La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.
Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.
De ellos, catorce permanecen en una prisión (José Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Maurente, Ernesto Soca, Ricardo Medina, José Sande, Gregorio Álvarez y Juan Larcebeau en la Cárcel de Domingo Arena; y José Ribero, Arturo Aguirre, Nelson Bardecio, Pedro Fleitas y Asencio Lucero en la Cárcel de Corceros) y cinco fueron beneficiados con la prisión domiciliaria (José Gavazzo, Ernesto Ramas, Juan Carlos Blanco, José Araújo Umpiérrez y Amodio Pérez).
Ramas, Gavazzo, Vázquez, Medina, Silveira y Arab no han enfrentado un Tribunal de Honor por sus crímenes.
Dos represores fueron excarcelados (Tranquilino Machado y Ricardo Zabala), uno fue sobreseído (Juan C. Gómez), cinco fallecieron (Juan M. Bordaberry, Carlos Calcagno, Alberto Gómez Graña, Miguel Dalmao y José Chialanza) y dos se suicidaron cuando los fueron a detener (Juan Rodríguez Buratti y Pedro Barneix). También hay tres procesados en Chile (Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli), uno ahora condenado en Argentina (Manuel Cordero), otro refugiado y en juicio en Italia (Jorge Tróccoli), tres prófugos (Pedro Mato, Hermes Tarigo y Miguel Sofía) y uno requerido (Ariel Ricci).
Pese a lo que dicen las normas militares, sólo se ha pronunciado un Tribunal Militar de Honor (Gilberto Vázquez) por un caso de fuga, que luego fue revisado por el Ministerio de Defensa Nacional. Todo los demás oficiales a quienes correspondían los juicios morales, que en algunos casos se iniciaron, no han tenido una sentencia. Unos porque no hay oficiales superiores que los puedan juzgar (Gregorio Alvarez) y otros porque no ha existido voluntad política ya que si se los condena deberían perder sus jubilaciones y prebendas, entre ellas la asistencia médica.
El dictador Gregorio Alvarez fue encarcelado por las desapariciones de 1977, pero ningún Tribunal de Honor ha dictado sentencia sobre su moral.
CUENTAS DE IMPUNES
A las reseñadas estadísticas de la impunidad, se puede narrar un largo collar de cuentas que muestran la impunidad en casos concretos que se han registrado desde la salida de la dictadura hasta la fecha. Episodios que en su momento pudieron o no ser denunciados en los medios de comunicación y aún ante la justicia, pero que demuestran hasta dónde los criminales de lesa humanidad son impunes en Uruguay.
El coronel Glauco Yanonne, uno de los oficiales que secuestró a Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Brasil en 1978, terminó siendo enviado a Oslo para recibir el premio nobel de la Paz por los cascos azules uruguayos durante la presidencia de Julio Sanguinetti. Se llegó a filmar un documental al respecto… Hoy es profesor de historia en la Escuela Militar, designado durante un gobierno del Frente Amplio.
Eduardo Ferro, tan impune ayer como hoy. Secuestró, torturó, asesinó, desapareció y exhibe un arsenal de balas calibre 30.
El coronel Eduardo Ferro, jefe del operativo contra Celiberti y Rodríguez, implicado en la desaparición de Oscar Tassino, quien trabajo en empresas de seguridad y fue asesor de legisladores colorados, organizó una reunión en Maldonado, a la que asistieron 900 camaradas. A cada uno la regaló un cartucho vivo de una bala Calibre 30 transformado en llavero. Nadie cuestionó oficialmente de dónde salieron esas balas y por qué un oficial retirado tenía una caja con un millar de municiones de armas de guerra. ¿Hay un arsenal en algún lado? ¿Justo en un entorno en el que se ha denunciado grupos de ultraderecha?.
La convocatoria y la bala calibre 30 que Ferro le regaló a sus camaradas en la reunión realizada en Maldonado en 2013
El coronel Guillermo Abella Zuasti, fue reconocido como un torturador al asistir al juzgado de la calle Misiones para solidarizarse con otros militares que eran indagados. Una víctima lo denunció al ver su foto en un diario. Era profesor de matemáticas y coordinador del curso de rematadores de la UTU. Algunos de sus alumnos eran hijos de las personas que él y sus compañeros habían torturado.
El mayor Mangini se exhibió armado ante una sede penal en 2007. En 1973 había asesinado con la JUP a Rodriguez Muela. Crimen impune.
A fines de 2007 fue citado por primera vez a un juzgado el general Iván Paulós. Lo acompañaron como escoltas el coronel Ferro y otro desconocido de lentes oscuros quien exhibía un arma en su cintura al arengar a los presentes. Era el mayor Enrique Mangini, uno de los militantes de la JUP que asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela en el Liceo 8 en 1972. Denunciado por la prensa, en su impunidad, inició un juicio por difamación. Su denuncia fue desechada, pero aún no lo juzgaron por su crimen.
