En los últimos días el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los indicadores de pobreza del primer semestre de 2022 y un análisis comparativo con iguales periodos desde el año 2019. De los mismos se destaca el drástico crecimiento de la pobreza en los niños y niñas menores de seis años, la que se incrementó del 16.1% en el 2021 al 22.5 % en el 2022 (en el 2019 era el 16.4%). Una diferencia que supera largamente el margen de error estimado en este tipo de estudios y constituye una enorme preocupación no solo porque no se logran mitigar sus efectos, sin que por contrario se retrocede significativamente.

Si bien se puede considerar que el análisis de la pobreza medida por ingresos es insuficiente para abordar la magnitud y el alcance del fenómeno, teniendo en cuenta la multicausalidad de la misma (salud, vivienda, educación) y la posibilidad de estudiarla en función de las necesidades básicas insatisfechas, no cabe duda que cambios en el porcentaje de personas que caen por debajo de la línea de pobreza e indigencia nos traen señales de alarma.

Pero, sobre todo, nos obligan a replantearnos si no será posible emprender una causa nacional que haga del objetivo de pobreza cero una utopía alcanzable.

Como se ha dicho muchas veces, no tenemos que pensar que país le vamos a dejar a nuestros niños, se trata de pensar que niños, niñas y adolescentes le vamos a dejar al país para asegurar un desarrollo con equidad y sostenibilidad.

Uruguay no se puede permitir perder la oportunidad de brindarle el desarrollo integral a cada uno de sus niños y niñas. En un país con un poco más de tres millones de habitantes, con una fecundidad por debajo de la tasa de reemplazo, la única opción para el desarrollo en el mediano y largo plazo es favorecer las capacidades, en todas sus generaciones comenzando por la infancia.

De las oportunidades que tengan esos escasos y valiosos 34.000 niños y niñas que nacen anualmente en nuestro país depende su futuro. La ausencia de una propuesta efectiva e integral que dé respuesta a este desafío, obliga a seguir planteando la imperiosa necesidad de un acuerdo nacional efectivo para alcanzar el objetivo de POBREZA INFANTIL CERO, como política de estado, como compromiso compartido del sistema político y de la sociedad en su conjunto. No puede ser un mero anuncio de campaña electoral que se termina desvaneciendo ante otras prioridades y urgencias.

Justo es decirlo, esto aplica a todos los gobiernos y nos interpela por igual a todos. Las mejoras significativas en los indicadores globales de pobreza, indigencia e igualdad (índice GINI) en los gobiernos del Frente Amplio, no pudieron romper un núcleo duro de pobreza y exclusión social que tiene en las familias con mayor cantidad niñas, niños y adolescentes su origen y fuente principal de reproducción y cronificación estructural.

La infantilización y feminización de la pobreza, no son simplemente una foto instantánea en un momento determinado, constituyen la expresión de una realidad social que tiene la potencialidad de reproducir y ampliar el fenómeno y si no se logra terminar con ellas el resultado inevitable es el aumento y la profundización de la exclusión social, una dinámica que se desata muy rápido pero después que se instala es muy difícil de revertir.

La presencia persistente y crónica de indicadores sociales inaceptables

Más allá de que constituye un verdadero motivo de alarma que la pobreza infantil en menores de 6 años trepe en tan solo año casi un 30 %, lo verdaderamente importante no está en la discusión sobre las fluctuaciones de los datos de pobreza.

Lo que deberíamos estar colocando en el primer lugar de la agenda es el enorme impacto que tiene para el desarrollo nacional un fenómeno que nos acompaña y no se ha podido resolver desde hace más de 40 años: la reproducción biológica, social e intergeneracional de la pobreza y su traducción inevitable en exclusión social.Así lo definió en la apertura democrática, en el año 1985, con claridad diagnóstica y mirada prospectiva certera, el Arq. Juan Pablo Terra.

Sin embargo, el hecho objetivo e indiscutible es que ya desde esos años la pobreza mantiene una marcada concentración demográfica y territorial. En efecto, la pobreza tiene la cara de nuestros niños, niñas y adolescentes, tiene también cara de mujer joven que es jefa de hogar y cerca del 80% de la exclusión se ubica en los cinco municipios periféricos de Montevideo en lo que se ha definido como proceso de segmentación y relocalización socio espacial de la pobreza.

Proceso por el cual, la mayoría de la población en situación de pobreza e indigencia (medidos por ingresos) y con mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas viven en la llamada “tercera corona” de crecimiento del departamento Montevideo, recibiendo desde hace décadas las familias desplazadas de las áreas centrales de la ciudad (Ciudad Vieja, Tres Cruces, Aguada, entre otros barrios) y la migración sostenida desde el campo a la ciudad pasando a vivir en decenas de asentamientos irregulares en los que habitan contingentes de “viejos” y “nuevos” pobres que se fueron generando a partir de sucesivas crisis económicas. Con menor intensidad, pero de forma creciente y sostenida el mismo fenómeno se viene reproduciendo en algunos departamentos y ciudades del interior del país.

