PRIORIDAD NACIONAL NÚMERO UNO por Ignacio Martínez

Yo te desafío,
con duros versos te golpeo el rostro,
te embarco y te destierro.
Yo con otros,
con otros, muchos otros,
te vamos expulsando
de la tierra a la luna
para que allí te quedes
fría y encarcelada
mirando con un ojo
el pan y los racimos
que cubrirá la tierra
de mañana.

(fragmento final de la Oda a la Pobreza, de Pablo Neruda)

Varias fuentes consultadas dan cuenta de que la pobreza en Uruguay la padecen principalmente nuestros niños.

Es irrefutable que han sido los gobiernos de izquierda que vinieron bajando los índices de esa cruda realidad. En el primer año de gobierno de Vázquez, los índices daban cuenta de que el 50% de las personas que estaban bajo la línea de pobreza eran menores de 18 años. Hoy ese índice ha bajado a 18%.

Otro dato no menor es que al día de hoy el 96,6 de todos los niños de nuestra sociedad accede a educación primaria, mientras que el 68,1% lo hace en secundaria y sólo el 37,6% llega a una formación terciaria. De los niños y jóvenes de nivel más bajo, sólo logran finalizar el 45,2% en secundaria y el 10.9% en terciaria, mientras que si los comparamos con los niños y jóvenes de los sectores más acaudalados vemos que el 96,1 termina educación media y el 70,9 termina educación media superior.

Se ha avanzado, sí, pero se vuelve imprescindible desterrar definitivamente que 6,2% de los hogares uruguayos esté hoy por debajo de la línea de pobreza y que el 20,01% de niños menores de 6 años sean pobres.

Se ha trabajado mucho, sí. En 2006 el 53,4% de los niños menores de 6 años era pobre, mientras que en 2016 cayó al 20,1%. Pero no es suficiente.

Debemos proponernos una cruzada para eliminar la pobreza entre nuestros niños y niñas. El INAU, los programas del MIDES, la UdelaR, el MSP, el novísimo Sistema de Cuidados, la Escuela Pública, la sociedad civil organizada (léase cooperativas, sindicatos, iglesias, etc), deberíamos instrumentar un sistema de coordinación, de información y de trabajo permanente para hacer frente a este flagelo social inadmisible. Está en nosotros desterrarla definitivamente. Lo que no se logra derrotar, puede volver y crecer.

¿Es mero voluntarismo? ¿Acaso no se puede? ¿Es una cuestión de recursos que no tenemos?

Aspecto básico a superar, ya ahora, es no quitar la Asignación Familiar a los niños que desertan de la educación porque afecta a los más pobres. El derecho a esa mínima protección social se debe asegurar y, en todo caso, atacar el abandono educativo por otro lado. Es imprescindible agilizar los mecanismos de adopción. Debemos tener la voluntad política de anunciar con vehemencia: ni un solo niños con hambre o frío o desprotección en nuestro país.

Los invito a recorrer la periferia de Montevideo y de las capitales departamentales. Hay una realidad que golpea y no podemos hacernos los distraídos.

(Datos recientes de UNICEF e INE)

Publicado en VOCES el jueves 6 de julio 2017

 

HABÍA UNA VEZ UNA DEMOCRACIA… por Ignacio Martínez

 …que se creía que era la única, la mejor, la insuperable. Así lo han predicado desde 1830 los fundamentalistas de esta democracia, (con sus variaciones en 1918, 1933, 1942, 1952 y 1967).

Francia y EEUU han sido tomados como referencia, sin importar la Francia colonialista que se burló de la liberté, égalité, fraternité, dominando y masacrando a los pueblos de Vietnam, Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea, Malí, Níger, Chad, República Centroafricana, República del Congo, Dominica, Haití, para nombrar algunos.

El democrático EEUU ha invadido países de todos los continentes. Lanzó las bombas atómicas en Japón en agosto de 1945. Mantuvo su prédica del milagro americano, exterminando y reprimiendo en su propio territorio a las poblaciones autóctonas y negras.

Esta es la democracia representativa que nos han inculcado como la única, la mejor. Cada cinco años se cambian presidentes, ministros, secretarios y  asesores. Cada cinco años cambian los senadores, los diputados, sus secretarios, los intendentes y los curules. Entonces los programas cambian, las estrategias cambian y los nuevos funcionarios de la democracia se enarbolan en nuevos planes.

Sin embargo en esta democracia los dueños de la tierra no cambian, los dueños de los bancos no cambian, los dueños de los medios de información tampoco cambian.

Cuando uno propone nuevas democracias, ponen el grito en el cielo. ¿Eliminar el senado? No. ¿Hacer una democracia más participativa que representativa? No. ¿Poder rendir cuenta a mitad del período y sustituir a quien el pueblo decida? No. ¿Eliminar el veto presidencial? No. ¿Hacer una democracia más parlamentaria y menos presidencialista? No. ¿Que los ministerios se nutran de colectivos de gente directamente vinculada a su materia? No.

Quisiera ver trabajadores y pequeños y medianos productores en el Ministerio de Ganadería y en el Ministerio de Industria. Quisiera ver maestros, profesores y gente de la cultura en el Ministerio de Educación y Cultura. Sería bueno tener representación de los diversos órdenes en todos los organismos, como es en la UdelaR o en el BPS.

Quisiera que la comunidad organizada tuviera directa incidencia en cada resorte de decisión y de puesta en práctica del Programa de gobierno. Eso nos haría mejores y protagonizaríamos la construcción de nuestras propias vidas, nuestra ciudadanía y nuestro país.

Para eso se debería transformar la Constitución, se debería elegir una Constituyente como acaba de hacer el pueblo venezolano ejerciendo su voto no obligatorio, amparándose en la Constitución vigente y apoyándose en verdaderos principios democráticos y no en hipócritas a sueldo, amantes de falsas democracias que, por ejemplo, hace unos días llamaban al pueblo de Venezuela a que no fuera a votar. Más de ocho millones de venezolanos hicieron oídos sordos. Hoy Venezuela avanza hacia una nueva democracia más participativa, acrecentando su sentido de pertenencia. El debate está abierto.

Publicado en Voces

LA SALUD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL por Pablo Anzalone

La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha sido una de las principales transformaciones estructurales del país. No sólo dio respuestas a una grave crisis en el sector, sino que además abrió un camino de cambios cuyos efectos positivos sobre la salud de la población son muy notorios.

Diez años después, la situación es compleja. Uno de los aspectos más importantes a analizar es la gobernanza del sistema. En los últimos años no existió un ámbito amplio de debate y reflexión sobre avances y temas pendientes en el SNIS. Desde la mirada de muchos actores, ha faltado claridad en las líneas prioritarias de avance y la hoja de ruta para implementarlas. Ambos elementos son fundamentales para sumar fuerzas y enfrentar las campañas que buscan socavar al SNIS. Organismos importantes para el trabajo interinstitucional y la participación social, como la Junta Nacional de Salud (Junasa), las juntas departamentales de salud (Judesa) y las juntas locales de salud no tienen la incidencia necesaria en las políticas ni en campañas específicas que den respuestas a los problemas y construyan un nuevo modelo de atención que sustituya al viejo modelo, basado en el lucro, por otro que prevenga la enfermedad y promueva la salud. Iniciativas que significan pasos muy positivos, como la definición de Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN), mantienen bajo perfil ante la gente. Los actores sociales no fueron consultados para elaborarlas y aprobarlas, y no han sido asociados públicamente a planes y acciones para alcanzarlas.

Por otro lado, a nivel de las organizaciones sociales de la salud, el panorama hasta 2017 era de dispersión, sin reflexiones ni propuestas conjuntas. Los avances del Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos en 2011 no se pudieron potenciar en este período. Al mismo tiempo, la derecha lleva adelante campañas sistemáticas de ataque al SNIS en tres áreas sensibles: el acceso a la medicación de alto precio, el llamado “déficit del Fonasa” y la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Las implicancias de estas acciones con el lucro de determinados sectores empresariales de la salud son muy claras, hacen un uso demagógico del dolor de pacientes y familiares. Especial destaque merece el llamado “complejo médico industrial”, que induce la demanda de medicamentos que no aportan mejores resultados a los ya existentes.

Cambios positivos

En 2017 se produjeron varios cambios en este escenario. En marzo, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) solicitó una reunión con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en la que presentó un conjunto de propuestas y planteó la necesidad de convocar a un diálogo nacional sobre la reforma de la salud. Esta movida apuntaba a centrar la agenda en los temas de fondo mediante un ámbito participativo que reflexionara sobre los nudos críticos, abriera debates, buscara acuerdos y tuviera consecuencias en materia de líneas de acción para el SNIS. El Ministerio de Salud Pública (MSP) tuvo la claridad de ver este escenario, responder positivamente y generar las Jornadas de Diálogo “A diez años del SNIS”. Con muy escasa difusión mediática, estas jornadas han sido fructíferas: el MSP presentó documentos sobre todos los temas y también lo hizo la FUS en confluencia con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, los movimientos de usuarios y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).

Otros dos procesos contribuyeron al cambio del escenario. Dos iniciativas del Instituto de Formación Sindical de la FUS, el Curso de Profundización del SNIS y el Foro Debate sobre Modelo de Atención dieron una amplitud mayor al diálogo social y abrieron la posibilidad de participar en estos debates en todo el país, mediante videoconferencias y talleres de discusión local. Esta metodología permitió un intercambio enriquecedor. La participación de varios cientos de trabajadores y usuarios en estas jornadas fortaleció los vínculos entre las organizaciones sociales y su capacidad de propuesta.

Por otro lado, el PIT-CNT se involucró activamente en este proceso y superó cierta prescindencia anterior en los temas de salud. Convocó a los sindicatos del sector y al Instituto Cuesta Duarte a elaborar una plataforma programática común, que fue discutida, acordada y presentada con los movimientos de usuarios, la ONAJPU y el Sindicato Médico del Uruguay. Estas propuestas se hicieron públicas el 11 de julio en un PIT-CNT repleto, un paso relevante hacia la concreción de un Frente Social de la Salud.

La reflexión programática, la capacidad de propuesta, la sumatoria de fuerzas sociales y el diálogo con las autoridades del MSP dieron un salto en calidad. ¿Hasta dónde se avanzará en este camino? Depende de varios protagonistas; en particular, de la unidad y la movilización de los actores sociales y del posicionamiento del Poder Ejecutivo. No hay una única respuesta.

Los actores sociales no se limitan a reclamar que el gobierno haga más y mejor las cosas, también demandan participar más en la construcción de esos cambios. La formación de trabajadores y usuarios para poder participar es una necesidad sentida por los protagonistas; se está avanzando en ese plano, con mayores puentes entre ellos. La debilidad de no tener líneas claras y comunes para influir en los espacios del SNIS es una percepción compartida, que puede volverse una fortaleza en el próximo período. Construir una masa crítica de activistas sociales con mayor capacidad de reflexión y acción no sólo es necesario, sino también posible.

Prioridades para construir salud

La plataforma programática de los movimientos sociales plantea un conjunto amplio de medidas para avanzar en el modelo de financiación y, sobre todo, en los modelos de atención y gestión. La complementación entre efectores públicos y privados, las políticas de recursos humanos, la rectoría del MSP, la profesionalización de la gestión, las políticas de medicamentos y tecnología, los frenos al mercantilismo y el lucro, una financiación que avance en equidad y respalde los cambios en el modelo de atención son cuestiones fundamentales.

¿Cuál es el campo más trascendente de transformaciones en el próximo período? En mi opinión, el involucramiento de la sociedad en la construcción de su salud. Ese empoderamiento social ha sido priorizado en varias de las conferencias internacionales de salud desde Alma Ata en adelante. Es una de las ideas centrales del cambio del modelo de atención y gestión propuesto por el SNIS y en la que aparecen más carencias. La participación social amplia no es un mero complemento de la labor técnica, sino una concepción de qué es la salud y cómo se construye. Al mismo tiempo, es un proceso complejo: no se reduce a tener representantes sociales en los organismos, sino que apunta a la sociedad toda.

Por eso, el acuerdo del Frente Social plantea campañas y acciones que promuevan la participación de la población y sus organizaciones en una estrategia integral hacia los 16 problemas de salud priorizados (15 bien señalados por el MSP, y salud bucal, que debe agregarse). Los OSN requieren que se implementen planes integrales de salud para alcanzar sus metas.

