¿ES CHILE EL MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL AL QUE ASPIRAMOS LOS URUGUAYOS? por Daniel Olesker

Hace ya mucho tiempo que en el debate de política económica el modelo chileno es visualizado como un ejemplo a imitar por parte de los sectores liberales de nuestra economía y de nuestra academia.

El terma resurgió ahora con fuerza porque en la campaña de las elecciones internas, el ahora candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi lo ha puesto como una referencia y un ejemplo en el que Uruguay debería reflejarse.

La frase casi única con la que ha fundamentado este ejemplo ha sido que: Mientras en Uruguay sólo el 15% de los productos exportados entran a los países con arancel 0 en Chile ese porcentaje es más del 70%. Esta idea de la apertura externa irrestricta y de promover como política exterior los acuerdos de libre comercio es vieja, existe desde el nacimiento de la economía capitalista. Y tuvo su empuje muy relevante desde comienzos de los 70 del siglo pasado con el desarrollo de los trabajos de Milton Friedman y la Universidad de Chicago justamente donde estudió el ahora candidato presidencial. Y en Uruguay fue la idea rectoral del Plan Nacional de Desarrollo de Juan Marìa Bordaberry tomado como tal por la dictadura

Cìvico – militar y fue el sustento de la propuesta continuadora de Luis Lacalle con su irrestricta apertura de la década de los 90.

Y más allá de los efectos sobre la estructura productiva y exportadora en Chile, a la que volveré al final de la nota, quiero primero desarrollar los efectos globales de esta propuesta, en particular sobre lo que debe ser si o si el eje de un modelo de desarrollo: la calidad de vida de los ciudadanos.

Para ello, conté con la valiosa ayuda de mis compañeros y amigos chilenos que me facilitaron datos y me dieron los link para llegar a las estadísticas que el propio INE chileno y otros organismos han elaborado[1]

La economía y los ingresos del trabajo.

Chile ha tenido un crecimiento económico desde la vuelta a la democracia relativamente constante (con años de menos dina ismo y caída del PBI en 2009) lo que ha hecho una economía cuyo PBI a precios constantes es hoy más del triple del que era en 1991, más del doble /130% de incremento) del que era en 1996 y 30% mayor al año 2010, posterior a la caída del PBI de 2009.

Sin embargo tomando las series empalmadas que el propio INE de Chile realiza, por ejemplo, en el período 1996 a 2018 el salario real creció 66%, es decir la mitad de lo que creció la economía, lo cual muestra un impacto negativo sobre la distribución de los ingresos, como veremos en detalle más adelante.

Recordemos que en el caso uruguayo, desde 2005, el PBI creció   orden de 80%y el salario real más de 60%, es decir en cifras muy alineadas.

Pero a esta situación de bajo traslado a salarios de las ganancias del crecimiento se agregan algunos datos más específicos que quisiera compartir.

La encuesta CASEN publicó cifras del ingreso promedio derivado del trabajo por decil de ingresos, es decir el 10% de menores ingresos, el siguiente 10% y así sucesivamente.

Los datos nos dicen que el 20% de las personas reciben ingresos menores o iguales a un salario mínimo y casi el 50% ingresos inferiores a dos salarios mínimos. (el Salario mínimo hoy equivale a 301 mil pesos chilenos, unos 421 dólares).

Es decir es claro que la “prosperidad económica” no tuvo su correlato en el ingreso por trabajo de la mayoría de los chilenos.

Pobreza y distribución del Ingreso.

En estas condiciones económicas de crecimiento potente, las personas en situación de pobreza son 1.528.284 que representan el 8,6 por ciento de la población, cifra del orden de la que tenemos en Uruguay. En cambio dentro de dicho coeficiente de pobreza, la pobreza externa (es decir los que no cubren la canasta básica de alimentos) son el 2,% o sea 412.839 personas. (en Uruguay este valor es de 0,5%).

Pero lo más evidente del impacto de este modelo aperturista se encuentra en el proceso de distribución del ingreso que no acompañó para nada la baja de la pobreza.

En primer lugar el coeficiente de Gini de Chile se corresponde con los datos proporcionados con la Encuesta Casen 2017, bajo la cual dicho coeficiente asume un valor de 0,50, lo que ubica a Chile en los valores más altos de América Latina (Uruguay tiene 0,38) a pesar de haber sido de los países de mayor tasa de crecimiento en las últimas décadas.

La propia encuesta da otros datos de distribución del ingreso. Por ejemplo el 10% ,más rico tiene un ingreso promedio de 39 veces el 10% más pobre (en Uruguay es 20 veces) y esa relación era 30 veces o sea menos en 2010. O sea 30% de crecimiento y aumento de la desigualdad Y más aún ese 10% gana 2,7 veces más que el promedio del 40% de menores ingresos.

Para tener algún dato adicional la encuesta de 2013 en un estudio comparativo de países mostraba que el 0,1 % de los chilenos más adinerados perciben entre el 17,6 % y el 19,9 % de los ingresos totales del país, y el 0,01 % percibe entre el 10,1 % y 11,5 % de los ingresos totales. De los veinte países considerados en el estudio, estas últimas cifras son sólo superados por Estados Unidos. ​ Comparativamente, los porcentajes de ingresos percibidos en cada caso en Suecia son, respectivamente, sólo el 3,4 % y el 1,4 % del total. De hecho, mientras que los ingresos a repartir en Chile son sólo la mitad que los del país nórdico, el 1 % de la población chilena percibe ingresos proporcionales casi 3,5 veces más grandes que los del porcentaje más adinerado de los suecos.

Otro dato importante se refiere al IVA en Chile. Todos sabemos que es un impuesto regresivo que no colabora con la distribución del Ingreso. Sin embargo se puede amortiguar ese efecto con una tasa diferencial menor o exoneraciones para bienes de primera necesidad que, en términos porcentuales, consumen más los sectores de menores de ingresos, como es en Uruguay con tasa 0 y 10% en varios rubros como leche, pan, harina, fideos, medicamentos, etc. En cambio en Chile la tasa es única )con muy contadas e irrelevantes excepciones) de 19%. Esto me trae recuerdo cuando por allá por el 99/2000 el ex presidente Batlle en una comparecencia en ADM anunció que iba a “bajar” el IVA de 23 a 18% y enseguida dijo que lo haría unificando todo en una única tasa. Es decir dijo que el IVA mínimo de la canasta básica lo iba a aumentar. Fue tal la reacción que no lo hizo, a pesar de los consejos de sus asesores de aquél momento.

 O sea el crecimiento económico de Chile ha permitido reducir la pobreza, pero no ha significado una disminución de la desigualdad y, en particular, la distribución del ingreso ha empeorado.

Salud y Educación.

Otra muestra de esta desvinculación entre crecimiento económico y distribución se encuentra en el acceso a los servicios sociales de salud y educación.

En el caso de la salud tenemos un sistema que implica grandes desigualdades de acceso y que implica cargas financieras para trabajadores que pueden llegar a más del 11% de su ingreso para cubrir su salud. Y en el caso del financiamiento del sector público el gasto en salud es de 4,9% del PBI muy lejos de la meta propuesta por OPS de un mínimo de 6% del PBI: (en el caso de Uruguay la cifra es del orden del 6,5%)

Pero además de la cuestión económica, el sistema tiene grandes desigualdades de acceso, y diferencias significativas de cobertura.

En el caso de la educación el gasto público es de 5,2% sobre el PBI también lejos de la meta de UNESCO del 6% y también grandes desigualdades de acceso y en especial un sistema de educación superior fragmentado y cuyo ingreso depende de los ingresos de las familias y de su capacidad de endeudamiento, aun cuando algunas de estas condiciones han cambiado con la ley aprobada en el final del mandado de Bachelet. En 2011 Chile tenía la segunda matrícula más cara del mundo después de EEUU.

La matriz exportadora

Este proceso de apertura ha reafirmado la matriz primaria de exportación. Si bien el concepto de primarización está en debate y en Chile se discutía Impulsar una segunda fase exportadora superando la minería y la agricultura e incluyendo otros encadenamientos que se generan como el transporte, la logística, etc, la realidad muestra que la matriz exportadora sigue teniendo muy bajo valor agregado. 50% de las exportaciones dependen del cobre (mineral, en bruto o refinado) y su manufactura ha caído y han cerrado muchas empresas, exportándose cada vez más concentrado. Acompañan esta exportación frutas y verduras y productos del mar. Mientras las principales importaciones además del petróleo son productos manufacturados (camiones, automóviles, equipos de radiodifusión entre otros).

Es decir un esquema centro periferia, sólo que ahora con un cambios de destinos y orígenes que es la inclusión de China como el principal. Y ello, como era de prever, acentuó la heterogeneidad estructural de la economía, con sectores de avanzada tecnológica, volcados al mercado internacional y sectores atrasados en condiciones de vulnerabilidad y centrados en el mercado interno.

Al mismo tiempo esto se ligó con el proceso de privatización y desnacionalización del cobre que generó un efecto importante de transferencia de ingresos a las transnacionales. En momentos de precios altos por sus mayores ganancias y en las caídas de precios, por la venta a bajo costo a sus empresas en el exterior que lo refinan y manufacturan.

En síntesis la apertura irrestricta del modelo chileno concentró la riqueza, los trabajadores no acompañaron con sus mejoras dicho crecimiento y la economía se mantuvo en su fase primario exportadora.

No es el modelo de desarrollo que queremos.


[1] Agradezco especialmente a David Debbrott economista chileno y amigo, con el que compartimos la intregración a la Red de Economía Mundial (REDEM) y hemos sido compañeros de ruta en los trabajos sobre economía de la salud desde hace muchos años.

LOS MITOS QUE SE DERRUMBAN por Daniel Olesker

I) EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico del país entre 2004 y 2018 fue de orden del 70% es decir un promedio anual de crecimiento de casi 5%.

En este crecimiento aumentaron tanto el consumo como las exportaciones; incluso el consumo interno aumentó en estos 14 años cerca de 70%, 16 puntos por encima de las exportaciones. Y las inversiones más del 100% tanto públicas como privadas. Incluso parte importante de la explicación de la reducción del ritmo de crecimiento estuvo en el enlentecimiento de este mercado interno.

Por ende: PRIMER MITO QUE SE QUIEBRA: HAY QUE ELEGIR ENTRE EL MERCADO INTERNO Y LAS EXPORTACIONES. HEMOS DEMOSTRADO QUE SE PUEDE CRECER EN AMBOS MERCADOS Y QUE UNA ECONOMÍA PEQUEÑA DEBE PROYECTARSE AL EXTERIOR PERO TIENE CAMPO PARA EXPANDIR EL MERCADO INTERNO.

II) LA DISTRIBUCIÓN DE ESE CRECIMIENTO.

Hemos sostenido siempre que: “EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ES CONDICIÓN NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS, PERO NO ES SUFICIENTE”.

Durante la década del 90 con crecimiento económico, pero con la aplicación de un modelo que hemos denominado LACE (Liberal, Aperturista, Concentrador y Excluyente) y que en una nota anterior desarrollamos con extensión, el desempleo fue creciente al final de la década, el salario real creció menos de la sexta parte que el producto, el salario mínimo cayó a más de la mitad, y la desigualdad medida por el índice de Gini aumentó a lo largo de toda la década. O sea: Crecimiento con exclusión.

En cambio en estos últimos 14 años la desigualdad ha mejorado sustancialmente en sus dos indicadores. Por un lado el índice de Gini viene cayendo desde 2007 y bajó a 0,38 en 2018, el valor más bajo de la historia del país.