En el primer semestre de 2022 la pobreza en el total de la población de Montevideo creció un 2%, de un 11% en primer semestre el 2021 a un 13% en el mismo período del 2022. Mientras tanto, a nivel nacional este indicador creció un 0.5%, de un 10.2 % a un 10.7 %, y se verifica un crecimiento porcentual del 2.1% respecto del año 2019 el que era un 8.6%.

Durante varios años en las administraciones anteriores a la actual se lograron avances que no fueron suficientes. El año 2017, con una tasa de pobreza del 7%, fue el punto más bajo para la pobreza global, a partir de esa fecha, como se señaló antes, creció al 8.6% en el 2019 y en los últimos tres años está estancada en el entorno del 11%, lo que constituye un núcleo duro de 380.000 uruguayos y uruguayas, de los cuales el 50% son menores de 18 años, el 40% son hogares en los que conviven adultos y niños y tan solo el 10 % son hogares en los viven personas solas.

Solo disponiendo de esta información se desprende con total nitidez que en el Uruguay abatir en forma radical la pobreza infantil supone en los hechos empezar a acabar con la pobreza en el conjunto de la sociedad.

Impactos negativos, persistentes y de difícil reversión

Son múltiples las evidencias que arrojan las investigaciones científicas en los campos de la economía, sociología y salud que confirman que vivir en situación de pobreza en la infancia y adolescencia tiene un impacto altamente negativo, que por otra parte tiene efectos persistentes y duraderos y son de muy difícil reversión. Se cae muy rápido en la pobreza, pero salir de ella suele ser un proceso muy trabajoso, especialmente en ausencia de políticas públicas activas que tengan capacidad de mitigar los perjuicios que provoca.

Sus efectos se van a reflejar en bajos desempeños en el rendimiento escolar, en lo cognitivo, en lo emocional y social, en la salud física y mental. Así como en la posibilidad de incursionar en conductas disruptivas, consumos problemáticos, y violencias que en la mayoría de los casos terminan en la privación de libertad o en la muerte y el círculo perverso que, en las actuales circunstancias del sistema penitenciario y los programas de rehabilitación, supone ingresar a los establecimientos de reclusión.

Entre los mecanismos que impactan directamente y generan la situación de pobreza tenemos una fuerte influencia de las restricciones materiales de las familias en alimentación, salud, educación, vivienda y acceso a instancias de formación. Hay una tensión que producen las privaciones económicas en padres y madres para ejercer la crianza y la educación de sus hijos y el contexto social critico poco favorable para el desarrollo de la infancia, con menos oportunidades y por la propia influencia negativa de sus pares y sus modelos de supervivencia y socialización.

Hoy las neurociencias nos dicen que las privaciones materiales a las que se ven sometidos los niños y niñas influyen decisivamente en su desarrollo cognitivo y también emocional. El desarrollo cerebral está influenciado no sólo por la genética, sino también por lo que se ha dado en llamar la epigenética, o sea la modulación que pueden ejercer las vivencias, el ambiente y la cultura en la que estos crecen y se desarrollan.

La primera infancia es una etapa de mayor plasticidad del cerebro, durante la cual se establecen los circuitos neuronales que determinan el comportamiento y el desarrollo y la potenciación de habilidades para la vida.

Es importante tener presente que cuando en la infancia se confirma la existencia de déficits en el plano neurológico o a nivel cognitivo se podría estar llegando tarde para alcanzar un tratamiento y una respuesta efectiva e integral.

Si bien estos procesos no son irreversibles porque se sabe que el cerebro continúa cambiando durante toda la vida, la mayor actividad en estas etapas implica que a medida que se avanza en el ciclo de vida es mucho más difícil revertir los procesos que a nivel biológico están en la base de las condiciones que determinan, a nivel individual y colectivo, los procesos de marginación y exclusión social.

Los niños y niñas que crecieron en situación de pobreza en la crisis del 2002, que representaban el 50% de todos los niños, hoy son adultos jóvenes, muy probablemente sean padres y madres y es muy factible que muchos de ellos continúen en situación de pobreza y que los actuales problemas sociales en educación, trabajo y seguridad, puedan encontrar sus raíces en lo que sucedía en el país hace 20 años.

La brecha entre pobreza infantil y pobreza en los adultos mayores

Sobre finales de la década del 80, las tasas de pobreza de los adultos mayores estaban en el entorno del 30%. Actualmente entre los mayores de 65 años la pobreza está situada en el del orden del 2%. Ello significa que Uruguay tiene la particularidad de ser el país de la región de las Américas con la brecha más amplia entre pobreza infantil y pobreza en la tercera edad. Los niños y niñas tienen once veces más probabilidades de estar en la pobreza que los adultos mayores (2% versus 22,5%).

Ello no supone que la mayoría de las personas mayores tengan acceso a una calidad de vida adecuada, ni desconocer que muchos aún tienen condiciones de vida que son de extrema vulnerabilidad.

