LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL DEDO por Mílton Romani Gerner

Gerardo Caetano afirmó recientemente con justeza: “Si volvemos a tener una campaña de ochentosos, el país está en problemas”. Fue después de que se conociera la cumbre Danilo Astori-Pepe Mujica y se dejara trascender que uno de ellos, o los dos, podían apoyarse mutuamente como precandidatos del Frente Amplio. Esto fue coincidente también con la reaparición en escena de la lucha electoral de don Julio María Sanguinetti.

Para los frenteamplistas es totalmente lícito que cada quien se reúna con quien quiera. Obvio. Que cualquiera postule a quien sea, incluso a sí mismo. Sin embargo, hay que recordar que también en este caso “el medio es el mensaje”. Es necesario someter a escrutinio este tipo de procedimientos. Porque el desafío de la campaña electoral es de suma importancia para el Frente Amplio, y necesitamos movilizar todas nuestras filas, que están un poco alicaídas. Sustraer ciertas decisiones agrega malestares a los que ya existen.

Sería preferible abordar los ejes políticos de la movilización que se avecina. Pues no. Para reiterar una nada académica expresión: algunos estamos medio podridos de dedocracia y mangoneo. Porque desmoviliza y desanima. Vaya hallazgo: porque no es participativo. Hace uso y abuso del rol y poder que todos les hemos cedido a nuestros dirigentes. Porque es un acto de soberbia que coarta la posibilidad de ampliar oportunidades a candidaturas más novedosas, más jóvenes, con experiencia en varios campos de la gestión y de la militancia. Porque conspira contra una renovación necesaria desde el vamos.

Importa debatir el perfil de la campaña y sus puntos centrales: ¿vamos a desplegar una línea de autocomplacencia con todo lo que hicimos? ¿Seremos capaces de tener el coraje de liderar la indignación por lo que no hicimos y está por hacerse? ¿Seremos capaces de agitar banderas de cambio, autocriticarnos en lo que corresponde, señalando los nuevos objetivos de justicia social y quiebre de la fracturas sociales que todavía existen? ¿O lo nuestro será defender el statu quo, la lógica que impone el mundo tal cual es, los márgenes inevitables que fijan otros? ¿Será posible, con todo lo que hicimos, y más imaginación, crear un nuevo sentido esperanzador?

Es necesario mostrar todo lo que hicimos y los avances del país. Pero no alcanza. Sería de coraje cívico y republicano de buen recibo por la ciudadanía ser totalmente transparentes con lo que no pudimos o no supimos hacer. Asumir los errores. Porque sobre esos debes están nuestras propuestas más radicales a futuro, que pueden entusiasmar a los más jóvenes y conquistar nuevas esperanzas de los más viejos. Levantar el ánimo de los más vulnerables. Las credenciales para un nuevo cambio están en lo realizado, pero mucho más en renovar la vieja promesa de hacer “temblar hasta las raíces de los árboles”.

Definir los y las candidatas es muy importante. No es cierto ese discurso que intenta disimular esto con falsa humildad. Es un tema recurrente en todos los ámbitos. Lícitamente.

Porque una campaña política de corte electoral tiene una exigencia de comunicación referida a las sensibilidades, entonaciones, atributos, trayectorias, resumidas en la singularidad del candidato o candidata. Es una síntesis humana de 100 programas. Decidir cuál es el candidato o candidata no es un acto de inspiración o intuición. Si pretendemos que nos represente a todos, necesitamos recorrer los caminos de la más amplia participación.

Suponer que esos atributos son transitivos por decisión de uno o dos dedos, sean de quien sean, es un grave error político.

Ser joven no es necesariamente un atributo de renovación. Como ser mujer tampoco asegura un enfoque igualitario de género. Pero parece una desmesura que no alienta cambios que dos dirigentes pretendan influir para decidir ellos y ante ellos. Hay un momento para todo. También para sumar a la edad sabiduría, y comprender cuándo hay que dejar que pasen otros adelante.

Las elecciones pasadas mostraron, incluso al Frente Amplio, la fuerza de la movilización juvenil expresada en la movilización del No a la Baja. Nadie daba dos mangos en un tema que supuestamente, se decía, iba a contrapelo del clamor popular punitivista. Insólitamente, el Frente Amplio fue torpe, lento y conservador. Temor político mal calculado por muchos que pensaban (y siguen pensando) que hay que someterse al “sentido común”. Sin embargo, se demostró que hay que atreverse a desplegar el “buen sentido” basado en convicciones. Imaginación y propuestas. Como sólo saben ser atrevidos e imaginativos los jóvenes, que convierten convicciones en realidad política.

Los veteranos –y más que veteranos– tienen el derecho y la responsabilidad de orientar, aportar sabiduría, mostrar caminos. Pero nunca sustraer decisiones.

La tentación de abusar de la autoridad desde la cima ejerciendo el dedazo puede ser paradojal. Volverse en contra. Su levedad se puede convertir en un dolor de cabeza a la interna de cada sector. Ya lo vivimos. Puede llegar a demostrar, una vez más, que muchos jóvenes “matarán” a sus padres, se rebelarán y tomarán un camino propio (“Matar al padre”: http://ladiaria.com.uy/USI.

Tabaré Vázquez, Pepe Mujica y Danilo Astori son distinguidísimos compañeros que constituyen un formidable patrimonio frenteamplista. Ellos han acumulado prestigio, popularidad, reconocimiento, experiencias intransferibles… y años. Pueden y deben seguir aportando al colectivo. El Frente Amplio debe buscar los espacios institucionales para que sigan incidiendo en nuestro accionar político. Incidiendo y aportando, desde otro lugar.

Hay una larga lista de compañeros y compañeras, de las más diversas tiendas, con capacidad, liderazgo, experiencias propias. Destaco el nombre de Daniel Martínez porque su gestión tiene una gran adhesión y popularidad creciente. No parece sensato que se insinúe que hay que asegurar la victoria y se soslaye este dato fuerte, omitiéndolo así como así. Pero hay más nombres.

Sería saludable que todos y todas quienes se sientan candidateables, se anoten. Debatir en competencia interna, donde todo el colectivo frenteamplista participe de la discusión sobre las virtudes de cada uno. Sin las manipulaciones de quienes se sienten tentados de abusar de su autoridad y prestigio, del cariño y respeto que les prodigamos. Y que como buenos ochentosos, cierran las puertas del boliche bien temprano e impiden gozar de la fiesta de la diversidad y la discusión.

Publicado en La Diaria el 7 de julio de 2018

ESPIONAJE EN DEMOCRACIA por Ignacio Martínez

Los servicios de inteligencia de cualquier organismo policial o militar son parte esencial de su propia labor. Las tareas especiales y reservadas para obtener información de los estamentos que se vigilan, son tan importantes en las tareas policíacas, que a nadie escapa que gran parte del éxito de las mismas depende, precisamente, de la obtención de esa información.

Así entendida la represión a las actividades delictivas o la prevención para que no se realicen, solo serán posibles si, en efecto, los servicios de inteligencia brindan datos concretos acerca del tráfico de drogas, del contrabando, del abigeato, del lavado de dinero, de la trata de blancas, del tráfico de órganos, de la pornografía infantil o cuanta actividad humana sea considerada ilegal y esté reñida con la justicia y atente contra la esencia misma de la sociedad.

Nadie puede ser tan ingenuo y no reconocer que, entonces, efectivamente, esas labores de inteligencia e información se deben instrumentar desde los organismos del estado específicamente conformados para reprimir los delitos que se cometen o más aún, para evitar que se cometan y desactivarlos antes de que se produzcan.

El asunto aparece como objeto de estudio y alarma social, cuando esas labores de inteligencia se operan desde los mismos organismos públicos que las efectúan, pero esta vez dirigidas a ámbitos, organizaciones, actividades y personas perfectamente admitidas por la legislación vigente, es decir, son legales y en democracia, particularmente en ámbitos de la sociedad civil.

Podemos afirmar que a la salida de la dictadura continuaron operando los servicios de información de las FFAA y de la Policía. Con mayor o menor sujeción a los mandos orgánicos, bien sabemos que se vigilaban sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de Derechos Humanos, dirigentes políticos y hasta a la misma iglesia, sobre todo en sus sectores más relacionados con las cuestiones sociales. ¿Qué tendrían para decir los ministros del Interior Manini Ríos o Marchesano o Forteza o Buscasso, todos colorados? ¿Qué tendrían para decir Ramírez o Iturra o Gianola, todos herreristas? ¿Qué tendrían para decir los ministros de Defensa Chiarino, Medina, Brito?

Las denuncias realizadas públicamente en la prensa y la conformación en noviembre de 2016 de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en relación al conocido “archivo del coronel Castiglioni”, dan prueba de la total impunidad con que se realizaban tareas de espionaje hasta bien entrada la democracia. Es evidente que decenas de agentes ocupaban sus jornadas de trabajo en vigilar, infiltrar e informar a sus superiores de las actividades que realizaban sectores de nuestra sociedad civil.

¿Se puede decir, como afirma Sanguinetti, que lo que está claro es que ni la Presidencia, ni nuestros ministros -todos de acrisolada calidad democrática-, jamás ordenaron ningún episodio ilegal 

Cuesta creer que no hayan ordenado nada porque de algún lado debió salir la orden y los recursos para que se hicieran esos trabajos.

Pero, en todo caso, lo peor es suponer que el Presidente y sus ministros debían estar enterados o ¿acaso se espió delante de sus narices sin que nadie se enterara? Concluyamos que si se espió sin que nadie del gobierno lo supiera, flaco favor le hicieron los ministros y el Presidente a la democracia y a su propia eficiencia en sus cargos, a sus propias fuentes de información de lo que sucedía a su lado. Más bien dieron pruebas de su absoluta incapacidad para sus cargos.

Si, por el contrario, sabían de ese espionaje, ¿cómo no desmantelaron esos organismos ni dieron de baja a quienes realizaron esos episodios de espionaje, violaciones a la ley o intervenciones lesivas para la ley. (sic, Sanguinetti).

Si no sabían, vergüenza. Si sabían y nada hicieron, doble vergüenza. Hoy cabe preguntarnos ¿se terminaron esas actividades de espionaje? ¿Por qué tuvieron que pasar más de 30 años para que el expresidente accediera a decir algo sobre este tema?

Las investigaciones deben continuar. La democracia se fortalecerá si todos estos asuntos toman el mayor estado público y, por supuesto, se somete a la justicia a quien deba rendir cuentas por estos hechos delictivos perpetrados desde las esferas del gobierno desde 1985.

Publicado en el Semanario uruguayo VOCES el 28.6.2018

PROGRESISMOS LATINOAMERICANOS DEL SIGLO XXI por Pablo Anzalone

Balance y perspectivas de los progresismos

Avances sociales, reformas estructurales, cambios culturales. Fin de ciclo, derrotas, parates, fracasos puntuales, continuidades. Se puede caracterizar de muchas maneras la suerte de los progresismos de la región en el siglo XXI. El propio término “progresismo” no tiene una definición unívoca, como tampoco es clara su relación con las izquierdas. Este mes, en Dínamo, nos abocaremos a realizar balances del período que sirvan de base a nuevas concepciones y propuestas de transformación social.

