ALIMENTACIÓN SALUDABLE VS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES por Pablo Anzalone*

Este 14 de marzo se realizó en el Parlamento una Jornada sobre Avances y Desafíos para el Derecho a una Alimentación Adecuada, convocada por el Inda, Udelar y FAO. La idea era generar un dialogo entre distintos actores sobre iniciativas en la materia que están en tratamiento parlamentario.

El proyecto de Ley Marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional es una de esas iniciativas que se basó en una legislación similar adoptada por el Parlatino pero que ha ido evolucionando para incorporar aspectos específicos de nuestra realidad . Este proyecto procura tomar en cuenta los acuerdos establecidos en el Dialogo Social sobre Alimentación del año 2016. Hay tratados internacionales pero importa que haya leyes nacionales marco. En los 43 artículos del proyecto se ha ido reafirmando la necesidad de Sistemas Alimentarios Sostenibles, ampliando la impronta inicial de la ley del Parlatino cuyo eje era la lucha contra el hambre. Además de definir conceptos fundamentales de la política y afirmar los derechos en esta materia, el proyecto establece la justiciabilidad de esos derechos. Es decir la tutela jurisdiccional de estos derechos, con un concepto amplio de sujeto jurídico, para que pueda reclamarse judicialmente su cumplimiento mediante el Recurso de Amparo si fracasa el camino administrativo.

Además el proyecto establece un Sistema Nacional de Coordinación en la materia con una Comisión Coordinadora donde están distintos ministerios y la OPP, realizando la secretaría técnica el INDA. Este diseño interministerial apunta a integrar las diferentes ópticas de gobierno existentes para unificar la política de alimentación.

Reconociendo la conveniencia de tener una Ley Marco y los avances que significa el proyecto, varios señalamos la importancia de incorporar a los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y los movimientos sociales en el diseño del Sistema de Coordinación . En el caso de las intendencias han tenido un rol muy relevante en las políticas de alimentación asumiendo las tareas de control bromatológico. Ningún organismo del Estado en la materia tiene hoy la infraestructura y capacidad técnica de análisis de alimentos que posee la Intendencia de Montevideo.El trabajo en Red entre todas las intendencias ha sido desde hace años una fortaleza para implementar políticas de regulación de alimentos. En el período que fui Director de Salud de la Intendencia de Montevideo se trabajó varios años para obtener un Registro Unico con un software compartido de registro y regulación de los alimentos entre todos los gobiernos departamentales. Pero además de fiscalización de la producción y comercialización de alimentos, las intendencias desarrollan programas de educación alimentaria, programas de apoyo a la agricultura familiar, proyectos sociales vinculados al tema. Desde la Intendencia de Montevideo se formaron promotores escolares de merienda saludable desde hace muchos años, sumando fuerzas con ASSE en el último período.

Por otro lado los municipios son una institucionalidad relativamente nueva que tiene una fortaleza específica a efectos de las políticas de alimentación: su cercanía con los territorios y sus actores locales. Tanto en las necesidades alimentarias y nutricionales como en la producción y comercialización de los alimentos hay una dimensión local que ocupa un rol fundamental. Para esos planes locales los municipios son actores de primera línea.

La participación de las fuerzas sociales involucradas es una estrategia fundamental para el desarrollo de las políticas públicas. Uno de los acuerdos importantes que se obtuvieron en el Dialogo Social 2016 plantea : “Fortalecer el entramado de participación social en esta materia mediante el apoyo a Redes de Actores involucrados en la Alimentación Saludable por departamento y municipio. En el mismo sentido, realizar instancias amplias y representativas como Foros o Conferencias cada dos años para evaluar el desarrollo de la estrategia en curso y retroalimentar los rumbos del período siguiente”. Como señaló Laura Rosano (Slow Food Uruguay) en esta jornada, muchas de las propuestas recogidas en las leyes se originaron en las organizaciones sociales.

