LOS COALIGADOS Y LA SALUD por Miguel Fernández Galeano y Pablo Anzalone

Las propuestas sobre salud de los coaligados que han trascendido recientemente son un texto bien escrito que se basa, sin reconocerlo, en los grandes avances realizados por el Frente Amplio (FA) en este campo. El texto transita hábilmente por el camino de una “falsa aproximación” sin brindar garantías de avanzar sobre lo construido en materia de salud en los últimos 15 años.

Para empezar, se queda en el plano de enunciados generales, y cuando habla del gasto en salud no se detiene en el punto central en esta materia, que es la importancia del gasto público, tanto en lo que refiere a los fondos mancomunados en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como al incremento sustantivo del presupuesto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En ambos casos hay aportes de rentas generales que impactan sobre el espacio fiscal y sobre los cuales resulta decisiva la voluntad política de garantizar el derecho a una salud de calidad para toda la población.

El gasto público es central para definir la equidad, la calidad y la sostenibilidad de los sistemas de salud. Ese compromiso con el gasto público no aparece en el documento, y la referencia a gastar mejor no da garantía de mantener su jerarquización en el contexto de grandes recortes anunciados.

¿Es gastar mal el Hospital de Ojos, el Maciel, el de Tacuarembó, el Pereira, el Instituto Nacional del Cáncer (Inca), la emergencia del Pasteur, la red de centros de primer nivel de atención en todo el país, la incorporación de equipamientos de alto porte?

¿Es gastar mal un completo plan universal de beneficios con la incorporación de medicación de alto costo como existe en pocos países del mundo?

¿Es gastar mal tener las tasas de mortalidad infantil y materna más bajas de la historia y las menores en Latinoamérica?

Podríamos seguir con una larga lista de inversiones que cambiaron radicalmente la atención a la salud. ¿O acaso gastar bien es el célebre préstamo de Focoex gestionado en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, plagado de irregularidades e ineficiencias?

Levantan como iniciativas propias a políticas y dispositivos que se iniciaron hace años por los gobiernos del FA. Por ejemplo, las Rondas Rurales, que son un programa de ASSE desde 2010. Se puede hablar de una auténtica “cleptomanía programática” que no hace otra cosa que reconocer los aciertos y el alineamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) con las mejores prácticas internacionales de salud pública.

Ese compromiso con el gasto público no aparece en el documento, y la referencia a gastar mejor no da garantía de mantener su jerarquización en el contexto de grandes recortes anunciados.

La referencia al uso intensivo de las tecnologías de la información resulta sorprendente en momentos en que el país se apresta a la universalización de la Historia Clínica Electrónica Nacional en marzo de 2020 y existen múltiples emprendimientos, como telemedicina y teleclínicas, que permiten acercar la medicina de calidad a lo largo y lo ancho del país.

En resumen, hay en este texto concepciones preocupantes, omisiones muy significativas que abren grandes incertidumbres y propuestas que ya se están haciendo desde hace años, sin admitirlo claramente.

