidad, de la grandeza cotidiana, de la solidaridad y de los más caros valores humanos que se siguen procreando como las hormigas o como las abejas. Y podrán saber, porque nosotros somos memoria para que todo se sepa, que hubo hombres como Duarte. Entonces a la historia universal del deterioro se le podrá oponer la historia universal de la entereza. A la historia nacional, acartonada y fría, se le podrá oponer la cálida historia de la vida de un pueblo que tiene entre sus hombres a Duarte, que supo ser docente de hombres libres.

Varios son los testimonios que dan cuenta de las condiciones de su detención. Todos coinciden que para “el loco” su propia vida no importaba demasiado, por eso él le decía a Gavazzo que dejara ir a los demás prisioneros y se quedara con él ¡Demasiado botín eran los compañeros como para dejar libre a ninguno! Entonces después de una brutal tortura, cuando era devuelto al salón de los presos, Duarte le dijo a los demás secuestrados: “a resistir, compañeros, que aquí nos graduamos de revolucionarios”. “El loco” tenía 48 años cuando fue secuestrado. 

*(Extracto de mi libro “Avisa a todos los compañero, pronto”, 1991)

Homenaje publicado en VOCES el 19 . 7 . 2019

LA EXALTACIÓN DE LA TORTURA ES LA MANERA MÁS CRUEL DE NEGAR A CRISTO por Marco Aurelio dos Santos

Traducción Antonio Coelho Pereira.

La tortura tiene el poder maléfico de destruir vidas, sueños, dignidades y esperanzas. La práctica de la tortura es un acto de maldad reservado para personas deshumanizadas, amantes de la barbarie, personas que destilan odio. La tortura pertenece a los que no aman la vida, pertenece a los que a través de la historia fueron los enemigos de Cristo.

Tanto física como psicológicamente la tortura dejó en Brasil sus marcas en cuerpos y mentes de mucha gente que luchó y continúa luchando por la frágil democracia brasilera. La historia nos cuenta de muchos militantes  valientes que no resistieron los horrores de ese período sombrío y murieron. Otros están vivos para contar sus historias.  Veamos un pequeño testimonio de Amelinha Teles víctima de tortura por el Coronel  Ustra do Doi-Codi , durante el período militar instaurado en 1964.

“Yo fui “abatida” por el (Coronel Ustra) en el patio Doi Codi. El me dió golpes en las costillas jugando conmigo en el suelo y gritándome terrorista. El gritó de una forma, para llamar a todos los  demás agentes, también torturadores, que me agarraron y me llevaron para una sala de tortura. El llevó a mis hijos para una sala, donde me encontraba en la silla del dragón (instrumento utilizado en la dictadura militar, parecido a una silla donde la persona era sentada y tenía las muñecas amarradas y sufría choques con cables eléctricos atados en diversas partes del cuerpo), vomitaba me orinaba y el lleva mis hijos para dentro de la sala? ¿Qué es esto? Para mi fue la peor tortura que pasé, mis hijos tenían  4 y 5 años. Fue la peor tortura que pasé.”

“Sea cual fuera el discurso que exalta a los torturadores, los clasifica como enemigos declarados de Jesús Cristo”. Eso porque Jesús fue víctima de las peores torturas de la época: la flagelación romana. De esa forma azotaban a los enemigos con total violencia. Otra forma de tortura enfrentada por Jesús fue la crucifixión, procedimiento que clavaba a las personas  a un madero, lo que caracterizaba una muerte lenta y dolorosa.

Elogiar torturadores es torturar a Cristo nuevamente. Es una declaración desastrosa y deshumana  que caracteriza a esos individuos como asesinos enemigos de Jesús, colaboradores de su prisión, tortura y muerte”

“Los que hoy declaran abiertamente apoyo al candidato fascista , que tiene como ídolo al Coronel Brilhante Ustra, niegan a Cristo: Deciden elegir el lado equivocado de la historia. Siguen el camino más sombrío de  nuestros días , caminan con las manos entregadas al opresor.

