LA BANALIDAD DEL DELITO por Milton Romani Gerner

Rudolph William Louis Rudy Giuliani visitó Uruguay. Fue recibido y se atrevió a dar algunos consejos. Preside la consultora Giuliani Partners LLC. Fue fiscal general y alcalde de Nueva York, puestos obtenidos en campañas electorales que contaron con aportes de dinero, entre otros, de Donald Trump. Hoy, integra el equipo del presidente como su abogado. Por ahora, porque parece haber caído en desgracia.

Giuliani ha hecho asesoramientos en seguridad en México y Colombia, aunque se desconocen resultados y evaluaciones. También se dedica a otros menesteres.

The Guardian publicó en mayo un informe que titulaba: “Rudy Giuliani ganó un acuerdo para que el fabricante de Oxycontin (Purdue Pharma) continúe vendiendo esta droga, aun después de las muertes ocasionadas en crisis de los opiáceos”.1 El periódico The New York Times sostuvo: “En las últimas dos décadas, más de 200.000 personas han muerto en los Estados Unidos por sobredosis de opioides recetados […] Purdue Pharma, la compañía que sembró las semillas de la epidemia de opioides a través de su agresiva comercialización de Oxycontin, ha afirmado que desconocía el uso cada vez mayor del poderoso analgésico opioide después de su lanzamiento al mercado”.2

Giuliani Partners LLC fue contratada para su defensa y negociación con el Departamento de Justicia. Tuvieron éxito: “En 2007 Purdue Pharma se declaraba culpable de un delito de ‘etiquetado incorrecto’ de Oxycontin mientras comercializaba la droga, tergiversando su riesgo de adicción y el potencial de abuso. La compañía y los ejecutivos procesados pagaron un total de 634,5 millones de dólares en multas y se requirió que los hombres hicieran servicio comunitario”.

Una consultora que asesora sobre seguridad y defiende laboratorios con graves responsabilidades en la muerte de miles por abuso de drogas es al menos incongruente, cuando no inmoral. No es creíble. Lo llamo banalidad del delito.

Recomendacion de Rudy: identificar y catalogar a los delincuentes reincidentes. No perderles pista porque son “criminales profesionales”. Recurrir a ese catálogo para empezar todo tipo de investigación y, sobre todo, ser muy duros. Encerrarlos con doble candado y, de ser posible, que no salgan nunca.

No es novedoso. Nuestra Policía tiene buen nivel de profesionalidad. Tenemos las cárceles repletas porque agarrar delincuentes, agarran. En 2000 había 4.300 reclusos, ahora estamos en 11.000. Desde 1997 las penas se han endurecido y los resultados no se compadecen con la pretendida disuasión de la dureza.

Nuestro problema está en el antes y el después. Prevención integral, entendida como cultura y acción a nivel transversal de varios organismos, y gestión local. Política criminal que armonice prevención, intervención, investigación y reinserción social.

A qué llamo “banalidad del delito”

Llamo “banalidad del delito” a la producción de ambientes culturales y modalidades psicosociales que actúan como facilitadores y promotores de lo delictivo. Un conjunto de experiencias, creencias y valores enraizados como marcas de referencia de nuestra aldea global contemporánea.

Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén, definió la banalidad del mal como lo más perverso de un crimen: su justificación por el mandato jerárquico o por la ausencia de consideración del daño ocasionado a otros.

Hay una especie de vacío ético inmanente, en el aquí y ahora, no con quienes se asemejan a mí (semejantes) sino con quienes compiten y conspiran contra mí. La “ley del cerdo” que caracteriza al actual estilo de consumo (por más que coma, el cerdo nunca se sacia) es apenas una pista. La pasión por la “marca”, la ley del éxito y poder sobre cualquier otro parámetro, la competencia por el dinero, por los poderes, o lugares de ser y estar en el mundo, cualquiera sea la posición y el barrio donde vivamos, parecen ser una clave. La violencia puede ser por cosas banales, como un club.

Ya no se hace por ordenes burocráticas, sino por la lógica interna de un sentido común que presiona para obtener dinero, éxito o poder como sea, cuando sea y a costa de quien sea. Con violencia visible o a distancia.

La receptación o compra de objetos robados se vive banalmente, circula en grandes sectores. Pequeñas corrupciones que justifican nuevamente el “hacé la tuya”.

Costó mucho persuadir a escribanos, y luego a contadores y abogados, para que aceptaran su condición de sujetos obligados a remitir al Banco Central operaciones sospechosas de lavado.

Territorios fragmentados y ventanas rotas

En algunos territorios, hace rato habría que haber ido con topadoras. Se ha comenzado a hacer operativos de gran repercusión en algunos barrios pobres. Generaron simpatía ciudadana, salvo de la oposición. Fueron mal comunicados políticamente. Siguen la ruta de tirarle todo el fardo a la Policía, promoviéndola.

Habría que resaltar y celebrar la intervención coordinada que hubo de la Intendencia de Montevideo, los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Fiscalía, el Plan Casavalle. Compartir responsabilidades educa en que la seguridad no es sólo un tema policial. Evita tener un chivo expiatorio, reducirlo a un solo componente y asumirlo como tarea de todos.

Da mucho rating mostrar a la Policía y a las topadoras tirar abajo viviendas insalubres, y actuar contra pequeños narcos que se apoderaron de algunos barrios. El foco: estigma, otra vez en los barrios pobres. No pasa lo mismo con otras actividades delictivas.

El mes pasado, sin beneficio de noticiero, la Secretaría Antilavado comenzó a investigar a conocidos estudios por la participación en la producción de sociedades para lavado de dinero. Carlos Peláez (del programa radial Rompekabezas)3, incansable, informa: Posadas, Posadas & Vecino por Lava Jato; Juan Pedro Damiani por Helvetic Group y dinero K; Óscar Algorta por Lava Jato y el Partido Popular español; Fernando Belhot por South Capital Partners y Carlos Dentone por Odebrecht y Sabrimol Trading.

Sólo una copita

El anuncio de Luis Lacalle Pou sobre la tolerancia cero, bajo la consigna “una sola copita”, es banal, frívola, pero además es irresponsable. Ni para candidato a presidente de cantina de barrio. Más insólito es dedicarlo para el aplauso fácil de los bodegueros nacionales, que se quejan de la baja de ventas frente a los importados. Insólito: la tolerancia cero rige para ambas. En todo caso, las facilidades de bebidas importadas se fueron imponiendo a partir de la Ley de Desmonopolización de Alcoholes, de 1990. Luis era chico, pero no tonto. Fue el Partido Nacional.

Uno de cada cinco uruguayos presenta uso problemático de alcohol: abuso de ingesta, consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia.

La concurrencia del abuso en los siniestros de tránsito es evidencia. Han bajado, entre otras cosas, por el 0% exigido. Es una medida que generó resistencias, pero que la sociedad la ha ido aceptando. A mí mismo, degustador de bebidas, no me resultaba simpática. Sin embargo, reconozco que ha sido efectiva. Ha salvado vidas. ¿Pocas? No sé. Pero si salvó una sola, valió la pena. Luis: si tomás no manejes. Te lo pido por favor.

Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología y fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 3 de diciembre de 2018

DESEQUILIBRIOS MACRIECONÓMICOS por Milton Romani Gerner*

En esta orilla, el líder de “Peguemos”, Lacalle junior, necesita vender mucho más. Para espejito está Macri. Acá ya lo hicieron. “Vivir sin miedo”, promete Larrañaga, y hace campaña electoral con ello. En un corte antiwilsonista, propone sumar al esquema represivo a las Fuerzas Armadas, sin reparar en que ha sido el estamento que más miedo ha inoculado a nuestra sociedad. Abusa de una irracional tentación punitiva de la sociedad y propone, otra vez, las herramientas del castigo, cuando los castigos son como la riqueza: nunca son iguales para todos. Los fracturados sociales son los que pagan el pato. Otros fabrican sociedades anónimas.

Ya lo intentaron. Querían bajar la edad de imputabilidad penal. Fracasaron. El formidable movimiento juvenil de No a la Baja lo impidió. Lo que bajó fue la cifra de “menores recluidos”. Ahora son 358, frente a una media histórica de 700. En pocos años, la cifra se redujo casi a la mitad. Se prevé que siga descendiendo. Ningún comunicador ha considerado interesante investigar esto, que –vaya– es una noticia. La Universidad del Miedo, como bien la bautizó el profesor Roque Faraone, no está para eso. Hay una genealogía de los mecanismos que han invadido nuestra convivencia y otros fenómenos violentos de la vida cotidiana que no se solucionan con castigos.

