Este 14 de marzo se realizó en el Parlamento una Jornada sobre Avances y Desafíos para el Derecho a una Alimentación Adecuada, convocada por el Inda, Udelar y FAO. La idea era generar un dialogo entre distintos actores sobre iniciativas en la materia que están en tratamiento parlamentario.

El proyecto de Ley Marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional es una de esas iniciativas que se basó en una legislación similar adoptada por el Parlatino pero que ha ido evolucionando para incorporar aspectos específicos de nuestra realidad . Este proyecto procura tomar en cuenta los acuerdos establecidos en el Dialogo Social sobre Alimentación del año 2016. Hay tratados internacionales pero importa que haya leyes nacionales marco. En los 43 artículos del proyecto se ha ido reafirmando la necesidad de Sistemas Alimentarios Sostenibles, ampliando la impronta inicial de la ley del Parlatino cuyo eje era la lucha contra el hambre. Además de definir conceptos fundamentales de la política y afirmar los derechos en esta materia, el proyecto establece la justiciabilidad de esos derechos. Es decir la tutela jurisdiccional de estos derechos, con un concepto amplio de sujeto jurídico, para que pueda reclamarse judicialmente su cumplimiento mediante el Recurso de Amparo si fracasa el camino administrativo.

Además el proyecto establece un Sistema Nacional de Coordinación en la materia con una Comisión Coordinadora donde están distintos ministerios y la OPP, realizando la secretaría técnica el INDA. Este diseño interministerial apunta a integrar las diferentes ópticas de gobierno existentes para unificar la política de alimentación.

Reconociendo la conveniencia de tener una Ley Marco y los avances que significa el proyecto, varios señalamos la importancia de incorporar a los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y los movimientos sociales en el diseño del Sistema de Coordinación . En el caso de las intendencias han tenido un rol muy relevante en las políticas de alimentación asumiendo las tareas de control bromatológico. Ningún organismo del Estado en la materia tiene hoy la infraestructura y capacidad técnica de análisis de alimentos que posee la Intendencia de Montevideo.El trabajo en Red entre todas las intendencias ha sido desde hace años una fortaleza para implementar políticas de regulación de alimentos. En el período que fui Director de Salud de la Intendencia de Montevideo se trabajó varios años para obtener un Registro Unico con un software compartido de registro y regulación de los alimentos entre todos los gobiernos departamentales. Pero además de fiscalización de la producción y comercialización de alimentos, las intendencias desarrollan programas de educación alimentaria, programas de apoyo a la agricultura familiar, proyectos sociales vinculados al tema. Desde la Intendencia de Montevideo se formaron promotores escolares de merienda saludable desde hace muchos años, sumando fuerzas con ASSE en el último período.

Por otro lado los municipios son una institucionalidad relativamente nueva que tiene una fortaleza específica a efectos de las políticas de alimentación: su cercanía con los territorios y sus actores locales. Tanto en las necesidades alimentarias y nutricionales como en la producción y comercialización de los alimentos hay una dimensión local que ocupa un rol fundamental. Para esos planes locales los municipios son actores de primera línea.

La participación de las fuerzas sociales involucradas es una estrategia fundamental para el desarrollo de las políticas públicas. Uno de los acuerdos importantes que se obtuvieron en el Dialogo Social 2016 plantea : “Fortalecer el entramado de participación social en esta materia mediante el apoyo a Redes de Actores involucrados en la Alimentación Saludable por departamento y municipio. En el mismo sentido, realizar instancias amplias y representativas como Foros o Conferencias cada dos años para evaluar el desarrollo de la estrategia en curso y retroalimentar los rumbos del período siguiente”. Como señaló Laura Rosano (Slow Food Uruguay) en esta jornada, muchas de las propuestas recogidas en las leyes se originaron en las organizaciones sociales.