En vez de amor, odio; en vez de paz, violencia; en vez de justicia, opresión; en vez de humanización, barbarie entre el pueblo. El discurso fascista del candidato opresor encontró terreno fértil y seguimiento de religiosos del campo fundamentalista y neoconservador , campo que apoya a diseminar el odio y la intolerancia y el retorno a la tortura. Como buitres hambrientos que rodean cuerpos, no están preocupados por la matanza de indios, negros, campesinos, niños, mujeres, LGTB. Quieren colaborar con el exterminio de los pobres y mantener el poder y la gloria para sí.

Delante de esta coyuntura política/religiosa que vivimos hoy el fascismo está escondido en la peor podredumbre fétida de nuestra sociedad por décadas, ahora se revela de manera brutal, marcada por horrores de violencia y miedo.  El discurso de odio del neofascismo más el apoyo de las élites brasileras y gran parte de los líderes religiosos, demuestran la fase oscura de aquellos que siempre odiaron a los pobres.

Contra todo sigue la fe, la esperanza y el amor. Continua viva la profecía porque sigue viva la utopía. Así nos mostro Jesús que venció la tortura y la muerte. En tiempos de oscuridad es necesario unir fuerzas en la lucha por la vida, por la democracia, por la paz, por la justicia. Vale la pena la esperanza.

Fuente CEBI

PARADOJAS EN LA REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA por Nicolás Grab

La lucha por rescatar las verdades trágicas sobre la dictadura exige que se sepa recoger sus frutos. Que se los valore y se los utilice.

El 8 de abril pasado el Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Feola, dijo esto refiriéndose a los crímenes de la dictadura: “No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”. Esa misma tarde lo rectificó en un comunicado oficial por orden del Ministro de Defensa José Bayardi.

Según trascendió[2], el diálogo que mantuvieron incluyó esta pregunta del ministro: “Que acá ha habido detenidos desaparecidos es algo que el Ejército ya ha planteado y aceptado desde el año 2005. ¿Qué piensa usted al respecto?” A lo que Feola habría contestado: “Sí, por supuesto yo no estoy en contra de lo que el Ejército ha aceptado“.

Este artículo no se dedicará al episodio, que tuvo su natural resonancia, sino a algo que se mencionó en él. Algo que viene al caso y cuya trascendencia es muy particular.

El ministro Bayardi hizo referencia a lo que el Ejército “ya ha planteado y aceptado desde el año 2005”. Y el Comandante respondió admitiendo “lo que el Ejército ha aceptado”.

¿A qué se referían ambos? ¿Qué cosas “aceptó” el Ejército según reconoce el Comandante? ¿Qué ocurrió en ese año 2005?

Habrá lectores que lo sepan. Y habrá otros que no lo sepan o no lo recuerden. Muchos otros.

* * *

En 2005, su primer año de gobierno, el presidente Tabaré Vázquez ordenó que los Comandantes en Jefe recabaran información sobre los desaparecidos. Recibió entonces un informe del Comando General del Ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea.[3]

Esos informes confirmaron positiva y oficialmente todo lo que durante casi treinta años se había negado y se imputaba a conjuras calumniosas, y que todavía hoy se pretende volver a cuestionar o poner en duda.

Los informes confirmaron que 23 desaparecidos cuya detención siempre se había negado no sólo estuvieron presos, sino que murieron en la tortura.[4]  El informe del Ejército presentó una enumeración de casos de muerte de detenidos, con esta explicación: “Los casos marcados con un asterisco, de acuerdo con la información recabada, permitirían suponer que se desarrollaron dentro del marco de operaciones de inteligencia“, o sea en interrogatorios. Son 21 los casos señalados con ese asterisco. Y si alguien tiene dudas sobre lo que significa una muerte “dentro del marco de operaciones de inteligencia“, lo dejan muy aclarado algunas explicaciones individuales: por ejemplo, el informe sobre Oscar Baliñas precisa que “su deceso … se produjo por rotura de bazo”.

