VIVIR BIEN: EL DISCRETO ENCANTO DE LA HOJA DE COCA por Milton Romani Gerner*

Evo Morales en Viena

“La masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”, estableció el artículo 49 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. El presidente de Bolivia, Evo Morales, compareció nuevamente en Viena ante la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas para dar cuenta, responsablemente, de la aplicación de un modelo alternativo, renovador, apegado a decisiones soberanas y a derechos humanos en políticas de drogas.

Han pasado diez años desde que la comunidad internacional lanzó una Declaración Política y Plan de Acción en la que se planteaba objetivos que en parte no se han cumplido. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, a nivel global no se ha conseguido reducir la oferta de drogas ni su consumo o los daños asociados. Tampoco hay cifras significativas sobre reducción del lavado de activos o de la corrupción inherentes a estos fenómenos. Insólitamente, se pone más energía en atacar las alentadoras experiencias de los mercados regulados de cannabis. Es lo mismo que hicieron con Bolivia, que debió recurrir in extremis a salirse de la Convención y a volver a firmarla con reservas.

Evo Morales pone sobre la mesa la urgente perentoriedad de continuar abriendo y promoviendo un debate abierto, inclusivo y sin tabúes, asumiendo las virtudes de los enfoques regulatorios, que toman las singularidades de los estados y comunidades para diseñar sus políticas de desarrollo. En base a sus tradiciones culturales y sus desafíos sociales, amparando la salud pública, los derechos humanos y un enfoque de desarrollo humano. A la manera del “vivir bien”, como nos enseñan los y las hermanas bolivianas.

El modelo alternativo de Bolivia

Hace diez años, Evo también estuvo en Viena. Un murmullo y, luego, un aplauso coronaron la elocuencia de su intervención cuando, al finalizar, tomó una hoja de coca y comenzó a masticarla. Fue contundente.

Ahora el Estado Plurinacional de Bolivia presenta su evaluación y resultados. No es esperable que otros estados presenten responsablemente balances similares. Estados Unidos, que pobló con equipos y bases militares nuestro continente, so pretexto de la lucha contra las drogas (incluido el bombardeo de las plantaciones y cultivadores del Chapare), deberá dar cuenta de la “crisis de los opiáceos”, que sólo en un año ha significado la muerte por sobredosis de 70.000 personas.

Enfocada en erradicar una planta en origen, la “guerra” se concentró en Bolivia en la represión a la población campesina e indígena. Se la combatió, estigmatizó y criminalizó. El Plan Dignidad de Hugo Banzer, apoyado en todas sus líneas por Estados Unidos, significó el bombardeo de plantaciones y la represión a los cocaleros. Torturas y maltrato por parte de la Policía y el Ejército, encarcelamiento masivo, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Ese era el modelo de erradicación de coca.

El gobierno boliviano desarrolló dos programas para la erradicación consensuada con control social y su alternativa de lucha contra el narcotráfico: Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca (2007-2010) y Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (2011-2015). Con financiación de la Unión Europea y con monitoreo de la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU (UNODC) se llevó a cabo, no exento de discusión y ajustes, el cálculo de las hectáreas necesarias para el uso tradicional de la hoja de coca y luego la instrumentación de un enjudioso programa de control social. Fue un diálogo, por momentos fuerte, con las propias bases sociales que llevaron a Evo a la presidencia. Pero se dio con lealtad, coraje y responsabilidad.

Uruguay y Bolivia: políticas de drogas y DDHH

“Uruguay comparte la iniciativa presentada por Bolivia al secretario general de la ONU para que en la Comisión de Estupefacientes se elimine la prohibición del masticado de la hoja de coca, manifestando su apoyo a lograr que la comunidad internacional acepte adaptar los instrumentos jurídicos existentes para reconocer esta práctica tradicional”, establecía el comunicado conjunto de Tabaré Vázquez y Evo Morales en 2009, ratificado por José Mujica en 2010 en Cochabamba.

