HABÍA UNA VEZ UNA DEMOCRACIA… por Ignacio Martínez

 …que se creía que era la única, la mejor, la insuperable. Así lo han predicado desde 1830 los fundamentalistas de esta democracia, (con sus variaciones en 1918, 1933, 1942, 1952 y 1967).

Francia y EEUU han sido tomados como referencia, sin importar la Francia colonialista que se burló de la liberté, égalité, fraternité, dominando y masacrando a los pueblos de Vietnam, Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea, Malí, Níger, Chad, República Centroafricana, República del Congo, Dominica, Haití, para nombrar algunos.

El democrático EEUU ha invadido países de todos los continentes. Lanzó las bombas atómicas en Japón en agosto de 1945. Mantuvo su prédica del milagro americano, exterminando y reprimiendo en su propio territorio a las poblaciones autóctonas y negras.

Esta es la democracia representativa que nos han inculcado como la única, la mejor. Cada cinco años se cambian presidentes, ministros, secretarios y  asesores. Cada cinco años cambian los senadores, los diputados, sus secretarios, los intendentes y los curules. Entonces los programas cambian, las estrategias cambian y los nuevos funcionarios de la democracia se enarbolan en nuevos planes.

Sin embargo en esta democracia los dueños de la tierra no cambian, los dueños de los bancos no cambian, los dueños de los medios de información tampoco cambian.

Cuando uno propone nuevas democracias, ponen el grito en el cielo. ¿Eliminar el senado? No. ¿Hacer una democracia más participativa que representativa? No. ¿Poder rendir cuenta a mitad del período y sustituir a quien el pueblo decida? No. ¿Eliminar el veto presidencial? No. ¿Hacer una democracia más parlamentaria y menos presidencialista? No. ¿Que los ministerios se nutran de colectivos de gente directamente vinculada a su materia? No.

Quisiera ver trabajadores y pequeños y medianos productores en el Ministerio de Ganadería y en el Ministerio de Industria. Quisiera ver maestros, profesores y gente de la cultura en el Ministerio de Educación y Cultura. Sería bueno tener representación de los diversos órdenes en todos los organismos, como es en la UdelaR o en el BPS.

Quisiera que la comunidad organizada tuviera directa incidencia en cada resorte de decisión y de puesta en práctica del Programa de gobierno. Eso nos haría mejores y protagonizaríamos la construcción de nuestras propias vidas, nuestra ciudadanía y nuestro país.

Para eso se debería transformar la Constitución, se debería elegir una Constituyente como acaba de hacer el pueblo venezolano ejerciendo su voto no obligatorio, amparándose en la Constitución vigente y apoyándose en verdaderos principios democráticos y no en hipócritas a sueldo, amantes de falsas democracias que, por ejemplo, hace unos días llamaban al pueblo de Venezuela a que no fuera a votar. Más de ocho millones de venezolanos hicieron oídos sordos. Hoy Venezuela avanza hacia una nueva democracia más participativa, acrecentando su sentido de pertenencia. El debate está abierto.

Publicado en Voces

DEBATES POLÍTICOS SOBRE LA REFORMA DE LA SALUD por Pablo Anzalone

El proceso de creación y desarrollo del SNIS permite analizar el accionar de fuerzas que apoyaron firmemente las transformaciones, fuerzas que se opusieron tenazmente y otras que contemporizaron, se plegaron a los avances consumados pero resistieron solapadamente otros, procurando realizar sus intereses en el nuevo contexto.

Un análisis interesante de escenarios y posicionamientos de los diferentes actores en el SNIS fue desarrollado por Guillermo Fuentes (2015) en las investigaciones promovidas por Facultad de Economía y OPS. Acá apuntaremos a otras dimensiones de la reforma relacionadas con su capacidad de hegemonía en la sociedad y con la participación social.

Las grandes tareas pendientes en un proceso de avance del SNIS en algunos casos no son las mismas de la etapa fundacional, en otros sí y sin duda no parten de una situación similar. Al mismo tiempo el status quo creado en estos años es también un factor de resistencia a los cambios.

Guillermo Fuentes (2015) en su análisis situacional del SNIS considera que si bien la primera etapa reformista tuvo una “gran coalición promotora”, una segunda etapa con una agenda más diversa y compleja debe construir otro tipo de coalición. Al mismo tiempo que desarrolla los diversos posicionamientos de los actores en relación a cada gran tema de la agenda sectorial, en su recapitulación Fuentes concluye que existe “algo así como un nuevo consenso en los aspectos más estructurales del sistema”.

