LA CULPA LA TUVO EL OTRO por Milton Romani

El título de esta columna alude a una película con Luis Sandrini, de 1950. Como la mayoría de las películas argentinas de la época, instilaba valores ingenuos, melodramáticos, coherentes con el patrón cultural de aquellos años. Fue la época también del Cacho y su banda, que tuvieron en jaque a nuestra sociedad, horrorizada por los “infantojuveniles”. El título se me impuso a partir de las declaraciones cruzadas sobre seguridad ciudadana, en un debate mal planteado.

Ahora asistimos a la película uruguaya “Los irresponsables de siempre”, rodada con los que están en campaña electoral permanente, con planteos simplistas y demagógicos de quienes en su momento no supieron, no pudieron ni aportaron para resolver esto. No es noble traficar con el sufrimiento y el miedo de la gente.

Los militares ya estuvieron al frente de nuestra seguridad. Al frente, al costado y detrás. Fueron un desastre. Tiraron para el otro lado. Ellos siguen siendo responsables del régimen simbólico y fáctico de impunidad en que vivimos. Basta.

Ir por los caminos trillados de la inflación penal es una vía muerta. ¿Alguien piensa, de verdad, que encarcelando “preventivamente” a los “reincidentes” arreglamos algo? ¿Cómo sabemos que son reincidentes si en realidad el caso se resuelve con la sentencia ejecutoriada? Aumentar las penas es una remake de 1997 y 2000. Un fracaso de taquilla. Más penas, más delitos. Aplicar la ley con rigor implica sensatez y economía de la fuerza. La fractura social no se arregla con más violencia, amén de que no todos los que, además, sufren el estigma de algunos barrios son chorros. Como afirma Luis Morás, “si aplicamos políticas salvadoreñas, seguramente llegaremos a ser El Salvador”.

Como expresó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no hemos logrado quebrar la fractura social después de 13 años de gobierno, y eso no es aceptable. Comparto esa opinión.

Todos los nombres

Ahora hay muchos Cacho. Su nombre, Zelacio Durán Naverias, le fue restituido gracias a un valiente reportaje de Eduardo Galeano titulado “El símbolo uruguayo del Mal”.

Es imprescindible, de una vez por todas, repasar las historias. ¿Sabemos qué piensan, qué sienten, a qué aspiran los que viven en el Marconi o en Casavalle, en Cerro Norte o en cualquier barrio? Por favor. Todos los nombres. Sin apodos.

Las hipótesis de máxima que hace la Policía son eso. Además, mal comunicadas, sólo reproducen miedo y zozobra. La alarma nunca atenúa, sino que aporta inseguridad.

Pero ¿eso es todo? No lo sabemos. Sí sabemos que las amenazas de más penas o mano dura, supermano dura o puño de fierro (todas salvadoreñas) para estos pibes no corren. Muchos de ellos esperan que se desate, no la guerra, sino mil batallas. Criados a palo y palo, no les importa. Su lenguaje es la violencia hecha carne y cultura de cuatro generaciones. ¿Vamos a agregar más?

Tampoco sirve atacar al Código de Proceso Penal, que con sólo seis meses de vida parece que ya tiene la culpa de todo. Insólito. Una gran conquista que abre las puertas de una nueva política criminal acosada por todos lados.

No necesitamos contrarreforma reaccionaria punitivista, sino otra actitud. Vocación de servicio, trabajar, ver, escuchar. Es vivienda, es trabajo, es salud, es educar. Condiciones necesarias. Llamale como quieras. Pero sin actitud, todo es en vano. No hacerse el boludo recurriendo a que la culpa la tuvo el otro. Vale para todos y todas. Cualquier duda, preguntarle al doctor Álvaro Villar, director del hospital Maciel.

Mientras escribía esta nota se conoció la noticia de la convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a diversos actores a los que compete el tema de la seguridad ciudadana. Responsabilidad compartida. Es un paso importante. Como lo fue ir a San Luis a conversar con los vecinos, en una reedición de política de cercanía.

Hablando de políticas de cercanías, relancemos ya las Mesas Zonales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, llamadas a ser la base de una política integral y de articulación local. ¿Qué fue del plan Siete Zonas, que iba en el mismo sentido? ¿Fueron devorados por el síndrome Antel Arena?

