Escribe Pablo Anzalone

Artículo publicado en el Semanario Voces del 22 de octubre 2015

Un presupuesto quinquenal es en primer lugar una propuesta política acompañada de recursos. Como tal suscita lógicamente múltiples debates desde muchos actores. Desde los que pelean por su salario a los que se quejan a voz en cuello porque quitaron una  exoneración injustificada de la contribución inmobiliaria rural. El tema educación ha sido uno de los grandes ejes del debate, en gran medida  por el conflicto de los gremios. La cantidad de efectivos de las FFAA y su salario, el rol de la Guardia Republicana, la financiación de medicamentos de alto costo fuera del Formulario Terapéutico Nacional, los recursos para implementar la ley de medios y la Red Nacional de Drogas, o  el Clemente Estable, son otros puntos de polémica.

Durante los primeros meses del nuevo gobierno, el “síndrome Antel Arena” fue el discurso hegemónico, y el peligro del déficit fiscal se colocó como la idea ordenadora.  La amplificación que tuvo este discurso  fue importante. Luego Tabaré imprimió un giro público diferente, poniendo el énfasis en las inversiones públicas previstas y en la continuidad del crecimiento. El presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo está a medio camino entre ambas inflexiones.  El mensaje presupuestal plantea que Educación, Sistema  de Cuidados, Infraestructura, Salud, Seguridad Pública y Descentralización son las principales áreas priorizadas con asignaciones incrementales de recursos. Son prioridades claramente compartibles, a las que habría que agregar otras referidas a políticas sociales, sobre todo en relación con la pobreza infantil, que no se agotan con educación y cuidados. El mensaje tiene alguna afirmación fuerte como “la demanda interna será el principal motor de crecimiento en 2016 y 2017” que debería motivar un abanico de acciones.

En un contexto donde la oposición renunció a interactuar y se posiciona “en las cuchillas” de un discurso intransigente, los debates quedan en su mayoría dentro del Frente Amplio. Para manejar esas contradicciones los legisladores pudieron redistribuir recursos, aunque en un porcentaje muy menor. Señales políticas más que cambios sustantivos. Darle más recursos a la educación, la investigación, las políticas de drogas, la Ley de Medios, tienen ese sentido. Lo inexplicable y contradictorio es que se optó por quitarlos del Sistema de Cuidados, un objetivo prioritario en lo social, en lugar de tomarlos del Ministerio de Defensa u otros  que siguen obteniendo una parte significativa de los recursos presupuestales. Si  había una intencionalidad política “de izquierda”, el saldo es confuso.

Hubo señales de signo contrario en la votación de tres diputados frenteamplistas más sintonizadas con posibles preocupaciones militares por la reducción de efectivos o la eventual competencia con la Guardia Republicana. Esas señales tuvieron efectos pertinentes porque dejaron sin mayoría al Frente Amplio en estos artículos. Más allá de la lesión a la unidad de acción del Frente Amplio cabe plantearse  porqué representantes frenteamplistas responden así a este tipo de intereses o concepciones militares, como lo ha hecho el Ministro  Fernández Huidobro.

El incremento de recursos por vía tributaria fue descartado sin argumentos válidos. Adoptar como posición inamovible que no habrá aumento de impuestos es atarse de manos y renunciar a mayores políticas redistributivas. El Frente Amplio siempre dijo que la reforma tributaria era un proceso inacabado, el programa lo reivindica como “instrumento de igualdad, integración social y desarrollo” y sugiere mayor carga tributaria a la población de más altos ingresos, a los sectores con ganancias extraordinarias o poderosos patrimonios y al consumo importado de bienes suntuarios.

¿Por qué transformar ahora en mala palabra la creación de nuevos impuestos o la modificación de alguno de los existentes? El movimiento sindical y el  Cuesta Duarte pusieron este tema sobre la mesa con propuestas serias y concretas.

Analizando el debate político presupuestal se abre una interrogante  sobre los vínculos entre el FA, Gobierno y movimientos sociales. Quedar aislado en la institucionalidad y apostar al respaldo de la opinión pública conservadora, es una apuesta perdidosa para la izquierda. Un proyecto de izquierda exige levantar un discurso claro de avance social e  implementar eficientemente las políticas para lograr esas metas. El poder necesario para esta transformación no es solo institucional, requiere alianzas  con los movimientos populares, aún con contradicciones. Se trata de considerar a la población como partícipe activo. Requiere recuperar la política.