“COSA DE MUJERES” por Adriana Cabrera Esteve

“Cosas de mujeres” es un proyecto fotográfico consistente en una intervención urbana de 43 gigantografías, impresas en vinilo autoadhesivo, que fueron colocadas en el entorno del Mausoleo de Artigas entre el 6 y el 30 de noviembre. Se realizó en el marco del mes dedicado a la lucha contra la violencia de género en el entendido de que la desigualdad es su principal generadora. Cada una de las fotografías fue acompañada por un texto colocado al costado de la misma en el que la fotografiada manifiesta cuáles son las primeras medidas que tomaría si accediera al gobierno. En la selección, fueron excluidas aquellas mujeres que por ser militantes políticas, efectivamente pudieran ser candidatas a cualquier cargo de gobierno en las próximas elecciones de tal manera de que la muestra tuviera un carácter cultural y no político partidario. El segundo criterio de selección con el que nos manejamos las fotógrafas que integramos el Colectivo En Blanca y Negra  fue abarcar las diferentes edades, etnias, orientación sexual, profesiones u oficios y nivel económico de la población femenina uruguaya. Descontando estos dos criterios, cada una tuvo la libertad de elegir a quién fotografiar.

Para su ejecución, el proyecto contó con el apoyo de Cotidiano Mujer, el Municipio B, el Centro de Fotografía de Montevideo, la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, la Bicameral Femenina, la Red de Equidad y Género del Municipio B y el Taller Aquelarre. También fue declarado de interés departamental por la Junta Departamental de Montevideo.

Nos proponíamos naturalizar la idea de que una mujer es presidenciable, lograr que más mujeres se postulen a los más altos escaños de la actividad política, fomentar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de conducción de las mujeres y estimular el ejercicio integral de nuestra ciudadanía, visto que actualmente, en los hechos, somos electoras pero no elegibles.

Entendemos que en la actualidad, las mujeres ejercemos una ciudadanía parcial. Si bien no tenemos limitaciones legales para ser elegibles a los principales cargos del país, tenemos enormes limitaciones culturales. Algunas emanan de la división sexual del trabajo por el que las mujeres tendríamos “diferencias naturales” con los hombres y estas nos hacen más apropiadas para las tareas de cuidados y subalternas que para las tareas de gobernanza o liderazgos. Otra razón surge del llamado “techo de cristal”, aunque estadísticamente egresamos con mejores calificaciones de la universidad, sin embargo a la hora de promover a los altos cargos de las instituciones públicas y privadas, los que llegan primero son los hombres que al mismo tiempo luchan denodadamente por mantener esa situación de privilegio. También existe el prejuicio de que a las mujeres no les “interesa” y muchas, convencidas de que eso es así, lo dicen. Otro prejuicio es que muchas y muchos consideran que las mujeres deben acceder a cargos políticos por sus propios medios y capacidades. O sea, entienden que si las mujeres no accedemos a los primeros cargos es porque no lo merecemos. Esta visión niega la necesidad de políticas proactivas dentro de los partidos políticos, desde el Estado y desde la cultura.

Estas razones motivaron que para el 2014 se aprobara una ley de cuotas que garantizaba el 30% de los lugares a las mujeres. Norma que, recientemente, se extendiera sin fecha límite. Así y todo muchas de las elegidas tuvieron que ceder sus lugares a los hombres que las seguían en las listas por acuerdos previos. Sin embargo, esta ley permitió que el 20% de las bancas estuviera ocupada por mujeres. Algo nuevo en las elecciones de 2014  fue que por primera vez hubo una precandidatura femenina a la presidencia. También en los últimos tiempos ha habido mujeres que se postularon para ser secretarias generales en sus propios partidos. Sin embargo, en una población que se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres, una participación política de un 20% sigue siendo insuficiente. Un debe de nuestra democracia es que el 50% de los cargos estén ocupados por mujeres y que estas accedan a la presidencia de la república. Entonces seremos una verdadera democracia.