El escritor uruguayo estadounidense Jorge Majfud acaba de publicar en varios medios del exterior un excelente artículo, “La generación del 2001 y la violencia en el Cono Sur”, en el que sostiene: “En medio de la crisis del Cono Sur que se inició en el año 2001 y se profundizó en el 2002, todos se horrorizaban, con cierta dosis de inevitable acostumbramiento, por los niños que comían basura o se drogaban con pegamento debajo de los puentes. No eran casos aislados. Fue una epidemia súbita que arrojó a casi un 20% de los hijos de la clase media a la miseria y el abandono, debido al descalabro de la economía, al desempleo masivo y de los ya debilitados planes sociales de los gobiernos anteriores que, tanto en Uruguay como, sobre todo, en Argentina, se habían alineado a las recetas privatizadoras del FMI. ¿Dónde están hoy esos niños? ¿Desaparecieron? No. Todo presente tiene un pasado, y aunque la gran mayoría de ellos haya salido a flote, hacia una vida digna de lucha y trabajo, basta con un pequeño porcentaje para crear un fuerte estado de inseguridad debido a delitos crecientes en número y crueldad. Como solución, no pocos miran los tiempos de la dictadura militar con nostalgia, por el simple hecho de que, por entonces, crímenes y violaciones de todo tipo, física, moral y económica, simplemente no salían en las noticias y quienes las denunciaban desaparecían o perdían sus trabajos, en el mejor caso”.

La Cantera de los Presos

Este era el nombre del que hasta ahora fue el cantegril más antiguo de Montevideo. Desde 1940, a cinco cuadras de Avenida Italia y Comercio, entre basura, ranchos de lata, perros y caballos, vivieron cuatro generaciones de más de 250 familias, las que hoy fueron realojadas a viviendas dignas en un nuevo barrio digno. Coincidieron para ello la movilización y la pujanza de los vecinos, liderados por una mujer, y un convenio con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Fue un proceso. Su planificación llevó algunos años, esfuerzo, discusión, porfiadas y atrevidas insistencias. El nombre del asentamiento parece venir de la época en que los presos iban a picar piedra en las canteras allí ubicadas.

No se necesita un giro literario muy rebuscado para arriesgar una metáfora: como otros territorios, ha sido cantera de presos a futuro. O no. Porque entre otras indignidades, el estigma uniformiza y evade admitir que el trabajo, formal e informal, ha sido también forjador de ciudadanía en Isla de Gaspar.

En realidad, este realojo ha sido un formidable modelo de intervención urbana que marca un camino para políticas de convivencia y para asegurar el derecho a la seguridad ciudadana. Prevención universal, que le dicen. Con efecto inmediato en estas 250 familias, ahora sí, seguras, conviviendo felices y con un plus: la dignidad.

Prevención universal, selectiva, indicada

Habrá que repetir una vez más que, en términos de políticas de seguridad ciudadana, hay que desplegar todo el arco preventivo antes que lo punitivo. En todo caso, este realojo de quienes vivían en Isla de Gaspar parece preferible a intervenciones en crisis como la de los Palomares de Casavalle. Es una opción política. Además de prevenir, hay que prever. ¿Restituir el principio de legalidad y responsabilidad? Sí. Pero ese, lícitamente, podría ser el reclamo de los vecinos: restablecimiento de la legalidad de derechos y llamar a responsabilidad a todos los sectores del Estado. La aplicación de la ley es sólo un componente de este combo, necesario pero sólo como un recurso de una política criminal con varios componentes. Debe aplicarse, además, sin tanto aspaviento, ya que la manija de los medios produce subjetividad punitiva.

El castigo, en sus diversas formas, termina siendo caro, ineficiente en términos de costo-beneficio. Segrega aun más a las familias y la sociedad. Sin enfoque político integral, se recarga y se deposita todo, y de mala manera, en la tarea policial, que debe tener también herramientas selectivas e indicadas en lo preventivo. Pero las responsabilidades sobre seguridad y la convivencia ciudadana son de varias agencias, que necesitan coordinación y dirección política estratégica. La tentación narcisista de cualquier ministerio con pretensiones exclusivistas, además de censurable, constituye un grave error político.

El momento punitivo

Como bien afirma el antropólogo, médico y sociólogo francés Didier Fassin, quien recientemente nos visitó: “La combinación de la intolerancia y el populismo penal hace que pueda haber una desconexión entre el aumento de los presos y la realidad de la criminalidad. Eso caracteriza al momento punitivo y es el punto de partida de mi reflexión. En realidad, mi trabajo no es explicar eso en detalle, sino tomarlo como un pretexto para reflexionar de manera más general sobre el castigo, tratando de plantear tres preguntas que pueden caracterizar la razón punitiva: ¿qué es el castigo?, ¿por qué se castiga? y ¿quién es castigado?”.

La población carcelaria ha aumentado ocho veces en Estados Unidos. Dos veces y media en Francia. 180% en Brasil. En Uruguay, en 1997 (cuando comenzaron las reformas del Código Penal para aumentar las penas) había 2.700 presos. Hoy superan los 11.000. Multiplicamos por cuatro la población carcelaria. La voracidad y tentación punitivista no se sacia nunca. Lejos de resolver, se transforma, ahora sí, en el problema. Estamos en deuda con esto.

Plan Siete Zonas y Mesas de Convivencia

El denominado Plan Siete Zonas, de intervenciones urbanas, fue un buen ensayo general. No era pertinente que lo ejecutara solo el Ministerio del Interior. Asumido por el Ministerio de Desarrollo Social, se dijo, no hay presupuesto. Error grave. Lo lógico sería que lo reintentáramos en clave de gestión y presupuesto compartido desde varios ministerios. Hay ejemplos institucionales que indican que eso funciona. La Junta Nacional de Drogas es un buen ejemplo. Menos entendible fue el trancazo que se hizo con el funcionamiento de las Mesas de Convivencia y Seguridad. Tampoco son un asunto del Ministerio del Interior. Hay buenas prácticas que demuestran que es posible darles dirección política para garantizar una gestión local planificada y con el concurso de varios actores. La participación de la comunidad tiene sus características especiales, pero hay que abordarlas en su complejidad y con docencia ciudadana. Insisto: experiencias como las desarrolladas en el Centro Comunal Zonal 3 (Goes) junto con el Mercado Agrícola y otros actores relevantes pusieron fin al imperio de los tumanes, en forma progresiva y sin violencia. Los planes que hoy se desarrollan en la cuenca del arroyo Casavalle y en el barrio Marconi tienen esa impronta.

Ahora el desafío para el Frente Amplio y su futuro gobierno es abordar el tema de la seguridad junto al de la convivencia ciudadana en clave de derechos. Avanzar sobre los logros pero rectificando los errores constatados. Es posible una gestión interministerial, conducida al más alto nivel, que aborde, con un programa transversal, la globalidad y complejidad del fenómeno social de la criminalidad y del conjunto de violencias sociales que vulneran nuestro derecho a la seguridad y la convivencia.

Los equilibrios macroeconómicos, de los que podemos hacer gala frente al incendio de Macri, son necesarios mas no suficientes. Hemos superado el “síndrome Antel Arena”, que pretendió frenar iniciativas desde un enfoque economicista algo dogmático. Se sobrepuso la política. Hoy, gracias a la acción conjunta y decidida de varios organismos (Antel, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Intendencia de Montevideo) y a la movilización de vecinos y vecinas, tenemos otro panorama. Intervención urbana con prevención universal. Por añadidura, allí levantaremos un sitio de memoria (ex campo de detención masiva Cilindro Municipal).

Tendremos complejo Antel Arena. Con nuestros artistas y con Joan Manuel Serrat. Un lujo. Sí. “Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta”. Pero también para que, en clave de derechos y convivencia ciudadana, “el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailen y se den la mano sin importarles la facha”.

*Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 13 de septiembre de 2018

SOBRE LA GOLPIZA DE UN JOVEN QUE RAPIÑÓ: BREAKING BAD O EL DERECHO A CONVIVIR EN PAZ por Milton Romani Gerner

El personaje central es un tímido y humilde profesor de Química que, aprovechando su conocimiento, se convierte en fabricante de metanfetaminas. Luego, en narcotraficante. La degradación progresiva del profesor Walter White no tiene límites. Una vez en la pendiente, nada lo detiene: miente, asesina, monta una red de tráfico, comete atrocidades. Lo hace “por el bien y el futuro de su familia”. Tiene cáncer, va a morir y quiere dejarles un futuro. Además, ha sido un hombre gris y sin coraje que ahora se destapa. La serie muestra cómo personas “como nosotros” cometen pequeñas, medianas y grandes corruptelas. Es casi inevitable la identificación con esos seres: “nosotros” podemos terminar igual que “ellos”. Es complicado.

En relación con un artículo de El Observador, que oficia como defensor de la corporación de escribanos, algunos de ellos siempre reacios a colaborar con las medidas antilavado, Martín Vallcorba, coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, reaccionó en Twitter: “¿Se está reclamando el “derecho” de hacer negocios simulados? ¿de documentar una donación como una venta? ¿Se está defendiendo que un escribano certifique una operación en la que se dice que se recibió cierta cantidad de dinero que sabe que no existió?”.

Vamos a ponernos de acuerdo: si se trata de combatir el crimen organizado (que gira no sólo en torno a las drogas), no se hará sólo mediante el ataque a las bocas de venta. Se corta también, y en forma más inteligente, atacando los mecanismos de lavado de activos. El mercado regulado del cannabis, tan vilipendiado y tan poco defendido, ha tenido al menos un mérito: más de 30.000 usuarios ya no concurren a las bocas. Con respecto a las rapiñas y sus productos es inevitable razonar que la receptación (compra de cosas robadas) efectuada por gente “bien”, “nosotros”, realimenta las rapiñas de “ellos”. Se podría decir que la mayoría de nosotros somos honestos y trabajadores. Promover la cultura de la paz es impedir que nos envilezcamos y asumir que el miedo no puede ser la palanca para generar más violencia. Que podemos ser protagonistas para disminuir la inseguridad.

La promoción de la cultura de la paz

Un encare serio del tema de la seguridad ciudadana debe abarcar las diversas violencias que se han desatado en nuestra sociedad. Sin renunciar a aplicar la ley, tener una mirada más equitativa sobre cómo, cuándo y por qué se extendió la sed incontrolable de hacer guita con lo que venga.

La coordinación de múltiples agencias del Estado es imprescindible. Es necesario dejar de centrar en la Policía un tema complejo que la supera. Es evidente que el fenómeno de las violencias es más abarcativo. Una política criminal (que sigue ausente, entre otras cosas, porque no se reconoce su ausencia) tiene componentes a analizar que superan la necesaria aplicación de la ley penal.

Investigar el fenómeno del crimen sigue siendo un desafío. Supone una actitud responsable. No pasarse facturas recurriendo a datos sesgados que fungen como coartadas más que como explicaciones racionales.

Nicolás Trajtemberg dijo el 5 de agosto, en entrevista con El País: “El problema de la izquierda es que no hay una comunicación clara. La delincuencia y el crimen han aumentado, de eso no hay dudas, y no hay un relato de hacia dónde se va. Por otro lado, hay una derecha, muy oportunista, que sólo plantea un camino de incremento de costos penales pero desde la deshonestidad. ¿Por qué desde la deshonestidad? Porque es un camino que no es bueno, que es costoso y [por el] que además habría que decirle a los ciudadanos: ‘Miren: queremos reducir el crimen y proponemos aumentar las penas. Pero está claro que aumentar las penas sólo en leyes no cambia nada. A lo sumo puedo acelerar los tiempos de captura y de procesos, pero para eso necesito millones de dólares destinados al Poder Judicial, millones a la Fiscalía, millones a la Policía. Y para eso le tengo que aumentar los impuestos o perjudicar a la salud, a la educación’”. Es un planteo serio y honesto. De un académico que piensa y aporta críticamente lo suyo.

Ciudad Gótica: cómo combatir bandidos en campaña electoral

En el polo opuesto, asistimos atónitos al lanzamiento de la candidatura a la diputación del ex fiscal Gustavo Zubía. Tiene ribetes góticos. De Ciudad Gótica. Pretende emular a Batman: solución rápida y furiosa ante aquello que los tontos frutillas no nos damos cuenta o no tenemos el valor de enfrentar. Recórcholis. En entrevista con Búsqueda, planteó algo de lo poco que se parece a una propuesta: “Le llevé un proyecto a [el comandante en jefe del Ejército, Guido] Manini Ríos que proponía que los formalizados sin prisión, en lugar de mandarlos a alguna escuela […] recibieran algún tipo de formación en el Ejército, no bélica, nada de armas ni otras yerbas. Formación militar en algún tipo de regimiento donde el individuo vaya a cumplir horario, realizar tareas de organización, de trabajo […] Mando. Disciplina militar”. ¿Y si los jóvenes “ni-ni” se resisten a quedar encerrados en un regimiento? ¿Si quieren fugarse? Recurrir al Ejército para sustituir cárceles de adultos y menores infractores que no han funcionado es sencillamente una burrada. Recurrir al viejo mito conservador sobre la disciplina puede juntar algún voto. No soluciona nada. Como todo enunciado, tiene efectos. Envilece las pulsiones más primarias de ciudadanos y ciudadanas que tienen miedo, y de alguna manera acumula violencia. El entrenamiento militar no incluye en sus manuales teoría y práctica de tacho, picana y plantón. Pero desgraciadamente ha sido la herencia maldita en códigos y valores que impunemente han contagiado nuestra convivencia. No es una buena base para la disciplina moral.

Hay antecedentes de entrenamiento militar a civiles por parte de las Fuerzas Armadas. En 1969 el gobierno colorado militarizó a todos los funcionarios bancarios que eran llevados desde sus trabajos a los cuarteles. El 2 de octubre de 1969 falleció a causa de un ataque cardíaco, en el Regimiento Nº 9 de Caballería, el bancario Carlos Alberto Cánepa, de 42 años.

Convivir en paz es un desafío urgente. Salvo para quienes, emulando a Primo de Rivera, fundador de la Falange, siguen creyendo que “a última hora, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización”. El histrionismo electoral, con alardes de porte de armas, no reúne estatuto para el debate. Aporta poco y ensucia todo. En realidad, se parece más a otro personaje de Ciudad Gótica: el Guasón. Tiempo atrás, un viejo luchador, cuando alguno alardeaba con los fierros, recomendaba sabiamente: limale la mira.

Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 9 de agosto de 2018.

DE LA SEGURIDAD A LA CONVIVENCIA por Álvaro Portillo*

El miedo es uno de los principales motores de la actividad humana. La gestación del miedo está íntimamente vinculada a factores objetivos y subjetivos que en grado distinto operan en el imaginario social.

Las sociedades contemporáneas, y la uruguaya en particular, están conmocionadas por el tema de la seguridad. Efectivamente, en la actualidad ha emergido con fuerza creciente un conjunto de comportamientos violentos que desencadenan la conformación de este escenario conmocionado.

Por un lado, hay que registrar la presencia altamente perturbadora del narcotráfico. Como es sabido, se trata de un proceso sumamente violento que involucra a un numeroso conjunto de personas: los responsables de la producción, la distribución mayorista y la distribución minorista, que se constituyen en una extendida red en el tejido social, por lo general protagonizada por los propios adictos. Este factor es algo novedoso en nuestra sociedad, pero lo más complejo es que involucra muy distintos actores y que a su vez se trata de una alternativa de vida (y de muerte) con rápido acceso a importante cantidad de dinero.

Un segundo factor social emergente es la violencia de género. En ello convergen varias causalidades. Por un lado, el mayor empoderamiento de las mujeres producto de los avances emancipatorios respecto de la histórica desigualdad ha precipitado una fuerte crisis de la condición masculina, que se expresa en violencia física o simbólica hacia la mujer. A ello hay que agregar que la sociedad ha tomado conciencia de ello y por lo tanto hoy la violencia de género se hace mucho más visible y objeto de repudio.

En tercer término, es factible señalar los tradicionales y conocidos factores de la criminalidad, entre los que destacan el ataque a la propiedad privada u otro tipo de acciones delictivas personales.

Este cuadro es el que ofrece el disparador de las cifras delictivas y, en consecuencia, lo que alimenta la sensación negativa de inseguridad.