  1. Al contrario de lo que afirma el documento, entre los principios del SNIS no está la canasta mínima de prestaciones ni el subsidio a la demanda. El SNIS levanta un Plan Integral de Prestaciones y la atención de salud como un derecho en lugar de como una mercancía. Son concepciones contrapuestas. Mientras que una hace cuestión de la integralidad de las prestaciones obligatorias, en la idea de canasta mínima está el enorme riesgo de convertirla en un paquete básico, como ya se vio en otras experiencias. En esos procesos las prestaciones mínimas son garantizadas, pero todo el resto depende de los recursos económicos de cada persona, con una enorme desigualdad en el acceso y en los resultados sanitarios. La idea del subsidio a la demanda reduce la salud a un problema de oferta y demanda, tiene implícitas las relaciones de mercado y niega la condición fundamental del seguro de salud de brindar aseguramiento y cobertura mediante un fondo público común. Si se refiriera al necesario aporte del Estado a esa financiación, estarían dando la razón al FA y deberían autocriticar toda la alharaca realizada en relación al “déficit Fonasa”, que no es tal. Pero nada de esto se aclara.
  2. Existen omisiones graves, como la salud bucal, que ni siquiera es mencionada en el texto, cuando está claro que es un problema de salud pública, en el que el acceso está fuertemente condicionado por el poder adquisitivo de las personas. El FA se ha comprometido a avanzar en la inclusión de la atención integral de salud bucal en las prestaciones obligatorias del SNIS. Nada de eso implementaría la coalición opositora.
  3. No hace ninguna referencia a la implementación de la Ley 19.529, de reorganización de la atención a la salud mental en el país. Es un cambio sustantivo de la salud mental, cuya omisión es llamativa, a la luz de la repercusión social que tuvo la aprobación de una ley de ese porte.
  4. Tampoco hay ninguna referencia a la atención en el Hospital de Ojos ni a la continuidad de los programas de salud visual que permitieron atender a 700.000 personas y realizar más de 94.000 cirugías, asegurando un derecho postergado por las administraciones anteriores. ¿Se mantendrán, serán objeto de recortes o se eliminarán, lisa y llanamente, en caso de que los coaligados accedan al poder?
  5. No hay ninguna mención a la principal causa de enfermedad y muerte en el país, que son las enfermedades no transmisibles como cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, diabetes. Ni aparece, por lo tanto, qué va a pasar con las políticas hacia el tabaquismo, o el imprescindible impulso a un plan de alimentación, reducción del sedentarismo, entre otras.
  6. No hay referencia alguna a las perspectivas demográficas y epidemiológicas del país y sus consecuencias para las políticas de salud. Este texto no habla de la salud de la población, sino sólo de algunos aspectos del sistema y sus servicios de salud. No hay objetivos hacia los problemas de salud de la población. Falta una visión de largo plazo, así como la definición de prioridades sanitarias y planes específicos por medio de Objetivos Sanitarios Nacionales.
  7. No es mencionada en ningún momento la rehabilitación como un elemento a jerarquizar en el proceso salud-enfermedad. Tampoco se propone nada para prevenir la dependencia en adultos mayores, promoviendo su envejecimiento activo y saludable, elemento central para la calidad de vida y la sustentabilidad del sistema de salud.
  8. No hay referencias al precio de los tickets de medicamentos y tratamientos ni a la continuidad de la reducción progresiva que se ha estado implementando. Si recordamos el aumento drástico de tickets que financió el pago por acto médico durante el gobierno de Lacalle, no mencionar en absoluto este aspecto abre una incertidumbre para el acceso de las personas a medicación y tratamientos. No se habla de ninguno de esos aspectos.
  9. No se menciona la necesidad de aumentar la capacidad de resolver problemas a nivel de policlínicas y disminuir tiempos de espera y dificultades para acceder a especialistas, o hacer interconsultas en forma ágil utilizando nuevas herramientas tecnológicas, ni la imprescindible descentralización territorial de la red de servicios.
  10. Los usuarios son mencionados en un solo punto (su libertad de elección de la institución de salud), pero no hay referencias a cuestiones fundamentales de sus derechos, de su participación en la definición de prioridades, planes y objetivos, de su rol en la transparencia en las instituciones y el sistema.
  11. Está bien fortalecer el rol del Ministerio de Salud Pública (MSP) que el texto pone en primer lugar –ya lo viene haciendo el FA, y su profundización es una de las propuestas de Daniel Martínez–, pero se omite aquí toda referencia a instrumentos claves para ello, como los contratos de gestión, las metas asistenciales, los Objetivos Sanitarios Nacionales, los programas y guías clínicas, el fortalecimiento de los equipos técnicos del MSP.
  12. No hay políticas de personal para el SNIS con respecto a la cantidad y calidad de técnicos a formar, a la falta de licenciadas en Enfermería y otros perfiles técnicos, a la necesidad de adecuar los regímenes laborales a los requerimientos de trabajo en equipo, interdisciplina, formación continua, en un sector fuertemente feminizado. No hablan del multiempleo, ni de la salud de los trabajadores de la salud.
  13. Eliminar de ASSE las responsabilidades de atención que no están incluidas en el PIAS (Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, Centros de Atención de Consumos Problemáticos de Drogas, Servicio Nacional de Sangre, Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas, Hogar de Ancianos, entre otras) deja una enorme duda sobre si se quiere eliminar la responsabilidad del Estado de estas prestaciones o se propone formar otra institución que las sostenga o derivarlas a otra institución ya existente. Muchas prestaciones del Hospital de Ojos están incluidas en este conjunto, cuyo destino para los coaligados estaría sujeto a un estudio caso a caso sin que se expliciten criterios.
  14. No hay referencias a completar el Seguro Nacional de Salud integrando progresivamente al Fonasa a toda la población. Para los coaligados, los jóvenes de hasta 23 años no serán una población que se incluya en el Fonasa, como ha comprometido Martínez.