Se propone también fortalecer el rol de las juntas departamentales y locales de salud, y asegurar su capacidad de definición de los problemas prioritarios de salud en cada departamento, con una metodología participativa, sobre la base de un diagnóstico local y en consonancia con los OSN. En base a esa priorización de problemas, las Judesa deben resolver líneas de acción conjuntas organizadas en planes departamentales con compromisos concretos. Sin olvidar que, además de la articulación interinstitucional y social, dentro del sistema de salud se necesita coordinar intersectorialmente las acciones con los sistemas educativo y de cuidados, con los gobiernos departamentales y municipales, y con otros actores.

Falta una actitud proactiva y una conducción que genere mayores formas de participación del conjunto de la sociedad en los problemas de salud. Las asambleas de salud, previstas en el decreto reglamentario de las Judesa, no se han impulsado adecuadamente en todo el país; tampoco otras formas de participación comunitaria, algunas inexistentes aún en la institucionalidad legal del SNIS, pero con una vitalidad que hay que reconocer y generalizar. Es el caso de las redes de salud con base territorial. Es un desafío para la Junasa y las Judesa acercarse, apoyar, interactuar y aprender de ellas. La construcción de esas redes locales enfrenta dificultades, pero también tiene un gran potencial. Para ello se precisan más ideas y recursos, y, sobre todo, sumar más fuerzas convencidas de ese rumbo. Esos crecimientos en la base tienen que poder influir más en el SNIS, en la opinión pública y en la escena nacional. Hay una batalla cultural. Es más que comunicación: es el contenido de las políticas de salud y su interacción con la sociedad. No son problemas técnicos, sino eminentemente políticos y sociales. Crear una agenda pública en salud es construir un relato que unifique las múltiples acciones en salud, que les dé sentido para la población, que fije prioridades e insista en el involucramiento activo de la sociedad por medio de formas variadas. La producción de conocimientos nuevos es necesaria para que los actores puedan reflexionar, corregir, ampliar, insistir, pensar el largo plazo y lo cotidiano. Las dimensiones de la participación social en salud se proyectan al conjunto de las luchas democratizadoras de la sociedad y del Estado, a la nueva agenda de derechos, a las movilizaciones feministas, a las luchas obreras y populares. Como señala Erik Olin Wright en Utopías reales(2010), la democracia y el poder social están en el centro del problema de la transformación hacia una alternativa emancipadora, y es preciso explorar las vías institucionales heterogéneas para llevarla adelante. Es una forma de hacer política que estamos necesitando imperiosamente en muchas áreas de la vida ciudadana.

Publicado en Dínamo / La Diaria el 24 de julio de 2017

EL PEOR ENEMIGO: LA TENTACIÓN DEL PILOTO AUTOMÁTICO por Miguel Fernández Galeano

Uruguay avanzó en los últimos diez años en un proceso de transformación estructural de su sistema sanitario. El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha consolidado cobertura y acceso universal de atención a la salud, a partir de una red integrada por 46 prestadores públicos y privados, que aseguran explícitamente el acceso a un amplio plan de beneficios con prestaciones de baja, mediana y alta complejidad, definidos en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), con una garantía financiera que cubre a todos los usuarios del sistema. Después de más de 70 años de aprobada la Ley General de la Salud, el país se animó a establecer una norma integral capaz de considerar a la salud un derecho humano, un bien público y una responsabilidad de Estado y de gobierno.

La idea fuerza de la reforma se basó en una definición de la Conferencia Sanitaria Panamericana de 2002, que estableció la necesidad de “garantizar a todos los ciudadanos la protección social universal en materia de salud, eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades evitables en la cobertura, el acceso y la utilización de los servicios y asegurando que cada uno reciba atención según sus necesidades y contribuya al financiamiento del sistema según sus posibilidades”.

Conceptos largamente enunciados y siempre tan difíciles de materializar en la concreción de las políticas públicas. Ahora, luego de la reforma promovida por los gobiernos frenteamplistas, es una realidad política y social de Uruguay. Las decisiones políticas para el diseño y el resultado de este logro son:

• Se conformó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como fondo público mancomunado con aportes equitativos de trabajadores, empresas y el Estado.

• Se multiplicó por cinco el presupuesto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

• Se establecieron contratos de gestión y metas asistenciales de desempeño que garantizan la profundidad y la calidad homogénea de las prestaciones obligatorias para todos los servicios del SNIS.

• Toda la población accede a los mismos beneficios definidos en el Plan Integral de Asistencia Sanitaria.

• La inversión mensual por usuario está prácticamente equiparada entre los prestadores privados respecto de ASSE (cuando antes de la reforma era tres veces superior).

• Se superó la segmentación en función del perfil socioeconómico de la población y se logró mitigar la fragmentación y las debilidades de la red asistencial que caracterizaban la realidad previa a la reforma.

• 76% del gasto en salud proviene de fuentes públicas; el gasto por usuario es de aproximadamente 60 dólares mensuales, sin que esté condicionado o dependa de la capacidad de pago de este.

Los modelos de gestión y atención se han orientado gradualmente hacia la prevención y los principios de la Atención Primaria de Salud (APS) definidos hace tiempo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como eje central de atención en salud.

Todo esto no es menor. Tampoco frecuente en el contexto de los sistemas de salud de la región.

Navigare necesse est, vivere non necesse

Quedan brechas que cubrir. Componentes que reforzar para alcanzar una atención integral, integrada, continua, oportuna, sin barreras financieras en servicios del primer nivel y en toda la red. Ha habido avances en los modelos de calidad y seguridad del paciente, pero aún se deben fortalecer sus sistemas de información, gestión y evaluación.

Los recursos humanos en salud (desigualmente distribuidos en el territorio nacional) alcanzaron los 63 profesionales cada 10.000 habitantes en 2015. Hay un claro predomino de médicos (tres cuartas partes) en detrimento del número de enfermeras y parteras, que sigue siendo claramente insuficiente.

A pesar del empuje reformista, de la solidez técnica y política con la que se diseñaron e implementaron las etapas iniciales del SNIS, se imponen nuevos desafíos. Más allá del indiscutible apoyo social que tuvieron los cambios y de los resultados sanitarios e institucionales verificados, en el tercer período de gobierno del Frente Amplio se impone profundizar los cambios. Única forma de evitar el riesgo de estancamiento o, peor, de retroceso.

La tentación de poner el piloto automático es el peor enemigo. La idea de que la reforma se ha completado y de que sólo hay que seguir gestionando bien no sólo es incorrecta, sino particularmente peligrosa. No es siquiera capaz de reconocer los desafíos originados en los efectos de la pugna de intereses inherentes a las complejidades del sector. Eso ha existido, existe, y hay que reconocerlo para poder ir resolviendo de acuerdo con los fundamentos que tiene el SNIS.

Un paso: diálogo en salud

Las autoridades sanitarias nacionales y los principales actores sectoriales han entendido esto. Es una fortaleza haber construido una agenda compartida con grandes coincidencias entre los ejes de profundización y los desafíos recientemente anotados por el ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Basso, con diferentes documentos y declaraciones del Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Uruguaya de la Salud, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, el Movimiento de Usuarios, entre otros.

Queremos detenernos en la necesidad de fortalecer el rol de la autoridad sanitaria, capaz de asumir la conducción política, ejerciendo plenamente la rectoría y la gobernanza sobre el sistema en su conjunto.

Con la conformación del Fonasa, se buscó cubrir con equidad los riesgos sanitarios. A la vez, dotar al gobierno de la salud de la capacidad para evaluar el desempeño en cantidad, calidad y oportunidad de las prestaciones que ofrecen los servicios del SNIS. Se trata de hacer efectivo aquello de que el que maneja la plata ponga la música. Sin embargo, estamos todavía lejos de que la gestión del Estado sea garante del cumplimiento de derechos exigibles y del logro de servicios de calidad homogénea para toda la población.

Se vuelve impostergable dotar al Ministerio de Salud Pública de las capacidades y los recursos suficientes (financieros, humanos y técnicos) en el marco de sus competencias indelegables de conducción, regulación y fiscalización. Estimamos que a diez años de la reforma persisten debilidades en relación con los recursos humanos, materiales y tecnológicos para que se cumpla la “inteligencia sanitaria”.

Para una dedicación exclusiva de quien tiene que fiscalizar, las remuneraciones son bajas en relación con las competencias requeridas. La producción y el uso de estudios para tomar decisiones informadas es aún insuficiente. Surge la necesidad de la capacitación continua y la generación de masa crítica en alta gerencia dentro del equipo de conducción. Todo esto acontece en un escenario en el que actúan grupos corporativos con alto poder de presión y lobby, a nivel del sistema político y los medios de comunicación, que muchas veces prefieren un sistema con fiscalización pobre o que respondan al interés corporativo.

De igual modo que el Banco Central destina un porcentaje significativo de los recursos del sector financiero a su supervisión y control, no encontramos ninguna razón para que no se haga lo mismo al ejercer la rectoría de un sector en el que se invierten 5.000 millones de dólares y que ocupa directa o indirectamente a 10% de la población económicamente activa.

Es fundamental promover una ley de complementación asistencial entre prestadores públicos y privados que incluya la inserción del Hospital de Clínicas en el SNIS. No hay un sistema que funcione de manera articulada y sinérgica, sino una multiplicidad de efectores que comparten instrumentos comunes y valiosos (PIAS, Fonasa, contratos de gestión y Metas Asistenciales), pero que dialogan e interactúan muy poco entre sí. Muy por el contrario, compiten por la captación de usuarios, con estrategias publicitarias (altamente costosas) con lógica de mercado en cada instancia anual de movilidad regulada.

A pesar de la innegable unificación del modelo de financiamiento y de los avances en los modelos de gestión y atención, y de su vocación integradora, el SNIS mantiene niveles de fragmentación que continúan afectando tanto la equidad como la calidad y la sostenibilidad sistémica.

En materia de funcionamiento en red, hay que establecer obligaciones normativas que faciliten esta sostenibilidad, establecer precios de referencia que garanticen la equidad y mecanismos de compensación de prestaciones entre las diferentes instituciones.

Es necesario volver a jerarquizar la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud, apostar a la conformación a nivel regional de centros de referencia nacional que mejoren la calidad de la atención y habiliten la democratización del aprendizaje. Deben inscribirse estos esfuerzos de centralización-descentralización en el marco de redes integradas de servicios de salud, que impulsen la estrategia de la APS, que potencien el primer nivel de atención y los equipos de salud con una responsabilidad programática nominada en base territorial y comunitaria.

El cuidado de los cuidadores

Destacamos que no es posible profundizar el proceso de reforma sin responder a las necesidades, las demandas y las expectativas de los trabajadores de la salud.

Es necesario promover una ley marco que contemple integralmente sus derechos y obligaciones. Se trata de establecer reglas de juego claras basadas en necesidades sanitarias en función de los modelos de atención y gestión que sustenta la reforma. Una ley que sea capaz de internalizar un plan director de largo plazo de recursos humanos que, desde la perspectiva del interés colectivo y desde la sociedad, sean capaces de establecer el más amplio consenso en relación con la formación, el número y la distribución equitativa en territorio. En materia de condiciones laborales, debe apuntarse a resolver la concentración del trabajo profesional y el multiempleo, que afectan tanto la calidad como las condiciones de trabajo.

En suma, la continuidad de la reforma depende de su profundización. El piloto automático es empantanarse. Hay que asumir que, siendo un espacio de disputa con intereses diversos (algunos francamente hostiles a este modelo), se necesita diálogo e iniciativa política. La rectoría política para garantizar el enfoque de salud pública es central en este nuevo desafío. Los costos para ese fortalecimiento pueden salir del propio sistema, ya que apuntan a su integralidad y excelencia. La complementación asistencial obligatoria entre los servicios y una política de recursos humanos que apueste a la calidad, a la seguridad asistencial y a los cuidados de los cuidadores son los puntos principales para salir adelante.

Publicado en Dínamo / La Diaria el 24 de julio de 2017

DEBATES POLÍTICOS SOBRE LA REFORMA DE LA SALUD por Pablo Anzalone

El proceso de creación y desarrollo del SNIS permite analizar el accionar de fuerzas que apoyaron firmemente las transformaciones, fuerzas que se opusieron tenazmente y otras que contemporizaron, se plegaron a los avances consumados pero resistieron solapadamente otros, procurando realizar sus intereses en el nuevo contexto.

Un análisis interesante de escenarios y posicionamientos de los diferentes actores en el SNIS fue desarrollado por Guillermo Fuentes (2015) en las investigaciones promovidas por Facultad de Economía y OPS. Acá apuntaremos a otras dimensiones de la reforma relacionadas con su capacidad de hegemonía en la sociedad y con la participación social.