En 2008 Bolivia copatrocinó la Declaración 51/12 que promovió Uruguay en la Comisión de Estupefacientes. Lo hizo junto con Argentina, Suiza y la Unión Europea. Fue una sesión tumultuosa, que abrió caminos. Proponía “la debida integración de los instrumentos de derechos humanos a la política de fiscalización de drogas”. Hoy forma parte del discurso global sobre drogas.

Cuando Bolivia presentó por primera vez el Plan de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD, OEA) celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 2006, Uruguay fue el único país que defendió ese derecho. Según el acta de la sesión, el delegado de Uruguay planteó: “La posición de la delegación boliviana debe ser de recibo, en tanto Bolivia evalúa con pleno derecho (de acuerdo al punto 6 de la Introducción a la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, 1998) que la erradicación forzosa les ha traído más costos económicos y sociales que, lejos de resolver, han agravado el problema. Que Colombia planteó también que su forma de solucionarlo era otra y está en su derecho. Bolivia plantea que está abogando por una reconversión industrial y por una erradicación consensuada. Lo único que podemos y tenemos que hacer en base a la cooperación regional y la responsabilidad compartida es ayudar a Bolivia y, en todo caso, exigirle que estructure un programa concreto, viable, coparticipado con nuestros países, sujeto a monitoreo y evaluación, como también tendrían que monitorearse y evaluarse otros caminos ensayados en el hemisferio”.

En esa reunión agregué: “La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha realizado un fallo por unanimidad que ha determinado que el uso de ayahuasca para fines religiosos no es punible. ¿Por qué? Porque entendió que la tutela del derecho a profesar un credo religioso está por encima de los eventuales daños que las agencias especializadas no pudieron demostrar ante esa corte. Reclamo este derecho para Bolivia. Lo reclamo también para Colombia. Pero, más que nada, lo reclamo para todos nuestros países. Es un tema complejo, difícil y complicado. Démonos la forma de abordarlo con seriedad y no con consignas. Mucho menos con prejuicios”.

Este desafío sigue en pie. Esperamos que haya apertura y flexibilidad para las nuevas experiencias. Si continúa el dogmatismo fundamentalista, los estados innovadores nos veremos tentados a recorrer el camino sugerido por nuestros amigos expertos de la sociedad civil: los acuerdos y modificaciones inter se. Amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se pueden generar acuerdos de países afines a los mercados regulados, que permitan una cooperación e intercambio (incluso comercial) sin renunciar al cumplimiento de las convenciones y de los compromisos con la comunidad internacional.1

*Milton Romani fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 15 de marzo de 2019


  1. “El equilibrio entre la estabilidad y el cambio: La modificación inter sede los tratados de fiscalización de drogas de la ONU para facilitar la regulación del cannabis”, de Martin Jelsma, Neil Boister, David Bewley-Taylor, Malgosia Fitzmaurice, John Walsh. 

OPIÁCEOS EN ESTADOS UNIDOS Y REGULACIÓN URUGUAYA por Milton Romani Gerner

• 27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos. Y los abusos van más allá de la heroína: casi 50% de las muertes por sobredosis en 2015 están relacionadas con analgésicos recetados para tratar dolores moderados y fuertes.

• En 1996 la farmacéutica Purdue sacó al mercado OxyContin, una pastilla de oxicodona pura que, según aseguró en ese momento, permitía aliviar el dolor durante 12 horas y representaba menor riesgo de abuso y adicción que otros fármacos. La empresa acompañó el lanzamiento con una intensa campaña de promoción entre médicos. El efecto fue tan fuerte que algunos expertos aseguran que la “epidemia” de opiáceos empezó entonces. (1)

• Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Estados Unidos publicó los montos pagados por las compañías de medicamentos y dispositivos a doctores y hospitales docentes. En 2016 fueron más de 8.000 millones de dólares. Más de 630.000 médicos tenían registros de pago. Purdue Pharma realizó casi 80.000 transacciones en 2016, por un valor total de más de siete millones de dólares. (2)

La guerra contra las drogas consume miles de millones de dólares en presupuestos de miles de agencias policiales, aduaneras, militares y de aplicación de la ley. Hubo equipo y bases militares desplegadas en todo el hemisferio so pretexto de lucha contra el narcotráfico. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos denuncia lo doblemente mortal de esta estrategia de guerra. No hay presupuestos y dispositivos de tratamiento. Según un informe oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “sólo 10% de los adictos a las drogas pudieron acceder a un tratamiento especial en 2016”.

