FEMINISMOS Y LUCHAS DEMOCRÁTICAS por Pablo Anzalone*

 

 

Las luchas por los derechos de las mujeres están hoy en el centro de la escena política. Por la gravedad de los hechos de violencia en su contra pero, sobre todo, porque dejaron de aceptarlos en silencio y levantaron su indignación. A raíz de esas movilizaciones de las mujeres, una parte mayor  de la sociedad comenzó a cuestionar-se ese status-quo de violencia y discriminación de género.

Este 8 de marzo la movilización nacional e internacional es un hito y puede llegar a ser el comienzo de una nueva etapa. El paro internacional de mujeres es una medida de movilización nueva que recoge una forma de lucha realizada por los trabajadores hace más de 130 años y la resignifica en múltiples formas de participación. Esta expresión de fuerzas recoloca la agenda feminista y en especial la violencia de género y el trabajo doméstico invisibilizado.

 Odios patriarcales y reaccionarios

Por otro lado, asistimos a furibundos  ataques de jerarquías evangélicas y católicas a lo que llaman la “ideología de género”. La vieja maquinaria de la reacción vuelve a apelar a los peores valores  para resistir  los planteos feministas. Las ofensivas de la derecha en América Latina y en el mundo están creando un escenario nuevo. El impeachment a Dilma Roussef  fue un ejemplo de virulencia de los valores reaccionarios, patriarcales y de odio hacia el progresismo y la izquierda . El reciente triunfo de Trump muestra la fuerza del discurso misógino, racista y xenófobo.

Los debates también llegan a los “progresismos”. Todavía se escuchan voces que critican a las organizaciones feministas, étnicas o de la diversidad sexual por priorizar las identidades particulares sobre las luchas generales de la sociedad. Evidencian así un desconocimiento de las corrientes predominantes en estos movimientos, pero también una visión muy limitada de la política.

Hay preguntas y debates pertinentes en este plano. ¿Cuáles han sido las formas de democratización de la política y la sociedad promovidas desde los movimientos feministas y de la diversidad sexual en este período en Uruguay? ¿En qué medida han logrado incidir en las políticas públicas, en la agenda de derechos, en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, en la calidad de la  democracia? ¿Cuáles son los factores que pueden abrir nuevas posibilidades democratizadoras de transformación social  y cuáles pueden generar debilidades y retrocesos en el próximo período?

Los movimientos feministas han recorrido caminos heterogéneos, diversos y contradictorios en una realidad compleja de América Latina (García y Valdivieso 2005). Tanto el movimiento feminista como el de la Diversidad Sexual tuvieron debates importantes sobre la estrategia a seguir. Algunos de ellos acompañaron polémicas internacionales y otros a las luchas de una formación social como la uruguaya.

Identidades y derechos democráticos

Uno de estos debates es la forma como las reivindicaciones de género u orientación sexual pasan a ser banderas democráticas generales. Esa tensión entre la reafirmación de las identidades (y por lo tanto de las diferencias) y los derechos democráticos, patrimonio de todos, acompañó muchos momentos de esta larga lucha. Para muchos movimientos feministas la movilización por los derechos de las mujeres no puede concebirse aislada de las luchas contra las exclusiones y desigualdades de todo tipo y contra las lógicas autoritarias de la sociedad y el Estado.

La estrategia identitaria afirma Diego Sempol (2013) llevó en otros países a “esencializar las identidades” y despolitizar las diferencias al considerarlas naturales y no efectos de un discurso de poder determinado.

La inclusión de los feminismos y las identidades LGTB en una agenda más amplia que incorpora luchas étnicas, culturales y sociales tuvo consecuencias en el plano de las reivindicaciones, del discurso vertebrador y de la organización. Esta forma de evitar el aislamiento y ampliar la base de movilización social  permitió articular las agendas, priorizar temas en conjunto e ir creando un bloque social que está dando una batalla por la hegemonía ideológica.