El otro indicador es la comparación entre el ingreso medio del 10% más rico respecto al 10% más pobre. Dicha relación era más de 20 veces mayor durante la crisis del 2002, llegó a 18 veces en 2006 y ya está en el orden de 12,5 veces en 2018.

Sólo para tener una idea de los modelos que nos proponen. En Chile el índice de Gini supera el 0,55 y es más alto que cuando empezó el crecimiento económico y el 10% más rico tenía ingresos más de 20 veces superior al 10% más pobre.

SEGUNDO MITO QUE SE DERRUMBA: PRIMERO HAY QUE CRECER PARA DESPUES DISTRIBUIR. HEMOS DEMOSTRADO QUE SE PUEDE CRECER Y DISTRIBUIR AL MISMO TIEMPO.

III) SALARIO E INFLACIÓN

En estos 14 años el salario real aumentó a un promedio del orden del 4% anual y los salarios de los sectores que menos ganaban aumentaron aun más.Sin embargo salvo meses excepcionales la inflación siempre se mantuvo de 1 dígito.

TERCER MITO QUE SE DERRUMBA: QUE LOS AUMENTOS DE SALARIOS PROVOCAN UN EMPUJE INFLACIONARIOS. LA INFLACIÓN DEPENDE DE MUCHOS OTROS FACTORES Y ES POSIBLE, EN UNA ECONOMÍA EN CRECIMIENTO QUE CREZCAN LOS SALARIOS SIN QUE IMPACTE SOBRE LA INFLACIÓN  COMO HA SUCEDIDO. 

IV) SALARIO Y EMPLEO

Otro tema es saber que pasó con el empleo. Así como el record de desempleo de 17% en 2003 fue un generador de pobreza y desigualdad, el acceso al empleo, combinado con el punto anterior de mejoras generalizadas de salarios, fue un contribuyente notorio a la baja de la pobreza y la desigualdad. Una tasa de desempleo de 6,8%, delas más bajas de la historia del país, que significa que desde aquellos años un orden de más de 260 mil personas consiguieron trabajo y otro tanto igual dejaron la precariedad para formalizar su trabajo.

CUARTO MITO QUE SE DERRUMBA: QUE EL AUMENTO DE SALARIOS, LAS REGULACIONES LABORALES Y LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO, PROVOCABA UNA REDUCCION DE EMPLEO. QUE HABIA QUE ELEGIR ENTRE AUMENTAR SALARIOS O CREAR EMPLEOS. HEMOS DEMOSTRADO QUE ES POSIBLE QUE AMBOS AUMENTEN A LA VEZ Y QUE LA MASA SALARIAL AUMENTE COMO PARTE DEL INGRESO NACIONAL SIN QUE ELLO AFECTE EL PROCESO DE INVERSIÒN.

CONCLUSIONES

Esta nota propone demostrar que desde el pensamiento dominante siempre se han planteado “problemas” que era necesario asumir para poder despegar. Y las soluciones a esos problemas siempre pasaban por el ajuste y el sacrificio de los trabajadores para futuros venturosos y derrames económicos que nunca llegaban.

Hoy está planteado nuevamente el debate: la reforma laboral empujada por las cámaras empresariales con mucha fuerza, envalentonadas con las estrategias de flexibilización y ajuste en la región abren nuevamente el debate sobre los mitos.

Creemos firmemente en que es necesario profundizar las políticas expansivas de salario, en particular de los más bajos, los subsidios y el direccionamiento del empleo y la profundización de las reformas sociales, todo ello en el marco de una expansión del gasto público social, como manera de seguir profundizando un modelo al servicio de los trabajadores.

¿EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SIEMPRE FAVORECE A LOS TRABAJADORES? por Daniel Olesker

Un Análisis comparado de dos períodos de crecimiento de Uruguay

A modo primario de Respuesta.

La respuesta es que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para que favorezca a los trabajadores y sus familias. Depende como se de dicho crecimiento y que grado de distribución de sus frutos genere.

Fundamentaremos esta  tesis analizando dos momentos de crecimiento de nuestro país y sus efectos distributivos.

Desde la vuelta a la democracia en 1985, la economía uruguaya ha tenido dos procesos largos de crecimiento económicos. El primero de ellos entre 1985 y 1998, bajo los gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional. En esos 14 años hubo dos años de estancamiento y uno de caída del PBI en el año 1996. Sin embargo con una mirada estructural y de mediano plazo podemos considerarlo un período de crecimiento sostenido. Al final de los 14 años, la economía creció un 70%, lo que implica una tasa promedio anual de 3,9%.

El otro período prolongado de crecimiento fue de 2005 a 2018, también 14 años de crecimiento, bajo los tres gobiernos frenteamplistas. En este casi el crecimiento acumulado fue de 80% y la tasa promedio anual de 4,2%. Así lo muestra el gráfico 1.

Pero hasta aquí las similitudes de ambos períodos. Que importa analizar de un período de crecimiento para realizar un análisis global y que no quede en un mero aumento de la riqueza global.

A nuestro juicio, dos son los elementos centrales que debemos analizar. Por un lado el rol de la Inversión como sostén de dicho proceso; por otro lado la redistribución del ingreso generada por dicho crecimiento. Y en este último caso tres son los indicadores que utilizaremos: el salario real (y el salario mínimo), el desempleo y el índice de Gini.

Los contenidos del crecimiento La Inversión.

Empecemos por la inversión. La inversión es indispensable para sostener el crecimiento, pues ella crea la infraestructura necesaria por mejorar la capacidad productiva y aumentar la productividad. El gráfico 2 muestra los datos..

Es claro que  los

Es claro que el proceso de crecimiento de los últimos 14 años se ha sustentado en una sólida formación de capital tanto por el lado del sector público como privado con promedios cercanos al 20% y años de casi 22% del PBI. En los 14 años de crecimiento anteriores el promedio quedó por debajo de 15%.

El segundo elemento tiene que ver con el tema de crecimiento y distribución. La teoría liberal sostiene que es necesario primer crecer para luego distribuir. Y ese fue el fundamento durante los 14 años de crecimiento anteriores. Empecemos por el salario real.

Los contenidos del crecimiento El Salario Real

El gráfico 3 nos muestra la diferencia clara en la evolución del salario real en ambos períodos.

 Incluso es mayor si tomamos en cuenta que el crecimiento del primer período (36%) se concentra en los primeros 5 años (casi 29%) en la salida democrática y con consejo de salarios. (1985 a 1989).

En cambio en los 14 años recientes el salario real creció más que 60%.

Los contenidos del crecimiento El Desempleo

El tercer elemento tiene que ver con la tasa de desempleo. También la teoría liberal nos dice que el crecimiento económico tiene un efecto derrame sobre el empleo que reduce el desempleo de manera natural y que no es necesario poner en marcha políticas activas de empleo. Sin embargo el derrame en la realidad no ha existido para los primeros 14 años y la gráfica 4 nos lo muestra claramente.

Que es lo que nos dice el gráfico?. En primer lugar luego de las crisis (de 1982 a 1984 la primera y de 2002 a 2004 la segunda) el desempleo cae. Sin embargo en los 14 años de 1984 a 1998 luego vuelve a subir a pesar del crecimiento económico y termina en un desempleo casi tan alto como en el arranque. En cambio en los 14 años recientes el desempleo se mantiene bajo y a pesar de una leve subida estos últimos años no supera el 8%. El desempleo promedio de los primeros años fue de 9,8% y el de los 14 años recientes 8,4.

Los contenidos del crecimiento La desigualdad de ingresos de las personas.

Finalmente el cuarto elemento tiene que ver con el Índice de Gini que mide la desigualdad entre personas. Es un índice que cuando da 0 no hay concentración del ingreso y cuando da 1 es total concentración; es decir cuanto más cerca de 0 mejor la igualdad. El gráfico 5 nos muestra dichos datos.

Es claro que la desigualdad que en 1984 era muy mala y además empeoró en 14 años de crecimiento. Mientras que por el contrario en los 14 años recientes tuvo una baja relevante.

Una Interpretación de los hechos.

Dos períodos de crecimiento relativamente similares. Pero en uno de ellos bajos niveles de inversión, en otros muy altos;  crecimiento muy dispar del salario real a favor de los recientes 14 años; desempleo en caída y a niveles bajos, versus un aumento del desempleo en aquellos 14 años de crecimiento; desigualdad creciente en aquellos años, aumento de la igualdad en los años recientes.

Qué explica esto?

No hay duda que la explicación de estas disparidades de los efectos del crecimiento se encuentran en la política pública.

En primer lugar una reglamentación de la ley de inversiones extremadamente permisiva y liberal desde el año 1996 lo que se hizo con los decretos reglamentarios de 2008 y 2012. Éstos dieron mayores garantías al proceso inversor y generó un fuerte direccionamiento desde el estado que impactó sobre el nivel de empleo y sobre la localización de las inversiones, entre otros factores.

En segundo lugar la convocatoria a consejos de salarios por rama de actividad que generó condiciones políticas, sindicales y económicas para la mejora global del salario real. Y este análisis se reafirma cuando vemos que del 36% de aumento del salario real entre 1984 y 1998, el 80% se dio entre 1985 y 1989 mientras fueron convocados los consejos de salarios. Es decir la existencia de consejos de salarios por rama es el diferencial relevante para que los trabajadores participen de los frutos del crecimiento.

En tercer lugar la política de salario mínimo. Porque es de hacer notar que la desigualdad salarial (es decir el Gini de los asalariados) también empeoró entre 1984 y 1998 y mejora entre 2005 y 2018, en especial por el empuje que dio a los salarios más bajos de todas las ramas de actividad en especial entre 2010 y 2013. Dicha mejora de los salarios más deprimidos se asocia a la evolución del salario mínimo que tuvo entre 2005 y 2018 un crecimiento de más de 250%.

En cuarto lugar las políticas activas de empleo, desde la propia ley de inversiones antes mencionada, pasando por las políticas de INEFOP y los estímulos diversos al empleo de sectores de actividad durante estos últimos 14 años.

En quinto lugar los cambios en el acceso a las políticas sociales tanto desde el punto de vista de los recursos destinados, como respecto a las formas igualitarias de acceso. Se destaca en este caso la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, dado su carácter de acceso universal y con justicia social, pero también colaboraron, la mejora del acceso a la educación y los diversos programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

En sexto lugar un factor que también contribuyó a conjugar crecimiento con distribución fue la reforma tributaria en particular la derogación del impuesto a las retribuciones personales (conocido como el impuesto a los sueldos pues sólo a eso gravaba) por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

En síntesis dos crecimiento de porte relativamente similar y de consecuencias absolutamente opuestas en la calidad de vida de las familias trabajadoras.

Por ello la conclusión del arranque. No alcanza con crecer, ello es necesario pero tiene que ir acompañado de sustentabilidad y justicia social.

¿ES CHILE EL MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL AL QUE ASPIRAMOS LOS URUGUAYOS? por Daniel Olesker

Hace ya mucho tiempo que en el debate de política económica el modelo chileno es visualizado como un ejemplo a imitar por parte de los sectores liberales de nuestra economía y de nuestra academia.

El terma resurgió ahora con fuerza porque en la campaña de las elecciones internas, el ahora candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi lo ha puesto como una referencia y un ejemplo en el que Uruguay debería reflejarse.