Distintos estudios (Celedón y Noe 2000) cuestionan la centralización existente en las politicas de salud y fundamentan la necesidad de que existan mecanismos de control social de todas las funciones que debe cumplir el sistema de salud: definición de políticas,regulación, financiamiento, aseguramiento, producción de servicios y evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema. La perspectiva de derechos aplicada a la salud, significa pensar en las dimensiones e instrumentos para su ejercicio pleno, a través de un rol activo de los protagonistas.La participación social fue una estrategia clara en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Analizando la institucionalidad del SNIS Marcelo Setaro (2014) pone el foco en las nuevas instituciones creadas por la reforma del sector salud, enfatizando los mecanismos institucionales que generan una gobernanza sectorial novedosa. Desde nuestro punto de vista la construcción de políticas públicas pasa por el desarrollo de prácticas democratizadoras y transformaciones de las estructuras de poder en estos campos.

Otra iniciativa parlamentaria es el Plan Nacional de Agroecología, que se convirtió en ley en diciembre 2018 y ahora se está trabajando en la reglamentación destacándose la promoción de la agricultura familiar y la seguridad y soberanía alimentaria. El Plan se propone “ampliar el número de productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos agropecuarios de base agroecológica” en zonas rurales, urbanas y peri urbanas. En este caso la sociedad civil va a estar representada por 6 instituciones para el seguimiento del Plan.

Un tercer proyecto de ley tiene por objeto reducir los desperdicios de alimentos. Elaborado por el Inda con participación de Berta Sanseverino, una gran compañera prematuramente fallecida cuya labor como legisladora tuvo un fuerte compromiso con las políticas de alimentación . Se habla de pérdida o desperdicio de alimentos, refiriéndose con el primer término a la disminución de masa de alimentos que se genera en la producción, el almacenamiento o el transporte. Se considera desperdicio cuando la disminución de la masa se produce en el consumo. Es un problema de dimensiones mundiales, al punto que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propone reducirlo a la mitad para el 2030. En el diseño institucional del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos se incorpora al Congreso de Intendentes y se crea un Consejo Consultivo permanente donde participan las organizaciones de la sociedad civil, la ANII,la AUCI. Nicolas Minetti del INDA enfatizó que todavía no hay un diagnóstico serio en este tema sino apenas un estudio exploratorio. Remarcó asimismo que no debe perderse una visión sistemica a la vez que se generan proyectos específicos, ya que algunas cadenas tienen mejor organizado el tema de los residuos y otras no. Garantizar la inocuidad es clave en este punto y debe rechazarse la idea de que son sobras para donar a los pobres.

La Audyn (Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas) por su parte, informó sobre el proyecto de Ley de regulación de la profesión de Licenciado de Nutrición.

Por último el MSP expuso sobre el proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, una iniciativa trascendente que apunta a darle carácter de ley al decreto del Poder Ejecutivo Nº 272/018, incorporando asimismo la regulación de la publicidad. La relevancia de esta medida en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles ENT, es indudable. De los cinco grandes determinantes de las ENT (tabaquismo, malnutrición, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol y contaminación ambiental) la mala alimentación tiene un enorme impacto. En la última década sufrimos un cambio drástico de los hábitos alimentarios con un incremento del consumo de bebidas azúcaradas y productos ultraprocesados con altos niveles de sodio, azúcares y grasas. Mayor poder adquisitivo y millones de dólares en marqueting produjeron una epidemia de sobrepeso y obesidad, de hipertensión y diabetes. Las consecuencias son una alta mortalidad prematura por problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y diabetes. Con enfoque de Ciclos de Vida, importa cuidar especialmente la alimentación de la infancia y adolescencia. Al mismo tiempo las perspectivas de envejecimiento poblacional, positivas en muchos aspectos, tienen un nudo crítico en la prevalencia de las ECNT. La experiencia chilena, un país de la región que tiene legislación al respecto (además del etiquetado frontal también aumentó los impuestos a este tipo de productos), ha tenido excelentes resultados con 26% de la población que modificó para mejor sus hábitos, en solo dos años de aplicación. Es destacable el hecho de contar con evidencia nacional, en mas de 20 estudios sobre los impactos de distintos sistemas de rotulado nutricional.

Por eso las acciones para promover información que oriente decisiones más saludables en materia de alimentación son relevantes para el futuro de la salud en nuestro país.


Artículo publicado en EL DIARIO MEDICO 216

Disponible en http://eldiariomedico.com.uy/diarios/a22/diario%20medico%20216.pdf

*Lic. en Educación, Mg en Sociología. Fue Director del Departamento de RRHH y de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo entre 2005 y 2015.