La actual es una estrategia desequilibrada que sigue generando desastres. Intensificando la violencia. Llenando cárceles con ofensores menores o consumidores. Esta guerra no contiene nada. Y es una fuente permanente de corrupción.

El señor Donald Trump iba a declarar emergencia nacional pero se arrepintió. Está alarmado, pero no tanto. En el tema de la venta desregulada de armas (que con esta crisis le esta costando más vidas que las ocasionadas por terrorismo) dijo que las armas no eran el problema. Que es un problema de salud mental. Parece un insight. Incluso personal. Veamos cómo evoluciona el paciente.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) –de Uruguay, un país con 3,4 millones de habitantes– tiene ya, registrados en forma voluntaria, 15.575 adquirentes en farmacias, 7.478 autocultivadores y 68 clubes de membresías (www.ircca.gub.uy), más de 25.000 hombres y mujeres que confían en el Estado y el modelo regulatorio y que no recurren hoy al mercado del narcotráfico. Consumen, sí, pero una sustancia menos dañina y bien controlada, y con advertencia e información adecuada sobre los riesgos. Este nuevo vínculo entre usuarios de drogas y Estado es revolucionario. Los efectos educativos, preventivos y de consulta temprana serán un plus de la regulación responsable de un mercado siempre complejo en contraposición con un Estado que criminaliza y aleja a los usuarios.

El creciente fenómeno de medicalización de nuestras vidas, y la voracidad y descontrol de la industria farmacéutica, replantean la vigencia del principio de regulación. Para enfrentar los mercados ilícitos de drogas, pero también, y con mucho más razón, para los de circulación lícita o semi controlada.

La regulación de los mercados, de todos los mercados, está puesta nuevamente en el tapete. La reducción de daños también. La crisis de heroína en los 80 enfrentó a varios países de la Unión Europea y a ciudades como Vancouver a tomar medidas pragmáticas y eficaces para salvar vidas. Enfoque de reducción de daños. Tuvieron éxito. Pararon la epidemia. Se dispusieron fondos para tratamientos diversos ante las sobredosis, el contagio de VIH-sida y la hepatitis C. Programas de intercambio de jeringas, salas de venopunción, dispensión de morfina legal, como en Suiza, terapia de sustitución con metadona. Siguen siendo controvertidos y son innombrables, incluso en los textos de los organismos multilaterales. Acá también se hizo un escándalo por el control de calidad que realizó Proderechos de las anfetaminas en bailes electrónicos. Pero salva vidas.

Sigue siendo una incoherencia del sistema prohibicionista que drogas como el alcohol y el tabaco nunca estén integradas a las políticas de drogas. Contradice el argumento de que las drogas se fiscalizan (y como secuela, surgen guerras en torno a ellas) porque hacen daños. En realidad se fiscalizan por opciones políticas y geopolíticas de mayor peso.

Hay que sacar al cannabis de la Lista 1 de Estupefacientes. 

El tabaco mata siete millones de seres humanos al año y las bebidas alcohólicas casi cuatro millones. Aportan cada uno 4,1% de la carga de mortimorbilidad de la humanidad. Todas las drogas de circulación ilícita no llegan ni siquiera a 1,8% de esa carga. Además, está la incongruencia de que el cannabis, que no reporta muertes por sobredosis, sigue en la Lista 1 de las Convenciones, que marca la peligrosidad de las sustancias. Al lado de la heroína. Una incoherencia que la comunidad internacional debe arreglar y que se discutirá en la Organización Mundial de la Salud. Es más: Uruguay, como cualquier otro estado miembro, tiene las potestades de cambiar y trasladarla a la Lista II, menos restrictiva y reservada para uso médico. La presidenta chilena Michelle Bachelet ya lo hizo.