La frase casi única con la que ha fundamentado este ejemplo ha sido que: mientras en Uruguay sólo el 15% de los productos exportados entran a los países con arancel 0, en Chile ese porcentaje es más del 70%. Esta idea de la apertura externa irrestricta y de promover como política exterior los acuerdos de libre comercio es vieja, existe desde el nacimiento de la economía capitalista. Y tuvo su empuje muy relevante desde comienzos de los 70 del siglo pasado con el desarrollo de los trabajos de Milton Friedman y la Universidad de Chicago justamente donde estudió el ahora candidato presidencial. Y en Uruguay fue la idea rectoral del Plan Nacional de Desarrollo de Juan María Bordaberry tomado como tal por la dictadura cívico–militar y fue el sustento de la propuesta continuadora de Luis Lacalle con su irrestricta apertura de la década de los 90.

Y más allá de los efectos sobre la estructura productiva y exportadora en Chile, a la que volveré al final de la nota, quiero primero desarrollar los efectos globales de esta propuesta, en particular sobre lo que debe ser sí o sí el eje de un modelo de desarrollo: la calidad de vida de los ciudadanos.

Para ello, conté con la valiosa ayuda de mis compañeros y amigos chilenos que me facilitaron datos y me dieron los links para llegar a las estadísticas que el propio INE chileno y otros organismos han elaborado.

La economía y los ingresos del trabajo

Chile ha tenido un crecimiento económico desde la vuelta a la democracia relativamente constante (con años de menos dinamismo y caída del PBI en 2009) lo que ha hecho una economía cuyo PBI a precios constantes es hoy más del triple del que era en 1991, más del doble (130% de incremento) del que era en 1996 y 30% mayor al año 2010, posterior a la caída del PBI de 2009.

Sin embargo tomando las series empalmadas que el propio INE de Chile realiza, por ejemplo, en el período 1996 a 2018 el salario real creció 66%, es decir, la mitad de lo que creció la economía, lo cual muestra un impacto negativo sobre la distribución de los ingresos, como veremos en detalle más adelante.

Recordemos que en el caso uruguayo, desde 2005, el PBI creció en el orden de 80% y el salario real más de 60%, es decir, en cifras muy alineadas.

Pero a esta situación de bajo traslado a salarios de las ganancias del crecimiento se agregan algunos datos más específicos que quisiera compartir.

La encuesta CASEN publicó cifras del ingreso promedio derivado del trabajo por decil de ingresos, es decir, el 10% de menores ingresos, el siguiente 10% y así sucesivamente.

Los datos nos dicen que el 20% de las personas reciben ingresos menores o iguales a un salario mínimo y casi el 50% ingresos inferiores a dos salarios mínimos. (el Salario mínimo hoy equivale a 301.000 pesos chilenos, unos 421 dólares).

Es decir es claro que la «prosperidad económica» no tuvo su correlato en el ingreso por trabajo de la mayoría de los chilenos.

Pobreza y distribución del Ingreso

En estas condiciones económicas de crecimiento potente, las personas en situación de pobreza son 1.528.284, que representan el 8,6 por ciento de la población, cifra del orden de la que tenemos en Uruguay. En cambio dentro de dicho coeficiente de pobreza, la pobreza externa (es decir los que no cubren la canasta básica de alimentos) son el 2,% o sea 412.839 personas. (en Uruguay este valor es de 0,5%).

Pero lo más evidente del impacto de este modelo aperturista se encuentra en el proceso de distribución del ingreso que no acompañó para nada la baja de la pobreza.

En primer lugar el coeficiente de Gini de Chile se corresponde con los datos proporcionados con la Encuesta Casen 2017, bajo la cual dicho coeficiente asume un valor de 0,50, lo que ubica a Chile en los valores más altos de América Latina (Uruguay tiene 0,38) a pesar de haber sido de los países de mayor tasa de crecimiento en las últimas décadas.

La propia encuesta da otros datos de distribución del ingreso. Por ejemplo el 10% más rico tiene un ingreso promedio de 39 veces el 10% más pobre (en Uruguay es 20 veces) y esa relación era 30 veces o sea menos en 2010. O sea, 30% de crecimiento y aumento de la desigualdad Y más aún ese 10% gana 2,7 veces más que el promedio del 40% de menores ingresos.

Para tener algún dato adicional la encuesta de 2013 en un estudio comparativo de países mostraba que el 0,1% de los chilenos más adinerados perciben entre el 17,6 % y el 19,9 % de los ingresos totales del país, y el 0,01 % percibe entre el 10,1 % y 11,5 % de los ingresos totales. De los veinte países considerados en el estudio, estas últimas cifras son sólo superadas por Estados Unidos. Comparativamente, los porcentajes de ingresos percibidos en cada caso en Suecia son, respectivamente, sólo el 3,4 % y el 1,4 % del total. De hecho, mientras que los ingresos a repartir en Chile son sólo la mitad que los del país nórdico, el 1 % de la población chilena percibe ingresos proporcionales casi 3,5 veces más grandes que los del porcentaje más adinerado de los suecos.

Otro dato importante se refiere al IVA en Chile. Todos sabemos que es un impuesto regresivo que no colabora con la distribución del Ingreso. Sin embargo se puede amortiguar ese efecto con una tasa diferencial menor o exoneraciones para bienes de primera necesidad que, en términos porcentuales, consumen más los sectores de menores de ingresos, como es en Uruguay con tasa 0 y 10% en varios rubros como leche, pan, harina, fideos, medicamentos, etc. En cambio en Chile la tasa es única, con muy contadas e irrelevantes excepciones de 19%. Esto me trae al recuerdo cuando por allá por el 99/2000 el expresidente Batlle en una comparecencia en ADM anunció que iba a «bajar» el IVA de 23 a 18% y enseguida dijo que lo haría unificando todo en una única tasa. Es decir, dijo que el IVA mínimo de la canasta básica lo iba a aumentar. Fue tal la reacción que no lo hizo, a pesar de los consejos de sus asesores de aquel momento.

O sea, el crecimiento económico de Chile ha permitido reducir la pobreza, pero no ha significado una disminución de la desigualdad y, en particular, la distribución del ingreso ha empeorado.

Salud y Educación

Otra muestra de esta desvinculación entre crecimiento económico y distribución se encuentra en el acceso a los servicios sociales de salud y educación.

En el caso de la salud tenemos un sistema que implica grandes desigualdades de acceso y que conlleva cargas financieras para trabajadores que pueden llegar a más del 11% de su ingreso para cubrir su salud. Y en el caso del financiamiento del sector público el gasto en salud es de 4,9% del PBI muy lejos de la meta propuesta por OPS de un mínimo de 6% del PBI: (en el caso de Uruguay la cifra es del orden del 6,5%).

Pero además de la cuestión económica, el sistema tiene grandes desigualdades de acceso, y diferencias significativas de cobertura.

En el caso de la educación el gasto público es de 5,2% sobre el PBI también lejos de la meta de UNESCO del 6% y también grandes desigualdades de acceso y en especial un sistema de educación superior fragmentado y cuyo ingreso depende de los ingresos de las familias y de su capacidad de endeudamiento, aun cuando algunas de estas condiciones han cambiado con la ley aprobada en el final del mandado de Bachelet. En 2011 Chile tenía la segunda matrícula más cara del mundo después de EEUU.

La matriz exportadora

Este proceso de apertura ha reafirmado la matriz primaria de exportación. Si bien el concepto de primarización está en debate y en Chile se discutía impulsar una segunda fase exportadora superando la minería y la agricultura e incluyendo otros encadenamientos que se generan como el transporte, la logística, etc, la realidad muestra que la matriz exportadora sigue teniendo muy bajo valor agregado. 50% de las exportaciones dependen del cobre (mineral, en bruto o refinado) y su manufactura ha caído y han cerrado muchas empresas, exportándose cada vez más concentrado. Acompañan esta exportación frutas y verduras y productos del mar. Mientras las principales importaciones además del petróleo son productos manufacturados (camiones, automóviles, equipos de radiodifusión entre otros).

Es decir un esquema centro-periferia, sólo que ahora con un cambios de destinos y orígenes que es la inclusión de China como el principal. Y ello, como era de prever, acentuó la heterogeneidad estructural de la economía, con sectores de avanzada tecnológica, volcados al mercado internacional y sectores atrasados en condiciones de vulnerabilidad y centrados en el mercado interno.

Al mismo tiempo esto se ligó con el proceso de privatización y desnacionalización del cobre que generó un efecto importante de transferencia de ingresos a las transnacionales. En momentos de precios altos por sus mayores ganancias y en las caídas de precios, por la venta a bajo costo a sus empresas en el exterior que lo refinan y manufacturan.

En síntesis la apertura irrestricta del modelo chileno concentró la riqueza, los trabajadores no acompañaron con sus mejoras dicho crecimiento y la economía se mantuvo en su fase primaria exportadora.

No es el modelo de desarrollo que queremos.


Publicado en La República el Julio 15, 2019

EMPRESARIOS AL SERVICIO EXCLUSIVO DE SUS PROPIAS RIQUEZAS por Ignacio Martínez

Muchos de los empresarios de nuestro país son partidarios de un mundo retrógrado, egoísta, privatizador y esclavista. No están de acuerdo con la negociación tripartita (ellos, los trabajadores y el Estado) para fijar salarios y condiciones de trabajo. Reclaman achicar el Estado, pero son los primeros en acudir a él para que los ayude frente a inclemencias del tiempo o dificultades de exportación o rebaja del precio internacional de sus materias primas. Invierten poquísimo. Siguen exportando ganado en pie. No les interesa siquiera más valor agregado a la producción para dar más trabajo y ser más competitivos.

Ellos y sus representantes políticos (Talvi, Sartori, Sanguinetti, Novick, Larrañaga,  Lacalle Pou y otros), no votaron la ley de 8 horas ni de responsabilidad penal empresarial frente a accidentes laborales y están permanentemente poniendo trabas a todo lo que sea mejoras para las grandes mayorías del país.

Suelen hablar de que Uruguay se abra al comercio con todo el mundo, pero no dicen ni pío de cómo van a repartir sus cuantiosas ganancias.

Piden rebaja del gasoil, de los impuestos, la tarifa eléctrica, refinanciar sus deudas, crear zonas francas y mil cosas más para la actividad agroexportadora, industrial, comercial y de servicios, pero jamás dicen cómo van a pagar horas extras después de las 8 horas al peón rural y si van a denunciar y censurar en serio a todo aquel patrón o capataz que golpee, maltrate y abuse de los trabajadores rurales y si van a bajar los precios al consumo cuando sus ganancias sean enormes como hoy, por ejemplo, con el record de producción del maíz.

“Un solo Uruguay” (que hace mucho que ni aparece) y los representantes políticos de los sectores empresariales, se deslumbran con Paraguay, el país que más explota a los trabajadores y desconoce sus derechos. Varias empresas uruguayas quieren instalarse en Paraguay porque los costos laborales son menores, es decir, los trabajadores no tienen tantas conquistas como en Uruguay. El 65% (aproximadamente 1,8 millones de personas en una población de 6 millones) vive en la informalidad laboral. Siete de cada 10 mujeres y 9 de cada 10 jóvenes están en el mercado informal del trabajo.

También se deslumbran con las políticas económicas en Chile, pero no dicen nada de que en el año 2017 más de 3.530.000 personas se encontraban en situación de pobreza. (Encuesta Casen) y que hoy Chile es uno de los países más desiguales e injustos de América Latina.

Para colmo de males las cámaras empresariales atacan a Uruguay denunciándonos ante la OIT con falsedades. No les sirve la Ley de Consejos de Salarios. No quieren la negociación ni el diálogo a pesar de que en la última ronda acordaron más de 80% de los grupos.

Quieren la negociación por lugar de trabajo, donde los patrones fuertes se impongan a trabajadores aislados, fraccionados y débiles. Tienen un odio de clase a todo Sindicato o Federación. Ni siquiera quieren que a igual trabajo se pague igual salario, sin importar si hablamos de empresa chica o grande.

