Concebir la salud como un derecho humano fundamental es un punto de partida ético para cualquier política pública. Sin esta definición ética todo lo demás  va para otras direcciones: la salud como negocio, como fuente de lucro, como poder  médico o institucional sobre los cuerpos, como disciplinamiento y control social, como reproductor de las diferencias.

Al mismo tiempo el análisis de los determinantes  sociales de la salud nos lleva ineludiblemente  al plano socioeconómico, ambiental y cultural. Por eso la salud es, sin duda, una construcción social . Hay dos  consecuencias  fuertes de esa concepción : a) la salud requiere políticas intersectoriales con objetivos comunes. b) la salud pasa por el involucramiento activo de la sociedad, por el empoderamiento de las comunidades.

Estos conceptos fundamentales forman parte de todas las definiciones de OPS/OMS  desde la cumbre de  Alma Ata en adelante. Existe una rica experiencia en nuestro país, tanto en la participación social en relación con las acciones y planes de salud como en materia de la intersectorialidad en  las políticas.  Los movimientos de usuarios, las asambleas y ferias de salud, la formación de agentes comunitarios y promotores escolares o juveniles de salud, la creación de Redes de Salud por municipio, junto con Redes de Infancia, de Adultos Mayores, de Ambiente, la cogestión comunitaria de espacios públicos, los dispositivos de SACUDE (Salud, Cultura, Deporte y Educación) son un abanico de acciones, algunas de larga data, otras recientes, que llevan a la práctica aquellos conceptos básicos. La labor de Municipios y Comunidades Saludables es una iniciativa que ha ido creciendo, apoyada en las dos ideas mencionadas más arriba: la participación activa de la sociedad y la intersectorialidad de las políticas, aplicadas en los territorios.

En este marco conceptual ha ido adquiriendo mayor dimensión en todo el mundo el problema de las desigualdades. Como analiza detalladamente Thomas Piketty  en sus obras El capital en el siglo XXI, La economía de las desigualdades, y otras, la desigualdad está aumentando drásticamente en el mundo. En América Latina, luego de una primer década del siglo XXI donde los indicadores sociales mejoraron claramente, se inició un período de retrocesos en este plano.

Desde el sector salud esta situación de mayor vulneración social generó preocupaciones. En septiembre de 2018  la  Comisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre Equidad y Desigualdades en Salud de las Américas presentó un  informe con 12 recomendaciones para que los países de las Américas puedan reducir las inequidades y desigualdades en salud en la región.Los principios relacionados  con los determinantes sociales de la salud, el enfoque de la salud basado en los derechos humanos y la estrategia de “la salud en todas las políticas”  tienen un rol relevante en las acciones recomendadas.

En Uruguay desde el año 2005 no solo descendieron sustantivamente la pobreza y la indigencia sino también las desigualdades.  Existió en este período una  simultaneidad  en el descenso de pobreza y desigualdad, con las cifras más bajas de los últimos 50 años. La pobreza pasó de 39,6 % de la poblacíon en 2004   a 8,1 % en 2018. Estos  31 puntos porcentuales de reducción de la pobreza, significan que  un millón de personas dejaron de ser pobres. La desigualdad medida por el Indice de Gini  tuvo un descenso  muy significativo, más de 7 puntos porcentuales, pasando de 45,3 en 2004  a 38 en 2018. Si se corrige este Indice tomando en cuenta las declaraciones juradas a DGI en lugar de la Encuesta de Hogares, el descenso es menor pero sigue existiendo.  Los Consejos de Salarios, el aumento importante del Salario Mïnimo Nacional, los aumentos de salario real y jubilaciones, las políticas sociales redistributivas, la reforma tributaria, son transformaciones que incidieron en esta mejora de la condición social.

Nos interesa remarcar en este artículo que las políticas de salud y en particular la construcción del SNIS han sido uno de los elementos importantes en esa reducción de las desigualdades.

La creación del Fonasa, la definición del PIAS Plan Integral de Atención a la Salud obligatorio, el incremento de la inversión en ASSE, programas como Uruguay Crece Contigo y Jóvenes en Red, y otras acciones han abatido la desigualdad en salud. La participación social ha promovido acciones hacia la igualdad.