Si bien los avances no se limitan a normas legales, basta ver el informe acerca de la aplicación en Uruguay de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el período 2009-2016 para valorar la vitalidad de estas luchas:

  1. a) En 2008 se aprobó la ley 18.426 sobre derecho a la salud sexual y reproductiva que motivó el veto presidencial a la despenalización del aborto y recién fue reglamentada en 2010. La interrupción voluntaria del embarazo finalmente se aprobará por la ley 18.987 en 2012.
  2. b) En 2009 se aprobaron las leyes 18.620 sobre derecho a identidad de género, cambio de nombre y sexo en documentos, 18.561 de prevención del acoso sexual y 18.590 sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo.
  3. c) En 2010 la ley 18.651 sobre protección integral a la discapacidad y en 2011 la ley 18.868 que prohibe la exigencia de test negativo de embarazo para relaciones laborales.
  4. d) En 2013 se votaron las leyes 19.122 contra la discriminación hacia afrodescendientes y por acciones positivas, la 161 sobre licencia maternal, paternal y lactancia.
  5. e) la ley 19.075 autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo o “matrimonio igualitario”.
  6. f) la ley 19.353 de creación del Sistema Nacional de Cuidados.

Casi siempre fue una conjunción de fuerzas sociales y sectores políticos quienes impulsaron estas leyes. Son avances significativos aunque su implementación efectiva sigue enfrentando grandes resistencias. En varios casos constituyen, todavía, respuestas insuficientes a problemas graves.

El cuestionamiento a una inequitativa distribución del trabajo doméstico y los cuidados comienza a ponerse sobre la mesa. El paro de mujeres lo hace.

El reclamo de paridad apunta contra el déficit de representación política de las mujeres que sigue siendo muy alto en nuestro país. Al mismo tiempo la campaña contra la violencia de género crece,   creando la posibilidad de un punto de inflexión donde las concepciones patriarcales y violentas pierdan terreno y su hegemonía sea puesta en cuestión.

También los varones deben ser parte de estas luchas. No solo acompañantes solidarios sino participantes. La concepción patriarcal de masculinidad que pone a los hombres en un rol dominante, que subordina y posterga a las mujeres, que estigmatiza las orientaciones no heterosexuales, también afecta en forma muy negativa la salud y la vida de los varones. Las cifras de muertes por suicidios, accidentes, homicidios y enfermedades crónicas son mucho mayores entre ellos y la asociación con el género es significativa.

 Debates ideológicos

A pesar de los avances de la última década, en nuestras sociedades siguen existiendo graves desigualdades por razones de género, generaciones, orientación sexual, territorio, raza y clase. Son los principales problemas del país y de la región.

La desideologización de la política ha crecido en el capitalismo tardío. La cooptación de la política por el Estado ha tenido consecuencias importantes. Minimiza el rol de las fuerzas sociales, deja de lado los elementos ideológicos que sustentan cada acción institucional o social, otorga más fuerza a las tendencias inerciales del sistema político y social, al carácter amortiguador de la sociedad   presentado como realismo político.

Los procesos históricos del movimiento feminista han dado como resultado,   “un amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacético, y polifónico campo” que se extiende más allá de las organizaciones o grupos propios del movimiento”, señala Sonia Alvarez (1998).

Estos  movimientos han dado debates culturales que problematizan los significados establecidos por las relaciones de poder dominantes. También las banderas del ecologismo han sido tomadas por corrientes ecofeministas. Ambas corrientes proponen  una concepción del mundo menos jerarquizada, con profundos cambios en la cotidianeidad, sin el sentido de acumulación alienada de más objetos de consumo (Puleo 2011).

Por otro lado existen debates dentro del feminismo  sobre la convergencia entre el capitalismo neoliberal y algunas formas de feminismo liberal.  En relación con los cuatro cuestionamientos principales de la segunda ola feminista hay una “resignificación” dice Nancy Fraser. La crítica al economicismo que ocultaba otras formas de opresión derivó en un énfasis en la cultura y la identidad sin referencias anticapitalistas. El cuestionamiento al androcentrismo basado en una injusta división sexual del trabajo fue incorporado por el sistema capitalista y el trabajo remunerado de las mujeres contribuyó a una estructura de hogares con dos proveedores que no contradecía la flexibilización y abaratamiento de la mano de obra propios del neoliberalismo. Los argumentos feministas contra el estatismo fueron reinterpretados dentro de los cuestionamientos neoliberales contra el Estado y vinculados a la promoción de las ONG.  El internacionalismo propugnado por las feministas pudo ser asociado con las políticas de gobernanza planetaria de esta época del capitalismo.

