Escribe Elena Lagomarsino

Actualmente se está dando un proceso de debate sobre las políticas de drogas hacía la Asamblea General Especial de Naciones Unidas del 2016 (UNGASS 2016) que indica que algo ya cambió en lo que era la hegemonía del discurso prohibicionista en la comunidad internacional.

En el 2008-2009 en ocasión del proceso de revisión de la Asamblea General Especial de Naciones Unidas fueron muy pocos los países que plantearon algo que moviera a la comunidad internacional del enfoque prohibicionista en políticas de drogas. Nuestro país, representado en esa ocasión por Jorge Vázquez como presidente de la Junta Nacional de Drogas y Milton Romani como Secretario General, rompieron la monotonía de esas reuniones con la propuesta de una Declaración de integración de los instrumentos internacionales de Drogas con los Instrumentos de Derechos Humanos, o sea las estrategias para abordar el problema mundial de las drogas deberían aplicarse respetando los Derechos Humanos. Finalmente salió una declaración sobre el tema y eso marcó un hito. A partir de ahí no hay declaración de los organismos multilaterales y regionales en que no se haga mención a la debida adecuación de las políticas y los derechos humanos.

Esto significaba un cuestionamiento a los fines que se esperaban de la prohibición y los efectos de dichas políticas, que han profundizado los problemas de salud, vulnerabilidad social y cultural, convivencia, incremento de la violencia asociada al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos como tráfico de armas y trata de personas.

Pero luego fueron iniciativas y enfoques de distintos países que fueron marcando un cambio en base a sus realidades particulares. Fué así que Bolivia generó un gran debate en relación al derecho de su pueblo al acullico y Ecuador, que tiene un régimen penal muy punitivo, promulgó una amnistía por delitos de drogas. Lo más reciente y podríamos decir más removedor en políticas de drogas ha sido la regulación del cannabis en nuestro país. Cabe señalar que también en EEUU, al mismo tiempo, los Estados de Washington y Colorado  regularon la producción de cannabis con fines recreativos , además de los fines para uso médico.

Asimismo hay un logro importante a destacar, y es que se abrió el debate, algo  que  se venía reclamando desde la JND, que se permitiera un debate amplio, democrático, sin prejuicios. Hoy existe un grupo de países de América Latina que, en distintos ámbitos, se viene pronunciando por un cambio de enfoques en esta materia. A Uruguay le cabe la responsabilidad en UNASUR, en virtud de estar ejerciendo la Presidencia Pro Tempore, de lograr un documento con una posición común de la región para la UNGASS.

¿Que es lo que esperamos de UNGASS 2016 ?  Aspiramos  que finalmente se reconozca en la comunidad internacional no hay un solo enfoque para abordar el problema de las drogas. No creemos posible un documento consensuado ya que hay un conjunto de países con una posición extremadamente conservadora y prohibicionista.

Pero debemos trabajar para que haya una declaración que contenga los siguientes aspectos:

• como principio orientador concebir al sujeto como eje primordial de las políticas de drogas
• Respetar las decisiones soberanas de los Estados en materia de políticas de drogas y en pleno respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la soberanía y la integridad territorial de los Estado. Incluyendo las  iniciativas que varios países están implementado centradas en la dignidad y derechos del ser humano, reconociendo que la pluralidad social, cultural y económica de los países de la región deben permitir la formulación de políticas diversas, amplias e integrales que privilegien medidas preventivas para hacer frente al problema de las drogas.
• Enfoque transversal de derechos humanos
• Enfoque de género y atención a grupos vulnerables
• Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de atención y tratamiento en drogas. Eliminar el tratamiento compulsivo
• Garantizar los usos médicos y científicos de las sustancias bajo control
• Fortalecer la institucionalidad democrática para enfrentar la corrupción vinculada al problema de las drogas.
• Promover la contribución de la participación ciudadana, la academia y organizaciones de la sociedad civil en el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas en materia de drogas.
• Descriminalizar el consumo y posesión personal de drogas
• Aplicar el principio de proporcionalidad de las penas a los delitos de drogas y promover las alternativas a la privación de libertad.
• Promover las estrategias de reducción de daños por consumo de drogas
• Eliminar la pena de muerte en el marco de las sanciones penales por las leyes de drogas
• Evaluar los resultados de la aplicación de las medidas prohibicionistas relativas al cannabis  y considerar la adopción de políticas de control y regulación del mercado de cannabis
• Promover la coherencia, integralidad y actualización del Sistema de control de drogas en el marco del Sistema de Naciones Unidas con las otras agencias de DDHH, OMS, PNUD, UNESCO. Incorporando también a la academia y la sociedad civil.