Las grandes tareas pendientes en un proceso de avance del SNIS en algunos casos no son las mismas de la etapa fundacional, en otros sí y sin duda no parten de una situación similar. Al mismo tiempo el status quo creado en estos años es también un factor de resistencia a los cambios.

Guillermo Fuentes (2015) en su análisis situacional del SNIS considera que si bien la primera etapa reformista tuvo una “gran coalición promotora”, una segunda etapa con una agenda más diversa y compleja debe construir otro tipo de coalición. Al mismo tiempo que desarrolla los diversos posicionamientos de los actores en relación a cada gran tema de la agenda sectorial, en su recapitulación Fuentes concluye que existe “algo así como un nuevo consenso en los aspectos más estructurales del sistema”.

Sin embargo la coyuntura regional y nacional cambió desde el momento en que se realizó ese análisis, y posiblemente en el mismo no se incorporó en la medida necesaria la variación en las estrategias de la derecha política y su articulación con grupos económicos y de poder dentro del sistema de salud. Un contexto económico más restrictivo, incrementa las pugnas distributivas dentro del sistema y un escenario de mayor confrontación política agrega elementos de cuestionamiento y rispidez en relación con la reforma. Ambas tendencias se han acentuado en los últimos dos años. No parecen razonables las hipótesis catastrofistas en el plano económico pero está claro que las condiciones externas del crecimiento, (y en particular los precios de los comodities) han variado.

Este nuevo contexto genera tensiones redistributivas entre diferentes sectores que se han beneficiado del crecimiento con distribución social de la última década. El enlentecimiento del proceso de reducción de la pobreza y la indigencia es un indicador preocupante, aunque dicho descenso continúa y alcanza a niveles históricos en el país (INE 2017).

Fue un tópico relativamente frecuente hace unos años evaluar ¿ cual es la fortaleza de los cambios sociales implementados en la primera década del siglo XXI ? ¿ qué sucedería en casos de acceso de la derecha a los gobiernos? ¿Hasta donde se puede arrasar con beneficios sociales para amplias mayorías, derechos conquistados (u otorgados) que pasaron a formar parte de la estructura social de cada país? . Sin embargo una parte de esta interrogante se ha ido respondiendo por vía de los hechos, haciendo la salvedad de que cada formación social tiene sus propios procesos.

Los gobiernos de derecha en Argentina y en Brasil son una muestra bastante clara de lo que significaría un cambio de este tipo. Indudablemente hay cambios estructurales en el SNIS que serían difíciles de desmantelar en un plazo corto. A diferencia de Trump es probable que las principales opciones de derecha en Uruguay se cuiden en las campañas electorales de prometer la derogación lisa y llana de un sistema como el SNIS que ha garantizado la cobertura de salud a la enorme mayoría de la población. Sin embargo eso no es garantía alguna de que, una vez llegados al gobierno, no lo destruyan formalmente en varias etapas o en los hechos desnaturalizando sus principales avances, reduciendo los recursos, cambiando radicalmente las políticas de salud. Alfredo Solari ex ministro de salud pública del Partido Colorado afirmaba recientemente (17 mayo 2017) que la reforma ha sido costosa e ineficiente, un “costoso fracaso que puede y debe ser revertido”.

Como siempre lo que pretenda la derecha depende también del nivel de resistencia y movilización de otros actores sociales y políticos.

Desde la oposición política de derecha se han desarrollado varias líneas de acción fuertes contra el SNIS:

a) Apoyar explícitamente y promover directamente movimientos para aumentar la utilización de medicación de alto precio, más allá de sus resultados terapéuticos. Este tipo de campaña tiene un alto contenido demagógico ya que pretende utilizar la desesperación de pacientes y familias para favorecer el ingreso de fármacos cuya utilidad no está comprobada o presentan una ecuación costo-beneficio muy negativa, con costos que recaen sobre los mecanismos de financiación del conjunto del sistema. En Uruguay el vademecum que responde al PIAS2 es muy amplio con un acceso que es responsabilidad de cada efector de salud, bajo supervisión del MSP. La medicación de alto precio es financiada por el Fondo Nacional de Recursos con principios solidarios y criterios técnicos 3.

Son iniciativas que responden a los intereses de las compañías farmacéuticas internacionales que lucran de forma exorbitante con este tipo de fármacos. La concepción subyacente es que los recursos (limitados) del sistema de salud deben canalizarse prioritariamente a esta clase de medicación o técnica de diagnóstico orientada a un pequeño número de patologías complejas en detrimento de las políticas de prevención y promoción, así como del Primer nivel de Atención, que deben resolver el 80 % de los problemas de salud. Se asegura el lucro de un sector poderoso, pero se postergan las necesidades de salud de la gran mayoría. Todo a nombre de una actitud humanitaria frente a situaciones puntuales.

b) Atacar permanentemente a ASSE y al sector público de prestadores de la salud. Es una campaña orquestada donde sectores políticos y grandes medios de comunicación suman fuerzas, para desprestigiar al principal prestador público. Si bien este tipo de ataques tiene vinculación con la concepción neoliberal antiestatal y en pro del Estado mínimo, hay una especificidad en la virulencia de la campaña contra ASSE: defender los intereses del empresarismo privado en la salud.

Junto a este componente hay un ataque sistemático a la participación social en la conducción institucional de entes de gobierno que está presente en el directorio de ASSE y en los Consejos del

Sistema Educativo. Estas campañas desestiman los avances de ASSE, ignoran sus aportes en materia de cobertura o de cambio del modelo de atención. Al mismo tiempo exageran sus problemas de gestión. Natalia Pereira 4señala que “entre los factores a tener en cuenta en la participación social está la fuerte oposición de algunos sectores políticos, que fue muy nítidamente expresado cuando se votó mi venia en el Senado para asumir como integrante del Directorio de ASSE (8/6/16). Para esas opiniones no tiene nada que decir ni nada que hacer un representante de los usuarios en un directorio” .

c) Cuestionar duramente al FONASA a partir del incremento del “déficit”, refiriéndose al aumento del aporte de Rentas Generales en el fondo tripartito (trabajadores, empleadores, Estado) sin tener en cuenta el ingreso de importantes contingentes de jubilados a la cobertura de salud, la incorporación de nuevas prestaciones y la reducción de tiques y órdenes.

Al mismo tiempo, en forma contradictoria y demagógica, en las discusiones parlamentarias algunos representantes se han alineado con las demandas económicas de varias instituciones de salud que reclaman más recursos para las mismas prestaciones que realizan actualmente.

Un ejemplo de manipulación de la información es la forma de presentar la detección de operaciones ilegales para cobrar cápitas de Fonasa por parte de estafadores que presentaban trabajadores de empresas inexistentes, así como la compra de afiliaciones por parte de algunas mutualistas. Desde algunos medios de prensa y operadores políticos se buscó difundir una imagen de descontrol en la gestión del Fonasa, que es en sí misma, un objetivo político (y se miminizó la participación de connotados integrantes de listas de la oposición en la estafa).

El Frente Amplio como fuerza política continúa en un período de desmovilización que le ha impedido denunciar las políticas de la derecha y convocar ampliamente a la población para debatir sobre los rumbos del SNIS y participar en campañas para avanzar hacia los principales problemas de salud del país. La reducción de la política a la labor de gobierno, ha minimizado las practicas políticas como acción de masas, aún en temas como la reforma de salud que tienen fuertes acuerdos a su interna.

En salud sucesivas conferencias mundiales de salud desde Alma Ata han puesto el énfasis en el empoderamiento de la sociedad respecto a la salud. “El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud”. Y promueve, “exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar”. Toda una estrategia de participación social y política, con plena vigencia en nuestro país.

En cambio en este período el movimiento obrero, las organizaciones de usuarios y la Onajpu han defendido la reforma y promovido su profundización. También criticaron algunos aspectos. Y están elaborando conjuntamente propuestas para atacar los nudos centrales del SNIS hoy.

1Este artículo se basa uno de los capítulos de una Investigación sobre Participación Social en Salud que llevamos adelante entre julio de 2016 y mayo de 2017.

 

2Plan Integral de Atención a la Salud. Conjunto de prestaciones de salud obligatorias para los efectores del SNIS

 

3El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es una persona pública no estatal creada por el decreto Ley N° 14.897 que brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto costo para toda la población residente en el país y usuaria del SNIS . Los procedimientos cubiertos se efectúan a través de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que son prestadores públicos o privados, que cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública

.4Representante de los usuarios en el Directorio de ASSE

Artículo publicado en EL DIARIO MEDICO julio 2017

DEL MALESTAR A LA ACCIÓN por Mílton Romani Gerner

“Todos cometemos errores. Y tenemos ese derecho. Lo que no podemos es endosarle esos errores a un proyecto colectivo. No hay derecho”. Breve, contundente y elocuente mensaje del maestro Yamandú Orsi. Muestra un camino. No callarse, decir con prudencia y hacer. Ser crítico, sin tirar el niño con el agua. Convertir malestares en caminos proactivos de acción frenteamplista.

Porque sus dichos, además, tienen la elocuencia de una gestión exitosa. Como también parece indicar, refrendado por exigentes encuestas (que muestran otras realidades patéticas) la de su par de Montevideo, el compañero Daniel Martínez, y su equipo. Esto no borra errores, ni faltas, ni yerros, sino que, reconociéndolos, va para adelante. Las gestiones departamentales de ambos compañeros se destacan por la acción política permanente, buenos equipos y una comunicación social destacada.

El peor enemigo, como afirma Miguel Fernández Galeano, es el piloto automático. Fue a propósito de las iniciativas para profundizar la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud que ha encontrado en el Diálogo por la Salud al Ministerio de Salud Pública con las organizaciones sociales (como la Federación Uruguaya de la Salud, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, el Movimiento de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y el Sindicato Médico del Uruguay) y sus aportes. ¿Polémicos? Obvio, pero que lanzan la acción. Subrayo estos ejemplos, como podrían ser muchos otros, que deberían sacudir la modorra y lanzarnos a la acción. Claro, se necesita Frente Amplio, gobierno y organizaciones sociales en diálogo, pero en acción. Cito este para trascender lo que puede interpretarse como postulaciones. Como también dijo Orsi, tenemos destacadísimos compañeros que podrían, en su momento, encabezar la campaña política electoral (Mario Bergara, Constanza Moreira, Mónica Xavier, Carolina Cosse, Alejandro Pacha Sánchez). El tema no son los nombres. Son los contenidos y el estado del alma frenteamplista, que contagie con imaginación y acciones concretas a la ciudadanía. Lo que haremos en base a lo que ya hacemos.

Un malestar recorre las filas frenteamplistas. Desconformes, críticos, desilusionados, alarmados, preocupados. Compañeros y compañeras que claman por volver a poner la política en los centros de mando. La situación en la región aporta componentes de alarma. Algunos gurúes aprovechan para festejar el fin del ciclo progresista. El regreso de la derecha no es el equilibrio ni la anticorrupción. La reforma laboral de Michel Temer y todas las medidas de Mauricio Macri muestran que las elites económicas vuelven con sed de venganza. No sólo para recobrar plusvalía, sino poder.

La queja. Con ese título, hace ya mucho tiempo, el querido compañero Joaquín Rodríguez Nebot escribió un sabroso análisis de este fenómeno psicosocial típicamente uruguayo: “Lo primero que salta a la vista es que el contenido del enunciado de la queja funciona como un objeto frustrante: el tema revela una carencia, una falta; o, dicho en otros términos, por allí circula un anhelo, un deseo que no es correspondido. Lo que aparece, entonces, es una actitud de espera, reflejando una cierta pasividad. Se espera que un tercero accione ante una demanda”. Es útil releerlo, aun cuando fue escrito, antes del ciclo frenteamplista, que pensábamos que podría remontar esta pasividad. Lo hizo durante un tiempo. Hay que recobrar la primavera de iniciativas.

No podemos “sentarnos a la puerta de la casa, como Job, a ver pasar el cadáver del imperialismo”. O ver pasar el cortejo donde la iniciativa y la hegemonía política cultural caigan en manos de la derecha. Perder la elección no sería lo peor. La fragmentación social y política que representaría, y el sufrimiento social y afectivo que supondría, serían demoledores. Unido a la pérdida de los derechos, beneficios, conquistas sociales, y con las desigualdades e inseguridad que nos traería un nuevo viejo gobierno de las elites.

