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BIENES INTANGIBLES EN LA DIPLOMACIA URUGUAYA Y RUTA DE OPORTUNIDADES por Milton Romani Gerner*

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El rol de Uruguay en el debate mundial de políticas de drogas.          Enfoque de derechos humanos, salud pública y regulación de          mercados.  

            Uruguay ha sido elegido por amplísima mayoría, por sexta vez consecutiva desde el 2008, como estado miembro de la Comisión de Estupefacientes para el periodo  2020-2023 en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Es un acontecimiento  inédito la permanencia de un estado por tantos periodos consecutivos. Solo puede leerse como un reconocimiento internacional al liderazgo de nuestro pais en el plano del problema            mundial de las drogas incluida la iniciativa del mercado regulado del cannabis.

            El 26 de marzo en su revista Semanal del diario El Pais de Madrid publicaba un reportaje a Carola Perez, Presidenta del Observatorio Europeo de Cannabis Medicinal bajo el provocativo título de: Cannabis, el negocio que apunta a convertirse en el pelotazo del siglo. En torno al cannabis legal se calcula un negocio mundial de 50.000 millones de euros. Canadá ya ha tomado la delantera. Mientras, España mantiene la prohibición. Pero todos los implicados tienen un ojo puesto en el día después.[2] El 2 de mayo titulaba: Compra multimillonaria en el negocio de la marihuana de Estados Unidos¨ e informaba: 

            ¨La economía de la marihuana legal en Estados Unidos recibió este miércoles un         nuevo empujón de confianza. Curaleaf Holdings, un entramado que controla desde      la producción de marihuana hasta dispensarios en 12 estados, anunció la      absorción de Cura Cannabis Solutions, la compañía más importante del sector en         el estado de Oregón, en un acuerdo valorado en 1.200 millones de dólares. Se     trata del mayor acuerdo entre compañías de venta legal de marihuana en Estados         Unidos.Curaleaf Holdings tiene sede en Massachussetts y cotiza en el mercado             canadiense¨

            La diplomacia de bienes intangibles

            Las relaciones internacionales para un pais como Uruguay, no pueden medirse, ni

proyectarse desde una óptica reduccionista que solo analice la conquista de mercados para nuestros productos o las estrategias para atraer capitales de inversión. Que son un eje imprescindible. Pero no el único. Tienen una importancia relativa respecto a otros bienes intangibles que permiten a Uruguay posicionarse con ventajas comparativas.

Las negociaciones sobre acuerdos comerciales, tan polémicas, complejas y difíciles para un pais de nuestras dimensiones, son un aspecto central de la acción en política exterior.   No puede ser de otra manera. Sin embargo no siempre incorporamos objetivos que aunque no sean medibles en lo inmediato, generan no solo prestigio sino posibilidades potentes. Hay una estrategia de aproximación indirecta, que permite posicionarnos como un Estado responsable, de promoción de principios y valores, y en ultima instancia, paradójicamente, abre otras puertas.

            No es algo novedoso este concepto en relaciones internacionales. Está en las raíces de rol de la diplomacia. Que viene siempre a sustituir la fuerza o el peso hegemónico, por la persuasión, la negociación y las vías de solución negociada de las diferencias. Es bueno subrayarlo en un momento donde el economicismo tiñe todos los terrenos. Como se podrá apreciar, esto no es idealismo puro. Sino una forma inteligente de colocarse en el contexto internacional y lograr posiciones que de otra manera serían imposibles. En el plano de las políticas de drogas y de la regulación del mercado de cannabis, esto es mas que contundente.

            Bienes intangibles: vieja y nueva agenda de derechos

            La vieja y nueva agenda de derechos, nuestro rol en los aspectos del cuidado y protección del ambiente, el apego de Uruguay y promoción en el debate y en las prácticas mundiales del amplio marco de derechos humanos, ya han mostrado las virtudes políticas y diplomáticas de estos bienes intangibles. Es mas. La cesión soberanía que como todos los estados aceptamos a favor de decisiones de organismos regionales e internacionales de derechos humanos, proclamar agenda abierta para todo tipo de visita de evaluación en cumplimiento de las mismas, la amplia participación de la sociedad civil en la materia, cumplen un rol no solo a nivel de prestigio internacional. Implica un compromiso a priori y posteriori en las obligaciones de nuestras políticas nacionales. Ser fieles a esos principios,  admitir, evaluar y cumplir aquellas señalizaciones e incluso sentencias que nos obligan. Los gobiernos deben liderar la indignación cuando de violaciones a derechos humanos se trata. Porque los instrumentos y organismos de DDHH existen porque los estados violamos derechos. No hemos sido, no somos ni seremos partidarios de aplicar criterios de doble rasero. Ni para otros, ni para nuestro pais. La diplomacia basada en bienes intangibles no es un articulo de lujo for export. Es un compromiso hacia afuera y hacia adentro.

            En un mundo complejamente multipolar, donde el multilateralismo parece opacarse (esperemos que por corto tiempo) se imponen ademas desplegar otras lógicas. Replantearse la necesidad de avanzar desde estos ejes enunciados. Una renovada oportunidad para nuestra diplomacia. El problema mundial de las drogas, atado al sistema internacional de fiscalización y control de drogas, regido a partir de las tres principales Convenciones Internacionales sobre drogas, los organismos de NNUU y de OEA, no parecía ser el mejor campo para avanzar en posicionamiento de prestigio político. Mucho menos de abrir puertas vinculadas a los mercados y capitales de inversión. Los acontecimientos que se han precipitado en el mundo y que ha tenido a Uruguay como protagonista y líder, muestran un campo de posibilidades de gran importancia.

            2008: Uruguay en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas

            Cuando Uruguay debutó en la Comisión de Estupefacientes en el 2008, con decidida actitud se promovió un Proyecto de Declaración sobre ¨debida integración de los instrumentos de DDHH con la política de fiscalización de drogas¨. Fue una batalla política y diplomática muy dura. Nos llevó al extremo de solicitar votación en el pleno de la Comisión, rompiendo la tradición del consenso de Viena. Fue co patrocinada por Argentina, Bolivia, Suiza y luego la Unión Europea. Generó para nuestra sorpresa, una resistencia insólita, que llegó a un obstruccionismo persistente de varios estados, partidarios del enfoque prohibicionista.  No estaban dispuestos a admitir la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en el tema drogas. Esto parece insólito, pero esa es la cruda realidad.

            La Resolución 51/12 de CND 2008 fue aprobada finalmente. A partir de ese higo, el los documentos que han surgido sobre drogas, el relato que hoy se construye en este plano, ha incorporado definitivamente esa óptica. Este lugar de liderazgo nos posicionó y abrió caminos. Cuando fue sancionada la Ley 19.172 de Control y Regulación de la marihuana el campo abonado se transformó en un top mundial. Es un camino para cambiar. Ha sido un acto de coraje político con una decisión soberana de poner en práctica un nuevo modelo en política de drogas. Uruguay tiene liderazgo porque sobre lo que ya habíamos hecho a nivel nacional y con las propuestas a nivel internacional,  proponemos un modelo humano con enfoque de salud pública, reducción de daños, derechos humanos y desarrollo sustentable. Esta conceptualización, avalada por un marco legal e institucional serio y creíble, se abre camino con fuerza en el mundo. Pero además y por añadidura: correr el velo prohibicionista del cannabis, recuperar para la legalidad el mercado que hasta ahora cursaba en forma ilícita, genera negocios. Se expande rápidamente la creación de empresas y polos de desarrollo de gran pujanza. Mas aún. Se intensifican  y multiplican estudios e investigaciones que tuvieron como pioneros, hace ya varias décadas, al Profesor Raphael Mechoulam[3] y el equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalem sobre el principio activo del cannabis sativa, el sistema de endocannabinoides de nuestro organismo, y el descubrimiento de otros componentes (CBD) que cumplen otros efectos. 

            Los mercados regulados del cannabis de tipo medicinal y no medicinal son ya una realidad pujante en varias jurisdicciones. En EEUU ya son 10 Estados con marihuana recreativa legalizada, incluido California (que por si sola representa la séptima economía del mundo) y otras 30 con cannabis medicinal. Canadá comenzó a recorrer el camino de la regulación en amplia colaboración con nuestro pais. En poco tiempo México y quizás CARICOM se unan a este club. Holanda esta revisando sus leyes. Varios países de America Latina y Caribe van por el camino del cannabis medicinal y algunos de Europa ya han incorporado investigación, inversión, movimientos en la bolsa, fundamentalmente en cannabis medicinal. También en la explotación industrial del cáñamo. Capítulos todos, contemplados en la Ley 19.172 y en los planes del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

            Mercado regulado del cannabis: pieza clave en el concierto internacional.

            La formación de nuestros diplomáticos.

            Los hechos demuestran que nuestro pais, no solo ha avanzado en el reconocimiento internacional en este tema, sino que ahora se abren puertas vinculadas a mercados, inversiones y buenas oportunidades para desplegar oportunidades de desarrollo económico y social. Un campo de cooperación y acuerdos que son totalmente inéditos y donde tenemos ventajas comparativas altas. Se han ido formando en estos temas varios funcionarios de nuestra Cancilleria. Embajadores, representantes y funcionarios diplomáticos han ido adquiriendo experticia en las singularidades del sistema internacional de fiscalización de drogas, de sus complejidades, normas y procedimientos de ámbitos internacionales y regionales. Ahora, hay que formarse también en las oportunidades comerciales y financieras que se despliegan en el tema. Uruguay ya es un centro de atención. Tiene ventajas comparativas por su legislación y por la experticia en el tema. Ya existen cámaras empresariales[4] de peso en nuestro pais y consultas del exterior en forma creciente.