Más allá de magnificar el fenómeno o de tratar de negarlo, de lo que se trata es de intentar comprenderlo para su erradicación. Queda absolutamente claro que la sociedad uruguaya no estaba preparada para enfrentar las negativas consecuencias de este escenario, por lo que se trata de encarar una estrategia al respecto.

Situados en este punto, la experiencia reciente indica varios rumbos anotados como claramente inconducentes. Uno de ellos es el clamor represivo en cuanto a incrementar penas, crear nuevos delitos, involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, la cadena perpetua, etcétera. La experiencia indica que este camino, además de ser poco respetuoso de la condición humana, es ineficaz.

En el otro extremo, con frecuencia se escucha una perspectiva enfáticamente garantista a la que solamente le preocupa el efectivo funcionamiento de los derechos. Complementariamente, se suele justificar esta nueva realidad en la estructura social existente, atravesada por desigualdades inaceptables que conducen a los comportamientos delictivos. En estos razonamientos se esconde un componente de acierto, pero su abordaje aislado es totalmente ineficaz como respuesta exitosa al problema.

Los componentes de una estrategia integral

Un problema tan acuciante no puede tener un abordaje único. Se trata de conformar una estrategia integral que sepa combinar un conjunto de intervenciones en materia de prevención, disuasión y represión de todos los comportamientos delictivos. Esa estrategia debe incorporar cuando menos los siguientes factores.

1) La adecuación –reestructura mediante– de los distintos cuerpos represivos del Estado para convertirlos en útiles para la nueva función. Política de reclutamiento del personal, características de la formación profesional, armamento adecuado, organización operativa, inteligencia aplicada, tecnología, entre otros.

La vieja Policía conocida por la sociedad uruguaya no se corresponde con esta nueva realidad, y además enfrenta el reto de ganarse la confianza del común de la gente luego de lo que fuera el triste papel represor que jugara en la época de la dictadura.

2) Reformulación de la propia administración de justicia, tanto en lo referido a la tipificación de los delitos como al abordaje de los procedimientos penales para su investigación y sanción.

Hay aquí una tarea de adecuación de marcos normativos, pero también de mentalizar a los principales protagonistas de la administración de justicia en las nuevas características de la delincuencia conjuntamente con los distintos procedimientos que ello implica. Adicionalmente es indispensable una aceitada coordinación entre jueces, fiscales y policías que permita actuar sincronizadamente.

3) El contexto social. Lo que en primer término surge es la necesidad de mejorar el acceso al empleo y su calidad. Complementariamente, las políticas sociales pueden y deben jugar un papel crucial a nivel del territorio. Educación, salud, vivienda, cultura y recreación son ineludibles para comenzar a consolidar escenarios locales alternativos al horizonte delictivo.

4) La rehabilitación. Es este un factor clave que apunta a eliminar la reincidencia. La ineficacia actual del encierro lo convierte en un paréntesis en la trayectoria delictiva. Cárceles con mucho trabajo y estudio y otros abordajes psicológicos necesarios componen lo sustancial de un encierro rehabilitador.

5) Participación social. La sociedad no puede ser un espectador en el abordaje de la violencia criminal. Es indispensable la conformación de espacios de encuentro entre la comunidad a escala barrial con todas las instancias estatales que operen: la Policía local, el gobierno local, las entidades responsables de los distintos programas sociales y los fiscales, que hoy cumplen una función muy relevante en la investigación de los delitos.

El diálogo permanente entre la comunidad y las distintas expresiones del Estado, muy especialmente la Policía, son fundamentales para construir confianza mutua. Con ello es posible que los servicios de seguridad comprendan mejor las realidades locales y barriales de la delincuencia y sobre todo que escuchen los reclamos y las opiniones de la comunidad.

6) La batalla por la opinión pública. Nada de lo anterior sirve de mucho si no se toma conciencia de las grandes patologías sociales y culturales que caracterizan a la cultura hegemónica del capitalismo contemporáneo.

Las adicciones, el consumo irrefrenable, el dinero como medida de la esencia humana, el egoísmo y el individualismo, y el placer inmediato como proyecto de vida son algunos de los alicientes más fuertes que están operando en la promoción de la delincuencia. Señalarlos y convocar a la discusión colectiva para ir imaginando y conformando una convivencia distinta, que celebre la vida en lugar de arriesgarla por un puñado de dinero, es una tarea ineludible.

Muchas de las cosas aquí mencionadas se están realizando, con diversos niveles de avance. La derecha política solamente reclama castigos y represión, y juega muchas veces con el dolor de las víctimas y su deseo de justicia y reparación.

Tal vez una de las cosas que están más atrasadas en la temática es la participación social y su involucramiento concreto. Ha habido intentos, pero que no se han sostenido. Mientras ello no ocurra, la acción estatal, además de descoordinada, continuará dando respuestas a ciegas con una débil influencia en la prevención y la disuasión.

*Sociólogo

Publicado en La Diaria el 23 de julio de 2018

CÓMO SE PUEDE MANCAR UN “BURRO” por Mílton Romani Gerner

Miserias de una cuadrera.

¨Apostar por el favorito rinde poco. En las carreras de caballos si el pingo favorito es el ganador, su apostador volverá a casa con unos pocos pesos. Los conocedores dicen que el caballo ganador más festejado es el que viene de atrás: “por los palos”. Ese al que le queda la chapa de la sorpresa. El senador blanco Jorge Larrañaga sabe de caballos. Y también sabe de llegar de favorito o dar el batacazo cuando no está en los cálculos de nadie¨

Estas afirmaciones aparecieron en El País del domingo, firmada por Pablo Fernández bajo el titulo: La vieja historia de los blancos: ¨Larrañaga retoma impulso en la interna con campaña por seguridad¨ y agrega: el líder de Alianza logró protagonismo y colocó a Lacalle Pou en una posición incómoda¨

Visto así quizás se entienda un poco más, la absurda propuesta. Pretende ganar la interna y posicionarse en el juego político. Tirando la mosqueta y dejando en orsai a los otros. Parece más mezquina, pero al menos tiene una lógica que no tiene el contenido de la misma. También decir que todo ¨burro¨, hasta el mejor potrillo, se puede mancar. Cosas de la política timbera.

La ´vieja historia de los blancos´ nos dice otras cosas. Wílson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra en gesto que los honró, reconocieron que votar en 1972 el Estado de Guerra Interno y la Ley de Seguridad del Estado no fue cosa buena. Eso que la situación de aquella época era realmente crítica.

Afirmaba Wílson por entonces: “No hay ninguna causa, que no se destruya, que no pierda validez moral, que no se transforme en una porquería, si para defenderla hay que hacer estas cosas.¨  Años después diría: :”No fue un pecado votar la Ley de Seguridad del Estado, fue un error. Nunca debimos autorizar a militares a juzgar civiles. Era doloroso, pero para el uruguayo medio la tranquilidad se había transformado en algo más importante que la libertad.¨

Paradoja: estas citas las extraje de un excelente trabajo que firma un militar, el Capitán de Navío (R)Tabaré Fernando Patrón en un ensayo: ¨Los valores de Wílson Ferreira Aldunate en la conducción política del poder militar¨.

Los militares ya estuvieron al frente de la seguridad del Estado y les fue, nos fue, muy mal. Al frente, al costado, abajo y arriba de la seguridad de todos nosotros.

Alguien debería decirle al insigne burrero, que tampoco los militares están conformes en salir a la calle para trabajar de policías. Ellos también se preguntan:  ¿como sería la cosa?¿pedirían documentos, harían pinzas, detendrían gente? ¿como Larrañaga? Apoyar a la policía bajo sus órdenes. ¿Órdenes civiles para un militar? Al mismo precio. El Estado de Guerra les permitió cobrar el doble. Las misiones al Congo tienen otro precio. ¿Como Larrañaga, cómo sería esto? Una inteligente pregunta que se lanzó en las redes: en caso de hacer fuego o cometer algún delito ¿quién los juzga? Se me dirá la justicia civil. No podría sostenerse en serio, habida cuenta de la historia en este país. Pero mas allá de la historia ¿los militares aceptarán salir a la calle, recibir ordenes de civiles, actuar y eventualmente ser juzgados por civiles? Reitero: ¿todo por la misma plata?