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ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR por Pablo Anzalone*

La aplicación de ingeniería genética en la producción de alimentos ha dado lugar a múltiples debates que están lejos de saldarse. Existen controversias de tipo científico, sanitario, ambiental, económico y geopolítico.
La posibilidad de efectos negativos para la salud ha motivado distintos estudios científicos. No es un tema sencillo porque hay diferentes tipos de riesgos y peligros. La mayoría de los estudios no han constatado perjuicios sanitarios claros. Otros estudios llegan a conclusiones contrarias. Estas contradicciones deberían motivar más estudios independientes de los intereses económicos involucrados, ya que se han constatado fuertes presiones en ese sentido. El principio de precaución es una guía para las políticas públicas en estos temas.

Resolver la autorización de eventos transgénicos basándose exclusivamente en los estudios presentados por las empresas multinacionales que los producen y lucran con ellos, es una situación compleja y riesgosa para los Estados. En Uruguay esa preocupación motivó la realización (2014) de un importante Curso de Capacitación sobre Identificación de Transgénicos organizado por el MSP, MRREE, MVOTMA y UDELAR con presencia de los ministros respectivos y de la intendenta, y el apoyo técnico del gobierno de Noruega. Quedó muy clara la necesidad y el interés de incrementar la capacidad nacional en materia de investigación sobre transgénicos, con miras a una vigilancia y control sobre sus efectos.
En el contexto actual los eventos transgénicos implican, a su vez, paquetes tecnológicos, como la asociación soja transgénica-glifosato, que ha derivado en un incremento sustancial del uso de este plaguicida. En eso los riesgos ambientales y sanitarios son mucho más claros. No hay mediciones adecuadas del glifosato y su impacto en el ambiente. Los altos precios internacionales de la soja incentivaron el monocultivo como modelo productivo, lo cual implica, asimismo, serias controversias.
La existencia de debates no es un elemento negativo, por el contrario, es una garantía democrática. El peor escenario para temas complejos como éste, es la concentración de la información y las decisiones en pocas manos, sin posibilidad de cuestionamientos o análisis críticos.

Más allá de estas polémicas, el etiquetado de los alimentos transgénicos forma parte de los derechos del consumidor. Las personas tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que consumen. Ese principio es un fundamento fuerte para desarrollar políticas de información adecuadas que incluyan el rotulado obligatorio a nivel nacional.

El etiquetado de los alimentos transgénicos es obligatorio en 64 países, entre ellos la Unión Europea, Japón y Brasil. En Uruguay fue promovido por la Intendencia de Montevideo (coincidiendo con propuestas de organizaciones sociales) y aprobado por unanimidad en la Junta Departamental. Con el cambio de gobierno en Montevideo, luego de 2015, hubo dilatorias y señales contradictorias para su implementación. Pero al mismo tiempo fue aprobado por los gobiernos de Lavalleja y Paysandú. Existen condiciones para su definición a nivel nacional y está a consideración del Parlamento un proyecto de ley que establece el etiquetado obligatorio.

Crear condiciones para que los consumidores ejerzan sus derechos no puede ser solo un discurso. Constituye un reclamo legítimo de la población. Debe ser parte de una estrategia para democratizar la sociedad brindando más instrumentos para la toma de decisión libre e informada. Integra las políticas públicas hacia la seguridad y soberanía alimentaria.

La ingeniería genética y la biotecnología son grandes avances científicos con gran potencial de incidencia sobre la sociedad humana, las formas de vida y los ecosistemas. Por eso y porque el manejo de esos conocimientos y técnicas está muy concentrado, deben estar sometidos a regulaciones que protejan los derechos de la población en distintos planos: el conocimiento y la información son uno de ellos.
*Artículo publicado en el Semanario Voces 22 marzo 2017