“No hay que consumir drogas, salvo aquellas que indique el médico” no parece una indicación sabia. Ni por su verosimilitud, ni como prevención educativa. Es iatrogénica. Pretende ser una máxima moral que no se compadece ni con la naturaleza humana real (siempre invadida por nuestras debilidades y deseos) ni por un criterio de prevención adecuado. Todas las prácticas sanitarias de avanzada van por la senda de cogestionar los riesgos, el consentimiento informado y la reducción de daños.

La práctica médica, el marketing de los laboratorios y las drogas son un triángulo complejo, que hay que considerar dramático, o mejor dicho tragicómico, en políticas de salud pública. El entramado de intereses, el sesgo de las investigaciones y el lanzamiento de drogas médicas que pueden ocasionar daño es un desafío. Ni mercado libre de las corporaciones, ni crimen organizado transnacional del narcotráfico que termina usando los mecanismos de lavado como “legalización” de sus ganancias.

En Uruguay la política de drogas promovida por los gobiernos del Frente Amplio ha tenido un capítulo fuerte y central en la instrumentación del modelo de regulación del cannabis. Pero no es lo único. Uruguay supo construir una estrategia equilibrada y desplegar dispositivos de atención y tratamiento, de cercanía, de innovación, como el germen de los tratamientos de base comunitaria. De investigación. Promovimos regulaciones diversas: sistema financiero, tabaco, alcohol.

Todavía no se ha calibrado la trascendencia de este hecho y la línea de continuidad que tiene en materia de integralidad de la política. Ni del prestigio diplomático que a nivel internacional nos identifica con la defensa de los derechos humanos vinculada a las políticas de drogas (tampoco se valora la formación que han hecho varios jóvenes diplomáticos en el tema).

La apertura y puesta en marcha en 2006 del Portal Amarillo fue un símbolo insignia de que en este tema íbamos con todo. Con mucho esfuerzo y metiendo ganas y camiseta. A veces se extraña esa vocación. No había nada. Durante años estuvimos sin lugares de tratamiento, de investigación en la materia. Se hizo mediante el esfuerzo compartido de actores bien diversos: la Organización de los Jubilados del Banco de Previsión Social (sí, ellos cedieron el local), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y un equipo multiprofesional de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay y la Secretaría Nacional del Deporte. La primera piedra de lo que es hoy la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas y los dispositivos Ciudadela. Fue la respuesta en términos de derechos y salud pública que daba el primer gobierno de izquierda. Necesitamos cuidar esto.

Tampoco cojeamos por ingenuos. Creamos la Secretaría Antilavado, las fiscalías y juzgados en Crimen Organizado, el Fondo de Bienes Decomisados (que sigue siendo una cenicienta desamparada que, sin embargo, es una fuente de recursos para estas políticas), se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. Dimos conducción y generamos confianza a un mando policial saneado que entendió la especialización pero también el trabajo comunitario de cercanía. Dimos relevancia institucional a la Junta Nacional de Drogas, en su funcionamiento real, en su intersectorialidad, en la gestión e iniciativa y coraje político. Pudimos construir y trazar líneas de continuidad con la excelente gestión de Julio Calzada, verdadero factotum de la regulación. Continuidad que bien nos cuidamos de tener también con algunos programas y alertas que nos dio en su momento el doctor Leonardo Costa. Deberíamos, también, cuidar esto.

Rápido y furioso

Somos noticia mundial, aunque el gobierno no se haya dado cuenta. Algunos parecen estar inmovilizados por prejuicios antediluvianos. O por aquel nocivo narcisismo de las pequeñas diferencias. La pretendida mesura en instrumentar y avanzar en el mercado regulado del cannabis muestra poco coraje político. Lo mismo que en el plano de derechos humanos. Poco coraje y decisión. En términos futbolísticos hay una expresión mas contundente: faltan ovarios. Un lugar desmerecido en la agenda, cero docencia y comunicación, desdén y lentitud. Parecen no valorar lo más importante: no se trata sólo de legalizar y regular la marihuana, que es lo más espectacular. Se trata de que en el mundo entero estamos innovando, con otra forma de controlar y fiscalizar sustancias controladas.