En definitiva, las omisiones son, ciertamente, demasiadas. El abordaje superficial de temas centrales da lugar para preguntarnos: ¿no preocupan estos temas? Si es así, se podrían causar retrocesos en lugar de nuevos avances en estos puntos, sobre los que existen necesidades sentidas. Sobre ellas el programa del FA y la candidatura de Martínez han establecido con claridad instrumentos de política pública para seguir avanzando.

¿O existen concepciones distintas, como surgen de los principios reivindicados al inicio del texto, que van hacia la salud como mercancía, y paquetes mínimos en los que los mecanismos de mercado sólo producirán más desigualdades?

En ese caso, no son omisiones, sino orientaciones contrarias al SNIS cuyos resultados sanitarios son todavía más peligrosos.

Miguel Fernández Galeano y Pablo Anzalone son integrantes del equipo asesor en temas de salud del candidato frenteamplista Daniel Martínez.

Publicado en La Diaria el 8 de noviembre de 2019 

HACIA EL 24 DE NOVIEMBRE: ¡A REDOBLAR! por Pablo Anzalone

Los  resultados de la jornada del 27 de octubre generaron un cambio importante en el escenario político. No hay mayorías parlamentarias definidas. Cualquiera que aspire a tenerlas deberá construirlas. Dentro y fuera del Parlamento.

La Presidencia de la República se dilucidará en un mes y es una confrontación disputada.

El Frente Amplio alcanzó un 40,7%  casi un millón de votantes. Fue la fuerza más votada del país por un margen importante, ganó en los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Soriano,  Rio Negro, Paysandú, Salto y Rocha.

Si el sistema electoral exigiera, como otros países, más del 40% y 10% por encima del siguiente, no tendríamos que esperar al 24 de noviembre y ya habría obtenido la presidencia.

Desde el año pasado quedó claro que ésta iba a ser una contienda difícil para el FA. Al desgaste de gobernar durante varios períodos se sumó una coyuntura económica internacional compleja, la crisis en los países vecinos y un impulso orquestado de ultraderecha en el continente. Problemas reales de empleo o inseguridad se han transformado en objetos de campañas que manipulan la disconformidad sin propuestas o con propuestas que agravan la situación. El resultado de la reforma de Larrañaga es una muestra clara. Que 46% de los votantes haya apoyado un paquete tan burdo, autoritario e ineficaz es una señal política que no puede dejarse de lado. Que 54% de la población se haya pronunciado en contra, con una gigantesca y joven movilización de rechazo, también. Hay batallas culturales que tienen que ver con lograr que la población se sienta escuchada, participe de los avances sociales, los reconozca como propios y empuje su profundización. Conquistar, defender y ampliar  los derechos.  De todo eso habrá que hablar después del 24 de noviembre. Ahora tenemos el escenario del balotaje como cruz de los caminos.

En las encuestas, el FA registró una línea ascendente casi constante a lo largo del último período. Más allá de las encuestas, que esta vez no se equivocaron tanto, hubo un cambio significativo de la situación política, un nuevo hecho relevante con múltiples efectos: la movilización frenteamplista.