Debatir en serio con esta propuesta implica una base mínima de seriedad. No los hay. Ni la misión fundamental de las FFAA definidas en sus leyes, ni la formación, ni el despliegue, ni las características propias de las fuerzas, ni su presupuesto, pueden cumplir funciones de seguridad interna. A propósito: ¿se piensa que con la carga de impunidad que conllevan los uniformes militares, la existencia brutal de cementerios clandestinos en los cuarteles de la patria, se podría salir a la calle con prestigio?

A medida que escribo me vuelvo medio wilsonista: “Nosotros queremos un país donde un soldado salga a la calle y se ponga el uniforme, no tenga que sacárselo porque pasa vergüenza. Nosotros queremos un país donde los soldados exhiban su condición militar con orgullo.” (Wílson Ferreira Aldunate, en Buenos Aires el 30 de abril de 1984)

Sobre la moda de seguir aumentando penas solo decir lo que criminólogos y especialistas que estudian el tema afirman: no parece lógico poner el acento y las penas luego que agarraste al delincuente. El tema es como evitar el crimen. En sus causas, que son muchas y diferentes, y en una aplicación racional de la fuerza de la ley. La respuesta punitiva solo convoca más violencia. No lo queremos para Uruguay. Tenemos otros recursos y otros valores. La seguridad es un derecho que se garantiza no solo con la policía y la ley penal. Poner a articular todo esto con perspectiva de futuro es también una responsabilidad de la oposición.

Es una responsabilidad compartida. De varias instancias del Estado. También de la conducta de los líderes políticos. De los medios de difusión como canales de comunicación social. Una pregunta al paso: ¿porque los medios se inhiben de dar noticias sobre suicidios, siendo una de las causas violentas de muerte más altas que tenemos?

Se me dirá que para evitar el efecto contagio. Bien. ¿No hay efecto contagio cuando se propala hasta el hartazgo todo tipo de crimen, rapiña, asalto, y copamiento? Informar es un derecho. Viralizar haciendo uso insensato de las facetas de espectáculo es una manera de alimentar el circuito del crimen. Igual que aquellos ¨ciudadanos¨ que compran objetos robados. O los lideres políticos que usando el miedo e inseguridad de la gente intentan avanzar un par de cuadros en el tablero partidario.

La violencia no se combate con más violencia. Fui testigo en mi condición de Secretario Nacional de Drogas y de Embajador ante la OEA, de los desastres que ha ocasionado el enfoque de la guerra contra las drogas y la incorporación de las FFAA a esa lucha. Están las pruebas ahí, no se necesita ninguna especulación. América Latina y el Caribe son testimonios dramáticos de esta realidad. Colombia, México, Guatemala. Lo han afirmado los analistas y políticos más encumbrados. Origen de Los Zetas, principal cartel mexicano:  La organización se formó a partir de un grupo de militares de élite que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano. No se necesita ir a informes muy secretos, esto es de Wikipedia, Larrañaga. Como afirma el estudioso de estos temas Luis Moras: si no queremos ser El Salvador, no apliquemos políticas salvadoreñas.

Estuve preso por primera vez en 1968, en el 5o de Artillería, bajo Medidas Prontas de Seguridad. Triste debut de las FFAA en seguridad interna. Junté firmas muchas veces. La principal de todas contra la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No basta con olfato burrero, ni con picardía de stud o pretendidas dotes de gurú populista. Se precisa mucha militancia y mucha organización para reunir firmas. Creáme Larrañaga: no las va a conseguir. Es un ¨dato¨ posta.

 

Publicado en “Voces”.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CULPA LA TUVO EL OTRO por Milton Romani

El título de esta columna alude a una película con Luis Sandrini, de 1950. Como la mayoría de las películas argentinas de la época, instilaba valores ingenuos, melodramáticos, coherentes con el patrón cultural de aquellos años. Fue la época también del Cacho y su banda, que tuvieron en jaque a nuestra sociedad, horrorizada por los “infantojuveniles”. El título se me impuso a partir de las declaraciones cruzadas sobre seguridad ciudadana, en un debate mal planteado.

Ahora asistimos a la película uruguaya “Los irresponsables de siempre”, rodada con los que están en campaña electoral permanente, con planteos simplistas y demagógicos de quienes en su momento no supieron, no pudieron ni aportaron para resolver esto. No es noble traficar con el sufrimiento y el miedo de la gente.

Los militares ya estuvieron al frente de nuestra seguridad. Al frente, al costado y detrás. Fueron un desastre. Tiraron para el otro lado. Ellos siguen siendo responsables del régimen simbólico y fáctico de impunidad en que vivimos. Basta.

Ir por los caminos trillados de la inflación penal es una vía muerta. ¿Alguien piensa, de verdad, que encarcelando “preventivamente” a los “reincidentes” arreglamos algo? ¿Cómo sabemos que son reincidentes si en realidad el caso se resuelve con la sentencia ejecutoriada? Aumentar las penas es una remake de 1997 y 2000. Un fracaso de taquilla. Más penas, más delitos. Aplicar la ley con rigor implica sensatez y economía de la fuerza. La fractura social no se arregla con más violencia, amén de que no todos los que, además, sufren el estigma de algunos barrios son chorros. Como afirma Luis Morás, “si aplicamos políticas salvadoreñas, seguramente llegaremos a ser El Salvador”.

Como expresó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no hemos logrado quebrar la fractura social después de 13 años de gobierno, y eso no es aceptable. Comparto esa opinión.

Todos los nombres

Ahora hay muchos Cacho. Su nombre, Zelacio Durán Naverias, le fue restituido gracias a un valiente reportaje de Eduardo Galeano titulado “El símbolo uruguayo del Mal”.

Es imprescindible, de una vez por todas, repasar las historias. ¿Sabemos qué piensan, qué sienten, a qué aspiran los que viven en el Marconi o en Casavalle, en Cerro Norte o en cualquier barrio? Por favor. Todos los nombres. Sin apodos.

Las hipótesis de máxima que hace la Policía son eso. Además, mal comunicadas, sólo reproducen miedo y zozobra. La alarma nunca atenúa, sino que aporta inseguridad.

Pero ¿eso es todo? No lo sabemos. Sí sabemos que las amenazas de más penas o mano dura, supermano dura o puño de fierro (todas salvadoreñas) para estos pibes no corren. Muchos de ellos esperan que se desate, no la guerra, sino mil batallas. Criados a palo y palo, no les importa. Su lenguaje es la violencia hecha carne y cultura de cuatro generaciones. ¿Vamos a agregar más?

Tampoco sirve atacar al Código de Proceso Penal, que con sólo seis meses de vida parece que ya tiene la culpa de todo. Insólito. Una gran conquista que abre las puertas de una nueva política criminal acosada por todos lados.

No necesitamos contrarreforma reaccionaria punitivista, sino otra actitud. Vocación de servicio, trabajar, ver, escuchar. Es vivienda, es trabajo, es salud, es educar. Condiciones necesarias. Llamale como quieras. Pero sin actitud, todo es en vano. No hacerse el boludo recurriendo a que la culpa la tuvo el otro. Vale para todos y todas. Cualquier duda, preguntarle al doctor Álvaro Villar, director del hospital Maciel.

Mientras escribía esta nota se conoció la noticia de la convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a diversos actores a los que compete el tema de la seguridad ciudadana. Responsabilidad compartida. Es un paso importante. Como lo fue ir a San Luis a conversar con los vecinos, en una reedición de política de cercanía.

Hablando de políticas de cercanías, relancemos ya las Mesas Zonales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, llamadas a ser la base de una política integral y de articulación local. ¿Qué fue del plan Siete Zonas, que iba en el mismo sentido? ¿Fueron devorados por el síndrome Antel Arena?

La convivencia y seguridad son derechos. No es la Policía, ni siquiera el Ministerio del Interior, los únicos que los salvaguardan. Varias instituciones deben articularse a nivel estratégico, de mando y, fundamentalmente, a nivel local. ¿Junta Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana? ¿Por qué no? Hay que romper la lógica del Estado con presupuestos de programas verticales, con actitud y coraje para ir a programas transversales que rompan las chacras y la burocracia.

No están sólo en los barrios “marginales”

Pobreza y marginalidad explican sólo una parte del narcotráfico. La cadena de acumulación de dinero termina en un vértice de empresarios que necesitan lavar dinero para hacerlo circulante. Como señaló el fiscal de Corte, Jorge Díaz, los hermanitos Carlos y José Röhm se alzaron con una bolsa de 1.200 millones de dólares. Muchísimo más que las miles de rapiñas de miles de pibes chorros. Ya tenían antecedentes. Están sueltos.