Si miramos para América Latina estos procesos no fueron homogéneos y las corrientes liberales no hegemonizaron. Las movilizaciones de hoy lo demuestran.

Actores para el cambio

Es necesario un análisis crítico y autocrítico del accionar de tres actores en el siglo XXI: gobiernos, fuerzas políticas y movimientos sociales. El triunfo de la derecha en Argentina, Brasil y Venezuela es demasiado fuerte para minimizar los errores de la izquierda y los movimientos populares.

Si el modelo de “hacer política” piensa a la gente como espectadora, podrá ser crítica o conformista con relación al gobierno, pero no construirá relaciones de fuerza sólidas. Si esas batallas culturales  empiezan a perderse, vamos en camino hacia la derrota política.

 Las luchas contra las concepciones patriarcales, la violencia hacia niños y mujeres, la discriminación hacia orientaciones sexuales y etnias diferentes, la destrucción del medio ambiente, las políticas autoritarias sobre drogas y seguridad, son parte fundamental de las contradicciones actuales. Se articulan con la lucha de clases. Estas luchas se enlazan en una perspectiva de democratización  profunda de la sociedad y el Estado, que es un instrumento y un fin en sí mismo. Hace a la concepción de una sociedad diferente y a la vez es una respuesta a los problemas inmediatos de la población para ejercer sus derechos.

Esa participación es acción social y cultural sobre los problemas existentes, y un camino  donde los movimientos feministas son protagonistas.

-Alvarez, S. E.1998. Feminismos Latinoamericanos. Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 265, jan. 1998. ISSN 0104-026X. Disponíble en: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/12008>.  
García,C.T. Y Valdivieso,M., 2005, Una aproximación al Movimiento de Mujeres en América Latina. De los grupos de autoconsciencia a las redes nacionales y trasnacionales. OSAL 41.Año VI N° 18 set-dic 2005.
Sempol, D. 2013. De los baños a las calles. Historia del movimiento lésbico,gay, trans uruguayo 1984-2013. Random House Mondadori. Ed.Sudamericana. Uruguay
-Puleo, A. 2011. Ecofeminismo para otro mundo posible. Editorial Cátedra. Colección Feminismos. Madrid

*Artículo publicado en DINAMO N.º 11.  9 de marzo de 2017

Disponible en http://www.ladiaria.com.uy

¿DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO? por Pablo Anzalone

 

La problemática de la seguridad está dando pie para un endurecimiento del enfrentamiento entre la oposición y el gobierno. La táctica de los partidos tradicionales es elevar el nivel de confrontación pero sigue siendo muy pobre en análisis y en propuestas. Un debate de estas características no solo tiene efectos políticos sino también sociales y culturales.

Hay un doble reduccionismo en la prédica de la derecha: en el diagnóstico y en la terapéutica. Una y otra vez limitan la problemática de la violencia a las rapiñas, ignorando deliberadamente las distintas dimensiones que tiene en la sociedad actual. Al mismo tiempo sus propuestas son paupérrimas: la renuncia de Bonomi, mayor represión policial y aumento de las penas. Para ellos la renuncia de Bonomi es un acto de magia que mejorará la seguridad. La mayor represión policial y el aumento de penas es la misma fórmula repetida y fracasada desde la salida de la dictadura hasta ahora.

Esta concepción no solo invisibiliza las otras formas de violencia interpersonal, sino que promueve una única respuesta institucional: el encarcelamiento. Aunque incluso Comisionados Parlamentarios pertenecientes a los partidos tradicionales han hecho críticas y propuestas que van en otra dirección, el discurso hegemónico es siempre el mismo.

Me gustó una frase de Jorge Vázquez y la repito siempre que puedo: “tener más de 10 mil presos puede considerarse un éxito para la policía pero es un fracaso para el país”. Agregaría además que esa cantidad enorme de presos (2dos en el continente) no ha generado más seguridad, porque la cárcel no disuade, ni reeduca, ni reinserta, sino que muchas veces crea o agrava las “carreras delictivas”. Sin desconocer ni desvalorizar los esfuerzos puntuales de modelos carcelarios diferentes que se han desarrollado en este período, cabe concluir que un sistema punitivo que tiene a la cárcel como única forma de castigo, incrementará los niveles de violencia sin resultados positivos para la convivencia.