¿Por qué sucede todo esto? Porque a los empresarios reunidos en las cámaras empresariales y a sus representantes políticos, no les interesa el Uruguay ni el pueblo uruguayo ni la pública felicidad, ni privilegiar a los más infelices. Lo único que les interesa son sus billeteras y las ganancias que obtienen a costa de todos nosotros. ¿Se entiende?

Publicado en el Semanario VOCES, jueves 20 de junio de 2016

LA INCLUSIÓN FINANCIERA BENEFICIA AL PUEBLO por Ignacio Martínez

Desde varios lugares han pegado el grito en el cielo diciendo que la inclusión financiera atenta contra la libertad de las personas. FALSO. Quien debe pagar el sueldo por vía de una cuenta bancaria acordada con el empleado, es el patrón. Luego, el trabajador decide si saca todo lo depositado y lo guarda donde quiera y paga siempre sus cuentas en efectivo, o hace uso de los beneficios que le da operar en términos electrónicos, con su tarjeta de débito.

La ley no obliga a nadie a hacer sus compras con tarjeta. Hasta hace un tiempo se podía leer en varios lugares se acepta sólo efectivo, hasta que esos mismos comerciantes vieron los beneficios de aceptar las tarjetas.

Para el trabajador, uno de los beneficios más importantes es que si abona con tarjeta de débito, su compra tiene una rebaja del IVA que del 22% pasa al 18%.

Otros beneficios son la comodidad de la operación sin cargar efectivo y el posterior control de todo lo devengado a lo largo del mes, por ejemplo.

Por otro lado la inclusión financiera y el pago por medios electrónicos le ponen trabas sustantivas a todo intento de no formalizar y no legalizar las relaciones laborales del trabajador con su lugar de trabajo y su desempeño laboral. La inclusión financiera pone de manifiesto, entre otras cosas, si el patrón ha efectuado los aportes al BPS y otros compromisos derivados de la seguridad social y de las condiciones de trabajo (pagos correspondientes a la labor según los convenios salariales y la descripción de categorías; salario vacacional, aguinaldo, horas extras, entre otras cosas).

Por eso, para el patrón sí es obligatorio pagar los sueldos por vía electrónica, procurando de esa manera proteger al trabajador, dotándolo de mejores herramientas para su seguridad en los ingresos.

Pero hay más. De esta manera se puede evitar la evasión de dineros que deberían ir a tales destinatarios y terminan en otras arcas. La informalidad, pasa a tener nuevas trabas. No son menores. Hay una larga historia de las peores patronales de contratar en negro a sus empleados rodeándolos de vulnerabilidades para darle más poder al patrón quien, por ejemplo, podía echarlos cuando quisiera, sin posibilidades para el trabajador de hacer ningún tipo de reclamo o entorpeciendo las posibles demandas.

Quienes hablan de que este sistema limita la libertad de las personas no dicen la verdad. Lo que se limita es el uso y el abuso de aquellas patronales que hicieron del salario un punto de presión para sus propios beneficios. Esta inclusión contribuye a ponerle freno a esa histórica actitud, propia de un feudo, donde el patrón no sólo se apropiaba de la fuerza de trabajo del empleado, sino también de su salario, de su vida, de su protección social. Eso se debe terminar. Debemos proteger principalmente a los sectores más desprotegidos como han sido siempre los trabajadores rurales o las empleadas domésticas que ahora y gracias a la lucha, tienen reconocimiento social porque, además, están sindicalizados.

No han faltado los argumentos que dicen que esto beneficia a los bancos.

Es cierto. ¿Y qué? Lo principal es procurar que las transacciones bancarias de este tipo se produzcan en los bancos estatales, pero lo más importante sigue siendo la total transparencia de las operaciones y la lucha por mejores beneficios para el trabajador, el jubilado y el pensionista, aunque si quieren ir al cajero o a la ventanilla y sacar todo el dinero y guardarlo en el colchón y pagar siempre en efectivo, lo pueden hacer. Allá ellos. Pregunto ¿todos los que se oponen a la inclusión financiera operan en efectivo o llevan en sus billeteras un montón de tarjetitas?  

Publicado en el Semanario VOCES el jueves 9 de mayo de 2019

Y CUANDO LOS DE ABAJO DESPERTARON, EL DINOSAURIO TODAVÍA ESTABA ALLÍ por Jorge Majfud*

Quienes hace veinte años estaban en el gobierno en Uruguay y en Argentina, antes y durante una de las mayores crisis económicas y sociales nunca vista por generaciones, dicen que, en realidad, ellos “lo hicieron bien” aunque “les tocó” un mal momento.

La brutal crisis económica y social fue consecuencia de un fenómeno climático o producto de la caída de un asteroide en la cuenca del Plata. Sin embargo, esta catástrofe no extinguió los dinosaurios. Ahora dicen que a los gobiernos que les siguieron “les tocó” un buen momento (el famoso viento en popa, otro fenómeno climático), pese a lo cual estos gobiernos irresponsables, en realidad, “lo hicieron mal”. (Durante esos años dorados, personalmente escribí mucho en contra de la euforia de Lula, de su Deus é brasileiro, o de los Kirchner, lo mismo sobre Uruguay y Chile, sin dejar de reconocer sus logros, que no fueron pocos ni fueron pequeños).

Es verdad que quedan temas muy pendientes, como la educación y la criminalidad callejera, dos problemas que no le son propios en el contexto internacional. En cuanto a la disminución de los desequilibrios sociales no se fue lo suficientemente radical como se debió, pero recordemos que en las democracias liberales también existe una oposición, y es siempre un elemento necesario en cualquier dinámica social saludable.

Pero es interesante detenerse en la omnipresente narrativa actual.

Ahora resulta que quince años de ininterrumpido crecimiento, de mayor independencia internacional, del pago de deudas impagables, de millones de menos pobres, fueron calamidades que deben ser corregidas.

Por eso ahora, en Uruguay, esos mismos grupos, con las mismas recetas ideológicas y las mismas promesas de los años 90, con algunos rostros más viejos y otros más jóvenes que no por casualidad se parecen mucho, aseguran que ellos “lo harán bien”.

Lo que es para preocuparse.

Obviamente, hay algo que lo hacen muy bien, porque de otra forma no se explicaría la insistente recurrencia de los déjà vu sociales: con los medios de prensa más fuertes de sus países, como siempre fue la regla en América Latina desde el siglo XIX, medios que nunca dejaron de serles funcionales durante la excepción de los últimos quince años, todo lo declaran con obviedad, convicción y elocuencia contagiosa.

Hay, sin embargo, dos novedades: (1) una fuerte dosis de furia tribal que en las redes sociales explota hasta por una simple mirada y produce el milagro de terminar culpando siempre a las víctimas de todos los males de una sociedad y (2) la sutil y efectiva estrategia de la judicialización de la política (que debería llamarse politización de la justicia) por la cual, como es de esperar según la lógica de los ideoléxicos, la persecución y encarcelación selectiva de los políticos más populares (sean corruptos o no) es calificada como “una muestra de la independencia de la justicia” y “una prueba de la salud democrática de un país”. Ideoléxicos en su estado más hipócrita.

En Argentina están mucho más adelantados que en Uruguay. Con las mismas promesas y con las mismas recetas ideológicas de los años noventa, lograron reconquistar el gobierno y, después de casi tres años, “ya lo están haciendo bien”, pese a la “pesada herencia” de quince años de insincero crecimiento económico interrumpido y de una prolongada e irresponsable reducción de la pobreza.

Lograron “hacerlo bien”, pese a que otra vez “les tocó” un mal momento. Casi no queda un indicador económico y social que no se haya degradado hasta límites impensables, ni siquiera por esos mismos “hombres de negocios”, esos genios que, a diferencia del resto de los mortales “saben cómo funciona el mundo” y cuya radical ideología se esconde en otro ideoléxico: “pragmatismo económico”. Es decir, ajustar hacia abajo y no hacia arriba, estrangular a la clase media, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios es un acto de responsabilidad que, por si fuese poco, por una lógica muy elemental, inevitablemente conduce a la recesión y a más injusticia social.

Pocas ideologías son tan radicales como la ideología de la no-ideología de los Grandes Negocios. Luego no se explican cómo siendo tan exitosos Super Hombres de negocios, fracasan vergonzosamente en los gobiernos, ya no sólo en lo social sino hasta en lo económico, porque nunca entendieron que las montañas de dinero que ellos llaman éxito propio y beneficio social se deben a que existe un Estado y una sociedad que cada día, de forma directa (corrupta) o indirecta (legal) trabaja para ellos.

Ningún partido político en el mundo (males necesarios, todavía) tiene el monopolio de hacerlo bien o de equivocarse, pero es siempre recomendable considerar los antecedentes de cada individuo, de cada grupo político y de cada receta, así como hace cualquier empleador cuando lee el currículo vitae de un candidato a un modesto puesto. Mucho más cuando estamos hablando de grupos y de individuos que aspiran a hacerse con el poder político de todo un país porque sólo con el abrumador poder económico y financiero que ostentan, o representan, no es suficiente para aprobar las leyes que necesitan para establecer las reglas de juego y formular, a su imagen y semejanza, la diferencia entre el bien y el mal que consumirán y reproducirán unos cuantos de los de abajo.

Publicado el 3 de setiembre de 2018.

*Jorge Majfud es escritor uruguayo estadounidense, autor de Crisis otras novelas.

PETRÓLEO: ¿ORO NEGRO O CATÁSTROFE?

Por Jorge Bentancur

La petrolera francesa Total, que cavará el pozo petrolero más profundo del mundo bajo territorio marítimo uruguayo, perforará 3.400 metros de agua y 3.000 más de tierra, haciendo, entonces, un total de 6.400 metros de profundidad.  Estará ubicado a nada más que 400 metros de la costa de Montevideo y tendrá un costo económico aproximado de 200 millones de dólares (aunque tiene sólo un 17% de probabilidades de encontrar petróleo) que correrán a cargo de la empresa.

La energía existe en tres formas: las denominadas energías “fósiles”; las energías nucleares; las energías renovables. Vamos a ver los pros y los contras de cada una de ellas.

La energía fósil

Este tipo de energía (la hulla, el petróleo y el gas natural) representan el 80,6% de la energía producida. Las reservas corresponden a 180 años para el carbón, 54 años en el caso del petróleo y 40 años para el gas natural. Esta situación provoca conflictos bélicos, dado el carácter estratégico de estos suministros. Las energías fósiles son responsables del aumento del contenido de gas carbónico de la atmósfera provocado por el hombre. Y se acentúa el efecto invernadero, lo que tiene como consecuencia directa un recalentamiento progresivo de nuestro planeta, que repercute negativamente en la evolución del clima y del medio ambiente.

La explotación para sacar el “oro negro” destruye los suelos que quedan imposibilitados de ser reconvertidos para el agro.

La industria de los hidrocarburos es más de capital intensivo que de mano de obra intensiva. De allí que la inversión venga del extranjero, a veces importe a sus  trabajadores y poco le deje al país que aporta sus recursos. En aguas uruguayas operan British Petroleum (BP), British Gas Group (BG), Total (de origen francés), Tullow Oil (Irlanda-Gran Bretaña), YPF (Argentina) y PetroGalp (Portugal) En resumen, los territorios se transforman en nudos que no contagian desarrollo, y el negocio queda en pocas manos.