La convivencia y seguridad son derechos. No es la Policía, ni siquiera el Ministerio del Interior, los únicos que los salvaguardan. Varias instituciones deben articularse a nivel estratégico, de mando y, fundamentalmente, a nivel local. ¿Junta Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana? ¿Por qué no? Hay que romper la lógica del Estado con presupuestos de programas verticales, con actitud y coraje para ir a programas transversales que rompan las chacras y la burocracia.

No están sólo en los barrios “marginales”

Pobreza y marginalidad explican sólo una parte del narcotráfico. La cadena de acumulación de dinero termina en un vértice de empresarios que necesitan lavar dinero para hacerlo circulante. Como señaló el fiscal de Corte, Jorge Díaz, los hermanitos Carlos y José Röhm se alzaron con una bolsa de 1.200 millones de dólares. Muchísimo más que las miles de rapiñas de miles de pibes chorros. Ya tenían antecedentes. Están sueltos.

El “símbolo uruguayo del mal” en deporte, Eugenio Figueredo, que manejó los hilos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial, no era del Marconi. Y tiene tantos amigos que no los puedo contar.

Las resistencias cuando procesamos al doctor Carlos Curbelo Tammaro, símbolo uruguayo del mal abogaderil, sólo fueron comparables con la intervención de Luis Hierro López y Guillermo Stirling para remover al inspector Roberto Rivero, ex director de la Policía Nacional y de la Brigada Antidrogas en el 2000, que había osado investigar a escribanos y personas conocidas, nada menos que con compras en Punta del Este.

Se olvida rápido: fue procesada la plana mayor de la Armada, incluidos tres ex comandantes, por crimen organizado. Se desconoce domicilio. Fotos y titulares, pocos.

El lenguaje cambió no sólo en aquellos barrios. También los “buenos” abandonamos la promoción de valores humanísticos como los prodigados por Olga Lanari, mamá de Gustavo Volpe, o por Juan Carlos Patrón, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con su célebre “Procesado 1.040”, que también fue una película argentina, con director, guionista y actores uruguayos.

Publicado en La Diaria el 28 de mayo de 2018

INSEGURIDAD y FRACTURAS SOCIO-TERRITORIALES por Pablo Anzalone 

Las características del sistema punitivo uruguayo han conducido a una hipertrofia del recurso cárcel como estrategia de seguridad. Tenemos 10.569 adultos presos y 470 adolescentes. La cantidad de personas presas cada 100 mil habitantes subió de 100 en 1992 a 260 en 2012, una de las más altas de América Latina, y  no ha parado de crecer. La casi nula utilización de otras estrategias como las penas alternativas a la prisión o la justicia restaurativa, han agravado esta situación. Lejos de abatir los niveles de violencia y delito, estos parecen ser factores que contribuyen a su incremento. La distopía de un país como Uruguay con decenas de miles de presos no se parece en nada a un proyecto de sociedad segura y disfrutable por sus habitantes.

Ha sido difícil entablar un debate serio sobre seguridad. Desde filas conservadoras hay mucho “sanateo”, como caracterizó el periodista Gabriel Pereyra en una entrevista célebre al candidato Lacalle Pou.  La táctica es el alarmismo y la falta de propuestas. Se trata de transformar episodios graves de violencia en una psicosis colectiva donde el miedo ordene las percepciones, no los hechos ni las razones. Hay una gran radicalización del discurso reaccionario y simplista.

 Al mismo tiempo la tesitura inicial en algunos enfoques de izquierda de minimizar la gravedad de la inseguridad ha sido desplazada hace ya tiempo. En su lugar se ha desarrollado un discurso oficial que enfatiza los avances en profesionalización, eficiencia y tecnificación de la  Policía, que efectivamente son muy relevantes.

Una entrevista reciente de Pereyra al Director Nacional de Policía Mario Layera agrega elementos a este debate. Layera constata cambios en la forma de operar el crimen con menos organización, liderazgos más fugaces y nuevos códigos gestados en las cárceles. Concluye tajantemente que hay un “choque de culturas”, donde los sectores “marginados” están absolutamente fuera del sistema, hasta en el lenguaje. Con franqueza destacable, aunque sin autocrítica, Layera cuestiona la “compartimentación” con que actúa el Estado y las dificultades que tiene la policía con la implementación del nuevo código del proceso penal y el rol de las fiscalías.