Se ha querido crear la imagen de que el único peligro que existe son los chorros, los rapiñeros contra quienes no se aplica suficiente mano dura.¡Resistir las rapiñas! Vociferan irresponsablemente. Incentivar el miedo, direccionarlo y manipularlo son estrategias deliberadas para producir efectos políticos y culturales.

Si fuera necesario un nuevo hecho para recordarnos las distintas formas de violencia existentes, bastaría mencionar la muerte de Nicolás Cuña un joven de 19 años en una trifulca próxima a un boliche el pasado fin de semana. O citar las miles de ocasiones en que mujeres son agredidas violentamente, por su pareja o ex pareja (hubo más de 30 mil denuncias por esta causa en 2015). O denunciar que más de 1900 niños debieron ser atendidos por sufrir violencia en 2015 (400 de ellos por abuso sexual). La violencia en centros educativos se reitera demasiado seguido. Las muertes por suicidio y por accidentes de tránsito duplican largamente la cantidad de homicidios.

Toda esta problemática (y no solo una pequeña parte de ella) afecta a la seguridad ciudadana y deteriora la convivencia, concebidas ambas como derechos humanos. Pero no es un escenario con un enemigo simple, caricaturizable, estigmatizable, sino que son diversos dispositivos de opresión y violencia, que requieren desmontarlos mediante una lucha integral, cultural, social e institucional.

Esas luchas hacen a la calidad de la democracia. Más que dejar que se conviertan en banderas de la derecha, actuando a la defensiva, concediendo a sus griteríos, una actitud democrática firme tiene que jerarquizar el tema, dar los debates en el plano ideológico pero también producir estrategias y tácticas concretas que muestren otra concepción de la convivencia y la seguridad. Las penas alternativas a la prisión, las formas de justicia restaurativa, y los mecanismos para apoyar y reparar a las víctimas deben forman parte este debate.

Hoy estamos pagando el precio de haber reducido el debate sobre seguridad a los partidos. Tal vez pueda considerarse una medida que desde el gobierno quite argumentos a la derecha porque le abre ámbitos y la obliga a formular propuestas. Sin embargo esa búsqueda de consensos significó que el Frente Amplio no desarrolló una campaña polemizando seriamente con las concepciones de la derecha en esta materia. Se perdió la principal enseñanza del “No a la baja”: hay que dar los debates ideológicos o la hegemonía será siempre reaccionaria. Es así que las propuestas de la derecha y sus enfoques tiñeron la agenda del diálogo multipartidario. ¿Seguir incrementando penas para el microtráfico? ¿Crear otro organismo paralelo a la Junta Nacional de Drogas?

La  actitud de los partidos de derecha demuestra que lejos de estar satisfechos, sin forma alguna de lealtad institucional, suben constantemente la apuesta.

Dejar afuera de este diálogo a las organizaciones sociales y culturales ha sido un error. El reciente Debate Nacional de Seguridad y Convivencia convocado desde las fuerzas sociales fue mucho más rico en sus reflexiones y propuestas.

ARTICULO PUBLICADO EN SEMANARIO VOCES    13 octubre 2016

TODO LO QUE HAY DETRÁS por Pablo Anzalone

El asesinato de Heriberto Prati despertó una gran indignación en vecinos de Carrasco, expresada en un caceroleo con mucha cobertura mediática. Inmediatamente el senador  Bordaberry promovió la interpelación al ministro Bonomi y subió la apuesta junto con Alianza Nacional proponiendo la censura y la puesta en marcha del mecanismo que prevee la disolución de las cámaras y una nueva elección parlamentaria. Esta medida fue rechazada por Javier Miranda y la bancada frenteamplista  por interpretarla como un atajo generador de inestabilidad y convocaron a una reflexión serena al respecto.

Más allá de las características del episodio (http://www.180.com.uy/articulo/64593_vos-no-te-animas-a-dispararme-a-mi-sos-muy-cagon) , de la conveniencia o no de resistir las rapiñas (http://www.elobservador.com.uy/el-crimen-carrasco-norte-y-un-argumento-antipático-n979582 ) y de las reflexiones que desde las redes señalaban la desigual sensibilidad frente a otros asesinatos en barrios populares o el tono clasista de la pretensión de “fichar” a todos los habitantes de un asentamiento cercano, dos grandes temas quedaron fuertemente instalados en el debate nacional. Uno es la cuestión de la seguridad pública y el otro las intenciones de una parte de la oposición de generar un quiebre político del proceso democrático normal.