La primera estrategia fue la construcción de un fondo único, mancomunado, público y obligatorio (Fondo Nacional de Salud FONASA) y su ampliación gradual. El punto de partida fue la cobertura de salud por la seguridad social  (la antigua DISSE), ampliándola progresivamente desde 600 mil personas cubiertas en 2004 a más de 2.500.000 en la actualidad, más del 73% de la población total.  Esta estrategia  permitió que el aseguramiento y  la protección económica se incrementaran en toda la sociedad, llegando en 2016 a 37% en el decil de mayores ingresos y mas del 80% de cobertura en los cinco deciles con menor ingreso. La equidad en el financiamiento fue uno de los principios rectores del nuevo sistema.

La  inversión en ASSE  creció un 187 % en términos reales entre 2005 y 2017. La brecha en el gasto en salud por usuario entre ASSE y el sector privado, disminuyó mucho en la última década, desde una relación de 3 a 1 a una diferencia a favor del sector privado del 20%, sustantivamente menor aunque  sigue siendo  una desigualdad a tener en cuenta.

También el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención es un elemento a destacar en esta perspectiva, con consecuencias sanitarias notorias.

La reducción de la mortalidad infantil es un indicador fuerte de estos cambios, descendiendo de 13,2 cada mil nacidos vivos  a  6,6  la tasa más baja de la historia del país.

El índice de mortalidad materna en Uruguay es 18 mujeres por cada 100.000 nacimientos vivos lo cual destaca en el contexto regional de América Latina, que en el 2015 tuvo como promedio una tasa de  68 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos.

De acuerdo al Informe Salud de las Américas 2017 de OPS  en relación con las barreras de acceso a los servicios de salud , Uruguay es el país con el porcentaje más bajo de familias que notificaron haber tropezado con tales barreras entre el 2013 y el 2015. Menos del 1% en Uruguay, seguido de Chile (2,3%) y llegando en casos como  Perú a 19,9%.

Sin embargo estamos hablando de procesos inconclusos. Cabe tener en cuenta que, a pesar de los grandes avances en materia de equidad logrados por el SNIS y  por la mejora en las condiciones de vida de la población,  siguen existiendo resultados sanitarios desiguales entre distintos sectores. 

Si hablamos de  esperanza de vida, mortalidad infantil y varios otros indicadores claves en los cuales se ha avanzado mucho, nos referimos a promedios, que incluyen realidades diferentes. Existen resultados de salud distintos no solo  por razones socio -económicas que tienen una fuerte traducción territorial sino también por desigualdades de género y generaciones, o de tipo étnico.

Ejemplos de ello es que la malnutrición por déficit y por exceso presenta cifras claramente desiguales según el nivel socioeconómico así como el sedentarismo o el desarrollo de actividad física y deportes, en detrimento de los sectores más pobres.

En un contexto de mayor protección social y mejora de la calidad de vida de la población, como el de los últimos 15 años, estos fenómenos tienden a disminuir si hay preocupación específica y acciones concretas para modificar las causas que los generan. Pero persisten en la realidad actual y pueden agravarse.

Por eso la posibilidad de que las políticas públicas prioricen la reducción del déficit fiscal y del gasto público, y supongan que los mecanismos del mercado van a resolver los problemas sociales o sanitarios, abre un peligro de mayor fractura social y  desigualdades más hondas con consecuencias negativas para la salud. 

En un trabajo colectivo realizado el año pasado analizamos  por un lado desigualdades en los factores determinantes de tipo socio-cultural-ambiental y por otro lado desigualdades en el acceso y calidad de la atención.

Desigualdades sanitarias causadas por razones de género:

a) una concepción de la salud de la mujer concebida como “binomio madre-hijo”, reducida a la maternidad y a los cuidados, subestima otros aspectos y derechos. La aplicación efectiva de los avances logrados en varios planos,  por ejemplo, en materia de salud sexual y reproductiva como la IVE Interrupción Voluntaria del Embarazo, aún encuentra diferencias entre las distintas zonas del país.

b) Invisibilización de la violencia contra la mujer. El sistema de salud durante mucho tiempo ignoró los síntomas de violencia contra la mujer y aún hoy muchas veces no sabe como abordar esas situaciones, a pesar de los protocolos existentes y los esfuerzos de capacitación al respecto.