Es bueno que un jerarca de gobierno señale problemas y omisiones. Una de las cosas que desacredita a cualquier gobierno es la reivindicación total de lo que hace sin reconocer y valorar los problemas existentes. La izquierda debe ser crítica y autocrítica enfatizó Javier Miranda en el acto del 5 de abril.

Cabe también esperar que se digan las acciones que se están llevando adelante para resolver los problemas mencionados. En el caso de la articulación de la policía con Fiscalías y Poder Judicial, se puede entender una transición para la aplicación eficiente del nuevo código. Pero en nuestra opinión hay que poner en discusión otros aspectos del paradigma punitivo desde el cual se actúa. Por ejemplo, el fiscal Jorge Díaz cuestionó, en una entrevista importante con Emiliano Cotelo, la manera como el sistema penal uruguayo protege de forma muy desigual los derechos y bienes, poniendo la propiedad por encima de la vida, omitiendo delitos ambientales, castigando duramente algunos delitos y minimizando dicho castigo en otros como los desfalcos en el sistema financiero. Faltan esos debates.

Las dificultades para la acción articulada de los gobierno nacional, departamentales y municipales en el territorio no son un problema nuevo y no se limitan a compartimentar informaciones. Existen esfuerzos como el Gabinete Social, las mesas de articulación zonal, la Junta Nacional de Drogas pero no han sido suficientes.

El propio Ministerio del Interior impulsó desde 2005 el Programa de Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuyos objetivos son identificar problemas de convivencia y seguridad, establecer prioridades y acuerdos y programar acciones en conjunto, logrando compromisos entre las instituciones y los vecinos buscando las posibles soluciones a los problemas. La idea-fuerza es que “Frente a los problemas comunes, la construcción de las soluciones es colectiva” (MI 2017).

Hay fundamentos teóricos en diferentes corrientes y autores a nivel internacional para valorar este enfoque en sus dos dimensiones:

  1. a) el enfoque territorial que incluye el diagnóstico local y la focalización de las líneas de acción en zonas y comunidades determinadas.
  1. b) la inter-institucionalidad e intersectorialidad y en particular la alianza con gobiernos locales y fuerzas sociales para un abordaje integral.

Ya en 2012, el gobierno nacional planteó la estrategia por la vida y la convivencia fundamentando que “el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales”.

En este proceso multidimensional la inversión en infraestructuras locales para una utilización democratizada de los servicios y espacios públicos aportan a la convivencia y la seguridad. El objetivo  es construir ciudad con una trama urbana más densa y más espacios para la integración. Suturar la fractura social con acciones integrales en cada territorio. Frente a un Estado ausente históricamente en ciertas zonas, esta orientación fue presentada como una forma de saldar una deuda social y una apuesta a la convivencia. Sin embargo las 15 medidas iniciales fueron una mezcla de acciones con fundamentos y rumbos diversos.

La traducción luego en el “Plan 7 Zonas” tuvo un componente (Aloysio 2014) de cambio hacia un modelo focalizado de intervención territorial desde las políticas sociales y al mismo tiempo también policiales.

En nuestra opinión la experiencia en el barrio Marconi ha sido positiva. Lo que en un momento fue un símbolo expuesto de la exclusión y el retroceso del Estado, se revirtió en parte, a partir un trabajo coordinado del municipio, Intendencia y distintos ministerios. Un ejemplo todavía más claro y exitoso de esta forma de abordaje es el Plan Goes y el conjunto de políticas llevadas adelante en esa zona.

Por otro lado, el Plan 7 Zonas implicó también una reducción de la estrategia global a algunas zonas priorizadas. Es razonable que deba haber planes focalizados en las zonas  más críticas. Sin embargo no es tan claro que una estrategia que pretende problematizar la violencia y los vínculos lesionados en campos como el hogar, la pareja, el tránsito, el deporte, los centros educativos, los medios de comunicación, pueda reducirse a ciertas zonas. Y que se debiliten o incluso desaparezcan las demás líneas de acción.

Posteriormente al cambio de gobierno en 2015, y a raíz de las nuevas restricciones presupuestales, la continuidad del Plan 7 zonas fue interrumpida sin que haya sido sustituida por otros programas. Falta lo que Gustavo Leal ha denominado un shock de ciudad y políticas urbanas.