Publicado en El Diario Médico Nro.213, de noviembre 2018

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FEMINISMOS Y LUCHAS DEMOCRÁTICAS por Pablo Anzalone*

 

 

Las luchas por los derechos de las mujeres están hoy en el centro de la escena política. Por la gravedad de los hechos de violencia en su contra pero, sobre todo, porque dejaron de aceptarlos en silencio y levantaron su indignación. A raíz de esas movilizaciones de las mujeres, una parte mayor  de la sociedad comenzó a cuestionar-se ese status-quo de violencia y discriminación de género.

Este 8 de marzo la movilización nacional e internacional es un hito y puede llegar a ser el comienzo de una nueva etapa. El paro internacional de mujeres es una medida de movilización nueva que recoge una forma de lucha realizada por los trabajadores hace más de 130 años y la resignifica en múltiples formas de participación. Esta expresión de fuerzas recoloca la agenda feminista y en especial la violencia de género y el trabajo doméstico invisibilizado.

 Odios patriarcales y reaccionarios

Por otro lado, asistimos a furibundos  ataques de jerarquías evangélicas y católicas a lo que llaman la “ideología de género”. La vieja maquinaria de la reacción vuelve a apelar a los peores valores  para resistir  los planteos feministas. Las ofensivas de la derecha en América Latina y en el mundo están creando un escenario nuevo. El impeachment a Dilma Roussef  fue un ejemplo de virulencia de los valores reaccionarios, patriarcales y de odio hacia el progresismo y la izquierda . El reciente triunfo de Trump muestra la fuerza del discurso misógino, racista y xenófobo.

Los debates también llegan a los “progresismos”. Todavía se escuchan voces que critican a las organizaciones feministas, étnicas o de la diversidad sexual por priorizar las identidades particulares sobre las luchas generales de la sociedad. Evidencian así un desconocimiento de las corrientes predominantes en estos movimientos, pero también una visión muy limitada de la política.

Hay preguntas y debates pertinentes en este plano. ¿Cuáles han sido las formas de democratización de la política y la sociedad promovidas desde los movimientos feministas y de la diversidad sexual en este período en Uruguay? ¿En qué medida han logrado incidir en las políticas públicas, en la agenda de derechos, en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, en la calidad de la  democracia? ¿Cuáles son los factores que pueden abrir nuevas posibilidades democratizadoras de transformación social  y cuáles pueden generar debilidades y retrocesos en el próximo período?

Los movimientos feministas han recorrido caminos heterogéneos, diversos y contradictorios en una realidad compleja de América Latina (García y Valdivieso 2005). Tanto el movimiento feminista como el de la Diversidad Sexual tuvieron debates importantes sobre la estrategia a seguir. Algunos de ellos acompañaron polémicas internacionales y otros a las luchas de una formación social como la uruguaya.

Identidades y derechos democráticos

Uno de estos debates es la forma como las reivindicaciones de género u orientación sexual pasan a ser banderas democráticas generales. Esa tensión entre la reafirmación de las identidades (y por lo tanto de las diferencias) y los derechos democráticos, patrimonio de todos, acompañó muchos momentos de esta larga lucha. Para muchos movimientos feministas la movilización por los derechos de las mujeres no puede concebirse aislada de las luchas contra las exclusiones y desigualdades de todo tipo y contra las lógicas autoritarias de la sociedad y el Estado.

La estrategia identitaria afirma Diego Sempol (2013) llevó en otros países a “esencializar las identidades” y despolitizar las diferencias al considerarlas naturales y no efectos de un discurso de poder determinado.

La inclusión de los feminismos y las identidades LGTB en una agenda más amplia que incorpora luchas étnicas, culturales y sociales tuvo consecuencias en el plano de las reivindicaciones, del discurso vertebrador y de la organización. Esta forma de evitar el aislamiento y ampliar la base de movilización social  permitió articular las agendas, priorizar temas en conjunto e ir creando un bloque social que está dando una batalla por la hegemonía ideológica.