Nigeria, uno de los tres principales proveedores de crudo, en 1970 el 36% de sus habitantes era considerado pobre, hoy, más del 70%. En Angola, uno de los mayores productores de África, el 68% de la población vive debajo de la línea de pobreza a pesar de que su PBI creció 400% en los últimos 10 años. El modelo de explotación petrolera en África y Medio Oriente es el mismo. Una empresa estatal concesiona los campos a explorar a multinacionales. En algunos casos, se asocia en emprendimientos mixtos. Muchas veces trae agresiones bélicas para sus pobladores, los países dominantes se quieren apropiar del crudo a cualquier costo. Las guerras han ido en aumento cuando la demanda aumenta y la oferta disminuye. Hay varios países dispuestos a invadir a otros si es necesario para asegurarse el “oro negro”. Las pruebas están a la vista. De todas formas está claro que esta fuente de energía desaparecerá en este siglo y habrá que sustituirla gradualmente por otra.

La energía nuclear

Esta forma de energía significa un 2,7% del total y tiene la ventaja de que no tiene efecto alguno sobre el contenido de gas carbónico de la atmósfera. Sin embargo hay mucha inquietud por la falta de transparencia de la información y muchas dudas sobre la seguridad que ofrecen las instalaciones. Hay varios antecedentes negativos. Además también preocupa la gestión de los desechos radiactivos. Se calcula que luego de hacer el negocio en el corto plazo, se necesitan 100.000 años en reparar las consecuencias de destrucción, enfermedad y contaminación, es un negocio que a la larga da pérdidas. Muchas veces hemos sentido rumores de ciertos contenedores que van de una zona franca a otra y de país en país, con quien sabe qué cosa dentro. Además del riesgo que significa la propagación de la actividad nuclear con finalidades bélicas. El resultado inmediato que nos pueda dar esta fuente de energía, son todas pérdidas si cerramos las cuentas con las consecuencias que acarrea para las generaciones futuras.

Las energías renovables

Estas energías, como la hidráulica, la solar, la eólica o la mareomotriz, son más amigables con la naturaleza y cubren un 16,7% de la demanda global. Sigue siendo más cara que las dos anteriores. Y transcurrirá  tiempo antes de que puedan constituir la fuente principal de abastecimiento. La demanda energética sigue creciendo, cada país y el planeta todo tienen derecho de disponer de fuentes de energía adecuadas, y tienen obligaciones para proteger el medio ambiente, con una clara prevención de los riesgos. La gestión de los desechos nucleares y la lucha contra todo tipo de contaminación de origen “energético” están en la tapa del libro. Todo parece señalar que es a las energías renovables que debemos apostar a futuro. También parece que es una de las estrategias políticas de nuestro país.

Cambios en la matriz energética en Uruguay

Uruguay ha avanzado mucho en la última década transformando su matriz energética hacia las energías renovables, la soberanía energética y la reducción de la huella ambiental. Esta política energética 2005-2030 comenzó a discutirse en 2005, fue aprobada en 2008 y los cambios se han generado rápidamente.  Es ya el país sudamericano con el mayor porcentaje de energía renovable, que alcanza a más del 50% de la matriz energética total (electricidad, combustibles, energía usada por industria, agro, transporte, residencias) y 90% de su energía eléctrica. Si bien en relación con la energía hidráulica el país ha llegado a un límite, en la energía eólica, la solar y la biomasa se está llevando adelante un avance sustantivo. En 2016 Uruguay es el país del mundo con mayor proporción de energía eólica, más de 30% de su energía eléctrica. Le siguen Dinamarca con el 28%, España 21% y Alemania 12%. La instalación de numerosos parques eólicos en varios departamentos del país ha logrado que Uruguay aproveche la energía de los vientos de tal forma que hay muchos momentos en que el 100% de la energía eléctrica utilizada proviene de fuentes renovables. Uruguay ha dejado de importar energía y puede comenzar a exportar.

Uruguay también busca petróleo en el mar y llegará un buque especializado en perforación, por cuenta de Total, multinacional de origen francés. Hará un pozo que cuesta 200 millones aunque sólo tiene 17% de probabilidades de hallar petróleo en él. Gastarán por su cuenta y riesgo 1.600 millones de dólares en los próximos años para examinar el subsuelo marítimo. Lo que no ponen en la cuenta es lo que perderían las futuras generaciones en Uruguay si contaminan el agua. La vida en el mar puede desaparecer. El agua que bebemos puede quedar contaminada. Para inspeccionar en el mar se hará un pozo de 6400 metros de profundidad, y se utilizará la modalidad de la fractura hidráulica o fracking, una práctica que permite que las empresas especializadas busquen acceder a las reservas menos accesibles. Mediante esta técnica de extracción se mezcla 200 camiones cisterna de agua con (entre 55.000 y 225.000 litros) productos químicos y arena, y toneladas de esta mezcla resultante, se inyectan a alta presión en los yacimientos. Muchos de estos productos son substancias tóxicas. Los ductos que se instalan llevan un revestimiento de cemento que parece se puede hacer solo hasta 3000 metros. Existen fugas de los fluidos utilizados en el proceso que escapan a través de fisuras o fallas naturales existentes en el suelo, así como fallas en la cementación del revestimiento y los tanques. Estas fugas pueden provocar la contaminación de la red de abastecimiento de agua potable, así como de ríos, aguas subterráneas y atmósfera cuando se evaporan. Por otra parte estas prácticas pueden producir terremotos de baja intensidad.

El costo de extracción de un barril de petróleo de 159 litros en Arabia Saudita, por ejemplo, es de entre 10 y 17 dólares, en Nigeria es de unos 75 dólares y en Canadá cuesta 75-80 dólares. En el Uruguay costaría unos 20 dólares en tierra y el triple en el mar. Por lo cual al precio actual del barril a 34 dólares no sería rentable la explotación en el mar. Sin tener en cuenta todos los perjuicios que podría acarrearnos a futuro y que ninguna empresa de lucro se hará cargo de reparar.

Mientras tanto en la zona de Piedra Sola (entre Tacuarembó y Paysandú) y en Salto, en torno a la cuchilla de Haedo, trabajan las firmas Schuepbach Energy, con sede en Texas, y Petra, de origen australiano. Schuepbach tiene un contrato de explotación por 30 años.

El precio del petróleo

El petróleo americano ha provocado un exceso de oferta, hay más petróleo del que se consume. Ellos inyectan agua y sustancias químicas en los orificios para extraer así el petróleo atrapado en las rocas de las profundidades. Se desconoce el efecto que estas sustancias tienen sobre el medioambiente. Lo que importa ahora es que el fracking produce petróleo. Hace diez años, Estados Unidos solo extraía un par de miles de barriles diarios (un barril tiene 159 litros). Hoy son 1,1 millones de barriles.

 Ese exceso de oferta está haciendo que países como Venezuela, Rusia o Irán estén perdiendo cantidad de dinero. A Uruguay le repercute negativamente, Venezuela no nos puede pagar la leche. Cuatro países de África que son grandes monoproductores de petróleo ya no nos compran el pescado porque sus ingresos menguaron, y la caja de pescado de 23 kilos está a $350 porque  pasamos de venderle a 70 países a no encontrar mercados donde colocar el producto. Y con estas reglas de juego se benefician los países industrializados. En Europa, por el contrario, el bajo precio del petróleo estimula la economía. Un antiguo asesor del Pentágono, Edward Luttwark, lo resume así: “El bajo precio del petróleo está hundiendo a nuestros rivales sin que nosotros tengamos que hacer nada”.

 Los chinos están llenando sus depósitos con petróleo barato mientras prometen inyectar ayuda financiera a Rusia y Venezuela. La influencia política de China en el mundo crecerá.

Thomas Friedman, columnista del New York Times, se preguntaba: « ¿Está en marcha una guerra mundial del petróleo, con Estados Unidos y Arabia Saudí, por un lado, y Rusia e Irán, por el otro?». El lema podría ser: «Bombeémosles hasta que mueran».

Más allá de la coyuntura, el precio del petróleo volverá a subir con el pasar del tiempo, y a medida que comience a agotarse y sino encuentran una alternativa energética será el botín de duras batallas.

Sistema de cuidados: una oportunidad para promover la autogestión*

 Escribe Andrés Dean

En Uruguay hace ya varios años que el gobierno se encuentra diseñando la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados. Si bien, esta fue anunciada como una de las prioridades del gobierno pasado, es recién con la aprobación del último presupuesto, que se asignan fondos para su implementación. En este contexto el 13 de octubre de 2015 el MIDES firmó un convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) con el fin de promover una mayor presencia de cooperativas entre las organizaciones proveedoras de cuidados. Sin embargo, más allá de estos titulares, no existe mucha información pública sobre qué tipo de características se pretende que tengan las organizaciones proveedoras de cuidados.

A priori, los servicios de cuidados pueden ser brindados por distintos tipos de organizaciones. Pueden ser brindados por el propio estado, por ejemplo a través de guarderías públicas. Esta es la solución aplicada en varios países europeos. En caso de ser brindados por el sector privado, puede tratarse de empresas capitalistas, organizaciones sin fines de lucro, empresas autogestionadas (EA) o trabajadores individuales. Estos servicios pueden ser contratados directamente por los hogares o puede existir también algún subsidio por parte del estado (total o parcial). Este hecho hace que existan varias combinaciones posibles a la hora de pensar qué tipo de organizaciones serían las prestadoras de cuidados en el caso del sistema uruguayo. De hecho, en nuestro país ya conviven varias de estas formas organizativas. Existen guarderías públicas, trabajadores independientes que realizan las tareas de cuidados de niños o ancianos en los propios hogares, centros de cuidados privados que los hogares contratan y centro privados subsidiados por el estado, como es el caso de los CAIF.

La creación de un sistema nacional de cuidados resulta una excelente oportunidad para promover la expansión de las EA. Para argumentarlo quisiera repasar la experiencia de la región de Quebec en Canadá. En la década de los 90, en dicha región se encontraban ante el desafío de diseñar un sistema de cuidados a la vez que resolver problemas de empleo persistentes de algunos sectores de la población. La opción que tomaron fue la utilización de organizaciones de la llamada “economía social”.

Para diseñar el sistema de cuidados de los niños el alternativa elegida en Quebec tiene varias similitudes con los centros CAIF en Uruguay. El gobierno optó por entregar un subsidio por niño a centros de cuidados privados organizados bajo la forma de organizaciones sin fines de lucro o cooperativas de trabajadores. Las empresas capitalistas también podían ofrecer servicios de cuidados pero no recibían el subsidio por parte del estado.

Pero probablemente sea en el cuidados de ancianos y otras personas mayores dependientes donde se encuentra una mayor innovación organizativa. En este caso se estableció una tarifa subsidiada por hora que los hogares debían pagar por servicios de cuidado. Dichos servicios se realizaban a domicilio para personas que aun estaban en condiciones de seguir viviendo en su hogar en forma autónoma. Las tareas realizadas incluían ayudar a las personas con la preparación de comidas, la realización de compras, la limpieza del hogar y otras tareas diversas.

Para realizar estas tareas se capacitó a trabajadores con problemas de inserción laboral y baja calificación. Resolviendo al mismo tiempo, el problema de empleo de miles de personas. En la medida que el pago por parte de los hogares era bajo, el estado se encargaba de complementar los ingresos del trabajador para alcanzar un salario levemente mayor al laudo acordado en la negociación colectiva con los sindicatos.

La mayor novedad estuvo en que la actividad de estos los asistentes personales se organizó bajo la forma de cooperativas mixtas. Estas cooperativas eran gobernadas democráticamente no solo por sus trabajadores sino también por los usuarios de sus servicios. Si bien, esta modalidad de cooperativa mixta en Quebec solo se utilizó para los servicios de asistentes personales, nada indica que no pueda también utilizarse para otras actividades de cuidados como por ejemplo el de los niños.