Trascender el malestar implica superar la queja y dejar de esperar que lo haga un tercero. Está en nosotros mismos. Hay que potenciar lo bueno que hay, por aquello de que más vale un paso efectivo en la lucha que 100 programas. Algunos ilusos piensan que el posfrentismo, en sus infinitas variantes, es una salida factible. Sumando desilusiones y desesperanzas lo único que se acumula son derrotas. ¡Si lo sabremos! Nunca cuanto peor, mejor. Nunca. Rescatar los valores y acciones positivas que seguimos teniendo es la única razón del artillero. No se trata de barrer bajo la alfombra, donde la suegra no ve, sino de buscar puntos de apoyo para producir otros efectos. Se trata de pasar de un circuito vicioso a un circuito virtuoso; del malestar a la acción política permanente. Sobre el tema de la corrupción no puede haber dudas y deben recorrerse los caminos que den las garantías del debido proceso. Cobrar al grito o linchar no es bueno, precisamente, para combatir esta corrupción. Pero luego también hay que actuar en consecuencia, caiga quien caiga.

El derecho a equivocarse. Parecería que los políticos no podemos admitir nunca una equivocación. ¡Qué equivocados estamos! Porque aquel que admite un yerro, una falta, quien reconoce a viva voz su equivocación seguramente no recibirá la absolución ni la redención, pero sí el reconocimiento de la ciudadanía por el coraje de admitirlo. De igual manera, habrá que insistir en que comunicar es siempre preferible al hermetismo. Todo a su medida y adecuadamente. Pero si callamos, la agenda la hacen los otros.

La estupidez. Fernando Isabella tiene razón (ver http://ladiaria.com.uy/UOo). Nos equivocamos y cometemos estupideces. En este caso, por seguir un paradigma economicocentrista. No es hablando de economía que generaremos hegemonía. Es haciendo política. El síndrome antelarena lo demostró terminantemente. La racionalidad contable tiene repercusiones demoledoras en otros planos. Algunos economistas no han incorporado el principio de indeterminación de las ciencias duras. Siguen sin admitir que como observadores estamos inmersos en el campo, y eso nos implica. Es más, el pensamiento económico de avanzada revisa esta pretensión absolutista que ha caracterizado los desastrosos pronósticos en las últimas crisis. Dicen que las previsiones están atravesadas (¡vaya!) por deseos, emociones, presiones varias e improntas psicológicas propias de humanos. Basta de pronósticos económicos y de encerrar todo, absolutamente todo, en la lógica economista, comercial e inversionista.

Los hombres y mujeres vivimos de otras cosas, ilusiones y deseos. Nos gusta que nos traten bien y que se reconozcan nuestros méritos. Que nos digan: “Qué bien lo suyo, siga así”. La prolijidad económica del gobierno de Montevideo no fue el mascarón de proa de la gestión de Daniel Martínez, más bien tuvo bajo perfil. Sólo se trata de recentrar la política con otros temas, otros logros que no siempre pasan por las cuentas. Es necesario admitir que los hombres y mujeres nos equivocamos, nos entusiasmamos, cometemos estupideces, adoptamos conductas de riesgo y hasta consumimos drogas. Somos falibles, pero también tenemos mucho paño para dar si nos embalan en empresas épicas y en agendas seductoras. Esa es la historia del Frente Amplio.

Publicado en La Diaria el 18 de julio de 2017

EL SR.MINISTRO SE VUELVE A EQUIVOCAR por Milton Romani Gerner

La representación del Estado uruguayo en el exterior, y particularmente en los organismos multilaterales, es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las invitaciones que se cursan, destinadas a cualquier repartición o poder del Estado, se hacen por intermedio de las misiones en el exterior, que las remiten a la Dirección General de Asuntos Políticos, al Departamento de Asuntos Multilaterales y, en este caso, a la Dirección de Derechos Humanos. No es un trámite administrativo. Es un mecanismo que asegura que el Estado uruguayo no esté omiso en ninguna instancia. Luego, es una decisión política estar o no estar presente.

En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda invitación es enviada a la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos, que hace un seguimiento puntilloso y responsable de la actividad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Siendo Uruguay uno de los estados que más han defendido la autonomía e independencia de la CIDH y que han apoyado su acción en forma inclaudicable, la misión tiene una relación privilegiada en el diálogo, contacto y actividad de este organismo. Todos los comisionados y el equipo de la CIDH consideran a Uruguay un país amigo y colaborador. Esto, precisamente, fue lo que generó la dolorosa sorpresa expresada por su comisionado Francisco Eguiguren en la apertura de la 162ª audiencia de la CIDH.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no es un mensajero. Tiene, incluso, la obligación política de recomendar a quien ha sido invitado a estas actividades a concurrir, y persuadirlo (respetando la separación de poderes) de que lo haga. En última instancia, se hacen las consultas pertinentes para que un representante diplomático, enviado especialmente o residente en el lugar de la convocatoria, se haga presente y brinde información, aun escrita, de lo que sea discutido en el encuentro.

De alguna manera, haber enviado una nota es una forma de respuesta. La peor posible. Poco elegante, para decir lo menos. Políticamente significativa, para ser más precisos.

El argumento de que hay poderes del Estado que “no tienen nada que aportar” es insólito. Para la honorabilidad de la CIDH, para las organizaciones peticionantes y para todos los ciudadanos del país.

La tradición de Uruguay en derechos humanos no es lo que está en cuestión. ¿O sí? Hay que ir a escuchar para saber si estamos o no en falta, y dialogar sobre reparar algunas prácticas que impiden la salvaguarda de derechos. Señor canciller: los estados ceden soberanía para ser evaluados cuando violan derechos humanos o no los protegen, e incluso cuando no los promueven. Y los ciudadanos y ciudadanas pueden recurrir a estos organismos supranacionales a pedir amparo.

¿Es pensable que Uruguay no se presentara al examen periódico universal de derechos humanos que realiza la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, bajo el argumento de que siempre respetó los derechos humanos y que no tiene nada que aportar? Todos los organismos multilaterales de derechos humanos realizan evaluaciones de los estados y le dan participación a la sociedad civil para conocer las denuncias u opiniones disímiles. Los estados serios concurren siempre. Esa ha sido nuestra tradición. Lo dicho: cualquier tercer secretario o escalafón más bajo de la carrera diplomática sabe que nunca, nunca, la silla de Uruguay puede estar vacía, aunque más no sea para escuchar y tomar nota.

Esperemos que esto haya sido sólo un error y que no marque un antecedente. Estamos a tiempo de reparar. No sé cómo. No es por el camino de las explicaciones que el señor ministro ha ensayado.

En octubre la CIDH sesionará en Uruguay. La rotación de sesiones en los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica fue una sugerencia, entre otros, de Uruguay, para quebrar la práctica de hacerlas siempre en Washington DC (teniendo en cuenta que Estados Unidos no ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos). Se necesita generar un clima amable.

Publicado en La Diaria, 1/6/2017

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MODELOS DE ATENCIÓN EN SALUD por Pablo Anzalone

Escribe Lic. Pablo Anzalone

Artículo publicado en EL DIARIO MEDICO mayo 2017

La participación social forma parte de los principios rectores de la reforma sanitaria y atraviesa los tres ejes de cambio priorizados en el modelo de atención, modelo de gestión y modelo de financiación. Pero sin duda es en la transformación del modelo de atención donde la participación social juega un rol más importante.

El cambio en el modelo de atención es una de las transformaciones más trascendentes y complicadas del proceso de reforma de la salud. Su eje principal es el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) con carácter integral, en el marco de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).

Antes del año 2005 Uruguay tenía un modelo de atención limitadamente curativo, asistencialista, hospitalo-céntrico, sin políticas de prevención y promoción. Un modelo donde el poder estaba concentrado en algunos grupos, se ignoraba a usuarios y trabajadores como protagonistas de la salud y no se impulsaban alianzas intersectoriales. No es una característica uruguaya solamente sino un modelo hegemónico a nivel internacional que cuenta con fuertes respaldos culturales, económicos y técnicos. Es funcional al poder del complejo industrial de la salud cuyos enclaves principales son la industria internacional de medicamentos y de tecnología.

¿Hasta dónde ha cambiado luego de 10 años de reforma? Hay muchos avances destacables. Sin embargo junto con el modelo de gestión se puede decir que los cambios en el modelo de atención son todavía muy insuficientes.

Nos parecen muy acertadas dos iniciativas recientes del MSP. Una de ellas es la realización de Coloquios que pongan sobre la mesa problemas relevantes para la salud, democraticen la información, incentiven una reflexión y discusión más profundas. Y la otra es haber recogido la propuesta de la FUS de llevar adelante un Dialogo Social en salud sobre grandes temas priorizados, para buscar acuerdos sobre los rumbos de profundización de la reforma.

En este contexto es más válido que nunca la elaboración conceptual y el debate fermental sobre los nudos críticos de la reforma sanitaria. Uno de ellos son las transformaciones en el modelo de atención.

Tomando como base una conferencia que realizamos sobre el tema en el Curso sobre Profundización del SNIS y Participación Social del Instituto de Formación Sindical de FUS, intentaremos hacer una contraposición necesariamente esquemática de ambos modelos.

CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS MODELOS según algunas de sus características

MODELO ASISTENCIALISTA HEGEMÓNICO

MODELO INTEGRAL

basado en Redes Integradas de Servicios de Salud

Curativo y asistencialista, sin prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

Integral con énfasis en la prevención y promoción y acción sobre los determinantes de la salud y de la enfermedad.

Recordemos a Lalonde

Actúa sobre el individuo enfermo Considera a la familia y la comunidad. Concibe la atención en base a una definición de población y territorio
Atiende a demanda Trabaja con programas y planes de salud además de la demanda

Estimula un uso acrítico de la tecnología y medicamentos

Promueve un uso racional de la tecnología y de los medicamentos

Identifica calidad con mayor tecnología

Asocia calidad con capacitación continua, protocolización y buenos vínculos

Concentra saberes y poderes Reconoce saberes y promueve la participación de los diferentes actores, redistribuyendo los poderes y construyendo otros nuevos
-Genera una deshumanización de la atención de salud.

-Los grandes cambios tecnológicos y la mercantilización cambiaron radicalmente la relación médico-paciente. Pierde peso la clínica, el examen físico y el diálogo.

-Promueve vínculos de respeto, solidaridad y cuidado por el otro.

-Rescata el valor de la clínica. La capacidad de escuchar, de preguntar, de ver el contexto familiar y social.

-Reivindica la bioética y la democratización en salud

-Se genera una sobreintervención médica sobre el cuerpo de las personas. Se multiplican las técnicas de diagnóstico y terapéutica, muy costosas y no siempre necesarias.

Es una medicina ofensiva. Hay una demanda inducida vinculada a los intereses de lucro.

-Promueve un enfoque integral, con más prevención y promoción.

– Humanización en el trato, respeto e interacción con los saberes de los usuarios.

Hay una medicina defensiva frente a la judicialización. Contrapartida de la impunidad dentro del sistema sanitario -Cuestiona la judicialización como forma de representar los intereses de los usuarios. -Rechaza la impunidad y promueve formas de prevención de los errores técnicos y de autocorrección de las malas prácticas.

Es funcional al lucro en la salud. Genera costos muy altos. Afecta la sustentabilidad de los sistemas de salud

Cuestiona éticamente el lucro en salud. Defiende la salud como un derecho. Promueve una inversión planificada, priorizada e integral en salud

Dificulta la atención en el primer nivel por los copagos

Facilita la atención en el primer nivel eliminando o reduciendo los copagos

Hospitalocéntrico. Sitúa en el hospital la forma principal de organización de la atención. Prioriza el Primer Nivel de Atención. Articulado eficientemente con los demás niveles. Referencia y Contrareferencia ágiles.

Promueve la cercanía con las familias y el barrio.

Promueve relaciones de mercado en la salud

Subordina la lógica de mercado a una racionalización de los recursos y fines.

Prioriza exclusivamente el rol médico. Subestima los demás perfiles profesionales sin incorporar el trabajo en equipo, la complementación e interacción entre saberes. Deja de lado la salud bucal y mental

Establece relaciones autoritarias dentro de las prácticas sanitarias

Promueve el trabajo en equipo interdisciplinario, el reconocimiento de los distintos saberes, el intercambio, el análisis crítico y colectivo, la definición de planes y objetivos comunes.
Concibe la labor aislada de cada efector de salud sobre sus afiliados Desarrolla formas de complementación entre efectores para optimizar recursos. Trabajo en red. Planes comunes discutidos con la comunidad
Considera la labor del sector salud en forma aislada y autosuficiente. Promueve alianzas entre el sector salud, educación y comunidad como estrategia fundamental para la salud de la población

La realidad siempre es más rica y heterogénea que cualquier modelo, pero la contraposición de modelos y estrategias son parte de las contradicciones que tienen los sistemas de salud. El SNIS requiere debates culturales, técnicos y políticos que contribuyan a problematizar la atención y desarrollar prácticas y estructuras más integrales y de mayor calidad.