Alimentación y salud, ejes de una política pública

Escribe: Pablo Anzalone

La preocupación por una alimentación saludable está incrementándose en Uruguay. Sin embargo, dada la situación de malnutrición por exceso y por déficit en la población, podríamos decir que la percepción del riesgo es todavía muy baja. Si lo pensamos como un cambio estructural necesario, hay que aceptar que todavía nos falta mucho.
Como todos los fenómenos culturales los hábitos alimentarios dependen de muchos factores. Uno de ellos es la disponibilidad y la accesibilidad económica, física y cultural de alimentos adecuados. Uruguay es un país productor de alimentos y los exporta a muchos mercados (28 millones de personas); la importación de alimentos es muy reducida. Al mismo tiempo el poder adquisitivo de la población aumentó sustancialmente en la última década (50% de aumento del salario real) y disminuyó la pobreza desde un 39% en 2004 a 9,7% en 2014. Esto significa más capacidad de consumo.
Sin embargo, comparando la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios de Alimentos y Bebidas (IPAB) vemos que los precios de los alimentos tuvieron un incremento mayor que otros rubros y esto afecta la accesibilidad y la calidad de los alimentos consumidos.
Un excelente Informe de la Situación Alimentaria y Nutricional elaborado por Inda, FAO y Fac. de Ciencias (http://obsan-inda.mtss.gub.uy/2016/01/26/derecho-a-la-alimentación-seguridad-alimentaria-y-nutricional-logros-y-desafíos-de-Uruguay) actualiza una visión general que no puede echarse en saco roto. Por el contrario es una buena base para una acción decidida del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y de los actores económicos y sociales.
En nuestro país hay dos graves problemas sanitarios y sociales, grandes prioridades para la salud pero también para otros muchos planos de la vida social: las enfermedades crónicas no transmisibles y la salud de la infancia. Ambos están interrelacionados y los dos tienen que ver con la alimentación, entre otras causas.
Algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas) principal causa de muerte y de enfermedad, están muy vinculadas a la epidemia de obesidad que vivimos en América Latina y el mundo. En Uruguay, el sobrepeso y la obesidad aumentaron del 56,6% de la población adulta en 2006, un guarismo muy alto, a 64,7% en 2013. En la infancia estas cifras alcanzan al 10,5% de los niños menores de dos años, una de las más altas de América Latina.
Como señala el informe de OPS esta pandemia está originada en cambios globales en los hábitos alimentarios, dentro de los cuales destaca el rápido y enorme incremento del consumo de alimentos ultraprocesados, con altos contenidos en azúcares, sal y grasas, donde América Latina ocupa un lugar relevante. (http://www.paho.org/hq/index.phpoption=com_content&view=article&id=11153&Itemid=0&lang=es)
Dentro de América Latina, Uruguay es el país donde las ventas de productos ultraprocesados crecieron más (146%), seguidos por Bolivia (130%) y Perú (107%). Las bebidas azucaradas duplicaron sus ventas en A.Latina, alcanzando los 81 mil millones de dólares, más que en América del Norte. Como recoge el informe OBSAN 2015, en Uruguay, la venta de bebidas azucaradas casi se triplicó entre 1999 y 2013 pasando de 32,9 a 96,1 litros/persona/año. El consumo de otros ultra procesados como cereales para el desayuno, snacks, chocolates, helados, congelados en general, salsas y sopas en paquetes se duplicó, pasando de 15,8 kg/persona/año a 29,5 kg/persona/año (Euromonitor, 2013).
Hay varios países donde se está intentando frenar esta avalancha. Por ejemplo, poniendo impuestos a las bebidas azucaradas como en Finlandia, Hungría,Francia y México (en este último, nada menos que un 10%). La experiencia muestra un descenso en el consumo a raíz de esta medida.
La información al consumidor es una cuestión central. Por eso se está buscando un etiquetado más claro y comprensible como en Chile y Ecuador. Desde diversos ámbitos científicos se promueve que al igual que con el tabaco se coloquen advertencias sanitarias en las bebidas azucaradas.
Es un debate que crece a nivel mundial. Se suceden pronunciamientos de organismos como la OMS y diferentes sociedades científicas. Un artículo de El País de Madrid del 25 de enero informa sobre algunas de estas propuestas y varios escándalos producidos por las políticas de las grandes compañías de refrescos para influir con mucho dinero sobre los medios académicos.
En mi opinión, en lugar de un impuesto a las bebidas azucaradas, se puede pensar en un tipo de tributación que tenga una finalidad expresa, la promoción de la alimentación saludable (por ejemplo, una tasa, Art. 12 del Código Tributario). Tiene una lógica fuerte que el estímulo a hábitos saludables de alimentación, la educación y la investigación al respecto, tenga entre otras fuentes una financiación que surja de los productos ultraprocesados que han generado estos problemas de salud.
La regulación de la publicidad de los productos ultraprocesados es otro capítulo fundamental para esta política. Luego de analizar la situación de la alimentación infantil en Uruguay, el consultor Dr.Fabio Gomes propuso definir por ley la prohibición de la publicidad de los alimentos con altos contenidos en azúcares, sodio y grasas. No hay programas educativos que puedan contrarrestar millones de dólares en publicidad. No se trata de prohibir estos alimentos pero sí limitar el marketing que incentiva el consumo masivo de los que no son saludables. Es una publicidad que llega a los niños, asociando consumo con juegos o personajes famosos, manipulando a una población que no tiene elementos para tener un juicio propio.
Un estudio reciente del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación de la UDELAR aporta un elemento de gran trascendencia. Esta investigación pudo determinar cuál es el umbral de reducción del sodio en panificados que no genera un cambio en la percepción del consumidor. Se abre así la posibilidad de un abatimiento progresivo en 7, 8 o 10 pasos de los niveles de sal, sin que ello signifique un cambio abrupto para el paladar del consumidor. Esto permite pasar de la reducción voluntaria de la cantidad de sal en panificados a una reducción gradual pero obligatoria. Algo similar podría pensarse para los productos con altos niveles de azúcar.
