POBREZA, DERECHOS Y DEMOCRACIA por Pablo Anzalone

El abatimiento de la indigencia y la pobreza son muy importantes en  Uruguay y destacan en una  Latinoamérica que, por primera vez en su historia, avanzó mucho en esa dirección.

A raíz de la crisis del año 2002 y el proceso  previo,  Uruguay llegó al 2004 con 40% de la población, 59% de los menores de 18 años bajo la línea de pobreza, 4,7 % en la indigencia.

Desde 2005 se inició un proceso de reducción  de la pobreza, alcanzando  a cifras de  9,7%  de la población y una indigencia de 0,3 % en 2014 .

Uruguay es el país que redujo la pobreza en mayor medida (CEPAL 2015).  También tuvo la mayor baja en la brecha de pobreza, (las personas pobres según la distancia media entre sus ingresos y la línea de pobreza). En América Latina hay movilidad de ingresos ascendente y descendente. Uruguay resalta con un 83% en movilidad ascendente y 1%  descendente  (PNUD 2016).

Falta una evaluación mas profunda de avances y pendientes de las políticas contra la pobreza en toda América Latina con gobiernos progresistas y de los otros. En Uruguay se precisa un análisis del Plan de Equidad. Estas políticas que permitieron dar grandes pasos, requieren un análisis crítico por los problemas sin resolver, las dificultades  para su profundización y las amenazas actuales. Las lógicas que, por derecha o por izquierda, menosprecian los avances sociales alcanzados omiten su importancia en relación con la historia nacional y regional y con la situación concreta de las personas afectadas. Las miradas que sólo destacan los logros y callan los pendientes, las contradicciones, los fracasos, no dan cuenta adecuada de la situación actual.

Desigualdades . Detrás de las excelentes cifras promedios hay un conjunto de desigualdades que  afectan al desarrollo social como un todo. En Uruguay la pobreza infantil, las fracturas territoriales  y la discriminación étnica no pueden minimizarse. Exigen análisis y propuestas para su superación.

Infantilización de la pobreza: mientras 9,7% de la población es pobre, 32% de los hogares con menores de dos años lo son. En menores de 6 años la pobreza alcanza al 18,5% de la población. Diez veces más que el 1,8% en mayores de 64 años. La brecha generacional se agrava.

pobreza

Fragmentación territorial: la periferia de Montevideo (municipios A y D, F) y el norte del país (Artigas y Rivera) tienen cifras de pobreza muy superiores al promedio y mucho mayores que los municipios capitalinos de la costa y los departamentos del sur del país. La fractura social se mantiene.

Población negra: La población negra presenta 20 % de pobreza, el doble que el promedio nacional. La brecha racial no se ha eliminado.

 Transferencias de activos.  Han habido dificultades para aumentar las transferencias de activos hacia los sectores carenciados (educación, capital, etc.) por ej. para  aumentar la cantidad y fortaleza de formas cooperativas. Los cambios en la matriz productiva y el mercado de trabajo son determinantes. ¿Cuáles son las metas en esos planos?

Redistribución. En un contexto internacional más desfavorable en lo económico, el tema redistribución se vuelve una clave para evitar retrocesos sociales. Eso exige medidas de  redistribución mayores, nuevos avances tributarios, más  justicia social. El 20% más rico obtiene el 43% del ingreso total mientras el 20% de menores ingresos de la población tiene un 7% . Estudios recientes (De Rosa 2017) muestran que la riqueza en Uruguay está mucho más concentrada que el ingreso. El 10% más rico posee  62% de la riqueza neta total, el 1% (25mil personas) tiene el 26%, y el 0,1% (2500 personas) concentra el 14%. El 0,1% de mayor riqueza controla más de la mitad de la riqueza financiera y más de 90% de la riqueza empresarial. Mientras la mitad de la población no tiene riquezas.

Intersectorialidad y territorio. Sin desconocer los esfuerzos realizados todavía falta para tener Planes Territoriales donde se combinen las políticas nacionales y las locales.

Existen  dispositivos claves  para las políticas territoriales como  escuelas, liceos,Utu, policlínicas, espacios culturales y deportivos. Experiencias como la de SACUDE (Salud, Cultura, Deporte y Educación) en Montevideo  muestran que pueden conformar dispositivos integrados, con acciones mancomunadas, que potencien sus fortalezas respectivas y la participación de la comunidad.

Participación social. La pobreza no es sólo peripecia individual o familiar, sino que afecta a comunidades y conjuntos sociales. La participación y empoderamiento de los actores sociales es clave para abatir las desigualdades. En el movimiento obrero se ve en las claras mejoras laborales. Pero la debilidad de los actores comunitarios ha conspirado contra el desarrollo de mejores políticas sociales. La creación de redes territoriales no es  sólo una confluencia de actores distintos sino que puede ser una forma de enfrentar la fragmentación social. Falta un movimiento social fuerte en lo territorial.

Retrocesos culturales. Se han producido cambios regresivos  en la valoración de la pobreza. En los los 90 (Magnone y Rovner 2016) la opinión pública explicaba mayoritariamente la pobreza por una sociedad injusta. Esta visión ha retrocedido (47% en 2006 a 34% en 2011) y crece la que adjudica la pobreza a faltas de las personas (26% en 2006 a 45 % en 2011). La asociación  jóvenes/pobres/delincuentes opera en el imaginario social junto a la inseguridad.

Hay un componente ideológico  de los procesos sociales que no está logrando sus metas. La sustentabilidad de las políticas contra la pobreza  requiere apoyos ciudadanos sólidos. Cuando la ideología discriminadora gana terreno frente a los derechos cabe preguntarse dónde están las carencias y los errores. El triunfo de Trump en Estados Unidos es una señal de alerta en ese sentido.

Estancamiento o retroceso. Los efectos de la crisis económica internacional están generando cambios en la región. Las  políticas sociales y salariales aparecen supeditadas a otros objetivos como el control de la inflación y del déficit fiscal. Las lógicas de ajuste resurgen con fuerza. Esto se traduce en menos aumento del gasto público social y un estancamiento en la reducción de la pobreza. Los triunfos de opciones neoliberales en países como Argentina y Brasil promueven retrocesos sociales.

Democratizar la sociedad. Pensar la pobreza en términos multidimensionales  implica también ver así su superación. El concepto de progreso multidimensional (PNUD 2016)  propone  el bienestar más allá del ingreso, y valorar las desigualdades por razones de género, raza, orientación sexual, edad o territorio, en las poblaciones situadas por debajo y por encima de la línea de pobreza por ingresos. A diferencia de quienes igualan crecimiento económico con desarrollo y suponen un crecimiento incesante, esta idea fundamenta que nada que disminuya los derechos de las personas, ni la sostenibilidad ambiental puede ser progreso. Las teorías del derrame  han fracasado. Los conceptos de desarrollo y de progreso deben ser rediscutidos, lejos del modelo  de la postguerra y la vieja Alianza para el Progreso. Enfrentar la  pobreza en sus muchas  dimensiones  significa  situarla en las luchas de democratización/concentración de nuestras sociedades.

Democratizar la sociedad y el Estado es el principal desafío de este tiempo.

En el asentamiento La Farola del Cerro 70 familias subsisten con una canilla de agua. No lo olvidemos. Hay demasiadas Farolas.

POLÍTICA DE CERCANÍA EN DROGAS por Milton Romani Gerner

“Se va a cumplir la ley, pero insisto: no hay que consumir drogas”. Tabaré Vázquez

“La medicina está, en algún punto, como hipnotizada por los medicamentos y la tecnología. Creo que eso quita el foco del paciente […] excesos que transforman sanos en enfermos”. Doctora María Noble, en una conferencia organizada por el MS y el FNR

“Alrededor de 5.500 millones de personas siguen teniendo un acceso limitado a medicamentos que contienen estupefacientes, como la codeína y la morfina, o ni siquiera tienen acceso a ellos. Eso significa que 75% de la población mundial no tiene acceso a un tratamiento del dolor adecuado”. Doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (prólogo del Informe Especial 2015)

El presidente Tabaré Vazquez ha insistido en el irrestricto cumplimiento y la definitiva instrumentación de la Ley de Regulación del Cannabis y ha anunciado un nuevo plazo para su concreción.