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Los gobiernos progresistas del siglo XXI en América Latina surgen de la derrota de los neoliberalismos en los años 90. Pero también traen en su mochila la debacle de la URSS, la disolución del mundo bipolar y la conversión de la socialdemocracia europea en derecha neoliberal. Surgen cuando el pensamiento crítico y emancipador retrocede en el mundo, sin lograr saldar la pesada herencia de los socialismos del siglo XX. Y más atrás todavía, los procesos latinoamericanos tienen las marcas de las derrotas de los movimientos revolucionarios de los 60 y 70 y el arrasamiento de las libertades democráticas que significó el terrorismo de Estado.

El neoliberalismo de los 90 fracasó en su soberbia de constituir el fin de la historia, pero logró una penetración profunda en nuestras sociedades en el plano económico, social e ideológico.

Las izquierdas latinoamericanas lograron triunfos electorales por virtudes de sus formaciones políticas y sus liderazgos carismáticos, pero también, y fundamentalmente, porque se apoyaron en grandes y polifacéticas movilizaciones sociales. Estos gobiernos vienen de la resistencia social a las privatizaciones, al desmantelamiento de la protección social y al incremento de las fracturas. Frente a las teorías del Estado mínimo, los progresismos latinoamericanos levantaron la concepción de un Estado preocupado por la cuestión social, por la pobreza y la indigencia. Y sus logros en esta materia son relevantes, en el continente más desigual del planeta.

Con una mirada regional vemos surgir elementos originales. En algunos de sus procesos,América Latina incorpora las identidades y luchas de los pueblos originarios y levanta la idea de la plurinacionalidad dentro de los estados. Las asambleas constituyentes fueron en varios países una forma de debate sobre los fundamentos de la sociedad, y alcanzaron textos constitucionales muy avanzados en materia de derechos. En otros procesos, como el uruguayo, una nueva agenda de derechos generó logros importantes en la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación de la marihuana.

Necesitamos estudios más amplios sobre lo ocurrido en América Latina en este período. No pueden dejar de valorarse los avances sociales alcanzados, ni tampoco sus límites y contradicciones. Cabe preguntarse cuáles son los cambios estructurales que se produjeron y hasta dónde llegaron. No son pocos. En Uruguay destacan por ejemplo la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma de la salud. Al mismo tiempo, ninguna de ellas es algo concluido, y todas enfrentan los dilemas de cómo y con quiénes generar mayores pasos de profundización.

No se trata sólo de medir los resultados en cada campo de la acción gubernamental, sino también de considerar en qué medida se generaron nuevas relaciones de poder que sostengan los cambios y los impulsen hacia adelante. En los vínculos con los movimientos sociales está uno de los anudamientos principales de los progresismos. Recordemos que movilización no es sinónimo de izquierda. La derecha como ideología y las clases o fuerzas sociales dominantes retuvieron un poder muy significativo en las estructuras económicas, en los medios de comunicación, en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial. En determinado momento y en algunos países se rearmaron políticamente y reasumieron el gobierno, por vía electoral o por “golpes de Estado” parlamentarios o judiciales.

En el plano de los valores se desarrolló una lucha por la hegemonía, con resultados diversos. Mientras que las percepciones sobre la pobreza en Uruguay mostraron un incremento de los enfoques conservadores, en otros campos, como el matrimonio igualitario, los valores homofóbicos retrocedieron. En temas como la violencia patriarcal crecen la movilización y el rechazo, pero también existe una gran campaña orquestada internacionalmente contra la “ideología de género”.

El debate cultural e ideológico es un tema trascendente. Hace un tiempo Hugo Burel, en la página editorial de El País, alertaba a los partidos tradicionales sobre la necesidad de derrotar a Antonio Gramsci para poder vencer a la izquierda. “Los que quieran encarar en serio la disputa tienen que enfrentar la hegemonía cultural y proponer algo distinto… Por si muchos todavía no se dieron cuenta, este es el verdadero escenario en el que se juega”.

Desde la izquierda, Juan Carlos Monedero afirmaba en Montevideo, en el Congreso Latinoamericano de Sociología, que “el neoliberalismo es una manera de estar en el mundo, donde todos nos sentimos empresarios de nosotros mismos, compitiendo en un mundo mercantilizado como en ningún otro momento de la historia. Todo es mercancía: el ocio, la enseñanza, el deporte, el hábitat, el sexo; todas nuestras acciones cotidianas. Tenemos que ser rentables en todo y hemos interiorizado que si nos va mal, es pura y exclusivamente por nuestra culpa”. También autocriticaba: “La izquierda falló al crear consumidores y no ciudadanos”.

Cuando las formas de hacer política quedaron absorbidas por la gestión del Estado se debilitó esa batalla ideológica, perdieron protagonismo los partidos y los movimientos sociales. Si el mensaje y las prácticas de los progresismos apuntan a que la política la hace el gobierno y la participación ciudadana se limita a elegirlo cada cinco años, una parte de esa contienda se perdió.

La democratización de la sociedad y del Estado es el nudo crítico más importante de los procesos progresistas. La transparencia, el control ciudadano en el Estado y la lucha contra la corrupción son aspectos relevantes, pero la democratización va más allá. Romper las estructuras de poder tradicionales, excluyentes y elitistas, para construir mecanismos más democráticos y participativos, es la única forma de dar sustentabilidad a los procesos de cambio. Estos sólo son posibles con actores sociales vigorosos en el campo popular, sin subordinación al Estado o el gobierno, sino participando en la construcción de políticas públicas hacia mayor igualdad. En esas luchas múltiples hay que reconocer a distintos actores sociales, institucionales y políticos, y procurar su fortalecimiento y su unidad. Las clases sociales y las fuerzas sociales relacionadas con el género, las generaciones, la diversidad sexual, las etnias, los temas ambientales y socioterritoriales, son protagonistas y no mera base de apoyo político o electoral. El empoderamiento requiere estructuras más democráticas y actores con disposición y condiciones para llenarlas de prácticas removedoras. La forja de “relatos”, es decir, una explicación sentipensante que les dé sentido para la gente, es parte ineludible de estos procesos. Cuando Ernesto Laclau hablaba de cadena de equivalencias se refería a esa articulación entre demandas distintas y acción política para desplegar la lucha por hegemonía.

Las dificultades para promover la política como acción colectiva sobre los problemas que sigue teniendo la población es el gran talón de Aquiles de los progresismos. No hay mejor manera de defenderlos que bregar por la profundización de los cambios y construir soportes sólidos desde la participación social y política.

Pablo Anzalone es licenciado en Ciencias de la Educación; fue director de la División Salud  y del Departamento de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo entre 2005 y 2015.

Publicado en La Diaria el 25 de junio de 2018

SANGUINETTI EN EL RODEO por Ignacio Martínez

Si bien podemos afirmar que este profesional de la política nunca dejó de estar en esos asuntos, está claro que en los últimos meses ha iniciado un trabajo sostenido de contactos, conferencias, entrevistas y reuniones que confirman su intención de proyectarse como un activo partícipe de la próxima contienda electoral.

Si va a ser candidato a la presidencia o al senado por ahora poco importa, aunque la segunda alternativa pareciera ser la más creíble. Su intención es la de sumarse a las críticas más agudas contra el Frente Amplio y el actual gobierno. Al mismo tiempo procura liderar una fuerza nueva (¿nueva?) dentro del malogrado Partido Colorado. Lo hace desde un discurso socialdemócrata tratando de embanderarse con postulados e historias batllistas que también puedan presentar ciertos matices izquierdistas para ganar a los sectores centristas que votaron al FA, a posibles votantes de Novick, quitar fuerza a algún sector dentro de filas e incluso captar para el 2019 a los indecisos y unificar a su propio partido.

Pero no se queda allí. Ha comenzado a construir puentes con el Partido Nacional. Ya lo hará con otros que también esperan ser invitados. Su estrategia es unificar la oposición lo más posible y lograr que el FA no gane en la primera vuelta, cosa bastante probable, y que en un balotaje se pueda repetir lo sucedido en 1999 con Jorge Batlle como aglutinador de los partidos tradicionales, cosa difícil, o bien seguir a un candidato blanco, pero con apoyos suyos de tal índole, que le permitan negociar un papel decisivo en la gestión del nuevo gobierno y del parlamento.

Él mismo lo ha señalado: “No se trata del viejo Foro Batllista, ni de la clásica Lista 15, ni de Vamos Uruguay, sino de una confluencia que se nuclea en torno al concepto que nos identifica ideológica y políticamente”

La identificación ideológica es la de seguir apostando al Uruguay monoproductor, benefactor de los sectores financieros, agro exportadores y del control de los medios de comunicación, con efectos mediáticos sobre el pueblo. Su identificación política es la de someter el movimiento sindical y popular (“Nunca perdí ningún conflicto frente a las fuerzas sindicales”), terminando con al negociación colectiva, acortando al máximo los planes sociales de salud, previsión social, vivienda y educación, procurando las privatizaciones como clásica receta del neoliberalismo del cual es absoluto representante.

Sanguinetti, incluso, sueña con la fractura de la izquierda y el corrimiento de algún grupo hacia formas de confluencia de diversos sectores, llegando, si así se pudiera, a reproducir el fenómeno de Batalla en 1994, aspecto éste bastante improbable porque es más que elocuente aseverar que quien se excluya del FA no contará con significativos caudales electorales.

Sanguinetti quiere imponer la idea de que “el país necesita un cambio”. El verbo cambiarda resultado. Ya lo dio para la izquierda (cambia, todo cambia) y también lo dio en el otro extremo para Macri en Argentina (Cambiemos). Sanguinetti aplica esa receta. Él es favorable a impulsar una nueva Concertación esta vez según cada realidad departamental, no solo para sumar a las elecciones nacionales, sino para proyectarlas luego en las elecciones de cada intendencia.

El ruedo se ha echado a andar. La lidia electoral tomará vigor luego del Mundial. El expresidente estará en la contienda. La izquierda también, a la altura del mejor debate ideológico y político de dos proyectos de país.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 14 de junio

CÓMO SE PUEDE MANCAR UN “BURRO” por Mílton Romani Gerner

Miserias de una cuadrera.

¨Apostar por el favorito rinde poco. En las carreras de caballos si el pingo favorito es el ganador, su apostador volverá a casa con unos pocos pesos. Los conocedores dicen que el caballo ganador más festejado es el que viene de atrás: “por los palos”. Ese al que le queda la chapa de la sorpresa. El senador blanco Jorge Larrañaga sabe de caballos. Y también sabe de llegar de favorito o dar el batacazo cuando no está en los cálculos de nadie¨

Estas afirmaciones aparecieron en El País del domingo, firmada por Pablo Fernández bajo el titulo: La vieja historia de los blancos: ¨Larrañaga retoma impulso en la interna con campaña por seguridad¨ y agrega: el líder de Alianza logró protagonismo y colocó a Lacalle Pou en una posición incómoda¨

Visto así quizás se entienda un poco más, la absurda propuesta. Pretende ganar la interna y posicionarse en el juego político. Tirando la mosqueta y dejando en orsai a los otros. Parece más mezquina, pero al menos tiene una lógica que no tiene el contenido de la misma. También decir que todo ¨burro¨, hasta el mejor potrillo, se puede mancar. Cosas de la política timbera.

