Selectividad estratégica del Estado y gobiernos de cambio

Introducción

El mundo sufre hoy agudamente la epidemia del Coronavirus Covid 19 . Varias opiniones (Barcena 2020) señalan que ninguna de las grandes pandemias de la historia irrumpió en un mundo tan poblado (más de 7700 millones de personas) ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo. Vale ahondar en el concepto de un planeta ambientalmente enfermo, o de un modelo de civilización depredador y biocida. Esta situación es considerada la mayor crisis humana y de salud de este tiempo. El grave problema sanitario rápidamente está generando una emergencia alimentaria, social y económica. Comienzan una serie de transformaciones cuyas consecuencias todavía no conocemos. Sabemos del riesgo de que los peores efectos económicos se descarguen sobre los sectores populares y también de mayores limitaciones a las libertades públicas y los DDHH. También surgen valiosos procesos de solidaridad y creatividad en este complejo escenario.

Los Estados son protagonistas fundamentales en esta crisis. Ni siquiera los fundamentalistas del mercado pueden negar su rol . Es así que el tema del Estado y en particular la selectividad estratégica del Estado vuelve a estar sobre la mesa en esta coyuntura. La selectividad estratégica como concepto es una herramienta teórica relevante para analizar el Estado. Nos interesa ampliar su utilización en el análisis de los procesos progresistas latinoamericanos del siglo XXI.

Los diversos gobiernos de izquierda latinoamericanos durante las primeras décadas del siglo XXI son un hecho histórico sin precedentes para el continente. Vivimos en una región donde las estructuras y prácticas autoritarias están profundamente enraizadas en la historia, desde la esclavitud de poblaciones afroamericanas y el despojo de los pueblos indígenas al terrorismo de estado de las dictaduras. La mayor o menor democratización de la sociedad y el Estado son un nudo crítico de los procesos latinoamericanos y desde allí podemos analizar los “gobiernos de cambio”.

Cuando Juan Carlos Monedero (2019) hace una revisión del concepto “selectividad del Estado” y enfatiza su carácter “estratégico” aporta una precisión teórica importante. Apoyándose en Nicos Poulantzas (1969, 1974, 1976, 1977) ¹y Bob Jessop ( 1999, 2017) esta concepción del Estado cuestiona la idea de que se trata de algo neutral utilizable de la misma forma por cualquier sector social ni tampoco es un mero instrumento de las clases dominantes o una determinación estructural simple e inamovible.

Hemos escuchado varias opiniones² que sostienen que las fuerzas progresistas apostaron todo al Estado (del cual controlaban solo el gobierno y hasta cierto punto) y perdieron porque la derecha ganó terreno en la sociedad. Me parece un cuestionamiento interesante. Con la salvedad que las afirmaciones muy categóricas requieren investigación empírica, para salir del etiquetado fácil y analizar la complejidad de actores y estrategias en paises muy distintos durante una larga década.

Concebir el Estado como una relación social entre fuerzas sociales y políticas, nos devuelve tres tipos de problemas :

a) ¿Hasta que punto, cómo y dónde se modificaron las reglas de juego del Estado y su relación con la población, analizando sus estructuras y funcionamiento? .

b) ¿En qué medida las fuerzas sociales, la sociedad organizada y los sectores populares fueron capaces de fortalecer su accionar, incrementar su poder, transformarse ellas mismas, en este período? ¿Cómo lucharon junto con los gobiernos progresistas, o en los espacios que éstos abrieron, o también cuestionándolos?.

c) ¿Qué rol jugaron las fuerzas políticas como tales, más alla de su rol institucional en gobiernos o parlamentos? ¿Cuál fue su accionar en relación con la población, su democracia interna, su participación en los debates societales, tanto los inmediatos como en los más trascendentes de acumulación hacia un patrón civilizatorio diferente?.