El crecimiento de la movilización frenteamplista fue extraordinario en estas semanas. El acto final en Montevideo, los actos en el interior, las caravanas, mostraron  un cuerpo militante enorme con un entusiasmo contagiante. La propia jornada del 27 tuvo una presencia desbordante del Frente Amplio  con miles y miles de personas, autos, casas, carros, bicicletas, con banderas tricolores, que recorrían y se reconocían en la calle.

Ningún otro partido tuvo algo siquiera parecido. Ni los que se autoconsideraron triunfadores a pesar de tener solo el 30% de los votos, ni un alicaído Partido Colorado, ni la “gran novedad”, el partido militar ( no son novedad:  gobernaron 13 años durante la dictadura cívico militar, ya vimos lo que son).

Aunque es un margen escaso, la diferencia entre el 40%  que se obtuvo y el 42 o 44% que estuvo en las expectativas de muchos de nosotros, ha tenido un impacto anímico adverso para los frenteamplistas. Pero la militancia del Frente Amplio se recupera rápido. Lo ha demostrado en muchas décadas de lucha en las peores condiciones.

El gran argumento a favor del triunfo de Lacalle en el balotaje es que todos se van a unir contra el Frente Amplio, acatando los acuerdos tejidos en las cúpulas partidarias. Y que el casi 4% de votos en blanco y anulados no se inclinan hacia ningún candidato. Son suposiciones discutibles, que recogen muchas evidencias contrarias.

La  mayor debilidad de Lacalle es la falta de propuestas claras sobre los problemas del país, y que además, éstas sean comunes a la coalición que pretende crear. Salvo, “recortar y ajustar”; “ajustar y recortar”. Propuestas que vayan más allá de ese genérico “hacerse cargo”.  Que tengan equipos de gestión creíbles. Y que el propio candidato logre parecer algo más que un estanciero que no ha trabajado en su vida.

Los grandes argumentos para el triunfo de Daniel Martínez son que ha desarrollado propuestas fuertes, que se apoya en hechos y no sólo en palabras, que reconoce errores e insuficiencias, pero se afirma sólidamente en un rumbo de crecimiento con justicia social y más democracia. Hay certezas, previsibilidad y también disposición autocrítica. Daniel tiene capacidad de gestión y empatía con la gente.

Por sobre todas estas cosas representa un sentir popular, un sentir democrático, un proyecto de sociedad más libre y justa. Ese sentimiento es el que se evidencia en la presencia masiva y creciente del pueblo frenteamplista en las últimas semanas. Esa movilización impresionante es clave para ganar el balotaje el próximo 24.

Publicado en Voces

DANIEL PRESIDENTE, GRACIELA VICEPRESIDENTA, CONSTANZA SENADORA por Milton Romani Gerner

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres¨. ¨Quien no se mueve no siente las cadenas.” Rosa Luxemburgo

Estoy luchando para que Daniel Martínez sea nuestro Presidente y Graciela Villar nuestra Vicepresidenta. Que lo serán. No sólo por las ideas que están en las Bases Programáticas del Frente Amplio. Ellos  expresan una histórica, vieja y nueva agenda de derechos. Ellos son la expresión de una renovación necesaria, un enfoque de trabajo en equipo; la recuperación de los afectos y sentimientos que acompañan siempre a los programas. Llevan en sus cuerpos y sus almas, la vida y la lucha, de los y las laburantes, porque lo son. Saben lo que es levantarse todos los días para conseguir un salario, enfrentar los temporales del desempleo, la persecución, y también los de la libertad.

Es un honor y un compromiso integrar la lista de 3311. Promover a Constanza Moreira al Senado y Fabiana Goyeneche Diputada 

El Frente Amplio necesita mujeres y hombres, en los ejecutivos, pero también en el parlamento, con valentía para promover todo tipo de igualdad y combatir todo tipo de privilegios. No hay justicia social sin igualdad.

Valentía para defender proyectos de inclusión social integral, asumiendo entre otros, el derecho a una vivienda digna para todos y todas, que es de los temas que tenemos que hacer mejor.Defender nuestro derecho a un medio ambiente saludable y en armonía con el desarrollo humano.