Distintos estudios (Celedón y Noe 2000) cuestionan la centralización existente en las politicas de salud y fundamentan la necesidad de que existan mecanismos de control social de todas las funciones que debe cumplir el sistema de salud: definición de políticas,regulación, financiamiento, aseguramiento, producción de servicios y evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema. La perspectiva de derechos aplicada a la salud, significa pensar en las dimensiones e instrumentos para su ejercicio pleno, a través de un rol activo de los protagonistas.La participación social fue una estrategia clara en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Analizando la institucionalidad del SNIS Marcelo Setaro (2014) pone el foco en las nuevas instituciones creadas por la reforma del sector salud, enfatizando los mecanismos institucionales que generan una gobernanza sectorial novedosa. Desde nuestro punto de vista la construcción de políticas públicas pasa por el desarrollo de prácticas democratizadoras y transformaciones de las estructuras de poder en estos campos.

Otra iniciativa parlamentaria es el Plan Nacional de Agroecología, que se convirtió en ley en diciembre 2018 y ahora se está trabajando en la reglamentación destacándose la promoción de la agricultura familiar y la seguridad y soberanía alimentaria. El Plan se propone “ampliar el número de productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos agropecuarios de base agroecológica” en zonas rurales, urbanas y peri urbanas. En este caso la sociedad civil va a estar representada por 6 instituciones para el seguimiento del Plan.

Un tercer proyecto de ley tiene por objeto reducir los desperdicios de alimentos. Elaborado por el Inda con participación de Berta Sanseverino, una gran compañera prematuramente fallecida cuya labor como legisladora tuvo un fuerte compromiso con las políticas de alimentación . Se habla de pérdida o desperdicio de alimentos, refiriéndose con el primer término a la disminución de masa de alimentos que se genera en la producción, el almacenamiento o el transporte. Se considera desperdicio cuando la disminución de la masa se produce en el consumo. Es un problema de dimensiones mundiales, al punto que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propone reducirlo a la mitad para el 2030. En el diseño institucional del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos se incorpora al Congreso de Intendentes y se crea un Consejo Consultivo permanente donde participan las organizaciones de la sociedad civil, la ANII,la AUCI. Nicolas Minetti del INDA enfatizó que todavía no hay un diagnóstico serio en este tema sino apenas un estudio exploratorio. Remarcó asimismo que no debe perderse una visión sistemica a la vez que se generan proyectos específicos, ya que algunas cadenas tienen mejor organizado el tema de los residuos y otras no. Garantizar la inocuidad es clave en este punto y debe rechazarse la idea de que son sobras para donar a los pobres.

La Audyn (Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas) por su parte, informó sobre el proyecto de Ley de regulación de la profesión de Licenciado de Nutrición.

Por último el MSP expuso sobre el proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, una iniciativa trascendente que apunta a darle carácter de ley al decreto del Poder Ejecutivo Nº 272/018, incorporando asimismo la regulación de la publicidad. La relevancia de esta medida en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles ENT, es indudable. De los cinco grandes determinantes de las ENT (tabaquismo, malnutrición, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol y contaminación ambiental) la mala alimentación tiene un enorme impacto. En la última década sufrimos un cambio drástico de los hábitos alimentarios con un incremento del consumo de bebidas azúcaradas y productos ultraprocesados con altos niveles de sodio, azúcares y grasas. Mayor poder adquisitivo y millones de dólares en marqueting produjeron una epidemia de sobrepeso y obesidad, de hipertensión y diabetes. Las consecuencias son una alta mortalidad prematura por problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y diabetes. Con enfoque de Ciclos de Vida, importa cuidar especialmente la alimentación de la infancia y adolescencia. Al mismo tiempo las perspectivas de envejecimiento poblacional, positivas en muchos aspectos, tienen un nudo crítico en la prevalencia de las ECNT. La experiencia chilena, un país de la región que tiene legislación al respecto (además del etiquetado frontal también aumentó los impuestos a este tipo de productos), ha tenido excelentes resultados con 26% de la población que modificó para mejor sus hábitos, en solo dos años de aplicación. Es destacable el hecho de contar con evidencia nacional, en mas de 20 estudios sobre los impactos de distintos sistemas de rotulado nutricional.

Por eso las acciones para promover información que oriente decisiones más saludables en materia de alimentación son relevantes para el futuro de la salud en nuestro país.

*Lic. en Educación, Mg en Sociología. Fue Director del Departamento de RRHH y de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo entre 2005 y 2015.

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