            La regulación de mercado de cannabis: una larga construcción política y   técnica

            No fue un arrebato ni una improvisación. Es potente porque es la expresión de una política nacional desarrollada con una concepción y modelo de avanzada. De un posicionamiento critico a nivel internacional que desafió el status quo dogmático y hegemónico del enfoque prohibicionista y de guerra contra las drogas. Reclamando un debate serio y fundamentado, no ideologizado sobre el tema. Es un largo trayecto de maduración a partir de los logros conquistados en el plano de la Red de Atención en Drogas, de los programas de reducción de daños desplegadas por la sociedad civil, de investigaciones del Observatorio Uruguayo de Drogas, por la creación de Juzgados y Fiscalías especializadas en Crimen Organizado, de la Secretaria Antilavado y la creación del Fondo de Bienes Decomisados que administra los bienes incautados al narcotrafico. Uruguay tuvo un rol decisivo en la construcción de la Estrategia Hemisférica de la CICAD OEA. En el funcionamiento del Mecanismo de Evaluación Multilateral de OEA. Promovimos instancias regionales sobre política de drogas en MERCOSUR, UNASUR y CELAC. Desplegamos la cooperación, particularmente con la Union Europea America Latina desde el mecanismo de COPOLAD.

            Capítulo especial fue la colaboración con la construcción del Informe sobre Drogas en las Américas. En la Sexta Cumbre de las Américas celebrada en

Cartagena de Indias, 2012, encargaron a la Organización de los Estados Americanos la elaboración de es Informe [5]   Construido con una inteligente metodología, contiene dos capítulos: Informe Analítico y otro de Escenarios Posibles. Tienes también seis anexos documentales. En la 43 Asamblea General de OEA celebrada en Antigua Guatemala, convocada especialmente para abordar el problema mundial de las drogas se aceptó e incorporó este importante documento.

            Se aprobó también la Declaración de Antigua que entre otras cosas afirma:

RECONOCIENDO que las experiencias y nuevos enfoques que distintos           gobiernos y sociedades han desarrollado en relación al problema mundial de las drogas pueden ser fuente de aprendizaje global para la evolución de las actuales políticas de drogas, particularmente cuando consideran a la persona humana, su    entorno, la inclusión social y la dignidad humana, bajo criterios para mitigar los impactos negativos del uso indebido de las drogas, tomando en cuenta los principios contenidos en los instrumentos internacionales vigentes, incluidas las tres convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas y los instrumentos  internacionales de derechos humanos

            Las criticas al modelo de regulación del cannabis desde la JIFE

            La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano independiente y cuasi judicial constituido por expertos que fue establecido en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Está integrada por 13 miembros, cada uno de ellos elegido por el Consejo Económico y Social, para desempeñar un mandato de cinco años. Diez de ellos se eligen de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos. Los tres restantes se eligen de una lista de candidatos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uruguay expuso su posición ante JIFE en el 109º Período de Sesiones que se  desarrolló en Viena, entre el 3 y el 7 de febrero de 2014[6] Apenas unos meses antes, habían trascendido insólitas declaraciones del ex Presidente de JIFE Raymond Yans, calificando a nuestro pais, de ¨estado pirata¨, generando un rechazo general, incluso de sus propios pares que en la persona del Ec. Francisco Thoumi, dieron a conocer su opinión contraria a los términos usados por el mismo. [7]

                En diciembre del 2016, una Delegación de JIFE encabezada por el Dr. Werner Sipp visitó nuestro pais, y pudo recorrer, visualizar y evaluar no solo el funcionamiento concreto del mercado regulado: del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, de los mecanismos de registros, auto cultivadores, clubes cannabicos, y funcionamiento del sistema, sino la amplitud de nuestras políticas en drogas desde todos los aspectos: prevención, tratamiento, aplicación de la ley. La convencionalidad de nuestro modelo y las orientaciones del sistema internacional de fiscalización siguen en debate y este aspecto esta todavía en disputa, pero avanzando por el lado de las decisiones soberanas de un creciente numero de estados.

            Algunas organizaciones de la sociedad civil con estatuto en NNUU, amigas de Uruguay, han expuesto una solución posible a esta situación compleja en términos juridicos referidos a la convencionalidad. El año pasado TrasNational Institute (TNI) y Washinghton Office for Latinoamerica (WOLA) presentaron un Informe con propuestas que habrá que estudiar detenidamente. Se presentó aqui en Uruguay bajo el título de ¨El equilibrio entre la estabilidad y el cambio: La modificación inter se de los tratados de fiscalización de drogas de la ONU para facilitar la regulación del cannabis¨[8]

            La Sesión Especial de la Asamblea General de ONU UNGASS 2016

            El debate internacional tuvo un hito el 16 de abril del 2016 con UNGASS 2016. El documento aprobado llegó a un consenso respecto a los nuevos enfoques regulatorios, con la dosis de pragmatismo que supone el texto y la realidad.

            ¨Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los cuales ofrecen a los Estados partes suficiente   flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con  arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida y con el derecho internacional aplicable¨[9]

            Las posteriores reuniones de la Comisión de Estupefacientes en Viena, y la intención de realizar nueva cumbre para avanzar se han visto frustradas. Existe una tentativa del bloque prohibicionista en volver atrás. Una nueva situación se presentara en el próximo año, a partir de nuevas definiciones de la Organizacion Mundial de la Salud respecto al lugar que debe ocupar el cannabis en las Listas del control.

            Seguirán siendo las decisiones soberanas de los estados, las que sigan abriendo oportunidades para la modificación de los modelos de control y regulación de sustancias. La experiencia uruguaya muestra que hay caminos posibles para un cambio de modelo, y que cada país de acuerdo a su tradición, cultura e historia podrá superar el modelo prohibicionista que ha generado muchos mas daños que las drogas mismas.

            La evaluación del modelo uruguayo muestra que los usuarios de cannabis han confiado en la Ley y el Estado, se han registrado como obliga la Ley (aspecto este que fue muy debatido) y la opinión publica ha variado respecto a la legitimidad de este modelo. Ninguna de las previsiones catastróficas de quienes auguraban el fracaso del modelo se han cumplido. Mas bien todo lo contrario. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis [10] ha gestionado este modelo con éxito, apegado a derechos y garantías. Existen casi 50.000 personas registradas en el IRCCA. Usuarios que ya no concurren a lugares inseguros ni compran en el mercado ilícito, tienen un vinculo de confianza con el Estado. Al 15/5/19 el IRCCA informa que han sido otorgadas 4 licencias para cultivo de cannabis psicoactivo, 15 para cannabis no psicoativo, 3 para industrialización de cáñamo,14 licencias para investigación, 36152 registrados como adquirentes en farmacia, 114 clubes que reúnen a 3573 personas y 7124 autocultivadores. Existen informes periódicos del Observatorio Uruguayo de Drogas, del propio IRCCA, de Monitor Cannabis (organización independiente que funciona en acuerdo con la Facultad de Ciencias Sociales) y de la Unidad Especializada en Evaluación y Monitoreo que funciona en virtud de la ley. Como en otros temas, esta agenda está abierta a nivel internacional, como lo estuvo el Comité Científico Asesor que funciono hasta el 2016.

            El prohibicionismo: un dogma que comienza a resquebrajarse

            Uruguay ha promovido un enfoque critico del actual modelo prohibicionista reclamando la necesidad de un debate abierto, inclusivo y sin tabúes sobre las drogas.

Las sustancias sometidas a estricto control y fiscalización internacionales son una decisión de tipo político que se ampara en indudables daños que dichas sustancias producen, cuando se consumen en forma abusiva. Desde el inicio la Comisión del Opio de Shanghai, que se reunió a instancias de EEUU y China en 1909, pasando por todas las conferencias, convenciones, revisiones y la celebración de tres Sesiones Especiales de la Asamblea General de NNUU ( UNGASS 1990, 1998 y 2016) ha seguido la lógica basada en datos y construcciones científicas sobre la peligrosidad de las sustancias clasificadas en las Listas I, II, III y IV de la Convención Unica del 61 y las correspondientes a las de la Convención del 71.  En los  fines últimos enunciado en el prólogo en las convenciones pretendían garantizar el uso médico y científico para mitigar el dolor de dichas sustancias. El sistema internacional de fiscalización se propuso objetivos morales distópicos (un mundo libre de drogas) y no solo ha fracaso en ello, sino que además tampoco ha podido asegurar la libre accesibilidad de los opiaceos para calmar el dolor. La lógica de la peligrosidad de esas sustancias, no se compadece con el hecho que otras mas nocivas como el alcohol y el tabaco, han quedado fuera del sistema. Están sometidas a otro tipo de regulaciones internacionales. El tabaco y el alcohol, según la OMS aportan cada uno el 4,1 y 4,2 % de carga de morti morbilidad en el mundo. Todas las sustancias ilícitas bajo fiscalización aportan el 1,8%.a la carga de mortimorbilidad. Solo el tabaco cobra cerca de siete millones de seres humanos y el alcohol cerca de cuatro millones. El sistema internacional de fiscalización de drogas ha estado permanentemente cuestionado, por su incoherencia, rigidez, y resistencia a admitir la diversidad de modelos. Los hechos han mostrado que el sistema ha generado (no porque lo exijan los textos de las convenciones) la criminalización, incluido del consumo, la inclinación a endurecer las penas incluido la aplicación de la pena de muerte para ofensas menores. Llegamdo a lo que el presidente Nixon lanzó en los 70: la guerra contra las drogas. Subrayemos los objetivos geopolíticos inocultables de esa política: despliegue de equipos, bases y asesores de EEUU en toda la región. Hemos asumido una responsabilidad diferenciada, que despliega   la erradición de cultivos, la criminalización y la guerra en nuestros suelos. Los grupos criminales trasnacionales no solo trafican cocaina de sur a norte. Su cartera de negocios incluye tráfico de armas de norte a sur, lavado de dinero, trata de personas, etc. Sumemos a ello la constelación de corrupción de toda la cadena que esto promueve.  Al decir del ex Secretario General de ONU Kofi Annan: ¨Las drogas han destruido muchas vidas, pero las malas políticas han destruido muchas más.Todos queremos proteger a nuestras familias del peligro potencial de las drogas. (…)A nivel internacional, la guerra contra las drogas no ha tenido éxito. Se estima que la prohibición global cuesta al menos 100.000 millones de dólares (90.700 millones de euros) al año, mientras que hay 300 millones de personas que consumen drogas en el mundo, contribuyendo a un mercado ilícito internacional con un volumen de 330.000 millones de dólares al año, uno de los mayores mercados de materias primas del mundo. La prohibición ha tenido poco impacto en la oferta y demanda de drogas.(…) La prohibición no ha reducido considerablemente el consumo. Los estudios han fracasado una y otra vez a la hora de establecer un vínculo entre la dureza de las leyes sobre drogas de un país y sus niveles de consumo. La criminalización y el castigo generalizados de las personas que consumen drogas -las cárceles masificadas- significan que la guerra contra las drogas es, hasta cierto punto, una guerra contra los consumidores: una guerra contra las personas¨ [11]