El informe del Ejército confirmó expresamente que era práctica habitual atribuir a “intentos de fuga” la muerte de presos. Lo explica así: “Cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la justicia y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad.” Entre los casos individuales se precisan detalles. En el de Julio Correa: “Posteriormente a su fallecimiento se realizó un allanamiento en su domicilio y se solicitó su captura como medida de encubrimiento.” Sobre Luis Eduardo González: “Se pretendió encubrir su muerte con un comunicado de prensa en la que se ponía en conocimiento de su fuga.”

Y el colmo insuperable son dos asesinatos cuyo grado de infamia no encuentra adjetivos. El informe del Ejército confirmó que dos mujeres (Elena Quinteros y María Claudia García, que tenía 19 años) murieron en asesinatos premeditados, por decisiones acordadas, ordenadas, organizadas y ejecutadas en el Ejército. Dice así su informe respecto de María Claudia (una muchacha argentina que nunca había estado en Uruguay):

Fue trasladada a Montevideo desde Buenos Aires presuntamente por personal del Servicio de Información de Defensa, en el mes de octubre de 1976. Estuvo detenida en la sede del SID ubicado en la Avenida Bulevar Artigas esquina Palmar, separada de los demás detenidos, en avanzado estado de gravidez. Después de dar a luz en el Hospital Militar fue trasladada nuevamente al mismo lugar de detención. En diciembre de 1976 se la separó de su hija y fue trasladada a los predios del Batallón I de Paracaidistas N° 14 donde se le dio muerte.

Respecto de Elena Quinteros dice así:

Fue detenida por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044, el 26 de junio de 1976 y se le condujo a las instalaciones del Servicio de Material y Armamento (‘300 Carlos’). Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año y sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Parac. No 14, posteriormente exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

Como se ve, en los dos casos se usaron los mismos términos para explicar de qué murió la víctima. Murió porque “se le dio muerte“.

Cuatro palabras lanzadas con la indiferencia de quien menciona de pasada un dato banal. “Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año…”. ¿Se puede concebir algo más estremecedor que esta declaración impávida? Piénsese en todo lo que sobreentienden esas trece letras. Hubo quienes discutieron y acordaron que se asesinara. Hubo quien decidió cuándo, dónde y cómo se asesinaría. Hubo quienes transmitieron la orden de asesinar. Y hubo quien asesinó. (Y hubo, ¡y sigue habiendo!, quienes ocultan y encubren.)

Cuando ha llegado a plantearse una discusión inverosímil sobre si los crímenes cometidos afectan o no afectan el honor institucional del Ejército, es oportuno recordar a la madre de 19 años a la que esa institución resolvió matar y mató. Se le dio muerte. Sería lunático responsabilizar del crimen sólo al que personalmente le tronchó la vida. Ese ser miserable actuaba en el seno de una institución. En el Ejército, con sus jerarquías y sus cadenas de mando, era inconcebible un hecho así que no estuviera explícitamente ordenado o autorizado; y bien lo confirma la actitud unánime de encubrimiento y negación que se implantó y se mantuvo por décadas. Es imposible ver estos crímenes como otra cosa que actos institucionales, sin lo cual no serían imaginables ni su concepción, ni su ejecución, ni esta concertación en la negación y la mentira.

(La actitud del Ejército de asumir institucional y orgánicamente sus actos criminales del tiempo de la dictadura, sin crítica ni objeción moral, tuvo una confirmación más en este mismísimo informe de 2005. El Comandante en Jefe que lo presentó (el Gral. Ángel Bertolotti), en la nota al Presidente que acompañó el informe, dijo esto de sus antecesores del tiempo de los crímenes: “Sabemos también que los camaradas que nos han precedido en esta responsabilidad cumplieron cabalmente con su deber en el tiempo histórico y político en el que les correspondió actuar”.)