Un ejercicio interesante es pensar como responden el modelo hegemónico y el modelo integral ante los principales problemas de salud del país. En primer lugar en relación con las enfermedades crónicas no transmisibles : cáncer, problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, diabetes. O la malnutrición infantil con sus consecuencias de sobrepeso y obesidad, retraso de talla, anemia, hipertensión. ¿Cómo actúan en relación con problemas como la violencia doméstica y violencia de género?. ¿Cuales son las políticas que ambos modelos fomentan hacia los accidentes de tránsito, los suicidios, las adicciones y consumos problemáticos de drogas?.

¿COMO CAMBIAR EL MODELO DE ATENCIÓN ?

Es pertinente acá formular otras interrogantes. ¿Se puede actuar sobre los determinantes sociales, económicos, ambientales y culturales de la salud? ¿Se pueden cambiar los hábitos y las condiciones de vida? ¿Quienes podrían cambiarlos y cómo? ¿Cómo construir un modelo integral de atención a la salud?

Desde el Instituto de Formación Sindical de FUS se ha avanzado en el análisis de varias líneas de acción. En primer lugar fortalecer la implementación de los programas integrales de atención, organizados en una matriz transversal y longitudinal en el ciclo de vida. En segundo término convertir los Objetivos Sanitarios Nacionales en metas para un Plan Nacional de Salud y Planes Departamentales y locales elaborados e implementados con la mayor participación social.

Si la población no asume como propias las acciones sobre los problemas prioritarios de salud, si no se construye una participación activa de la sociedad en estos procesos, es difícil modificar los componentes estructurales tanto en lo social como en lo cultural.

En tercer lugar definir nuevas normas legales, incentivos económicos y pautas culturales que limiten la dispersión de los efectores, jerarquicen el trabajo en red entre actores institucionales y sociales de la salud. Se precisan nuevas leyes sobre complementación, metas asistenciales por territorio, objetivos sanitarios compartidos y planes de salud acordes a esos objetivos. Los objetivos sanitarios nacionales son una herramienta fundamental en esa dirección.

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad han tenido un énfasis mucho mayor en este período. Sin embargo puede considerarse que, salvo en el tabaquismo, no han logrado problematizar los contextos y los estilos de vida para disminuir los factores de riesgo para la salud. La situación social ha tenido mejoras muy notorias en materia de pobreza, indigencia, empleo, y otras dimensiones, pero subsisten componentes de fractura social. Al mismo tiempo hay que señalar que la mejora de ingresos no significó la adopción de hábitos más saludables. El consumismo en general y en particular el incremento del consumo de alimentos ultraprocesados con altos contenidos de sodio, grasas y azúcares influyeron negativamente en la salud. La comunicación/diversión/acceso a eventos, via celulares y computadoras abren posibilidades impensables hace unos años, pero también estimulan el sedentarismo, un factor de riesgo importante para la salud.

Desde el ángulo de la salud las transformaciones en condiciones de vida y hábitos todavía son insuficientes, aunque la situación no es homogénea en este plano.

La prevención de la violencia de género crece hoy por las luchas de las mujeres. La gigantesca marcha del 8 de marzo de 2017 es una demostración de la importancia que el tema tiene en la sociedad hoy. La prevención de accidentes está teniendo resultados interesantes porque UNASEV ha desarrollado campañas sostenidas. Y claramente faltan todavía políticas de alimentación saludable y de actividad física con mayor impacto.

Democratizar las políticas y las instituciones de salud así como la construcción de los planes de salud y su implementación es parte de ese modelo integral que se desea promover.

La reforma de la salud concibe el rol del sistema sanitario como parte de una matriz de protección social. Se asumió una estrategia de APS dando prioridad al Primer Nivel de Atención con una articulación mejor entre los distintos niveles de atención.

La oferta adecuada de servicios, la accesibilidad, la capacidad de resolución, la longitudinalidad, la coordinación en red de los servicios, son componentes esenciales de la integralidad y de la calidad del modelo de atención.

variantes en rojoTal como señalamos en una investigación en curso sobre Participación Social en Salud, han habido avances hacia un modelo de atención integral y es bueno destacarlos pero todos los actores sociales consideran que han sido insuficientes para transformar el modelo de atención asistencialista y mercantilizado que sigue siendo hegemónico.

Y AL BRAIAN, ¿QUIÉN ME LO CUIDA? por Adriana Cabrera Esteve

“El orador, el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían en aquel instante, bien ordenados, los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos bordes”. Así describe Charles Dickens, al finalizar el primer capítulo de su novela Tiempos difíciles, publicada en 1854, la escena que “tenía lugar en la sala abovedada, lisa, desnuda y monótona de una escuela”. Con sutil ironía, Dickens, ya entonces, nos ofrece una excelente descripción de la concepción “bancaria” de la educación. Una concepción que supone que siempre es el educador quien educa, disciplina, habla, prescribe y decide qué conocimientos brindar, mientras que el educando es el que escucha, es disciplinado/educado, no puede elegir temas de su interés porque no está “preparado” para ello, ya que simplemente es un receptáculo vacío, una cabeza hueca.

Menos de un siglo después, el brasileño Paulo Freire nos dijo que no había educadores ni educandos, sino educadores-educandos y educandos-educadores; nos habló del hombre-mundo; de la necesidad de una relación dialógica entre las partes; de que no había cerebros vacíos, sino personas con diferentes experiencias y conocimientos, y sus propuestas, en vez de llenarla, nos dieron vuelta la cabeza. Freire había enseñado a escribir y a leer en 45 días a 300 trabajadores de la caña de azúcar con métodos alternativos. A partir de ese éxito se crearon círculos culturales en todo Brasil, y ese mismo éxito le valió ir a prisión cuando en 1964 los militares dieron un golpe de Estado en su país. Porque la educación que proponía era eminentemente liberadora y se enraizaba en las necesidades y saberes de su gente y de su tiempo.

¿Quiénes son los educandos-educadores de nuestro tiempo? Una niñez en la que se concentran las mayores cifras de pobreza de nuestra sociedad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2016, seis de cada 1.000 niños menores de seis años son indigentes, es decir, viven en hogares sin ingresos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas; en criollo, no tienen para comer. Según la misma fuente, 20% de los niños menores de seis años, la quinta parte de nuestra niñez, son pobres, o sea, viven en hogares en los que no es posible cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas.

Niños y adolescentes son la mitad de los pobres

En menores de tres años la situación es peor: según el Monitoreo y análisis de los procesos de cambio de la Organización Panamericana de Salud, de 2015, 32% son pobres, es decir, la tercera parte. Este dato es importante cuando abordamos los temas vinculados a la educación, no sólo por la magnitud del problema, sino por las implicancias que tienen en el desarrollo de niños y niñas en sus primeros tres años de vida los estímulos, la motivación y los afectos. En especial, a la hora de crear las sinapsis y el desarrollo neuronal necesarios para aprender a pensar.

Según la misma fuente, niños y adolescentes son la mitad de las personas en condición de pobreza, 49,6%, en Uruguay. Esta situación, por crítica que sea, es sustancialmente mejor que la que teníamos hace diez años, en 2006, cuando 53,4% de los niños menores de seis años eran pobres.

Por otra parte, la incidencia de la pobreza está altamente correlacionada con las Necesidades Básicas Insatisfechas. Por eso, cuando hablamos de pobreza hablamos también de anemias, parasitosis, desnutrición, viviendas sin baño, sin saneamiento, sin heladera, sin cocina, sin agua corriente, sin mesa donde hacer los deberes, sin sillas. Madres que crecieron con iguales o peores carencias, y muchas veces, padres ausentes.

Si además de las familias en condiciones de pobreza miramos a las familias trabajadoras, nos encontramos con ingresos que obligan a la madre (por la división sexual del trabajo, patriarcado mediante) a “elegir” entre dejar a sus hijos menores a cargo de los hijos mayores o no tener forma de alimentarlos. La escuela y los CAIF vienen a resolver el problema durante cuatro horas, pero los padres deben resolver el cuidado de sus hijos durante el resto del horario en que se encuentran en su trabajo. Esta situación obliga a la madre, a veces, a “elegir”, ya que no le conviene salir a trabajar si debe gastar lo que gana en resolver el cuidado de sus hijos. Tampoco está previsto que los trabajadores interrumpan su jornada laboral para ir a buscar a sus hijos a los centros educativos. Esta situación exige que los padres hagan malabarismos con horarios de abuelas, tías o vecinas, o que los dejen volver solos, con los riesgos que eso implica. El transporte escolar tiene como criterio -acertado, por cierto- que debe haber en el domicilio un adulto esperando al menor de edad. O sea que si bien resuelve el traslado, no resuelve, y no sería lógico que lo hiciera, el posterior cuidado de los niños. Si la madre tiene grandes motivaciones para salir a trabajar o los beneficios económicos lo justifican, se desencadena una colección de llamadas telefónicas al menor que queda solo, para asegurarse de que esté bien en ausencia de sus padres.

El ingreso a la educación preescolar de los niños desde los tres años, si bien garantiza la universalidad del acceso a la educación, deja abierto el interrogante de cómo cubrir las horas de cuidado mientras los padres trabajan.

Las escuelas y los CAIF de tiempo completo, en cantidad muy insuficiente aún, vendrían a resolver ese problema. Sin embargo, se encuentran a veces con las resistencias que emanan de una falsa dicotomía entre educación y cuidado. Dicotomía que resuelven bien los colegios privados. Entonces, mientras los estudiantes del Crandon permanecen ocho horas en el instituto, reciben una educación integral en artes, deportes e idiomas, y apoyo escolar si lo requieren, los de la escuela pública vuelven a sus hogares luego de sus cuatro horas de clases, para estar encerrados, y destinan un tiempo riquísimo de su vida frente a una pantalla mientras consumen toneladas de farináceos.

Multidisciplinariedad e interinstitucionalidad

La idea de que los centros educativos no pueden extenderse por más de cuatro horas ignora el hecho de que la educación, como la salud, es mejor cuando es multidisciplinaria y asumida por diferentes actores, porque los educandos-educadores son unidades biopsicosociales indisolubles e inseparables a los que no podemos acercarnos por partes. Existen experiencias exitosas de abordajes interinstitucionales como la de Promotores de Meriendas Saludables, impulsada en conjunto entre la Intendencia de Montevideo, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas y la Administración Nacional de Educación Pública; o más reciente aún, el Proyecto Microorganismos Eficientes Nativos, llevado adelante en la escuela 319 del barrio Casavalle, en colaboración con la Universidad de la República; o el proyecto educativo, integral e inclusivo Sacude (Salud, Cultura y Deporte) en el barrio Municipal, en el Municipio D. El camino de la interinstitucionalidad y la multidisciplinariedad podría ser una solución a la hora de brindar a nuestra infancia y adolescencia cuidados, estímulo, afectos y formación permanentes el tiempo que lo requieran. Muchas instituciones pueden sumar fuerzas en esa dirección.

En cualquier marco, cuidar-educar constituye un binomio inseparable, y en situaciones de contexto crítico se transforma en un binomio imprescindible. Los padres cuidamos-educamos cuando al enseñarles a nuestros hijos a lavarse las manos o cepillarse los dientes les hablamos de bacterias, diarreas o caries; o hablamos del agujero en la capa de ozono cuando les aplicamos protector solar y sombrero para salir a la calle; o les enseñamos a observar el entorno y algunas reglas básicas de tránsito al cruzar la calle. En la salud cuidamos-educamos cuando le informamos a un paciente de las precauciones que tendrá que encarar luego del alta, o cuando damos información sobre cómo prevenir la enfermedad, o cuando promovemos su salud, o cuando en la sala de parto invitamos al padre a ser el primero en vestir a su hijo y lo estimulamos a asumir corresponsablemente el cuidado del recién nacido. Las instituciones de gobierno y la prensa cuidan-educan cuando nos dicen cómo actuar en situaciones de emergencia o cómo lograr una mayor eficiencia energética. Porque la comunidad educativa no son sólo los estudiantes y los docentes, o a veces los padres en escuálidas comisiones de fomento; la comunidad educativa son todos los implicados en procesos educativos de la sociedad, y el rol proactivo de los padres puede estimularse con políticas inclusivas.