            En el Segmento de Alto Nivel del 58 Período de Sesiones de la Comisión de             Estupefacientes (Viena 2015) año previo a UNGASS 2016 desplegamos, una serie      de preguntas, que siguen vigentes:

            ¨Tenemos el desafío de ser más efectivos, eficientes y humanos. No siempre      tenemos el coraje de mirar la realidad de frente y sin autocomplacencia. El      pensamiento único, dogmático, a veces moralista, otras veces pseudocientífico y    poco abierto a las buenas prácticas, dominan el panorama. Corremos el riesgo de  una nueva frustración si UNGASS 2016 no tiene el coraje de admitir que hay   diversidad de enfoques, de miradas diferentes, de nuevas experiencias y de un   rumor que recorre el mundo entero:  ¿Estamos verdaderamente cumpliendo con la  integridad de las políticas? ¿son efectivamente equilibradas? ¿No es una evidencia    que los fondos dedicados al control de la oferta y el peso de la estrategia están en    lo punitivo? ¿Se respetan los DDHH cuando ofensas menores, incluso el consumo  se penaliza hasta con pena de muerte?  ¿O cuando se practican las internaciones  compulsivas y los campos de trabajo forzado para adictos? ¿Podremos al menos  pensar acercarnos al diálogo sobre otro tipo de regulación? ¿Seguiremos  aceptando que la responsabilidad es común pero compartida en forma no equitativa, que algunos costos humanos, económicos y sociales están diferenciados y pesan en los más pobres? ¿Que en los países de producción y de tránsito se despliega con más intensidad la violencia, a pesar que el consumo de drogas es muy bajo, y la demanda de consumo y los terminales del lavado de dinero siguen la ruta hacia el Norte? ¿Seguiremos aceptando una interpretación  flexible de las Convenciones en un sentido represivo: porque hay Estados que las interpretan aplicando pena de muerte. ¿Verdaderamente se custodian y garantiza el derecho a la salud y la seguridad humana con políticas que incrementan la  violencia y castigan por igual a toda la cadena de las drogas? ¿Continuaremos   hablando de tratamientos cuando es notorio que el derecho a la salud no está    contemplado en la mayoría de los sistemas de salud, que el enfoque religioso no  es aceptable como base científica? ¿Seguiremos negándonos siquiera a        mencionar el término y el enfoque de reducción de riesgos y daños, como en si    estuviéramos en la Inquisición, negándonos a aceptar que los programas de   intercambio de jeringas y los espacios de venopunción asistida fueron una   respuesta humanitaria y eficaz para el embate de heroína de los años 80?¨[12]    

[1]   Licenciado en Psicología. Docente de Psicopatología. Secretario General de Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República (2005-2011/2015-2016). Embajador Itinerante para Drogas y DDHH. Representante Permanente de Uruguay ante OEA (2012-2014). Representante de Uruguay en: Comisión de Estupefacientes de NNUU, Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas CICAD-OEA, Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED), Consejo Suramericano para Problema Mundial de Drogas de UNASUR. Jefe de Delegación de Uruguay en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016).

[2]             https://elpais.com/elpais/2019/03/18/eps/1552929980_035433.html

[3]             Celebre científico israelí que en sus investigaciones aisló y determinó la estructura y síntesis total de la molécula Δ9-tetrahidrocannabinol THC

[4]   https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-tendra-una-camara-de-empresas-de-cannabis-medicinal-20181015164824

[5]             https://www.oas.org/docs/publications/layoutpubgagdrogas-esp-29-9.pdf

[6]   http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion actualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;presentacion-de-uruguay-ante-la-jife;4;PAG;

[7]   http://www.telenoche.com.uy/mundo/yans-contra-el-mundo.html

[8]             Autores: Martin Jelsma, Neil Boister, David Bewley-Taylor, Malgosia Fitzmaurice,John Walsh En colaboracion con Global Drug Policy Observatory (GDPO), Washington Office ol Latin America (WOLA)  Programa Drogas y Democracia TNI

[9]               Documento final del trigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603304-S.pdf

[10]           www.ircca.gub.uy/

[11] https://www.huffingtonpost.es/kofi-annan/legalizar-las-drogas_b_9317094.html

[12]  Intervención del Jefe de Delegación de Uruguay. Segmento de Alto Nivel 58 Periodo de Sesiones de CND. Viena. Marzo 2015. https://www.tni.org/files/interevencion_m_romani_cnd2015_0.pdf

Publicado en la Revista Diplomática enero-junio 2019

VIVIR BIEN: EL DISCRETO ENCANTO DE LA HOJA DE COCA por Milton Romani Gerner*

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Evo Morales en Viena

“La masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”, estableció el artículo 49 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. El presidente de Bolivia, Evo Morales, compareció nuevamente en Viena ante la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas para dar cuenta, responsablemente, de la aplicación de un modelo alternativo, renovador, apegado a decisiones soberanas y a derechos humanos en políticas de drogas.

Han pasado diez años desde que la comunidad internacional lanzó una Declaración Política y Plan de Acción en la que se planteaba objetivos que en parte no se han cumplido. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, a nivel global no se ha conseguido reducir la oferta de drogas ni su consumo o los daños asociados. Tampoco hay cifras significativas sobre reducción del lavado de activos o de la corrupción inherentes a estos fenómenos. Insólitamente, se pone más energía en atacar las alentadoras experiencias de los mercados regulados de cannabis. Es lo mismo que hicieron con Bolivia, que debió recurrir in extremis a salirse de la Convención y a volver a firmarla con reservas.

Evo Morales pone sobre la mesa la urgente perentoriedad de continuar abriendo y promoviendo un debate abierto, inclusivo y sin tabúes, asumiendo las virtudes de los enfoques regulatorios, que toman las singularidades de los estados y comunidades para diseñar sus políticas de desarrollo. En base a sus tradiciones culturales y sus desafíos sociales, amparando la salud pública, los derechos humanos y un enfoque de desarrollo humano. A la manera del “vivir bien”, como nos enseñan los y las hermanas bolivianas.

El modelo alternativo de Bolivia

Hace diez años, Evo también estuvo en Viena. Un murmullo y, luego, un aplauso coronaron la elocuencia de su intervención cuando, al finalizar, tomó una hoja de coca y comenzó a masticarla. Fue contundente.

Ahora el Estado Plurinacional de Bolivia presenta su evaluación y resultados. No es esperable que otros estados presenten responsablemente balances similares. Estados Unidos, que pobló con equipos y bases militares nuestro continente, so pretexto de la lucha contra las drogas (incluido el bombardeo de las plantaciones y cultivadores del Chapare), deberá dar cuenta de la “crisis de los opiáceos”, que sólo en un año ha significado la muerte por sobredosis de 70.000 personas.

Enfocada en erradicar una planta en origen, la “guerra” se concentró en Bolivia en la represión a la población campesina e indígena. Se la combatió, estigmatizó y criminalizó. El Plan Dignidad de Hugo Banzer, apoyado en todas sus líneas por Estados Unidos, significó el bombardeo de plantaciones y la represión a los cocaleros. Torturas y maltrato por parte de la Policía y el Ejército, encarcelamiento masivo, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Ese era el modelo de erradicación de coca.

El gobierno boliviano desarrolló dos programas para la erradicación consensuada con control social y su alternativa de lucha contra el narcotráfico: Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca (2007-2010) y Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (2011-2015). Con financiación de la Unión Europea y con monitoreo de la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU (UNODC) se llevó a cabo, no exento de discusión y ajustes, el cálculo de las hectáreas necesarias para el uso tradicional de la hoja de coca y luego la instrumentación de un enjudioso programa de control social. Fue un diálogo, por momentos fuerte, con las propias bases sociales que llevaron a Evo a la presidencia. Pero se dio con lealtad, coraje y responsabilidad.

