Artículo publicado en EL DIARIO MEDICO junio 2021
Como era previsible, sobre mediados de junio las vacunas empiezan a mostrar efectividad para iniciar un proceso gradual de reducción del número de ingresos a las unidades de cuidados críticos, en las tasas de ocupación en los CTI de las camas totales y las específicas para atender la COVID-19 y en consecuencia en el impostergable descenso del número de fallecidos.
El alcance de la crisis humanitaria
Ese drama humanitario que estamos viviendo. Que no debemos naturalizar, ni considerar como una catástrofe inevitable. Que es mucho más que números y tasas, que se multiplica en el dolor de miles de uruguayos, por la pérdida de vidas valiosas entre sus familiares y amigos y que en definitiva debería interpelar y comprometer la sensibilidad de la sociedad toda.
En tan solo 80 días, desde mediados de marzo del 2021, el país acumuló 4.000 muertes y la tasa de mortalidad acumulada por millón habitantes pasó de ocupar lugar 130 entre 150 países con más de un millón de habitantes a estar entre los 34 países con peor desempeño respecto de este indicador tan negativo como duro e implacable para evaluar en forma global la forma de gestionar y la toma de decisiones en la epidemia.
En ese mismo período de tiempo en los últimos años murieron en promedio 7.200 personas por todas las causas. Desde que se registra la mortalidad por causas nunca antes, una de ellas supero ampliamente el 50% de todas.
El valor estratégico de las vacunas
Nunca se negó el papel fundamental de las vacunas para apuntar a terminar definitivamente con la epidemia, por el contrario, siempre consideramos imprescindible empezar a vacunar lo antes posible.
Cuestionamos el inconveniente e innecesario retraso en el proceso de adquisición, que pudo haber empezado mucho antes cuando en setiembre del 2020 se supo que la plataforma COVAX había sido “perforada” por los acuerdos entre la industria del medicamento y los países más ricos.
Uruguay, al igual que otros países de la región como Chile, Panamá y Costa Rica pudo haber empezado a vacunar a fines de diciembre o principios de enero. En ese supuesto ganábamos dos meses, que a la luz de la evolución actual de la epidemia hubieran resultado estratégicos para evitar frenar el crecimiento exponencial de casos y fallecidos que convirtieron los últimos tres meses en un auténtico tsunami.
Una gigantesca ola que salimos a correr de atrás y sin modificar el rumbo de lo que veníamos haciendo. Un empecinamiento caprichoso y un fundamentalismo en las posturas que estamos obligados a señalar y que a nadie debería ofender.
Resulta fundamental seguir avanzando en un proceso de vacunación lo más acelerado y descentralizado posible, completar la cobertura en los grupos de edades que aún no están agendados y priorizar los grupos con mayores vulnerabilidades, entre los cuales las embarazadas están en el primer lugar.
Muertes evitables: las vacunas como única estrategia
La efectividad de las vacunas en lugar de confirmarlas como única y exclusiva estrategia constituye una gran oportunidad para volver a insistir en la necesidad de acompañar el proceso de vacunación por la decisión de implementar a nivel nacional 21 días de reducción drástica de la movilidad.
Durante mayo y lo que va de junio, en ningún otro país del mundo murió tanta gente por COVID-19 como en Uruguay, en relación a la población. Y claro que muchas de ellas eran muertes evitables.
Esta no es una frase hecha más, no es una etiqueta para cargar de responsabilidades o tirarle los fallecidos a nadie. Desde la salud pública una muerte es evitable cuando no utilizamos los tratamientos y las medidas de salud pública que están disponibles. Y aquí no se hizo todo lo que se debía hacer y no se hizo a tiempo.
No es un fracaso de la humanidad. Es un fracaso rotundo de la gestión del gobierno. En lugar de reconocerlo, parece que estuviera queriendo negar la realidad. Ahora aparece una victimización, en la que el que señala los errores es el culpable, o algo mucho peor que no vale la pena siquiera comentar.
Entendemos que no existen elementos que justifiquen un discurso triunfalista y menos aún para generar expectativas de una salida inmediata y mágica que dé cuenta y modifique los principales indicadores de la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país.
La combinación de una alta circulación viral y una eventual eficacia relativa de las vacunas en lo que refiere a evitar los contagios no constituye el mejor escenario en términos reales (resultados sanitarios) y simbólicos (fortalecer la adhesión a las mismas) de lo que hasta ahora aparece como la única respuesta de las autoridades a un momento de la epidemia con los peores indicadores desde el inicio de la epidemia
El proceso de vacunación tiene todavía un porcentaje alto de población sin cobertura y estamos en un contexto de transmisión comunitaria extrema. En el supuesto que no exista ningún retraso en las entregas, la población entre 18 y 50 años recién estaría inmunizada (2 dosis más 14 días) sobre finales de julio.