El sistema de cuidados en Quebec, apoyado en cooperativas y otras formas de organizativas de economía social, tuvo una rápida expansión, generando empleo para cerca de 50.000 trabajadores, en una región de 8 millones de habitantes. Esto tuvo como consecuencia, una importante presión por parte de las empresas capitalistas para también ser subsidiadas. Hecho que se concretó hace pocos años bajo un gobierno de derecha.

Sin embargo, la exclusión del subsidio a las empresas capitalistas en un sistema de cuidados de este tipo, tiene un sólido argumento económico si se consideran las externalidades positivas generadas por las EA. En particular, si se tiene en cuenta la tensión inherente en las empresas capitalistas entre la búsqueda de mayores beneficios y los valores que esperamos estén asociados a las actividades de cuidados y crianza. Bajo la lógica maximizadora de beneficios la atención a las necesidades de las personas se justifica si se puede lucrar con ello. Mientras, el diseño de las cooperativas mixtas recién mencionado, posibilita que los objetivos de la organización prioricen las necesidades de sus miembros.

Adicionalmente, existen tanto argumentos teóricos como evidencia empírica para el caso Uruguay, que sustentan la idea que las EA podrían exhibir algunas ventajas frente a las empresas capitalistas en las actividades de cuidados.

Desde el punto de vista teórico, se trata de sectores intensivos en mano de obra requiriendo bajos niveles de inversión inicial en capital. Los problemas de financiamiento para la creación de la empresa, suele ser justamente una de las principales barreras a la formación de nuevas EA. En segundo lugar, se trata de actividades que no tienen economías de escala importantes, permitiendo mantener emprendimientos de tamaño mediano de forma eficiente. Por último, se trata de actividades que permiten mantener organizaciones con cierta homogeneidad entre sus miembros en términos de calificaciones y remuneraciones. Este hecho facilita la gestión y la toma de decisiones en una organización democrática. Resumiendo, se trataría de un sector donde las EA enfrentaría menores barreras para su formación. Este hecho, podría permitirle aprovechar las ventajas que tienen las EA frente a las empresas capitalistas en materia de motivación en el trabajo y eliminación de conflictos de intereses entre patrón y trabajador. Ambos elementos que redundarían en una mayor productividad.

A estos argumentos teóricos, se agrega que en Uruguay las actividades de cuidados se corresponden con uno de los sectores donde más se han creado EA en la última década. Un hecho que nos induce a pensar que las EA enfrentarían condiciones favorables a su sustentabilidad en dichos sectores.

*Publicado en La Diaria y en Razones y Personas

ANCAP, entre las pérdidas financieras y las pérdidas de valores

Escribe Javier Cousillas

Pocas veces en tan poco tiempo hubo tanta gente que supiera tan poco opinando sobre la gestión de ANCAP. Y el daño que están haciendo al “Ente” o la “empresa” (según como se la mire) es descomunal.

Nunca una Comisión Investigadora como la creada investigó tan poco. Desde antes de crearse los dados estaban echados. La derecha y algunos sectores del FA se vuelven a unir como en el 2003 para cuestionar el papel de ANCAP como palanca de desarrollo de la economía nacional y desde el resto del FA, salvo honrosas excepciones, el silencio es estruendoso.

Coinciden en que no es al país al que le deben cerrar las cuentas, sino a cada una de sus empresas públicas, desde una visión totalmente desacertada sobre cuál debe ser el papel de un Ente Autónomo en el marco de un modelo de desarrollo. Visión totalmente estrecha que cuestiona el papel de las empresas públicas como dinamizadoras del desarrollo social, el empleo, la industrialización, el conocimiento y tantos otros factores que contribuyen al desarrollo nacional.

Tienen una visión de ANCAP y del resto de las empresas para recaudar y volcar el dinero en políticas asistenciales. Les parece poco lo que recaudan con el IVA y el Imesi a los combustibles. No tienen idea el peso que tiene ANCAP a lo largo y ancho del país en la vida cotidiana de la gente.

Prefieren abrir comedores en Bella Unión o en Paysandú antes que desarrollar ALUR y que la gente viva dignamente de su trabajo. Prefieren traer el cemento de Turquía porque es más “barato” antes que realizar las inversiones en las plantas de Portland para generar inversión nacional.

Poco les importa si hubo que construir tanques para almacenar combustibles o supergás, o vagones y buques para su traslado,  porque durante décadas no se había hecho absolutamente nada ya que el único objetivo que tenía la derecha y que compartía –y me temo que sigue compartiendo parte del FA- es entregarla a manos privadas.

Para ellos todo es un “despilfarro”

No sólo se trata de cargarse algunos posibles candidatos para el 2019 (Sendic, Martínez, etc.)  Se trata también de “achicar el estado” y para ello no hay nada mejor que mostrar a ANCAP como un caos y una máquina de despilfarrar dinero.

Dicen que la masa salarial de los trabajadores aumentó un 50 % y esconden que el promedio del país fue un 47%. Omiten que toda la masa salarial más las cargas sociales de todo el personal de ANCAP incide en la tarifa de los combustibles un poco menos que un pedo en el desierto del Sahara.

Buscan los motivos de las pérdidas  en la contratación de un remolcador para llevar las barcazas Río Uruguay aguas arriba, porque prefieren hacerlo en camiones como siempre lo hicieron,  o en la contratación (5000 dólares) de publicidad en  una radio comunitaria de Quebracho, pero no informan cuanto llevan los canales privados o el resto de los medios de comunicación que están muy lejos de ser “comunitarios”. Claro, pobre al periodista que informe cuanto ingresó proveniente de ANCAP entre 2000 y 2015 en el medio que trabaja! Profesionales si, incisivos si, rigurosos, también ; pero no mascan vidrio.

Realmente se trata de argumentos para infradotados.

ANCAP factura anualmente 5000 millones de dólares por año y su problema está en que entre los años 2011 y 2014 dejó de recaudar 800 millones de dólares asumiendo costos de distribución que no fueron volcados a la tarifa con el objetivo –que comparto- de que la inflación no superara el 10 %. Le guste o no le guste a los Astoris, Valentis, Michelinis y los voceros de la derecha que actúan como repetidores de  análisis que responden a una estrategia suicida.

No hace falta ser un matemático soviético para darse cuenta que la suma de las “pérdidas contables” coincide con esa cifra y no con las estupideces que se investigan.

Todas las inversiones de ANCAP fueron de público conocimiento, todas pasaron por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, todas responden a un plan energético que tuvo un amplio apoyo interpartidario en el 2005-2006, sin embargo nadie acusa conocimiento de las mismas.

Que esta inmoralidad  la haga la derecha,  está dentro de la lógica; pero que no la asuman los frenteamplistas que la decidieron, rompe lisa y llanamente con todos los valores que deben guiar el pertenecer a una fuerza política que tiene la obligación de gobernar de acuerdo a sus postulados históricos y al programa que se le presentó a la gente.

Se ha mezclado en el debate lo económico financiero con lo político partidario y las internas  del FA,  y a esta altura el común de los uruguayos, en lugar de información veraz, recibe verdades a medias que son mucho más peligrosas que aquellas mentiras lisas y llanas.

El daño está hecho y la derecha lo festeja. Ahora se trata de no agravarlo.

Si hay problemas de gestión hay que identificarlos, contrastarlos con la realidad y resolverlos, pero no poniendo la carreta delante de los bueyes. El pedido de renuncia o destitución de quien desde hace 6 meses se encuentra al frente de la empresa, adoptando medidas para subsanar errores, no resiste el menor análisis y se trataría de un linchamiento espeluznante para satisfacer la necesidad de sangre de los que gritan más alto y cuentan con servil amplificación.

Sería como pedir la cabeza de Astori porque en 9 meses de gestión subió la desocupación de un 6 a un 8.5% , casi un 50 %.

Nota- Quien suscribe estas opiniones es Javier Cousillas Iglesias, funcionario de ANCAP desde hace 33 años y actualmente Gerente de Servicios Generales. Es mi opinión de los hechos, a la que tengo derecho como ciudadano y como verán, está teñida por mi militancia frenteamplista. No involucra absolutamente a nadie más que a mí y a mi conciencia. Aclaro también que soy uno de quienes se ha negado a declarar en la Comisión por las razones que se desprenden de lo escrito  y no porque alguien me lo hubiera sugerido o impuesto. JCI.

El significado, la pertinencia y el alcance de la democracia energética

Fiona Dove conversa con Daniel Chavez*

¿Qué aporta el concepto de la democracia energética a la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética?

El concepto de democracia energética ha sido integrado al lenguaje, las propuestas y las demandas de diversos movimientos sociales, políticos y ambientales de distintos países del mundo. Existe un consenso creciente de que para detener el cambio climático y asegurar el acceso a la energía a toda la humanidad es imprescindible quebrar la hegemonía de las grandes corporaciones transnacionales y democratizar el sector público. La Directora Ejecutiva del TNI, Fiona Dove, conversa con uno de nuestros investigadores, Daniel Chavez, sobre el significado, la relevancia y el alcance de las alternativas de democracia energética en Europa y en el Sur.

¿Cuál es el significado del concepto de “democracia energética”?

En los últimos cinco años el concepto de democracia energética ha sido adoptado por muchas organizaciones sociales, principalmente en Europa, preocupadas por el creciente dominio de las grandes corporaciones sobre la generación y la distribución de la energía.

Varias definiciones concretas han sido propuestas por diversos investigadores y activistas, pero en general todas ellas convergen al referirse a sistemas de energía más descentralizados y bajo control social. En aquellos lugares donde existen condiciones políticas más favorables el concepto también se aplica a la democratización de empresas públicas nacionales, regionales o locales, o incluso a la reversión de servicios públicos de energía que habían sido privatizados, a través de procesos de renacionalización o remunicipalización.

También es frecuente utilizar el concepto de democracia energética para referirnos a la expansión de iniciativas locales de generación y distribución de la energía a partir de fuentes renovables, tales como las cooperativas eléctricas sustentables que se han desarrollado en Europa y en otras regiones del mundo.

Muchas personas tienden a pensar en sistemas locales, descentralizados y de escala reducida como la única expresión “auténtica” de la democracia energética, pero tu también aludes a empresas públicas, las que suelen ser bastante grandes, verticales y no siempre democráticas.

Sí, tienes razón; las empresas del Estado no siempre se ajustan al modelo ideal de empresa pública. Pero en países donde la población ya tiene acceso a un acceso extendido y confiable a la energía a través de empresas públicas de propiedad estatal, regional o municipal no tendría sentido económico, social o ambiental apostar exclusivamente a alternativas desconectadas de la red eléctrica ya existente o desmantelar lo construido con mucho esfuerzo, tiempo y recursos en épocas previas.

Lo que necesitamos en estos casos es la democratización del sector público, estableciendo canales institucionales que posibiliten la participación genuina de los ciudadanos en la gestión de los servicios públicos para asegurar que la producción y la distribución de la energía se oriente a satisfacer las necesidades sociales (en particular de los pobres y otros grupos sociales marginalizados) y no los intereses de las grandes empresas privadas. En algunos casos, ésta puede llegar a ser una tarea extremadamente difícil.