Sin embargo la coyuntura regional y nacional cambió desde el momento en que se realizó ese análisis, y posiblemente en el mismo no se incorporó en la medida necesaria la variación en las estrategias de la derecha política y su articulación con grupos económicos y de poder dentro del sistema de salud. Un contexto económico más restrictivo, incrementa las pugnas distributivas dentro del sistema y un escenario de mayor confrontación política agrega elementos de cuestionamiento y rispidez en relación con la reforma. Ambas tendencias se han acentuado en los últimos dos años. No parecen razonables las hipótesis catastrofistas en el plano económico pero está claro que las condiciones externas del crecimiento, (y en particular los precios de los comodities) han variado.

Este nuevo contexto genera tensiones redistributivas entre diferentes sectores que se han beneficiado del crecimiento con distribución social de la última década. El enlentecimiento del proceso de reducción de la pobreza y la indigencia es un indicador preocupante, aunque dicho descenso continúa y alcanza a niveles históricos en el país (INE 2017).

Fue un tópico relativamente frecuente hace unos años evaluar ¿ cual es la fortaleza de los cambios sociales implementados en la primera década del siglo XXI ? ¿ qué sucedería en casos de acceso de la derecha a los gobiernos? ¿Hasta donde se puede arrasar con beneficios sociales para amplias mayorías, derechos conquistados (u otorgados) que pasaron a formar parte de la estructura social de cada país? . Sin embargo una parte de esta interrogante se ha ido respondiendo por vía de los hechos, haciendo la salvedad de que cada formación social tiene sus propios procesos.

Los gobiernos de derecha en Argentina y en Brasil son una muestra bastante clara de lo que significaría un cambio de este tipo. Indudablemente hay cambios estructurales en el SNIS que serían difíciles de desmantelar en un plazo corto. A diferencia de Trump es probable que las principales opciones de derecha en Uruguay se cuiden en las campañas electorales de prometer la derogación lisa y llana de un sistema como el SNIS que ha garantizado la cobertura de salud a la enorme mayoría de la población. Sin embargo eso no es garantía alguna de que, una vez llegados al gobierno, no lo destruyan formalmente en varias etapas o en los hechos desnaturalizando sus principales avances, reduciendo los recursos, cambiando radicalmente las políticas de salud. Alfredo Solari ex ministro de salud pública del Partido Colorado afirmaba recientemente (17 mayo 2017) que la reforma ha sido costosa e ineficiente, un “costoso fracaso que puede y debe ser revertido”.

Como siempre lo que pretenda la derecha depende también del nivel de resistencia y movilización de otros actores sociales y políticos.

Desde la oposición política de derecha se han desarrollado varias líneas de acción fuertes contra el SNIS:

a) Apoyar explícitamente y promover directamente movimientos para aumentar la utilización de medicación de alto precio, más allá de sus resultados terapéuticos. Este tipo de campaña tiene un alto contenido demagógico ya que pretende utilizar la desesperación de pacientes y familias para favorecer el ingreso de fármacos cuya utilidad no está comprobada o presentan una ecuación costo-beneficio muy negativa, con costos que recaen sobre los mecanismos de financiación del conjunto del sistema. En Uruguay el vademecum que responde al PIAS2 es muy amplio con un acceso que es responsabilidad de cada efector de salud, bajo supervisión del MSP. La medicación de alto precio es financiada por el Fondo Nacional de Recursos con principios solidarios y criterios técnicos 3.

Son iniciativas que responden a los intereses de las compañías farmacéuticas internacionales que lucran de forma exorbitante con este tipo de fármacos. La concepción subyacente es que los recursos (limitados) del sistema de salud deben canalizarse prioritariamente a esta clase de medicación o técnica de diagnóstico orientada a un pequeño número de patologías complejas en detrimento de las políticas de prevención y promoción, así como del Primer nivel de Atención, que deben resolver el 80 % de los problemas de salud. Se asegura el lucro de un sector poderoso, pero se postergan las necesidades de salud de la gran mayoría. Todo a nombre de una actitud humanitaria frente a situaciones puntuales.

b) Atacar permanentemente a ASSE y al sector público de prestadores de la salud. Es una campaña orquestada donde sectores políticos y grandes medios de comunicación suman fuerzas, para desprestigiar al principal prestador público. Si bien este tipo de ataques tiene vinculación con la concepción neoliberal antiestatal y en pro del Estado mínimo, hay una especificidad en la virulencia de la campaña contra ASSE: defender los intereses del empresarismo privado en la salud.