Vivimos en un país donde la fragmentación socio-territorial subsiste a pesar de los grandes avances sociales de la última década. Las políticas sociales que tanto molestan a algunos permitieron abatir la pobreza y la indigencia, aumentar el salario real y las jubilaciones, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Defender esos derechos  significa también evaluar la matriz de protección social para llegar a los problemas que persisten. Miranda fue enfático al señalar que Uruguay está viviendo una situación de violencia que es altamente preocupante. Todos los actores institucionales, sociales y mediáticos deben encararla seriamente, dijo, sin banalizar ni naturalizar la violencia. Seguimos teniendo una fractura social, afirmó. “No hemos logrado quebrarla y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno”.

Vale seguir indignándose ante las desigualdades y comprometerse  con su erradicación.

Publicado en Crónicas

 

LOS PLANES DESESTABILIZADORES por Ignacio Martínez

La campaña electoral ya está en curso, aunque se va a desatar en todo su fragor luego del Mundial de futbol.

Mientras tanto, la oposición centra sus baterías en crear la idea del caos, de que nunca estuvimos peor que ahora. La inseguridad es uno de los temas reiterados, buscando crear la impresión de que nunca hubo más asesinatos, ni más femicidios, ni más robos que hoy.

Los ideólogos del derrumbe del país no quieren que nos acordemos de las superbandas, ni de que en sus gobiernos jamás hubo protección para la mujer y los niños, ni que nadie ayudó a las víctimas de asesinatos.

Cuando sucede un terrible drama salen con todas sus bocinas. Cuando la policía resuelve delitos de manera vertiginosa se hacen los distraídos. Jamás reconocerán que la policía está mejor, como nunca antes. Desacreditar a la policía, al Ministerio del Interior y al Gobierno está por encima de todas las cosas; y eso hacen.

La Educación será el otro tema para desprestigiar al Gobierno. La universalización de la educación no les interesa. Ningún ejemplo de los cientos que podemos dar de procesos de avances; no les interesa. Se disponen a atacar a la Escuela Pública dejando la idea de que las opciones educativas privadas y religiosas son la mejor educación.

La Salud será otro caballito de batalla donde no cuenta que hayamos alcanzado la universalización de la asistencia. Les molesta que mucha gente humilde pueda andar por los pasillos de las mutualistas otrora reservadas sólo a la clase media, media alta y alta.

Otros elementos estarán en las agendas para desprestigiar al gobierno. El agro en general será objeto de un guadañazo para enunciar que todo anda mal y que los pobres terratenientes están sufriendo de crisis insalvables.

¡Hasta el Ministerio de Turismo será objeto de difamación! Dirán que las cifras enunciadas no son tales, que no hubo tal crecimiento del turismo en el país. No pueden aceptar la honestidad de la ministra cuando reconoce que vinieron muchos más turistas aunque gastaron menos.

Van a seguir atacando el creamiento que han tenido nuestros sindicatos, viendo como mala cosa que el gobierno atienda las demandas de los trabajadores y siempre se esté afín al diálogo con todos los sectores sociales.

Las redes serán uno de los tantos ámbitos de bolazos, infamias y mentiras como una reciente que asegura que la Intendencia de Montevideo ha formado una policlínica sólo para negros. Y esto lo afirmó gente de derecha y gente que se dice de izquierda.

El plan es desestabilizar, desacreditar, dar como falsas las verdades y como verdades las mentiras ¿Todo para qué? Para hablar de la importancia de que esto tiene que cambiar, al peor estilo macrista, siguiendo la idea de que en toda Latinoamérica se está produciendo un cambio.

Seguirán entrometiéndose en las cuestiones internas de Venezuela. Seguirán difamando a Bolivia y a Cuba. De la dictadura hondureña, nada. Del golpe constitucional de Brasil, nada. De las arremetidas brutales contra los intereses populares en Argentina, nada. De las matanzas en México, nada.

Vamos a oír muy claro que esto tiene que cambiar porque necesitan instaurar en Uruguay el retorno de las viejas recetas pro imperiales que idolatran el sistema de vida americano, donde la ultraderecha, entre otras cosas, dice que la mejor manera de combatir la violencia en los colegios es que los docentes porten armas ¡Tomá pa´vos!

De muchos de nosotros lo que sí van a oír es que esto tiene que profundizarse. La alternativa es avanzar en más y mejor seguridad, más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejores condiciones salariales, culturales, laborales y de inversión en beneficio de las mayorías nacionales, especialmente los más desfavorecidos.

Lo que van a escuchar es profundizar la transparencia en los procedimientos, en la gestión, en el combate a la corrupción y a los corruptos y a los defensores del nepotismo.

