LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO: CONDICIÓN NECESARIA PERO NO SUFICIENTE* Por Miguel Fernández Galeano

El Consejo de Ministros acaba de presentar un proyecto Ley integral de más de cien artículos, que tiene como objetivo “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género” (VBG)[1]. A nivel mundial casi todos los países han aprobado leyes de diferente generación las denominadas intrafamiliares, las domésticas (como la aprobada en Uruguay en el año 2002)  y las definidas como integrales que son las que apuntan a abordar el problema en todas sus dimensiones y a proponer respuestas integrales e integradas.

El gobierno asume de esa forma la necesidad imperiosa de superar y abordar en toda su complejidad el marco legal y normativo actual para responder a un problema social de primer orden en la agenda nacional. Sin duda estamos ante un tema cargado de dramatismo para el país y su gente, y sobre el que la sociedad en su conjunto reclama una respuesta eficaz, muchas veces sin saber cómo abordarlo.

Al compromiso del Estado y el gobierno uruguayo se agrega la creciente demanda de una sociedad que parece haber tomado conciencia de que la violencia de género es inadmisible en cualquiera de sus  manifestaciones y en cualquier lugar en el que se produzca.

Se trata de impedir toda forma de discriminación que afecte “la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres”.[2] De acuerdo a la ley se define como VBG a  “toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres”. [3] Respecto de la ley vigente el proyecto amplía grandemente su campo de intervención a otras  manifestaciones de VBG, la violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, por la identidad de género o expresión de género, y a las múltiples formas de expresión económica, simbólica, obstétrica, laboral, política, mediática  y el propio acoso sexual callejero considerando particularmente las violencias que ocurren en los espacios doméstico, institucional y comunitario.

En forma particular se incluye la figura jurídica del feminicidio entendido “como la acción de extrema violencia que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño”.[4]  Esta tipificación del delito no supone el agravamiento de las penas previstas en el Código Penal considerado como un homicidio especialmente agravado pero estableciendo características específicas.

Entre los  principios rectores del proyecto destaca la perspectiva de derechos humanos, la responsabilidad estatal, la igualdad y no discriminación, la igualdad de género, la integralidad y calidad, el interés superior de las niñas y las adolescentes y la participación ciudadana.

En el proceso de elaboración se contó con la participación  activa de todos los ministerios involucrados en los capítulos específicos sobre salud, educación, trabajo, seguridad, fiscalía, así como organismos vinculados a las políticas de infancia y adolescencia, personas mayores y discapacidad, apostando a un decidido compromiso de gobierno en definir un sistema de respuesta interinstitucional, que involucre a todos los organismos con capacidad de respuesta  para prevenir, tratar y reparar el daño en las situaciones que rodean la VBG.

 Algunos artículos repasan en detalle  los derechos que tienen las personas que se ven involucradas en situación de violencia y sobre las  medidas que garantizan el respeto a su palabra, a la confidencialidad y a que no vuelvan a ser victimizadas.

El proyecto también prevé la creación de un Observatorio de Violencia de Género para monitorear los avances de la Ley. También contiene lineamientos de políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia de género, entre ellos, el compromiso del Estado en cultura, educación, salud, trabajo, defensa, vivienda, desarrollo social y turismo como un sistema de respuesta interinstitucional e integral.

Se define, asimismo,  una mejor respuesta judicial con la instalación de juzgados multimateria en lo civil y lo penal, que permitan unificar el proceso, favorecer la especialización y así minimizar las posibilidades de re victimización de la mujer. De igual modo se establecen procesos de protección de las víctimas y garantías sobre las denuncias y se formulan propuestas de normas para incorporar al Código Penal.

Como lo señalo señaló la Directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, el proyecto “es la síntesis de lo que la sociedad entiende como respuesta integral” a estas situaciones, “con énfasis en el respeto a los derechos humanos y en la dignificación de mujeres y varones”.[5] Junto a los organismos del estado en el proceso de elaboración y consulta incorporó el punto de vista de las organizaciones sociales que integran el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y el Consejo Nacional de Género.

En este contexto los aportes desde la sociedad civil a través de la  red de organizaciones no gubernamentales de lucha contra la violencia doméstica, de organizaciones de mujeres y feministas, el acompañamiento de la Bancada Bicameral Femenina integrada por todos los partidos políticos resultaron fundamentales para una construcción colectiva que recoge las  demandas, necesidades y expectativas que se generan a partir de los impactos psicosociales y políticos que produce la VBG en la gente y especialmente en las mujeres. Finalmente en este resumen descriptivo sobre el contenido de la Ley y su proceso de construcción señalamos que para la elaboración final del proyecto se contó con en el  trabajo sistematizado de consultorías  brindadas por la cooperación  técnica internacional de ONU Mujeres y OPS/OMS.