Junto a este componente hay un ataque sistemático a la participación social en la conducción institucional de entes de gobierno que está presente en el directorio de ASSE y en los Consejos del

Sistema Educativo. Estas campañas desestiman los avances de ASSE, ignoran sus aportes en materia de cobertura o de cambio del modelo de atención. Al mismo tiempo exageran sus problemas de gestión. Natalia Pereira 4señala que “entre los factores a tener en cuenta en la participación social está la fuerte oposición de algunos sectores políticos, que fue muy nítidamente expresado cuando se votó mi venia en el Senado para asumir como integrante del Directorio de ASSE (8/6/16). Para esas opiniones no tiene nada que decir ni nada que hacer un representante de los usuarios en un directorio” .

c) Cuestionar duramente al FONASA a partir del incremento del “déficit”, refiriéndose al aumento del aporte de Rentas Generales en el fondo tripartito (trabajadores, empleadores, Estado) sin tener en cuenta el ingreso de importantes contingentes de jubilados a la cobertura de salud, la incorporación de nuevas prestaciones y la reducción de tiques y órdenes.

Al mismo tiempo, en forma contradictoria y demagógica, en las discusiones parlamentarias algunos representantes se han alineado con las demandas económicas de varias instituciones de salud que reclaman más recursos para las mismas prestaciones que realizan actualmente.

Un ejemplo de manipulación de la información es la forma de presentar la detección de operaciones ilegales para cobrar cápitas de Fonasa por parte de estafadores que presentaban trabajadores de empresas inexistentes, así como la compra de afiliaciones por parte de algunas mutualistas. Desde algunos medios de prensa y operadores políticos se buscó difundir una imagen de descontrol en la gestión del Fonasa, que es en sí misma, un objetivo político (y se miminizó la participación de connotados integrantes de listas de la oposición en la estafa).

El Frente Amplio como fuerza política continúa en un período de desmovilización que le ha impedido denunciar las políticas de la derecha y convocar ampliamente a la población para debatir sobre los rumbos del SNIS y participar en campañas para avanzar hacia los principales problemas de salud del país. La reducción de la política a la labor de gobierno, ha minimizado las practicas políticas como acción de masas, aún en temas como la reforma de salud que tienen fuertes acuerdos a su interna.

En salud sucesivas conferencias mundiales de salud desde Alma Ata han puesto el énfasis en el empoderamiento de la sociedad respecto a la salud. “El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud”. Y promueve, “exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar”. Toda una estrategia de participación social y política, con plena vigencia en nuestro país.

En cambio en este período el movimiento obrero, las organizaciones de usuarios y la Onajpu han defendido la reforma y promovido su profundización. También criticaron algunos aspectos. Y están elaborando conjuntamente propuestas para atacar los nudos centrales del SNIS hoy.

1Este artículo se basa uno de los capítulos de una Investigación sobre Participación Social en Salud que llevamos adelante entre julio de 2016 y mayo de 2017.

 

2Plan Integral de Atención a la Salud. Conjunto de prestaciones de salud obligatorias para los efectores del SNIS

 

3El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es una persona pública no estatal creada por el decreto Ley N° 14.897 que brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto costo para toda la población residente en el país y usuaria del SNIS . Los procedimientos cubiertos se efectúan a través de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que son prestadores públicos o privados, que cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública

.4Representante de los usuarios en el Directorio de ASSE

Artículo publicado en EL DIARIO MEDICO julio 2017

UNA OPORTUNIDAD PARA REACCIONAR por Pablo Anzalone

El 24 el Frente Amplio da un ejemplo de democracia política para el país, eligiendo su presidente y todas sus autoridades representando bases y sectores, a nivel nacional y departamental, a través del voto de sus adherentes. En un sistema político que corre el riesgo de alejarse de la población, este tipo de consultas son oxígeno para sus protagonistas. Aunque voten menos que las elecciones anteriores, serán una apuesta a encarar los problemas con la gente y no lejos de ella.

Desde que asumió el gobierno nacional el Frente Amplio no ha podido definir una estrategia propia que no reduzca la política a la gestión de gobierno. Tampoco ha buscado con tenacidad e iniciativa formas de relación con las organizaciones sociales para sumar fuerzas en pos de los procesos de cambio. Le ha costado dar la lucha ideológica contra las ofensivas de la derecha y muchas veces son sus propios debates los que ocupan la escena política.

En mi opinión, el problema principal es la dificultad para rescatar la política como práctica colectiva para transformar la realidad en cada plano donde hay desigualdades y falta de derechos.

Como ya se ha demostrado no alcanza una presidencia con buenas intenciones, aún si tiene disposición a movilizar la vida interna y el accionar externo. Se precisan muchas voluntades y debate político fraterno, que formulen la estrategia y la pongan en práctica con planes de trabajo, campañas movilizadoras, mojones claros para la población.

Lo primero para cambiar al FA es darse cuenta que nos jugamos el destino político como izquierda y como país. Este es el tiempo político para reaccionar. Luego puede ser tarde.

El contexto regional nos muestra que los procesos de izquierda pueden ser derrotados por derechas neoliberales por elecciones o por golpes. Pero aún los golpes como en Brasil son posibles por las debilidades y los errores de la izquierda.