Si partimos de esta base, cómo entender, entonces, las disquisiciones entre horarios destinados a la educación y horarios destinados al cuidado, o instituciones destinadas a la educación y otras al cuidado. Salvo como un mecanismo de defensa ante demandas o expectativas desmedidas a las que solamente los docentes no pueden dar respuesta, aunque los colocan, con frecuencia, en el ojo de la tormenta.

¿Cuidados u oportunidades educativas?

Hace poco, dirigentes sindicales señalaban que “los niveles más bajos en los aprendizajes y los altos índices de repetición” se presentaban en las “escuelas cuyos alumnos pertenecen a hogares pobres o de extrema pobreza”, y al mismo tiempo marcaban sus reticencias ante las escuelas de tiempo completo como forma de mejorar los aprendizajes porque “no es cierto que supongan más horas de enseñanza”. “Los tiempos que insumen las ingestas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) dejan casi la misma cantidad de horas que en una escuela común”, afirmaban. Lo que no parece estar en la ecuación es que las instancias de cuidados abren posibilidades infinitas de intercambio de saberes.

Otras reticencias podrían encontrarse en el hecho de que cuidar ha sido un trabajo tradicionalmente no remunerado y femenino. Aun hoy, el último Mapa de Género de Uruguay elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, a partir de datos del INE, señala que mientras que la mujer trabaja 36 horas semanales no remuneradas y un promedio de 37 remuneradas, el hombre trabaja 19 horas semanales no remuneradas (casi la mitad que la mujer) y 44 remuneradas. O sea, mientras que la mujer adquiere maestrías en el ámbito de lo doméstico, el hombre las adquiere en el mundo de las interrelaciones sociales. Esa cultura patriarcal del trabajo posiblemente tenga como consecuencia una subvaloración de las tareas para las que antes “no se precisaba formación”, vinculadas a la reproducción de la vida. La invisibilidad del trabajo no remunerado de la mujer posiblemente esté también en la base de la lentitud con que nuestra sociedad se mueve hacia un camino de soluciones para las mujeres y, fundamentalmente, para la infancia y la adolescencia.

Estamos en un período de cambios importantes vinculados a la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Sería bueno tener en cuenta la cotidianidad de los uruguayos a la hora de diseñar su articulación con el sistema educativo.

Publicado en La Diaria 19-4-17

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR por Pablo Anzalone*

La aplicación de ingeniería genética en la producción de alimentos ha dado lugar a múltiples debates que están lejos de saldarse. Existen controversias de tipo científico, sanitario, ambiental, económico y geopolítico.
La posibilidad de efectos negativos para la salud ha motivado distintos estudios científicos. No es un tema sencillo porque hay diferentes tipos de riesgos y peligros. La mayoría de los estudios no han constatado perjuicios sanitarios claros. Otros estudios llegan a conclusiones contrarias. Estas contradicciones deberían motivar más estudios independientes de los intereses económicos involucrados, ya que se han constatado fuertes presiones en ese sentido. El principio de precaución es una guía para las políticas públicas en estos temas.

Resolver la autorización de eventos transgénicos basándose exclusivamente en los estudios presentados por las empresas multinacionales que los producen y lucran con ellos, es una situación compleja y riesgosa para los Estados. En Uruguay esa preocupación motivó la realización (2014) de un importante Curso de Capacitación sobre Identificación de Transgénicos organizado por el MSP, MRREE, MVOTMA y UDELAR con presencia de los ministros respectivos y de la intendenta, y el apoyo técnico del gobierno de Noruega. Quedó muy clara la necesidad y el interés de incrementar la capacidad nacional en materia de investigación sobre transgénicos, con miras a una vigilancia y control sobre sus efectos.
En el contexto actual los eventos transgénicos implican, a su vez, paquetes tecnológicos, como la asociación soja transgénica-glifosato, que ha derivado en un incremento sustancial del uso de este plaguicida. En eso los riesgos ambientales y sanitarios son mucho más claros. No hay mediciones adecuadas del glifosato y su impacto en el ambiente. Los altos precios internacionales de la soja incentivaron el monocultivo como modelo productivo, lo cual implica, asimismo, serias controversias.
La existencia de debates no es un elemento negativo, por el contrario, es una garantía democrática. El peor escenario para temas complejos como éste, es la concentración de la información y las decisiones en pocas manos, sin posibilidad de cuestionamientos o análisis críticos.

Más allá de estas polémicas, el etiquetado de los alimentos transgénicos forma parte de los derechos del consumidor. Las personas tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que consumen. Ese principio es un fundamento fuerte para desarrollar políticas de información adecuadas que incluyan el rotulado obligatorio a nivel nacional.

El etiquetado de los alimentos transgénicos es obligatorio en 64 países, entre ellos la Unión Europea, Japón y Brasil. En Uruguay fue promovido por la Intendencia de Montevideo (coincidiendo con propuestas de organizaciones sociales) y aprobado por unanimidad en la Junta Departamental. Con el cambio de gobierno en Montevideo, luego de 2015, hubo dilatorias y señales contradictorias para su implementación. Pero al mismo tiempo fue aprobado por los gobiernos de Lavalleja y Paysandú. Existen condiciones para su definición a nivel nacional y está a consideración del Parlamento un proyecto de ley que establece el etiquetado obligatorio.

Crear condiciones para que los consumidores ejerzan sus derechos no puede ser solo un discurso. Constituye un reclamo legítimo de la población. Debe ser parte de una estrategia para democratizar la sociedad brindando más instrumentos para la toma de decisión libre e informada. Integra las políticas públicas hacia la seguridad y soberanía alimentaria.

La ingeniería genética y la biotecnología son grandes avances científicos con gran potencial de incidencia sobre la sociedad humana, las formas de vida y los ecosistemas. Por eso y porque el manejo de esos conocimientos y técnicas está muy concentrado, deben estar sometidos a regulaciones que protejan los derechos de la población en distintos planos: el conocimiento y la información son uno de ellos.
*Artículo publicado en el Semanario Voces 22 marzo 2017

FEMINISMOS Y LUCHAS DEMOCRÁTICAS por Pablo Anzalone*

 

 

Las luchas por los derechos de las mujeres están hoy en el centro de la escena política. Por la gravedad de los hechos de violencia en su contra pero, sobre todo, porque dejaron de aceptarlos en silencio y levantaron su indignación. A raíz de esas movilizaciones de las mujeres, una parte mayor  de la sociedad comenzó a cuestionar-se ese status-quo de violencia y discriminación de género.

Este 8 de marzo la movilización nacional e internacional es un hito y puede llegar a ser el comienzo de una nueva etapa. El paro internacional de mujeres es una medida de movilización nueva que recoge una forma de lucha realizada por los trabajadores hace más de 130 años y la resignifica en múltiples formas de participación. Esta expresión de fuerzas recoloca la agenda feminista y en especial la violencia de género y el trabajo doméstico invisibilizado.

 Odios patriarcales y reaccionarios

Por otro lado, asistimos a furibundos  ataques de jerarquías evangélicas y católicas a lo que llaman la “ideología de género”. La vieja maquinaria de la reacción vuelve a apelar a los peores valores  para resistir  los planteos feministas. Las ofensivas de la derecha en América Latina y en el mundo están creando un escenario nuevo. El impeachment a Dilma Roussef  fue un ejemplo de virulencia de los valores reaccionarios, patriarcales y de odio hacia el progresismo y la izquierda . El reciente triunfo de Trump muestra la fuerza del discurso misógino, racista y xenófobo.

Los debates también llegan a los “progresismos”. Todavía se escuchan voces que critican a las organizaciones feministas, étnicas o de la diversidad sexual por priorizar las identidades particulares sobre las luchas generales de la sociedad. Evidencian así un desconocimiento de las corrientes predominantes en estos movimientos, pero también una visión muy limitada de la política.

Hay preguntas y debates pertinentes en este plano. ¿Cuáles han sido las formas de democratización de la política y la sociedad promovidas desde los movimientos feministas y de la diversidad sexual en este período en Uruguay? ¿En qué medida han logrado incidir en las políticas públicas, en la agenda de derechos, en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, en la calidad de la  democracia? ¿Cuáles son los factores que pueden abrir nuevas posibilidades democratizadoras de transformación social  y cuáles pueden generar debilidades y retrocesos en el próximo período?

Los movimientos feministas han recorrido caminos heterogéneos, diversos y contradictorios en una realidad compleja de América Latina (García y Valdivieso 2005). Tanto el movimiento feminista como el de la Diversidad Sexual tuvieron debates importantes sobre la estrategia a seguir. Algunos de ellos acompañaron polémicas internacionales y otros a las luchas de una formación social como la uruguaya.

Identidades y derechos democráticos

Uno de estos debates es la forma como las reivindicaciones de género u orientación sexual pasan a ser banderas democráticas generales. Esa tensión entre la reafirmación de las identidades (y por lo tanto de las diferencias) y los derechos democráticos, patrimonio de todos, acompañó muchos momentos de esta larga lucha. Para muchos movimientos feministas la movilización por los derechos de las mujeres no puede concebirse aislada de las luchas contra las exclusiones y desigualdades de todo tipo y contra las lógicas autoritarias de la sociedad y el Estado.

La estrategia identitaria afirma Diego Sempol (2013) llevó en otros países a “esencializar las identidades” y despolitizar las diferencias al considerarlas naturales y no efectos de un discurso de poder determinado.

La inclusión de los feminismos y las identidades LGTB en una agenda más amplia que incorpora luchas étnicas, culturales y sociales tuvo consecuencias en el plano de las reivindicaciones, del discurso vertebrador y de la organización. Esta forma de evitar el aislamiento y ampliar la base de movilización social  permitió articular las agendas, priorizar temas en conjunto e ir creando un bloque social que está dando una batalla por la hegemonía ideológica.

Si bien los avances no se limitan a normas legales, basta ver el informe acerca de la aplicación en Uruguay de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el período 2009-2016 para valorar la vitalidad de estas luchas:

  1. a) En 2008 se aprobó la ley 18.426 sobre derecho a la salud sexual y reproductiva que motivó el veto presidencial a la despenalización del aborto y recién fue reglamentada en 2010. La interrupción voluntaria del embarazo finalmente se aprobará por la ley 18.987 en 2012.
  2. b) En 2009 se aprobaron las leyes 18.620 sobre derecho a identidad de género, cambio de nombre y sexo en documentos, 18.561 de prevención del acoso sexual y 18.590 sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo.
  3. c) En 2010 la ley 18.651 sobre protección integral a la discapacidad y en 2011 la ley 18.868 que prohibe la exigencia de test negativo de embarazo para relaciones laborales.
  4. d) En 2013 se votaron las leyes 19.122 contra la discriminación hacia afrodescendientes y por acciones positivas, la 161 sobre licencia maternal, paternal y lactancia.
  5. e) la ley 19.075 autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo o “matrimonio igualitario”.
  6. f) la ley 19.353 de creación del Sistema Nacional de Cuidados.

Casi siempre fue una conjunción de fuerzas sociales y sectores políticos quienes impulsaron estas leyes. Son avances significativos aunque su implementación efectiva sigue enfrentando grandes resistencias. En varios casos constituyen, todavía, respuestas insuficientes a problemas graves.

El cuestionamiento a una inequitativa distribución del trabajo doméstico y los cuidados comienza a ponerse sobre la mesa. El paro de mujeres lo hace.

El reclamo de paridad apunta contra el déficit de representación política de las mujeres que sigue siendo muy alto en nuestro país. Al mismo tiempo la campaña contra la violencia de género crece,   creando la posibilidad de un punto de inflexión donde las concepciones patriarcales y violentas pierdan terreno y su hegemonía sea puesta en cuestión.

También los varones deben ser parte de estas luchas. No solo acompañantes solidarios sino participantes. La concepción patriarcal de masculinidad que pone a los hombres en un rol dominante, que subordina y posterga a las mujeres, que estigmatiza las orientaciones no heterosexuales, también afecta en forma muy negativa la salud y la vida de los varones. Las cifras de muertes por suicidios, accidentes, homicidios y enfermedades crónicas son mucho mayores entre ellos y la asociación con el género es significativa.

 Debates ideológicos

A pesar de los avances de la última década, en nuestras sociedades siguen existiendo graves desigualdades por razones de género, generaciones, orientación sexual, territorio, raza y clase. Son los principales problemas del país y de la región.