Estamos a la vanguardia de un relato nuevo y hemos sido, somos, referencia política y moral del cambio de paradigma. Pero no parece ser ese el espíritu y la apreciación política de los decisores. Menos del FA, que ni habla del tema. Parece vivirse en forma vergonzante. Es un absurdo. Se elude potenciar un logro que tiene impacto político y por añadidura, electoral. En los jóvenes y en los avances reales de seguridad ciudadana. Hay, ya, más de 25.000 ciudadanos que están más seguros. Además, repito; nos coloca en un sitial internacional, por nuestro apego al derecho internacional de los derechos humanos, que, además, abriría otras puertas.

El eminente científico israelí, Raphael Mechoulan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubridor del THC como principio activo del cannabis, decía hace un par de semanas, en un mensaje enviado a la Conferencia Latinoamericana 17ª (celebrada en Buenos Aires en octubre) que hace 34 años generó evidencia científica sobre las aplicaciones pertinentes del cannabis medicinal. Tenía una sabia resignación sobre el tiempo que habría de esperar para que le dieran atención. Ahora sabemos, gracias a las investigaciones de su equipo multidisciplinario, que el organismo tiene receptores específicos de un sistema endocannabinoide que explica la dinámica del cannabis en nuestro cuerpo. El doctor Yosi Tam, jefe de su equipo, estuvo en Montevideo invitado a una Jornada de la Sociedad de Endocannabinología. No vi inquietud, iniciativa o presencia de nuestras autoridades sanitarias.

Tampoco vi a nadie (salvo a Augusto Vitale, que fue a título personal) en el otro seminario internacional ya mencionado, que fue organizado por la embajada de Israel en Argentina y la Universidad Hebrea. Es una pena. Porque los vínculos que se tejieron desde la Junta Nacional de Drogas con la embajada de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén eran excelentes.

Las autoridades tampoco parecen estar enteradas de las excelentes investigaciones del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis de nuestra Universidad de la Républica, o del Instituto Clemente Estable, o de los aportes realizados por el Comité Científico Asesor que hizo seguimiento de la aplicación de la ley, y sigue (porque no se disolvió) integrado por distinguidísimas personalidades, como Luis Yarzábal, Amalia Laborde, Susana Mallo, Nilia Viscardi, Eduardo Manta, y, en su momento, María Julia Muñoz y los hoy fallecidos Pablo Carlevaro y Gonzalo Uriarte. Del aporte del Sindicato Médico del Uruguay, que es el único que ha tenido el valor de formar médicos en usos del cannabis.

(1). https://ladiaria.com.uy/ articulo/2017/11/estados-unidos-tomamedidas-para-combatir-la-crisis-de-losopiaceos-cuyo-consumo-mata-a-masde-100-personas-por-dia/

(2). Owen Amos. BBC. www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41755400.

Publicado en La Diaria, 15 • nov. • 2017

Algo está cambiando en políticas de drogas – UNGASS 2016

Escribe Elena Lagomarsino

Actualmente se está dando un proceso de debate sobre las políticas de drogas hacía la Asamblea General Especial de Naciones Unidas del 2016 (UNGASS 2016) que indica que algo ya cambió en lo que era la hegemonía del discurso prohibicionista en la comunidad internacional.