El gobierno frenteamplista ha dado algunos pasos que lo distancian de su base social y política. Por ejemplo, las pautas salariales que comprometen el salario real y motivaron un enorme paro general. Está a tiempo de corregirlos, como hizo con la detención del Antel Arena. Hay un debate sustantivo sobre las estrategias de desarrollo y sobre  las políticas de acumulación de fuerzas.

Reconstruir la agenda de cambios profundos implica retomar la iniciativa. Pero esos temas no deben concebirse sólo como políticas de gobierno, sino también como acciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales o iniciativas partidarias. El Frente Amplio tiene una oportunidad para salir del letargo y la inercia, para poner prioridades en la agenda y transformarlas en acción, dinamizando una confluencia social y cultural amplia.

Este proceso eleccionario comenzó sin debate político. Sin embargo hoy los candidatos han desplegado opiniones interesantes sobre varios temas, con una posición crítica y autocrítica hacia la fuerza política. En particular quiero señalar mi coincidencia profunda con Roberto Conde cuando plantea la necesidad de lograr un acuerdo en la estrategia de la izquierda ante la crisis del capitalismo. Defender lo logrado es lo primero y que la crisis no la paguen los sectores populares. ¿Cómo seguir? Requiere pensamiento crítico y respuestas innovadoras. Y también mi acuerdo  sustancial con Pacha Sánchez sobre “transitar una nueva etapa en la vida del Frente Amplio, en la cual será necesario escuchar mucho, hacer más y seguir soñando con una sociedad sin excluidos”. Comparto su énfasis en que todos los que quieran aportar al FA puedan hacerlo de múltiples formas, combinando acciones presenciales y participación en redes. Acuerdo que precisamos romper el statu quo que existe en el FA dando los debates que definan al proyecto político de la izquierda y sus valores. Y lo conviertan en acción política, en protagonismo popular, en prácticas colectivas transformadoras.

Es una lástima que el Pacha y Roberto no hayan logrado sumar fuerzas en esta consulta.

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLITICA por Pablo Anzalone*

Que las izquierdas alcanzaran el gobierno en muchos países de América Latina y lo mantuvieran  durante más de una década a través de varias consultas electorales, es un hecho histórico sin precedentes en el continente. Casi sesenta millones de personas dejaron la pobreza y 28 millones la indigencia, medidas por ingresos. Todos los razonamientos que hagamos para entender los avances, los errores, las limitaciones de las políticas llevadas adelante, no deben perder de vista ese hecho trascendente en sociedades profundamente desiguales.

Olin Wright propone dos preguntas a toda propuesta de transformación de las instituciones existentes: a) ¿mejora la vida de las personas ahora? b) ¿nos mueve en dirección a una sociedad más justa y humana? No por evidentes pueden dejarse de lado estos parámetros para iniciar una reflexión crítica.

Las recientes derrotas de la izquierda en Brasil, Argentina y en las elecciones parlamentarias de Venezuela, hacen imprescindible un análisis crítico y autocrítico.

Las visiones lineales de la historia hace tiempo demostraron su escasa eficacia para analizar los hechos. Ni la idea del desarrollo incesante de las fuerzas productivas y su contradicción inevitable y superadora con las relaciones de producción como motor de la historia, ni las concepciones instrumentalistas del poder como un objeto a tomar, resolviendo “mágicamente” desde esa acción el conjunto de contradicciones y desafíos de la transformación social. Por el contrario un análisis de procesos complejos requiere ver los escenarios globales y nacionales, las transformaciones en las estructuras, tanto económicas como culturales y políticas y también las fuerzas en pugna, las prácticas sociales que son condicionadas por dichas estructuras pero a su vez pueden influir sobre ellas y transformarlas.

Para el análisis de los “progresismos” en América Latina resulta necesario incorporar tres tipos de protagonistas: los gobiernos, los partidos y las fuerzas sociales. ¿Se fortalecieron, se debilitaron, se dividieron, se unieron, ampliaron su base de apoyo, lograron objetivos específicos que se planteaban, generaron procesos nuevos de acumulación de fuerzas? Las visiones que reducen las respuestas de estas preguntas a sí o no, blanco o negro, amputan la riqueza de estos procesos y dificultan una autocrítica seria.

Un plano a considerar es el debate ideológico, la lucha por la hegemonía en materia cultural. Vivimos en sociedades conservadoras, donde los proyectos revolucionarios fueron derrotados muchas veces, con largas dictaduras que dejaron su huella y un neoliberalismo avasallante ideológicamente. El triunfo electoral de la izquierda coexistió con esa influencia cultural conservadora. Muchas veces, la subestimación de las batallas ideológicas en aras de un pragmatismo o una visión tecnocrática, termina reafirmando muchos valores del neoliberalismo y debilitando “el espíritu de los cambios”. La subjetividad no es un aspecto menor de los procesos sociales, ni una consecuencia más o menos directa de las mejoras en la condición socioeconómica.