No podemos perder de vista el contexto histórico. América Latina hacia fines del siglo XX puede caracterizarse como democracias “de baja intensidad” que incluyen graves desigualdades, violación sistemática de derechos y fracturas sociales de clase, etnia, género, generaciones y territorios. Ésta es una región marcada por dispositivos de concentración antidemocrática del poder, cooptación de la política por el poder económico, hegemonía ideológica neoliberal, políticas represivas hacia el conflicto social y las drogas, fuertes mecanismos de opresión de clase, patriarcales y étnicos.

La reciente ofensiva derechista a nivel continental volvió a poner la violencia y el agravamiento de las desigualdades en el centro de la escena. Sin embargo no ha logrado hasta el momento estabilizar una nueva situación y sostenerla en el tiempo. La rebelión popular en Chile, las movilizaciones en Ecuador y Colombia, las protestas contra el golpe militar en Bolivia, las luchas feministas en todo el continente, muestran un panorama de resistencias múltiples. Por otro lado el gobierno de Lopez Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina, dos países relevantes en la región, evidencian que también a nivel de gobiernos los progresismos siguen siendo alternativas vigentes. Más que la constitución de un nuevo ciclo continental asistimos a un escenario con procesos divergentes.

Gobiernos progresistas, Estado y democracia.

Los gobiernos progresistas lograron un descenso importante de la pobreza y la indigencia, creando una trama de protección social, y mejorando las condiciones de vida de amplios sectores postergados (aunque el porcentaje de la riqueza apropiado por el sector mas rico no se modificó). Las izquierdas latinoamericanas llegaron al gobierno en Estados llenos de selectividades, sesgos y contradicciones, como dice Monedero (2019). En poco más de una década lograron iniciar cambios significativos en lo social y lo institucional, pero también dejaron en pie estructuras de poder concentrado en manos de la derecha y debilitaron su vínculo con los movimientos de masas.

Los enclaves de poder reaccionario que operaron para desgastar y luego derrotar los gobiernos progresistas fueron varios. En Brasil vimos la complicidad activa del Poder Judicial y los mecanismos de “lawfare”, así como la confluencia de mayorías parlamentarias conservadoras, de la gran prensa, de algunos grupos religiosos y el Ejército que se convirtió en un factor clave del gobierno de Jair Bolsonaro. En Bolivia el Ejército y la Policía dieron un golpe de Estado junto con un levantamiento promovido por algunos sectores.

En Uruguay el triunfo de la derecha se produjo en noviembre de 2019 por una diferencia mínima, en un proceso electoral limpio. Fue necesaria una coalición de cinco partidos que van desde la derecha liberal a la ultraderecha para derrotar al Frente Amplio por un escaso margen. El FA, (expresión de la unidad de la izquierda desde 1971) sigue siendo la principal fuerza política del país, obteniendo más de 10 puntos por encima del Partido Nacional en octubre 2019. Aún así fue derrotado y eso exige un analísis crítico y autocrítico de su accionar y los 15 años en el gobierno.