Si bien los avances no se limitan a normas legales, basta ver el informe acerca de la aplicación en Uruguay de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el período 2009-2016 para valorar la vitalidad de estas luchas:

  1. a) En 2008 se aprobó la ley 18.426 sobre derecho a la salud sexual y reproductiva que motivó el veto presidencial a la despenalización del aborto y recién fue reglamentada en 2010. La interrupción voluntaria del embarazo finalmente se aprobará por la ley 18.987 en 2012.
  2. b) En 2009 se aprobaron las leyes 18.620 sobre derecho a identidad de género, cambio de nombre y sexo en documentos, 18.561 de prevención del acoso sexual y 18.590 sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo.
  3. c) En 2010 la ley 18.651 sobre protección integral a la discapacidad y en 2011 la ley 18.868 que prohibe la exigencia de test negativo de embarazo para relaciones laborales.
  4. d) En 2013 se votaron las leyes 19.122 contra la discriminación hacia afrodescendientes y por acciones positivas, la 161 sobre licencia maternal, paternal y lactancia.
  5. e) la ley 19.075 autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo o “matrimonio igualitario”.
  6. f) la ley 19.353 de creación del Sistema Nacional de Cuidados.

Casi siempre fue una conjunción de fuerzas sociales y sectores políticos quienes impulsaron estas leyes. Son avances significativos aunque su implementación efectiva sigue enfrentando grandes resistencias. En varios casos constituyen, todavía, respuestas insuficientes a problemas graves.

El cuestionamiento a una inequitativa distribución del trabajo doméstico y los cuidados comienza a ponerse sobre la mesa. El paro de mujeres lo hace.

El reclamo de paridad apunta contra el déficit de representación política de las mujeres que sigue siendo muy alto en nuestro país. Al mismo tiempo la campaña contra la violencia de género crece,   creando la posibilidad de un punto de inflexión donde las concepciones patriarcales y violentas pierdan terreno y su hegemonía sea puesta en cuestión.

También los varones deben ser parte de estas luchas. No solo acompañantes solidarios sino participantes. La concepción patriarcal de masculinidad que pone a los hombres en un rol dominante, que subordina y posterga a las mujeres, que estigmatiza las orientaciones no heterosexuales, también afecta en forma muy negativa la salud y la vida de los varones. Las cifras de muertes por suicidios, accidentes, homicidios y enfermedades crónicas son mucho mayores entre ellos y la asociación con el género es significativa.

 Debates ideológicos

A pesar de los avances de la última década, en nuestras sociedades siguen existiendo graves desigualdades por razones de género, generaciones, orientación sexual, territorio, raza y clase. Son los principales problemas del país y de la región.

La desideologización de la política ha crecido en el capitalismo tardío. La cooptación de la política por el Estado ha tenido consecuencias importantes. Minimiza el rol de las fuerzas sociales, deja de lado los elementos ideológicos que sustentan cada acción institucional o social, otorga más fuerza a las tendencias inerciales del sistema político y social, al carácter amortiguador de la sociedad   presentado como realismo político.

Los procesos históricos del movimiento feminista han dado como resultado,   “un amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacético, y polifónico campo” que se extiende más allá de las organizaciones o grupos propios del movimiento”, señala Sonia Alvarez (1998).

Estos  movimientos han dado debates culturales que problematizan los significados establecidos por las relaciones de poder dominantes. También las banderas del ecologismo han sido tomadas por corrientes ecofeministas. Ambas corrientes proponen  una concepción del mundo menos jerarquizada, con profundos cambios en la cotidianeidad, sin el sentido de acumulación alienada de más objetos de consumo (Puleo 2011).

Por otro lado existen debates dentro del feminismo  sobre la convergencia entre el capitalismo neoliberal y algunas formas de feminismo liberal.  En relación con los cuatro cuestionamientos principales de la segunda ola feminista hay una “resignificación” dice Nancy Fraser. La crítica al economicismo que ocultaba otras formas de opresión derivó en un énfasis en la cultura y la identidad sin referencias anticapitalistas. El cuestionamiento al androcentrismo basado en una injusta división sexual del trabajo fue incorporado por el sistema capitalista y el trabajo remunerado de las mujeres contribuyó a una estructura de hogares con dos proveedores que no contradecía la flexibilización y abaratamiento de la mano de obra propios del neoliberalismo. Los argumentos feministas contra el estatismo fueron reinterpretados dentro de los cuestionamientos neoliberales contra el Estado y vinculados a la promoción de las ONG.  El internacionalismo propugnado por las feministas pudo ser asociado con las políticas de gobernanza planetaria de esta época del capitalismo.