Lo que van a escuchar de muchos de nosotros es avanzar en más y mejor distribución de la riqueza que genera la inmensa mayoría de las mujeres y los hombres que trabajan, en reducir los beneficios de la caja militar como una de las vías de achicar los costos del Estado, en reducir personal innecesario, en abrir más y mejores plazas de trabajo.

El debate está abierto. Los programas estarán en el tapete aunque muchas veces no se diferencian demasiado unos de otros. Lo más importante es fijar las políticas sociales, económicas, educativas y culturales dando una implacable lucha ideológica entre los que queremos seguir construyendo este país en beneficio de todos y los que lo quieren reducir al beneficio de minúsculos grupos de poder que, sin embargo, aún en estos gobiernos de izquierda han mantenido mucho de sus privilegios (léase la banca, los sectores exportadores, las zonas francas, entre otros).

Esto recién empieza. Tenemos todo para seguir avanzando. En esta lucha cabemos todos. Quienes pregonan el supuesto cambio en realidad están auspiciando el retroceso.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 1ero de marzo de 2018

#BONOMI por Adriana Cabrera Esteve

Los medios masivos de comunicación, casi siempre oligopólicos, tienen el poder de construir la realidad, afirma Raúl Zaffaroni. Ante la ignorancia de lo que sucede a nuestro alrededor, recurrimos a la prensa, que dedica la mitad de los informativos a contarnos una y otra vez los crímenes más cruentos. Los más aberrantes y los que no son tanto. También recurrimos a las redes, que la mayoría de las veces también repican los artículos, los comentarios -muchas veces con mayor banalidad- de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, además, están el cine, las series, los juegos, todos a cual más violento. Hace un tiempo estuvo de moda Dexter, la historia de un psicópata “bueno” que sólo mataba a los malos con la misma perversidad o, mejor dicho, la inconsciencia de toda maldad, de cualquier psicópata. Pero, a su vez, si alguien no tenía suficiente imaginación sobre cómo actuar en esos casos, Dexter le ofrecía el know-how. Después de Dexter, todos podían asesinar “limpiamente”. El silencio de los inocentes y luego Hannibal asustaron a una generación; ahora hay cientos de productos audiovisuales del mismo tono, sólo que ya no corre más aquello de “Sólo en cines”. Esos manuales de criminalidad se pueden ver en un smartphone, en la tablet, la computadora o la tele.

Los invito a leer Gomorra, de Roberto Saviano. Lo leí hace unos años y me sorprendió reconocer la forma en que la mimesis retroalimentaba conductas. Los mafiosos se vestían como Uma Thurman en Kill Bill, relata Saviano, o usaban su modelo de auto, y probablemente, más de uno asesinara como ella. O sea, mientras que Quentin Tarantino trataba de representar a la mafia, la mafia representaba a Tarantino. Ya no es necesario que Dan Mitrione enseñe cómo torturar; basta con jugar Mortal Kombat y hacer clic en “descuartizar”.

Hace poco, presenté en el Taller Aquelarre la muestra fotográfica Amandla Awethusobre la vida en Marikana a dos años de la masacre de los mineros. Acompañamos la muestra con una película documental, Miners Shot Down, de Rehad Desai. La película incluye escenas reales de la masacre registradas por las cámaras de seguridad de la empresa minera y los propios registros del Ministerio del Interior Sudafricano. Las personas presentes preguntaban si se trataba de una reconstrucción de los asesinatos; costaba verlas como muertes reales tan igualitas a las de la televisión.

Y nos seguimos preguntando cómo puede ser que cosas tan sangrientas sucedan. Cómo puede ser que la realidad y su representación se mezclen en forma tan confusa y que parezca natural lo aberrante.

La antropóloga Rita Segato sostiene que existe una pedagogía de la crueldad en los medios. Compara su actitud ante los suicidios a los que se les baja el perfil -o, directamente, se omite la noticia porque se piensa que tiene un efecto de contagio- con la forma en que se abordan los crímenes, para los que no sólo se abunda en espectacularidad, sino que se repite la información. En un mundo globalizado, y gracias a la concentración de la propiedad de los medios, la percepción de la violencia también se globaliza y retroalimenta lo que Zaffaroni llama el “genocidio por goteo”, en el que los excluidos se matan unos a otros. De esta forma, afirma, nos hacen creer que la norma es la violencia. Y si no es la norma, como sucede en nuestro país, se muestra como si lo fuera, porque los Estados que no pueden garantizar la seguridad “son Estados debilitados, vulnerables, que tienen dificultades para oponer condiciones de negociación favorables a los intereses nacionales” (ver nota de Zaffaroni en Dínamo del 12/9/16). El “Renunciá Bonomi” es quizá la manifestación más clara de la estrategia de la derecha. Basta ir al Twitter y buscar #Bonomi.