Ahora bien, estamos ante un proyecto de ley completo, conceptualmente válido,  que establece un conjunto amplio de herramientas y dispositivos para prevenir y tratar la VBG .Una propuesta de marco legal que recoge y sistematiza con rigor las evidencias acumuladas tanto a nivel nacional como e internacional.

 Pero  estamos conscientes que estas formas de violencia se sostienen en  valores culturales arraigados (machismo, patriarcado) y  en injustas, innecesarias e inaceptables desigualdades de género. Desde esa perspectiva esta Ley, como muchas leyes, es ciertamente una condición necesaria pero no suficiente para abordar la violencia desde sus orígenes y atendiendo a la complejidad bajo las cuales se expresa.

Antes que nada debemos reconocer que estamos frente al desafío de promover un cambio cultural profundo y para que los objetivos del Ley de VBG incidan en dicha transformación e incluso para que sea aplicable es decisivo pensar un conjunto de acciones a impulsar desde la sociedad y desde todos los lugares donde esta se expresa.

A

A título de inventario y tomando la lluvia de ideas que surgió en intercambio con jóvenes preocupadas con el tema ponemos algunos ejemplos de posibles iniciativas a desplegar para darle contexto y contenido a una buena Ley que resultará útil y aplicable si en la sociedad uruguaya somos capaces de dar la batalla por una nueva hegemonía cultural en el enfoque de  género y en la forma de entender y enfrentar todas las formas de violencia:

  • Campañas para combatir la discriminación y el maltrato dentro de las parejas, en el ámbito educativo y  laboral, contra las mujeres y contra las personas que asumen formas diversas de orientación sexual.
  • Poner el énfasis en relaciones de pareja adolescentes basados en el respeto mutuo. Las primeras relaciones marcan la manera como las personas se relacionan con el otro sexo. Construir relaciones de respeto en esa etapa es clave.
  • Incluir la lucha contra el bullying desde la escuela. Este tipo de acoso actúa contra los más débiles y retroalimenta las actitudes de vulneración de derechos, y genera la complicidad del resto, de los colectivos.
  • Crear centros de mediación y consejería para este tipo de situaciones. Poder hablar del tema es un comienzo de replanteo. Encontrar quién escuche, oriente, busque y vincule con apoyos en la familia y la comunidad. De última registre procesos antes que asuman formas más graves.
  • Incluir el tema de la equidad de género en la educación con capacitación de los docentes, generación materiales educativos para a Red Ceibal, convenios con la sociedad civil, articulaciones interinstitucionales e intersectoriales.
  • Emplear los quince minutos diarios definidos por la Ley SCA en campañas de bien público para una campaña de difusión de valores de equidad de género y de resolución de conflictos sin violencia.
  • Ampliar los dispositivos de atención y tratamiento a hombres violentos contra mujeres y niños.
  • Utilizar mecanismos de derivación coercitiva de hombres violentos a los dispositivos de tratamientos, grupos de ayuda y otros dispositivos, en los primeros momentos de una situación de violencia.
  • Asociar violencia de género y violencia doméstica sobre niños y adultos mayores. Cuestionar la cultura de la violencia en las relaciones familiares o afectivas.

Son solo algunos ejemplos que se pueden ampliar y adecuar a diferentes contextos. Cuestionar la cultura de la violencia implica poner en marcha acciones para su transformación, que nunca serán suficientes pero al menos marcaran comienzos para generar cambios. Necesitamos “hacer algo” en relación con los mecanismos de “abuso de poder” en ámbitos privados para habilitar y hacer prevención en el ejercicio público del mismo.

La cultura y la sociedad violenta también se gestan desde diferentes ámbitos no solo desde la propuesta grandilocuente que no produce más que diagnósticos pero no trata la enfermedad terminal. En términos médicos. Prevención, prevención, prevención no es solo anticipar futuro sino intervenir en él.

La ley ayuda mucho, es urgente y necesaria pero no podrá mágicamente con todo. Estamos convencidos que  solo con creatividad y audacia, con compromisos activos en la familia y en la comunidad es posible pensar en una vida libre de violencia de género, paso muy importante para erradicar toda forma de violencia.  Si, se puede.

*Publicado en El Diaria Médico

[1] Proyecto de Ley “Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género”

[2] Op.cit

[3] Op.cit

[4] Op.cit

[5]  Conferencia de Prensa en la Torre Ejecutiva luego de la aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros

Puede dejar un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s