La ´vieja historia de los blancos´ nos dice otras cosas. Wílson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra en gesto que los honró, reconocieron que votar en 1972 el Estado de Guerra Interno y la Ley de Seguridad del Estado no fue cosa buena. Eso que la situación de aquella época era realmente crítica.

Afirmaba Wílson por entonces: “No hay ninguna causa, que no se destruya, que no pierda validez moral, que no se transforme en una porquería, si para defenderla hay que hacer estas cosas.¨  Años después diría: :”No fue un pecado votar la Ley de Seguridad del Estado, fue un error. Nunca debimos autorizar a militares a juzgar civiles. Era doloroso, pero para el uruguayo medio la tranquilidad se había transformado en algo más importante que la libertad.¨

Paradoja: estas citas las extraje de un excelente trabajo que firma un militar, el Capitán de Navío (R)Tabaré Fernando Patrón en un ensayo: ¨Los valores de Wílson Ferreira Aldunate en la conducción política del poder militar¨.

Los militares ya estuvieron al frente de la seguridad del Estado y les fue, nos fue, muy mal. Al frente, al costado, abajo y arriba de la seguridad de todos nosotros.

Alguien debería decirle al insigne burrero, que tampoco los militares están conformes en salir a la calle para trabajar de policías. Ellos también se preguntan:  ¿como sería la cosa?¿pedirían documentos, harían pinzas, detendrían gente? ¿como Larrañaga? Apoyar a la policía bajo sus órdenes. ¿Órdenes civiles para un militar? Al mismo precio. El Estado de Guerra les permitió cobrar el doble. Las misiones al Congo tienen otro precio. ¿Como Larrañaga, cómo sería esto? Una inteligente pregunta que se lanzó en las redes: en caso de hacer fuego o cometer algún delito ¿quién los juzga? Se me dirá la justicia civil. No podría sostenerse en serio, habida cuenta de la historia en este país. Pero mas allá de la historia ¿los militares aceptarán salir a la calle, recibir ordenes de civiles, actuar y eventualmente ser juzgados por civiles? Reitero: ¿todo por la misma plata?

Debatir en serio con esta propuesta implica una base mínima de seriedad. No los hay. Ni la misión fundamental de las FFAA definidas en sus leyes, ni la formación, ni el despliegue, ni las características propias de las fuerzas, ni su presupuesto, pueden cumplir funciones de seguridad interna. A propósito: ¿se piensa que con la carga de impunidad que conllevan los uniformes militares, la existencia brutal de cementerios clandestinos en los cuarteles de la patria, se podría salir a la calle con prestigio?

A medida que escribo me vuelvo medio wilsonista: “Nosotros queremos un país donde un soldado salga a la calle y se ponga el uniforme, no tenga que sacárselo porque pasa vergüenza. Nosotros queremos un país donde los soldados exhiban su condición militar con orgullo.” (Wílson Ferreira Aldunate, en Buenos Aires el 30 de abril de 1984)

Sobre la moda de seguir aumentando penas solo decir lo que criminólogos y especialistas que estudian el tema afirman: no parece lógico poner el acento y las penas luego que agarraste al delincuente. El tema es como evitar el crimen. En sus causas, que son muchas y diferentes, y en una aplicación racional de la fuerza de la ley. La respuesta punitiva solo convoca más violencia. No lo queremos para Uruguay. Tenemos otros recursos y otros valores. La seguridad es un derecho que se garantiza no solo con la policía y la ley penal. Poner a articular todo esto con perspectiva de futuro es también una responsabilidad de la oposición.

Es una responsabilidad compartida. De varias instancias del Estado. También de la conducta de los líderes políticos. De los medios de difusión como canales de comunicación social. Una pregunta al paso: ¿porque los medios se inhiben de dar noticias sobre suicidios, siendo una de las causas violentas de muerte más altas que tenemos?

Se me dirá que para evitar el efecto contagio. Bien. ¿No hay efecto contagio cuando se propala hasta el hartazgo todo tipo de crimen, rapiña, asalto, y copamiento? Informar es un derecho. Viralizar haciendo uso insensato de las facetas de espectáculo es una manera de alimentar el circuito del crimen. Igual que aquellos ¨ciudadanos¨ que compran objetos robados. O los lideres políticos que usando el miedo e inseguridad de la gente intentan avanzar un par de cuadros en el tablero partidario.

La violencia no se combate con más violencia. Fui testigo en mi condición de Secretario Nacional de Drogas y de Embajador ante la OEA, de los desastres que ha ocasionado el enfoque de la guerra contra las drogas y la incorporación de las FFAA a esa lucha. Están las pruebas ahí, no se necesita ninguna especulación. América Latina y el Caribe son testimonios dramáticos de esta realidad. Colombia, México, Guatemala. Lo han afirmado los analistas y políticos más encumbrados. Origen de Los Zetas, principal cartel mexicano:  La organización se formó a partir de un grupo de militares de élite que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano. No se necesita ir a informes muy secretos, esto es de Wikipedia, Larrañaga. Como afirma el estudioso de estos temas Luis Moras: si no queremos ser El Salvador, no apliquemos políticas salvadoreñas.

Estuve preso por primera vez en 1968, en el 5o de Artillería, bajo Medidas Prontas de Seguridad. Triste debut de las FFAA en seguridad interna. Junté firmas muchas veces. La principal de todas contra la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No basta con olfato burrero, ni con picardía de stud o pretendidas dotes de gurú populista. Se precisa mucha militancia y mucha organización para reunir firmas. Creáme Larrañaga: no las va a conseguir. Es un ¨dato¨ posta.

 

Publicado en “Voces”.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EXPERIENCIA DE LA RED DE SALUD DEL MUNICIPIO G Y LOS APORTES DE ESTE TIPO DE REDES AL SNIS por Pablo Anzalone

Promueven la participación de la comunidad en asambleas, ferias y jornadas de salud y articulan de manera interinstitucional, aunque no están libres de dificultades.

Las redes de salud son una realidad potente en distintas zonas del país. Constituyen una forma significativa de participación social. En un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que quiere ser más que instituciones de salud atendiendo exclusivamente la enfermedad de sus afiliados, las redes son un importante trabajo interinstitucional en prevención de la enfermedad y promoción de la salud. El trabajo permanente de las redes y la realización anual de asambleas o cabildos abiertos para analizar lo hecho y definir las prioridades del año son ejemplos de una metodología participativa. Cabe señalar asimismo que no ha existido desde el SNIS un impulso sostenido de creación de redes de salud en todos los municipios del país.

La Red de Salud del Municipio G se fundó el 5 de setiembre de 2012. Tiene numerosos antecedentes de articulación interinstitucional, intersectorial y de participación social en esta amplia zona del noroeste de Montevideo. “La creación de la red fue un momento de tensión duradera en el que los apoyos fueron importantes”, sostienen sus participantes. Algunos de esos antecedentes son la Intersectorial de Salud de la zona del Comunal 13, la Comisión de Salud del Concejo Vecinal de la zona comunal 12, la Comisión de Efectores de Salud del Comunal 12, la Comisión de Vecinos que administraba el policlínico móvil.

Cuando se creó el tercer nivel de gobierno se buscó una visión global del municipio, pero respetando las historias de las zonas comunales 12 y 13. Con las asambleas de salud a nivel municipal se reunieron efectores de salud y actores sociales de las dos zonas y se generó la necesidad de contar con un espacio que les diera continuidad y respuesta a los temas que surgían de las asambleas. Allí comenzó la Red de Salud. En una primera etapa la preocupación principal fue la sistematización de las asambleas y sus propuestas, con una perspectiva que fuera rompiendo con las chacras de las zonas comunales anteriores, para asumir el territorio del municipio como ámbito de trabajo conjunto.

Participación

Integran la Red de Salud representantes de los concejos vecinales, vecinos de la zona, efectores públicos de salud –las policlínicas de la Intendencia de Montevideo (IM), el Centro de Salud y Hospital Saint Bois de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), policlínicas del Banco de Previsión Social (BPS) y el Centro Materno Infantil 2–, efectores privados –Casa de Galicia y CASMU–, representantes del Concejo Municipal, de la Dirección Departamental del Ministerio de Salud Pública, de policlínicas comunitarias y de la Universidad de la República (Udelar) –Facultad de Medicina, de Enfermería y de Ciencias Sociales–.

El funcionamiento de la Red de Salud es regular, con 11 reuniones ordinarias y cuatro o cinco extraordinarias al año. Los miembros más asiduos son las representaciones del Servicio de Atención a la Salud de la IM, de ASSE, del Municipio G, del Concejo Vecinal, de la Udelar, del BPS y de la policlínica comunitaria Jardines de Peñarol. Los efectores privados participan normalmente en las actividades de la red, pero no siempre en las reuniones. En varios casos la participación de los privados está motivada porque la persona que los representa tiene un compromiso social o mayor inclinación hacia el trabajo comunitario. Cabe señalar que los funcionarios concurren en su horario de trabajo, pero los vecinos no siempre pueden participar en el horario matutino de las reuniones.

Las comisiones de salud de los concejos vecinales de las zonas comunales 12 y 13 tienen representantes en la Red de Salud.

Promoción de salud y ciudadanía

En los primeros años los temas de gestión, referidos al funcionamiento de los servicios y las políticas de las instituciones, eran más relevantes. Desde el principio la red se centró en la promoción y prevención de salud. Ver la salud desde este punto de vista cuesta mucho, valoran sus protagonistas.

Si bien se trabajó acompañando el cronograma de fechas nacionales e internacionales de la salud, las actividades principales del año surgían de las asambleas. Una línea de avance fue la capacitación a la propia Red de Salud sobre las temáticas seleccionadas. Por otro lado, se promovieron actividades hacia afuera; por ejemplo, en 2016 se trabajó en torno al tema de la violencia en los vínculos.

La red no tiene rubros específicos asignados por las instituciones para financiar sus actividades; el Municipio G brinda apoyos tomando recursos de otros rubros y aporta, además, asistentes sociales y las cuadrillas obreras para las actividades. Hay un respaldo expreso del alcalde y del Concejo Municipal.

Como una actividad importante de todo el año, una vez por semana durante cuatro meses, la Red de Salud impulsó un Curso de Agentes Comunitarios, con el sostén de la Facultad de Medicina y el Municipio G; se anotaron 65 personas, en su mayoría mujeres adultas, y 34 terminaron el curso.

Los participantes de la Red de Salud dicen que “es difícil encontrar el equilibrio entre participación social comunitaria y las instituciones”. “Hay lógicas distintas, miradas diferentes; hay una gestión horizontal de la red, sin jerarquías”, agregan. Se plantearon “formarse para lograr la participación ciudadana”. Consideran que están condicionados por los tiempos de que disponen y por el apoyo real de las instituciones, que autorizan la concurrencia pero no un tiempo más amplio.

Existe una perspectiva intersectorial, en la medida en que cada integrante de la red tiene vínculos con otras instituciones, como centros educativos, CAIF, otras redes –de primera infancia, de deporte y juventud, de adultos mayores, de cultura– y con las Mesas de Coordinación del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, que actúan como articuladores intersectoriales en el territorio.