Boaventura de Sousa Santos en el primer número de Dínamo lanzaba una afirmación fuerte “Es verdad que el progresismo fue hecho con las maneras antiguas de hacer política y por eso los resultados están ahí. Y facilitaron realmente la entrada de la derecha”.

Tal vez lo más interesante es desmenuzar cuales fueron las formas nuevas o antiguas de la política en estos procesos, qué tanto dejaron incólumnes las estructuras políticas tradicionales y cuánto lograron cambiarlas.

La democracia debe ser reinventada, dice Boaventura, con creatividad, desarrollando nuevas formas de hacer política donde las organizaciones sociales participen activamente en consultas e implementación de las políticas públicas. Esta democratización de la política  debe alcanzar también a los partidos. “Es una manera totalmente distinta de hacer política y además la única que puede impedir que el dinero domine las decisiones  político-partidarias y lograr que la corrupción deje de ser endémica”. De esta forma se abre una articulación posible entre democracia representativa y democracia participativa.

Otros pensadores importantes como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe proponen la radicalización de la democracia como estrategia finalista retomando a Gramsci para replantear la lucha por la hegemonía, sin “leyes necesarias de la historia”, ni sujetos esenciales a priori. Este enfoque incluye  las batallas tácticas y va más allá para “redefinir el proyecto socialista en términos de una radicalización de la democracia; es decir, como articulación de las luchas contra las diferentes formas de subordinación —de clase, de sexo, de raza, así como de aquellas otras a las que se oponen los movimientos  ecológicos, antinucleares y antiinstitucionales”.

Un artículo interesante de Franciso Panizza señalaba hace ya unos años que la profundización de la democracia es uno de los nudos centrales de los procesos latinoamericanos bajo gobierno de las izquierdas. De su análisis de las lógicas democráticas de representación surge una clasificación en partidistas, societarias y personalistas. No son excluyentes dice Panizza y todas ellas aisladamente tienen peligros para la democracia. Sin duda la lógica partidista es dominante en la democracia liberal. Pero el monopolio partidista de la representación puede conducir a la colonización del Estado por los partidos bloqueando la integración de otros actores al sistema político, creando verdaderas partidocracias o tecnocracias distanciadas de la población. No olvidemos la influencia de las desigualdades estructurales en el ejercicio de los derechos políticos incluyendo los mecanismos no democráticos en la financiación de partidos y campañas electorales. Por otro, lado la lógica de representación  societaria pone el énfasis en la sociedad civil como ámbito privilegiado de la democracia y la lógica de representación personalista se apoya en el liderazgo donde juegan componentes afectivos e identitarios. Panizza sitúa una gran tarea común a los gobiernos de izquierda latinoamericanos, la “democratización de la democracia”  cuya implementación sea diferente en cada país.

Democratizar el Estado y la sociedad son cuestiones interdependientes.

Democratizar la política incluye ambas dimensiones, porque ella no puede reducirse al Estado, sino que también abarca una buena parte del accionar de las organizaciones sociales y a los partidos. Si los partidos son organizaciones sujetas al poder unipersonal u oligopólico de un puñado de dirigentes, si sus militantes, adherentes o votantes no tienen opciones para participar de sus discusiones y decisiones, si las distancias entre dirección y bases son muy grandes, si los colectivos no tienen formas de contralor ético y político sobre sus representantes, hay grandes posibilidades de que las estrategias que lleven adelante no contribuyan a la democratización profunda de la sociedad. Algo similar aunque con características propias puede suceder con los movimientos sociales. Las políticas públicas pueden ser mucho más que decisiones gubernamentales, sino construcciones compartidas por distintos actores.

Romper con el patriarcado, con el racismo, con la discriminación etaria y por orientaciones sexuales, con la estigmatización de los adictos, con la violencia cotidiana en el hogar, en el deporte, en la sociedad, construir una convivencia distinta, no son aspectos menores,  secundarios frente a las cuestiones económicas. No son cuestiones privadas, separadas de la política y el Estado. Forman parte esencial de la agenda política a gestar, tanto en sus dimensiones tácticas, en las luchas actuales, como también en el horizonte de proyectos societarios distintos al capitalismo tardío que vivimos hoy.

Pensar la economía es otro capítulo de las reflexiones sobre democratización. Como decía hace poco Richard Wolff “los adultos pasan la vida en el trabajo y en el trabajo no hay democracia” reivindicando un modelo cooperativo y autogestionario.