* * *

Los informes de las Fuerzas Armadas de 2005 también contienen falsedades. Son muchas, y bastará citar un par de ejemplos. El informe del Ejército dice que los restos de Fernando Miranda y de Julio Castro fueron enterrados pero más tarde fueron exhumados y cremados y “sus cenizas y restos esparcidos en la zona“. Mentira, puesto que los restos de ambos fueron encontrados después, enterrados en predios militares. (Y Julio Castro, que según el informe simplemente “falleció”, presentaba un orificio de bala en la frente.[5]) O esto: el Ejército dijo que Elena Quinteros fue detenida “en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044”, cuando en realidad la sacaron del predio de la embajada de Venezuela en un episodio tan escandaloso que generó un incidente internacional por el que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con la dictadura uruguaya.

Frente a todo esto la izquierda y las organizaciones de derechos humanos tendieron en general a adoptar una actitud que no fue acertada. Predominó siempre el criterio de poner en primer plano las falsedades de los informes y descalificarlos como una sarta de mentiras que añadió una fechoría más al encubrimiento de las atrocidades.

Es absurdo limitarse a denostar los informes por sus datos falsos en vez de proclamar a los cuatro vientos los horrores de esa confesión.

Los informes de 2005 fueron un logro enorme en la conquista de la verdad. Fueron un hito histórico; tardío y criticable, pero fundamental. Son la reivindicación de las denuncias vilipendiadas durante décadas en que los gobiernos prohijaron la conjura de encubrimiento de las instituciones militares.

Y son una lápida que debe sellar las pretensiones de cuestionar todavía la realidad de los crímenes. La patraña de poner en duda las atrocidades de la dictadura, aunque ha perdido el patrocinio oficial que tuvo hasta 2003[6], no ha dejado nunca de esgrimirse, sobre todo en medios militares.[7] ¿Qué refutación podría ser más eficaz que esta confesión ilevantable?

* * *

La reivindicación de la verdad y la afirmación de la memoria son partes de una lucha que no atañe sólo al pasado, sino también al futuro.

Pero hay algo que es indispensable para el éxito de esa lucha: que sus frutos se recojan. Que se los valore y se los utilice. Que los logros se consignen y las verdades reconquistadas se hagan valer como pruebas de la justicia del empeño. Es un despropósito que todo eso se desprecie y se deje caer en el olvido.

¿Qué se hizo para difundir las confesiones de los informes de 2005? ¿Qué organizaciones las publicaron y se dedicaron a divulgarlas? ¿Se buscó incorporar esas verdades en la conciencia general de la población?

¿Quién habla de los informes de 2005? ¿Se los evoca alguna vez?

Hay un indicio que lo dice todo. Los informes no existen en Internet salvo en un único lugar, que es el citado en la nota 3: en el trabajo monumental coordinado por Álvaro Rico sobre los detenidos desaparecidos. Hay que ir a buscar los informes allí: en el cuarto de sus cinco tomos, en la sección 3. Fuera de ahí no se los encuentra. (VADENUEVO presenta ahora los cinco informes en su sección DOCUMENTOS.)

* * *

Hay cosas que nos falta mejorar.

Publicado en Vadenuevo.com.uy – mayo 2019

(Este artículo contiene pasajes de textos anteriores publicados por el autor.)[1]

[1] Especialmente en el artículo Recordemos, publicado en vadenuevo Nº 34 (julio de 2011).

[2] Por ejemplo, en El País (9 de abril).

[3] Los cinco informes pueden verse transcritos en la sección DOCUMENTOS. Fueron publicados completos en Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del art. 4º de la Ley Nº 15.848 (Alvaro Rico (coordinador), 2007), tomo 4, Sección 3, págs. 75 a 105. El informe del Ejército es el primero (págs. 75 a 82).