Está claro que la educación nutricional es una clave y en ese plano la educación formal desde la primera infancia hasta el nivel terciario cumple un rol determinante. También desde el sector salud se informa y se educa a la población sobre alimentación, con el aporte de las nutricionistas y la participación de todo el equipo de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, aunque también en los demás niveles. Las experiencias de formación de promotores escolares de salud y la promoción de la merienda saludable son ejemplos de labor conjunta del sector educativo y sanitario, que además apuesta a la participación activa de los propios niños. Las familias son asimismo un actor pedagógico fundamental, por acción y por omisión, lo que se ve y se escucha en el hogar, contribuye a formar los hábitos de cada uno.
La industria alimentaria y el comercio también pueden (y deben) aportar mucho a este cambio cultural necesario para la salud . En el caso de la industria reduciendo los niveles de azúcar, sal y grasas de sus productos. En el comercio colaborando en la información adecuada a los consumidores y la promoción de la alimentación saludable. El estímulo a la producción de alimentos saludables debe ser claro. Hace poco se presentó desde la sociedad civil una propuesta de Plan Nacional para la promoción de la Agroecología y la Agricultura Orgánica que, entre otros objetivos, como reducir la contaminación ambiental o contribuir a la permanencia de las familias agricultoras, apunta en esa dirección. También procura impulsar el uso sustentable de los bienes naturales y la conservación de las semillas criollas; la equidad de jóvenes y mujeres en los procesos; promover el acceso a la tierra; estimular los mercados locales y las compras públicas de productos agroecológicos, así como la formación y la investigación en agroecología.
Hay señales, medidas puntuales, que operan como disparadores del cambio de hábitos porque obligan a que la gente reflexione antes de consumir alimentos. La ley de merienda saludable fue una de ellas. Su aprobación unánime y el compromiso que estimuló en los actores institucionales, fue un mensaje a la sociedad, que desencadenó procesos de cambio, aunque no prohibiera la merienda chatarra en los centros educativos.
Otra cara de este problema es la malnutrición por déficit que tiene todavía cifras altas en la primera infancia. El retraso de talla respecto a la edad está en el entorno del 10% y la anemia en niños menores de dos años llega a 31% de esta población.El retraso de talla viene descendiendo y llega en 2013 a un 7,8% (9,6% para niños de 0 a 24 meses y 6% para niños de 25 a 60 meses). La mala nutrición durante el embarazo y en los primeros años de vida está relacionada con estos hábitos no saludables de alimentación que mencionabamos, pero también con la pobreza infantil que sigue siendo muy alta.
Tabaré Vázquez lo planteó con mucha claridad en el reciente Simposio Internacional sobre Primera Infancia. La desigualdad es mayor en relación con la niñez en sus primeros años. Mientras la pobreza está por debajo del 10% de la población total y baja al 2% en los adultos mayores, sube a 20% en menores de seis años y a 33% en menores de dos años. Esto genera problemas para acceder a la alimentación adecuada, ambientes insalubres, más amenazas y menos controles sanitarios, orientaciones nutricionales insuficientes. Estos factores (que explican los altos niveles de anemia) afectan el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje, el sistema inmunitario y las posibilidades de desarrollo personal y social. Además esos niños con sobrepeso o con anemia serán adultos con muchas más posibilidades de adquirir enfermedades crónicas no transmisibles. Pensando el ciclo de vida, la vinculación de los dos grandes problemas señalados es muy clara.
Como planteó Tabaré Vázquez “Desde muy temprano en la vida, las condiciones ambientales, la calidad de las relaciones y las experiencias esculpen, para bien o para mal, los circuitos neuronales del cerebro en pleno desarrollo que se encuentran tras el aprendizaje, el lenguaje, las funciones cognitivas superiores y la conducta social y emocional”.
Dos mediciones recientes muestran la gravedad de la situación alimentaria en la infancia. La ENDIS Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil (ENDIS), realizada en los años 2012 y 2013 y la Encuesta Alimentación y Bienestar (Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar), UDELAR-INDA, realizada en el año 2014 en Montevideo y el área metropolitana.
La ENDIS permitió saber que más del 41% de los niños padecen algún tipo de inseguridad alimentaria, y 4,3% sufren hambre o inseguridad alimentaria severa.
En Montevideo y el área metropolitana las cifras de inseguridad alimentaria severa (vinculada con sentir hambre pero no poder comer) fue 11% para los adultos y 6.1% para los menores de 18 años. Es decir son todavía peores que a nivel nacional.
Entre las respuestas que están en marcha hay que destacar el Plan Nacional de Cuidados. En lo que refiere a la Primera Infancia apunta a la corresponsabilidad de la crianza entre mujeres y varones y al compromiso del Estado de asumir los costos y la responsabilidad para con los cuidados. Para eso plantea tres principales líneas de acción: profundizar las licencias parentales, universalizar la oferta universal de educación para los niños de tres años; extender e innovar la oferta de cuidados para menores de dos años, con modalidades flexibles de atención diaria.
Al mismo tiempo cabe decir que una política nacional hacia la infancia va más allá del tema “Cuidados” y entronca con políticas para abatir la pobreza infantil, políticas de alimentación adecuada, políticas contra el maltrato, políticas educativas y de salud. Erradicar la pobreza infantil desde una óptica multidimensional es un imperativo ético, político y societario.
Por todas estas razones la alimentación saludable requiere una política pública construida con muchos actores, que responda a los dos grandes problemas priorizados, las enfermedades crónicas no transmisibles y la salud de la infancia.