Democratizar el Estado significa problematizar la distancia con la población, abrir nuevos y múltiples canales de participación, romper con el “autismo estatal” y con las lógicas clientelísticas de captura del Estado por los partidos. En este campo están  las iniciativas para aumentar la transparencia, garantizar  el acceso a la información, utilizar los medios electrónicos de acceso y participación, el Gobierno electrónico y más aún el Gobierno Abierto.

En Uruguay la participación de los usuarios de la salud tanto en la base como en la conducción del SNIS es una de las claves de la reforma sanitaria, con muchas más luces que sombras. En cambio la creación de Comisiones de Participación por centro educativo, un instrumento fermental para construir procesos pedagógicos más amplios, ha sido resistido desde los ámbitos gremiales y recibió escaso impulso desde las autoridades. Vale insistir que la participación social no puede reducirse a la elección de representantes. Un punto central es el desarrollo de prácticas colectivas, de procesos amplios donde la población participe como protagonista de las transformaciones.

Mucho antes de acceder al gobierno nacional la izquierda promovió estrategias de  Descentralización  Participativa, con base territorial. Existe  una larga experiencia en este sentido y constituye un grave error desestimarla  desde la política nacional en estas nuevas etapas. La descentralización participativa implica nuevas formas de distribución del poder y la construcción de nuevos poderes, la gestación y/o fortalecimiento de actores comunitarios, la consulta a la población y su involucramiento en las decisiones, la cogestión entre la comunidad y el Estado de emprendimientos y servicios. Acotarla a los temas locales es una forma de impedir su profundización. Por el contrario lo local, lo departamental y lo nacional deben articularse para responder a los problemas de la población en cada territorio y eso incluye las posibilidades de participación democratizadora. El Presupuesto Participativo, las Asambleas de Salud, las Redes de salud, de infancia, de adultos mayores, de medio ambiente, son ejemplos muy ricos sobre los cuales hay que reflexionar críticamente e innovar creativamente. Desarrollos teóricos como los de Planificación Participativa y Gestión Asociada constituyen aportes a integrar en estos debates.

La financiación de los partidos y las campañas electorales es uno de los nudos que pone en evidencia los mecanismos por los cuales el dinero, el poder económico, incide en la política. La corrupción se vuelve estructural en algunos contextos, afectando al conjunto del sistema político. Pero aún en los casos en que no alcanza esas dimensiones,  el dinero es un gran factor de poder antidemocrático en la política. En Uruguay vemos las financiaciones anónimas que tuvo el Partido Colorado, las donaciones empresariales que predominaron en las finanzas del Partido Nacional pero que también llegaron al FA, las donaciones encubiertas por el cobro de tarifas diferenciadas por parte del oligopolio de la TV, la incapacidad de la Corte Electoral para realizar los controles mínimos sobre lo declarado por los partidos. Son aspectos que afectan la calidad de la democracia. Los principios de transparencia y rendición de cuentas han tenido muchas dificultades para implementarse efectivamente.

La reducción de la política a la gestión de gobierno es un grave problema para la izquierda. Las distancias y los sistemas de relaciones que el Estado genera en relación con la población encasillan la política adjudicando roles bien acotados: elegir los gobernantes cada 5 años. Durante el resto del tiempo los ciudadanos son espectadores conformes o críticos y las fuerzas sociales desarrollan sus reivindicaciones específicas.

La política como acción colectiva y de masas sobre problemas de la sociedad no puede perder relevancia por el hecho de que la izquierda llegue al gobierno. Por el contrario debería dar un salto en calidad. Ni encerrados entre las cuatro paredes de la institucionalidad, ni anémicos apéndices del gobierno, las organizaciones políticas pueden  ser un centro de prácticas políticas hacia y con la población, con capacidad de iniciativa y movilización ciudadana, un dinamizador de ciudadanía activa y a la vez estructuras democráticas y participativas a su interna. Las fuerzas sociales son parte central de la lucha por una hegemonía antineoliberal, integrando demandas distintas en proyectos comunes, defendiendo sus intereses particulares pero desplegando también propuestas y acciones sobre los problemas generales.

Los gobiernos, los partidos y las fuerzas sociales pueden, desde sus roles, características y contradicciones, pero en alianzas, sumando fuerzas, promover formas de hacer política que salgan de los moldes tradicionales, que los superen o los complementen. Ese tipo de prácticas requiere cambios en las estructuras políticas del Estado y a la vez son condición para esas transformaciones.

*Publicado en DÍNAMO/La Diaria

http://ladiaria.com.uy/media/editions/20160613/la_diaria-20160613-dinamo_2.pdf

Entrevista a Edison Lanza

Entrevista a Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Periodista y abogado uruguayo fue designado en julio de 2014. Con él hablamos sobre la Ley de Medios y su aplicación en Uruguay.