Se está construyendo un nuevo modelo de fiscalización. Una regulación responsable de sustancias con riesgos para la salud, que tiene como cometido remontar 100 años de dogmatismo e ineficacia prohibicionista. Lleva un poco más de tiempo. Hay que decir también que el exceso de cautela puede ocasionar daños y puede ser fuente de errores políticos. No se trata sólo de la dispensión de cannabis en la red de farmacias y el urgente registro de usuarios; se trata también de diligenciar el uso medicinal del cannabis y la explotación industrial del cáñamo, incluidos en la ley y que marchan a ritmo lento.

Hay una multiplicidad de actores que están al servicio de la resistencia al cambio (a todo tipo de cambio). Son los primeros en refugiarse en las dilaciones. Apuestan al fracaso absoluto del gobierno y del Frente Amplio. Especulan, sin reparar que hay un punto en este tema: el statu quo favorece al mercado ilícito del narcotráfico. Hacen cola, también, los amanuenses que suponen que de esa manera quedan bien con el presidente, y ponen esfuerzo en trancar, dificultar y no facilitar nada; todo eso bajo la supuesta premisa de hacer bien los mandados, a pesar de la expresa determinación republicana que Vázquez ha reiterado. Un moderno CEO (Chief Executive Officer) no es un capataz acrítico y sin iniciativa. Un GPI (Gestor Político de Izquierda) tiene pensamiento político, así como hoja de ruta y coraje en la acción.

Reducción de daños, prevención universal, selectiva e indicada

A su vez, Tabaré ha insistido en su mensaje: “no hay que consumir drogas”. Todos entendemos su intención, enmarcada en su incansable prédica educativa. Ni el texto ni el espíritu de la ley suponen ningún tipo de promoción del consumo de marihuana.

Hay un desafío en materia de prevención. Apegado a las mejores evidencias en este campo, no se remite sólo a decir “no a las drogas”. Es más complejo. Hay que desplegar más herramientas informativas para poder gestionar los riesgos y mitigar los daños, partiendo del supuesto de que, más allá de nuestros deseos, hay hombres y mujeres que buscan placer, estados de conciencia diferentes, calmar dolores, soportar dolencias recurriendo a una variada oferta de sustancias, de circulación lícita, ilícita o semiilícita. También hay que tener en cuenta las garantías previstas en el artículo 10º de nuestra Constitución, que ampara a las acciones privadas de hombres y mujeres, siempre que no afecten a terceros.

Pharmacón y reducción de daños

La morfina, ¿es buena o es mala? Los medicamentos, en especial los psicofármacos y los antidepresivos que tan pródigamente dispensan nuestros médicos y vende la industria farmacéutica, ¿son buenos o son malos? Las dos cosas a la vez.

Pueden ser beneficiosas para la salud, pero también pueden generar daño. Los griegos acuñaron el nombre de phármacon, que significa, a un tiempo, remedio y veneno. Ambigüedad del término que compite con drug, de origen celta, que aludía al mal olor que despedían las mercancías en los puertos. Esta denominación, deletérea, poco precisa, ha servido para sostener mitos, prejuicios y moralinas. Aporta un problema más, porque, al decir de Albert Einstein, “es mas fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. En este asunto estamos intoxicados de prejuicios.

Nuestro amigo el doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), quien visitó Uruguay junto con su colega Alejandro Mohar para conocer el modelo de regulación de cannabis, insiste en el prefacio del Informe Especial de la JIFE de 2015 en el efecto paradójico y absurdo del sistema prohibicionista. No hay drogas disponibles para quienes verdaderamente las necesitan.

Política de cercanía

Me permito esta señalización técnica y política sobre lo preventivo y educativo, de la misma manera que en 2009 (a pesar de apoyar su postulación en plena campaña) discrepé con el compañero José Mujica acerca de la mal llamada “internación compulsiva”. El tema central no está en las drogas, sino en las personas y en cómo construimos vínculos, incluidos los que desde el Estado se promueven en términos de control y fiscalización. Poner el foco en las sustancias, generalizar todos los usos en forma homogénea o identificar a los usuarios como adictos no son caminos preventivos.

Un mercado regulado pretende ser un vínculo que promueve la cercanía en términos de salud pública. Reduce daños y hace más permeables los mensajes preventivos, porque hace confiable la relación entre el Estado y los usuarios.

Las tonalidades de enfoque son inevitables en el abordaje político de un problema social complejo, que tiene varias aristas y está en debate en el mundo entero. Se han realizado, en su historia, 29 sesiones especiales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por temas cruciales; si será polémico y complejo este tema, que tres de esas reuniones tuvieron como cometido discutir “el problema mundial de las drogas”. La primera fue en 1990. En la segunda, que tuvo lugar en 1998, se postuló “Un mundo libre de drogas”; el secretario general de la ONU, Kofi Annan, brindó por ello, pero hoy reconoce el fracaso rotundo de esa consigna y es un crítico severo del paradigma vigente y de la guerra contra las personas que supuso.

En la última Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de la Droga, en 2016 (a la que tuve el honor de concurrir en calidad de jefe de la delegación de Uruguay), comenzaron a aceptarse nuevos enfoques y se inició un proceso fermental de debate político, académico, científico, social, penal, de salud pública y de seguridad ciudadana. Se logró incorporar aportes de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos, que difundió un contundente documento que habilitó un giro fundamental, incorporando definitivamente un enfoque de derechos humanos con respecto a este tema.

Dicho texto recuerda “las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes 51/12, sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, y otras entidades de ONU “para la promoción de los derechos humanos en la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas”. La resolución 51/12 fue la que presentamos junto con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, en marzo de 2008, cuando libramos una batalla diplomática y política trascendente, que sigue prestigiando a Uruguay ante la comunidad internacional por liderar la defensa de los derechos humanos en torno a esta temática.

Publicado en La Diaria 15/12/2016

50 FAMILIAS CON UNA CANILLA DE AGUA por Jorge Bentancur

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud  organizada por la OMS/OPS UNICEF en 1978, Llegó a la Declaración de Almá-Atá. Reafirmando la salud como aquel estado de total bienestar físico, social y mental, y no simplemente la ausencia de enfermedades, siendo un derecho humano fundamental y convirtiendo a la búsqueda del máximo nivel posible de salud en la meta social más importante a nivel mundial, cuya realización requiere de la participación de otros sectores sociales y económicos junto al sector salud.

No tengo salud si tengo hambre, no tengo salud sino tengo agua, no tengo salud sino tengo vivienda, sino tengo trabajo, sino tengo educación, sino tengo libertad. En la fortaleza del Cerro tenemos el asentamiento “La Farola” con 50 familias que viven sin saneamiento y agua. Muchas horas del día son dedicadas a acarrear agua de la única canilla que está a varias cuadras. Si un antropólogo estudia el árbol genealógico de los que residen en el lugar, seguramente su bisabuelo era un gaucho que vivía tranquilamente en algún lugar del medio rural y si tenía hambre carneaba algún animal. Luego el Presidente de la época autorizó a los comisarios políticos a repartir tierras y le dio cien mil hectáreas a una familia, otras cien mil a otra. Y así alambraron, dijeron esta tierra es mía no se puede circular, este ganado es mío no se puede comer. La gente se mudó a las ciudades. El mercado luego los expulsó por no poder pagar alquiler a las periferias. Y en el marco de 50 años el Cerro pasó de 50.000 a 100.000 habitantes.

 foto-2008En salud el equilibrio se rompe cuando triunfan los factores de riesgo provocan daño, por ejemplo cruzar la calle con roja es un factor de riesgo, si además vamos rengo y tenemos alguna dificultad para ver, ese riesgo es mucho mayor, entonces ahí se produce el daño. Después del daño viene la secuela o la muerte,  cuando se produjo la secuela hay una etapa de rehabilitación.