Voluntad y coraje políticos para invertir recursos en acciones afirmativas y transversales en territorio que tengan por objetivo hacer efectivos el derecho de la gente a vivir mejor, a desterrar la fractura social que margina a amplios sectores de una vida y convivencia compartida. Que nos permitan llegar a las familias con niños, niñas y adolescentes que todavía viven por debajo de la linea de pobreza.

Para defender un modelo de convivencia y seguridad con enclave principal en la prevención de las violencias y de todas las delincuencias . Del combate a todo tipo de corrupción. De un abordaje interinstitucional, (no solo policial) con asiento en la gestión territorial de todas las agencias del Estado, y de todos los actores locales con participación adecuada y responsable de la ciudadanía.

Avanzar en acciones que destierren definitivamente la concepción  antidemocrática de la doctrina de seguridad nacional en las FFAA. Que sigue animando a  muchos la misión autoasignada de definir los destinos de la nación. Desterrar los privilegios ofensivos de pensiones y retiros militares que ademas de ser un peso insostenible para las cuentas fiscales, profundiza la grieta de los uniformados con la sociedad.

Por un abordaje humanitario, de reparación y responsabilidad social compartida del sistema penitenciario, promoviendo acciones que ya existen, desmontando toda acción degradante para el ser humano.  Una nueva institucionalidad de cárceles, un modelo que respete con el derecho a la convivencia, al trabajo y al estudio de todos y todas.

Profundizar la lucha por Verdad y la Justicia continuando la búsqueda de nuestros desaparecidos, levantando todos los obstáculos donde sigue enquistada la cultura de la impunidad. Apoyar la Ley 19.822 que le otorgó el cometido de la búsqueda de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo. Voluntad política, recursos humanos y presupuestales válidos para lograr ese cometido.

Profundizar y extender las acciones afirmativas para levantar la Memoria como lo está haciendo la Red de Sitios de Memoria y todas las acciones de reparación jurídica, humanitaria, social y económicas de las heridas que todavía quedan de la dictadura.

Lo lograremos.

LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SE QUEJAN NO ME REPRESENTAN por José Báez*

Los productores agropecuarios que se quejan no me representan

Estamos a pocas semanas de una nueva contienda electoral y luego de ganar tres elecciones consecutivas, el Frente Amplio está con  dificultades para alcanzar su cuarto gobierno, según datos de encuestadoras.

Como es sabido, apoyo este proyecto político, no sólo por mis convicciones progresistas, sino porque el cambio es notorio, visible, palpable.

Vivo y trabajo junto a mi familia en un predio cercano a Agraciada. Desde 2009 estamos inscriptos como productores familiares ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (M.G.A.P.). Desde ese momento a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, creada ese mismo año, hemos sido beneficiados con proyectos ganaderos, que facilitan el acceso y distribución del agua, la mejora en pasturas, sanidad y genética y la renovación en infraestructura; con aportes económicos no reembolsables y con asistencia técnica, lo que ha permitido cumplir sueños de larga data y mejorar la calidad de vida de quienes optamos por quedarnos en el campo.

Además en conjunto,  el Instituto Plan Agropecuario y las Sociedades de Fomento Rural han impulsado prácticas sustentables con el medioambiente y las actividades asociativas. Nuestra producción depende mucho de factores climáticos y de los vaivenes de los mercados. Es por ello, la importancia de la cercanía del Estado con todos estos proyectos. La entrega de ración en tiempos de sequía con precios y financiación adecuados, la rebaja en tarifas y el IVA (Impuesto al Valor Agregado)  en el gasoil a los tamberos; descuentos en la contribución inmobiliaria rural son otros ejemplos.

Asimismo, estamos exonerados del pago de impuestos como Patrimonio, Irae (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas)  y muchos también el de Primaria. Ojalá que estas políticas continúen y se profundicen.

Las gremiales agropecuarias y los grupos de empresarios rurales reclaman al gobierno rebaja de impuestos y combustibles, reducción del Estado y suba del dólar. Se quejan, se quejan… como siempre.