El entusiasmo de la oposición ante la movilización de los vecinos de Carrasco, le dio ánimos de radicalización a una confrontación con el gobierno que ya tiene muchas señales políticas. Los intentos, hasta ahora fallidos, de generar una protesta de masas liderada por la derecha, le darían otro sustento a los anuncios de “gobierno en retirada”. Aunque no tengan los votos la pretensión de disolver las cámaras eleva el listón para la derecha, plantea un objetivo ambicioso y constituye un mensaje claro de desestabilización y quiebre antes de 2019.

Visto que las características de la lucha política en Uruguay no dan para tanto en la actualidad, uno no puede dejar de asociar las aspiraciones de la oposición con los procesos brasileños, venezolanos y paraguayos. La derecha uruguaya tiene una fuerte vocación internacionalista y múltiples vínculos con sus pares ideológicos de la región. Los triunfos de estos les parecen un augurio de los propios. Si aquellos pudieron derrotar a la izquierda sin necesidad de dictaduras, usando los múltiples mecanismos de poder que siguen teniendo, ¿porqué no aquí? Tal vez la seguridad y la corrupción, transformadas en discursos grandilocuentes, sean la llave para recuperar el gobierno. Por eso, tomar la iniciativa política y radicalizar la confrontación parece ser un negocio redituable para ellos que galvaniza la opinión pública de derecha y deja al gobierno y al Frente Amplio a la defensiva. Corren, sin embargo, dos riesgos no menores: quedar lejos de la sensibilidad popular más amplia, dando una imagen desaforada, y por otro lado provocar una reacción del Frente Amplio que vaya más allá de una declaración y reactive una movilización política hoy muy alicaída.

Las buenas intenciones en relación con el resto del sistema político y la ausencia de un debate ideológico claro contra la derecha, no le han dado buenos resultados al Frente Amplio. Y la declaración reciente sigue en esa línea.

En el tema de la seguridad reducir el diálogo a los partidos, sin poner las tintas en las discrepancias y dejando afuera a todo el mundo social y cultural achicó el escenario y las propuestas. Las señales y los contenidos estuvieron teñidos de las propuestas de la derecha. Se dejó de lado lo que construyó y acumuló la campaña por el “No a la Baja” y la estrategia, más rica, sobre la vida y la convivencia que planteó Mujica el 19 de junio de 2012.

La realización del Debate Nacional de Seguridad y Convivencia promovido desde las organizaciones sociales y  DINAMO número 5 (http://ladiaria.com.uy/seccion/dinamo/) , aportan a un enfoque mucho más amplio, que no minimiza el tema sino que lo sitúa en otras claves.

Para empezar hay que  reconocer que la violencia tiene distintos ámbitos y formas.  Se trata de encararla integralmente, sin recetas simplistas que terminan agravándola. La relación de muertes violentas arroja cifras muy significativas donde los suicidios llegan a 18 c/100 mil habitantes, las muertes en tránsito 14,6 (bajaron 2 años seguidos) y los homicidios están en 7,8.

La violencia doméstica, que es de género y generaciones, vinculada al patriarcado y su cultura, ocupa un capítulo importante. Los artículos de Lucía Vernazza y Adriana Cabrera en Dínamo denuncian que  hubo 32 niños y adolescentes y 26 mujeres asesinados en 2015. Mientras que en 2005 hubo 5.612 denuncias por violencia doméstica, en 2015 se llegó a 31.184. Un promedio de 85 denuncias por día. El año pasado 1908 niños fueron  atendidos por situaciones de violencia (400 por abuso sexual). Los episodios de violencia en centros educativos han sido notorios en los últimos tiempos. Al mismo tiempo una investigación reciente de Unicef y Mides constató que 54 % de los niños uruguayos fue sometido a un método violento de disciplina en el mes anterior.

¿Cómo no vincular esa violencia reiterada con conductas y dispositivos de desarticulación social?