Hace unas semanas fui invitado por el sindicato de trabajadores metalúrgicos de Sudáfrica, NUMSA, como panelista en un seminario sobre la gravísima crisis eléctrica que afecta al país. Uno de los principales temas de discusión fue como recuperar la gestión de Eskom, el conglomerado sudafricano de electricidad que constituye una de las mayores empresas del mundo. Muchos de los participantes en el seminario argumentaban que la compañía está ya tan “corporatizada” (el Estado sigue siendo el propietario, pero la empresa está siendo gestionada como cualquier otra corporación transnacional) que democratizar Eskom sería una utopía, y que tal vez la alternativa más sensata sería la creación o la revitalización de empresas eléctricas municipales o provinciales.

Pero yo no estoy convencido de que la fragmentación de Eskom sea una solución, ya que esta opción podría abrir la puerta a la privatización. Y por otro lado no hay ninguna garantía de que las empresas públicas resultantes, más allá de su menor tamaño, puedan ser más democráticas, más eficientes o más transparentes en su gestión.

¿El concepto de democracia de energía puede ser aplicado a otras áreas de la energía más allá del segmento de la electricidad?

Sí, es posible. Entre muchos investigadores y militantes sociales y ambientales que operan en el campo de los hidrocarburos la idea clave sigue siendo la de soberanía energética, ya que han estado luchando durante décadas contra multinacionales extranjeras y privadas dedicadas a la extracción de los recursos petroleros o gasíferos. Hemos sido testigos de este tipo de luchas en lugares tan diversos como Colombia, Nigeria o Canadá. Pero la idea de soberanía está intrínsecamente integrada al concepto de democracia energética.

En el contexto del proceso acelerado de cambio climático es urgente erradicar la industria de los combustibles fósiles; en eso estamos todos de acuerdo. Pero también necesitamos un plan de transición que permita a los países ricos en yacimientos de petróleo o de gas utilizar los recursos disponibles durante un tiempo para financiar la transformación de la matriz energética invirtiendo en fuentes renovables.

Los activistas que luchan por la democracia energética en Europa ya están utilizando este argumentación: no podemos dejar que las grandes corporaciones transnacionales privaticen nuestros recursos renovables colectivos, como ha ocurrido antes con la explotación de las reservas de petróleo y gas en el Mar del Norte.

Esta discusión también es muy actual en países que todavía dependen del carbón para la generación de energía, como Grecia. La plataforma electoral de Syriza (la original, antes de la reciente capitulación ante la troika) había incluido referencias concretas a una transición planificada hacia energías renovables, en base a una disminución gradual de la actual dependencia del país del lignito para avanzar hacia un sistema energético más ecológico en un periodo de no más de dos décadas.

¿Cuál es el significado de la remunicipalización en el sector de la energía?

La municipalización (o la remunicipalización, para ser más precisos) no es realmente una nueva tendencia. En el marco de nuestro proyecto de Alternativas en el Agua desde el TNI hemos estado monitoreando varios procesos de remunicipalización, tanto en países del Norte como del Sur, incluyendo a grandes ciudades como Buenos Aires, París, Accra o Kuala Lumpur. De esta manera hemos registrado más de 230 casos en los que los gobiernos locales han recuperado el control de los servicios de agua y saneamiento entre los años 2000 y 2015.

En el sector de la energía, los servicios públicos municipales y regionales han estado a cargo de la provisión de energía eléctrica desde hace ya muchas décadas. Entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de todo el mundo municipalizaron una amplia gama de servicios públicos, en muchísimos casos en respuesta al fracaso de los proveedores privados para extender el suministro de agua o electricidad más allá de las zonas más ricas.

Hoy en día, incluso en el corazón mismo del sistema capitalista, en los Estados Unidos, funcionan más de 2.000 empresas eléctricas municipales o de propiedad comunitaria, las que en conjunto dan servicios a más de 46 millones de personas, según cifras dadas a conocer por la American Public Power Association. Estas empresas operan en grandes ciudades como Los Ángeles, Seattle y Orlando, así como en pequeñas ciudades dispersas por todo el país. Por desgracia, no todas estas empresas locales de electricidad son verdaderamente públicas, democráticas o ambientalmente sostenibles.

En Europa, la tendencia hacia la remunicipalización de la energía también es muy evidente. La nueva alcaldesa de Barcelona –Ada Colau, una ex dirigente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en España, quién lideró una amplia coalición de partidos progresistas y movimientos– anunció hace unas semanas que el gobierno municipal va a empezar a trabajar en la creación de una nueva empresa eléctrica local, en respuesta a la creciente pobreza energética que ya afecta a alrededor del 10% de los hogares de la ciudad.

Otra experiencia europea muy interesante es la de la Berliner Energietisch (la Mesa de la Energía de Berlín). Esta es una alianza creada por más de 50 organizaciones sociales y ambientales en el año 2011, con el objetivo de recuperar la provisión pública de los servicios de energía en la capital de Alemania. Se trata de establecer un nuevo tipo de empresa municipal basado en los principios de sostenibilidad ambiental, la propiedad social y la gestión democrática.

La campaña incluyó un referéndum, celebrado en noviembre de 2013, en el que alrededor de 600.000 ciudadanos votaron a favor de la remunicipalización. Por desgracia, aunque más del 80 por ciento de los votantes respaldó la opción del “sí”, no fue suficiente, ya que el referéndum no alcanzó el requisito legal de participación mínima por apenas 21.000 votos. Sin embargo, la lucha hacia la creación de una empresa de energía de propiedad pública continúa. La Mesa de la Energía de Berlín permanece activa y sigue inspirando iniciativas similares en toda Europa.

Fuera de Europa podemos apreciar una tendencia aún más ambicioso de “republicisación”. Estoy usando una palabra (republicisation, en su versión original en inglés) acuñada por Massimo Florio, un investigador de la Universidad de Milán que dirige un equipo de investigadores que está mapeando la reversión de acuerdos de privatización alrededor del mundo. En América Latina han habido muchos y extensos procesos de renacionalización en varias áreas de la economía, de forma más visible en Venezuela y Bolivia. Centrándonos en el sector de la energía, podemos ver que este proceso comenzó en Bolivia en el año 2006, cuando el gobierno de izquierda del presidente Evo Morales anunció la nacionalización de la industria del gas natural. Poco después, en 2010, el Estado asumió el control de la generación de electricidad, culminando en la nacionalización de la red eléctrica en el año 2012. En Venezuela, la renacionalización de la electricidad ya se había completado en el año 2007, bajo el gobierno de Hugo Chávez.

En general, podemos referirnos a los procesos latinoamericanos de recuperación de lo público como noticias positivas, pero tendríamos mucho para discutir acerca de la forma en la que las nacionalizaciones fueron ejecutadas, los beneficios económicos que se otorgaron a las empresas privadas cuando transfirieron sus activos al sector estatal, el alcance real de las nacionalizaciones, o la calidad actual de la gestión al interior de las empresas públicas nacionalizadas. También debemos ser conscientes de que el Estado no en todos los casos es eficiente, como las padecimientos actuales del sistema nacional de electricidad de Venezuela así lo demuestran.

Estas experiencias no sólo indican que es posible revertir la privatización, sino también que después de la renacionalización los gobiernos tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de sus servicios. Afortunadamente, en América Latina tenemos otras empresas eléctricas estatales, como la UTE en Uruguay o el ICE en Costa Rica, que demuestran cómo el Estado puede ser muy eficiente en el sector energético si se desarrollan las condiciones políticas adecuadas.

El uso del concepto de democracia energética parecería ser más común en Europa que en otras regiones del mundo. ¿Es así en la realidad?

El concepto de democracia energética ya está siendo ampliamente utilizado por activistas europeos, pero no tanto por militantes de las regiones del Sur. En América Latina o en África tendemos a usar más la noción de soberanía energética, por lo general en paralelo a otras luchas sociales en torno a la alimentación, el agua o la tenencia de la tierra. Pero no estamos hablando de luchas diferentes. La noción de soberanía implica el control social sobre la producción, la distribución y consumo de bienes y servicios, ya sean alimentos, el agua o la electricidad. Significa reducir el poder de las corporaciones y las instituciones de mercado actualmente hegemónicas en la economía globalizada.

Y también podemos ver que las luchas son muy similares en el Norte y en el Sur. En Grecia, por ejemplo, la idea de la democracia energética está fuertemente enraizada en las ideas de soberanía y de autodeterminación, con énfasis en el derecho a planificar y ejecutar una política energética nacional y autónoma, sin las restricciones impuestas por el memorándum de la troika.

En otros países, por ejemplo en el mío, Uruguay, la soberanía significa una transición hacia fuentes renovables no convencionales con el fin de reducir la dependencia de la energía importada y la vulnerabilidad antes las fluctuaciones periódicas de los mercados energéticos a escalas regional o global.

En México, en el contexto de la reforma energética implementada por el actual gobierno neoliberal, la soberanía significa resistir el proceso de liberalización y eventual privatización de los sectores del petróleo y de la electricidad, con el fin de asegurar las necesidades del pueblo mexicano y no los intereses de las multinacionales privada y extranjera.

¿Podrías describir con más detalle las experiencias de México y Uruguay?

El sector energético mexicano ha sido a menudo presentado en la prensa internacional de negocios como el ejemplo de un sistema fallido que sólo podría ser salvado por una reforma neoliberal radical. La revista The Economist incluso se refirió de forma irónica la supuesta necesidad de “una nueva revolución mexicana”. En los últimos dos años el país ha cambiado su constitución y ha aprobado nuevas leyes para terminar con ocho décadas de monopolio de Pemex –el conglomerado estatal– en la producción de gas y petróleo. El sector eléctrico también ha sido liberalizado, amenazando la supervivencia de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, la otra empresa estatal de gran tamaño.

La argumentación de la reforma neoliberal se basa en una supuesta explotación más eficiente de los yacimientos de gas y petróleo de esquisto que todavía no han sido explotados en el país –incluyendo extensas reservas de esquisto que podrían superar las de su vecino del norte y principal socio comercial, Estados Unidos– y un supuesto abaratamiento el precio de la electricidad. En realidad, la transferencia del control de los recursos de combustibles fósiles mexicanos a las corporaciones privadas representa no sólo una mala noticia para el planeta, sino también para sus habitantes, ya que una gran parte de la economía nacional y del presupuesto público depende del sector de la energía. La evidencia empírica de muchos países del Sur señala que abrir la puerta a las empresas privadas y extranjeras en los sectores extractivos y de servicios a menudo se traduce en ganancias rápidas y sustanciales para los inversores privados y pérdidas permanentes y pesadas para los ciudadanos.

La experiencia de Uruguay es más bien la opuesta. La actual transición hacia las energías renovables no convencionales también ha sido caracterizada por la prensa internacional como una “revolución” energética. A diferencia de muchos otros países del Sur, el acceso no era un problema en Uruguay, porque desde hace ya unos años la cobertura de la red eléctrica nacional había alcanzado un nivel prácticamente universal, en torno al 99%. La cuestión era más bien como generar la energía consumida por el país.

El caso uruguayo es muy relevante a nivel internacional porque no estamos hablando de una pequeña isla o de una pequeña nación con una economía muy básica, sino más bien de un país de tamaño similar al doble del Benelux y con un ingreso per cápita superior al de Polonia, Hungría, Croacia y muchos otros países europeos. También es interesante destacar que una sola empresa nacional –la UTE, una empresa pública muy eficiente– ha liderado la transición hacia un modelo energético sostenible, fundamentalmente en base a inversiones rápidas y masivas en energía eólica.

El objetivo del actual gobierno (la coalición de izquierdas Frente Amplio ha ocupado el gobierno desde el año 2005) es que hacia finales del año 2017 el 38 por ciento de la energía consumida por Uruguay sea generada en parques eólicos, frente a alrededor del 13 por ciento actual. Eso significa que Uruguay jugará en la misma liga que Dinamarca, el líder mundial en energía eólica, que genera alrededor de 43 por ciento de su energía a partir del viento.