Si miramos para América Latina estos procesos no fueron homogéneos y las corrientes liberales no hegemonizaron. Las movilizaciones de hoy lo demuestran.

Actores para el cambio

Es necesario un análisis crítico y autocrítico del accionar de tres actores en el siglo XXI: gobiernos, fuerzas políticas y movimientos sociales. El triunfo de la derecha en Argentina, Brasil y Venezuela es demasiado fuerte para minimizar los errores de la izquierda y los movimientos populares.

Si el modelo de “hacer política” piensa a la gente como espectadora, podrá ser crítica o conformista con relación al gobierno, pero no construirá relaciones de fuerza sólidas. Si esas batallas culturales  empiezan a perderse, vamos en camino hacia la derrota política.

 Las luchas contra las concepciones patriarcales, la violencia hacia niños y mujeres, la discriminación hacia orientaciones sexuales y etnias diferentes, la destrucción del medio ambiente, las políticas autoritarias sobre drogas y seguridad, son parte fundamental de las contradicciones actuales. Se articulan con la lucha de clases. Estas luchas se enlazan en una perspectiva de democratización  profunda de la sociedad y el Estado, que es un instrumento y un fin en sí mismo. Hace a la concepción de una sociedad diferente y a la vez es una respuesta a los problemas inmediatos de la población para ejercer sus derechos.

Esa participación es acción social y cultural sobre los problemas existentes, y un camino  donde los movimientos feministas son protagonistas.

-Alvarez, S. E.1998. Feminismos Latinoamericanos. Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 265, jan. 1998. ISSN 0104-026X. Disponíble en: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/12008>.  
García,C.T. Y Valdivieso,M., 2005, Una aproximación al Movimiento de Mujeres en América Latina. De los grupos de autoconsciencia a las redes nacionales y trasnacionales. OSAL 41.Año VI N° 18 set-dic 2005.
Sempol, D. 2013. De los baños a las calles. Historia del movimiento lésbico,gay, trans uruguayo 1984-2013. Random House Mondadori. Ed.Sudamericana. Uruguay
-Puleo, A. 2011. Ecofeminismo para otro mundo posible. Editorial Cátedra. Colección Feminismos. Madrid

*Artículo publicado en DINAMO N.º 11.  9 de marzo de 2017

Disponible en http://www.ladiaria.com.uy

A ELLA LE GUSTA por Adriana Cabrera Esteve

“Cada vez que el tipo llega a la casa, se oyen los golpes a través de las paredes. La oigo rebotar contra las cosas”, me cuenta mi compañera. “¡Denuncialo!”, le digo. “¿Y si se la agarra conmigo o con mis hijos?”, contesta. Reconozco la onda expansiva del miedo, la misma que se extiende en el espacio y en el tiempo y sostiene a las dictaduras primero y a la impunidad después. Un poder que se ejerce contra unos, pero les llega a todos. Por eso, no me sorprende cuando oigo a Boaventura de Sousa Santos hablar del fascismo que viven algunas mujeres al volver a sus casas. Pueden ejercer sus derechos civiles, pueden votar, dice, pero viven bajo el poder patriarcal en sus hogares. No se pueden comparar los dramas, pero las cifras también traen a nuestra mente analogías.

Se cuentan por centenas las muertes en una década. Es un hecho que las mujeres están subrepresentadas en la política uruguaya, algo que interpela nuestro sistema democrático. Pero también la violencia de género debe interpelarlo.

Pensar la calidad de la democracia analizando los datos de violencia de género y generaciones es obligatorio para quienes pensamos que la justicia social no es sólo una cuestión entre los que venden su fuerza de trabajo y los que detentan los medios de producción. Eliminar las desigualdades no supone sólo eliminar las económicas, sino también no considerar como subalterna o de segunda a la mitad femenina de la población y a todo el que no sea blanco ni adulto heterosexual.