Uruguay y Bolivia: políticas de drogas y DDHH

“Uruguay comparte la iniciativa presentada por Bolivia al secretario general de la ONU para que en la Comisión de Estupefacientes se elimine la prohibición del masticado de la hoja de coca, manifestando su apoyo a lograr que la comunidad internacional acepte adaptar los instrumentos jurídicos existentes para reconocer esta práctica tradicional”, establecía el comunicado conjunto de Tabaré Vázquez y Evo Morales en 2009, ratificado por José Mujica en 2010 en Cochabamba.

En 2008 Bolivia copatrocinó la Declaración 51/12 que promovió Uruguay en la Comisión de Estupefacientes. Lo hizo junto con Argentina, Suiza y la Unión Europea. Fue una sesión tumultuosa, que abrió caminos. Proponía “la debida integración de los instrumentos de derechos humanos a la política de fiscalización de drogas”. Hoy forma parte del discurso global sobre drogas.

Cuando Bolivia presentó por primera vez el Plan de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD, OEA) celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 2006, Uruguay fue el único país que defendió ese derecho. Según el acta de la sesión, el delegado de Uruguay planteó: “La posición de la delegación boliviana debe ser de recibo, en tanto Bolivia evalúa con pleno derecho (de acuerdo al punto 6 de la Introducción a la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, 1998) que la erradicación forzosa les ha traído más costos económicos y sociales que, lejos de resolver, han agravado el problema. Que Colombia planteó también que su forma de solucionarlo era otra y está en su derecho. Bolivia plantea que está abogando por una reconversión industrial y por una erradicación consensuada. Lo único que podemos y tenemos que hacer en base a la cooperación regional y la responsabilidad compartida es ayudar a Bolivia y, en todo caso, exigirle que estructure un programa concreto, viable, coparticipado con nuestros países, sujeto a monitoreo y evaluación, como también tendrían que monitorearse y evaluarse otros caminos ensayados en el hemisferio”.

En esa reunión agregué: “La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha realizado un fallo por unanimidad que ha determinado que el uso de ayahuasca para fines religiosos no es punible. ¿Por qué? Porque entendió que la tutela del derecho a profesar un credo religioso está por encima de los eventuales daños que las agencias especializadas no pudieron demostrar ante esa corte. Reclamo este derecho para Bolivia. Lo reclamo también para Colombia. Pero, más que nada, lo reclamo para todos nuestros países. Es un tema complejo, difícil y complicado. Démonos la forma de abordarlo con seriedad y no con consignas. Mucho menos con prejuicios”.

Este desafío sigue en pie. Esperamos que haya apertura y flexibilidad para las nuevas experiencias. Si continúa el dogmatismo fundamentalista, los estados innovadores nos veremos tentados a recorrer el camino sugerido por nuestros amigos expertos de la sociedad civil: los acuerdos y modificaciones inter se. Amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se pueden generar acuerdos de países afines a los mercados regulados, que permitan una cooperación e intercambio (incluso comercial) sin renunciar al cumplimiento de las convenciones y de los compromisos con la comunidad internacional.1

*Milton Romani fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 15 de marzo de 2019

  1. “El equilibrio entre la estabilidad y el cambio: La modificación inter sede los tratados de fiscalización de drogas de la ONU para facilitar la regulación del cannabis”, de Martin Jelsma, Neil Boister, David Bewley-Taylor, Malgosia Fitzmaurice, John Walsh. ↩

OPIÁCEOS EN ESTADOS UNIDOS Y REGULACIÓN URUGUAYA por Milton Romani Gerner

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• 64.000 personas murieron en Estados Unidos en 2016 por sobredosis de opiáceos –incluida la heroína–, lo que supone la muerte de 175 estadounidenses por día. Es decir, siete por hora.

• 27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos. Y los abusos van más allá de la heroína: casi 50% de las muertes por sobredosis en 2015 están relacionadas con analgésicos recetados para tratar dolores moderados y fuertes.

• En 1996 la farmacéutica Purdue sacó al mercado OxyContin, una pastilla de oxicodona pura que, según aseguró en ese momento, permitía aliviar el dolor durante 12 horas y representaba menor riesgo de abuso y adicción que otros fármacos. La empresa acompañó el lanzamiento con una intensa campaña de promoción entre médicos. El efecto fue tan fuerte que algunos expertos aseguran que la “epidemia” de opiáceos empezó entonces. (1)

• Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Estados Unidos publicó los montos pagados por las compañías de medicamentos y dispositivos a doctores y hospitales docentes. En 2016 fueron más de 8.000 millones de dólares. Más de 630.000 médicos tenían registros de pago. Purdue Pharma realizó casi 80.000 transacciones en 2016, por un valor total de más de siete millones de dólares. (2)

La guerra contra las drogas consume miles de millones de dólares en presupuestos de miles de agencias policiales, aduaneras, militares y de aplicación de la ley. Hubo equipo y bases militares desplegadas en todo el hemisferio so pretexto de lucha contra el narcotráfico. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos denuncia lo doblemente mortal de esta estrategia de guerra. No hay presupuestos y dispositivos de tratamiento. Según un informe oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “sólo 10% de los adictos a las drogas pudieron acceder a un tratamiento especial en 2016”.

La actual es una estrategia desequilibrada que sigue generando desastres. Intensificando la violencia. Llenando cárceles con ofensores menores o consumidores. Esta guerra no contiene nada. Y es una fuente permanente de corrupción.

El señor Donald Trump iba a declarar emergencia nacional pero se arrepintió. Está alarmado, pero no tanto. En el tema de la venta desregulada de armas (que con esta crisis le esta costando más vidas que las ocasionadas por terrorismo) dijo que las armas no eran el problema. Que es un problema de salud mental. Parece un insight. Incluso personal. Veamos cómo evoluciona el paciente.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) –de Uruguay, un país con 3,4 millones de habitantes– tiene ya, registrados en forma voluntaria, 15.575 adquirentes en farmacias, 7.478 autocultivadores y 68 clubes de membresías (www.ircca.gub.uy), más de 25.000 hombres y mujeres que confían en el Estado y el modelo regulatorio y que no recurren hoy al mercado del narcotráfico. Consumen, sí, pero una sustancia menos dañina y bien controlada, y con advertencia e información adecuada sobre los riesgos. Este nuevo vínculo entre usuarios de drogas y Estado es revolucionario. Los efectos educativos, preventivos y de consulta temprana serán un plus de la regulación responsable de un mercado siempre complejo en contraposición con un Estado que criminaliza y aleja a los usuarios.

El creciente fenómeno de medicalización de nuestras vidas, y la voracidad y descontrol de la industria farmacéutica, replantean la vigencia del principio de regulación. Para enfrentar los mercados ilícitos de drogas, pero también, y con mucho más razón, para los de circulación lícita o semi controlada.

La regulación de los mercados, de todos los mercados, está puesta nuevamente en el tapete. La reducción de daños también. La crisis de heroína en los 80 enfrentó a varios países de la Unión Europea y a ciudades como Vancouver a tomar medidas pragmáticas y eficaces para salvar vidas. Enfoque de reducción de daños. Tuvieron éxito. Pararon la epidemia. Se dispusieron fondos para tratamientos diversos ante las sobredosis, el contagio de VIH-sida y la hepatitis C. Programas de intercambio de jeringas, salas de venopunción, dispensión de morfina legal, como en Suiza, terapia de sustitución con metadona. Siguen siendo controvertidos y son innombrables, incluso en los textos de los organismos multilaterales. Acá también se hizo un escándalo por el control de calidad que realizó Proderechos de las anfetaminas en bailes electrónicos. Pero salva vidas.

Sigue siendo una incoherencia del sistema prohibicionista que drogas como el alcohol y el tabaco nunca estén integradas a las políticas de drogas. Contradice el argumento de que las drogas se fiscalizan (y como secuela, surgen guerras en torno a ellas) porque hacen daños. En realidad se fiscalizan por opciones políticas y geopolíticas de mayor peso.

Hay que sacar al cannabis de la Lista 1 de Estupefacientes. 

El tabaco mata siete millones de seres humanos al año y las bebidas alcohólicas casi cuatro millones. Aportan cada uno 4,1% de la carga de mortimorbilidad de la humanidad. Todas las drogas de circulación ilícita no llegan ni siquiera a 1,8% de esa carga. Además, está la incongruencia de que el cannabis, que no reporta muertes por sobredosis, sigue en la Lista 1 de las Convenciones, que marca la peligrosidad de las sustancias. Al lado de la heroína. Una incoherencia que la comunidad internacional debe arreglar y que se discutirá en la Organización Mundial de la Salud. Es más: Uruguay, como cualquier otro estado miembro, tiene las potestades de cambiar y trasladarla a la Lista II, menos restrictiva y reservada para uso médico. La presidenta chilena Michelle Bachelet ya lo hizo.

“No hay que consumir drogas, salvo aquellas que indique el médico” no parece una indicación sabia. Ni por su verosimilitud, ni como prevención educativa. Es iatrogénica. Pretende ser una máxima moral que no se compadece ni con la naturaleza humana real (siempre invadida por nuestras debilidades y deseos) ni por un criterio de prevención adecuado. Todas las prácticas sanitarias de avanzada van por la senda de cogestionar los riesgos, el consentimiento informado y la reducción de daños.