La desideologización de la política ha crecido en el capitalismo tardío. La cooptación de la política por el Estado ha tenido consecuencias importantes. Minimiza el rol de las fuerzas sociales, deja de lado los elementos ideológicos que sustentan cada acción institucional o social, otorga más fuerza a las tendencias inerciales del sistema político y social, al carácter amortiguador de la sociedad   presentado como realismo político.

Los procesos históricos del movimiento feminista han dado como resultado,   “un amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacético, y polifónico campo” que se extiende más allá de las organizaciones o grupos propios del movimiento”, señala Sonia Alvarez (1998).

Estos  movimientos han dado debates culturales que problematizan los significados establecidos por las relaciones de poder dominantes. También las banderas del ecologismo han sido tomadas por corrientes ecofeministas. Ambas corrientes proponen  una concepción del mundo menos jerarquizada, con profundos cambios en la cotidianeidad, sin el sentido de acumulación alienada de más objetos de consumo (Puleo 2011).

Por otro lado existen debates dentro del feminismo  sobre la convergencia entre el capitalismo neoliberal y algunas formas de feminismo liberal.  En relación con los cuatro cuestionamientos principales de la segunda ola feminista hay una “resignificación” dice Nancy Fraser. La crítica al economicismo que ocultaba otras formas de opresión derivó en un énfasis en la cultura y la identidad sin referencias anticapitalistas. El cuestionamiento al androcentrismo basado en una injusta división sexual del trabajo fue incorporado por el sistema capitalista y el trabajo remunerado de las mujeres contribuyó a una estructura de hogares con dos proveedores que no contradecía la flexibilización y abaratamiento de la mano de obra propios del neoliberalismo. Los argumentos feministas contra el estatismo fueron reinterpretados dentro de los cuestionamientos neoliberales contra el Estado y vinculados a la promoción de las ONG.  El internacionalismo propugnado por las feministas pudo ser asociado con las políticas de gobernanza planetaria de esta época del capitalismo.

Si miramos para América Latina estos procesos no fueron homogéneos y las corrientes liberales no hegemonizaron. Las movilizaciones de hoy lo demuestran.

Actores para el cambio

Es necesario un análisis crítico y autocrítico del accionar de tres actores en el siglo XXI: gobiernos, fuerzas políticas y movimientos sociales. El triunfo de la derecha en Argentina, Brasil y Venezuela es demasiado fuerte para minimizar los errores de la izquierda y los movimientos populares.

Si el modelo de “hacer política” piensa a la gente como espectadora, podrá ser crítica o conformista con relación al gobierno, pero no construirá relaciones de fuerza sólidas. Si esas batallas culturales  empiezan a perderse, vamos en camino hacia la derrota política.

 Las luchas contra las concepciones patriarcales, la violencia hacia niños y mujeres, la discriminación hacia orientaciones sexuales y etnias diferentes, la destrucción del medio ambiente, las políticas autoritarias sobre drogas y seguridad, son parte fundamental de las contradicciones actuales. Se articulan con la lucha de clases. Estas luchas se enlazan en una perspectiva de democratización  profunda de la sociedad y el Estado, que es un instrumento y un fin en sí mismo. Hace a la concepción de una sociedad diferente y a la vez es una respuesta a los problemas inmediatos de la población para ejercer sus derechos.

Esa participación es acción social y cultural sobre los problemas existentes, y un camino  donde los movimientos feministas son protagonistas.

-Alvarez, S. E.1998. Feminismos Latinoamericanos. Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 265, jan. 1998. ISSN 0104-026X. Disponíble en: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/12008>.  
García,C.T. Y Valdivieso,M., 2005, Una aproximación al Movimiento de Mujeres en América Latina. De los grupos de autoconsciencia a las redes nacionales y trasnacionales. OSAL 41.Año VI N° 18 set-dic 2005.
Sempol, D. 2013. De los baños a las calles. Historia del movimiento lésbico,gay, trans uruguayo 1984-2013. Random House Mondadori. Ed.Sudamericana. Uruguay
-Puleo, A. 2011. Ecofeminismo para otro mundo posible. Editorial Cátedra. Colección Feminismos. Madrid

*Artículo publicado en DINAMO N.º 11.  9 de marzo de 2017

Disponible en http://www.ladiaria.com.uy

DISCUSIONES NECESARIAS por Pablo Anzalone

Ningún proceso de cambio importante avanza sin discusiones, tensiones, contradicciones. Es necesario (pero no suficiente) contar con un programa claro que defina los ejes de la etapa. Se requiere  el compromiso de las autoridades de turno con ese programa. Hacen falta  ámbitos de reflexión y elaboración de conocimientos así como desarrollo de prácticas innovadoras. Uno de los problemas actuales del Sistema Nacional Integrado de Salud es la creación de esos ámbitos colectivos de análisis de la reforma, sus avances y sus obstáculos. En las fuerzas sociales y políticas hay intentos de responder a esta necesidad. Pretender “hacer la plancha” es comprarse más  problemas para hoy y mañana. Debatir y acordar los grandes pasos de este período entre los actores comprometidos con la reforma es la única forma de enfrentar a quienes quieren boicotearla.

Algunos de esos pasos claves son: la articulación de los efectores, la definición de planes de salud para alcanzar los Objetivos Sanitarios Nacionales, el fortalecimiento de la capacidad de rectoría del MS y el compromiso hacia mayores políticas de equidad.

Avanzar en la complementación

Un Sistema de Salud es más que un conjunto de instituciones donde cada una  brinda asistencia a su población afiliada. Esa fragmentación es negativa por varias razones: a)  genera superposición de servicios que incrementan innecesariamente los costos, tomando recursos que deberían usarse para otras prestaciones. b) No permite un enfoque familiar y comunitario de los problemas de salud, que va más allá de la asistencia individual. Subestima las políticas de prevención primaria y promoción de salud. c) Prioriza unilateralmente  la competencia con lógicas de mercado en lugar de procurar un equilibrio entre competencia y trabajo conjunto.

Los esfuerzos realizados para procurar convenios de complementación han puesto en evidencia las dificultades para avanzar en ese plano. Incluso cuando se reducen a compra/venta de servicios. Se requieren nuevos instrumentos normativos, incentivos económicos y movilización social para superar las lógicas de fragmentación. Para algunas concepciones fundamentalistas,  control de precios es mala palabra, pero en el sector salud no se puede avanzar en complementaciones sin algún sistema de regulación de los precios fundamentales. Por otro lado la inclusión de metas territoriales en el sistema de pago por cumplimiento  que existe actualmente,  generaría incentivos para el trabajo conjunto de los efectores. Es necesario asimismo que haya situaciones donde la complementación sea preceptiva para los efectores, una vez se hayan cumplido determinados pasos, con la aprobación por el MS y la JUNASA. Para ello se precisa una nueva norma legal que defina esa obligatoriedad  y la incluya en los Contratos de Gestión con las instituciones de salud.

Además es importante rescatar las experiencias positivas de labor conjunta y promoverlas como una respuesta más eficaz y eficiente a los problemas de salud de la población. Hay una batalla cultural contra la fragmentación, que pasa por la población y sus percepciones sobre la salud y por la formación continua de los equipos técnicos.

Por último debemos ser  conscientes  que el trabajo en red no se limita a las instituciones del sector salud sino que debe abarcar una perspectiva intersectorial  donde actúan los actores de  la educación, la actividad física y deportiva, la cultura y las organizaciones sociales  de la comunidad.

Objetivos y planes de salud.

La definición de Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN) es un gran paso para el SNIS. Hubiera sido mejor que esos contenidos  se discutieran y aprobaran en un proceso participativo con el apoyo de un espectro amplio de actores en el país. Pero aún como resolución del MS es un avance notorio frente a las lógicas asistencialistas que reducen atención de salud a respuesta a la demanda por enfermedad. Ya los programas de salud (desde 2005) tienen un enfoque proactivo y combinan asistencia, con promoción, prevención, rehabilitación. Los OSN son un paso mayor porque establecen  metas sanitarias  a alcanzar como sociedad. Son un compromiso para los efectores de salud.

Ahora bien, esos objetivos no se alcanzan por ninguna resolución ministerial sino por la acción coordinada en planes de salud. Hay que poner el énfasis en esos planes nacionales de salud, potenciarlos cuando existen, crearlos cuando no existen, monitorearlos, acompañarlos, transformarlos en ideas-fuerza convocantes.

Al mismo tiempo  en Uruguay coexisten distintas realidades, situaciones muy contrastantes, desigualdades importantes y eso requiere Planes Departamentales y Locales de salud. La participación social en la definición de los principales problemas  de salud de cada territorio es un elemento indispensable. Muchas veces el funcionamiento de las JUDESAS está más centrado en recibir informes, que en la  elaboración de esos diagnósticos y planes locales, así como su puesta en practica con todos los actores involucrados.

Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud

 Al fortalecimiento inicial de los equipos del MS ha seguido un proceso de debilitamiento relativo, debido entre otros factores a salarios menores que en el sector privado y ASSE, que provocaron drenaje de técnicos. La capacidad de rectoría del MS sobre el conjunto del sistema pasa por un mayor acceso a las herramientas técnicas y administrativas, los  sistemas y los equipos de trabajo necesarios. Sin mayores capacidades para el diseño, el monitoreo, la fiscalización, el control y la evaluación de políticas no hay forma de que el Sistema de Salud  funcione adecuadamente. En un sector que maneja tantos recursos y debe atender a tantas variables una  rectoría fuerte es imprescindible para la efectividad de las políticas sanitarias.

Políticas hacia una mayor equidad

La protección social en salud creció con el SNIS en tres direcciones: hoy cubre a todo el núcleo familiar, por otro lado constituye un seguro para toda la vida y por otro existe un Plan de Prestaciones Obligatorias de carácter integral (PIAS). Se comenzó a revertir la postergación histórica de la población más pobre  con un incremento del presupuesto de ASSE que pasó de 170 millones de dólares en 2004 a más de mil millones de dólares en 2015. En ese período el gasto per cápita de ASSE pasó de ser un 30% del gasto per cápita del sector mutual a un 85%. Pero la brecha sigue existiendo y continuar reduciéndola es un imperativo para la equidad en salud.

Al mismo tiempo la mayor vulnerabilidad social de las familias y comunidades requiere prestaciones de salud  adecuadas en cantidad y calidad a los problemas que enfrenta. El concepto de cápita implica que se reciben aportes según ingresos (salvo por la devolución de aportes FONASA que favorece en sentido regresivo a los altos ingresos) pero se paga a las instituciones de salud con una cifra ajustada por edad y sexo. Esos dos factores influyen en los costos de la atención de salud. ¿Cómo no pensar en la vulnerabilidad social como otro factor que incide en ese plano?. Es evidente que en 2005 no había instrumentos para identificar estas situaciones. Pero hoy contamos con el Indice de Carencias Críticas que funciona para otras prestaciones sociales. Seguir avanzando en justicia social es un compromiso ético y político a honrar.

POBREZA, DERECHOS Y DEMOCRACIA por Pablo Anzalone

El abatimiento de la indigencia y la pobreza son muy importantes en  Uruguay y destacan en una  Latinoamérica que, por primera vez en su historia, avanzó mucho en esa dirección.

A raíz de la crisis del año 2002 y el proceso  previo,  Uruguay llegó al 2004 con 40% de la población, 59% de los menores de 18 años bajo la línea de pobreza, 4,7 % en la indigencia.

Desde 2005 se inició un proceso de reducción  de la pobreza, alcanzando  a cifras de  9,7%  de la población y una indigencia de 0,3 % en 2014 .

Uruguay es el país que redujo la pobreza en mayor medida (CEPAL 2015).  También tuvo la mayor baja en la brecha de pobreza, (las personas pobres según la distancia media entre sus ingresos y la línea de pobreza). En América Latina hay movilidad de ingresos ascendente y descendente. Uruguay resalta con un 83% en movilidad ascendente y 1%  descendente  (PNUD 2016).

Falta una evaluación mas profunda de avances y pendientes de las políticas contra la pobreza en toda América Latina con gobiernos progresistas y de los otros. En Uruguay se precisa un análisis del Plan de Equidad. Estas políticas que permitieron dar grandes pasos, requieren un análisis crítico por los problemas sin resolver, las dificultades  para su profundización y las amenazas actuales. Las lógicas que, por derecha o por izquierda, menosprecian los avances sociales alcanzados omiten su importancia en relación con la historia nacional y regional y con la situación concreta de las personas afectadas. Las miradas que sólo destacan los logros y callan los pendientes, las contradicciones, los fracasos, no dan cuenta adecuada de la situación actual.