Políticas públicas y COMUNICACIÓN EN ALIMENTACION

Escribe Pablo Anzalone

Hay una mayor sensibilidad en la población respecto a los temas de la alimentación. Sin embargo nuestro país no tiene aún una política pública de alimentación que incluya un capítulo importante referido a la comunicación.

El VI Congreso Iberoamericano de Alimentación realizado entre los días 8 al 11 de setiembre es un hito en el tratamiento de los temas alimentarios y nutricionales. La cantidad y calidad de los temas abordados, las ponencias realizadas desde el ámbito nacional (que revelan investigaciones serias) y los conferencistas internacionales, entre ellos figuras como Carlos Monteiro, Enrique Jacoby, Fabio Gomes, Jean-Claude Moubarac hablan de la importancia del evento. La concurrencia fue masiva y muy interesada.
Participé como disertante en dos Mesas del Congreso, una sobre experiencias en la reducción del sodio y azúcares (https://prezi.com/ofzphixxrszy/) y otra sobre el etiquetado de alimentos transgénicos (https://prezi.com/u8yhbjnqxemf/).

El libro de OPS sobre Alimentos Ultraprocesados en América Latina es una referencia imprescindible. (http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

Sin embargo la difusión en la prensa del Congreso o de las ideas allí planteadas, fue muy escasa en mi opinión. ¡Tenían especialistas de primer nivel en el mundo a disposición!
Hace tiempo tengo la preocupación de discutir el rol y las características de la comunicación en alimentación. Unos meses atrás hicimos un taller abierto sobre este punto.

La comunicación en alimentos presenta dos áreas temáticas:
a) comunicación respecto a la situación nutricional y los hábitos, informando y educando hacia conductas que resulten saludables para la población. b) Comunicación sobre enfermedades transmitidas por alimentos.