La construcción de desconfianza en las instituciones y entre nosotros también confluye en esa estrategia tendiente a debilitar las democracias. El informe sobre “Los cambios de valores en la sociedad uruguaya: confianza, tolerancia, pobreza, autoridad y género”, presentado este año por la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Católica del Uruguay, muestra que el porcentaje de uruguayos que dice confiar en los demás tiende a disminuir en cada una de sus mediciones: desde 1996 a 2011 pasó de 22% a 14%. Paradójicamente, o no, acá vale visualizar el papel de algunos medios de comunicación que han logrado asemejar, en el imaginario colectivo, nuestra realidad a la de México, donde la confianza en los demás pasó de 31% a 12% en el mismo período. Sólo que México es la principal vía del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y tiene cerca de 30.000 desaparecidos en manos del narcotráfico.

En lo que respecta a la confianza en las instituciones, también se observa una disminución; según la misma fuente, 56% de los entrevistados tiene mucha o algo de confianza en la Policía, 59% en el gobierno, 50% en el Poder Judicial, 39% en el Parlamento. En lo que respecta a las instituciones de la sociedad civil, sólo 30% siente mucha o algo de confianza en los sindicatos y 32% en los partidos políticos. Mejora la confianza cuando se trata de las organizaciones de género, que tienen 66%, y las ambientalistas, con 67%. De seguir aumentando la desconfianza en las instituciones y en las organizaciones de la sociedad civil, se puede configurar un problema para la estabilidad democrática. Así sucedió en Brasil y Paraguay, por ejemplo.

Más allá de la credibilidad de la encuesta, recordemos que las encuestas también se equivocan y construyen opinión; las cifras de criminalidad en Uruguay muestran una realidad diferente, y así debiera ser percibida por la población si los relatos no fueran tan dispares. El Reporte 2015 de la OPP da cuenta del creciente sentimiento de inseguridad, aunque reafirma su perspectiva en cuanto a que la causalidad de la violencia y la criminalidad se ubican en problemas sociales de corte estructural, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Aunque señala la coexistencia con un enfoque en el que la criminalidad es un problema en sí mismo. Mientras que en 2003 sólo 1,4% de los uruguayos consultados manifestaba preocupación por la seguridad; en 2013 este valor aumentó a 36% de los entrevistados. El cambio de preocupación puede deberse a que problemas como el empleo, acuciantes en 2003, se fueron resolviendo. El informe mostraba también para el mismo período un leve aumento de las denuncias por homicidios, la disminución de las denuncias por hurtos y por copamientos, y un aumento de las rapiñas. Durante la interpelación al ministro del Interior, la semana pasada, se anunció para este año una disminución también en la cantidad de rapiñas y homicidios.

Sin minimizar la problemática, cabe preguntarse, entonces, si entre las medidas de gobierno prioritarias a la hora de intentar fortalecer la confianza en las instituciones democráticas, y en nuestra capacidad de actuar con otros, no deberían estar la implementación de políticas de comunicación audiovisual que en lugar de construir o redimensionar la realidad en la que vivimos la represente más fielmente, y la implementación de mecanismos independientes que le den a la ciudadanía garantías de mayor pluralidad, tal como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Publicado en La Diaria el 1 de noviembre de 2016

¿DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO? por Pablo Anzalone

 

La problemática de la seguridad está dando pie para un endurecimiento del enfrentamiento entre la oposición y el gobierno. La táctica de los partidos tradicionales es elevar el nivel de confrontación pero sigue siendo muy pobre en análisis y en propuestas. Un debate de estas características no solo tiene efectos políticos sino también sociales y culturales.

Hay un doble reduccionismo en la prédica de la derecha: en el diagnóstico y en la terapéutica. Una y otra vez limitan la problemática de la violencia a las rapiñas, ignorando deliberadamente las distintas dimensiones que tiene en la sociedad actual. Al mismo tiempo sus propuestas son paupérrimas: la renuncia de Bonomi, mayor represión policial y aumento de las penas. Para ellos la renuncia de Bonomi es un acto de magia que mejorará la seguridad. La mayor represión policial y el aumento de penas es la misma fórmula repetida y fracasada desde la salida de la dictadura hasta ahora.