De está forma está encarado hoy el problema de salud, sin jerarquizar la prevención . Prevenir quiere decir apuntar a esos factores que existen en el barrio. Por ejemplo el agua contaminada o los niños que crecen en la calle. La prevención es tratar los factores de riesgo para que no se conviertan en daño y cuando no tenemos remedios, que alguien ha enfermado, tratar de que esa enfermedad provoque el menor daño posible y si hay secuelas rehabilitarlas. Esa es la mentalidad preventiva, es promocionar la salud, promocionando la mejor calidad de vida, los hábitos saludables.

PRIORIDAD PRIMERA INFANCIA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de agua además de aumentar la incidencia de enfermedades como la diarrea, “condena a muchas mujeres y niños a la pobreza y les niega oportunidades de educación y empleo al verse forzados muchas horas del día a cargar agua”.  El 14 de agosto de 2007, tuve oportunidad de conversar estos temas con la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chan de paso por nuestro país. En media hora que hablamos le explicaba que nuestra prioridad es la primera infancia.  Y que los problemas de salud no los resuelven  solo los actores del MSP sino una acción integral de todos los actores que tiene que ver con la vivienda, con la educación, con el trabajo, etc…

Este gobierno ha atendido nuestros reclamos y declarado prioridad la primera infancia y lo ha incorporado en el Sistema de cuidados, pero no es suficiente.

asentamiento-la-farola-006Tenemos los programas de salud, el programa del niño, el programa de la mujer, el del adulto mayor. Hay más de 15 programas, hay que trabajar con la gente, no para la gente, si el que sufre la posibilidad del riesgo no hace nada por evitar el riesgo, poco resultado tendrán los mejores equipos médicos. Hay gente que tiene varias mansiones  en Carrasco,  Punta del Este o Miami, otros viven hacinados  en un rancho de lata de 3 por 4, diez personas, sin agua, sin baño, sin luz y sin saneamiento.

Tenemos que trabajar en conjunto, el gobierno, los usuarios de salud, los trabajadores, porque la crisis de este modelo de lucro fomenta la competencia y nos va superando.

Hay que reconstruir el tejido social, tenemos que cuidar nuestros niños, garantizar sus derechos, cuidar a los que cuidan. Hay que fomentar la solidaridad, el compromiso, la participación social. Sin ella no hay Atención Primaria de Salud.

Queremos pasar de un modelo curativo a un modelo preventivo. El 85 al 90% de los problemas  de salud se resuelven en el 1º nivel de atención ¿Por qué no se invierte en fortalecer la equidad, que todos tengan las mismas oportunidades al nacer?

asentamiento-la-farola-003Si trabajamos más en los factores de riesgo vamos a disminuir el número de enfermos. El negocio de las empresas de salud es hospitalizar, trabajar con tecnología de punta, pasarlo al CTI, utilizar drogas caras. Después del Hospital que es un segundo nivel, hay un 3º y 4º nivel más caro todavía. En el Centro de Salud del Cerro no tenemos un solo oftalmólogo, nadie quiere venir. Quieren ganar plata al igual que los anestésicos quirúrgicos que un momento renunciaron en masa a ASSE dejando sin operaciones a los sectores más vulnerables.  El tema siempre es el mismo el lucro versus la solidaridad. Ganan mucho y quieren más. Tienen 100 hectáreas y se van al Paraguay a plantar soja porque quieren más plata aunque el glifosato envenene a toda la gente.

Por eso hoy, lograr pasar de un modelo curativo a un modelo preventivo es la prioridad para fortalecer esta reforma y que nos beneficie a todos con calidad de salud y con equidad. Hay que restablecer el equilibrio con el medio ambiente. Pero estos problemas no se solucionan solamente en el ámbito del Ministerio de Salud, es una acción integral que necesitamos de la coordinación de muchos actores que son responsables de que las cosa sucedan.

Trabajar en redes, priorizar la participación social, trabajar sobre programas y sentarnos todos los actores a realizar una planificación participativa. Por eso los Usuarios de Salud del Cerro promovimos la Asamblea que se realizó viernes 18 y sábado 19, porque en 12 años de trabajo aprendimos que a toda creación física precede una creación mental. Somos lo que hacemos día a día.

Publicado en Jubicerro.

¿DÓNDE SE DISCUTE LA REFORMA DE LA SALUD? por Pablo Anzalone

La falta de ámbitos para analizar la marcha de la reforma de la salud no es un hecho menor. Por varios motivos. En primer lugar porque como todo proceso complejo de transformación social está lejos de haber culminado con sus objetivos de fondo. En tal sentido requiere un análisis crítico de sus avances y dificultades para construir una agenda u hoja de ruta de las transformaciones. En segundo lugar  porque este tipo de procesos no funciona con lógicas de ordeno y mando sino que son  imprescindibles  análisis y planificación situacional donde se tengan en cuenta los diferentes actores. En tercer lugar porque  construir una alianza del cambio es una tarea de enorme importancia estratégica, que precisa de ámbitos democráticos. No sólo de ámbitos sino de propuestas que construyan la agenda del cambio en la salud.

Hay quienes afirman que el programa del FA se agotó, tras haber cumplido con los grandes pasos previstos y ahora se trata de elaborar un nuevo rumbo que defina las transformaciones del próximo período. En mi opinión los ocho ejes del programa de gobierno en salud aprobado por la ciudadanía no se han alcanzado plenamente en ningún caso. Sin embargo comparto sustantivamente la necesidad de crear una agenda renovada, donde los capítulos pendientes se unan a los nuevos desafíos.

Está claro que el actual escenario de enlentecimiento económico agrega problemas por varios lados a la reforma de la salud. El recorte de inversiones y gastos en salud y educación es una receta clásica ante situaciones de déficit fiscal y también un punto de confrontación política. Los actuales debates presupuestales son un ejemplo. Y al mismo tiempo los años de bonanza generaron una lógica de “ganar/ganar” que no agudizó las contradicciones con algunos sectores del sistema de salud  conectados a los mecanismos de lucro. En el mismo sentido hay que valorar las dificultades para impulsar cambios sustantivos en un modelo de atención caracterizado por un crecimiento de costos  permanente sin mejoras acordes en la calidad. Actuar sobre las “gorduras” del sistema requiere asumir el costo político del conflicto con los grupos de poder que usufructúan del lucro en la salud. Frente al reclamo de incremento de las cápitas por parte de las direcciones mutuales, son importantes las afirmaciones del MSP  en el Parlamento  cuando el Ministro sostiene que no todos los gastos pueden validarse y en particular aquellos que ni siquiera refieren a la atención a la salud. La publicación en la página web del MSP de las tablas de sueldos del sector salud donde figuran salarios exorbitantes que superan los dos millones de pesos mensuales en algunos cargos gerenciales, puede ser un indicador de disposición gubernamental a encarar ese conflicto. Pero aun cuando no fuera así (porque la lógica del piloto automático es muy fuerte) los estudios de economía de la salud que muestran la apropiación de los recursos en el sector apuntan a un aspecto clave del futuro de la reforma: la distribución de esos recursos.

En el sector público están en riesgo la equiparación del gasto por usuario con el sector privado (hoy el primero equivale a 85% del segundo), el “fonaseamiento” de todos los usuarios ASSE, inversiones importantes y la articulación estratégica en la Red Pública (RIEPS). También es imprescindible el análisis sobre la eficiencia del gasto y el cumplimiento de las metas.

    La oposición de derecha, tan proclive a los recortes en políticas sociales cuando están en el gobierno, hace demagogia defendiendo la compra de más medicación de alto costo, a sabiendas que ningún sistema de salud puede sostener esa carrera tecnológica que alimenta el lucro de las grandes multinacionales del medicamento. Pretenden alarmar con el “déficit” del Fonasa, cuando el diseño mismo del seguro incluía la financiación por Rentas Generales, o se solidarizan con el déficit operativo de algunas mutualistas, cuando toda la vida dejaron caer sectores económicos enteros por falta de competitividad.

Hay un componente cultural en las transformaciones de la salud. Si la población entiende que calidad en atención es recibir mucha medicación y tecnología será más difícil que el sistema de salud cambie su modelo en este plano. Y viceversa, si el sistema no promueve ese cambio no habrá una cultura de salud diferente.