El FA como herramienta en la democratización de la sociedad

Espacio de preguntas y respuestas en la mesa redonda dedicada a la democratización del Estado y la sociedad. Adriana Cabrera responde al cuestionamiento sobre Frente Amplio como herramienta de los cambios. La mesa redonda tuvo lugar el 26 de noviembre de 2015 en la Huella de Seregni.

Gabriel Delacoste en la mesa redonda sobre democracia

La quinta mesa redonda del Ciclo de debates: La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda estuvo dedicada a La democratización de la sociedad. Frente a la pregunta ¿qué cambios políticos y jurídicos son necesarios para profundizar la democracia? intervinieron como panelistas Adriana Cabrera, Gustavo Gómez y Gabriel Delacoste. Moderó el panel Virginia Martínez. La actividad tuvo lugar en La Huella de Seregni el jueves 26 de noviembre de 2015.

Intervención de Gustavo Gómez en la 5ta mesa redonda del ciclo de debates

La quinta mesa redonda del Ciclo de debates: La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda estuvo dedicada a La democratización de la sociedad. Frente a la pregunta ¿qué cambios políticos y jurídicos son necesarios para profundizar la democracia? intervinieron como panelistas Adriana Cabrera, Gustavo Gómez y Gabriel Delacoste. Moderó el panel Virginia Martínez. La actividad tuvo lugar en La Huella de Seregni el jueves 26 de noviembre de 2015.

Segunda parte de la intervención de Adriana Cabrera en la 5ta mesa redonda del ciclo de debates

La quinta mesa redonda del Ciclo de debates: La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda estuvo dedicada a La democratización de la sociedad. Frente a la pregunta ¿qué cambios políticos y jurídicos son necesarios para profundizar la democracia? intervinieron como panelistas Adriana Cabrera, Gustavo Gómez y Gabriel Delacoste. Moderó el panel Virginia Martínez. La actividad tuvo lugar en La Huella de Seregni el jueves 26 de noviembre de 2015.

Intervención de Adriana Cabrera en la 5ta mesa redonda dedicada a la democr

La quinta mesa redonda del Ciclo de debates: La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda estuvo dedicada a La democratización de la sociedad. Frente a la pregunta ¿qué cambios políticos y jurídicos son necesarios para profundizar la democracia? intervinieron como panelistas Adriana Cabrera, Gustavo Gómez y Gabriel Delacoste. Moderó el panel Virginia Martínez. La actividad tuvo lugar en La Huella de Seregni el jueves 26 de noviembre de 2015.

Virginia Martínez presenta la 5ta mesa del ciclo de debates

La quinta mesa del ciclo de debates: La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda fue presentada por Virginia Martínez el 26 de noviembre de 2015 en La Huella de Seregni. Se intercambió sobre la democratización de la sociedad y en ella participaron Adriana Cabrera, Gabriel Delacoste y Gustavo Gomez.

Imagen

QUINTA MESA DEL CICLO DE DEBATES

ciclo de debates mesa 5

La quinta mesa de nuestro ciclo de debates intenta abordar algunas asignaturas pendientes en el proceso de democratización de nuestra sociedad  y otras en proceso de cambio. En ella participarán Adriana Cabrera Esteve, Gustavo Gómez, Rafael Paternain y Gabriel Delacoste. Moderará, Virginia Martínez.

Intervención de Milton Romani en el ciclo de debates: La crisis del capitalismo, una mirada desde la izquierda

Intervención de Milton Romani durante la mesa redonda sobre Uruguay, la región y el mundo, junto a Constanza Moreira y Roberto Conde, con la coordinación de Lucas Silva. La presentación del ciclo estuvo a cargo de Mónica Xavier, Pablo Anzalone y Javier Cousillas y se realizó en la Huella de Seregni el 10 de setiembre de 2015

Lo esencial de la educación

Pablo Martinis

En principio el presente artículo iba a tener que ver con la situación de la educación en el marco del conflicto por el convenio salarial y la elaboración del presupuesto quinquenal. Luego de la decisión del Poder Ejecutivo de declarar la esencialidad de “los servicios correspondientes a los Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Centros de Formación Docente”, me he visto obligado a reescribirlo.

Me interesa centrar el razonamiento en un aspecto: la falsa disyuntiva que se ha extendido en los últimos tiempos entre derechos de los trabajadores de la educación y el derecho de niños, niñas y adolescentes uruguayos a recibir educación. Entrar a la discusión validando esta disyuntiva no hace otra cosa que dar cuenta de un posicionamiento profundamente reaccionario. La prensa de derecha ha insistido reiteradamente en este punto en los últimos días, de la mano de sus más estilizadas plumas.