Esta concepción no solo invisibiliza las otras formas de violencia interpersonal, sino que promueve una única respuesta institucional: el encarcelamiento. Aunque incluso Comisionados Parlamentarios pertenecientes a los partidos tradicionales han hecho críticas y propuestas que van en otra dirección, el discurso hegemónico es siempre el mismo.

Me gustó una frase de Jorge Vázquez y la repito siempre que puedo: “tener más de 10 mil presos puede considerarse un éxito para la policía pero es un fracaso para el país”. Agregaría además que esa cantidad enorme de presos (2dos en el continente) no ha generado más seguridad, porque la cárcel no disuade, ni reeduca, ni reinserta, sino que muchas veces crea o agrava las “carreras delictivas”. Sin desconocer ni desvalorizar los esfuerzos puntuales de modelos carcelarios diferentes que se han desarrollado en este período, cabe concluir que un sistema punitivo que tiene a la cárcel como única forma de castigo, incrementará los niveles de violencia sin resultados positivos para la convivencia.

Se ha querido crear la imagen de que el único peligro que existe son los chorros, los rapiñeros contra quienes no se aplica suficiente mano dura.¡Resistir las rapiñas! Vociferan irresponsablemente. Incentivar el miedo, direccionarlo y manipularlo son estrategias deliberadas para producir efectos políticos y culturales.

Si fuera necesario un nuevo hecho para recordarnos las distintas formas de violencia existentes, bastaría mencionar la muerte de Nicolás Cuña un joven de 19 años en una trifulca próxima a un boliche el pasado fin de semana. O citar las miles de ocasiones en que mujeres son agredidas violentamente, por su pareja o ex pareja (hubo más de 30 mil denuncias por esta causa en 2015). O denunciar que más de 1900 niños debieron ser atendidos por sufrir violencia en 2015 (400 de ellos por abuso sexual). La violencia en centros educativos se reitera demasiado seguido. Las muertes por suicidio y por accidentes de tránsito duplican largamente la cantidad de homicidios.

Toda esta problemática (y no solo una pequeña parte de ella) afecta a la seguridad ciudadana y deteriora la convivencia, concebidas ambas como derechos humanos. Pero no es un escenario con un enemigo simple, caricaturizable, estigmatizable, sino que son diversos dispositivos de opresión y violencia, que requieren desmontarlos mediante una lucha integral, cultural, social e institucional.

Esas luchas hacen a la calidad de la democracia. Más que dejar que se conviertan en banderas de la derecha, actuando a la defensiva, concediendo a sus griteríos, una actitud democrática firme tiene que jerarquizar el tema, dar los debates en el plano ideológico pero también producir estrategias y tácticas concretas que muestren otra concepción de la convivencia y la seguridad. Las penas alternativas a la prisión, las formas de justicia restaurativa, y los mecanismos para apoyar y reparar a las víctimas deben forman parte este debate.

Hoy estamos pagando el precio de haber reducido el debate sobre seguridad a los partidos. Tal vez pueda considerarse una medida que desde el gobierno quite argumentos a la derecha porque le abre ámbitos y la obliga a formular propuestas. Sin embargo esa búsqueda de consensos significó que el Frente Amplio no desarrolló una campaña polemizando seriamente con las concepciones de la derecha en esta materia. Se perdió la principal enseñanza del “No a la baja”: hay que dar los debates ideológicos o la hegemonía será siempre reaccionaria. Es así que las propuestas de la derecha y sus enfoques tiñeron la agenda del diálogo multipartidario. ¿Seguir incrementando penas para el microtráfico? ¿Crear otro organismo paralelo a la Junta Nacional de Drogas?

La  actitud de los partidos de derecha demuestra que lejos de estar satisfechos, sin forma alguna de lealtad institucional, suben constantemente la apuesta.

Dejar afuera de este diálogo a las organizaciones sociales y culturales ha sido un error. El reciente Debate Nacional de Seguridad y Convivencia convocado desde las fuerzas sociales fue mucho más rico en sus reflexiones y propuestas.

ARTICULO PUBLICADO EN SEMANARIO VOCES    13 octubre 2016