El “símbolo uruguayo del mal” en deporte, Eugenio Figueredo, que manejó los hilos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial, no era del Marconi. Y tiene tantos amigos que no los puedo contar.

Las resistencias cuando procesamos al doctor Carlos Curbelo Tammaro, símbolo uruguayo del mal abogaderil, sólo fueron comparables con la intervención de Luis Hierro López y Guillermo Stirling para remover al inspector Roberto Rivero, ex director de la Policía Nacional y de la Brigada Antidrogas en el 2000, que había osado investigar a escribanos y personas conocidas, nada menos que con compras en Punta del Este.

Se olvida rápido: fue procesada la plana mayor de la Armada, incluidos tres ex comandantes, por crimen organizado. Se desconoce domicilio. Fotos y titulares, pocos.

El lenguaje cambió no sólo en aquellos barrios. También los “buenos” abandonamos la promoción de valores humanísticos como los prodigados por Olga Lanari, mamá de Gustavo Volpe, o por Juan Carlos Patrón, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con su célebre “Procesado 1.040”, que también fue una película argentina, con director, guionista y actores uruguayos.

Publicado en La Diaria el 28 de mayo de 2018

INSEGURIDAD y FRACTURAS SOCIO-TERRITORIALES por Pablo Anzalone 

Las características del sistema punitivo uruguayo han conducido a una hipertrofia del recurso cárcel como estrategia de seguridad. Tenemos 10.569 adultos presos y 470 adolescentes. La cantidad de personas presas cada 100 mil habitantes subió de 100 en 1992 a 260 en 2012, una de las más altas de América Latina, y  no ha parado de crecer. La casi nula utilización de otras estrategias como las penas alternativas a la prisión o la justicia restaurativa, han agravado esta situación. Lejos de abatir los niveles de violencia y delito, estos parecen ser factores que contribuyen a su incremento. La distopía de un país como Uruguay con decenas de miles de presos no se parece en nada a un proyecto de sociedad segura y disfrutable por sus habitantes.

Ha sido difícil entablar un debate serio sobre seguridad. Desde filas conservadoras hay mucho “sanateo”, como caracterizó el periodista Gabriel Pereyra en una entrevista célebre al candidato Lacalle Pou.  La táctica es el alarmismo y la falta de propuestas. Se trata de transformar episodios graves de violencia en una psicosis colectiva donde el miedo ordene las percepciones, no los hechos ni las razones. Hay una gran radicalización del discurso reaccionario y simplista.

 Al mismo tiempo la tesitura inicial en algunos enfoques de izquierda de minimizar la gravedad de la inseguridad ha sido desplazada hace ya tiempo. En su lugar se ha desarrollado un discurso oficial que enfatiza los avances en profesionalización, eficiencia y tecnificación de la  Policía, que efectivamente son muy relevantes.

Una entrevista reciente de Pereyra al Director Nacional de Policía Mario Layera agrega elementos a este debate. Layera constata cambios en la forma de operar el crimen con menos organización, liderazgos más fugaces y nuevos códigos gestados en las cárceles. Concluye tajantemente que hay un “choque de culturas”, donde los sectores “marginados” están absolutamente fuera del sistema, hasta en el lenguaje. Con franqueza destacable, aunque sin autocrítica, Layera cuestiona la “compartimentación” con que actúa el Estado y las dificultades que tiene la policía con la implementación del nuevo código del proceso penal y el rol de las fiscalías.

Es bueno que un jerarca de gobierno señale problemas y omisiones. Una de las cosas que desacredita a cualquier gobierno es la reivindicación total de lo que hace sin reconocer y valorar los problemas existentes. La izquierda debe ser crítica y autocrítica enfatizó Javier Miranda en el acto del 5 de abril.

Cabe también esperar que se digan las acciones que se están llevando adelante para resolver los problemas mencionados. En el caso de la articulación de la policía con Fiscalías y Poder Judicial, se puede entender una transición para la aplicación eficiente del nuevo código. Pero en nuestra opinión hay que poner en discusión otros aspectos del paradigma punitivo desde el cual se actúa. Por ejemplo, el fiscal Jorge Díaz cuestionó, en una entrevista importante con Emiliano Cotelo, la manera como el sistema penal uruguayo protege de forma muy desigual los derechos y bienes, poniendo la propiedad por encima de la vida, omitiendo delitos ambientales, castigando duramente algunos delitos y minimizando dicho castigo en otros como los desfalcos en el sistema financiero. Faltan esos debates.

Las dificultades para la acción articulada de los gobierno nacional, departamentales y municipales en el territorio no son un problema nuevo y no se limitan a compartimentar informaciones. Existen esfuerzos como el Gabinete Social, las mesas de articulación zonal, la Junta Nacional de Drogas pero no han sido suficientes.

El propio Ministerio del Interior impulsó desde 2005 el Programa de Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuyos objetivos son identificar problemas de convivencia y seguridad, establecer prioridades y acuerdos y programar acciones en conjunto, logrando compromisos entre las instituciones y los vecinos buscando las posibles soluciones a los problemas. La idea-fuerza es que “Frente a los problemas comunes, la construcción de las soluciones es colectiva” (MI 2017).

Hay fundamentos teóricos en diferentes corrientes y autores a nivel internacional para valorar este enfoque en sus dos dimensiones:

  1. a) el enfoque territorial que incluye el diagnóstico local y la focalización de las líneas de acción en zonas y comunidades determinadas.
  1. b) la inter-institucionalidad e intersectorialidad y en particular la alianza con gobiernos locales y fuerzas sociales para un abordaje integral.

Ya en 2012, el gobierno nacional planteó la estrategia por la vida y la convivencia fundamentando que “el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales”.

En este proceso multidimensional la inversión en infraestructuras locales para una utilización democratizada de los servicios y espacios públicos aportan a la convivencia y la seguridad. El objetivo  es construir ciudad con una trama urbana más densa y más espacios para la integración. Suturar la fractura social con acciones integrales en cada territorio. Frente a un Estado ausente históricamente en ciertas zonas, esta orientación fue presentada como una forma de saldar una deuda social y una apuesta a la convivencia. Sin embargo las 15 medidas iniciales fueron una mezcla de acciones con fundamentos y rumbos diversos.

La traducción luego en el “Plan 7 Zonas” tuvo un componente (Aloysio 2014) de cambio hacia un modelo focalizado de intervención territorial desde las políticas sociales y al mismo tiempo también policiales.

En nuestra opinión la experiencia en el barrio Marconi ha sido positiva. Lo que en un momento fue un símbolo expuesto de la exclusión y el retroceso del Estado, se revirtió en parte, a partir un trabajo coordinado del municipio, Intendencia y distintos ministerios. Un ejemplo todavía más claro y exitoso de esta forma de abordaje es el Plan Goes y el conjunto de políticas llevadas adelante en esa zona.

Por otro lado, el Plan 7 Zonas implicó también una reducción de la estrategia global a algunas zonas priorizadas. Es razonable que deba haber planes focalizados en las zonas  más críticas. Sin embargo no es tan claro que una estrategia que pretende problematizar la violencia y los vínculos lesionados en campos como el hogar, la pareja, el tránsito, el deporte, los centros educativos, los medios de comunicación, pueda reducirse a ciertas zonas. Y que se debiliten o incluso desaparezcan las demás líneas de acción.

Posteriormente al cambio de gobierno en 2015, y a raíz de las nuevas restricciones presupuestales, la continuidad del Plan 7 zonas fue interrumpida sin que haya sido sustituida por otros programas. Falta lo que Gustavo Leal ha denominado un shock de ciudad y políticas urbanas.

Vivimos en un país donde la fragmentación socio-territorial subsiste a pesar de los grandes avances sociales de la última década. Las políticas sociales que tanto molestan a algunos permitieron abatir la pobreza y la indigencia, aumentar el salario real y las jubilaciones, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Defender esos derechos  significa también evaluar la matriz de protección social para llegar a los problemas que persisten. Miranda fue enfático al señalar que Uruguay está viviendo una situación de violencia que es altamente preocupante. Todos los actores institucionales, sociales y mediáticos deben encararla seriamente, dijo, sin banalizar ni naturalizar la violencia. Seguimos teniendo una fractura social, afirmó. “No hemos logrado quebrarla y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno”.

Vale seguir indignándose ante las desigualdades y comprometerse  con su erradicación.

