INSEGURIDAD y FRACTURAS SOCIO-TERRITORIALES por Pablo Anzalone 

Las características del sistema punitivo uruguayo han conducido a una hipertrofia del recurso cárcel como estrategia de seguridad. Tenemos 10.569 adultos presos y 470 adolescentes. La cantidad de personas presas cada 100 mil habitantes subió de 100 en 1992 a 260 en 2012, una de las más altas de América Latina, y  no ha parado de crecer. La casi nula utilización de otras estrategias como las penas alternativas a la prisión o la justicia restaurativa, han agravado esta situación. Lejos de abatir los niveles de violencia y delito, estos parecen ser factores que contribuyen a su incremento. La distopía de un país como Uruguay con decenas de miles de presos no se parece en nada a un proyecto de sociedad segura y disfrutable por sus habitantes.

Ha sido difícil entablar un debate serio sobre seguridad. Desde filas conservadoras hay mucho “sanateo”, como caracterizó el periodista Gabriel Pereyra en una entrevista célebre al candidato Lacalle Pou.  La táctica es el alarmismo y la falta de propuestas. Se trata de transformar episodios graves de violencia en una psicosis colectiva donde el miedo ordene las percepciones, no los hechos ni las razones. Hay una gran radicalización del discurso reaccionario y simplista.

 Al mismo tiempo la tesitura inicial en algunos enfoques de izquierda de minimizar la gravedad de la inseguridad ha sido desplazada hace ya tiempo. En su lugar se ha desarrollado un discurso oficial que enfatiza los avances en profesionalización, eficiencia y tecnificación de la  Policía, que efectivamente son muy relevantes.

Una entrevista reciente de Pereyra al Director Nacional de Policía Mario Layera agrega elementos a este debate. Layera constata cambios en la forma de operar el crimen con menos organización, liderazgos más fugaces y nuevos códigos gestados en las cárceles. Concluye tajantemente que hay un “choque de culturas”, donde los sectores “marginados” están absolutamente fuera del sistema, hasta en el lenguaje. Con franqueza destacable, aunque sin autocrítica, Layera cuestiona la “compartimentación” con que actúa el Estado y las dificultades que tiene la policía con la implementación del nuevo código del proceso penal y el rol de las fiscalías.

Es bueno que un jerarca de gobierno señale problemas y omisiones. Una de las cosas que desacredita a cualquier gobierno es la reivindicación total de lo que hace sin reconocer y valorar los problemas existentes. La izquierda debe ser crítica y autocrítica enfatizó Javier Miranda en el acto del 5 de abril.

Cabe también esperar que se digan las acciones que se están llevando adelante para resolver los problemas mencionados. En el caso de la articulación de la policía con Fiscalías y Poder Judicial, se puede entender una transición para la aplicación eficiente del nuevo código. Pero en nuestra opinión hay que poner en discusión otros aspectos del paradigma punitivo desde el cual se actúa. Por ejemplo, el fiscal Jorge Díaz cuestionó, en una entrevista importante con Emiliano Cotelo, la manera como el sistema penal uruguayo protege de forma muy desigual los derechos y bienes, poniendo la propiedad por encima de la vida, omitiendo delitos ambientales, castigando duramente algunos delitos y minimizando dicho castigo en otros como los desfalcos en el sistema financiero. Faltan esos debates.

Las dificultades para la acción articulada de los gobierno nacional, departamentales y municipales en el territorio no son un problema nuevo y no se limitan a compartimentar informaciones. Existen esfuerzos como el Gabinete Social, las mesas de articulación zonal, la Junta Nacional de Drogas pero no han sido suficientes.

El propio Ministerio del Interior impulsó desde 2005 el Programa de Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuyos objetivos son identificar problemas de convivencia y seguridad, establecer prioridades y acuerdos y programar acciones en conjunto, logrando compromisos entre las instituciones y los vecinos buscando las posibles soluciones a los problemas. La idea-fuerza es que “Frente a los problemas comunes, la construcción de las soluciones es colectiva” (MI 2017).

Hay fundamentos teóricos en diferentes corrientes y autores a nivel internacional para valorar este enfoque en sus dos dimensiones:

  1. a) el enfoque territorial que incluye el diagnóstico local y la focalización de las líneas de acción en zonas y comunidades determinadas.
  1. b) la inter-institucionalidad e intersectorialidad y en particular la alianza con gobiernos locales y fuerzas sociales para un abordaje integral.

Ya en 2012, el gobierno nacional planteó la estrategia por la vida y la convivencia fundamentando que “el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales”.

En este proceso multidimensional la inversión en infraestructuras locales para una utilización democratizada de los servicios y espacios públicos aportan a la convivencia y la seguridad. El objetivo  es construir ciudad con una trama urbana más densa y más espacios para la integración. Suturar la fractura social con acciones integrales en cada territorio. Frente a un Estado ausente históricamente en ciertas zonas, esta orientación fue presentada como una forma de saldar una deuda social y una apuesta a la convivencia. Sin embargo las 15 medidas iniciales fueron una mezcla de acciones con fundamentos y rumbos diversos.

La traducción luego en el “Plan 7 Zonas” tuvo un componente (Aloysio 2014) de cambio hacia un modelo focalizado de intervención territorial desde las políticas sociales y al mismo tiempo también policiales.

En nuestra opinión la experiencia en el barrio Marconi ha sido positiva. Lo que en un momento fue un símbolo expuesto de la exclusión y el retroceso del Estado, se revirtió en parte, a partir un trabajo coordinado del municipio, Intendencia y distintos ministerios. Un ejemplo todavía más claro y exitoso de esta forma de abordaje es el Plan Goes y el conjunto de políticas llevadas adelante en esa zona.

Por otro lado, el Plan 7 Zonas implicó también una reducción de la estrategia global a algunas zonas priorizadas. Es razonable que deba haber planes focalizados en las zonas  más críticas. Sin embargo no es tan claro que una estrategia que pretende problematizar la violencia y los vínculos lesionados en campos como el hogar, la pareja, el tránsito, el deporte, los centros educativos, los medios de comunicación, pueda reducirse a ciertas zonas. Y que se debiliten o incluso desaparezcan las demás líneas de acción.

Posteriormente al cambio de gobierno en 2015, y a raíz de las nuevas restricciones presupuestales, la continuidad del Plan 7 zonas fue interrumpida sin que haya sido sustituida por otros programas. Falta lo que Gustavo Leal ha denominado un shock de ciudad y políticas urbanas.

Vivimos en un país donde la fragmentación socio-territorial subsiste a pesar de los grandes avances sociales de la última década. Las políticas sociales que tanto molestan a algunos permitieron abatir la pobreza y la indigencia, aumentar el salario real y las jubilaciones, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Defender esos derechos  significa también evaluar la matriz de protección social para llegar a los problemas que persisten. Miranda fue enfático al señalar que Uruguay está viviendo una situación de violencia que es altamente preocupante. Todos los actores institucionales, sociales y mediáticos deben encararla seriamente, dijo, sin banalizar ni naturalizar la violencia. Seguimos teniendo una fractura social, afirmó. “No hemos logrado quebrarla y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno”.

Vale seguir indignándose ante las desigualdades y comprometerse  con su erradicación.

Publicado en Crónicas

 

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