c) El estereotipo de  masculinidad patriarcal conlleva una subestimación de los cuidados de la salud y un distanciamiento del sistema de salud en los varones adolescentes y adultos con ausencia de prácticas de prevención, promoción y control que permita la detección precoz de problemas. Esto se traduce en que casi no hay planes de salud específicos para este sector de la población. El porcentaje de varones que asiste a consultas médicas disminuye al ingresar a la adultez porque según el mandato patriarcal los varones deben demostrar que no son “dependientes” y no precisan del cuidado de otras personas. El mandato social de la sociedad patriarcal sobre  masculinidad es negativo para la salud porque conlleva asimismo asumir más conductas de riesgo y eso se traduce en mayor mortalidad por accidentes de tránsito, mayor participación en situaciones de violencia, mayor cantidad de homicidios (víctimas y victimarios) y de suicidios (la mortalidad masculina por suicidios es 27,9 c/100 mil y para las mujeres es 7,6). Los varones reportan mayores consumos de tabaco y alcohol que las mujeres. El resultado es que la esperanza de vida al nacer para varones (en 2015) es de 73 años mientras que para las mujeres es de 80 años, así como se da una mayor prevalencia de discapacidad en edades menores (entre los 30 y los 49 años) en la población masculina.

d) La comunidad LTGB, y sobre todo la población trans-género, tiene menor acceso a la atención en salud por incapacidad de la mayor parte del sistema de salud  de atender  adecuadamente a esta población y falta de conocimiento de cómo hacerlo. Estos obstáculos se superponen  también con otras barreras, ya que es más difícil para esta población acceder a atención de calidad  cuando se asocia con situaciones de pobreza, estigmatización y exclusión, lo cual es frecuente, o cuando reside en el interior del país.  Un ejemplo positivo es la policlínica para atención específica de esta población en el Hospital Saint Bois, en Montevideo.

Desigualdades por razones generacionales.

a)  Existe una mayor vulnerabilidad sanitaria en la infancia y adolescencia cuyo origen está en la articulación entre generaciones y  desigualdades socioeconómicas. Los  indicadores de pobreza infantil y juvenil  duplican  al promedio nacional.  Aunque en menor medida que en otras épocas las desigualdades sanitarias en la infancia se expresan en mayores cifras de bajo peso al nacer, prematurez y falta de estímulos adecuados para el desarrollo, detección tardía de sus alteraciones y  menor acceso al diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno. En la adolescencia las desigualdades se traducen en mayores cifras de accidentes de tránsito, consumos problemáticos, problemas de salud mental y suicidios.

b) En los adultos mayores la mayor carga de enfermedad se relaciona con las enfermedades no transmisibles que se acumulan a lo largo de la vida por hábitos y contextos no saludables. La soledad es un problema endémico en los adultos mayores, con mayor peso en la población femenina. Más allá de la edad cronológica opera fuertemente el estereotipo que identifica vejez con inactividad, dependencia, deterioro y enfermedad. La sociedad construye e impone ese rol y las personas lo asumen, en perjuicio de su salud.

Accesibilidad: no todos tienen la misma accesibilidad a la atención oportuna de salud, por diferentes causas:

a) Barreras económicas, por dificultades en el pago de copagos, tiquets o tasas moderadoras para la atención ambulatoria,  en los sectores de bajos recursos que tienen cobertura mutual.

b) Barreras territoriales: diferente accesibilidad a especialidades médicas y otras prestaciones dependiendo del lugar donde se vive, debido a la concentración de servicios en el sur del país y en los centros con mayor población. 

c) Barreras culturales relacionadas con los fenómenos de exclusión persistente de personas, familias y poblaciones. La población migrante también debe considerarse en este aspecto.

Una situación especial lo constituye la Salud Bucal, con muchas  prestaciones que no están incluidas en el Plan Integral de Atención a la Salud PIAS. Al depender de los gastos de bolsillo de los usuarios se generan grandes desigualdades en el acceso a la misma.

La calidad de la atención en salud es, asimismo, un gran tema para profundizar.

Las acciones necesarias para eliminar esas inequidades serán motivo de otros artículos.

*Licenciado en Ciencias de la Educación. Doctorando en Ciencias Sociales

Artículo para EL DIARIO MEDICO   Enero 2020