Publicado en Crónicas

 

LOS PLANES DESESTABILIZADORES por Ignacio Martínez

La campaña electoral ya está en curso, aunque se va a desatar en todo su fragor luego del Mundial de futbol.

Mientras tanto, la oposición centra sus baterías en crear la idea del caos, de que nunca estuvimos peor que ahora. La inseguridad es uno de los temas reiterados, buscando crear la impresión de que nunca hubo más asesinatos, ni más femicidios, ni más robos que hoy.

Los ideólogos del derrumbe del país no quieren que nos acordemos de las superbandas, ni de que en sus gobiernos jamás hubo protección para la mujer y los niños, ni que nadie ayudó a las víctimas de asesinatos.

Cuando sucede un terrible drama salen con todas sus bocinas. Cuando la policía resuelve delitos de manera vertiginosa se hacen los distraídos. Jamás reconocerán que la policía está mejor, como nunca antes. Desacreditar a la policía, al Ministerio del Interior y al Gobierno está por encima de todas las cosas; y eso hacen.

La Educación será el otro tema para desprestigiar al Gobierno. La universalización de la educación no les interesa. Ningún ejemplo de los cientos que podemos dar de procesos de avances; no les interesa. Se disponen a atacar a la Escuela Pública dejando la idea de que las opciones educativas privadas y religiosas son la mejor educación.

La Salud será otro caballito de batalla donde no cuenta que hayamos alcanzado la universalización de la asistencia. Les molesta que mucha gente humilde pueda andar por los pasillos de las mutualistas otrora reservadas sólo a la clase media, media alta y alta.

Otros elementos estarán en las agendas para desprestigiar al gobierno. El agro en general será objeto de un guadañazo para enunciar que todo anda mal y que los pobres terratenientes están sufriendo de crisis insalvables.

¡Hasta el Ministerio de Turismo será objeto de difamación! Dirán que las cifras enunciadas no son tales, que no hubo tal crecimiento del turismo en el país. No pueden aceptar la honestidad de la ministra cuando reconoce que vinieron muchos más turistas aunque gastaron menos.

Van a seguir atacando el creamiento que han tenido nuestros sindicatos, viendo como mala cosa que el gobierno atienda las demandas de los trabajadores y siempre se esté afín al diálogo con todos los sectores sociales.

Las redes serán uno de los tantos ámbitos de bolazos, infamias y mentiras como una reciente que asegura que la Intendencia de Montevideo ha formado una policlínica sólo para negros. Y esto lo afirmó gente de derecha y gente que se dice de izquierda.

El plan es desestabilizar, desacreditar, dar como falsas las verdades y como verdades las mentiras ¿Todo para qué? Para hablar de la importancia de que esto tiene que cambiar, al peor estilo macrista, siguiendo la idea de que en toda Latinoamérica se está produciendo un cambio.

Seguirán entrometiéndose en las cuestiones internas de Venezuela. Seguirán difamando a Bolivia y a Cuba. De la dictadura hondureña, nada. Del golpe constitucional de Brasil, nada. De las arremetidas brutales contra los intereses populares en Argentina, nada. De las matanzas en México, nada.

Vamos a oír muy claro que esto tiene que cambiar porque necesitan instaurar en Uruguay el retorno de las viejas recetas pro imperiales que idolatran el sistema de vida americano, donde la ultraderecha, entre otras cosas, dice que la mejor manera de combatir la violencia en los colegios es que los docentes porten armas ¡Tomá pa´vos!

De muchos de nosotros lo que sí van a oír es que esto tiene que profundizarse. La alternativa es avanzar en más y mejor seguridad, más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejores condiciones salariales, culturales, laborales y de inversión en beneficio de las mayorías nacionales, especialmente los más desfavorecidos.

Lo que van a escuchar es profundizar la transparencia en los procedimientos, en la gestión, en el combate a la corrupción y a los corruptos y a los defensores del nepotismo.

Lo que van a escuchar de muchos de nosotros es avanzar en más y mejor distribución de la riqueza que genera la inmensa mayoría de las mujeres y los hombres que trabajan, en reducir los beneficios de la caja militar como una de las vías de achicar los costos del Estado, en reducir personal innecesario, en abrir más y mejores plazas de trabajo.

El debate está abierto. Los programas estarán en el tapete aunque muchas veces no se diferencian demasiado unos de otros. Lo más importante es fijar las políticas sociales, económicas, educativas y culturales dando una implacable lucha ideológica entre los que queremos seguir construyendo este país en beneficio de todos y los que lo quieren reducir al beneficio de minúsculos grupos de poder que, sin embargo, aún en estos gobiernos de izquierda han mantenido mucho de sus privilegios (léase la banca, los sectores exportadores, las zonas francas, entre otros).

Esto recién empieza. Tenemos todo para seguir avanzando. En esta lucha cabemos todos. Quienes pregonan el supuesto cambio en realidad están auspiciando el retroceso.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 1ero de marzo de 2018

#BONOMI por Adriana Cabrera Esteve

Los medios masivos de comunicación, casi siempre oligopólicos, tienen el poder de construir la realidad, afirma Raúl Zaffaroni. Ante la ignorancia de lo que sucede a nuestro alrededor, recurrimos a la prensa, que dedica la mitad de los informativos a contarnos una y otra vez los crímenes más cruentos. Los más aberrantes y los que no son tanto. También recurrimos a las redes, que la mayoría de las veces también repican los artículos, los comentarios -muchas veces con mayor banalidad- de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, además, están el cine, las series, los juegos, todos a cual más violento. Hace un tiempo estuvo de moda Dexter, la historia de un psicópata “bueno” que sólo mataba a los malos con la misma perversidad o, mejor dicho, la inconsciencia de toda maldad, de cualquier psicópata. Pero, a su vez, si alguien no tenía suficiente imaginación sobre cómo actuar en esos casos, Dexter le ofrecía el know-how. Después de Dexter, todos podían asesinar “limpiamente”. El silencio de los inocentes y luego Hannibal asustaron a una generación; ahora hay cientos de productos audiovisuales del mismo tono, sólo que ya no corre más aquello de “Sólo en cines”. Esos manuales de criminalidad se pueden ver en un smartphone, en la tablet, la computadora o la tele.

Los invito a leer Gomorra, de Roberto Saviano. Lo leí hace unos años y me sorprendió reconocer la forma en que la mimesis retroalimentaba conductas. Los mafiosos se vestían como Uma Thurman en Kill Bill, relata Saviano, o usaban su modelo de auto, y probablemente, más de uno asesinara como ella. O sea, mientras que Quentin Tarantino trataba de representar a la mafia, la mafia representaba a Tarantino. Ya no es necesario que Dan Mitrione enseñe cómo torturar; basta con jugar Mortal Kombat y hacer clic en “descuartizar”.

Hace poco, presenté en el Taller Aquelarre la muestra fotográfica Amandla Awethusobre la vida en Marikana a dos años de la masacre de los mineros. Acompañamos la muestra con una película documental, Miners Shot Down, de Rehad Desai. La película incluye escenas reales de la masacre registradas por las cámaras de seguridad de la empresa minera y los propios registros del Ministerio del Interior Sudafricano. Las personas presentes preguntaban si se trataba de una reconstrucción de los asesinatos; costaba verlas como muertes reales tan igualitas a las de la televisión.

Y nos seguimos preguntando cómo puede ser que cosas tan sangrientas sucedan. Cómo puede ser que la realidad y su representación se mezclen en forma tan confusa y que parezca natural lo aberrante.

La antropóloga Rita Segato sostiene que existe una pedagogía de la crueldad en los medios. Compara su actitud ante los suicidios a los que se les baja el perfil -o, directamente, se omite la noticia porque se piensa que tiene un efecto de contagio- con la forma en que se abordan los crímenes, para los que no sólo se abunda en espectacularidad, sino que se repite la información. En un mundo globalizado, y gracias a la concentración de la propiedad de los medios, la percepción de la violencia también se globaliza y retroalimenta lo que Zaffaroni llama el “genocidio por goteo”, en el que los excluidos se matan unos a otros. De esta forma, afirma, nos hacen creer que la norma es la violencia. Y si no es la norma, como sucede en nuestro país, se muestra como si lo fuera, porque los Estados que no pueden garantizar la seguridad “son Estados debilitados, vulnerables, que tienen dificultades para oponer condiciones de negociación favorables a los intereses nacionales” (ver nota de Zaffaroni en Dínamo del 12/9/16). El “Renunciá Bonomi” es quizá la manifestación más clara de la estrategia de la derecha. Basta ir al Twitter y buscar #Bonomi.