Han promovido formas de participación de la comunidad como las asambleas de salud anuales, las ferias de salud, las jornadas por salud cardiovascular. Hay acciones centrales como red, a las que se suman otras actividades por institución o actor social, pero los ejes son las asambleas, que definen las prioridades, y la red, que recoge e instrumenta las acciones relacionadas.

La visibilidad de las actividades se apoya en la preparación con las organizaciones del barrio en el que se llevarán a cabo. “No son acciones que quedan entre cuatro paredes. Hay trabajo previo”, señalan.

Se trata de hacer una rotación de las actividades por barrio, por tratarse de un municipio que posee un territorio muy extenso.

Los participantes de la red consideran que la información sobre los temas que abordan es adecuada y evalúan como buena la discusión en sí, así como las resoluciones y el seguimiento. Llevan actas de los temas tratados y de las resoluciones. A veces falta un espacio para evaluar lo realizado y un debate más profundo. Se hacen muchas cosas, pero no siempre hay tiempo y metodología para analizar lo que se hizo. “Somos muy ejecutivos, pero falta un pienso”, dicen.

El primer Compromiso por un Municipio Saludable de Montevideo se firmó en el Municipio G en 2014. La Red de Salud obtuvo el Premio Nacional de la Comisión de Salud Cardiovascular. Su experiencia se presentó en el Congreso de Medicina Familiar y Comunitaria (setiembre 2016).

El Frente Social de la Salud, integrado por el PIT-CNT y sus dos grandes federaciones –la Federación Uruguaya de la Salud y la Federación de Funcionarios de Salud Pública–, los jubilados con la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay, las organizaciones de los usuarios como el Movimiento Nacional, el Espacio Participativo y la Organización de Usuarios del Cerro, plantea en su plataforma programática común la necesidad de “promover desde Juntas Departamentales de Salud y Juntas Locales de Salud una estrategia de creación de Redes de Salud por ámbito territorial como base de funcionamiento del SNIS en los ámbitos locales”. Ese es un camino de avance para el SNIS.

Pablo Anzalone es licenciado en Ciencias de la Educación. Fue director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo en los períodos 2005-2007 y 2010-2015.

Publicado en La Diaria el 18 de junio de 2018 

MODERNIZACIÓN Y CLASES SOCIALES EN BRASIL por Pablo Anzalone

En varios de sus trabajos académicos, pero en particular en su último libro, A elite do atraso. Da excravidao a Lava Jato,1 Jessé Souza, uno de los teóricos e investigadores más relevantes de Brasil, se plantea un ambicioso propósito teórico: generar una nueva concepción del Brasil moderno y de sus raíces. Retomando ideas de Gilberto Freyre, Florestan Fernandes y otros autores, criticándolas y reconstruyéndolas, cuestiona duramente la idea de continuidad con Portugal y la corrupción heredada como problema central del Brasil. Ese lugar clave lo ocupa en cambio la esclavitud y sus efectos, el abandono sistemático de las clases humilladas, estigmatizadas y perseguidas, las relaciones de dominación entre clases sociales, la lucha de clases. Polemizando con enfoques economicistas (tanto liberales como marxistas) de las clases sociales, Souza afirma que la dinámica de las clases, sus intereses y luchas son la clave para entender lo más importante que sucede en la sociedad, pero ellas no son meras relaciones económicas ni la única motivación del comportamiento humano es, en última instancia, económica.

Mientras el liberalismo define las clases por la renta de los individuos, el marxismo lo hace por el lugar en la producción. Sin embargo, esos enfoques son limitados, funcionan hasta cierto punto cuando se trata de adultos, pero no cuando nos referimos a adolescentes o niños. En la percepción de las clases y sus luchas, la socialización familiar diferencial es un aspecto clave. Para Souza, en el capitalismo se procura explicar las cosas en base exclusivamente al intercambio de mercancías, al poder y el dinero. Pero esa relación no es verdadera. Por detrás del dinero y el poder opera la jerarquía moral que determina las conductas. Toda dominación necesita de justificación social y política. En un momento fue la iglesia cristiana, que, tomando ideas de Platón sobre la virtud como dominio del espíritu sobre el cuerpo, las matrizó en la sociedad durante siglos. Eso condujo a la idea de que los latinoamericanos (y los brasileños en particular) son seres moralmente inferiores.

Con la modernización capitalista el rol de legitimación de las relaciones fácticas de dominación pasó al “prestigio científico”. Esa nueva jerarquía moral funciona en forma más eficiente aún porque no aparece claramente su origen. Tampoco percibimos la eficacia de las ideas. Toda la dimensión simbólica tiende a ser olvidada en su rol determinante de la acción social. La ciencia moderna se basa en un pre-supuesto, que es falso y racista, pero influye sobre las ideas y los comportamientos. La teoría de la modernización es una especie de “sentido común mundial” que se basa en la imitación acrítica de los modelos europeos y norteamericano, fijando una jerarquía moral entre los países, entre espíritu y cuerpo, entre personas de primera clase y de segunda clase. Esa teoría justifica la pobreza como algo transitorio, atrasos en el camino hacia el destino manifiesto que es la sociedad europea o norteamericana.

Las clases sociales son para Souza un fenómeno sociocultural y no sólo económico. Hay un aprendizaje que determina la pertenencia a una u otra clase, y por lo tanto el éxito o el fracaso social. En el proceso de modernización de Brasil, un elemento fundamental es la creación de una “ralea de nuevos esclavos” como continuidad de la esclavitud. La conformación de esta clase explica de manera significativa la situación social, económica y política brasileña. Las investigaciones empíricas de Souza en 2009 muestran que la situación de la “ralea de nuevos esclavos” no cambió mucho desde la esclavitud. La constitución del “negro” como “enemigo del orden”, la propiedad y la seguridad pública justifica la represión sistematizada por la Policía, que opera como intimidación y control de los sectores más pobres. Estos excluidos de hoy, la “ralea de los nuevos esclavos”, recibieron una pesada herencia de odio y desprecio contra los más débiles; dicha herencia viene de la humillación propia de la esclavitud, ya que no hubo quiebre sino continuidad, a pesar de su abolición formal. Esas clases populares en Brasil no fueron solamente abandonadas a su suerte luego de la abolición de la esclavitud, sino también “humilladas, engañadas, tuvieron su formación familiar conscientemente perjudicada y fueron víctimas de todo tipo de preconcepto, sea en la esclavitud como hoy en día” (Souza, 2017).

A diferencia de lo que postulan las concepciones liberales, la inclusión de sectores sociales postergados no es nunca un resultado “natural” del crecimiento económico y la expansión del mercado. Por el contrario, surge de un proceso político colectivo, un “aprendizaje”. El mercado, por sí solo, tiende a utilizar esa marginación en beneficio de las clases superiores; este no es un estado transitorio sino una herencia que se reproduce de generación en generación.

Sin embargo, el capitalismo se diferencia del orden esclavista porque en este último las posiciones sociales son visibles claramente por el fenotipo y el estatus de origen. En cambio, en el capitalismo las desigualdades son producidas de una forma que no es transparente para las personas.

Para sostener sus privilegios, las clases dominantes deben poseer alguna forma de capital: económico, social (relaciones personales) y cultural. Los tres tipos más importantes de capital operan juntos y esa conjunción determina la posición relativa de poder y prestigio de las distintas clases. No obstante, por debajo de la élite económica la lucha mayor es por el acceso al capital cultural. Mientras el capital económico se concentra cada vez más y se transmite por herencia, el capital cultural, entendido como posesión de conocimiento útil y reconocido, es el único que el capitalismo se planteó democratizar, aunque en grados muy desiguales. Además de la contienda por los distintos capitales mencionados, la lucha de clases incluye y requiere una justificación de los privilegios, y en ese sentido es también una lucha por las interpretaciones y legitimaciones de las posiciones de clase.

Las clases son mecanismos de reproducción de privilegios. La élite está en la cima y domina a la clase media por las ideas. Los medios de comunicación juegan un rol importante en esa construcción, pero la prensa distribuye las ideas, no las crea. Quienes las crean son los intelectuales, sustitutos modernos de los profetas religiosos. Por esos motivos la élite crea la Universidad del Estado de San Pablo (USP) y luego más universidades. Se forja una ideología dominante en Brasil en los años 20 y 30 que tiene su punto de apoyo inicial en la obra de Gilberto Freyre, luego en Sérgio Buarque y más adelante en otros teóricos. Se generan un conjunto de instituciones de enorme influencia en la sociedad.

Brasil es la mayor sociedad esclavista de la historia de la humanidad. Sin embargo, las concepciones dominantes consideran el esclavismo como un aspecto secundario y ponen el acento en la herencia de Portugal y en la corrupción de la política. Esas concepciones hegemónicas son las teorías del culturalismo que se van a presentar como si fueran una ruptura con el racismo, con la idea de que el stock cultural sustituye al racismo. La concepción hegemónica es culturalista y racista. Distorsiona el conflicto de clases colocando en su lugar una contradicción falsa entre Estado patrimonial corrupto y mercado virtuoso. Orienta así el pensamiento sobre los problemas brasileños desde las ideas claves de patrimonialismo y populismo, dos invenciones que son funcionales a la alianza antipopular en Brasil desde 1930. Construyen la oposición binaria moderno/tradicional, que se vincula a la dualidad espíritu/cuerpo. Todas las relaciones actuales están marcadas por la relación del espíritu y el cuerpo. Incluso la relación de hombre y mujer, asignando al hombre el carácter racional y a la mujer lo afectivo. Las clases superiores se dedican a trabajar con el espíritu y las clases subalternas al trabajo manual.

La generalización del racismo culturalista norteamericano y de la teoría de la modernización fue una política de Estado desde el presidente Truman en la posguerra, que invirtió mucho dinero para convertirla en un paradigma universal; muchos trabajos académicos fueron financiados para convencer de que Estados Unidos era el modelo universal y los demás países simplemente avances incompletos hacia él.

Souza reivindica que sólo un pensamiento totalizador puede dar sentido a estos procesos y respuesta convincente a las tres grandes cuestiones que desafían a individuos y sociedades: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿para dónde vamos? Sérgio Buarque construye una narrativa totalizadora del Brasil y de su historia que no deja lagunas, produciendo una legitimación completa para la dominación oligárquica y antipopular con la apariencia de estar haciendo crítica social. Mientras estas ideas conciben la corrupción dentro del Estado y la política, omiten y ocultan la verdadera corrupción, legitimada e invisibilizada, que consiste en traspasar las empresas estatales y las riquezas del país a capitales extranjeros y nacionales. Ese es el sentido último de la Operación Lava Jato.

Para Souza, períodos de crisis como el que vive Brasil hoy son una oportunidad única, porque en las crisis la legitimación pierde su “naturalidad” y es susceptible de ser deconstruida.