Contraponer derechos de trabajadores contra derechos de hijos de trabajadores no puede sino ser un despropósito desde una perspectiva de izquierda. Lamentablemente ese es justamente el argumento en el que se respalda el Poder Ejecutivo para justificar su decreto. El Considerando 1 del texto del Decreto sostiene:

I) que las decisiones adoptadas por las organizaciones sindicales comprometen, por su extensión, derechos básicos que tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana (Declaración aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993) como es el derecho a la educación, en tanto las medidas impactan particularmente en los menores de edad, afectando el derecho a la educación en sí mismo y el atinente a la formación de niños y adolescentes.

Más allá de muchas otras consideraciones que podrían realizarse sobre el tema, es esta la que me interesa subrayar. La decisión de declarar esenciales los servicios educativos se toma sobre la base de la defensa de los derechos de los educandos. Oponiendo un derecho contra otro. Así, se favorece la fragmentación del campo popular, pretendiendo poner a unos trabajadores contra otros trabajadores. Esto parece particularmente inaceptable proviniendo de un gobierno de izquierda que responde a un programa de gobierno que compromete cambios a favor de las mayorías populares.

¿Puede alguien sensatamente creer en el gobierno que algo bueno puede surgir en la educación uruguaya a partir de este intento de doblarle el brazo a los sindicatos de la enseñanza? ¿Puede alguien defender la decisión tomada como una medida de izquierda? Sería muy interesante escuchar argumentos que respondan estas preguntas, no recurriendo al discurso liberal del tipo “mi libertad culmina donde comienza la tuya”, sino desde una perspectiva de cambios profundos que sostenga “no puedo ser plenamente libre si los otros no lo son”. Quizás una clave para comprender algunas expresiones que hemos escuchado en los últimos días desde diversos actores tenga que ver con reconocer las dificultades que estamos teniendo para sostener posiciones de izquierda que van contracorriente al sentido común instalado.

Decisiones como las tomadas por el Poder Ejecutivo son las que nos colocan frente al espejo, mirándonos y tratando de reconocernos. A muchos nos ha costado reconocernos en los últimos días.

Es de esperar que prontamente se pueda retomar el diálogo y dejar sin efecto esta medida. Lo que no se superará tan fácilmente es el costo de haber tomado una decisión que ciertamente supone ir más lejos de lo que ningún otro gobierno fue capaz de ir. Así como sucedió con el veto a la ley de aborto, hoy también se está marcando un antes y un después.

Como aporte a recuperar un sentido a la esencialidad de la educación en nuestro país, no estaría de más repensar qué significa concretamente y en la práctica priorizar a la educación en el marco de un proceso de desarrollo progresista. Esencial es:

– Concebir un Plan Nacional de Educación a mediano y largo plazo que nos permita trascender los vaivenes de cada período de gobierno y fijar metas progresivas orientadas a la mejora de la educación que reciben todos y particularmente los hijos de los trabajadores.
– Asignar, sin más dilaciones, una asignación presupuestal a la educación acorde a sus necesidades. Esta debe tener como base el 6% del PBI, tal como ha sido comprometido públicamente.
– Reconocer a los docentes. No hay mejor educación sin docentes profesionales y reconocidos en su tarea. Ello hace imprescindible fijar remuneraciones acordes a la relevancia que se sostiene tiene la educación. En este sentido debe reconocerse que si efectivamente la educación es una prioridad nacional, las reivindicaciones salariales que sostienen los sindicatos de la enseñanza no puede ser vistas de ningún modo como desproporcionadas.
– Desarrollar políticas a nivel de la educación básica que tiendan efectivamente a integrar a todos los alumnos en espacios comunes, transformando los formatos escolares vigentes y tendiendo a superar los programas focalizados que, sostenidos en el tiempo, no hacen más que reproducir las desigualdades pre-existentes.
– Asegurar la infraestructura necesaria para la tarea educativa en cada institución, realizando el mantenimiento de los espacios existentes y construyendo aquellos que sean necesarios para evitar la superpoblación, particularmente en la enseñanza media.
– Articular las diversas propuestas educativas existentes en los territorios, favoreciendo los proyectos educativos comunes y la circulación de los educandos por los mismos.
– Favorecer la construcción de un sistema terciario de educación pública en el marco del cual la formación de docentes y educadores encuentre los apoyos necesarios para ser potenciada.

Todo lo anteriormente señalado está conceptualmente contenido en el Programa de Gobierno del Frente Amplio. La apuesta de izquierda es a la transformación de la educación en beneficio de las grandes mayorías, siempre postergadas. Esta transformación es esencial para sostener un proceso de cambios sociales más amplios y no se hace contra los trabajadores de la educación sino con ellos. O retomamos ese camino o no estaremos siendo fieles a nuestra vocación de transformar este país en un lugar donde reine la justicia y donde todos podamos ser efectivamente ser iguales.