Durante años lluviosos, Uruguay puede depender de tres plantas hidroeléctricas para generar alrededor del 75 por ciento de la electricidad que necesita, pero durante épocas de sequías del país se ve obligado a gastar un montón de dinero quemando combustibles fósiles. La oferta creciente de energía eólica convertirá a Uruguay en un país autosuficiente en energía eléctrica, y también generará energía excedente que podría ser exportada a los vecinos Argentina y Brasil. Pero debemos asegurarnos que la energía producida por las fuentes renovables se destine a potenciar el desarrollo social y no a satisfacer las demandas de grandes empresas privadas –como podría ser suceder si se concreta la posible instalación en el país de una empresa minera extranjera interesada en explotar los yacimientos nacionales de hierro, con un previsible fuerte impacto en la demanda futura de energía.

A propósito, ya que estamos hablando de Uruguay, en TNI estamos muy orgullosos de haber contribuido a la campaña contra el Acuerdo en Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA) que llevaron adelante el PIT-CNT (la central sindical) y Redes-Amigos de la Tierra Uruguay. Recientemente celebramos la noticia de que Uruguay se ha convertido en el primer país en abandonar la mesa de negociación del TISA. Este y varios otros tratados comerciales y de inversión que están siendo negociados actualmente, como el TPP en la Cuenca del Pacífico o el TTIP en Europa, constituyen graves amenazas para la supervivencia de las empresas públicas encargadas del suministro de la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y otros servicios esenciales.

¿Cómo se percibe al Estado en los debates actuales sobre la democracia energética?

Tu pregunta es muy importante, porque ya me he referido muchas veces a empresas estatales, gobiernos y municipios sin explicar el significado de las instituciones estatales en los debates actuales y en las luchas concretas por la democracia energética.

Soy consciente de que muchos de nuestros amigos y aliados en Europa y América Latina tienen una visión muy crítica del Estado, apuntando a muchos ejemplos históricos y actuales de provisión de servicios de energía de tipo verticalista y que no han sido ni democráticos, ni participativos ni eficientes. Algunos críticos también se refieren a la extensa neoliberalización del Estado, incluyendo la expansión de empresas de propiedad estatal en el sector energético (tanto en el segmento de la electricidad como en las áreas del gas y el petróleo) que se comportan como cualquier corporación transnacional privada, por ejemplo Vattenfall en Suecia o Petrobras en Brasil.

Yo comparto la mayor parte de estas críticas, pero no siempre estoy de acuerdo con la visión política subyacente: no creo que las iniciativas de propiedad comunitaria o las cooperativas de energía sostenible puedan ser la única alternativa viable, o que ya estemos listos para patear al Estado. Parafraseando el título de un uno de mis libros preferidos, escrito por otra TNI Fellow, mi querida amiga Hilary Wainwright, creo que en todo caso deberíamos “recuperar el Estado” (“reclaim the state”). Aquellos de nosotros que venimos de la tradición marxista estamos familiarizados con la teorización del Estado como un instrumento de dominación de clase, pero el pasado reciente de América Latina y otras regiones del mundo nos ha enseñado que el Estado no es una entidad autónoma o una institución internamente homogénea, y también que se puede transformar el Estado en base a la presión ejercida por las luchas sociales y políticas contrahegemónicas.

Creo que es hora de que los progresistas superemos una vieja dicotomía que ha caracterizado a la izquierda, la que enfrenta a quienes se centran en el fortalecimientos de fuentes autónomas de poder de base social y comunitaria con aquellos que todavía creen en la necesidad de conquistar (y administrar) el poder de base estatal. No podemos ignorar la ya larga lista de experimentos políticos recientes y diversos que han demostrado la viabilidad de conexiones innovadoras entre el poder que surge desde la base social y los procesos de transformación del Estado impulsados por partidos políticos y gobiernos de izquierda. Me refiero al rico y creciente repertorio de iniciativas del tipo que Erik Olin Wright ha caracterizado como “utopías reales” (“real utopías”).

En su último libro, Naomi Klein nos recuerda que la única manera de detener el cambio climático es acabar con el capitalismo, y que por lo tanto el cambio climático puede ser visto como una oportunidad excepcional para resolver muchos otros problemas sociales. Esto no implica que la única manera de deshacernos del capitalismo sea asaltar el palacio de invierno como los bolcheviques del año 1917. De hecho, yo ya no creo en la viabilidad de revoluciones violentas en el actual contexto mundial. En lugar de ello debemos avanzar desarrollando “reformas no reformistas” que erosionen significativamente las estructuras que sostienen la explotación y la opresión, incluyendo la construcción de alternativas contrahegemónicas para la provisión estatal de bienes y servicios públicos. Pero eso implica la creación de instituciones no capitalistas, capaces de detener o bloquear la expansión del capitalismo, al interior de los actuales Estados capitalistas. En ese sentido, tanto una cooperativa local de energía renovable como una empresa pública democrática y bien gestionada podrían ser consideradas “utopías reales”.

Mi foco de la investigación durante los últimos tres años ha sido el sector público en general y las empresas públicas en particular, pero yo no idealizo al Estado. Soy muy consciente de que las empresas públicas no deben ser entendidas como instituciones inherentemente “progresistas”, o que deban ser defendidas sólo porque no son de propiedad privada. He estudiado el caso de Empresa Públicas de Medellín, EPM, que en su origen era una empresa muy eficiente y muy responsable en la prestación de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones a nivel local y con una clara orientación social. Pero desde hace una década EPM ha puesto en marcha un proceso de expansión nacional e internacional, apropiándose de empresas privatizadas en otras partes de Colombia y en otros países de América Latina, al tiempo que en su ciudad natal pasaba a comportarse como cualquier empresa privada, incluyendo la instalación de medidores de prepago y corte de servicios a las familias que no pueden pagar la tarifa.

EPM es un claro ejemplo de lo que en el marco del Municipal Services Project (MSP, una red global de investigación de la que TNI forma parte) definimos como corporatización: una empresa que sigue siendo formalmente “pública” pero que en la práctica funciona con criterios de gestión neoliberales que conciben a la eficiencia desde un punto de vista exclusivamente de rentabilidad financiera. Pero mi propia investigación sobre las empresas estatales también revela que sin duda es posible democratizar y mejorar el sector público y que la propiedad pública sigue siendo importante para la construcción de alternativas.

¿Por qué crees que es importante que TNI se involucre en estos temas?

Como el nombre de nuestro instituto lo indica, el TNI trabaja sobre temas “transnacionales”, y claramente la energía pertenece a esta categoría. Hace unos días la Asamblea de las Naciones Unidas acordó formalmente un nuevo conjunto de metas conocidas como los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ODS, uno de los cuales se refiere explícitamente a la energía sostenible: ODS 7. Esto es parte de un proceso que incluye la declaración de 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible Para Todos, y la iniciativa SE4ALL de Ban Ki-Moon.

En TNI somos bastante escépticos sobre las perspectivas y los impactos de estas iniciativas globales, caracterizadas por un montón de discursos grandilocuentes pero estériles y la subordinación de las necesidades sociales a los intereses de las empresas transnacionales. Pero aun sí celebramos el hecho de que la llamada “comunidad internacional” haya identificado a la energía como un tema vital. Por lo menos en el nivel discursivo parecería haber un acuerdo sobre la necesidad de alcanzar un modelo energético sostenible antes del año 2030, que incluya el acceso universal, un aumento sustancial de la cuota de participación de las fuentes renovables en la matriz energética, y la duplicación de los valores de la eficiencia energética.

Los agentes del cambio, los contenidos y las características específicas de la transición conforman el eje de muchas luchas sociales, políticas y ambientales en la actualidad. Las ideas defendidas por quienes priorizamos el concepto de democracia energética son radicalmente diferentes a las ideas presentadas en publicaciones brillantes por las grandes empresas transnacionales que hacen lobby ante la ONU en Nueva York o ante la UE en Bruselas. Por lo tanto, en natural que desde el TNI estemos motivados a participar en los procesos internacionales sobre la transición energética, brindando nuestro aporte para que el cambio de modelo sea realmente sostenible y democrático, en conjunto con diversas organizaciones progresistas de todo el mundo que comparten nuestras ideas, nuestras preocupaciones y nuestras propuestas.

Para finalizar esta conversación, te has referido en varias ocasiones a las luchas en el sector del agua. ¿Crees posible desarrollar movimientos sociales similares en el sector energético?

En el TNI hemos estado trabajando con movimientos opuestos a la privatización y apoyando la gestión pública de los servicios de agua durante más de una década y hemos aprendido mucho de sus luchas. En un reciente taller organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo en Bruselas algunos participantes se refirieron a los “guerreros del agua” como el modelo que deberíamos estudiar con más detalle si queremos construir un movimiento internacional en el sector energético.

En este momento podemos ver muchas organizaciones en diferentes partes del mundo activas en diversas luchas en torno a la energía, pero nada similar al movimiento del agua en términos de coordinación de acciones o la definición de una plataforma común. También tenemos que construir vínculos más fuertes con otros actores, como la Iniciativa de Sindicatos por la Democracia Energética.

Susan Spronk, una profesora de la Universidad de Ottawa que también integra el MSP, ha escrito un artículo breve pero muy útil sobre las potencialidades del intercambio de experiencias, con el título pegadizo de “Agua con gas: Luchas ciudadanas en el ámbito del agua y la energía”. Susan explica como los movimientos sociales del Sur y del Norte han logrado importantes victorias en la lucha contra la privatización del agua, y argumenta que los sindicatos, los investigadores comprometidos y otras fuerzas sociales pueden ciertamente aprender de estas luchas para desarrollar coaliciones regionales e internacionales a favor de democracia energética.

Somos conscientes de que las determinantes políticas y económicas de los sectores agua y energía son diferentes en muchos aspectos, pero podemos extraer lecciones útiles de los militantes por el agua pública sobre la mejor manera de enmarcar nuestras demandas, la importancia de trabajar en conjunto con aliados que podrían no compartir del todo nuestras puntos de vista políticos, y sobre como fortalecer la democracia interna al interior de nuestras propias organizaciones.

*Artículo publicado el 14 Octubre 2015para TNI

David Harvey en Funsacoop

David Harvey, geógrafo, estudioso del marxismo, pensador agudo de los tiempos que corren, visitó nuestro país entre los días 18 y 20 de noviembre. Su texto más conocido, “El derecho a la ciudad” ha orientado más de una política progresista o dejado en falsa escuadra las que no lo son. Sin duda, sus aportes son una mirada necesaria para imaginar qué ciudades queremos en el futuro. En el video que presentamos aborda las perspectivas de las empresas autogestionadas en el capitalismo de hoy.

Alberto Couriel responde sobre el uso de las reservas.

Momento de respuestas durante la mesa redonda destinada al modelo económico del ciclo de debates, “La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda”. En la misma intervinieron los economistas Andrés Dean, Andrea Vigorito, Alberto Couriel y Carlos Viera. Se realizó el 5 de noviembre de 2015 en La Huella de Seregni.

Andrés Dean responde sobre la aplicación del modelo de Roemer en las empresas públicas

Momento de respuestas durante la mesa redonda destinada al modelo económico del ciclo de debates, “La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda”. En la misma intervinieron los economistas Andrés Dean, Andrea Vigorito, Alberto Couriel y Carlos Viera. Se realizó el 5 de noviembre de 2015 en La Huella de Seregni.