[4] Los 21 casos que se comentan en este párrafo del texto (declarados por el Ejército) y otros dos declarados en el informe de la Fuerza Aérea.

[5] Por ejemplo: Subrayado (1º de diciembre de 2011): “Cráneo de Julio Castro ‘estallado por un impacto de alto calibre’“.

[6] En 2003 el gobierno del presidente Jorge Batlle estableció la “Comisión para la Paz”, y en definitiva dictó un decreto en el que se declaró que las conclusiones del Informe Final de esa Comisión “constituyen la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto”. Ese Informe Final concluía respecto de 26 personas que “fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos –en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional”. 

A diferencia de esto, los informes de 2005 fueron declaraciones propias de las Fuerzas Armadas, presentadas por sus tres Comandantes en Jefe.

[7] Comenté declaraciones de un presidente del Centro Militar en noviembre de 2016 en el artículo Un mini-Goebbels que la tuvo fácil.

LA MEMORIA NO ES SÓLO RECUERDO por Ignacio Martínez 

La memoria de nuestro pasado reciente debe transcender el recuerdo simbólico y evocativo de lo sucedido. Es válido, sí, pero no alcanza con denunciar el terrorismo de Estado y los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la barbarie.

Se impone incorporar el estudio de las razones de lo sucedido. Es necesario que nos pongamos de acuerdo en los motivos que hicieron posible esas atrocidades. Tenemos que analizar y ponernos de acuerdo en las razones sociales, políticas, ideológicas, regionales e internacionales que pregonaron esa movida político-militar en el continente y en nuestro país.

Un aspecto muy importante es asumir el análisis autocrítico, esa práctica poco usual en nuestros tiempos, para ver la cuota que nos toca de todo aquello.

La memoria también es aprender de lo ocurrido. Deberíamos plantearnos de manera permanente instancias o foros en esa dirección. Incluso autocrítica de nuestra práctica cotidiana hoy, donde las condiciones son diferentes y tenemos más fuerza y estamos en resortes de decisiones claves para la transformación del país que anhelamos.

Propongo algunos temas:

1-¿Es hoy el mañana que soñamos ayer?

2-Todos los esfuerzos realizados, las vidas ofrendadas para que se terminara la miseria, para que no existiera más violencia de ningún tipo, para que pudiéramos vivir en paz, con las necesidades humanas resueltas ¿se están verificando en este momento?

3-¿Estamos haciendo lo correcto para asegurar esas conquistas y lograr las que faltan?

Este momento se vuelve crucial. Estamos rodeados de avanzadas oscurantistas, hipócritas, decididas a destruir las conquistas sociales y jurídicas alcanzadas. Los voceros de esas cruzadas medioevales son los mismos de antaño o sus descendientes.

Se vuelve imprescindible hoy más que nunca coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

La campaña electoral va a estar centrada en una ofensiva plagada de moralina, mentiras y tergiversaciones con la marca Alonso, Lacalle, Bordaberry, Larrañaga, Sanguinetti y Novick entre otros. Para ellos también debemos tener memoria y decir con todas las letras quienes son, qué han hecho, qué piensan hacer con las conquistas sociales que conseguimos hasta ahora y que ya han adelantado destruir.

Nosotros deberemos responder con el Programa sin dejar de mostrar la autocrítica sincera en todos los órdenes. Y si de algo debemos estar bien firmes y seguros es de no parecernos nunca, en lo más mínimo, a ellos con rencillas partidarias y avaricias de cargos y candidaturas.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 16 . 8 . 2018

ESPIONAJE EN DEMOCRACIA por Ignacio Martínez

Los servicios de inteligencia de cualquier organismo policial o militar son parte esencial de su propia labor. Las tareas especiales y reservadas para obtener información de los estamentos que se vigilan, son tan importantes en las tareas policíacas, que a nadie escapa que gran parte del éxito de las mismas depende, precisamente, de la obtención de esa información.