Ninguno de los principales problemas de salud puede encararse solo desde el sector salud, y tampoco sin su participación. Sin una alianza fuerte de la salud, la educación y la comunidad no es posible desarrollar la Atención Primaria en Salud.

¿Estamos en un campo donde la política juega un rol trascendente?  Si por política entendemos las prácticas colectivas sobre problemas generales de nuestra sociedad, creo que sí. El MSP tiene una responsabilidad de rectoría irrenunciable. Pero la participación social puede ser un protagonista y un acicate. Superar la mera atención a demanda para crear una actitud proactiva del sector salud implica tres elementos fundamentales: diagnóstico de problemas de salud prioritarios, definición de objetivos sanitarios sobre esos problemas y planes de salud con las líneas de acción para alcanzar dichos objetivos. Los tres pasos requieren una sólida tarea técnica pero también dimensiones y voluntad política.

 Ámbitos democráticos donde se pueda discutir la reforma de la salud son el oxígeno necesario para estos procesos.

Artículo publicado en La Diaria  13 setiembre 2016

A ELLA LE GUSTA por Adriana Cabrera Esteve

“Cada vez que el tipo llega a la casa, se oyen los golpes a través de las paredes. La oigo rebotar contra las cosas”, me cuenta mi compañera. “¡Denuncialo!”, le digo. “¿Y si se la agarra conmigo o con mis hijos?”, contesta. Reconozco la onda expansiva del miedo, la misma que se extiende en el espacio y en el tiempo y sostiene a las dictaduras primero y a la impunidad después. Un poder que se ejerce contra unos, pero les llega a todos. Por eso, no me sorprende cuando oigo a Boaventura de Sousa Santos hablar del fascismo que viven algunas mujeres al volver a sus casas. Pueden ejercer sus derechos civiles, pueden votar, dice, pero viven bajo el poder patriarcal en sus hogares. No se pueden comparar los dramas, pero las cifras también traen a nuestra mente analogías.

Se cuentan por centenas las muertes en una década. Es un hecho que las mujeres están subrepresentadas en la política uruguaya, algo que interpela nuestro sistema democrático. Pero también la violencia de género debe interpelarlo.

Pensar la calidad de la democracia analizando los datos de violencia de género y generaciones es obligatorio para quienes pensamos que la justicia social no es sólo una cuestión entre los que venden su fuerza de trabajo y los que detentan los medios de producción. Eliminar las desigualdades no supone sólo eliminar las económicas, sino también no considerar como subalterna o de segunda a la mitad femenina de la población y a todo el que no sea blanco ni adulto heterosexual.

La democracia no es un estado, es un proceso. De los actores políticos y sociales depende hacia dónde transitamos. Fue gracias a las organizaciones feministas que en la última década se cuantificaron los feminicidios y el problema comenzó a tener dimensión pública. Hasta entonces, la violencia intrafamiliar estaba naturalizada y el imaginario colectivo estaba plagado de frases como “a ella le gusta”, “algo habrá hecho”, “arrimale la ropa al cuerpo que se le terminan las pavadas”, “que se joda por infeliz”. El problema, siempre de “otras”, pertenecía al ámbito de lo privado. Les sucedía a las infelices, a las ignorantes, a las sumisas y, por tanto, a las despreciables. Las víctimas quedaban así bajo sospecha, revictimizadas, no generaban solidaridades ni políticas de gobierno destinadas a respetar sus derechos humanos.

Fue necesario estudiar los datos para visualizar que la violencia atravesaba a toda la sociedad y que el lugar más inseguro para muchas y muchos era el propio hogar. Sí, muchos, porque nuestra sociedad no sólo es androcéntrica, sino también adultocéntrica. Sobre los niños, las niñas y los adultos mayores suelen también reproducirse prácticas de violencia doméstica naturalizadas en nuestra cultura, entre otras cosas porque suelen ser colectivos sin voz, con nulas o escasas posibilidades de convertirse en grupos de poder. Recordemos aquello de que la letra con sangre entra.

La violencia doméstica tiene características propias, se produce la mayoría de las veces en el ámbito familiar o en el marco de una relación de pareja. En la víctima suele predominar un deseo de transformar al victimario, no de alejarse, mediado por sentimientos de vergüenza, culpa, apego o amor, acompañado por un creciente aislamiento o la destrucción de otros vínculos. Se produce como resultado de un mandato cultural que impone la idea de que la mujer es propiedad del hombre y establece roles a cumplir, una idea de lo femenino y lo masculino basada en las inequidades con fuertes raíces en nuestra cultura. De esto surge que la obligación de denunciar no debe recaer en la víctima solamente. Compete al Estado acompañar las luchas de las organizaciones sociales y reconocer en la violencia doméstica un grave problema de seguridad ciudadana, garantizar los derechos de las víctimas y educar a la población en vínculos no violentos. Ni físicos, ni psicológicos, ni sexuales, ni patrimoniales.

En Uruguay, los esfuerzos realizados para concretar una estrategia contra la violencia basada en género y generaciones, unida a la mayor visibilización del problema que han logrado organizaciones como la Coordinadora de Feminismos, que al grito de “Ni una menos” toman las calles a cada nuevo crimen, han tenido como resultado una mejor caracterización del problema, el aumento del número de denuncias, una mayor formación de funcionarios públicos y privados, una mayor capacidad de respuesta, una creciente alerta ante casos de violencia y un Plan de Acción del Gobierno. Sin embargo, estamos lejos de generar una contracultura capaz de revertir el número de víctimas.

El informe 2015 del Ministerio del Interior registra un aumento sostenido de las denuncias por violencia doméstica. Mientras que en 2005 se registraron 5.612 denuncias, en 2015 se llegó a 31.184. Un promedio de 85 denuncias por día. Si se suman los asesinatos de mujeres a las tentativas de homicidio, resulta que el año pasado cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer mediante violencia doméstica. La mitad de los homicidios de mujeres se da en el ámbito doméstico. Sin morbo, que 35% de las muertes se dieran por golpes con pies y manos o estrangulación denota la brutalidad de la situación. En los últimos tres años, según la misma fuente, suman 61 las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja (22 en 2013, 13 en 2014 y 26 en 2015).

Hay una disputa hacia más o menos democracia. Coexisten autoritarismos normativos, sociales y culturales, como el racismo y el patriarcado. En ese marco, la eliminación de la violencia doméstica es ir contra la cultura hegemónica. Tratar de detener un flagelo que promedia las dos muertes mensuales supone una agenda común de organizaciones sociales, partidos políticos y el gobierno.

 Publicado en “Dínamo”, La Diaria, el 12 de setiembre de 2016

¿Cómo generar nuevas oportunidades educativas y laborales para nuestros jóvenes? Por Pablo Anzalone

La propuesta del Gral Manini pone sobre la mesa un problema del país que debe ser preocupación colectiva. El Ejercito no es una institución educativa, ni de capacitación laboral, no es esa su función,no tiene condiciones para asumir ese tipo de tareas y no tiene sentido pensar  que pueda hacerlo.La discusión sobre la doctrina de la Defensa Nacional y el rol de las FFAA en ella, va por otros rumbos.

La vieja idea de que los jóvenes precisan disciplina y rigor, “mano dura” para encauzarlos está tan llena de prejuicios que no resiste ningún análisis serio.

Más que pensar el problema como “ni-ni”, una calificación estigmatizante que pone la responsabilidad en los jóvenes, hay que reflexionar sobre la incapacidad del Estado y la sociedad de generar  las oportunidades educativas o  laborales necesarias para una buena parte de los jóvenes.

 

Cuando el MTSS refiere en su alocución del 1ero de Mayo al programa de empleo juvenil, queda claro que falta un impulso fuerte a esas políticas  para que tengan mayor  impacto. En un año de aplicación de la ley solo  583 jóvenes fueron contratados y 326 tuvieron una experiencia formativa. Esa escasísima respuesta a un programa con beneficios para las empresas debe ser analizada y procurarse formas de lograr mejores resultados. Otro programa  como Yo Estudio y Trabajo tuvo  21000 jóvenes inscriptos pero solo 600 están trabajando.