La práctica médica, el marketing de los laboratorios y las drogas son un triángulo complejo, que hay que considerar dramático, o mejor dicho tragicómico, en políticas de salud pública. El entramado de intereses, el sesgo de las investigaciones y el lanzamiento de drogas médicas que pueden ocasionar daño es un desafío. Ni mercado libre de las corporaciones, ni crimen organizado transnacional del narcotráfico que termina usando los mecanismos de lavado como “legalización” de sus ganancias.

En Uruguay la política de drogas promovida por los gobiernos del Frente Amplio ha tenido un capítulo fuerte y central en la instrumentación del modelo de regulación del cannabis. Pero no es lo único. Uruguay supo construir una estrategia equilibrada y desplegar dispositivos de atención y tratamiento, de cercanía, de innovación, como el germen de los tratamientos de base comunitaria. De investigación. Promovimos regulaciones diversas: sistema financiero, tabaco, alcohol.

Todavía no se ha calibrado la trascendencia de este hecho y la línea de continuidad que tiene en materia de integralidad de la política. Ni del prestigio diplomático que a nivel internacional nos identifica con la defensa de los derechos humanos vinculada a las políticas de drogas (tampoco se valora la formación que han hecho varios jóvenes diplomáticos en el tema).

La apertura y puesta en marcha en 2006 del Portal Amarillo fue un símbolo insignia de que en este tema íbamos con todo. Con mucho esfuerzo y metiendo ganas y camiseta. A veces se extraña esa vocación. No había nada. Durante años estuvimos sin lugares de tratamiento, de investigación en la materia. Se hizo mediante el esfuerzo compartido de actores bien diversos: la Organización de los Jubilados del Banco de Previsión Social (sí, ellos cedieron el local), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y un equipo multiprofesional de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay y la Secretaría Nacional del Deporte. La primera piedra de lo que es hoy la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas y los dispositivos Ciudadela. Fue la respuesta en términos de derechos y salud pública que daba el primer gobierno de izquierda. Necesitamos cuidar esto.

Tampoco cojeamos por ingenuos. Creamos la Secretaría Antilavado, las fiscalías y juzgados en Crimen Organizado, el Fondo de Bienes Decomisados (que sigue siendo una cenicienta desamparada que, sin embargo, es una fuente de recursos para estas políticas), se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. Dimos conducción y generamos confianza a un mando policial saneado que entendió la especialización pero también el trabajo comunitario de cercanía. Dimos relevancia institucional a la Junta Nacional de Drogas, en su funcionamiento real, en su intersectorialidad, en la gestión e iniciativa y coraje político. Pudimos construir y trazar líneas de continuidad con la excelente gestión de Julio Calzada, verdadero factotum de la regulación. Continuidad que bien nos cuidamos de tener también con algunos programas y alertas que nos dio en su momento el doctor Leonardo Costa. Deberíamos, también, cuidar esto.

Rápido y furioso

Somos noticia mundial, aunque el gobierno no se haya dado cuenta. Algunos parecen estar inmovilizados por prejuicios antediluvianos. O por aquel nocivo narcisismo de las pequeñas diferencias. La pretendida mesura en instrumentar y avanzar en el mercado regulado del cannabis muestra poco coraje político. Lo mismo que en el plano de derechos humanos. Poco coraje y decisión. En términos futbolísticos hay una expresión mas contundente: faltan ovarios. Un lugar desmerecido en la agenda, cero docencia y comunicación, desdén y lentitud. Parecen no valorar lo más importante: no se trata sólo de legalizar y regular la marihuana, que es lo más espectacular. Se trata de que en el mundo entero estamos innovando, con otra forma de controlar y fiscalizar sustancias controladas.

Estamos a la vanguardia de un relato nuevo y hemos sido, somos, referencia política y moral del cambio de paradigma. Pero no parece ser ese el espíritu y la apreciación política de los decisores. Menos del FA, que ni habla del tema. Parece vivirse en forma vergonzante. Es un absurdo. Se elude potenciar un logro que tiene impacto político y por añadidura, electoral. En los jóvenes y en los avances reales de seguridad ciudadana. Hay, ya, más de 25.000 ciudadanos que están más seguros. Además, repito; nos coloca en un sitial internacional, por nuestro apego al derecho internacional de los derechos humanos, que, además, abriría otras puertas.

El eminente científico israelí, Raphael Mechoulan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubridor del THC como principio activo del cannabis, decía hace un par de semanas, en un mensaje enviado a la Conferencia Latinoamericana 17ª (celebrada en Buenos Aires en octubre) que hace 34 años generó evidencia científica sobre las aplicaciones pertinentes del cannabis medicinal. Tenía una sabia resignación sobre el tiempo que habría de esperar para que le dieran atención. Ahora sabemos, gracias a las investigaciones de su equipo multidisciplinario, que el organismo tiene receptores específicos de un sistema endocannabinoide que explica la dinámica del cannabis en nuestro cuerpo. El doctor Yosi Tam, jefe de su equipo, estuvo en Montevideo invitado a una Jornada de la Sociedad de Endocannabinología. No vi inquietud, iniciativa o presencia de nuestras autoridades sanitarias.

Tampoco vi a nadie (salvo a Augusto Vitale, que fue a título personal) en el otro seminario internacional ya mencionado, que fue organizado por la embajada de Israel en Argentina y la Universidad Hebrea. Es una pena. Porque los vínculos que se tejieron desde la Junta Nacional de Drogas con la embajada de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén eran excelentes.

Las autoridades tampoco parecen estar enteradas de las excelentes investigaciones del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis de nuestra Universidad de la Républica, o del Instituto Clemente Estable, o de los aportes realizados por el Comité Científico Asesor que hizo seguimiento de la aplicación de la ley, y sigue (porque no se disolvió) integrado por distinguidísimas personalidades, como Luis Yarzábal, Amalia Laborde, Susana Mallo, Nilia Viscardi, Eduardo Manta, y, en su momento, María Julia Muñoz y los hoy fallecidos Pablo Carlevaro y Gonzalo Uriarte. Del aporte del Sindicato Médico del Uruguay, que es el único que ha tenido el valor de formar médicos en usos del cannabis.

(1). https://ladiaria.com.uy/ articulo/2017/11/estados-unidos-tomamedidas-para-combatir-la-crisis-de-losopiaceos-cuyo-consumo-mata-a-masde-100-personas-por-dia/

(2). Owen Amos. BBC. www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41755400.

Publicado en La Diaria, 15 • nov. • 2017

EL LENTO Y VELOZ CAMINO DE LA REGULACIÓN EN URUGUAY | Una conversación con Milton Romani, por Constanza Sánchez

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Fotografía Miguel Mira

Charlamos con Romani en un hotel del centro de Barcelona, aprovechando su paso por la ciudad para comparecer ante la Comisión del Parlament de Catalunya que evalúa la ILP sobre la regulación de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis (La Rosa Verda). Me lo encuentro leyendo El País, con su inseparable mate y de buen humor, como siempre.

Secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay entre el 2005 y el 2011, y posteriormente desde el 2015 hasta mediados del 2016, en la actualidad es embajador y trabaja como asesor en Política de Drogas y Derechos Humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, su trayectoria lo avala como una de las personalidades que desde el ámbito gubernamental más ha contribuido a adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de drogas y uno de los conductores clave de la regulación del cannabis en su país. Conversamos sobre el proceso en Uruguay, sobre las perspectivas de una regulación en España y sobre el futuro de un mundo que elige a presidentes como Donald Trump.

Después del resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Queremos un mundo en el que la marihuana sea legal pero gobernado por un tipo como Trump?

(Risas) No hay porro que nos haga olvidar que es una barbaridad. Para mí la victoria de Trump augura un quiebre civilizatorio. Aunque algunos lo habían advertido como una probabilidad, entre ellos el cineasta Michael Moore, saber que ha ganado y que ganó por ese margen importante, con mayoría en el Congreso y en el Senado, con la clase de discurso del miedo, de la xenofobia y el sexismo, augura un quiebre civilizatorio. Es la revancha del Ku Klux Klan. Las peores prácticas contra los afroamericanos ahora van a ser contra toda la comunidad LGTBI…

“Hay una especie de adicción a las políticas de drogas entre los que nos dedicamos a este tema. Vemos el mundo solamente a través de las drogas, de su prohibición, del prohibicionismo, pero hay otras cosas”

Y contra los latinoamericanos…

También. Me sigue resultando muy penoso que el presidente Peña Nieto lo haya recibido en plena campaña, porque creo que promover el miedo es de las peores cosas en política y en la vida, y lo que hace este señor es basar su política en la política del miedo. En estos momentos millones de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños que están en territorio estadounidense trabajando, haciendo los trabajos que los gringos no quieren hacer, deben estar temerosos. También, hay que decirlo, para consternación del género humano, hay un 29% del voto latino que apoyó a Trump. Seguramente son los hispanos que ya tienen un lugar y no quieren que sus hermanos vengan a joderlos. Son los fenómenos terribles que, salvando las distancias, se conocieron en Europa con el nazismo y el fascismo. Y bueno, para prueba un botón, las primeras manifestaciones de apoyo y de felicitaciones fueron de Marine Le Pen, Mariano Rajoy y de la ultraderecha europea. El miedo es malo para todos. Se va a generar violencia, y eso es un mal dato. Y por supuesto que eso afectará a las políticas de drogas… Muchas veces, en el fervor de nuestra lucha, nos quedamos prendidos a las sustancias y a las políticas de drogas. Hay una especie de adicción de los que nos dedicamos a este tema a las políticas de drogas. Vemos el mundo solamente a través de las drogas, de su prohibición, del prohibicionismo, pero hay otras cosas.