Quizá haya que comenzar preguntándose lo más elemental: ¿Conocemos cuál es la situación nutricional de los uruguayos?
Malnutrición por déficit y por exceso. Alto consumo de productos ultraprocesados con altos niveles de sal, azúcaresy grasas. Escasa ingesta de frutas y hortalizas. Pérdida del hábito de cocinar.
Está demostrado que el consumo excesivo de sal es responsable de graves problemas de salud relacionados con las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal, el cáncer de estómago y la osteoporosis.
Sin embargo la percepción del riesgo es todavía muy baja en la población.
¿Sabemos que la Fundación Española del Corazón (FEC) señala que reduciendo a la mitad el consumo de sal diario generaríamos beneficios en nuestra salud comparables a los resultados de dejar de fumar?
O que el Núcleo Interdisciplinario de la Udelar está realizando una investigación para reducir al 50% el contenido de sodio en algunos alimentos en 8 pasos que resultan imperceptibles para el paladar del consumidor.
Tengamos en cuenta que en la reducción del sodio se ha trabajado, hay varias medidas que pusieron el tema sobre la mesa. En cambio en el consumo excesivo de azúcares y grasas casi no se ha avanzado. EEUU acaba de prohibir totalmente las grasas trans. Sin embargo en nuestro país no tenemos todavía una norma que siquiera restrinja su venta.
¿Qué impacto tiene esta alimentación sobre la salud y la calidad de vida? ¿Cómo evaluar ese impacto en la niñez, en la adolescencia, en el adulto y en el adulto mayor? ¿Qué sabemos y que comunicamos sobre qué comen nuestros niños, cómo comen, donde comen, con quién comen? No son temas menores. La alimentación en la niñez merece particular atención por su impacto en el desarrollo en esa edad y por la creación de hábitos para toda la vida.
Falta información pero no es solo un problema de información. ¿Cómo se gestan los hábitos? ¿Cómo se modifican? ¿Cuáles son los factores subjetivos que influyen, cuánto la publicidad y el marqueting?
Es un problema de educación, pero los maestros y profesores son docentes, no magos. Si la industria y el comercio no colaboran fuertemente, si las familias no se comprometen, si el parlamento no crea leyes al respecto y el gobierno nacional o los gobiernos departamentales no promueven políticas claras, es difícil cambiar los hábitos. También la investigación académica juega un gran papel y la Udelar está asumiendo eso.
Y un rol particularmente importante lo tienen los periodistas y los medios de comunicación.
Debemos preguntarnos ¿qué tipo de consumidores queremos promover? ¿Cómo estimulamos el autocuidado y el cuidado mutuo de nuestra salud?
Las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, los problemas cardiovasculares, la diabetes son la principal causa de muerte en nuestro país. Y tenemos cifras muy superiores al resto de América Latina. En 2014 murieron por cáncer 220 uruguayos cada cien mil mientras en el Cono Sur fueron 140. Por enfermedades cerebrovasculares murieron 84 uruguayos cada cien mil pero en la región fueron 48. Las enfermedades del corazón generaron 75 muertes cada cien mil en Uruguay mientras en el Cono Sur eran 49, en el año pasado.
Y están además los impactos del tipo de alimentación predominante sobre nuestra cultura y el medio ambiente. La producción agroecológica, cuidadosa del medio ambiente, la agricultura familiar, merecen un apoyo mayor.
También la inocuidad es un tema relevante ¿Sabemos qué debe hacerse frente a casos de detección de contaminación biológica o química de alimentos? ¿En qué casos debe comunicarse a la población? ¿Son iguales los riesgos en los distintos casos? ¿Cómo comunicar, qué comunicar, quién comunica?
Por ejemplo, cuando se constata falta de higiene o de habilitación bromatológica en los locales, venta de alimentos vencidos, residuos de plaguicidas o de bacterias como la Listeria o los coliformes. La comunicación sobre contaminación biológica o química de los alimentos debe tener en cuenta el nivel y tipo de riesgo de cada caso. Sin alarmismo pero con transparencia. Las buenas prácticas en la manipulación de los alimentos es una de las claves para obtener alimentos seguros.
Preguntarnos sobre todos estos temas es un paso necesario.
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