Sin embargo, la crítica no basta sin la elaboración de una nueva concepción global que sea mejor que el paradigma anterior. Para eso define tres ejes conceptuales: a) tomar la experiencia de la esclavitud como elemento explicativo central de la sociedad brasileña en lugar de la continuidad con Portugal y su patrimonialismo. La sociabilidad que surge de la esclavitud es excluyente y perversa. Continúa porque no fue comprendida y criticada a fondo. b) Un segundo eje es la percepción de que el patrón histórico de las luchas políticas del Brasil moderno puede ser analizado en función de la lucha de clases y por las alianzas y preconceptos que esta lucha genera, más que por cualquier otro factor explicativo, con la salvedad de que no deben concebirse las clases de un modo economicista sino como construcciones socioculturales donde la socialización familiar juega un rol fundamental. c) El tercer eje es la necesidad de un diagnóstico más profundo del momento actual, que demuestren la eficacia de esta nueva concepción frente al paradigma “racista culturalista”.

Es un enfoque innovador y polémico, que enriquece el análisis de los procesos recientes en Brasil desde una mirada que recoloca la importancia de los aspectos simbólicos en la lucha política y social. La capacidad de la élite de hegemonizar a la clase media y movilizarla contra el Partido de los Trabajadores, y los errores de este para fortalecer una alianza entre la clase trabajadora y la ralea, aparecen como dos conceptos fuertes en la coyuntura brasileña, tanto pasada como futura.

Publicado en La Diaria el 30 de mayo de 2018 |

LA MADUREZ DE LOS TRABAJADORES por Ignacio Martínez

Luego de intensas jornadas de búsqueda de acuerdos, el PIT-CNT finalmente salió victorioso. La Unidad se mantuvo en todos sus términos, afianzándose aún más al producirse una serie de cambios organizativos que fortalecen al movimiento.
Cualquier fractura hubiese significado un retroceso, pero eso no sucedió. Cualquier alteración de la relación entre mayorías y minorías hubiese resentido al propio instrumento. Pero lo que se habilitó fueron muchas instancias de negociación, donde la mayoría reconoció y dio espacios a las minorías para que se expresaran libremente y estas últimas supieron reconocer con altura los resultados mayoritarios y a los sindicatos y federaciones que los llevaron adelante.
El Congreso Wladimir Turiansky ha sido un ejemplo de democracia y participación, donde la tan discutida independencia de clase se mantuvo en todos sus términos porque allí no hubo ingerencia de ningún poder externo al propio PIT-CNT, ni partidario ni gubernamental ni de instrumentos internacionales de ninguna índole. Hubo sí mucho pensamiento político lejos de toda indiferencia hacia los cambios positivos que se están generando en el país, pero no hubo sujeciones partidarias ni mandatos exógenos. Lo que sí hubo sindicatos y federaciones que trabajaron desde sus lugares, produjeron documentos con ideas y mandataron a sus delegados, quienes luego dieron la discusión hasta agotarla en las votaciones abiertas y limpias. Más de una organización política o gremial de otros sectores sociales deberían tomar nota de esta madurez del sindicalismo uruguayo.
El documento presentado por AEBU, SUNCA, FUECYS y UNTMRA, uno de los tres en discusión, obtuvo el 60% de los votos del Congreso en expresión democrática, a mano alzada. Allí se unifica una visión sobre la realidad nacional, regional y mundial, sobre lo actuado por el PIT-CNT y sobre las perspectivas. Una de las tareas futuras será avanzar en la ley de insolvencia patronal, para que “cuando cierra una fábrica o una empresa, los trabajadores no sean los que salen siempre perdiendo” como señala Fernando Pereira, presidente reelecto en el Congreso.
Esa misma mayoría sin embargo concedió. De los 33 lugares que pretendía para la Mesa Representativa, órgano máximo después del Congreso, se acordó que aumentara a 43 lugares y que el Secretariado tuviera 15 miembros.
El objetivo de que se avance hacia la confluencia de gremiales por ramas de actividad, simplificando la estructura, tendrá que esperar. El propósito de que todos los sindicatos y las federaciones de actividades afines confluyan en una sola, deberá tener su proceso. Ejemplo de ello es que los gremios de la salud confluyan algún día en una sola herramienta sindical. Habrá que trabajar para ello.
El objetivo de que ese mismo Secretariado tenga una composición de al menos el 30% de compañeras, también se logró. Laura Alberti (Sunca); Soraya Larrosa (FUS); Abigail Puig (Fuecys); Valeria Ripoll (Adeom) y Fernanda Aguirre (Sughu) estarán en la nueva estructura con voz y voto.
Otro aspecto no menor y tal vez verdaderamente excepcional, es que el sindicato policial, SIFPOM, estará en la conducción de la central desde la Mesa Representativa. Es de notar que este avance integrador también tuvo a Patricia Rodríguez, dirigente del sindicato policial, como gestora fundamental.
Así se vivieron las jornadas cargadas de emociones por los homenajes y las semblanzas que se hicieron en torno a trabajadores y trabajadoras que dieron su vida a lo largo de toda la historia. Desde los homenajes a Daniel Viglietti, incansable cantautor, trabajador de la cultura, y a Turiansky, fundador de la central, en la inauguración misma, hasta los recuerdo que hicieron diferentes oradores a lo largo de sus intervenciones.
Los 1087 delegados representantes de 400.000 trabajadores también se comprometieron a llegar a superar el medio millón de afiliados, haciendo hincapié en los trabajadores independientes o de pequeñas entidades laborales, en los peones rurales y en las trabajadoras domésticas y en aquellas áreas donde aún quedan muchos trabajadores sin afiliar.
Este PIT-CNT, muchas veces vocero principal de los anhelos democráticos, progresistas, transformadores, antiimperialistas y constructores de un mundo nuevo y mejor, ha salido fortalecido. Un punto no menor es ahora destinar más y mejores fuerzas a los trabajos culturales, avanzando en la idea central de que los cambios son culturales o no son, consigna principal del Departamento de Cultura del PIT-CNT.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el 31. 5. 2018

LA CULPA LA TUVO EL OTRO por Milton Romani

El título de esta columna alude a una película con Luis Sandrini, de 1950. Como la mayoría de las películas argentinas de la época, instilaba valores ingenuos, melodramáticos, coherentes con el patrón cultural de aquellos años. Fue la época también del Cacho y su banda, que tuvieron en jaque a nuestra sociedad, horrorizada por los “infantojuveniles”. El título se me impuso a partir de las declaraciones cruzadas sobre seguridad ciudadana, en un debate mal planteado.

Ahora asistimos a la película uruguaya “Los irresponsables de siempre”, rodada con los que están en campaña electoral permanente, con planteos simplistas y demagógicos de quienes en su momento no supieron, no pudieron ni aportaron para resolver esto. No es noble traficar con el sufrimiento y el miedo de la gente.

Los militares ya estuvieron al frente de nuestra seguridad. Al frente, al costado y detrás. Fueron un desastre. Tiraron para el otro lado. Ellos siguen siendo responsables del régimen simbólico y fáctico de impunidad en que vivimos. Basta.

Ir por los caminos trillados de la inflación penal es una vía muerta. ¿Alguien piensa, de verdad, que encarcelando “preventivamente” a los “reincidentes” arreglamos algo? ¿Cómo sabemos que son reincidentes si en realidad el caso se resuelve con la sentencia ejecutoriada? Aumentar las penas es una remake de 1997 y 2000. Un fracaso de taquilla. Más penas, más delitos. Aplicar la ley con rigor implica sensatez y economía de la fuerza. La fractura social no se arregla con más violencia, amén de que no todos los que, además, sufren el estigma de algunos barrios son chorros. Como afirma Luis Morás, “si aplicamos políticas salvadoreñas, seguramente llegaremos a ser El Salvador”.

Como expresó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no hemos logrado quebrar la fractura social después de 13 años de gobierno, y eso no es aceptable. Comparto esa opinión.

Todos los nombres

Ahora hay muchos Cacho. Su nombre, Zelacio Durán Naverias, le fue restituido gracias a un valiente reportaje de Eduardo Galeano titulado “El símbolo uruguayo del Mal”.

Es imprescindible, de una vez por todas, repasar las historias. ¿Sabemos qué piensan, qué sienten, a qué aspiran los que viven en el Marconi o en Casavalle, en Cerro Norte o en cualquier barrio? Por favor. Todos los nombres. Sin apodos.

Las hipótesis de máxima que hace la Policía son eso. Además, mal comunicadas, sólo reproducen miedo y zozobra. La alarma nunca atenúa, sino que aporta inseguridad.

Pero ¿eso es todo? No lo sabemos. Sí sabemos que las amenazas de más penas o mano dura, supermano dura o puño de fierro (todas salvadoreñas) para estos pibes no corren. Muchos de ellos esperan que se desate, no la guerra, sino mil batallas. Criados a palo y palo, no les importa. Su lenguaje es la violencia hecha carne y cultura de cuatro generaciones. ¿Vamos a agregar más?

Tampoco sirve atacar al Código de Proceso Penal, que con sólo seis meses de vida parece que ya tiene la culpa de todo. Insólito. Una gran conquista que abre las puertas de una nueva política criminal acosada por todos lados.

No necesitamos contrarreforma reaccionaria punitivista, sino otra actitud. Vocación de servicio, trabajar, ver, escuchar. Es vivienda, es trabajo, es salud, es educar. Condiciones necesarias. Llamale como quieras. Pero sin actitud, todo es en vano. No hacerse el boludo recurriendo a que la culpa la tuvo el otro. Vale para todos y todas. Cualquier duda, preguntarle al doctor Álvaro Villar, director del hospital Maciel.

Mientras escribía esta nota se conoció la noticia de la convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a diversos actores a los que compete el tema de la seguridad ciudadana. Responsabilidad compartida. Es un paso importante. Como lo fue ir a San Luis a conversar con los vecinos, en una reedición de política de cercanía.

Hablando de políticas de cercanías, relancemos ya las Mesas Zonales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, llamadas a ser la base de una política integral y de articulación local. ¿Qué fue del plan Siete Zonas, que iba en el mismo sentido? ¿Fueron devorados por el síndrome Antel Arena?

La convivencia y seguridad son derechos. No es la Policía, ni siquiera el Ministerio del Interior, los únicos que los salvaguardan. Varias instituciones deben articularse a nivel estratégico, de mando y, fundamentalmente, a nivel local. ¿Junta Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana? ¿Por qué no? Hay que romper la lógica del Estado con presupuestos de programas verticales, con actitud y coraje para ir a programas transversales que rompan las chacras y la burocracia.

No están sólo en los barrios “marginales”

Pobreza y marginalidad explican sólo una parte del narcotráfico. La cadena de acumulación de dinero termina en un vértice de empresarios que necesitan lavar dinero para hacerlo circulante. Como señaló el fiscal de Corte, Jorge Díaz, los hermanitos Carlos y José Röhm se alzaron con una bolsa de 1.200 millones de dólares. Muchísimo más que las miles de rapiñas de miles de pibes chorros. Ya tenían antecedentes. Están sueltos.

El “símbolo uruguayo del mal” en deporte, Eugenio Figueredo, que manejó los hilos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial, no era del Marconi. Y tiene tantos amigos que no los puedo contar.

Las resistencias cuando procesamos al doctor Carlos Curbelo Tammaro, símbolo uruguayo del mal abogaderil, sólo fueron comparables con la intervención de Luis Hierro López y Guillermo Stirling para remover al inspector Roberto Rivero, ex director de la Policía Nacional y de la Brigada Antidrogas en el 2000, que había osado investigar a escribanos y personas conocidas, nada menos que con compras en Punta del Este.