Muchas personas parecen haberse fijado más en la legalización en California y están contentas con eso a pesar de lo que significa la victoria de Trump.

No sé qué va a pasar en el frente interno de Estados Unidos con el señor Trump ahora que tenemos tres estados más, entre ellos California, la quinta economía del mundo, que han legalizado. Como este señor está muy fijado a la idea de una reactivación económica que estimule el empleo nacional, no creo que se vaya a meter con ese tema al interior de Estados Unidos. Hacia fuera, puede ocurrir que tengamos una reactivación de la vieja guerra contra las drogas. Al interior de Estados Unidos va a ser legal, va a haber una permisión, y van a exportar los problemas otra vez hacia América Latina y el Caribe. Estos señores conservadores están muy ligados al complejo de la industria armamentística y a todo el sistema de las cárceles privadas. Desgraciadamente, la industria armamentística da empleo, por lo tanto, hay que tener guerras para sostenerla. Hay que mantener la guerra contra las drogas para sostener la actividad de más de sesenta y cuatro agencias norteamericanas que se dedican a esta tarea, y las cárceles también son un negocio. Ayer leía que hay algunos sectores que ya se mostraron muy optimistas en las bolsas, entre ellos la industria farmacéutica y las compañías de cárceles privadas.

A veces pareciera que, con la forma en que se está legalizando, se ha salido de la prohibición y el capitalismo lo ha ocupado todo, incluso puede comprar el activismo, la ciencia, cualquier cosa que pudiera traer beneficio. Se ha pasado de invertir en armas a invertir en marihuana. Creo que hay que tener cuidado en cómo estamos haciendo las cosas, que no debemos olvidar la visión global de que las políticas de drogas sirvan también para mejorar otros ámbitos de la sociedad. El caso de Uruguay me parece interesante por esto, porque hay un Estado social detrás, no es puro capitalismo.

Esta es una situación en la que me atrevo a convocar a toda la sociedad civil, a toda la militancia vinculada al cannabis y a todo el antiprohibicionismo para hacer una reflexión política, porque lo que estamos haciendo con este asunto es política. Para hacer buena política hay que enmarcar nuestra reivindicación de derechos y de libertad en el marco de un proyecto político. Entonces, ¿cuál es el problema político que tenemos con el prohibicionismo? Esa fue una de las primeras banderas que Uruguay sacó a nivel internacional en el 2008; que fuimos a Viena a reivindicar que las políticas de drogas deben formar parte de la agenda de derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con las drogas y con muchas otras cuestiones. Por lo tanto, siempre reclamo que para enfocar el tema drogas, tanto a nivel clínico como a nivel político, hay que “descentrar”.

“El pasaje del prohibicionismo a una liberalización de las drogas implica secuestrar una lógica de capitalismo salvaje como es la del narcotráfico”

¿Descentrar?

Descentrar quiere decir sacar el foco de un asunto para verlo más ampliamente. Es verdad lo que decías, que pasar del prohibicionismo a la legalización puede implicar una libertad total de mercado. Las primeras corrientes que reivindicaron la legalización fueron precisamente las corrientes liberales de Milton Friedman y Gary Becker. Dentro de este descentramiento que tiene que ubicarse en la agenda de derechos también se ha de incluir un pensamiento económico social claro; también convoco a la militancia cannábica a reflexionar sobre esto. La regulación de los mercados –no del mercado de cannabis, del mercado– es una necesidad de los pueblos para contener los desbordes salvajes de la lógica interna que tiene el mercado capitalista. El mercado capitalista no piensa ni en la agenda de derechos ni en libertades. La libertad y la lógica de mercado en lo único que piensa es en maximizar la ganancia y extender el consumo. El pasaje del prohibicionismo a una liberalización de las drogas implica secuestrar una lógica de capitalismo salvaje como es la del narcotráfico, unido al lavado de dinero. Es un paso, pero creo que al mismo tiempo, de la misma manera que hacemos ese pasaje, el control estatal y social sobre este tema es una oportunidad que nos debemos dar para evitar los excesos y la lógica del mercado libre que puede traernos aparejados esta situación. Por lo que hemos conversado con los amigos de Washington y Colorado, este tema ya lo incorporaron como una problemática. El modelo uruguayo es casi estatista. Y se da en un país donde la tradición estatista es muy grande. Uruguay debe ser de los pocos países que tienen, por ejemplo, una empresa pública de telecomunicaciones, que además es exitosa y brinda ganancias al Estado.

¿Cómo va el proceso de regulación en Uruguay?

Lento. Muy lento. Demasiado lento.

Pero ¿lento porque estamos hablando de cannabis?, ¿o porque Uruguay es lento?

Uruguay es lento para hacer algunas cosas. Los mecanismos institucionales son lentos. A eso hay que sumarle que el tema cannabis enfrenta resistencias de varios lados. Ha habido mayorías parlamentarias y apoyo de la sociedad civil cannábica uruguaya, que, con todo el respeto que me merece, no tiene la envergadura que tiene acá en Cataluña, donde cuatrocientos clubes presentan una iniciativa popular y unen cincuenta mil firmas… Eso no ha existido en Uruguay. Hemos sido pioneros, sí, pero hemos tenido que enfrentar cosas precisamente por ser los primeros. Tuvimos un empuje grande durante la discusión parlamentaria, después tuvimos una transición de gobierno, que siempre trae complicaciones porque cambian las autoridades en todos los niveles. El presidente Tabaré Vázquez, médico oncólogo, tiene una visión higienista del tema, y ha puesto mucho cuidado en la implementación de la regulación porque no quería fracasar. A veces la cautela atenta contra la efectividad. Además, estamos creando una institucionalidad nueva. Creamos el IRCCA, que es como crear un ministerio: una oficina que tiene que tener fiscalizadores, una red informática… Por ejemplo, nuestro sistema se hace con registro de usuarios, y el registro de usuarios es todo un desafío al sistema de derechos y garantías, y esto fue polémico con la sociedad civil, aunque se terminó aceptando porque nosotros hicimos, desde el gobierno, todo lo posible para que este registro fuera un dato sensible. Protegido por la ley de datos. En el sistema del acceso legal a la marihuana hay tres vías: autocultivo, clubes y farmacias.

¿Y en las tres vías hay que registrarse?

Sí. Ya empezó el registro con buen éxito en la primera y segunda modalidad, pero estamos muy demorados con el registro de usuarios que retiran en farmacias. Cuando das tus datos, se incorporan a un sistema de encriptación, que asegure la privacidad, y de desencriptación por si un juez lo pide. Esto no existía, hubo que crearlo, era algo que no estaba creado y es toda una novedad. Y no quisimos lanzar el registro general antes de tener todo eso bien blindado. Nos llevó mucho tiempo también el otorgamiento de licencias para la producción de cannabis. Se presentaron veintidós empresas y teníamos que seleccionarlas por el plan industrial y estratégico de viabilidad y seguridad que presentaran, y a la vez teníamos que investigar el origen de los fondos y de los últimos beneficiarios para evitar que capitales que estuvieran lavando dinero del narcotráfico se metieran en el proyecto. Esto nos llevo un tiempo largo de selección, de licitación. Lo bueno es que no hubo ningún reclamo de las veinte perdedoras. Lo cual es bastante inusual, al menos en Uruguay, que una vez que otorgas una licitación no tengas un reclamo jurídico por cuestiones varias. Se fue muy exigente.

“Para la opinión pública este no es un tema de importancia. Les desvela la inseguridad, no la marihuana”

Y la sociedad uruguaya, la que no es activista cannábica, ¿qué opina?

Obvio que, además de las complicaciones de ingeniería del sistema o del cambio de presidencia, que pesó mucho, están las resistencias culturales. Para la opinión pública este no es un tema de importancia, a la gente le importa tres carajos que se legalice o no se legalice la marihuana, no es un tema que los desvele. Los desvela la inseguridad, pero la marihuana, que para muchos activistas cannábicos es el non plus ultra, para el resto de la gente es ambivalente: los “fumetas” no les quitan el sueño, aunque si les dices “les vamos a sacar esto al narcotráfico”, entonces te dicen “eso me parece bien”. Según cómo pregunte la consultora, te va a salir la encuesta a favor o en contra. Esa es la verdad del asunto. Pero no forma parte de la preocupación de la opinión pública. Tampoco forma parte del top de la agenda política. Y es más o menos razonable que eso sea así, en un país que además hace diez años tuvo un crecimiento económico importante, un abatimiento de los factores de pobreza y desocupación, y ahora estamos ante un momento económico de incertidumbre.

¿Y en qué momento está ahora el proceso de regulación?

Camina, hay una institucionalidad que funciona, esto va a salir. Ahora estamos en la fase final. Pero tuvimos que enfrentar también intereses comerciales, que especularon con los centros de farmacia. Te digo que los farmacéuticos, químicos y médicos fueron los bloques de resistencia más importantes, con una visión sanitarista dogmática que se resistía al cambio. Tuvimos que decirles: “No, esto no es un psicofármaco”; “No se expende con receta verde”; “Esto es una variedad vegetal con capacidad psicoactiva”… Tuvimos que sacar un decreto especial para determinarla así, porque si no los químicos farmacéuticos se oponían y querían tener el control al considerar que se trataba de un psicofármaco. Pero el cannabis no se expende con receta médica, es de libre expendio. Hay modalidades en algunos estados norteamericanos que, bajo el paraguas del cannabis medicinal con receta médica, pues ya sabes: “Doctor, tengo dolor de espalda: cannabis y, pum, receta”. En Uruguay no es así, allí el usuario de cannabis que quiera acceder o planta, o se hace socio, o se registra en el correo y va a ir a la farmacia donde podrá retirar sus 10 gramos semanales, hasta 40 gramos mensuales. Esa es la ley.