La persistencia de enclaves de poder reaccionario, expresiones de la “selectividad estratégica del Estado”, fue un factor que incidió en el desgaste del FA y el crecimiento de las derechas. Un ejemplo fue la crisis militar (generada por las sentencias de dos Tribunales de Honor y la conducta del comandante en jefe) que mostró la subsistencia de concepciones de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la cúpula del Ejército. El Teniente General Manini, comandante en jefe destituido por el presidente Tabaré Vazquez se convirtió en candidato a la presidencia y obtuvo una representación parlamentaria con 2 senadores y 7 diputados, sumándose a la coalición derechista gobernante, pero presionándola constantemente hacia la ultraderecha. Manini y su partido han hecho una prédica fuerte contra el Poder Judicial, contra la Comisión Interamericana de DDHH, y en defensa de los militares responsables de crímenes durante la dictadura. La difusión reciente de las actas del Tribunal de Honor al Coronel Gilberto Vazquez por parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a poner sobre la mesa los crímenes cometidos en dictadura (torturas, asesinatos, desapariciones, coordinación represiva en el cono sur, etc) y también en democracia (asesinato de Eugenio Berríos, planes de asesinato de dirigentes de izquierda, etc). Más allá de esas confesiones del Coronel Vazquez lo que aparece con mucha claridad es la responsabilidad de la cúpula militar desde la recuperación de la democracia. Ninguno de estos tribunales de honor, ni los comandantes en jefe de turno consideraron a los asesinatos, torturas y desapariciones como lesiones al honor militar, no se investigó ni se enviaron al Poder Judicial los elementos que surgían de las declaraciones recogidas. La persistencia de la ideología dictatorial en los mandos militares es un grave capítulo pendiente para la democracia uruguaya, donde operó muchas veces la permisividad del poder civil ante grados muy altos de autonomía militar. Como señala la declaración de Familiares de Detenidos Desaparecidos el 30 de agosto de 2020: “Cuanto más sabemos de los horrores y arbitrariedades de esos años, mas incomprensible se hace esta tolerancia y continuidad. Así creció un poder corporativo paralelo, que emerge cada vez que ve tocados sus intereses, especialmente cerrando filas para no enfrentar a la Justicia.”³

Al mismo tiempo las batallas por los DDHH, que tuvieron en Uruguay varias derrotas políticas fuertes (ley de caducidad, plebiscitos en 1989 y 2009, etc.) también obtuvieron logros que la Asociación de Familiares de Desaparecidos reconoce.⁴

En otra institución con una larga historia de represión política y social como la Policía, el gobierno frenteamplista desarrolló políticas diferentes y puso especial énfasis en la formación democrática de sus oficiales.

El oligopolio mediático que controla casi todos los canales de televisión abierta y por cable, operó sostenidamente con una agenda contra el gobierno progresista, promoviendo el alarmismo y la inseguridad exhacerbando la crónica roja. Se aprobó una ley de medios con sentido democratizador, aumentando la pluralidad, fortaleciendo los medios comunitarios, pero su implementación fue débil y tardía, a pesar de que la gran mayoría de los recursos de impugnación presentados por el sector privado ante la Suprema Corte de Justicia, fueron rechazados por ésta.

Selectividad estratégica y cambios estructurales

La represión brutal a las movilizaciones populares en Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia en 2019 es un ejemplo doloroso del carácter de estos Estados, que no dudan en violar los derechos humanos y las garantías democráticas, frente a la protesta social. Al mismo tiempo todo parece indicar que no alcanza con la represión para garantizar el orden.

Para las fuerzas populares surgen escenarios complejos donde la movilización social es un elemento clave pero insuficiente . En este nuevo contexto latinoamericano la reflexión crítica sobre el Estado y sus contradicciones, su autonomía relativa y vínculos de clase, es imprescindible. También la sociedad, sus actores, complejidades y contradicciones, sus luchas en diversos planos requieren una mirada crítica, innovadora.

No alcanza la decisión política de los gobernantes para cambiar estructuralmente el Estado, modificando profundamente la “selectividad” preexistente. Se necesitan correlaciones de fuerza, relaciones de poder que permitan abordar exitosamente esas transformaciones. No se trata de un acto puntual sino de un conjunto de acciones que produzcan cambios políticos y culturales. En tal sentido merece la pena investigar sobre nuevas formas de hacer política y alianzas con fuerzas sociales. Las modificaciones en las estructuras políticas y sociales así como en el desarrollo de prácticas participativas son cuestiones claves que varían en cada proceso . Las diferentes formas de hacer política deben analizarse desde el ángulo de su aporte a la mayor democratización de la sociedad y el Estado. Cuando se redujo la política a la labor de gobierno, institucionalizándose, tuvo efectos limitantes sobre el conjunto social y sobre los partidos. Se debilitó la acción política en la base, reducida muchas veces a las campañas electorales .La preocupación fue que la fuerza política no interfiriera con el gobierno en lugar de centrar los esfuerzos en dinamizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. La lógica de que el gobierno sea considerado el único motor de cambios, reduce los roles de la militancia política y social a un papel de apoyo y seguimiento. Pensar la política en términos de cargos de gobierno y de carreras personales, contribuye a su “estatización” y puede llevarla a la defensa de los status quo, haciendo más difícil una visión crítica de lo que se está haciendo.