En el 2008-2009 en ocasión del proceso de revisión de la Asamblea General Especial de Naciones Unidas fueron muy pocos los países que plantearon algo que moviera a la comunidad internacional del enfoque prohibicionista en políticas de drogas. Nuestro país, representado en esa ocasión por Jorge Vázquez como presidente de la Junta Nacional de Drogas y Milton Romani como Secretario General, rompieron la monotonía de esas reuniones con la propuesta de una Declaración de integración de los instrumentos internacionales de Drogas con los Instrumentos de Derechos Humanos, o sea las estrategias para abordar el problema mundial de las drogas deberían aplicarse respetando los Derechos Humanos. Finalmente salió una declaración sobre el tema y eso marcó un hito. A partir de ahí no hay declaración de los organismos multilaterales y regionales en que no se haga mención a la debida adecuación de las políticas y los derechos humanos.

Esto significaba un cuestionamiento a los fines que se esperaban de la prohibición y los efectos de dichas políticas, que han profundizado los problemas de salud, vulnerabilidad social y cultural, convivencia, incremento de la violencia asociada al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos como tráfico de armas y trata de personas.

Pero luego fueron iniciativas y enfoques de distintos países que fueron marcando un cambio en base a sus realidades particulares. Fué así que Bolivia generó un gran debate en relación al derecho de su pueblo al acullico y Ecuador, que tiene un régimen penal muy punitivo, promulgó una amnistía por delitos de drogas. Lo más reciente y podríamos decir más removedor en políticas de drogas ha sido la regulación del cannabis en nuestro país. Cabe señalar que también en EEUU, al mismo tiempo, los Estados de Washington y Colorado  regularon la producción de cannabis con fines recreativos , además de los fines para uso médico.

Asimismo hay un logro importante a destacar, y es que se abrió el debate, algo  que  se venía reclamando desde la JND, que se permitiera un debate amplio, democrático, sin prejuicios. Hoy existe un grupo de países de América Latina que, en distintos ámbitos, se viene pronunciando por un cambio de enfoques en esta materia. A Uruguay le cabe la responsabilidad en UNASUR, en virtud de estar ejerciendo la Presidencia Pro Tempore, de lograr un documento con una posición común de la región para la UNGASS.

¿Que es lo que esperamos de UNGASS 2016 ?  Aspiramos  que finalmente se reconozca en la comunidad internacional no hay un solo enfoque para abordar el problema de las drogas. No creemos posible un documento consensuado ya que hay un conjunto de países con una posición extremadamente conservadora y prohibicionista.

Pero debemos trabajar para que haya una declaración que contenga los siguientes aspectos:

  • como principio orientador concebir al sujeto como eje primordial de las políticas de drogas
  • Respetar las decisiones soberanas de los Estados en materia de políticas de drogas y en pleno respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la soberanía y la integridad territorial de los Estado. Incluyendo las  iniciativas que varios países están implementado centradas en la dignidad y derechos del ser humano, reconociendo que la pluralidad social, cultural y económica de los países de la región deben permitir la formulación de políticas diversas, amplias e integrales que privilegien medidas preventivas para hacer frente al problema de las drogas.
  • Enfoque transversal de derechos humanos
  • Enfoque de género y atención a grupos vulnerables
  • Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de atención y tratamiento en drogas. Eliminar el tratamiento compulsivo
  • Garantizar los usos médicos y científicos de las sustancias bajo control
  • Fortalecer la institucionalidad democrática para enfrentar la corrupción vinculada al problema de las drogas.
  • Promover la contribución de la participación ciudadana, la academia y organizaciones de la sociedad civil en el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas en materia de drogas.
  • Descriminalizar el consumo y posesión personal de drogas
  • Aplicar el principio de proporcionalidad de las penas a los delitos de drogas y promover las alternativas a la privación de libertad.
  • Promover las estrategias de reducción de daños por consumo de drogas
  • Eliminar la pena de muerte en el marco de las sanciones penales por las leyes de drogas
  • Evaluar los resultados de la aplicación de las medidas prohibicionistas relativas al cannabis  y considerar la adopción de políticas de control y regulación del mercado de cannabis
  • Promover la coherencia, integralidad y actualización del Sistema de control de drogas en el marco del Sistema de Naciones Unidas con las otras agencias de DDHH, OMS, PNUD, UNESCO. Incorporando también a la academia y la sociedad civil.