“El día que salga el primer gramo de marihuana de la primera farmacia, ya está. La regulación caminará”

Uruguay está en el punto de mira, tanto de los partidarios como de los detractores. Y hay mucha presión de que este primer intento salga bien. Debe ser agotador, realmente solo han pasado tres años para construir todo un sistema que no existía.

Te puedes imaginar. Yo ya había sido Secretario Nacional de Drogas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y lo continué siendo un tiempo con Mujica precisamente como una señal de que él iba a garantizar la continuidad de la ley porque existía la sospecha de que no lo iba a hacer. Ahora de nuevo, en este su segundo gobierno, Tabaré Vázquez me volvió a designar Secretario Nacional de Drogas, y sí, la presión mediática es muy grande, no por intereses relacionados con la marihuana, sino por ponerle palos al gobierno: “Oye, esto ya lleva tres años”. Yo pienso que tenemos cien años de prohibicionismo, así que porque nos demos tres años de probar otra cosa no es tan grave. Además, en algunos aspectos ya está caminando bien: hubo polémica sobre el registro, de acuerdo, pero entre cultivadores y clubes cannábicos ya hay más de seis mil uruguayos y uruguayas que se registraron y no tienen ningún problema con el Estado. Seis mil personas es un número importante en Uruguay, un país de tres millones y medio de habitantes. Aunque es verdad que tenemos una población usuaria potencial de ciento cincuenta mil, ya son seis mil los que no acuden al mercado ilícito. Insisto en que el primer síntoma de éxito del modelo uruguayo, que no es de libre mercado abierto, pues no se permiten publicidad ni competencia ni hay diferencia de precio –eso es por ley el mercado regulado–, es que los usuarios se adhieran al sistema. Si los usuarios dicen “déjate de joder, me es mucho más fácil llamar al dealer”, ahí fracasó todo. Los seis mil que se adhirieron son la parte más activista que está en el autocultivo y en los clubes, pero de todas maneras yo creo que es un buen síntoma. El día que empecemos a dispensar efectivamente, el día que salga el primer gramo de marihuana de la primera farmacia, ya está. A partir de ahí se producirá la naturalización de algo que parecía imposible. Vamos a tener que darnos un tiempo para ver el impacto que tiene en la gobernanza, en la cantidad de gente presa… Pero caminará.

¿Cómo ha sido tu experiencia aquí, en el Parlament?

Te confieso que más allá de lo que me habían informado, era toda una incógnita saber cuáles eran los niveles de sensibilidad y de profundidad que tenía este asunto, y me voy con la convicción de que Cataluña va a ser la próxima región del mundo que va a dar un paso hacia la regulación. Ya entendí todos los problemas que tienen con el poder central, pero creo que de todas maneras la cosa va adelante porque he visto una Comisión de Salud que ha interiorizado el tema, no escuché políticos que están bobeando y que preguntan pavadas, no. Los vi informados, interesados, y vi un consenso político que, salvo algún sector, están para ir adelante. Me llevo una grata sorpresa de la situación en Cataluña. No es una sorpresa respecto a lo que desde Uruguay conocíamos sobre Cataluña y el País Vasco. En realidad, nosotros el componente de clubes de membrecía de la ley se lo copiamos a ustedes, se lo escuchamos a Martín Barriuso y a Òscar Parés ya en el 2007, cuando hicimos un diálogo informal, y lo escuchábamos con muchísima atención. En lo personal, el modelo de los clubes sociales de cannabis (CSC) me pareció muy bueno desde el punto de vista incluso de una reelaboración responsable. Siempre tiene flancos de mercado libre, pero el hecho de que se creen pequeñas asociaciones de producción, que además ahora tenga la iniciativa de autorregularse con un marco legal, me parece que sigue siendo muy interesante como modelo. Veamos qué pasa con Canadá, que creo que va por un camino mixto entre libertad de mercado, regulación estatal y asociaciones o pequeñas cooperativas.

Los activistas de Canadá, que son los que están asesorando ahora al gobierno, están muy interesados también en conocer cómo funciona el modelo de clubes. Es algo muy desconocido.

No es muy conocido, no, y a mí me sigue pareciendo muy interesante. Es verdad que hay que garantizar el derecho de cualquier usuario, pero como político creo que hay que dar prioridad a aquellos que están organizados y se proponen un objetivo determinado y cuidan de sus intereses, y una vez que tenés afirmado eso, el resto viene por añadidura.

“Me voy con la convicción de que Cataluña va a ser la próxima región del mundo que va a dar un paso hacia la regulación”

¿Y la propuesta en concreto, La Rosa Verda, qué le parece?, ¿qué opina del texto de la ILP?

Me parece que ojalá hubiéramos tenido este texto como primer paso en Uruguay. Nos hubiéramos ahorrado algunos dolores de cabeza. Te lo digo sinceramente. Es un texto que privilegia proteger derechos y garantías, eso es un punto muy importante. No es un verso literario. Creo que protege los derechos y garantías de las personas que están ya asociadas, es muy equilibrado respecto a los objetivos de salud que se propone la ley, lo cual es crucial porque es uno de los flancos débiles que tienen todos los mecanismos de regulación. El texto demuestra que se puede hacer un enfoque de reducción de daños y que esto brinda posibilidades mejores de atender los eventuales problemas de salud del sistema actual. Hay alguna cosa que el texto no dice, pero que a lo mejor es una virtud que no la diga: por ejemplo, qué cantidad de socios puede tener una asociación, nosotros tenemos una limitación y a lo mejor en la discusión van a tener que llegar a un acuerdo.

Vuestra limitación es además muy estricta, de quince a cuarenta y cinco socios.

Muy baja, las personas asociadas en clubes ya nos dicen que no les da la fórmula económica, y ya hubo un primer intento de asociación de clubes porque no les llega. Pero también nosotros nos enfrentamos a lo otro: viene una empresa que te funda catorce clubes y después se asocia y tenés una gran empresa.

Este es un dilema importante aquí: si a los clubes se les pide demasiado –que hagan reducción de riesgos, que sean pocos socios, se porten bien…–, y a la vez se permite que se monte un estanco de cannabis y una farmacia que dispense, sin todas estas restricciones, ¿no se estará perjudicando al colectivo que se quiere regular, privilegiando la fórmula comercial?

Para mí es una buena ley para empezar. Después yo sugerí que creen a nivel parlamentario una comisión de evaluación y monitoreo y vayan viendo y acompañando la implementación. Pero empezar reconociendo una realidad que son la cantidad de clubes que hay con esta situación me parece que es un buen movimiento para proteger desde el punto de vista legal a los que ya están funcionando y no someterlos a la arbitrariedad de la actuación policial, y también como una forma de autorregulación para evitar a los avivados. Es una forma de decir, y eso es un mensaje: tenemos una realidad, queremos ejercer nuestro derecho, nos asociamos, pero también somos una realidad que queremos una regulación hecha por nosotros con acuerdo de ustedes. Hay que partir de una posición sensata. Nosotros ni con el mercado regulado ni con los clubes vamos a resolver el problema del “paraíso en la tierra”. Vamos a sacar a alguna gente del mercado ilícito, pero este va a seguir existiendo. Como lo hay de tabaco y alcohol. Pero si tú me decís que con esta regulación sacamos a la mitad de usuarios del mercado ilícito, hemos adelantado la mitad del camino.

Publicado en la revista Cáñamo #230 (febrero 2017)

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POLÍTICA DE CERCANÍA EN DROGAS por Milton Romani Gerner

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“Se va a cumplir la ley, pero insisto: no hay que consumir drogas”. Tabaré Vázquez

“La medicina está, en algún punto, como hipnotizada por los medicamentos y la tecnología. Creo que eso quita el foco del paciente […] excesos que transforman sanos en enfermos”. Doctora María Noble, en una conferencia organizada por el MS y el FNR

“Alrededor de 5.500 millones de personas siguen teniendo un acceso limitado a medicamentos que contienen estupefacientes, como la codeína y la morfina, o ni siquiera tienen acceso a ellos. Eso significa que 75% de la población mundial no tiene acceso a un tratamiento del dolor adecuado”. Doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (prólogo del Informe Especial 2015)

El presidente Tabaré Vazquez ha insistido en el irrestricto cumplimiento y la definitiva instrumentación de la Ley de Regulación del Cannabis y ha anunciado un nuevo plazo para su concreción.

Se está construyendo un nuevo modelo de fiscalización. Una regulación responsable de sustancias con riesgos para la salud, que tiene como cometido remontar 100 años de dogmatismo e ineficacia prohibicionista. Lleva un poco más de tiempo. Hay que decir también que el exceso de cautela puede ocasionar daños y puede ser fuente de errores políticos. No se trata sólo de la dispensión de cannabis en la red de farmacias y el urgente registro de usuarios; se trata también de diligenciar el uso medicinal del cannabis y la explotación industrial del cáñamo, incluidos en la ley y que marchan a ritmo lento.