Lo digo con firmeza: No me representan. A quienes son los dueños de las tierras, las vacas y el agro negocio, nunca les importó la suerte de los productores familiares. Siempre nos usaron como escudo para satisfacer sus mezquinos intereses. Son apoyados por los medios masivos de comunicación, a través de sus cronistas agropecuarios. Allí fogonean dramáticas crisis y hacen apocalípticas predicciones. No es casualidad que estos empresarios y periodistas sean los asesores en el rubro agro de los candidatos opositores.

Me alegra y enorgullece la universalización de la educación, la Utec (Universidad Tecnológica del Uruguay), aquí cerquita, en el interior profundo; que los hijos de los trabajadores cursen y se reciban en carreras terciarias; la creación del Fonasa (Fondo Nacional de Salud), importante en lo integrador de la salud, que destina muchos recursos para edificios y equipamiento de los prestadores aunque aún con deudas pendientes en la celeridad de la atención a los usuarios. El apoyo a la cultura, la expansión de los centros Mec (Ministerio de Educación y Cultura) con propuestas territoriales y para todas las edades; el plan Ibirapitá (tabletas gratis para los jubilados).

Si recorremos un poco, el paisaje ha cambiado notoriamente. Obras de infraestructuras como plantas de silos; carreteras, puentes y accesos; un poco lento pero que llegaron al fin. Una inmensa flota de camiones transportando la producción y una moderna maquinaria.

Me preocupa los magros resultados académicos en secundaria, la inseguridad, la pérdida de unos cuantos miles de puestos de trabajo y la onerosa contribución a la caja militar. Estas cosas se solucionan con diálogo y acciones sensatas y de mucha responsabilidad institucional. Con participación de todo el espectro político democrático y de las organizaciones sociales. Todos tenemos algo para aportar.

No apoyo la reforma ‘Vivir sin miedo’ propuesta por el senador Jorge Larrañaga. La inseguridad se aborda de otra manera; concuerdo con la línea que está llevando adelante el sociólogo Gustavo Leal y su equipo. Investigando, deteniendo y procesando. Mejorando las condiciones de los barrios y asentamientos con todas las instituciones del Estado presente; reformando cárceles para favorecer la rehabilitación y reinserción de quienes delinquen.

Cuando el FA accedió al gobierno en el 2005, los niveles de pobreza e indigencia eran dolorosamente altos. Para atender rápidamente esta situación se creó el Mides (Ministerio de Desarrollo Social)  con una fuerte impronta asistencialista, obligada por las circunstancias. Ahora que estos indicadores mejoraron, muchos entendemos que es necesario re direccionar sus políticas, contribuyendo más al desarrollo y la promoción humana. Me genera muchas esperanzas en este sentido, el equipo coordinado por la licenciada Mercedes Clara. Es un lujo que alguien con la formación intelectual, pero sobre todo con la experiencia acumulada en el trabajo codo a codo con personas vulnerables, acepte este desafío.

De lo que estoy tranquilo es que tenemos un país muy confiable económicamente, que ha superado vulnerabilidades del pasado. Crecimiento económico sostenido, aumento significativo de salarios y jubilaciones, baja inflación, reducción de la pobreza e indigencia y mucha confianza internacional.

Entonces,  ¿por qué cambiar de rumbo ahora? ¿Por qué volver a las políticas neoliberales de los 90 que tanto daño nos hicieron? 

Porque cuando nos hablan de bajar el costo del Estado, reformar la negociación colectiva llevándola a acuerdos bipartitos y liberalización del precio del dólar, no es más que rebaja de salarios y jubilaciones, inflación y pérdida de beneficios para trabajadores y Pymes. Y las consecuencias las conocemos: pobreza, endeudamiento, exclusión. Para muestra basta un botón. Los países vecinos lo intentaron. Así les va. Por suerte sus “estornudos” aún no   “nos resfriaron”.

Humildemente, invito a todos/as quienes se sientan Progresistas, sin importar edad, condición social o tradiciones partidarias, a apoyar la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar. Es la única posibilidad de seguir soñando con un país más inclusivo e igualitario.

*Productor agropecuario de Agraciada (departamento de Soriano)