Según el Reporte Uruguay 2015  la tasa de desempleo en jóvenes de 14 a 24 años es casi el triple ( 19,4%) que la de 25 a 29 años (7,7%). En las mujeres jóvenes dicha tasa alcanza a 23,9% frente a 16% en varones.

La calidad del empleo también se resiente en los jóvenes. Mientras el promedio nacional de personas ocupadas sin cobertura de seguridad social es 24,8 % en 2014 esa cifra sube a 28 % entre jóvenes de 18 a 24 años y a 91% de 15 a 17 años. Es una diferencia muy notoria, aunque puedan percibirse mejoras en la formalización comparando con 2006: 45% de informalidad en ocupados de 18 a 24 años y 94 % de 15 a 17 años.Cabe señalar también que la tasa de empleo juvenil  aumentó de 34,9 % en 2006 a 39,1 % en 2014.

 

Por otro lado cuando se habla de trabajo no se toman en cuenta las tareas no remuneradas de cuidados en el hogar. Entre los jóvenes que no estudian ni trabajan 64,7%  son mujeres y la mitad de ellas están realizando tareas domésticas no remuneradas .

La maternidad adolescente en contextos críticos es un factor determinante de que muchas jóvenes no puedan estudiar ni trabajar. La falta de proyectos de vida más amplios es una causa y también una consecuencia fuerte de las condiciones en que se desarrollan esas maternidades. Con una cobertura amplia de cuidados para los niños que nacen en estos hogares se podría incentivar una mayor participación de esas madres jóvenes en ciclos educativos o desempeños laborales. El Sistema Nacional de Cuidados podrá ser  una respuesta importante en este plano.

La ampliación de ofertas de capacitación que ha llevado adelante a UTU en estos años es un buen camino y el aumento de la matrícula constituye un indicador de la receptividad que  ha tenido. Experiencias como las de “Compromiso Educativo” han involucrado a “referentes pares” en el acompañamiento de situaciones de rezago, una metodología que podría reproducirse.Un amplio sistema público de becas para todos los niveles educativos sería una herramienta valiosa.

Se trata de combatir los prejuicios estigmatizadores o represivos y promover políticas integrales frente a las fracturas sociales, económicas, culturales,territoriales, etarias. Todas estas dimensiones de las fracturas interaccionan. El sistema educativo es un protagonista de esas políticas, asumiendo la complejidad de la masificación en la enseñanza media, pensando junto con otros ese desafío.La comunidad, el entramado barrial, las redes culturales,deportivas, las familias, también pueden ser un actor importante de esas políticas, o no, según sean sus prácticas. Romper los estereotipos sexistas sobre el rol de mujeres y hombres y sus opciones de vida posibles,es parte de esa batalla cultural.

Priorizar la situación de la infancia y adolescencia, corregir los programas que no están dando los resultados esperados, potenciar los que sí aportan, apostar a las políticas universales,innovar con políticas sociales integradoras, son la mejor respuesta para asegurar la protección social necesaria y los derechos que hoy no se cumplen para nuestros niños y jóvenes.

 

 

 

 

¿QUÉ HAREMOS EN SALUD BUCAL EN ESTE PERÍODO? Por Pablo Anzalone

Uruguay tiene un déficit acumulado muy importante en términos de la salud bucal de la población. En una presentación  que hicimos en la Asociación Odontológica del Uruguay hace un tiempo señalabamos que durante décadas se construyó un modelo donde predomina el aspecto meramente curativo, con pago de bolsillo y atención privada casi exclusiva. Eso fue segmentando el acceso a la atención odontológica y privando a gran parte de la población de ese derecho.

Revertir esa deuda histórica requiere definir estrategias claras para la salud bucal dentro del Sistema Integrado de Salud. No concebimos la atención a la salud bucal como algo externo, lateral a la salud. El pago de bolsillo es de los mecanismos de financiación más regresivos que existen en salud y la atención privada exclusiva y predominante también.

Más de la mitad de los adolescentes (51%)  tiene  caries[1]. En la zona nordeste del país se constatan los valores más altos (61%), mientras en Montevideo están los índices menores (44%). La presencia de caries está relacionada directamente con el nivel socioeconómico. Los niños sin caries son 64% en los niveles socio económicos más altos mientras en el más bajo es de 45%.

En relación a problemas periodontales en adultos y adultos mayores  21% presentan enfermedad leve/severa y 9% enfermedad severa.

El 56% de adultos entre 35 a 44 años y de 65 a 74 años han perdido 10 o más dientes. Un 70% de los adultos necesitan algún tipo de prótesis y el 18% de los adultos mayores prótesis completa (FO, 2014).

El relevamiento nacional (2008) concluyó que 57% de personas en Montevideo y 53% en el interior presentan al menos un síntoma de trastornos temporo-mandibulares y bruxismo (TTM).

Estamos ante un problema de salud pública en el país.

Esta situación epidemiológica revela la necesidad de políticas claras.

Como en otras áreas de salud, un nuevo modelo de atención implica el fortalecimiento de las políticas de prevención y promoción, integralidad en la política y  universalidad de las prestaciones.

El enfoque universal no significa que no haya programas focalizados que puedan cumplir pasos importantes. Por ejemplo, la atención odontológica integral que se está desarrollando con los participantes de Uruguay Trabaja desde la IM y  ASSE en convenio con el MIDES. Son  mecanismos de inserción social que también incluyen otros programas sociales con una atención integral.

Conocí de cerca la atención odontológica integral para todos los usuarios con cobertura pública en las policlínicas de la IM. El nuevo local del policlínico del Cerro “Yano Rodríguez” con 13 sillones odontológicos (el mayor del país), el policlínico “Francisco Pucci” en Camino Carrasco, los 6 sillones odontológicos de la nueva policlínica Casavalle son solo ejemplos recientes de inversión pública para brindar una atención con mayor cobertura y calidad a la población que más lo necesita.

El programa de Salud Bucal de Presidencia  sumó recursos y priorizó el tema ante la población, con una labor destacable en el período 2005-2010. En el quinquenio siguiente, sin embargo, ese empuje se perdió en una confusa dependencia institucional del MSP con problemas de recursos y contrataciones y se está retomando actualmente.

El programa de gobierno ubica este tema dentro de los  problemas prioritarios de salud. Plantea  incorporar al SNIS la atención universal e integral a la salud bucal incluyendo la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación hasta lograr universalizar el acceso a toda la población ampliando las prestaciones que exige el SNIS.

El MSP ha presentado un conjunto de Objetivos Sanitarios Nacionales, una propuesta que va en un rumbo correcto y que aporta muchos elementos. Esperamos que esos OSN se transformen en planes de salud nacionales y locales para alcanzar las metas planteadas.

Sin embargo hasta el momento no se ha incluido a la salud bucal dentro de los Objetivos Sanitarios Nacionales y esa omisión debería ser corregida.

En el 2015 se llegó a un acuerdo entre el MSP, Facultad de Odontología y ASSE donde se plantea contribuir al acceso de toda la población a pasta y cepillo, priorizar embarazadas y niños, con  atención integral a las mismas, ampliar las prestaciones obligatorias del PIAS y corregir las metas. Hasta el momento no se ha avanzado en su implementación.

Una de las claves de una estrategia integral es fortalecer el trabajo en prevención y promoción en una articulación fuerte con el sistema educativo. El sistema de salud y el sistema educativo conforman una alianza básica para el desarrollo de estas políticas, que podría alcanzar tanto a los efectores públicos como privados de ambos sistemas.

En ese sentido durante más de tres años el MSP articuló la labor de técnicos de salud provenientes de ASSE, IM, Programa de Presidencia y varias mutualistas, en las escuelas, para desarrollar prevención y promoción en salud bucal. Ese trabajo en red podía cubrir la totalidad de las escuelas de Montevideo (en los hechos casi llegó a esa cobertura) y extenderse como experiencia en todos los departamentos. Todo un ejemplo de trabajo conjunto para otras áreas de la salud.

Sin embargo esta coordinación se discontinuó y no se ha retomado hasta el día de hoy, aunque están en curso gestiones para volver a implementarla.