Se olvida rápido: fue procesada la plana mayor de la Armada, incluidos tres ex comandantes, por crimen organizado. Se desconoce domicilio. Fotos y titulares, pocos.

El lenguaje cambió no sólo en aquellos barrios. También los “buenos” abandonamos la promoción de valores humanísticos como los prodigados por Olga Lanari, mamá de Gustavo Volpe, o por Juan Carlos Patrón, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con su célebre “Procesado 1.040”, que también fue una película argentina, con director, guionista y actores uruguayos.

Publicado en La Diaria el 28 de mayo de 2018

INSEGURIDAD y FRACTURAS SOCIO-TERRITORIALES por Pablo Anzalone 

Las características del sistema punitivo uruguayo han conducido a una hipertrofia del recurso cárcel como estrategia de seguridad. Tenemos 10.569 adultos presos y 470 adolescentes. La cantidad de personas presas cada 100 mil habitantes subió de 100 en 1992 a 260 en 2012, una de las más altas de América Latina, y  no ha parado de crecer. La casi nula utilización de otras estrategias como las penas alternativas a la prisión o la justicia restaurativa, han agravado esta situación. Lejos de abatir los niveles de violencia y delito, estos parecen ser factores que contribuyen a su incremento. La distopía de un país como Uruguay con decenas de miles de presos no se parece en nada a un proyecto de sociedad segura y disfrutable por sus habitantes.

Ha sido difícil entablar un debate serio sobre seguridad. Desde filas conservadoras hay mucho “sanateo”, como caracterizó el periodista Gabriel Pereyra en una entrevista célebre al candidato Lacalle Pou.  La táctica es el alarmismo y la falta de propuestas. Se trata de transformar episodios graves de violencia en una psicosis colectiva donde el miedo ordene las percepciones, no los hechos ni las razones. Hay una gran radicalización del discurso reaccionario y simplista.

 Al mismo tiempo la tesitura inicial en algunos enfoques de izquierda de minimizar la gravedad de la inseguridad ha sido desplazada hace ya tiempo. En su lugar se ha desarrollado un discurso oficial que enfatiza los avances en profesionalización, eficiencia y tecnificación de la  Policía, que efectivamente son muy relevantes.

Una entrevista reciente de Pereyra al Director Nacional de Policía Mario Layera agrega elementos a este debate. Layera constata cambios en la forma de operar el crimen con menos organización, liderazgos más fugaces y nuevos códigos gestados en las cárceles. Concluye tajantemente que hay un “choque de culturas”, donde los sectores “marginados” están absolutamente fuera del sistema, hasta en el lenguaje. Con franqueza destacable, aunque sin autocrítica, Layera cuestiona la “compartimentación” con que actúa el Estado y las dificultades que tiene la policía con la implementación del nuevo código del proceso penal y el rol de las fiscalías.

Es bueno que un jerarca de gobierno señale problemas y omisiones. Una de las cosas que desacredita a cualquier gobierno es la reivindicación total de lo que hace sin reconocer y valorar los problemas existentes. La izquierda debe ser crítica y autocrítica enfatizó Javier Miranda en el acto del 5 de abril.

Cabe también esperar que se digan las acciones que se están llevando adelante para resolver los problemas mencionados. En el caso de la articulación de la policía con Fiscalías y Poder Judicial, se puede entender una transición para la aplicación eficiente del nuevo código. Pero en nuestra opinión hay que poner en discusión otros aspectos del paradigma punitivo desde el cual se actúa. Por ejemplo, el fiscal Jorge Díaz cuestionó, en una entrevista importante con Emiliano Cotelo, la manera como el sistema penal uruguayo protege de forma muy desigual los derechos y bienes, poniendo la propiedad por encima de la vida, omitiendo delitos ambientales, castigando duramente algunos delitos y minimizando dicho castigo en otros como los desfalcos en el sistema financiero. Faltan esos debates.

Las dificultades para la acción articulada de los gobierno nacional, departamentales y municipales en el territorio no son un problema nuevo y no se limitan a compartimentar informaciones. Existen esfuerzos como el Gabinete Social, las mesas de articulación zonal, la Junta Nacional de Drogas pero no han sido suficientes.

El propio Ministerio del Interior impulsó desde 2005 el Programa de Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuyos objetivos son identificar problemas de convivencia y seguridad, establecer prioridades y acuerdos y programar acciones en conjunto, logrando compromisos entre las instituciones y los vecinos buscando las posibles soluciones a los problemas. La idea-fuerza es que “Frente a los problemas comunes, la construcción de las soluciones es colectiva” (MI 2017).

Hay fundamentos teóricos en diferentes corrientes y autores a nivel internacional para valorar este enfoque en sus dos dimensiones:

  1. a) el enfoque territorial que incluye el diagnóstico local y la focalización de las líneas de acción en zonas y comunidades determinadas.
  1. b) la inter-institucionalidad e intersectorialidad y en particular la alianza con gobiernos locales y fuerzas sociales para un abordaje integral.

Ya en 2012, el gobierno nacional planteó la estrategia por la vida y la convivencia fundamentando que “el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales”.

En este proceso multidimensional la inversión en infraestructuras locales para una utilización democratizada de los servicios y espacios públicos aportan a la convivencia y la seguridad. El objetivo  es construir ciudad con una trama urbana más densa y más espacios para la integración. Suturar la fractura social con acciones integrales en cada territorio. Frente a un Estado ausente históricamente en ciertas zonas, esta orientación fue presentada como una forma de saldar una deuda social y una apuesta a la convivencia. Sin embargo las 15 medidas iniciales fueron una mezcla de acciones con fundamentos y rumbos diversos.

La traducción luego en el “Plan 7 Zonas” tuvo un componente (Aloysio 2014) de cambio hacia un modelo focalizado de intervención territorial desde las políticas sociales y al mismo tiempo también policiales.

En nuestra opinión la experiencia en el barrio Marconi ha sido positiva. Lo que en un momento fue un símbolo expuesto de la exclusión y el retroceso del Estado, se revirtió en parte, a partir un trabajo coordinado del municipio, Intendencia y distintos ministerios. Un ejemplo todavía más claro y exitoso de esta forma de abordaje es el Plan Goes y el conjunto de políticas llevadas adelante en esa zona.

Por otro lado, el Plan 7 Zonas implicó también una reducción de la estrategia global a algunas zonas priorizadas. Es razonable que deba haber planes focalizados en las zonas  más críticas. Sin embargo no es tan claro que una estrategia que pretende problematizar la violencia y los vínculos lesionados en campos como el hogar, la pareja, el tránsito, el deporte, los centros educativos, los medios de comunicación, pueda reducirse a ciertas zonas. Y que se debiliten o incluso desaparezcan las demás líneas de acción.

Posteriormente al cambio de gobierno en 2015, y a raíz de las nuevas restricciones presupuestales, la continuidad del Plan 7 zonas fue interrumpida sin que haya sido sustituida por otros programas. Falta lo que Gustavo Leal ha denominado un shock de ciudad y políticas urbanas.

Vivimos en un país donde la fragmentación socio-territorial subsiste a pesar de los grandes avances sociales de la última década. Las políticas sociales que tanto molestan a algunos permitieron abatir la pobreza y la indigencia, aumentar el salario real y las jubilaciones, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Defender esos derechos  significa también evaluar la matriz de protección social para llegar a los problemas que persisten. Miranda fue enfático al señalar que Uruguay está viviendo una situación de violencia que es altamente preocupante. Todos los actores institucionales, sociales y mediáticos deben encararla seriamente, dijo, sin banalizar ni naturalizar la violencia. Seguimos teniendo una fractura social, afirmó. “No hemos logrado quebrarla y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno”.

Vale seguir indignándose ante las desigualdades y comprometerse  con su erradicación.

Publicado en Crónicas

 

DECÁLOGO DE LOS MISERABLES por Ignacio Martínez

  1. Fomentar el individualismo, el egoísmo, el hacé la tuya, el no te metás, no es tu problema. Fomentar la indiferencia frente a la desgracia 
  2. Abonar la idea de que las personas valen por lo que tienen y que cuánto más tengan más valen, sin importar la relación con la pareja, con los prójimos, con la naturaleza.
  3. Aspirar a ocupar un cargo público, lo más elevado posible, pero lejos de asumirlo como un servidor público para bien de la gente sino para hacer todo lo posible para usufructuarlo en bien propio.
  4. No conmoverse jamás por el dolor ajeno, sino, más bien, culpar de la pobreza, de la desocupación, del analfabetismo, de la ignorancia y del hambre al pobre, al desocupado, al analfabeto, al ignorante y al hambriento, negándose a brindar toda ayuda, toda solidaridad, toda colaboración para sacar a esa gente de esos dramas sociales. Miran para otro lado. No son responsables ni co-responsables de lo que pasa en el mundo, en su país, en su ciudad, en su barrio, en su calle. La culpa, dicen, la tiene el Estado si no ayuda o el MIDES por ayudar demasiado.
  5. Comprar todo lo que viene de los países centrales, deslumbrándose con lo que ofrecen las metrópolis y queriéndose parecer a las divas y los divos fabricados por la televisión, maravillándose por la cultura global de EEUU o algunos países europeos y la gran Buenos Aires, menospreciando nuestras propias expresiones culturales. El mundo está en el Shopping, fuera de él la “gentuza” y ¡cuidado que vean en alguna de las grandes superficies a muchachos jóvenes, negros, pobres, humildemente vestidos! ¡Cuidado también si los ven en el hall de alguna mutualista otrora exclusiva para gente de dinero o en un cajero automático o en un banco ejerciendo los mismos derechos que cualquiera! Pueden ser peligrosos.
  6. El mundo no es de todos, es de los miserables de éticas retorcidas y, por lo tanto, no deberá ser nunca para todos. Cualquier intento inclusivo, democrático, de extensión de derechos, de beneficios colectivos, de avances participativos, de progreso para las grandes mayorías, será visto como un caos, como la debacle, como la crisis, como nunca estuvimos peor, como esto tiene que cambiarnunca estuvimos más inseguros. Y hablarán de la crisis del campo, y amenazarán con cercar Montevideo y con paralizar el campo.
  7. Dicen a viva voz que el Estado se debe achicar, pero son los primeros en pedirle al Estado que los subsidie, que prorrogue pagos, que les exonere deudas. Para ello, dicen, lo mejor será recortar las ayudas sociales importándoles muy poco que se hayan incluido en el sistema de salud a más de 1 millón 420 mil personas (435 mil son hijos de trabajadores) o que haya bajado sensiblemente la pobreza y descendido notablemente la indigencia y la mortandad infantil.
  8. Los miserables dicen que hay que reformar todo el sistema de la seguridad social y aseguran que hay muchos viejos y que se jubilan muy jóvenes. Han estado a favor de reestructurar todas las cajas… menos la caja militar que tiene los privilegios que nadie tiene en nuestro país. Dicen que hay que gravar con impuestos a todo el mundo, menos a ellos.
  9. Los miserables dicen defender la vida y por ende están en contra del aborto, confundiendo y entreverando el aborto con la ley de asistencia protegida para la mujer, que al fin de cuenta de eso se trata la ley vigente, de proteger a la mujer. Sin embargo estos mal llamados defensores de la vida no vacilan en pedir la pena de muerte y están en contra de todo plan de recuperación de las víctimas sociales que han caído en el delito o la droga.
  10. Los miserables quieren educación para ricos y educación para pobres; salud para ricos y salud para pobres; futuro de bienestar para ricos y futuro de sumisión para pobres; que los trabajadores sólo trabajen para enriquecer a los ricos; que los peones y las empleadas domésticas y los policías no tengan sindicatos; que no haya negociación salarial ni de condiciones de trabajo. Ellos sólo nos permitirán vivir en el mundo que ellos dirijan y que ellos construyan a su manera, para que nosotros existamos a su imagen y semejanza, pero sin ninguno de los derechos que nos hagan libres y felices.