Por otro lado se han desarrollado procesos que van en un sentido democratizador, tanto en la escena nacional como en campos específicos. Las experiencias más fecundas permitieron la recuperación de la política como práctica colectiva . Estas prácticas contribuyen a la construcción de la noción de pueblo, pensado como proyecto histórico y lucha por la hegemonía.

En el período progresista ganaron espacio las políticas públicas orientadas a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, a la ciudadanía plena y la inclusión social. Estos modelos de crecimiento con redistribución generaron una mejora significativa de la situación social . Eso es trascendente en un continente con tanta pobreza y desigualdad acumuladas, aunque puede ser pertinente un análisis de los modelos de sociedad que ponga en cuestión la idea de un crecimiento económico sin límites, el propio concepto de desarrollo y su relación con la naturaleza y el consumismo como sinónimo de bienestar.

Un aspecto a jerarquizar en el análisis de este período es la creación de formas de participación social en las políticas públicas. “La construcción de políticas públicas bajo formatos de participación social extendida no fue solamente una cuestión de estrategia política para los gobiernos del Frente Amplio, sino también seña de identidad y expresión de su concepción de la democracia” (Bentancour y Busquets 2019). Estos autores destacan que las experiencias participativas se caracterizaron por su universalidad.

Faltó un desarrollo mayor de esta participación a través de mecanismos democratizadores que fortalecieran el entramado social. Hubo pasos interesantes en varios planos pero fueron insuficientes en relación con la dimensión y complejidad de los desafíos planteados (Anzalone 2018). Hablamos de salud, educación, seguridad, vivienda, convivencia, cultura, recreación o deporte, y otros muchos campos. En ninguno de ellos ha sido posible gestar transformaciones profundas sin democratización radical, sin protagonismo mayor de la sociedad, sin valores emancipadores, sin movilización social.

Como señala Castells (2009, 2020) las relaciones asimétricas de poder, implican que algunos actores tienen la capacidad de definir las reglas de juego. Un desafío fundamental es modificar esas relaciones en cada campo de la sociedad, ampliando la cantidad de actores, haciendo oir la voz de los postergados, generando estructuras más abiertas y participativas y también construyendo prácticas sociales transformadoras con arraigo en la sociedad que definan el sentido de los discursos hegemónicos.

Una investigación que realizamos sobre participación social en salud (Anzalone 2018a, b) destacó la creación de espacios donde la voz de los usuarios pueda expresarse, no solo en la base sino en la conducción del Sistema Nacional Integrado de Salud SNIS. La participación de usuarios, trabajadores y comunidades genera una nueva forma de gobierno del sector, que amplía las bases de sustentación de las políticas del SNIS y enriquece sus contenidos.

Hay un debate teórico y politico que viene desde el siglo XX. Durante décadas gran parte de las fuerzas populares concibió la “toma del poder” como una llave mágica que resolvería todos los problemas. Esa concepción del poder se centraba en el control político-militar del Estado y desde allí la economía y la sociedad. Muchas experiencias demostraron el error de subestimar los componentes ideológicos y culturales de todo proceso social por un lado y por otro las libertades democráticas y los derechos humanos, como principios orientadores reduciéndolas a su versión liberal. Aquella visión estatista y centralista dejaba de lado la democratización radical de la sociedad y el Estado como parte esencial del proceso y también de las utopías.

Conclusiones

Un elemento que erosionó los procesos progresistas fueron las debilidades a la hora de democratizar profundamente el Estado y la sociedad incluyendo la persistencia de enclaves de poder reaccionario. Eso dificultó la profundización y sustentabilidad de los cambios.