No solamente el área pública de la salud debe asumir la cobertura de la prevención y promoción en las escuelas. Por el contrario los efectores privados deben participar activamente, más allá de los usuarios que tengan o no en la escuela que les corresponda. Es un trabajo mancomunado que no deposita sobre los maestros la responsabilidad pero que los incluye en procesos de educación y  promoción de salud.

Está muy clara la necesidad de fortalecer la rectoría del MSP en ésta y otras áreas. Necesitamos cambios en el  modelo de atención para avanzar en una estrategia de Atención Primaria en Salud renovada como respuesta integral para todos los niveles asistenciales.

Defendemos plenamente la idea del Seguro Nacional de Salud. Es un gran avance en políticas de salud, que necesita mejorar, ampliando su cobertura al conjunto de la población. No puede ser un seguro parcial, debe incluir las prestaciones en salud bucal. También es necesario contemplar en la financiación los determinantes sociales como riesgos para la salud.

Varios estudios demuestran el impacto de los determinantes sociales en salud bucal. Hay una enorme desigualdad social en el tema, alcanza ver las sonrisas de unas personas y de otras para ver como funciona.

Se ha creado el mito de que la salud bucal es muy cara y por lo tanto es un tema que no puede incorporarse dentro de las prestaciones obligatorias. Pero el Plan de prestaciones obligatorias PIAS incorpora muchísimas cosas que son más caras que la atención en salud bucal y que forman parte de derechos que se van construyendo. Lo que pesa en estos costos son los salarios o en el ámbito privado las ganancias, el costo variable es bajo y los costos fijos solo son caros si se paga la ineficiencia de la odontologia liberal.

CONSULTORIO DENTAL
Consultorio de la Policlínica Casavalle de la IM

Asse invierte en la atención odontológica de toda su población menos de cinco millones y medio de dolares al año. Sumando los cuatro millones que emplea en la atención a sus funcionarios (Asistencia Integral) no alcanza al 1% del gasto institucional. En las instituciones privadas la inversión es mínima. El programa de Presidencia llegó a utilizar cuatro millones de dolares al año y ahora está en uno aproximadamente.Si fueran necesarios  más estudios sobre el tema costos la UDELAR podría aportar investigaciones académicas, como lo ha hecho en otras áreas.

En cuanto a cantidad de consultas en el sector público ASSE realiza 340.000 consultas anuales en una población de 1:200.000 usuarios. La Intendencia de Montevideo efectuó 68.786 consultas odontológicas (2015), 315 actividades educativas en 40 escuelas, policlínicas, Caif y otros ámbitos comunitarios.

Por último creemos que la participación social es una de las claves para construir políticas públicas. No se pueden definir en un escritorio, tienen que cotejarse, discutirse con la comunidad y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. El poder político electo tiene que asumir las que le corresponda pero una política que abarque a muchos actores tiene  más impacto, más profundidad en sus alcances y  riqueza en su contenido.

El rol de los usuarios importa para cambiar la salud bucal, desde el reclamo de respuestas adecuadas a las necesidades hasta la difusión de hábitos de cepillado e higiene bucal. Hay una larga historia en ese plano. El Policlínico del Cerro hoy llamado “Yano Rodríguez”  fue construido hace más de 20 años con la participación activa de cientos de vecinos. La historia no es solo parte del pasado, sino memoria viva, patrimonio simbólico que tienen procesos de ese tipo.

En suma la salud bucal no está en el SNIS al día de hoy.

Su incorporación gradual, en etapas programadas, ampliando las prestaciones obligatorias del PIAS, incorporándola en los contratos de gestión, integrándola a los Objetivos Sanitarios Nacionales, implementando Planes de Acción, utilizando las metas asistenciales, es un camino a recorrer. Requiere voluntad política.

 


 

[1]Facultad de Odontología. Informe “Situación de la salud bucal de los uruguayos”. UDELAR. Uruguay. Noviembre 2014

*Publicado el 14/04/2016 en El Telescopio.

¿Una masculinidad riesgosa para la salud?

Escribe Pablo Anzalone

La concepción predominante sobre la masculinidad genera riesgos y aún perjuicios graves para la salud de los varones. Uruguay presenta cifras significativas y es un tema donde la mirada de género puede ayudar a desentrañar causas y consecuencias.
Son muy notorias las diferencias en la atención a la salud según género. Mientras en la infancia niños y niñas consultan al equipo de salud en forma similar, al entrar a la adolescencia y juventud los varones desaparecen de las consultas médicas. Salvo en las puertas de urgencia por accidentes o intentos de suicidio. Recién comienzan a consultar nuevamente después de los 40 cuando ya presentan síntomas de enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer. Sin duda un factor determinante en este fenómeno es el modelo asistencialista y curativo de la salud, que subestima los controles en las personas cuando están sanas, tanto varones como mujeres. Pero la diferencia de consultas entre géneros hace pensar que la idea de masculinidad asociada a la fuerza, la autosuficiencia, la subestimación de los riesgos, la responsabilidad laboral, operan en los varones para que no se preocupen por su salud. La idea-fuerza del autocuidado y la prevención, del cuidado en general, propio y de los demás, se asocia culturalmente a lo femenino. Distintas investigaciones señalan que las mujeres están mejor informadas sobre sus enfermedades que los hombres. Desde la educación sexista se induce a los varones a no jerarquizar su salud ni a buscar la ayuda de sus padres en ese plano. Como las definiciones de masculino y femenino son relacionales, en la actual distribución (estereotipada) de roles suele recargarse en las mujeres el cuidado de la salud de los varones.

En temas como la salud sexual y reproductiva los estereotipos de género centran las preocupaciones y las acciones en las mujeres, dejando de lado los problemas y las responsabilidades de los hombres. Es así que la prevención de enfermedades de transmisión sexual se hace mas compleja o ineficaz al no involucrar al varón (un ejemplo es la dificultad para abatir la sífilis connatal). El rol secundario y marginal asignado a la paternidad recarga a la madre pero también perjudica al niño y al padre, privándolos de un vínculo que será fundamental en la vida.

Más allá de la atención sanitaria, cabe analizar, desde una mirada de género, los problemas de salud, la carga de morbilidad y mortalidad que sufrimos. La diferencia en la esperanza de vida es muy clara, llegando en Uruguay a que las mujeres viven 7,1 años más que los hombres (2013). Pero esa cifra global esconde muchos fenómenos sociales, culturales, psicológicos, donde el género influye.

A nivel internacional hay investigaciones (Courtenay 2000) que demuestran que hay mayores probabilidades de asumir hábitos perjudiciales para la salud en hombres que poseen los modelos tradicionales de hombría que los que comparten ideas no tradicionales. También son mayores los riesgos de padecer depresión o fatiga nerviosa y presentan más problemas cardiovasculares ante situaciones de estrés. El intercambio con las familias sobre sus problemas cardíacos es menor. Las redes sociales necesarias para el apoyo a conductas saludables son más precarias o juegan roles negativos en ese plano.

El hecho más impactante (para mí), es la cantidad de suicidios. Uruguay tiene uno de los índices más altos de América llegando a 17,4 cada 100.000 habitantes en 2014. Pero los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, con una gran diferencia, 27,9 hombres cada cien mil habitantes mientras en las mujeres es 7,6. Se suicidan cuatro veces más hombres que mujeres. Se ha dicho con razón que cuando una persona resuelve quitarse la vida, no es que quiera morir sino que no soporta seguir viviendo de la forma en que lo hace. ¿Porqué un porcentaje tan alto de hombres no aguanta seguir viviendo así, al punto de quitarse la vida?
Hay otros fenómenos como los consumos de drogas donde esta problemática vuelve a aparecer.
Hace tiempo ya que las concepciones más avanzadas en materia de políticas de drogas señalan que las causas no hay que buscarlas en las sustancias sino en los vínculos lesionados que están detrás de la adicción. En el consumo problemático (separemos del consumo recreativo) son fenómenos de sufrimiento social los que están influyendo en las adicciones más importantes. Las adicciones son una respuesta (personal, grupal, societaria ) a esos fenómenos de desarticulación social, a las dificultades del entramado social, familiar, comunitario, para contener las contradicciones que la sociedad genera en las personas. Ese sufrimiento social se agravó en Uruguay durante la crisis del 2002 pero luego continuó a pesar del crecimiento económico y la disminución de la pobreza.