Ocho hombres miserables tienen la misma cantidad de dinero que 3.600 millones de seres humanos. Si da ganancia, compran o invierten. No les interesa si ayudan o perjudican a alguien. Sueñan con la Amazonía como una pradera, el acuífero Guaraní como una canilla privada y con la humanidad como una bolsa de trabajo barato.

La primera justicia es la conciencia. Víctor Hugo en Les Misérables

Publicado en el semanario VOCES el jueves 3 de mayo de 2018 

 

ASSE: FACTOR CLAVE Y DESAFÍO PARA SOSTENER LA REFORMA DE SALUD por Miguel Fernández Galeano*

La jerarquización del papel de la Administración de Servicios de Salud de Estado (ASSE) fue y sigue siendo un componente central para la transformación estructural del sistema de salud impulsada por los gobiernos del Frente Amplio. En ese marco ASSE fue fortalecida significativamente con una inversión que potencio sus recursos humanos, materiales y financieros como nunca antes en la historia de los servicios públicos de salud en Uruguay.

 Se rompió así con un paradigma que intentó naturalizar la idea que para estado uruguayo era inevitable brindar una atención “pobre para los pobres” y se comenzó a saldar una deuda social largamente acumulada que desmentía, a nivel de la atención a la salud, el mito del Uruguay cohesionado con igualdad de oportunidades y derechos para todos.

Por el contrario, se vivieron décadas fragmentando, segmentando y discriminando a sus usuarios según su nivel socioeconómico y capacidad de pago. Para acceder a una cobertura de salud plagada de carencias y de falta de dignidad se exigía presentar un carné de pobre que confirmaba una estigmatización que se extendió hasta los primeros años del siglo XXI, precisamente hasta la llegada del FA al gobierno.

Cuando hoy se discute la situación de mayor prestador integral del SNIS con una cobertura que alcanza al 40% de la población del país se olvida deliberada y olímpicamente cual era la situación hace tan solo 13 años. Esto no significa dejar de asumir los problemas reales que se verifican en la organización, gestión y desempeño de esta institución que por otra parte está siempre expuesta a un relato que omite una serie de logros indiscutibles en la atención de sus usuarios.

Se pasó de contar con menos de 20.000 puestos trabajo en el año 2004 a más de 32.000 en el 2016, de presupuestos anuales de menos de 300 millones de dólares en el 2004 a un presupuesto de 1.100 millones de dólares en el año 2016, lo que supone pasar de aproximadamente un 0,5% del PBI a prácticamente un 2% del PBI.

Esto permitió mejorar, ampliar y dignificar sus plantas físicas, eliminando las estructuras de pabellones de los hospitales del siglo XIX, reconvirtiendo las condiciones de alojamiento de los hospitales dotándolos de habitaciones confortables con dos o tres camas y se pasó de menos de 600 policlínicas y centros de salud a 900 servicios de salud organizados a lo largo y lo ancho del país en Redes de Atención Primaria. Llegando desde la oferta pública donde los prestadores privados no están.

 Asimismo, fue posible fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención con la adquisición y puesta en funcionamiento de equipamiento tecnológico de última generación para resolver con los mayores niveles de calidad los problemas de salud que exige la medicina actual incluida la de alta complejidad y costo.

Por otra parte, ASSE es la institución del SNIS con la mayor población cubierta por la Seguridad Social, los usuarios financiados por el FONASA pasaron de ser en el 2007 menos del 2% (18. 500) alcanzando casi el 30% (500.000) en 2016.  También es preciso tener presente que el 80% de los usuarios se ubican en los dos quintiles de nivel socioeconómico con menores ingresos.

Sin embargo, hasta el presente las modificaciones institucionales, orgánicas y normativas no lograron acompañar dicha transformación dado que tanto los arreglos de la estructura organizativa como en las reglas de juego del funcionamiento administrativo y en el sistema de petición y rendición de cuentas no se pudieron acompasar de forma oportuna y suficiente con la relevancia que se le otorgó a ASSE y tampoco se adecuaron a una sostenida y creciente inversión de recursos de la magnitud alcanzada en los últimos años.

Su política de personal se rige aún por el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, un compendio de normas que no se adecúan al cometido institucional y que no resultan funcionales para el funcionamiento de un servicio de salud del volumen y extensión territorial de ASSE. Tampoco las normas de administración del TOCAF están armonizadas con las necesidades de un servicio con relaciones de competencia y complementación con las instituciones de asistencia médica colectiva.

También corresponde anotar que si bien en el 2004 la brecha en el gasto por usuario con el sector privado representaba un inaceptable 70% todavía no se logró la igualdad, manteniéndose aún una diferencia que alcanza el 18 % en favor de los prestadores privados lo cual se vuelve relevante teniendo en cuenta, como señalamos más arriba, la mayor vulnerabilidad socioeconómica de sus usuarios con la consiguiente incidencia de los determinantes sociales de la salud.

Por su parte las significativas mejoras salariales que recibió el personal de salud en sus diferentes funciones y perfiles profesionales no se vincularon con obligaciones y contrapartidas adecuadas ni lograron traducirse en mecanismos de mejora de gestión eficientes para asegurar la calidad de la atención.

Un primer desafío surge de la necesidad de resolver adecuadamente la tensión centralización y descentralización respondiendo a las necesidades de garantizar una atención oportuna y de calidad con resultados claros y medibles en materia de eficiencia y transparencia de la gestión.

ASSE es una institución demasiado grande y compleja para gestionarla solo centralizadamente desde el Edificio Libertad y los intentos de descentralización no han culminado hasta el momento en una estructura consolidada con competencias, perfiles de gestión y herramientas para lograr sus objetivos.

Se busca consolidar el diseño institucional que posibilite mantener la centralidad y conducción del Directorio de ASSE sobre la definición del rumbo estratégico y de la política general, pero que a su vez potencie el ámbito de gestión regional como espacio de toma de decisiones sobre la administración de los recursos locales, que habilite la adaptación de las políticas generales a las realidades particulares, articulación regional de sus unidades asistenciales (Hospitales y Redes de Atención Primaria) y complementación entre regiones y con otros prestadores para dar respuesta a las necesidades de salud de la población a cargo.

 Se trata de avanzar en el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud de base Regional (RISS-R), con cambios en las estructuras, mayor delegación y descentralización desde el nivel central de ASSE y fortalecimiento de las Gerencias Regionales. Fundamentalmente se destaca la necesidad del fortalecimiento de las gerencias territoriales. La Gerencia General y las Gerencias Regionales están llamadas a cumplir un rol de particular relevancia en este proceso.

En relación con las estrategias de asignación presupuestal, se propone distribuir el presupuesto de ASSE en cada Región en base a la cantidad de usuarios y al riesgo de los mismos considerando parámetros de sexo y edad, con un mecanismo equivalente al utilizado para calcular las capitas definidas por el FONASA. Se propone también innovar en la práctica de gestión impulsando una perspectiva centrada en objetivos y resultados.

Finalmente, con el propósito de apuntar a la profesionalización de la gestión, se considera conveniente desarrollar nuevos procedimientos de selección de personal, mediante concursos de oposición, méritos y presentación de proyectos de desarrollo   incluyendo prioritariamente a los cargos de Dirección de las Unidades del Gestión de centros asistenciales por períodos de hasta por 5 años en los cargos, sin descartar la opción de reelección en aquellos casos en los cuales haya proyectos de continuidad que lo justifiquen.

Sin duda alguna la agenda de transformaciones que impulsará el nuevo Directorio presidido por el Doctor Marcos Carámbula incluirá un conjunto amplio de iniciativas que no están mencionadas en esta columna. Tampoco nos caben dudas que las aquí mencionadas constituyen respuestas impostergables si queremos una ASSE capaz de estar a la altura de las exigencias que impone la segunda generación de reformas del SNIS a las que nos hemos comprometido y que son necesarias para garantizar el acceso y la cobertura universal de salud de calidad homogénea para todos los residentes en el país.

Ardua tarea en la que se necesitará mucho dialogo social y político y en el cual será necesario recurrir a un manejo ético y transparente de las opciones a tomar y desplegar las mejores prácticas de economía política capaces de construir la viabilidad de cambios en los que no deben primar los intereses sectoriales, corporativos y políticos electorales.

La salud de nuestra gente es demasiado importante para permitirnos fracasar en las respuestas técnicas y políticas que estén alineadas con el interés general.

*Adjunto a la Presidencia del Directorio de ASSE

Publicado en El Diario Médico el 6 de marzo de 2018

 

LA SALUD COMO CAMPO DE TENSIONES por Pablo Anzalone

La salud en América Latina ha sido un campo de confrontación de proyectos societarios, concepciones teóricas y políticas y prácticas sociales. Como señala Asa Cristina Laurell (1975 pp80) se trata de entender que la forma como “aspectos económicos, políticos e ideológicos se combinan  en la conformación de los sistemas de atención a la salud y determinan el carácter de los servicios médicos”.

Desde los años 90 una ola de reformas sanitarias de tinte neoliberal tuvieron un gran impacto en la región. Al mismo tiempo los sectores populares han protagonizado resistencias significativas en el plano de la salud, reivindicándola como un bien público y un derecho a ser ejercido por la población. Procesos como la creación del SUS (Sistema Único de Salud) en Brasil o el SNIS en Uruguay significaron pasar de la resistencia a la construcción de alternativas. Como todos los procesos, estos avances no son irreversibles, pueden sufrir derrotas y existen distancias, a veces grandes, entre las líneas programáticas, las modificaciones institucionales y los cambios culturales y políticos que implican la apropiación por parte de la población de esos derechos.  Una de las grandes preocupaciones actuales es cómo evitar  retrocesos en este campo y poder plantearse nuevos  avances. Desde una concepción de la salud como derecho humano fundamental, se trata de que los sistemas de atención estén organizados para lograr una mejor equidad y democratización. La evolución de los actores sociales, en esta concepción, deja de ser un aspecto secundario, para constituirse en una de las garantías de democratización real de los sistemas de salud.

En nuestra opinión debemos promover  una concepción de la salud que ponga el énfasis en el involucramiento de la comunidad para enfrentar los problemas de salud y sus determinantes.