Así entendida la represión a las actividades delictivas o la prevención para que no se realicen, solo serán posibles si, en efecto, los servicios de inteligencia brindan datos concretos acerca del tráfico de drogas, del contrabando, del abigeato, del lavado de dinero, de la trata de blancas, del tráfico de órganos, de la pornografía infantil o cuanta actividad humana sea considerada ilegal y esté reñida con la justicia y atente contra la esencia misma de la sociedad.

Nadie puede ser tan ingenuo y no reconocer que, entonces, efectivamente, esas labores de inteligencia e información se deben instrumentar desde los organismos del estado específicamente conformados para reprimir los delitos que se cometen o más aún, para evitar que se cometan y desactivarlos antes de que se produzcan.

El asunto aparece como objeto de estudio y alarma social, cuando esas labores de inteligencia se operan desde los mismos organismos públicos que las efectúan, pero esta vez dirigidas a ámbitos, organizaciones, actividades y personas perfectamente admitidas por la legislación vigente, es decir, son legales y en democracia, particularmente en ámbitos de la sociedad civil.

Podemos afirmar que a la salida de la dictadura continuaron operando los servicios de información de las FFAA y de la Policía. Con mayor o menor sujeción a los mandos orgánicos, bien sabemos que se vigilaban sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de Derechos Humanos, dirigentes políticos y hasta a la misma iglesia, sobre todo en sus sectores más relacionados con las cuestiones sociales. ¿Qué tendrían para decir los ministros del Interior Manini Ríos o Marchesano o Forteza o Buscasso, todos colorados? ¿Qué tendrían para decir Ramírez o Iturra o Gianola, todos herreristas? ¿Qué tendrían para decir los ministros de Defensa Chiarino, Medina, Brito?

Las denuncias realizadas públicamente en la prensa y la conformación en noviembre de 2016 de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en relación al conocido “archivo del coronel Castiglioni”, dan prueba de la total impunidad con que se realizaban tareas de espionaje hasta bien entrada la democracia. Es evidente que decenas de agentes ocupaban sus jornadas de trabajo en vigilar, infiltrar e informar a sus superiores de las actividades que realizaban sectores de nuestra sociedad civil.

¿Se puede decir, como afirma Sanguinetti, que lo que está claro es que ni la Presidencia, ni nuestros ministros -todos de acrisolada calidad democrática-, jamás ordenaron ningún episodio ilegal 

Cuesta creer que no hayan ordenado nada porque de algún lado debió salir la orden y los recursos para que se hicieran esos trabajos.

Pero, en todo caso, lo peor es suponer que el Presidente y sus ministros debían estar enterados o ¿acaso se espió delante de sus narices sin que nadie se enterara? Concluyamos que si se espió sin que nadie del gobierno lo supiera, flaco favor le hicieron los ministros y el Presidente a la democracia y a su propia eficiencia en sus cargos, a sus propias fuentes de información de lo que sucedía a su lado. Más bien dieron pruebas de su absoluta incapacidad para sus cargos.

Si, por el contrario, sabían de ese espionaje, ¿cómo no desmantelaron esos organismos ni dieron de baja a quienes realizaron esos episodios de espionaje, violaciones a la ley o intervenciones lesivas para la ley. (sic, Sanguinetti).

Si no sabían, vergüenza. Si sabían y nada hicieron, doble vergüenza. Hoy cabe preguntarnos ¿se terminaron esas actividades de espionaje? ¿Por qué tuvieron que pasar más de 30 años para que el expresidente accediera a decir algo sobre este tema?

Las investigaciones deben continuar. La democracia se fortalecerá si todos estos asuntos toman el mayor estado público y, por supuesto, se somete a la justicia a quien deba rendir cuentas por estos hechos delictivos perpetrados desde las esferas del gobierno desde 1985.

Publicado en el Semanario uruguayo VOCES el 28.6.2018