Las reformas “progresistas” pueden ser emancipatorias y no solo paliativas, pueden construirse “utopías reales” sostuvo Eric Olin Wright (2013). Juan Carlos Monedero (2019) dice bien que oponer reforma y revolución resultó ser un error teórico y político. También lo fue concentrarse solo en el gobierno, dejarse cooptar por el Estado y no jerarquizar al mismo tiempo el trabajo social, la organización social, las múltiples luchas culturales y políticas con sentido emancipador. Permitir enclaves reaccionarios fue acompañado de debilidades y contradicciones de las políticas de empoderamiento de los sectores populares. Mirando América Latina, las movilizaciones populares fueron vistas, en varias coyunturas, como un problema, un peligro o un adversario de los gobiernos progresistas. En varios casos cuando se produjo la ofensiva reaccionaria los gobernantes de izquierda no contaban con la movilización activa de la población, porque el vínculo se había ido deteriorando.

Las izquierdas se deben un proceso de reflexión autocrítica, que “no tire el niño con el agua”, minimizando los avances construidos, ni se atrinchere en la defensa de todo lo hecho; que no busque chivos expiatorios, ni autoflagelación. Se trata de enriquecer el pensamiento y la acción hoy con los aprendizajes que surgen de los procesos anteriores.

Reinventar el Estado, construir una democracia alternativa, descolonizar, desmercantilizar y democratizar la vida, como propone Boaventura De Souza Santos (2002, 2006, 2016) requiere cambiar la sociedad al mismo tiempo. Referentes ecofeministas como Amaia Sanchez Orozco, Yayo Herrero y Laura Gomez han sido muy enfáticas en ese sentido. No solo porque ambos, Sociedad y Estado, están muy imbricados y se influyen mutuamente, sino porque una transformación de esas dimensiones requiere una alianza amplia de actores sociales y políticos , que cambie los poderes que sostienen el status quo y las desigualdades. Las luchas feministas son protagonistas fundamentales junto con otros movimientos populares de trabajadores, estudiantes, pobladores, creando un abanico plural. Ese proceso no está exento de contradicciones y la transformación de los valores y vínculos patriarcales interpela también a instituciones de distinto tipo de toda la sociedad y también a las fuerzas populares. La postergación de las mujeres, su invisibilización, las múltiples violencias y abusos que sufren, ya no se aceptan en silencio e impunemente. La aparición de nuevas y crecientes denuncias de mujeres abusadas muestran como operan los micropoderes machistas en instituciones muy diversas que van desde la academia al Carnaval. Crean así nuevas posibilidades de cambio cultural, cuestionando la reproducción de las desigualdades hacia el futuro.

Al mismo tiempo la experiencia latinoamericana muestra que la unidad de los movimientos populares es un elemento fundamental que no ha sido facil de construir y de sostener. Las divisiones en el campo popular tienen una larga historia en la región, sembrando derrotas, frustrando esfuerzos, reproduciendo sectarismos y dogmatismos varios.

El posicionamiento ético es la base para todos los razonamientos y conductas. El rechazo a la corrupción, al arribismo, el sectarismo, las lógicas autoritarias, manipuladoras y de control, es parte de los valores que sustentan las luchas democráticas. También es un elemento de la autoconstrucción de los movimientos populares y las fuerzas políticas. La gestación de valores solidarios y emancipadores, la sensibilidad y el compromiso con las grandes mayorías, contra las injusticias, la opresión y las desigualdades en todos los planos, la defensa de la vida como principio, son procesos culturales de enorme valor político y social.

Es preciso revalorar el concepto de entramado social participativo, integrador, heterogéneo, como un factor esencial de una democratización radical del Estado y la sociedad que modifique la selectividad estatal heredada.