Es una estrategia de cambio en un sistema donde el poder económico y simbólico están fuertemente concentrados. Si tomamos de Bourdieu (1989) el concepto de campo podremos analizar a la salud desde sus agentes, estructuras y prácticas contrapuestas, sus  sistemas de alianzas y sus luchas. Por lo tanto consideraremos los espacios institucionales de participación como ámbitos que posibilitan  las acciones políticas que dan forma y sustento a esas prácticas transformadoras de la salud. En este marco de inter-dependencias es relevante la acción de las organizaciones sociales  y la comunidad  para el resultado final de una política de salud.

Desde Lalonde[1] las doctrinas más avanzadas de la salud incorporaron el rol decisivo de los determinantes sociales y culturales en los procesos de salud-enfermedad.

Si bien la Atención Primaria en Salud (APS) postulada como estrategia global desde Alma Ata[2] ha sido objeto de muchas tergiversaciones, sus ideas centrales pueden rescatarse críticamente para fundamentar una estrategia de cambios profundos hacia la creación de Sistemas Nacionales de Salud basados en Redes Integrales de Servicios de Salud. Esta lógica es posible si se crea una participación social que pueda involucrarse  en el cambio del modelo de atención con herramientas de incidencia real.

Desde 1978 la  declaración de Alma-Ata considera la participación comunitaria y social como la estrategia más importante para alcanzar el objetivo de “Salud para todos en el año 2000”.

Dentro de los desarrollos  que refieren a la Promoción de Salud (Gomez Zamudio 1998) se enfatiza el principio que los individuos y las poblaciones controlen su salud y para ello opera el “apoderamiento” de sujetos y grupos. Este “apoderamiento” o “empoderamiento” constituye el quid de la participación social. En las Conferencias Mundiales de Salud de Yakarta en 1997  y luego en México en el año 2000 se ubica este tema como una de las grandes prioridades para la promoción de salud.

Algunos autores (Wallerstein 1999) señalan que las estrategias para generar el empoderamiento de las poblaciones locales pasan por un proceso intenso de educación popular, integrando a la población en proyectos de investigación-acción participativos para que los diagnósticos reales incluyan la mirada de los interesados, luego pasan  por la planificación en conjunto y por la evaluación participativa.

La creación de redes y alianzas son una forma de encarar la intersectorialidad que requieren los problemas de salud para su abordaje integral.

Algunos autores  (Sanabria 2000) proponen considerar la participación social como objeto de estudio desde miradas teóricas diferentes con un enfoque sistémico que plantea resolver los problemas integrándolos como parte de un problema mayor  en lugar de descomponerlos en sus partes. En ese sentido la participación social es un insumo para los sistemas más pequeños y también para los supra-sistemas. Por lo tanto la participación social en salud es parte de la dinámica de la participación social en general. Este elemento, concebido como un indicador de democratización de la sociedad y del Estado, forma parte de los grandes dilemas que enfrentaron los gobiernos progresistas. Con los procesos actuales a la vista podemos decir que las posibilidades de resistir los embates de la derecha y evitar derrotas políticas y electorales, tienen mucho que ver con ese empoderamiento que significa la participación social protagónica.

Desde las teorías de democratización radical del Estado se ha fundamentado la lucha contra las lógicas capitalistas de subordinación de los servicios públicos al lucro y al poder concentrado de determinados grupos de agentes. La industria del medicamento y la alta tecnología sanitaria detentan un enorme poder mundial, económico y político, pero también en las estructuras nacionales existen poderes funcionales al modelo curativo, asistencialista, hospitalo céntrico y autoritario.

En ese sentido resultan determinantes las estrategias combinadas de descentralización y desarrollo de capacidades locales por un lado y el ejercicio de la función rectora del MSP por otro.

Las teorías de la descentralización participativa en lo territorial brindan un marco conceptual para nuevas formas de distribución del poder  y la construcción de nuevos poderes, la gestación y/o fortalecimiento de actores comunitarios, la consulta a la población y su involucramiento en las decisiones.

De cara a una segunda generación de reformas  en la salud , cabe preguntarse: ¿el diseño institucional habilita acciones y facilita recursos para una participación real que permita  incidir en las políticas de salud? ¿Cuáles son las características actuales de  los espacios de participación que favorecen esta relación? ¿qué elementos fortalecen o debilitan las capacidades de participación de los actores sociales en salud?

Por otro lado los problemas de salud de la población están relacionados con un conjunto de factores socioeconómicos, culturales, ambientales, políticos e institucionales que operan como determinantes, en relaciones de  distinta complejidad e interacción. ¿Cómo es posible actuar sobre dichos determinantes? ¿De qué forma la participación social constituye una herramienta estratégica para fortalecer prácticas transformadoras sobre estos factores? ¿Es posible vincular esas luchas con otras de carácter democratizador y popular en Uruguay y América Latina?

 .-Bourdieu,Pierre, (1989 ). O poder simbolico.Lisboa. Difel.

.-Gomez Zamudio, Mauricio. 1998 Teoría y guía práctica para la promoción de la salud. Québec: Universidad de Montreal;.

.-Laurell, Asa Cristina (1975). Medicina y capitalismo en México. Cuadernos Políticos 5. 80-93.

.- Sanabria, Giselda. Participación Comunitaria. Material docente para el Curso pre-congreso II Taller de Promoción y Educación para la salud del escolar. IPLAC. Cuba, 2000

.-Wallerstein, Nina. Power betwen evaluator and community: research relationships within New Mexicos´s healthier communities. Social Science of Medicine. 1999;49(1):39-53.

[1]Marc Lalonde secretario de Salud y Bienestar de Canadá presentó el informe que lleva su nombre en 1974 donde por primera vez se afirma que la salud de la población está determinada por cuatro factores, el  ambiente un 19%, los estilos de vida 43%, la biología 27% y el sistema de salud 11%. En cambio más de un 90% de  los gastos  en salud están concentradas en el sistema de salud.

[2]En 1978 en Alma Ata (ciudad de Kazakhstan entonces parte de la URSS) se realizó una Conferencia Mundial de Promoción de Salud cuya declaración fue un hito para las doctrinas de salud postulando la Atención Primaria de Salud como estrategia principal.

Publicado en El Diario Médico el 22 de abril de 2018

LAS PALABRAS Y LOS DIRIGENTES POLÍTICOS EDUCADORES por Ignacio Martínez

Manifiestos, escritos, comentario, discursos
humaredas perdidas, neblinas espantadas
que dolor de papeles que ha de llevar el viento
que tristeza de tinta que ha de borrar el agua

Las palabras entonces no sirven, son palabras… (Rafael Alberti-Paco Ibáñez)

 Es necesario hablar de la pedagogía en esa escuela llamada Sociedad. Referentes de esa educación no formal, de esa educación en el aula social, son los dirigentes políticos que van desde el Presidente de la República hasta los Ediles y Alcaldes, pasando por Ministros, Senadores y Diputados. Hay otros dirigentes, claro está, vinculados a los ámbitos sociales más diversos en cooperativas, sindicatos, clubes deportivos, iglesias, etc. Pero en esta oportunidad quiero referirme a los dirigentes políticos porque tienen un nivel de visibilidad ante la sociedad, que prácticamente les da una enorme cantidad de horas docentes a nivel nacional.

El mensaje que se da es, finalmente, de quien lo recibe. Si el dirigente quiso decir “A”, pero lo que queda es “B”, pues el mensaje verdadero será el “B”. “¡Ay, yo no quise decir eso!”, se argumentará, o “se me malentendió” se agregará, pero lo cierto es que lo que quedó en nosotros es el mensaje que perdurará.

Hay que ser y parecer, porque si uno es una buena persona, pero se parece a una mala persona, lo que sucederá, igual que lo de los mensajes “A” o “B”, es que quedará el parecer en la sociedad que observa.

Vivimos en una sociedad observadora, muy crítica, muy acostumbrada a filosofar y deducir. Eso es muy bueno. Las actitudes y las palabras de nuestros dirigentes son bien observadas, tienen críticas y deducciones de nuestro pueblo nada desdeñables. Aquí es donde debemos decir enfáticamente que no basta con conducir un país. Los dirigentes deben ser capaces de mostrar con claridad, con honestidad, con transparencia, con inmenso respeto hacia todos nosotros, esa conducción. Algunos le llamarán carisma, otros le llamarán don, yo le llamo comprensión pedagógico-didáctica aunque parezca un término un poco rebuscado. Quiero decir que el dirigente debe incorporar en su aprendizaje de tal, este aspecto fundamental, no sólo para el éxito personal de su gestión y la de su gobierno, sino para la función docente que el rol de dirigente tiene en sí misma. Si esto no sucede, si uno dice lo que se le ocurre y como se le canta, lo más probable sea que ayude a generar la idea de que todos los políticos son iguales, homogeneizando la visión del dirigente y de la política como un territorio rancio, de los avivados que nada tienen que ver con nuestro pueblo. Y esto no tiene, en principio, nada que ver con las ideas, sino, esencialmente, con las actitudes y con los actos. Y ¡guarda! a veces un solo acto fallido puede derrumbar mil construcciones positivas. A esto hay que agregarle, claro está, los especialistas en difamar, deformar, mentir, tergiversar y enlodar a sus oponentes.

La fuerza que tiene el compañero Pepe, por ejemplo, ha sido ganada por su modo de vida, su austeridad, su verbo sencillo y su humildad, y tira por la borda la figura del político tradicional, encumbrado e inalcanzable. Eso contribuye enormemente a su popularidad. Los sectores más humildes de la sociedad se sienten muy identificados con él, que además logró, como nadie, que esos mismos sectores que siempre votaron a los doctores encorbatados y acartonados, se volcaran a esta figura que incorporó la faceta de hacer docencia desde su pedagogía tan particular quizá, incluso, sin proponérselo demasiado.

El respeto que generan otros compañeros muchas veces se debe a que han dedicado sus vidas al estudio en sus diferentes áreas y cuando hablan son  extremadamente claros, convincentes, respaldados por el conocimiento y la vehemencia, sin poses ni pretensiones de cinco minutos de fama. Es que cuando alguien dice hasta dos, tiene que dejarnos la sensación de que sabe hasta diez y que tiene aún en el depósito una marcha multitudinaria de argumentos para reforzar lo que dice.

Si transmitimos inseguridad en la exposición, estamos liquidados. Si transmitimos la vulgaridad, las frases hechas, meros argumentos a la defensiva, por la negativa, estamos liquidados.

Si nos queremos hacer los populares o adjetivando inútilmente, estamos liquidados. Si descuidamos la enorme función pedagógica y los desafíos didácticos de nuestras palabras y nuestras acciones, está liquidado el dirigente nuevo para un Uruguay nuevo, y la política seguirá reducida a concebirse como un territorio insano donde la gente se pervierte. Además hay que agregar que para esa difamación están los especialistas de la oposición y de los medios de comunicación que miran con lupa para convertir la coma que pusiste mal, en la lápida de todo tu discurso.

Concluyendo; la función formadora y transformadora del dirigente se vuelve imprescindible en los anhelos de transformaciones y profundizaciones democráticas. Dentro y fuera de filas tenemos ejemplos para ambos lados. Los que dan el ejemplo de cómo relacionarse con la gente y los que deberían callarse la boca. A esos últimos, la historia no los absolverá porque, al fin de cuentas es cierto: el pez por la boca muere..

Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,

me queda la palabra.

(Blas de Otero)

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 19 de abril de 2018

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