El presidente nacional homenajeó como héroe nacional a uno de los más notorios torturadores de la dictadura militar, el coronel Brilhante Ulstra. Pero más grave que lo que Bolsonaro dice es lo que hace. En junio firmó un decreto por el que eliminó los cargos del Mecanismo de Prevención y Combate a la Tortura. Siete peritos, responsables de monitorear violaciones a los derechos humanos fueron despedidos. Su actividad pasó a ser entendida como “una actividad no remunerada”.

Aunque el mecanismo todavía exista, los peritos perderán la función de empleados públicos. En teoría, podrán fiscalizar sin recibir remuneración. Los expertos  vinculados  al Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos Humanos, continuaron  su trabajo durante dos meses. Hasta que la ministra Damares Alves, que se dice cristiana, decidió restringir la entrada de los peritos al predio del ministerio.

El dos de agosto la secretaria  Protección Global del ministerio determinó que el acceso de los  peritos al predio pasara a ser controlado. Cada uno de ellos deberá pedir permiso de entrada cada que vez que tuviera tal propósito. El uso de las salas estaría sometido  a agenda previa y podrían no estar disponibles.

Dentro del predio los peritos perderán el acceso al sistema electrónico. Sus asesores técnicos fueron destinados a otras funciones.  Así el gobierno amputó los brazos  y cegó los ojos al equipo  encargado de  investigar  las denuncias de torturas.

Todo eso significa querer poner una piedra en el combate a la práctica de la tortura en Brasil, considerada crimen hediendo, incalificable e imprescriptible por la legislación brasilera. Un Mecanismo creado en 2013 debido a un compromiso asumido por Brasil con la ONU, destinado a investigar violaciones a los  Derechos Humanos en instituciones de privación de libertad, como cárceles, hospitales, clínicas psiquiátricas.

El 12 de agosto, la justicia de Río de Janeiro suspendió el decreto presidencial de eliminar los cargos del  Mecanismo. El mandato del  juez Osair de Oliveira Jr, de 6to  Turno Federal, determina que los peritos sean reintegrados  a sus cargos  con su remuneración.

La ministra Damares Alves que se dice cristiana, considero equivocada la decisión de la Justicia de Río de Janeiro   y aseguró que el gobierno va recurrir. “No tengo que emplear a todo el mundo” dice ella, “la ley no nos obliga a emplearlos”. “La ley nos obliga a mantenernos en la estructura, siempre y cuando sea preciso, serán llamados para un trabajo específico de combate a la tortura”. Declaró que  todavía continuarían recibiendo pasajes aéreos cuando sean convocados para prestar servicio.

 Según informe de la Relatoría Pública del Estado de Río de Janeiro, divulgado el 2 de agosto, uno de cada veinticinco presos que pasa por la audiencia de custodia  declara haber sido torturado. ¿Y cuántos no denuncian por miedo a represalias? Entre mayo de 2018 y agosto de este año, el Núcleo de Derechos Humanos recibió 931 registros de torturas. Dentro de las víctimas, 153 eran menores de edad. Dentro de las agresiones físicas y psicológicas descritas por los presos, se destacan  patadas y golpes, armas en la cabeza, amenazas de muerte, choques eléctricos, colgamiento.

Desafortunadamente  hay quien argumenta (y también se dice cristiano)  “¿qué  hicieron ellos con las víctimas?”.   Ahora, si  quieren  adoptar la ley del Talión, rasguen la Declaración de los Derechos  Humanos  y la Constitución.  Supriman los tribunales, elijase el odio y no el amor como principio básico de esa comunidad que no merece llamarse humana y civilizada.

A tiempo: es bueno recordar para aquellos que se dicen cristianos que Jesús  fue torturado y condenó  duramente  a  quien no ve  al prójimo como templo vivo de Dios que jamás debe ser  profanado.

Publicado en O Globo 18 de agosto de 2019

Traducción: Antonio Coelho