Referencias Bibliograficas

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.-Anzalone, Pablo (2018b). “Participación social en el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay”. En Las disputas por lo público en América Latina y el Caribe. Hector Rene Mena Mendez et al. Buenos Aires.CLACSO; Washington: Transnational Institute of Latin America;Buenos Aires: IEALC- Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018. Disponible en : http://209.177.156.169/libros/Las_disputas_por_lo_publico.pdf

.- Barcena, Alicia (2020).Hora Cero: Nuestra región de cara a la pandemia. CEPAL . Disponible en https://www.cepal.org/es/articulos/2020-hora-cero-nuestra-region-cara-la-pandemia

.-Castells,Manuel (2009) El poder en la sociedad en red. España . Alianza Editorial.

.-Castells, Manuel (2020) La crisis de la democracia liberal . Conferencia dictada en el Curso Estado Gobierno Democracia. CLACSO. Disponible en https://youtu.be/271lV6kLVGM

.-Monedero, Juan Carlos (2019). “Selectividad estratégica del Estado y el cambio de ciclo en América Latina” en Ouviña, Hernán y Thwaites Rey, Mabel (Compiladores) Estados en disputa .Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, . Buenos Aires .Clacso-IEALC y otras.

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.-Jessop, Bob (2017) . El Estado. Pasado, presente y futuro. Madrid. Catarata.

.-Poulantzas, Nicos (1969). Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista. España. SigloXXI.

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.- Santos, Boaventura de Souza (2006). Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes. Biblioteca CLACSO.

.-Santos,Boaventura de Souza (9 mayo 2016). Hay que empezar de nuevo. Dinamo.La Diaria.1,4.http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/5/hay-que-empezar-de-nuevo/ .

.-Wright, Eric Olin (2013) Construyendo Utopías Reales. España. Akal Ed.

1 Nicos Poulantzas siempre me ha parecido un aporte teórico sustantivo para el pensamiento crítico . Sus análisis en “Poder Político y Clases Sociales”, “Las Clases Sociales en el Capitalismo Actual”, “Fascismo y Dictadura”, “La Crisis de las Dictaduras”, han brindado herramientas valiosas para el estudio del Estado y las luchas políticas.

2Rita Segato lo afirmó casi textualmente en el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Bs. As 2018

3https://desaparecidos.org.uy/2020/08/30-de-agosto-de-2020-dia-internacional-del-detenido-desaparecido/?fbclid=IwAR0YQ-vp70pvDZrXGMUp9sSHbOwu6p1FEjaYq-SFtyQUtU_eTK9PyuI0jq4

4“Los avances alrededor de este tema han sido muchos y fueron posibles gracias al movimiento popular, a los trabajos de memoria, a la activa participación de jóvenes generaciones que defienden la memoria ya que entienden que el pasado y su presente están estrechamente vinculados y no quieren impunidad; al crecimiento de conciencia sobre la variedad de derechos y sus propias luchas por leyes que han ampliado nuestra visión de la libertad y el deber ser en sociedad. Gracias a ese constante e intenso trabajo desde muchos sectores de la sociedad, el tema no sólo no ha podido ocultarse, sino que el conocimiento de la dictadura, la empatía por encontrar a los desaparecidos, y la persistencia en los tribunales de Justicia ha forzado a los políticos de todos los partidos a reconocer estos reclamos. La Justicia, lentamente, ha ido integrando la imprescriptibilidad de estos delitos. La perseverancia de las causas, la sentencia de la CIDH, el trabajo de la Fiscalía Especializada, logran avances con algunos procesamientos de una enorme lista de imputados.¡No es un logro menor! Hasta los que reclaman impunidad y acusan a la Justicia de venganza, reconocen implicitamente los gravísimos delitos cometidos. Pero la dimensión de esta escasa justicia obtenida no ha conseguido dejar claro a los ojos de nuestro pueblo el carácter institucional de la represión durante el Terrorismo de Estado.” Declaración de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 30 de agosto 2020.

1Este documento fue presentado como trabajo final del Curso Estado Sociedad Democracia de CLACSO (2019-2020), con algunas actualizaciones y agregados de agosto 2020.