Hay que recordar también las altas tasas de suicidios en adolescentes (once cada 100 mil) y otra cifra impactante: 10%  de los adolescentes intentó autoeliminarse. Sí, diez cada 100 adolescentes. No son hechos inevitables, ha habido valiosas experiencias de prevención en los barrios como la de Último Recurso en la zona del Cerro (en convenio con la IM que lamentablemente no se continuó).

La violencia en el deporte sigue siendo un fenómeno de gran impacto social donde están implicados grupos de poder de los clubes. Mientras se hace difícil lograr un festejo futbolero sin episodios de violencia acabamos de tener una Marcha de la Diversidad con 65 mil participantes signada por la alegría y fraternidad.

Campañas actuales como “Un trato por un buen trato” o  “Noviazgos sin violencia”, o la jornada de reflexión sobre violencia en los liceos, son estrategias que apuntan a un aspecto fundamental, los vínculos y la cultura.

Las Mesas de Seguridad y Convivencia encararon la dimensión territorial, de donde debía surgir el diagnóstico, los planes locales y su construcción con la participación de diversos actores de cada zona. Hay que aprender de esas experiencias, de sus avances y de sus debilidades.

Poner el acento en el apoyo y la solidaridad con las víctimas por parte del Estado y de toda la sociedad es un giro grande respecto a las lógicas que solo reclaman castigos.

Al contrario de las declaraciones estridentes de la derecha contra la impunidad de los delitos, el accionar policial y judicial y los sucesivos incrementos de penas han llenado el país de presos. Somos uno de los países con más presos por habitante (segundos en la región, muy por encima de Argentina o Brasil). Pero como decía Milton Romani refiriéndose a la estrategia de “Guerra contra las drogas” incrementar la violencia lo que logra es precisamente incrementar la violencia.

El aumento exorbitante de la cantidad de presos (casi 11 mil) no generó mayor seguridad, sino por el contrario ha sido un factor agravante.Todo el sistema punitivo requiere una discusión profunda partiendo del fracaso de la cárcel como único mecanismo de castigo a la infracción penal. Ni como disuasión ni como rehabilitación ha demostrado ser eficaz. Otras concepciones como las penas alternativas a la prisión o las formas de justicia restaurativa, merecen una consideración mayor en este debate.

No es cediendo ante el griterío y las maniobras políticas de la derecha que nuestro país podrá dar respuestas mejores a esta problemática compleja.

ARTICULO PUBLICADO EN  LA DIARIA   10 octubre 2016

UN DEBATE CULTURAL QUE NOS HACE FALTA por Pablo Anzalone

Reglamentación sindical es mala palabra en nuestro país,  forma parte de los sueños reaccionarios fracasados, de las distopías (una palabra de moda lamentablemente) de  quienes no quieren ningún gremio y mucho menos un sindicalismo clasista e independiente de patrones y de gobiernos. Independiente pero no indiferente, como ha reiterado el PitCnt.

Si el argumento es asegurar servicios imprescindibles para la población cuya interrupción prolongada puede generar riesgos para la vida o la salud, está muy claro que la normativa actual prevee la declaración de esencialidad que ha sido usada (y abusada). Basta recordar la de la enseñanza.

En mi opinión el reciente paro docente por los episodios de violencia  en un liceo plantea un problema muy distinto a la reglamentación. Refiere a una discusión de culturas y estrategias.

En cuanto a estrategias, en un contexto donde hay muchos actores jugando fuerte para aislar a los sindicatos docentes y ponerlos como los malos de la película, parece raro  que éstos no consideren esta situación para definir formas de lucha que los fortalezcan en lugar de seguir debilitándolos. Las críticas de la ministra a los paros y de los gremios a la ministra, y de la oposición política a los gremios y al gobierno, más las ridiculizaciones de algunos periodistas que asignan al paro la intención de agrandar el “feriado largo”, se parecen a un sainete cacofónico, donde no es posible entrar en el tema de fondo. Para algunos el gobierno es un represor como la dictadura y para otros está claudicando ante los gremios.

Pero el paro no es el problema sino la violencia en centros educativos y sobre eso las propuestas han tenido poco destaque mediático.