La construcción de desconfianza en las instituciones y entre nosotros también confluye en esa estrategia tendiente a debilitar las democracias. El informe sobre “Los cambios de valores en la sociedad uruguaya: confianza, tolerancia, pobreza, autoridad y género”, presentado este año por la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Católica del Uruguay, muestra que el porcentaje de uruguayos que dice confiar en los demás tiende a disminuir en cada una de sus mediciones: desde 1996 a 2011 pasó de 22% a 14%. Paradójicamente, o no, acá vale visualizar el papel de algunos medios de comunicación que han logrado asemejar, en el imaginario colectivo, nuestra realidad a la de México, donde la confianza en los demás pasó de 31% a 12% en el mismo período. Sólo que México es la principal vía del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y tiene cerca de 30.000 desaparecidos en manos del narcotráfico.

En lo que respecta a la confianza en las instituciones, también se observa una disminución; según la misma fuente, 56% de los entrevistados tiene mucha o algo de confianza en la Policía, 59% en el gobierno, 50% en el Poder Judicial, 39% en el Parlamento. En lo que respecta a las instituciones de la sociedad civil, sólo 30% siente mucha o algo de confianza en los sindicatos y 32% en los partidos políticos. Mejora la confianza cuando se trata de las organizaciones de género, que tienen 66%, y las ambientalistas, con 67%. De seguir aumentando la desconfianza en las instituciones y en las organizaciones de la sociedad civil, se puede configurar un problema para la estabilidad democrática. Así sucedió en Brasil y Paraguay, por ejemplo.

Más allá de la credibilidad de la encuesta, recordemos que las encuestas también se equivocan y construyen opinión; las cifras de criminalidad en Uruguay muestran una realidad diferente, y así debiera ser percibida por la población si los relatos no fueran tan dispares. El Reporte 2015 de la OPP da cuenta del creciente sentimiento de inseguridad, aunque reafirma su perspectiva en cuanto a que la causalidad de la violencia y la criminalidad se ubican en problemas sociales de corte estructural, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Aunque señala la coexistencia con un enfoque en el que la criminalidad es un problema en sí mismo. Mientras que en 2003 sólo 1,4% de los uruguayos consultados manifestaba preocupación por la seguridad; en 2013 este valor aumentó a 36% de los entrevistados. El cambio de preocupación puede deberse a que problemas como el empleo, acuciantes en 2003, se fueron resolviendo. El informe mostraba también para el mismo período un leve aumento de las denuncias por homicidios, la disminución de las denuncias por hurtos y por copamientos, y un aumento de las rapiñas. Durante la interpelación al ministro del Interior, la semana pasada, se anunció para este año una disminución también en la cantidad de rapiñas y homicidios.

Sin minimizar la problemática, cabe preguntarse, entonces, si entre las medidas de gobierno prioritarias a la hora de intentar fortalecer la confianza en las instituciones democráticas, y en nuestra capacidad de actuar con otros, no deberían estar la implementación de políticas de comunicación audiovisual que en lugar de construir o redimensionar la realidad en la que vivimos la represente más fielmente, y la implementación de mecanismos independientes que le den a la ciudadanía garantías de mayor pluralidad, tal como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Publicado en La Diaria el 1 de noviembre de 2016

¿DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO? por Pablo Anzalone

 

La problemática de la seguridad está dando pie para un endurecimiento del enfrentamiento entre la oposición y el gobierno. La táctica de los partidos tradicionales es elevar el nivel de confrontación pero sigue siendo muy pobre en análisis y en propuestas. Un debate de estas características no solo tiene efectos políticos sino también sociales y culturales.

Hay un doble reduccionismo en la prédica de la derecha: en el diagnóstico y en la terapéutica. Una y otra vez limitan la problemática de la violencia a las rapiñas, ignorando deliberadamente las distintas dimensiones que tiene en la sociedad actual. Al mismo tiempo sus propuestas son paupérrimas: la renuncia de Bonomi, mayor represión policial y aumento de las penas. Para ellos la renuncia de Bonomi es un acto de magia que mejorará la seguridad. La mayor represión policial y el aumento de penas es la misma fórmula repetida y fracasada desde la salida de la dictadura hasta ahora.

Esta concepción no solo invisibiliza las otras formas de violencia interpersonal, sino que promueve una única respuesta institucional: el encarcelamiento. Aunque incluso Comisionados Parlamentarios pertenecientes a los partidos tradicionales han hecho críticas y propuestas que van en otra dirección, el discurso hegemónico es siempre el mismo.

Me gustó una frase de Jorge Vázquez y la repito siempre que puedo: “tener más de 10 mil presos puede considerarse un éxito para la policía pero es un fracaso para el país”. Agregaría además que esa cantidad enorme de presos (2dos en el continente) no ha generado más seguridad, porque la cárcel no disuade, ni reeduca, ni reinserta, sino que muchas veces crea o agrava las “carreras delictivas”. Sin desconocer ni desvalorizar los esfuerzos puntuales de modelos carcelarios diferentes que se han desarrollado en este período, cabe concluir que un sistema punitivo que tiene a la cárcel como única forma de castigo, incrementará los niveles de violencia sin resultados positivos para la convivencia.

Se ha querido crear la imagen de que el único peligro que existe son los chorros, los rapiñeros contra quienes no se aplica suficiente mano dura.¡Resistir las rapiñas! Vociferan irresponsablemente. Incentivar el miedo, direccionarlo y manipularlo son estrategias deliberadas para producir efectos políticos y culturales.

Si fuera necesario un nuevo hecho para recordarnos las distintas formas de violencia existentes, bastaría mencionar la muerte de Nicolás Cuña un joven de 19 años en una trifulca próxima a un boliche el pasado fin de semana. O citar las miles de ocasiones en que mujeres son agredidas violentamente, por su pareja o ex pareja (hubo más de 30 mil denuncias por esta causa en 2015). O denunciar que más de 1900 niños debieron ser atendidos por sufrir violencia en 2015 (400 de ellos por abuso sexual). La violencia en centros educativos se reitera demasiado seguido. Las muertes por suicidio y por accidentes de tránsito duplican largamente la cantidad de homicidios.

Toda esta problemática (y no solo una pequeña parte de ella) afecta a la seguridad ciudadana y deteriora la convivencia, concebidas ambas como derechos humanos. Pero no es un escenario con un enemigo simple, caricaturizable, estigmatizable, sino que son diversos dispositivos de opresión y violencia, que requieren desmontarlos mediante una lucha integral, cultural, social e institucional.

Esas luchas hacen a la calidad de la democracia. Más que dejar que se conviertan en banderas de la derecha, actuando a la defensiva, concediendo a sus griteríos, una actitud democrática firme tiene que jerarquizar el tema, dar los debates en el plano ideológico pero también producir estrategias y tácticas concretas que muestren otra concepción de la convivencia y la seguridad. Las penas alternativas a la prisión, las formas de justicia restaurativa, y los mecanismos para apoyar y reparar a las víctimas deben forman parte este debate.

Hoy estamos pagando el precio de haber reducido el debate sobre seguridad a los partidos. Tal vez pueda considerarse una medida que desde el gobierno quite argumentos a la derecha porque le abre ámbitos y la obliga a formular propuestas. Sin embargo esa búsqueda de consensos significó que el Frente Amplio no desarrolló una campaña polemizando seriamente con las concepciones de la derecha en esta materia. Se perdió la principal enseñanza del “No a la baja”: hay que dar los debates ideológicos o la hegemonía será siempre reaccionaria. Es así que las propuestas de la derecha y sus enfoques tiñeron la agenda del diálogo multipartidario. ¿Seguir incrementando penas para el microtráfico? ¿Crear otro organismo paralelo a la Junta Nacional de Drogas?

La  actitud de los partidos de derecha demuestra que lejos de estar satisfechos, sin forma alguna de lealtad institucional, suben constantemente la apuesta.

Dejar afuera de este diálogo a las organizaciones sociales y culturales ha sido un error. El reciente Debate Nacional de Seguridad y Convivencia convocado desde las fuerzas sociales fue mucho más rico en sus reflexiones y propuestas.

ARTICULO PUBLICADO EN SEMANARIO VOCES    13 octubre 2016

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