La democracia no es un estado, es un proceso. De los actores políticos y sociales depende hacia dónde transitamos. Fue gracias a las organizaciones feministas que en la última década se cuantificaron los feminicidios y el problema comenzó a tener dimensión pública. Hasta entonces, la violencia intrafamiliar estaba naturalizada y el imaginario colectivo estaba plagado de frases como “a ella le gusta”, “algo habrá hecho”, “arrimale la ropa al cuerpo que se le terminan las pavadas”, “que se joda por infeliz”. El problema, siempre de “otras”, pertenecía al ámbito de lo privado. Les sucedía a las infelices, a las ignorantes, a las sumisas y, por tanto, a las despreciables. Las víctimas quedaban así bajo sospecha, revictimizadas, no generaban solidaridades ni políticas de gobierno destinadas a respetar sus derechos humanos.

Fue necesario estudiar los datos para visualizar que la violencia atravesaba a toda la sociedad y que el lugar más inseguro para muchas y muchos era el propio hogar. Sí, muchos, porque nuestra sociedad no sólo es androcéntrica, sino también adultocéntrica. Sobre los niños, las niñas y los adultos mayores suelen también reproducirse prácticas de violencia doméstica naturalizadas en nuestra cultura, entre otras cosas porque suelen ser colectivos sin voz, con nulas o escasas posibilidades de convertirse en grupos de poder. Recordemos aquello de que la letra con sangre entra.

La violencia doméstica tiene características propias, se produce la mayoría de las veces en el ámbito familiar o en el marco de una relación de pareja. En la víctima suele predominar un deseo de transformar al victimario, no de alejarse, mediado por sentimientos de vergüenza, culpa, apego o amor, acompañado por un creciente aislamiento o la destrucción de otros vínculos. Se produce como resultado de un mandato cultural que impone la idea de que la mujer es propiedad del hombre y establece roles a cumplir, una idea de lo femenino y lo masculino basada en las inequidades con fuertes raíces en nuestra cultura. De esto surge que la obligación de denunciar no debe recaer en la víctima solamente. Compete al Estado acompañar las luchas de las organizaciones sociales y reconocer en la violencia doméstica un grave problema de seguridad ciudadana, garantizar los derechos de las víctimas y educar a la población en vínculos no violentos. Ni físicos, ni psicológicos, ni sexuales, ni patrimoniales.

En Uruguay, los esfuerzos realizados para concretar una estrategia contra la violencia basada en género y generaciones, unida a la mayor visibilización del problema que han logrado organizaciones como la Coordinadora de Feminismos, que al grito de “Ni una menos” toman las calles a cada nuevo crimen, han tenido como resultado una mejor caracterización del problema, el aumento del número de denuncias, una mayor formación de funcionarios públicos y privados, una mayor capacidad de respuesta, una creciente alerta ante casos de violencia y un Plan de Acción del Gobierno. Sin embargo, estamos lejos de generar una contracultura capaz de revertir el número de víctimas.

El informe 2015 del Ministerio del Interior registra un aumento sostenido de las denuncias por violencia doméstica. Mientras que en 2005 se registraron 5.612 denuncias, en 2015 se llegó a 31.184. Un promedio de 85 denuncias por día. Si se suman los asesinatos de mujeres a las tentativas de homicidio, resulta que el año pasado cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer mediante violencia doméstica. La mitad de los homicidios de mujeres se da en el ámbito doméstico. Sin morbo, que 35% de las muertes se dieran por golpes con pies y manos o estrangulación denota la brutalidad de la situación. En los últimos tres años, según la misma fuente, suman 61 las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja (22 en 2013, 13 en 2014 y 26 en 2015).

Hay una disputa hacia más o menos democracia. Coexisten autoritarismos normativos, sociales y culturales, como el racismo y el patriarcado. En ese marco, la eliminación de la violencia doméstica es ir contra la cultura hegemónica. Tratar de detener un flagelo que promedia las dos muertes mensuales supone una agenda común de organizaciones sociales, partidos políticos y el gobierno.

 Publicado en “Dínamo”, La Diaria, el 12 de setiembre de 2016