Si vemos las cifras de alcoholismo, de tabaquismo, de consumo de marihuana, constatamos que los varones abusan de estas sustancias en mucho mayor medida que las mujeres.En los usuarios problemáticos de alcohol 85% son hombres. El consumo habitual de marihuana es el doble en hombres que en mujeres ¿ Cómo se origina esa lesión de los vínculos y sufrimiento social en los varones?

Hay otras conductas de riesgo que asumen los varones y que responden a procesos complejos de fractura y sufrimiento social. Si miramos las cifras de delincuencia también los varones son ampliamente mayoritarios en relación a las mujeres. Tenemos un sistema punitivo que incrementa cada vez más la cantidad de personas encarceladas. En 2015 el 90,7% de las personas procesadas y penadas fueron hombres, entre 19 y 22 años. Si analizamos los homicidios vemos que tanto víctimas como victimarios son mayoritariamente hombres. Esta concepción de hombría suele estar vinculada con una mayor inclinación a la resolución violenta de problemas en las relaciones interpersonales. De allí los mayores riesgos de homicidio y los elevados indicadores de violencia doméstica.
También las cifras de muertes por accidentes de tránsito registran la influencia del estereotipo de masculinidad. Otra vez la imagen de masculinidad asocia con valentía, prácticas como conducir a velocidades y condiciones riesgosas.
Hay muchas concepciones (de izquierda y de derecha) que reducen los problemas a lo económico. América es el continente más desigual del planeta. La reducción de la pobreza y las desigualdades económicas son un elemento fundamental para crear una sociedad más justa. Pero sería un grave error subestimar otras desigualdades que cercenan derechos y afectan la calidad de vida de grandes sectores. O dejar de lado objetivos democratizadores de las relaciones humanas en la construcción de una sociedad diferente. Las definiciones culturales de “masculinidad” y “feminidad” son construcciones históricas dinámicas y no “hechos naturales”. No todos los hombres son iguales. En cada período histórico y en cada formación social existen distintas concepciones de masculinidad, pero hay algunas que son dominantes mientras otras son relegadas o incluso estigmatizadas. Robert Connell definía como “masculinidad hegemónica” la que es más valorada, elogiada, incorporada en las prácticas sociales en un determinado contexto. Esto implica distintos planos de la vida social, relaciones de poder, división sexual del trabajo, cargas emocionales vinculadas a lo masculino y femenino y contenidos simbólicos asociados al lenguaje, la forma de vestir, tipos de consumo. La salud es uno de esos planos. En el siglo XXI varios procesos de cambio afectan esos roles establecidos.
En Uruguay se ha estudiado el tema “masculinidades” desde distintos actores, tanto a nivel académico (Udelar FCS, FP) como institucional (Mides, IMM) y también social (Mysu, CEMG y otros). Los trabajos de Francois Graña son muy interesantes. Desde la Div.Salud colaboramos con la Secretaría de la Mujer para problematizar el tema en las practicas sanitarias y sociales.
La salud necesita una mirada de género.
Cabe preguntarse si esta concepción de la masculinidad (un producto histórico relativamente reciente) no está generando a los varones tantas tensiones, tantos roles a asumir, tantos fracasos ante las exigencias impuestas por ese esterotipo cultural, que terminamos con más problemas cardiovasculares, consumiendo muchas más drogas, asumiendo más conductas de riesgo para nuestra salud. Los varones morimos antes por enfermedades y en una proporción nada menor, resolvemos quitarnos la vida. Matamos y nos suicidamos más. Tal vez sea hora de cuestionarnos si una concepción que pone a los hombres en un rol dominante, que subordina y posterga a las mujeres, que estigmatiza las orientaciones no heterosexuales, también afecta en forma significativa la salud y la vida de los varones.

Publicado en el Portal Telescopio

Políticas públicas y COMUNICACIÓN EN ALIMENTACION

Escribe Pablo Anzalone

Hay una mayor sensibilidad en la población respecto a los temas de la alimentación. Sin embargo nuestro país no tiene aún una política pública de alimentación que incluya un capítulo importante referido a la comunicación.

El VI Congreso Iberoamericano de Alimentación realizado entre los días 8 al 11 de setiembre es un hito en el tratamiento de los temas alimentarios y nutricionales. La cantidad y calidad de los temas abordados, las ponencias realizadas desde el ámbito nacional (que revelan investigaciones serias) y los conferencistas internacionales, entre ellos figuras como Carlos Monteiro, Enrique Jacoby, Fabio Gomes, Jean-Claude Moubarac hablan de la importancia del evento. La concurrencia fue masiva y muy interesada.
Participé como disertante en dos Mesas del Congreso, una sobre experiencias en la reducción del sodio y azúcares (https://prezi.com/ofzphixxrszy/) y otra sobre el etiquetado de alimentos transgénicos (https://prezi.com/u8yhbjnqxemf/).

El libro de OPS sobre Alimentos Ultraprocesados en América Latina es una referencia imprescindible. (http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

Sin embargo la difusión en la prensa del Congreso o de las ideas allí planteadas, fue muy escasa en mi opinión. ¡Tenían especialistas de primer nivel en el mundo a disposición!
Hace tiempo tengo la preocupación de discutir el rol y las características de la comunicación en alimentación. Unos meses atrás hicimos un taller abierto sobre este punto.

La comunicación en alimentos presenta dos áreas temáticas:
a) comunicación respecto a la situación nutricional y los hábitos, informando y educando hacia conductas que resulten saludables para la población. b) Comunicación sobre enfermedades transmitidas por alimentos.

Quizá haya que comenzar preguntándose lo más elemental: ¿Conocemos cuál es la situación nutricional de los uruguayos?
Malnutrición por déficit y por exceso. Alto consumo de productos ultraprocesados con altos niveles de sal, azúcaresy grasas. Escasa ingesta de frutas y hortalizas. Pérdida del hábito de cocinar.
Está demostrado que el consumo excesivo de sal es responsable de graves problemas de salud relacionados con las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal, el cáncer de estómago y la osteoporosis.
Sin embargo la percepción del riesgo es todavía muy baja en la población.
¿Sabemos que la Fundación Española del Corazón (FEC) señala que reduciendo a la mitad el consumo de sal diario generaríamos beneficios en nuestra salud comparables a los resultados de dejar de fumar?
O que el Núcleo Interdisciplinario de la Udelar está realizando una investigación para reducir al 50% el contenido de sodio en algunos alimentos en 8 pasos que resultan imperceptibles para el paladar del consumidor.
Tengamos en cuenta que en la reducción del sodio se ha trabajado, hay varias medidas que pusieron el tema sobre la mesa. En cambio en el consumo excesivo de azúcares y grasas casi no se ha avanzado. EEUU acaba de prohibir totalmente las grasas trans. Sin embargo en nuestro país no tenemos todavía una norma que siquiera restrinja su venta.
¿Qué impacto tiene esta alimentación sobre la salud y la calidad de vida? ¿Cómo evaluar ese impacto en la niñez, en la adolescencia, en el adulto y en el adulto mayor? ¿Qué sabemos y que comunicamos sobre qué comen nuestros niños, cómo comen, donde comen, con quién comen? No son temas menores. La alimentación en la niñez merece particular atención por su impacto en el desarrollo en esa edad y por la creación de hábitos para toda la vida.
Falta información pero no es solo un problema de información. ¿Cómo se gestan los hábitos? ¿Cómo se modifican? ¿Cuáles son los factores subjetivos que influyen, cuánto la publicidad y el marqueting?
Es un problema de educación, pero los maestros y profesores son docentes, no magos. Si la industria y el comercio no colaboran fuertemente, si las familias no se comprometen, si el parlamento no crea leyes al respecto y el gobierno nacional o los gobiernos departamentales no promueven políticas claras, es difícil cambiar los hábitos. También la investigación académica juega un gran papel y la Udelar está asumiendo eso.
Y un rol particularmente importante lo tienen los periodistas y los medios de comunicación.
Debemos preguntarnos ¿qué tipo de consumidores queremos promover? ¿Cómo estimulamos el autocuidado y el cuidado mutuo de nuestra salud?
Las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, los problemas cardiovasculares, la diabetes son la principal causa de muerte en nuestro país. Y tenemos cifras muy superiores al resto de América Latina. En 2014 murieron por cáncer 220 uruguayos cada cien mil mientras en el Cono Sur fueron 140. Por enfermedades cerebrovasculares murieron 84 uruguayos cada cien mil pero en la región fueron 48. Las enfermedades del corazón generaron 75 muertes cada cien mil en Uruguay mientras en el Cono Sur eran 49, en el año pasado.
Y están además los impactos del tipo de alimentación predominante sobre nuestra cultura y el medio ambiente. La producción agroecológica, cuidadosa del medio ambiente, la agricultura familiar, merecen un apoyo mayor.
También la inocuidad es un tema relevante ¿Sabemos qué debe hacerse frente a casos de detección de contaminación biológica o química de alimentos? ¿En qué casos debe comunicarse a la población? ¿Son iguales los riesgos en los distintos casos? ¿Cómo comunicar, qué comunicar, quién comunica?
Por ejemplo, cuando se constata falta de higiene o de habilitación bromatológica en los locales, venta de alimentos vencidos, residuos de plaguicidas o de bacterias como la Listeria o los coliformes. La comunicación sobre contaminación biológica o química de los alimentos debe tener en cuenta el nivel y tipo de riesgo de cada caso. Sin alarmismo pero con transparencia. Las buenas prácticas en la manipulación de los alimentos es una de las claves para obtener alimentos seguros.
Preguntarnos sobre todos estos temas es un paso necesario.
.