Hay una multiplicidad de actores que están al servicio de la resistencia al cambio (a todo tipo de cambio). Son los primeros en refugiarse en las dilaciones. Apuestan al fracaso absoluto del gobierno y del Frente Amplio. Especulan, sin reparar que hay un punto en este tema: el statu quo favorece al mercado ilícito del narcotráfico. Hacen cola, también, los amanuenses que suponen que de esa manera quedan bien con el presidente, y ponen esfuerzo en trancar, dificultar y no facilitar nada; todo eso bajo la supuesta premisa de hacer bien los mandados, a pesar de la expresa determinación republicana que Vázquez ha reiterado. Un moderno CEO (Chief Executive Officer) no es un capataz acrítico y sin iniciativa. Un GPI (Gestor Político de Izquierda) tiene pensamiento político, así como hoja de ruta y coraje en la acción.

Reducción de daños, prevención universal, selectiva e indicada

A su vez, Tabaré ha insistido en su mensaje: “no hay que consumir drogas”. Todos entendemos su intención, enmarcada en su incansable prédica educativa. Ni el texto ni el espíritu de la ley suponen ningún tipo de promoción del consumo de marihuana.

Hay un desafío en materia de prevención. Apegado a las mejores evidencias en este campo, no se remite sólo a decir “no a las drogas”. Es más complejo. Hay que desplegar más herramientas informativas para poder gestionar los riesgos y mitigar los daños, partiendo del supuesto de que, más allá de nuestros deseos, hay hombres y mujeres que buscan placer, estados de conciencia diferentes, calmar dolores, soportar dolencias recurriendo a una variada oferta de sustancias, de circulación lícita, ilícita o semiilícita. También hay que tener en cuenta las garantías previstas en el artículo 10º de nuestra Constitución, que ampara a las acciones privadas de hombres y mujeres, siempre que no afecten a terceros.

Pharmacón y reducción de daños

La morfina, ¿es buena o es mala? Los medicamentos, en especial los psicofármacos y los antidepresivos que tan pródigamente dispensan nuestros médicos y vende la industria farmacéutica, ¿son buenos o son malos? Las dos cosas a la vez.

Pueden ser beneficiosas para la salud, pero también pueden generar daño. Los griegos acuñaron el nombre de phármacon, que significa, a un tiempo, remedio y veneno. Ambigüedad del término que compite con drug, de origen celta, que aludía al mal olor que despedían las mercancías en los puertos. Esta denominación, deletérea, poco precisa, ha servido para sostener mitos, prejuicios y moralinas. Aporta un problema más, porque, al decir de Albert Einstein, “es mas fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. En este asunto estamos intoxicados de prejuicios.

Nuestro amigo el doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), quien visitó Uruguay junto con su colega Alejandro Mohar para conocer el modelo de regulación de cannabis, insiste en el prefacio del Informe Especial de la JIFE de 2015 en el efecto paradójico y absurdo del sistema prohibicionista. No hay drogas disponibles para quienes verdaderamente las necesitan.

Política de cercanía

Me permito esta señalización técnica y política sobre lo preventivo y educativo, de la misma manera que en 2009 (a pesar de apoyar su postulación en plena campaña) discrepé con el compañero José Mujica acerca de la mal llamada “internación compulsiva”. El tema central no está en las drogas, sino en las personas y en cómo construimos vínculos, incluidos los que desde el Estado se promueven en términos de control y fiscalización. Poner el foco en las sustancias, generalizar todos los usos en forma homogénea o identificar a los usuarios como adictos no son caminos preventivos.

Un mercado regulado pretende ser un vínculo que promueve la cercanía en términos de salud pública. Reduce daños y hace más permeables los mensajes preventivos, porque hace confiable la relación entre el Estado y los usuarios.

Las tonalidades de enfoque son inevitables en el abordaje político de un problema social complejo, que tiene varias aristas y está en debate en el mundo entero. Se han realizado, en su historia, 29 sesiones especiales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por temas cruciales; si será polémico y complejo este tema, que tres de esas reuniones tuvieron como cometido discutir “el problema mundial de las drogas”. La primera fue en 1990. En la segunda, que tuvo lugar en 1998, se postuló “Un mundo libre de drogas”; el secretario general de la ONU, Kofi Annan, brindó por ello, pero hoy reconoce el fracaso rotundo de esa consigna y es un crítico severo del paradigma vigente y de la guerra contra las personas que supuso.

En la última Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de la Droga, en 2016 (a la que tuve el honor de concurrir en calidad de jefe de la delegación de Uruguay), comenzaron a aceptarse nuevos enfoques y se inició un proceso fermental de debate político, académico, científico, social, penal, de salud pública y de seguridad ciudadana. Se logró incorporar aportes de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos, que difundió un contundente documento que habilitó un giro fundamental, incorporando definitivamente un enfoque de derechos humanos con respecto a este tema.

Dicho texto recuerda “las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes 51/12, sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, y otras entidades de ONU “para la promoción de los derechos humanos en la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas”. La resolución 51/12 fue la que presentamos junto con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, en marzo de 2008, cuando libramos una batalla diplomática y política trascendente, que sigue prestigiando a Uruguay ante la comunidad internacional por liderar la defensa de los derechos humanos en torno a esta temática.

Publicado en La Diaria 15/12/2016

Algo está cambiando en políticas de drogas – UNGASS 2016

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Escribe Elena Lagomarsino

Actualmente se está dando un proceso de debate sobre las políticas de drogas hacía la Asamblea General Especial de Naciones Unidas del 2016 (UNGASS 2016) que indica que algo ya cambió en lo que era la hegemonía del discurso prohibicionista en la comunidad internacional.

En el 2008-2009 en ocasión del proceso de revisión de la Asamblea General Especial de Naciones Unidas fueron muy pocos los países que plantearon algo que moviera a la comunidad internacional del enfoque prohibicionista en políticas de drogas. Nuestro país, representado en esa ocasión por Jorge Vázquez como presidente de la Junta Nacional de Drogas y Milton Romani como Secretario General, rompieron la monotonía de esas reuniones con la propuesta de una Declaración de integración de los instrumentos internacionales de Drogas con los Instrumentos de Derechos Humanos, o sea las estrategias para abordar el problema mundial de las drogas deberían aplicarse respetando los Derechos Humanos. Finalmente salió una declaración sobre el tema y eso marcó un hito. A partir de ahí no hay declaración de los organismos multilaterales y regionales en que no se haga mención a la debida adecuación de las políticas y los derechos humanos.

Esto significaba un cuestionamiento a los fines que se esperaban de la prohibición y los efectos de dichas políticas, que han profundizado los problemas de salud, vulnerabilidad social y cultural, convivencia, incremento de la violencia asociada al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos como tráfico de armas y trata de personas.

Pero luego fueron iniciativas y enfoques de distintos países que fueron marcando un cambio en base a sus realidades particulares. Fué así que Bolivia generó un gran debate en relación al derecho de su pueblo al acullico y Ecuador, que tiene un régimen penal muy punitivo, promulgó una amnistía por delitos de drogas. Lo más reciente y podríamos decir más removedor en políticas de drogas ha sido la regulación del cannabis en nuestro país. Cabe señalar que también en EEUU, al mismo tiempo, los Estados de Washington y Colorado  regularon la producción de cannabis con fines recreativos , además de los fines para uso médico.

Asimismo hay un logro importante a destacar, y es que se abrió el debate, algo  que  se venía reclamando desde la JND, que se permitiera un debate amplio, democrático, sin prejuicios. Hoy existe un grupo de países de América Latina que, en distintos ámbitos, se viene pronunciando por un cambio de enfoques en esta materia. A Uruguay le cabe la responsabilidad en UNASUR, en virtud de estar ejerciendo la Presidencia Pro Tempore, de lograr un documento con una posición común de la región para la UNGASS.

¿Que es lo que esperamos de UNGASS 2016 ?  Aspiramos  que finalmente se reconozca en la comunidad internacional no hay un solo enfoque para abordar el problema de las drogas. No creemos posible un documento consensuado ya que hay un conjunto de países con una posición extremadamente conservadora y prohibicionista.

Pero debemos trabajar para que haya una declaración que contenga los siguientes aspectos:

  • como principio orientador concebir al sujeto como eje primordial de las políticas de drogas
  • Respetar las decisiones soberanas de los Estados en materia de políticas de drogas y en pleno respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la soberanía y la integridad territorial de los Estado. Incluyendo las  iniciativas que varios países están implementado centradas en la dignidad y derechos del ser humano, reconociendo que la pluralidad social, cultural y económica de los países de la región deben permitir la formulación de políticas diversas, amplias e integrales que privilegien medidas preventivas para hacer frente al problema de las drogas.
  • Enfoque transversal de derechos humanos
  • Enfoque de género y atención a grupos vulnerables
  • Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de atención y tratamiento en drogas. Eliminar el tratamiento compulsivo
  • Garantizar los usos médicos y científicos de las sustancias bajo control
  • Fortalecer la institucionalidad democrática para enfrentar la corrupción vinculada al problema de las drogas.
  • Promover la contribución de la participación ciudadana, la academia y organizaciones de la sociedad civil en el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas en materia de drogas.
  • Descriminalizar el consumo y posesión personal de drogas
  • Aplicar el principio de proporcionalidad de las penas a los delitos de drogas y promover las alternativas a la privación de libertad.
  • Promover las estrategias de reducción de daños por consumo de drogas
  • Eliminar la pena de muerte en el marco de las sanciones penales por las leyes de drogas
  • Evaluar los resultados de la aplicación de las medidas prohibicionistas relativas al cannabis  y considerar la adopción de políticas de control y regulación del mercado de cannabis
  • Promover la coherencia, integralidad y actualización del Sistema de control de drogas en el marco del Sistema de Naciones Unidas con las otras agencias de DDHH, OMS, PNUD, UNESCO. Incorporando también a la academia y la sociedad civil.