En ese sentido no tiene sentido plantear falsas oposiciones entre las políticas sociales orientadas a las personas mayores poniéndolas en disputa o competencia por recursos con las dirigidas a la infancia. Hay que diseñar, fortalecer instrumentos e incrementar sustantivamente los presupuestos hacia la infancia, sin que ello vaya en desmedro de los avances que hay que seguir procesando en las políticas de protección social hacia los adultos mayores.

También resulta de mucha utilidad tener presente que las decisiones de política pública que explican el descenso de las tasas de pobreza (medida por ingresos) entre los adultos mayores tienen que ver con las luchas desarrolladas. Fue mediante una reforma constitucional en el año 1989 se aseguraron los incrementos en las jubilaciones, con una menor pérdida del poder adquisitivo en escenarios de contención de la inflación. La participación social en el directorio de BPS fue asimismo una conquista relevante en este plano. En el año 2007 en el marco del Plan de Equidad se ampliaron los beneficiarios y los montos mínimos de las pensiones a la vejez (instrumento que existía desde 1919) como prestaciones no contributivas para dar cobertura financiera a colectivos de población adulta con mayores niveles de vulnerabilidad.

Un número muy importante de jubilaciones y pensiones siguen representando ingresos muy bajos, pero una política de protección social con los las herramientas legales mencionadas y la aplicación de incrementos por encima de la inflación hasta el año 2019 hicieron posible una importante reducción de la pobreza en los mayores de 65 años.

Sin duda, estos avances no fueron suficientes para cubrir las necesidades básicas de amplios sectores de este grupo etario, pero lograron evitar la caída en situación de pobreza en este grupo de población.

Además, cabe señalar que, en los últimos tres años, después de 15 de crecimiento sostenido, se han producido recortes en las transferencias jubilatorias que, de mantenerse, terminaran teniendo incidencia en el mediano plazo sobre los niveles de pobreza de los adultos mayores. El proyecto de reforma de la seguridad social actualmente promovido por el gobierno apunta a rebajar las prestaciones perjudicando a las futuras generaciones de jubilados.

Pobreza Infantil Cero como política de Estado y causa nacional compartida

En la Agenda 2030 del Sistema de Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS / 2030) se establece en el Objetivo 1 sobre la erradicación de la pobreza global y se fija en la Meta 2 una reducción del 50% en relación al porcentaje del año 2015. En el caso de Uruguay, en ese año el indicador de pobreza era del 9.7% del total de la población, por lo cual el cumplimiento de esta meta se cumpliría llegando a un 4.85% en el 2030.

No debería ser un problema alcanzar esta meta, y aun superarla, si hay voluntad política y amplios acuerdos para poner marcha un conjunto de iniciativas dirigidas específicamente a su consecución.

Para ello, no solo se debería pronunciar y acordar en el sistema de partidos políticos. Entendemos que es preciso que se genere un amplio movimiento desde la sociedad civil que lo exija y que habilite las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para ello. Es preciso aceptar y consensuar formas de financiamiento y distribución de recursos que permitan ampliar y mejorar las modalidades de transferencias permanentes no contributivas y lograr un sistema educativo que finalmente haga posible formar a los niños y niñas en capacidades básicas para la vida.

Como ya dijimos, la pobreza global en nuestro país está fuertemente relacionada con la pobreza infantil, los niños nacen y crecen en hogares pobres y los hogares pobres en el 90% de los casos están integrados por niños, niñas y adolescentes. Actualmente uno de cada cinco niños que nacen en cada cohorte de los 34.000 nacimientos que se producen cada año, pasan a engrosar y a complejizar la vida de las familias que viven y padecen la situaciones de alta vulnerabilidad social.

Es imperioso cortar este mecanismo de reproducción y cronificación de la pobreza. Hay decenas de miles de familias en el Uruguay de nuestros días, en las que cinco generaciones no conocen otra forma de existencia que la de vivir sin posibilidad resolver sus necesidades básicas. Sus ingresos y las condiciones materiales en las que viven no les permiten acceder a los requerimientos esenciales en materia de nutrición, vivienda y educación.

Es imperioso cambiar esta realidad y también es posible hacerlo. Pobreza Infantil Cero no es, ni puede ser una quimera, no es un objetivo utópico y voluntarista.

Pobreza Infantil Cero, especialmenteen los menores de 6 años, es algo perfectamente alcanzable si somos capaces de asumir el verdadero desafío encontrar consensos para definir una política de Estado y los recursos para lograr ese objetivo.

Los países que lograron erradicar, o llevar a su mínima expresión, la pobreza infantil, invierten en el gasto público social para la protección a la infancia entre el 1% y el 2% de su Producto Bruto Interno y estamos hablando de países desarrollados con ingresos y productos altos. En Uruguay esa inversión apenas se acercaba al 0.5% en el año 2015.

En suma, es importante y también urgente convocar, con la mayor amplitud posible, un espacio de dialogo para acordar un conjunto de políticas y estrategias que garanticen la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes desde el mismo momento de su gestación y aun antes.

Este es, sin lugar a dudas, un imperativo ético impostergable, pero también constituye un factor clave para pensar con convicción en un desarrollo sostenible con justicia social.