Gobernar es también anticiparse

Toda la sociedad uruguaya ha estado fuertemente impactada por los episodios del SIRPA. A los hechos de violencia, siguió la resolución judicial que terminó procesando con y sin prisión a 26 funcionarios del INAU. Existen disquisiciones legales sobre la proporcionalidad entre los acontecimientos y las penas de dicho dictamen. Lo que debería estar fuera de discusión es que tanto las innumerables denuncias previas como el video que adquirió estado público revelan un trato cruel, inhumano y degradante a los menores privados de libertad en el CEPRILI. Es tortura, en cualquier lugar y contexto, la agresión de un agente del Estado que lesiona por su entidad la humanidad. No es necesario usar tacho y picana. Por cierto que guarda grandes diferencias de alcance y objetivos con la aplicación sistemática de la tortura por parte del terrorismo de Estado que impusieron las dictaduras de la región. Ahora, como un colmo insólito, se agrega la acción de la Guardia Republicana, que vuelve a cometer graves violaciones a los derechos humanos. Contra los mismos menores, que más allá de sus conductas (por ello están privados de libertad), merecen un trato digno.
No debería ocultarse que estas prácticas naturalizadas e institucionalizadas constituyen flagrantes violaciones a los más elementales derechos humanos. Agrava estos hechos la circunstancia de que antes y después de los mismos existiera un involucramiento directo de la organización de funcionarios del INAU. No solo no hubo el menor atisbo de autocrítica, sino que por el contrario, lejos de condenarlos se intentó explicar todo como una operación política para destruir al sindicato y acabar con sus dirigentes.
Con este escenario era bastante previsible una respuesta en la que se pusieran en marcha todos los mecanismos posibles para mostrar las vulnerabilidades institucionales del SIRPA. Al día siguiente a la difusión del video se produjeron tres fugas en el propio CEPRILI. La larga historia de fugas sistemáticas y muchas veces masivas de adolescentes que casi nunca estuvieron ajenas a situaciones de conflicto y demandas de los funcionarios a las autoridades del INAU permitía pronosticar una situación de gran conflictividad a punto de partida de los propios internos de los centros del SIRPA.
Manipular y “fogonear” el conflicto, crear un clima de inseguridad y alentar los desbordes, obligar a que actúen otros que no están preparados para intervenir adecuadamente, habilitar las fugas o impedirlas por pactos no explícitos, son formas corporativas nefastas de ejercer el poder y ganar posiciones en la negociación. Una dinámica conocida que alimenta la violencia utilizando y revictimizando a los adolescentes en una vieja fórmula a desterrar en el complejo proceso de reinsertarlos socialmente.
En ese contexto resulta inexplicable que las autoridades no hayan previsto una participación adecuada y ajustada al respeto de los derechos humanos a la hora de darle participación a efectivos de la Guardia Republicana en el traslado de un grupo de menores del CEPRILI a otro centro del SIRPA. Según han manifestado un grupo de parlamentarios se ha podido comprobar en varios internos la existencia de lesiones y la inexplicable falta de abrigo de muchos o la mayoría de ellos. Más allá de realizar de forma inexcusable una investigación a fondo de estos hechos, sorprende la incapacidad de prevenir y anticiparse por parte de los responsables del operativo de traslado. También sorprende de parte de las autoridades habida cuenta de la principalidad del tema en la agenda política y la importancia de consolidar al Estado como garante de derechos y muy especialmente de los derechos humanos.
Siendo estos nuevos hechos graves desde la perspectiva de los derechos humanos y admitiendo que aún deben ser investigados con todo el rigor que el caso amerita, estimamos que la situación deja un saldo altamente negativo que no se debería soslayar.
La intervención de la Guardia Republicana deja sobrevolando en el ambiente la idea que la única forma de controlar a estos jóvenes es ejerciendo formas violentas de intervención. El sistema actual, los funcionarios gordos y La Republicana coinciden en un punto aberrante, fuera de todo enfoque serio de integración social. Desplaza toda la responsabilidad de esta violencia institucional a las decisiones superiores desde el Estado y justifica la participación de los funcionarios en el contexto de decisiones y condiciones de trabajo de las que no son responsables. Los únicos que siguen poniendo el lomo y el cuerpo al castigo son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2002.
La crónica de la participación de la Guardia Republicana en el marco de las tensiones existentes en el SIRPA era una situación anunciada. No es posible entender cómo no se extremaron las medidas preventivas para evitar la reiteración de estos hechos y sobre todo evitar perder terreno en el campo de reivindicar que desde el Estado se puede garantizar la seguridad en un marco de derechos sin ejercicio de ninguna forma de violencia.
Los jóvenes infractores que cometen violencia y están presos, no son unos angelitos. Precisamente conocen desde pequeños, todo tipo de violencia familiar, social y represiva. Están más allá de la fractura social y tienen mucha violencia coagulada. Pensar que más violencia sobre sus cuerpos y sus almas arregla algo es de estúpidos. Creer que con ello se reeducan es insólito y lo único que genera es más violencia. Es necesario reencontrarse y rediseñar caminos para, no desde la ingenuidad, desplegar nuevos y renovados enfoques, que no apuesten solo al encierro y sí al trabajo de reeducación firme pero que comience por resignificar su humanidad. Humanidad que comenzamos a perder con estos hechos. La de ellos, que es nuestra humanidad.
Colectivo El Taller