En materia cultural, cabe señalar que la violencia en los escuelas o liceos no es un fenómeno aislado de otras manifestaciones como la violencia doméstica, la violencia de género y de generaciones. Recordemos la violencia contra las mujeres y los niños cuya expresión más extrema son los feminicidios e infanticidios. Como señalan los artículos de Lucía Vernazza y Adriana Cabrera en Dínamo 5 hubo 32 niños y adolescentes asesinados y 26 mujeres lo fueron en manos de su pareja o expareja, en 2015. Más de 31 mil denuncias por violencia doméstica en ese año y 1908 niños atendidos por situaciones de violencia (400 por abuso sexual) . Pero además un estudio de Unicef y Mides constata que 54 % de los niños uruguayos fue sometido a un método violento de disciplina en el mes anterior a la encuesta. Es claro que sufrir violencia reiteradamente aumenta las probabilidades de desarrollar conductas violentas en esta franja etárea y luego como adultos.Si agregamos las altas tasas de suicidios en adolescentes (11 cada 100 mil) y  la cifra todavía más impactante que 10% de los adolescentes intentó autoeliminarse, veremos otro de los efectos extremos de la violencia.

La violencia en los vínculos empezando desde el hogar forma parte de los grandes debates societarios. Como el que convocó Pepe Mujica el 19 de junio de 2012 hablando de la vida y la convivencia.  Sigo creyendo que fue de las pocas veces que se salió de la defensiva en materia de inseguridad ciudadana, de las recetas autoritarias y estigmatizantes, basadas en el miedo, para plantear un debate de los que importan realmente. Es una lástima que se haya reducido a siete zonas primero y luego desapareciera en este período de gobierno. Porque el problema  continúa.

En este tema de la violencia son necesarias políticas sostenidas  que podrían incluir talleres regulares entre dirección de los centros educativos, docentes, familias,alumnos y actores comunitarios, con recursos, tiempo, equipos interdisciplinarios. La jornada de reflexión convocada por el Consejo de Secundaria puede ser un muy buen inicio. La experiencia de las Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana ha sido buena. ¿Porqué no  contar para esos emprendimientos con los municipios y el entramado social en todo el país ?  En Montevideo los Consejos Vecinales que se eligen el próximo 30 de octubre son actores a incluir.  El sistema educativo no puede verse como un ente aislado. Insistamos en lo que es obvio: las familias y la comunidad son actores educativos. No hablamos de una iniciativa puntual sino una parte de la currícula, donde los participantes aporten sus miradas distintas, al diagnóstico local en primer lugar (las situaciones son diferentes) y a la construcción de políticas y planes locales.

Construir (¿recomponer?) la alianza entre docentes, familias y comunidad me parece un  objetivo fundamental. Los esfuerzos sociales, sindicales, gubernamentales, culturales, territoriales, tienen allí un espacio de articulación necesario.

Artículo publicado en Semanario Voces  28 de setiembre 2016

 

A ELLA LE GUSTA por Adriana Cabrera Esteve

“Cada vez que el tipo llega a la casa, se oyen los golpes a través de las paredes. La oigo rebotar contra las cosas”, me cuenta mi compañera. “¡Denuncialo!”, le digo. “¿Y si se la agarra conmigo o con mis hijos?”, contesta. Reconozco la onda expansiva del miedo, la misma que se extiende en el espacio y en el tiempo y sostiene a las dictaduras primero y a la impunidad después. Un poder que se ejerce contra unos, pero les llega a todos. Por eso, no me sorprende cuando oigo a Boaventura de Sousa Santos hablar del fascismo que viven algunas mujeres al volver a sus casas. Pueden ejercer sus derechos civiles, pueden votar, dice, pero viven bajo el poder patriarcal en sus hogares. No se pueden comparar los dramas, pero las cifras también traen a nuestra mente analogías.

Se cuentan por centenas las muertes en una década. Es un hecho que las mujeres están subrepresentadas en la política uruguaya, algo que interpela nuestro sistema democrático. Pero también la violencia de género debe interpelarlo.

Pensar la calidad de la democracia analizando los datos de violencia de género y generaciones es obligatorio para quienes pensamos que la justicia social no es sólo una cuestión entre los que venden su fuerza de trabajo y los que detentan los medios de producción. Eliminar las desigualdades no supone sólo eliminar las económicas, sino también no considerar como subalterna o de segunda a la mitad femenina de la población y a todo el que no sea blanco ni adulto heterosexual.