La construcción de más igualdad

Escribe Pablo Anzalone
Discutir las prioridades de la agenda social de este período como hicimos el jueves 24 en La Huella de Seregni en la segunda mesa de un Ciclo de Debates, es algo muy necesario en la coyuntura actual. No es un tema o un problema sólo de la izquierda. Un debate así debe tener carácter nacional, incluir a todos los partidos, a las organizaciones sociales, la academia, los medios de comunicación.
Sin embargo para la izquierda esa discusión es identitaria. Por eso las intervenciones de Lilian Celiberti, Roberto Elissalde y Pablo Martinis aportaron muchos elementos a una reflexión imprescindible.
Más aún en una coyuntura tan compleja como la generada por los episodios de violencia y represión desencadenados en la desocupación del CODICEN, que sumados al decreto de esencialidad, están creando un punto de quiebre entre el gobierno frenteamplista y fuerzas sociales significativas. Y comprometiendo posibilidades para la educación.
El contexto internacional y sus intérpretes señalan que el ritmo de crecimiento de la economía será menor. Es previsible que haya mayor pugna distributiva que en los años anteriores. Uruguay pudo sobrellevar la crisis que existe desde 2008 en los países capitalistas más poderosos porque continuó con una redistribución que agrandó el mercado interno. Hoy las recetas neoliberales de austeridad y recorte del gasto social son hegemónicas en una Europa derechizada y se imponen a gobiernos de izquierda como en Grecia. Ese poder del capitalismo neoliberal presiona en América Latina y varios gobiernos de izquierda tienen la disyuntiva de asumir el programa de ajuste y son confrontados por protestas masivas.
. Por eso importa ver con claridad el rumbo y las metas de transformación social de este período. Porque no será fácil alcanzarlas, pero si gana el discurso de la resignación y el achique, ni siquiera podremos mantener los logros de la década pasada. Sin mayores formas de redistribución será difícil atender a las desigualdades más flagrantes que todavía existen.
Un documento reciente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay llamado “Análisis Común de País” aporta mucha información sobre los avances y los pendientes que tenemos como sociedad. Vale la pena analizarlo, porque la situación actual no es homogénea. Y en esas contradicciones es donde juega la política.
Uruguay llegó a liderar el grupo de países de “Alto Desarrollo Humano” según Naciones Unidas (cerca de los países con “Muy Alto Desarrollo Humano”). El informe de Naciones Unidas reafirma que la pobreza medida por ingresos tuvo un descenso extraordinario en esta década. Pasamos de 39,9% de la población en condición de pobreza en 2004 a 9,7% en 2014. Según la línea de pobreza de CEPAL (menor que la del INE) la pobreza en áreas urbanas bajó de 20,9% en 2004 a 5,7 % en 2013.
Pesaron mejoras sustantivas en el empleo, descenso de la tasa de desempleo a niveles inéditos (6%) y un incremento en la formalización. También la reinstalación de los Consejos de Salarios, el gran incremento del Salario Mínimo Nacional, el aumento del salario real (47% en la década), el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad. La indigencia pasó de 4,7% en 2004 a 0,3% en 2014. Estas cifras de pobreza son las más bajas desde que existen mediciones al respecto y también son las menores de América Latina.

Sin embargo el último Censo (2011) muestra que 34% de la población tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha. Es decir que la mejora en los ingresos hasta el momento no resuelve por sí sola carencias críticas de la calidad de vida de la población. La fractura social y la segregación territorial continúan. Mientras Montevideo tiene un 26,8% de la población con NBI en Artigas la cifra sube a 54%. Dentro de la capital, en los barrios de la costa y el centro, este indicador es sustancialmente menor que en la periferia.
Como señala el informe de Naciones Unidas, Uruguay es el país con mayor asimetría de América Latina entre los hogares con niños y adolescentes y el resto de la población. Un tercio de los niños menores de 3 años está en condición de pobreza hoy. Niños y adolescentes son la cuarta parte de la población uruguaya pero son casi la mitad de las personas en situación de pobreza (49,6%). La pobreza en niños menores de 15 años es 14 veces más alta que en los mayores de 65 años, (con datos de la CEPAL 11,5% y 0,8% respectivamente). La concentración de la pobreza en la infancia se traduce en peores indicadores en desarrollo, educación y salud. Aunque algunos indicadores como la mortalidad infantil (7,78 en 2014) son muy buenos, de los primeros en la región, otros como la desnutrición crónica, el sobrepeso y obesidad, la anemia, la sífilis connatal, son críticos.
La pobreza infantil constituye el principal problema social del Uruguay. Tiene vínculos transversales fuertes con la problemática de la educación, la salud, la alimentación, el hacinamiento, los espacios públicos, la violencia doméstica, la convivencia y más en general, el desarrollo. Debería ser la primera prioridad de la agenda social.

Pablo Martinis cierra la mesa sobre las prioridades de la agenda social

Respuesta de Pablo Martinis cerrando la mesa sobre prioridades de la agenda social del ciclo de debates, La crisis del capitalismo, una mirada de izquierda. Compartío la mesa con Lilián Celiberti y Roberto Elissalde el 24 de setiembre de 2015 en La Huella de Seregni. El evento está siendo organizado por el Colectivo El Taller, el Movimiento Alternativa Socialista, Izquierda Programática (Casa Grande) e independientes.

Roberto Elissalde responde durante el debate sobre las prioridades de la agenda social

Momento de preguntas durante la mesa redonda dedicada a la agenda social del ciclo de debates La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda. Compartió la mesa con Pablo Martinis y Lilián Celiberti. El 24 de setiembre de 2015 en La Huella de Seregni. La actividad estuvo organizada por el Colectivo El Taller, el Movimiento Alterntiva Socialista, Izquierda Programática, (integrante de Casa Grande) e independientes. Moderó el periodista Luis Rómboli.

Pablo Martinis habla sobre educación durante la segunda mesa del ciclo de debates

El 24 de setiembre de 2015 se realizó la segunda mesa del ciclo de debates La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda, destinada a la agenda social. Participaron también Lilian Celiberti y Roberto Elissalde. Moderó el periodista Luis Rómboli.

Galería

Marcha por la diversidad 2015

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Reportaje gráfico.

Año a año, la Marcha por la diversidad recoge adeptos. Más que una marcha resulta una fiesta. Un cambio cultural se está gestando en nuestra sociedad.