Desigualdades . Detrás de las excelentes cifras promedios hay un conjunto de desigualdades que  afectan al desarrollo social como un todo. En Uruguay la pobreza infantil, las fracturas territoriales  y la discriminación étnica no pueden minimizarse. Exigen análisis y propuestas para su superación.

Infantilización de la pobreza: mientras 9,7% de la población es pobre, 32% de los hogares con menores de dos años lo son. En menores de 6 años la pobreza alcanza al 18,5% de la población. Diez veces más que el 1,8% en mayores de 64 años. La brecha generacional se agrava.

pobreza

Fragmentación territorial: la periferia de Montevideo (municipios A y D, F) y el norte del país (Artigas y Rivera) tienen cifras de pobreza muy superiores al promedio y mucho mayores que los municipios capitalinos de la costa y los departamentos del sur del país. La fractura social se mantiene.

Población negra: La población negra presenta 20 % de pobreza, el doble que el promedio nacional. La brecha racial no se ha eliminado.

 Transferencias de activos.  Han habido dificultades para aumentar las transferencias de activos hacia los sectores carenciados (educación, capital, etc.) por ej. para  aumentar la cantidad y fortaleza de formas cooperativas. Los cambios en la matriz productiva y el mercado de trabajo son determinantes. ¿Cuáles son las metas en esos planos?

Redistribución. En un contexto internacional más desfavorable en lo económico, el tema redistribución se vuelve una clave para evitar retrocesos sociales. Eso exige medidas de  redistribución mayores, nuevos avances tributarios, más  justicia social. El 20% más rico obtiene el 43% del ingreso total mientras el 20% de menores ingresos de la población tiene un 7% . Estudios recientes (De Rosa 2017) muestran que la riqueza en Uruguay está mucho más concentrada que el ingreso. El 10% más rico posee  62% de la riqueza neta total, el 1% (25mil personas) tiene el 26%, y el 0,1% (2500 personas) concentra el 14%. El 0,1% de mayor riqueza controla más de la mitad de la riqueza financiera y más de 90% de la riqueza empresarial. Mientras la mitad de la población no tiene riquezas.

Intersectorialidad y territorio. Sin desconocer los esfuerzos realizados todavía falta para tener Planes Territoriales donde se combinen las políticas nacionales y las locales.

Existen  dispositivos claves  para las políticas territoriales como  escuelas, liceos,Utu, policlínicas, espacios culturales y deportivos. Experiencias como la de SACUDE (Salud, Cultura, Deporte y Educación) en Montevideo  muestran que pueden conformar dispositivos integrados, con acciones mancomunadas, que potencien sus fortalezas respectivas y la participación de la comunidad.

Participación social. La pobreza no es sólo peripecia individual o familiar, sino que afecta a comunidades y conjuntos sociales. La participación y empoderamiento de los actores sociales es clave para abatir las desigualdades. En el movimiento obrero se ve en las claras mejoras laborales. Pero la debilidad de los actores comunitarios ha conspirado contra el desarrollo de mejores políticas sociales. La creación de redes territoriales no es  sólo una confluencia de actores distintos sino que puede ser una forma de enfrentar la fragmentación social. Falta un movimiento social fuerte en lo territorial.

Retrocesos culturales. Se han producido cambios regresivos  en la valoración de la pobreza. En los los 90 (Magnone y Rovner 2016) la opinión pública explicaba mayoritariamente la pobreza por una sociedad injusta. Esta visión ha retrocedido (47% en 2006 a 34% en 2011) y crece la que adjudica la pobreza a faltas de las personas (26% en 2006 a 45 % en 2011). La asociación  jóvenes/pobres/delincuentes opera en el imaginario social junto a la inseguridad.

Hay un componente ideológico  de los procesos sociales que no está logrando sus metas. La sustentabilidad de las políticas contra la pobreza  requiere apoyos ciudadanos sólidos. Cuando la ideología discriminadora gana terreno frente a los derechos cabe preguntarse dónde están las carencias y los errores. El triunfo de Trump en Estados Unidos es una señal de alerta en ese sentido.

Estancamiento o retroceso. Los efectos de la crisis económica internacional están generando cambios en la región. Las  políticas sociales y salariales aparecen supeditadas a otros objetivos como el control de la inflación y del déficit fiscal. Las lógicas de ajuste resurgen con fuerza. Esto se traduce en menos aumento del gasto público social y un estancamiento en la reducción de la pobreza. Los triunfos de opciones neoliberales en países como Argentina y Brasil promueven retrocesos sociales.

Democratizar la sociedad. Pensar la pobreza en términos multidimensionales  implica también ver así su superación. El concepto de progreso multidimensional (PNUD 2016)  propone  el bienestar más allá del ingreso, y valorar las desigualdades por razones de género, raza, orientación sexual, edad o territorio, en las poblaciones situadas por debajo y por encima de la línea de pobreza por ingresos. A diferencia de quienes igualan crecimiento económico con desarrollo y suponen un crecimiento incesante, esta idea fundamenta que nada que disminuya los derechos de las personas, ni la sostenibilidad ambiental puede ser progreso. Las teorías del derrame  han fracasado. Los conceptos de desarrollo y de progreso deben ser rediscutidos, lejos del modelo  de la postguerra y la vieja Alianza para el Progreso. Enfrentar la  pobreza en sus muchas  dimensiones  significa  situarla en las luchas de democratización/concentración de nuestras sociedades.

Democratizar la sociedad y el Estado es el principal desafío de este tiempo.

En el asentamiento La Farola del Cerro 70 familias subsisten con una canilla de agua. No lo olvidemos. Hay demasiadas Farolas.

POLÍTICA DE CERCANÍA EN DROGAS por Milton Romani Gerner

“Se va a cumplir la ley, pero insisto: no hay que consumir drogas”. Tabaré Vázquez

“La medicina está, en algún punto, como hipnotizada por los medicamentos y la tecnología. Creo que eso quita el foco del paciente […] excesos que transforman sanos en enfermos”. Doctora María Noble, en una conferencia organizada por el MS y el FNR

“Alrededor de 5.500 millones de personas siguen teniendo un acceso limitado a medicamentos que contienen estupefacientes, como la codeína y la morfina, o ni siquiera tienen acceso a ellos. Eso significa que 75% de la población mundial no tiene acceso a un tratamiento del dolor adecuado”. Doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (prólogo del Informe Especial 2015)

El presidente Tabaré Vazquez ha insistido en el irrestricto cumplimiento y la definitiva instrumentación de la Ley de Regulación del Cannabis y ha anunciado un nuevo plazo para su concreción.

Se está construyendo un nuevo modelo de fiscalización. Una regulación responsable de sustancias con riesgos para la salud, que tiene como cometido remontar 100 años de dogmatismo e ineficacia prohibicionista. Lleva un poco más de tiempo. Hay que decir también que el exceso de cautela puede ocasionar daños y puede ser fuente de errores políticos. No se trata sólo de la dispensión de cannabis en la red de farmacias y el urgente registro de usuarios; se trata también de diligenciar el uso medicinal del cannabis y la explotación industrial del cáñamo, incluidos en la ley y que marchan a ritmo lento.

Hay una multiplicidad de actores que están al servicio de la resistencia al cambio (a todo tipo de cambio). Son los primeros en refugiarse en las dilaciones. Apuestan al fracaso absoluto del gobierno y del Frente Amplio. Especulan, sin reparar que hay un punto en este tema: el statu quo favorece al mercado ilícito del narcotráfico. Hacen cola, también, los amanuenses que suponen que de esa manera quedan bien con el presidente, y ponen esfuerzo en trancar, dificultar y no facilitar nada; todo eso bajo la supuesta premisa de hacer bien los mandados, a pesar de la expresa determinación republicana que Vázquez ha reiterado. Un moderno CEO (Chief Executive Officer) no es un capataz acrítico y sin iniciativa. Un GPI (Gestor Político de Izquierda) tiene pensamiento político, así como hoja de ruta y coraje en la acción.

Reducción de daños, prevención universal, selectiva e indicada

A su vez, Tabaré ha insistido en su mensaje: “no hay que consumir drogas”. Todos entendemos su intención, enmarcada en su incansable prédica educativa. Ni el texto ni el espíritu de la ley suponen ningún tipo de promoción del consumo de marihuana.

Hay un desafío en materia de prevención. Apegado a las mejores evidencias en este campo, no se remite sólo a decir “no a las drogas”. Es más complejo. Hay que desplegar más herramientas informativas para poder gestionar los riesgos y mitigar los daños, partiendo del supuesto de que, más allá de nuestros deseos, hay hombres y mujeres que buscan placer, estados de conciencia diferentes, calmar dolores, soportar dolencias recurriendo a una variada oferta de sustancias, de circulación lícita, ilícita o semiilícita. También hay que tener en cuenta las garantías previstas en el artículo 10º de nuestra Constitución, que ampara a las acciones privadas de hombres y mujeres, siempre que no afecten a terceros.

Pharmacón y reducción de daños

La morfina, ¿es buena o es mala? Los medicamentos, en especial los psicofármacos y los antidepresivos que tan pródigamente dispensan nuestros médicos y vende la industria farmacéutica, ¿son buenos o son malos? Las dos cosas a la vez.

Pueden ser beneficiosas para la salud, pero también pueden generar daño. Los griegos acuñaron el nombre de phármacon, que significa, a un tiempo, remedio y veneno. Ambigüedad del término que compite con drug, de origen celta, que aludía al mal olor que despedían las mercancías en los puertos. Esta denominación, deletérea, poco precisa, ha servido para sostener mitos, prejuicios y moralinas. Aporta un problema más, porque, al decir de Albert Einstein, “es mas fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. En este asunto estamos intoxicados de prejuicios.

Nuestro amigo el doctor Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), quien visitó Uruguay junto con su colega Alejandro Mohar para conocer el modelo de regulación de cannabis, insiste en el prefacio del Informe Especial de la JIFE de 2015 en el efecto paradójico y absurdo del sistema prohibicionista. No hay drogas disponibles para quienes verdaderamente las necesitan.

Política de cercanía

Me permito esta señalización técnica y política sobre lo preventivo y educativo, de la misma manera que en 2009 (a pesar de apoyar su postulación en plena campaña) discrepé con el compañero José Mujica acerca de la mal llamada “internación compulsiva”. El tema central no está en las drogas, sino en las personas y en cómo construimos vínculos, incluidos los que desde el Estado se promueven en términos de control y fiscalización. Poner el foco en las sustancias, generalizar todos los usos en forma homogénea o identificar a los usuarios como adictos no son caminos preventivos.

Un mercado regulado pretende ser un vínculo que promueve la cercanía en términos de salud pública. Reduce daños y hace más permeables los mensajes preventivos, porque hace confiable la relación entre el Estado y los usuarios.

Las tonalidades de enfoque son inevitables en el abordaje político de un problema social complejo, que tiene varias aristas y está en debate en el mundo entero. Se han realizado, en su historia, 29 sesiones especiales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por temas cruciales; si será polémico y complejo este tema, que tres de esas reuniones tuvieron como cometido discutir “el problema mundial de las drogas”. La primera fue en 1990. En la segunda, que tuvo lugar en 1998, se postuló “Un mundo libre de drogas”; el secretario general de la ONU, Kofi Annan, brindó por ello, pero hoy reconoce el fracaso rotundo de esa consigna y es un crítico severo del paradigma vigente y de la guerra contra las personas que supuso.

En la última Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de la Droga, en 2016 (a la que tuve el honor de concurrir en calidad de jefe de la delegación de Uruguay), comenzaron a aceptarse nuevos enfoques y se inició un proceso fermental de debate político, académico, científico, social, penal, de salud pública y de seguridad ciudadana. Se logró incorporar aportes de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos, que difundió un contundente documento que habilitó un giro fundamental, incorporando definitivamente un enfoque de derechos humanos con respecto a este tema.

Dicho texto recuerda “las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes 51/12, sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, y otras entidades de ONU “para la promoción de los derechos humanos en la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas”. La resolución 51/12 fue la que presentamos junto con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, en marzo de 2008, cuando libramos una batalla diplomática y política trascendente, que sigue prestigiando a Uruguay ante la comunidad internacional por liderar la defensa de los derechos humanos en torno a esta temática.

Publicado en La Diaria 15/12/2016

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