La democracia no es un estado, es un proceso. De los actores políticos y sociales depende hacia dónde transitamos. Fue gracias a las organizaciones feministas que en la última década se cuantificaron los feminicidios y el problema comenzó a tener dimensión pública. Hasta entonces, la violencia intrafamiliar estaba naturalizada y el imaginario colectivo estaba plagado de frases como “a ella le gusta”, “algo habrá hecho”, “arrimale la ropa al cuerpo que se le terminan las pavadas”, “que se joda por infeliz”. El problema, siempre de “otras”, pertenecía al ámbito de lo privado. Les sucedía a las infelices, a las ignorantes, a las sumisas y, por tanto, a las despreciables. Las víctimas quedaban así bajo sospecha, revictimizadas, no generaban solidaridades ni políticas de gobierno destinadas a respetar sus derechos humanos.

Fue necesario estudiar los datos para visualizar que la violencia atravesaba a toda la sociedad y que el lugar más inseguro para muchas y muchos era el propio hogar. Sí, muchos, porque nuestra sociedad no sólo es androcéntrica, sino también adultocéntrica. Sobre los niños, las niñas y los adultos mayores suelen también reproducirse prácticas de violencia doméstica naturalizadas en nuestra cultura, entre otras cosas porque suelen ser colectivos sin voz, con nulas o escasas posibilidades de convertirse en grupos de poder. Recordemos aquello de que la letra con sangre entra.

La violencia doméstica tiene características propias, se produce la mayoría de las veces en el ámbito familiar o en el marco de una relación de pareja. En la víctima suele predominar un deseo de transformar al victimario, no de alejarse, mediado por sentimientos de vergüenza, culpa, apego o amor, acompañado por un creciente aislamiento o la destrucción de otros vínculos. Se produce como resultado de un mandato cultural que impone la idea de que la mujer es propiedad del hombre y establece roles a cumplir, una idea de lo femenino y lo masculino basada en las inequidades con fuertes raíces en nuestra cultura. De esto surge que la obligación de denunciar no debe recaer en la víctima solamente. Compete al Estado acompañar las luchas de las organizaciones sociales y reconocer en la violencia doméstica un grave problema de seguridad ciudadana, garantizar los derechos de las víctimas y educar a la población en vínculos no violentos. Ni físicos, ni psicológicos, ni sexuales, ni patrimoniales.

En Uruguay, los esfuerzos realizados para concretar una estrategia contra la violencia basada en género y generaciones, unida a la mayor visibilización del problema que han logrado organizaciones como la Coordinadora de Feminismos, que al grito de “Ni una menos” toman las calles a cada nuevo crimen, han tenido como resultado una mejor caracterización del problema, el aumento del número de denuncias, una mayor formación de funcionarios públicos y privados, una mayor capacidad de respuesta, una creciente alerta ante casos de violencia y un Plan de Acción del Gobierno. Sin embargo, estamos lejos de generar una contracultura capaz de revertir el número de víctimas.

El informe 2015 del Ministerio del Interior registra un aumento sostenido de las denuncias por violencia doméstica. Mientras que en 2005 se registraron 5.612 denuncias, en 2015 se llegó a 31.184. Un promedio de 85 denuncias por día. Si se suman los asesinatos de mujeres a las tentativas de homicidio, resulta que el año pasado cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer mediante violencia doméstica. La mitad de los homicidios de mujeres se da en el ámbito doméstico. Sin morbo, que 35% de las muertes se dieran por golpes con pies y manos o estrangulación denota la brutalidad de la situación. En los últimos tres años, según la misma fuente, suman 61 las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja (22 en 2013, 13 en 2014 y 26 en 2015).

Hay una disputa hacia más o menos democracia. Coexisten autoritarismos normativos, sociales y culturales, como el racismo y el patriarcado. En ese marco, la eliminación de la violencia doméstica es ir contra la cultura hegemónica. Tratar de detener un flagelo que promedia las dos muertes mensuales supone una agenda común de organizaciones sociales, partidos políticos y el gobierno.

 Publicado en “Dínamo”, La Diaria, el 12 de setiembre de 2016