Después tenemos el enorme desafío de las personas que no entran en la agenda por limitaciones en al accesibilidad cultural-digital o directamente no tienen voluntad de vacunarse (se mencionó que serían entre un 15 y un 20% de la población objetivo).
Sería muy importante conocer el porcentaje de población vacunada que contrae la enfermedad, la que a su vez puede contagiar a los no vacunados. Esto aumenta el número de casos y los fallecimientos los que se estarían produciendo en un escenario de “rejuvenecimiento” de la epidemia y de mayor afectación de la población más vulnerable por ser portadora de comorbilidades o por las vulnerabilidades asociadas a su condición socioeconómica. Población que tiene las mayores dificultades para poder ejercer los necesarios cuidados para evitar los contagios (condiciones laborales, de la vivienda, del transporte, etc.).
Asimismo, aumenta la probabilidad de aparezcan nuevas variantes de preocupación por su mayor transmisibilidad o letalidad, o que no estén en campo de cobertura de las vacunas disponibles. El riesgo de que puedan surgir nuevas variantes no es menor, sin descartar la aparición de una variante “uruguaya”. La variante P1 de Manaos – Brasil desplazó en más del 95% al virus que se introdujo en el país en marzo 2020.
Sin bien se dijo que la efectividad de las vacunas no sería total, también genera mucha incertidumbre los trascendidos sobre casos con más de 15 días de segunda dosis de CoronaVac y de Pfizer que cursaron o están cursando la infección. A pesar de que la mayoría no requieren internación y evolucionan con síntomas leves o asintomáticos la situación genera razonable inquietud que debería ser atendida con información y explicaciones para el propio éxito del plan de vacunación en la adhesión a la campaña desde la persuasión y el convencimiento informado.
También en este plano esta faltando la necesaria pedagogía sanitaria que es un componente insoslayable en el manejo de una epidemia.
Consecuencias para la economía a mediano plazo
Finalmente, señalemos que, aunque para fines de julio el alcance de la inmunización permita descender el número de casos graves y las muertes, la alta transmisibilidad de las nuevas variantes del virus, junto a la escasa barrera que ofrecen las vacunas disponibles permiten suponer un escenario de permanentes distorsiones en la actividad que afectarán el proceso de retorno a una supuesta normalidad.
Podemos imaginar que se sucederán las situaciones de cuarentenas preventivas en grupos de escolares o liceales (alcanza un solo caso leve para determinarla), y también producir una seria afectación de la actividad en los lugares de trabajo.
Para quienes fundamentaron la necesidad de no parar la economía, es muy probable que tales distorsiones finalmente terminen teniendo peores consecuencias en ese terreno, que el propio cierre transitorio de la actividad por lapsos breves de tiempo que se viene reclamando sin éxito desde la ciencia, los trabajadores de la salud y la oposición política.
Las recomendaciones de la ciencia
Tanto en el tema de la necesaria relación entre economía y salud como en la idea de no contraponer la estrategia de reducción drástica de la movilidad con el proceso de vacunación, las decisiones de las autoridades sanitarias para enfrentar la epidemia, no se están apoyado en las recomendaciones del GACH, grupo que creo el propio gobierno para recibir su asesoramiento en el seguimiento y monitoreo de la evolución de la crisis sanitaria y en la formulación de planes de intervención para mitigar sus impactos.
Tampoco se tomó en consideración los estudios y las opiniones calificadas de los profesionales expertos en la materia: epidemiólogos, especialistas en salud pública, virólogos, inmunólogos, comunicadores, sociólogos, antropólogos y profesionales de otras disciplinas.
Antes, al contrario, sus recomendaciones no han sido escuchadas y en algunos casos se han tomado decisiones con una orientación radicalmente opuesta a lo sugerido.
La pandemia no está aún doblegada en mundo. Tampoco en Uruguay. Aunque hay razones para pensar que estamos viendo luz al final del túnel, quedan muchas incertidumbres de cara al futuro inmediato. Nadie cuestiona que las decisiones en última instancia son políticas, pero si no se va a atender lo que basado en hechos comprobados sostiene la ciencia al menos sería imprescindible exponer con claridad las razones técnicas y políticas que justifican ir en un sentido marcadamente diferente de lo que opina por unanimidad el colectivo científico nacional tanto a nivel de pronunciamientos individuales como en definiciones asumidas a nivel institucional (como una memorable resolución del Consejo Directivo Central de la UdelaR que no fue tomada en consideración por las autoridades sanitarias, ni suficientemente difundida por los propios medios masivos de comunicación).
Se impone reforzar el sustento científico de las decisiones de política sanitaria a adoptar y seguir trabajando con paciencia y humildad, sabiendo utilizar nuestra inteligencia colectiva para superar los numerosos desafíos que habremos de afrontar en los próximos meses.
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