Los militares Alberto Ballestrino (h), Ricardo Blanco Fanocchio y Gustavo Mieres Ultra asesinaron por torturas a Oscar Fernández Mendieta en el Batallón de Durazno en mayo de 1973. Su responsabilidad fue denunciada en 2009, pero todavía no fueron juzgados. Ballestrino es pastor en Maldonado, Mieres dirige el Club Tacuarembó y Blanco habría viajado al exterior. El pasado 18 de mayo, Día del Ejército y la Batalla de las Piedras, el comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, destacó el concepto de “trato digno al enemigo preso” que pedía el General Pablo Galarza en la guerra de 1904. Galarza es el nombre del batallón donde mataron a Fernández Mendieta.
La ayuda que Dan Mitrione pidió a EEUU incluía 4 Winchester 225 entregados a la DNII. Con ellos asesinaron a Heber Nieto en 1971.
En marzo de 2009 la historiadora Clara Aldrighi trajo documentos desclasificadoss en Estados Unidos que mostraban la ayuda que el agente norteamericano Dan Mitrione pidió para Uruguay antes de ser ejecutado por los Tupamaros en agosto de 1970. La “ayuda” llegó a fines de 1970. Incluía autos Mavericks, equipos de espionaje y armas, entre ellas cuatro winchester 225 con mira telescópica, que fueron usados para asesinar al estudiante Heber Nieto en la azotea de la Escuela de la Construcción en 1971. La semana pasada, 45 años después, un testigo fue citado a declarar por el caso en el juzgado penal 13…
CUENTAS DE IMPUNIDORES
Los criminales prófugos Jorge Tróccoli, Hermes Tarigo y Pedro Mato, estarían cobrando sus pensiones militares a través de tarjeta BROU internacional. Todos ellos deben presentarse periódicamente ante un consultado uruguayo para que les den el “certificado de vida” que luego envían al Servicio de Retiros y Pensiones Militares para que les habiliten el pago de sus jubilaciones. La Cancillería uruguaya sabe dónde está cada uno de ellos, porque esos papeles son enviados a Montevideo por los consulados.
Los militares prófugos obtienen certificados de vida en los consulados uruguayos y luego cobran sus jubilaciones en cajeros BROU.
Estos militares prófugos tampoco han sido sometidos a los tribunales de honor que les harían perder sus pensiones. Ser prófugos no sería deserción para las Fuerzas Armadas. Por el contrario, ellos también fueron favorecidos por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2008 declaró inconstitucional el impuesto a los sueldos (IRPF), de unos tres mil retirados militares, que en la causa estuvieron representados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez. Resulta paradójico que el Estado financie sus fugas…
El Ministerio del Interior censuró documentos desclasificados sobre Nibio Melo, pese al Art. 12 de la Ley 18.381.
En julio de 2010, el Ministerio del Interior censuró documentación desclasificada por la Ley de Acceso a la Información 18.381 sobre Nibio Melo, el hijo desaparecido de Luisa Cuesta, con el argumento de “bloquear datos de terceros” por la Ley de Protección de Datos Personales 18.331; pese a lo que específicamente dice el artículo 12 de la ley de transparencia: “no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas… cuando la información solicitada refiera a violaciones a los derechos humanos, o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.”
Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, argumentaron en 2007, dos años después de la asunción de Tabaré Vázquez, que el maestro Julio Castro no había desaparecido sino que había tomado un avión a Buenos Aires como había dicho en 1977 la dictadura ante la OEA. La impune excusa se planteó como respuesta a una causa civil que inició la familia, quien luego de ganar ese juicio presentó todas las pruebas en una causa penal.
En 2007, con gobierno del Frente Amplio, abogados del Ministerio de Defensa adujeron que el maestro Julio Castro había huído en avión a Argentina.
La causa penal derivó en el procesamiento con prisión del comisario Ricardo Zabala, quien había secuestrado al maestro Julio Castro en 1977; pero un nuevo fallo judicial excarceló al policía.Algo similar ocurrió con el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por el asesinato en 1973 de Roberto Gomensoro Josman. Pero luego, en un extraño movimiento simultáneo de piezas desde la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, fueron cambiados juez y el fiscal, y terminaron otorgando el sobreseimiento del militar.
El caso Gomensoro volvió a quedar impune con la excarcelación del coronel Gómez.
CUENTAS DEL PASADO
Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez coordinador del segundo vuelo de Orletti, y obviamente lo es el régimen carcelario que el juez “ejecutor” Martín Gesto concedió a Ernesto Ramas (quien nunca estuvo en la cárcel y siempre se alojó en el Hospital Militar) y ahora fue a veranear a Piriápolis sin tobilleras, y para José Nino Gavazzo, a quien el mismo magistrado le permitió asistir a la celebración de los 15 años de su nieta. Un escrache en la puerta de su casa en Pocitos se lo terminó impidiendo.
El juez Martín Gesto otorgó la prisión domiciliaria a Ramas y a Gavazzo, quien tuvo permiso para ir a la Fiesta de 15 de su nieta.
Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte quienes acompañaban al capitán Jorge Tróccoli cuando viajaron a Buenos Aires a secuestrar a los uruguayos militantes del GAU; como lo es que el psiquiátra Martín Gutiérrez, denunciado por torturador ante el juzgado penal de 7° turno, pretenda un diploma de la Udelar en neurofisiología; que el oficial Sergio Coubarrere y el Dr. Eduardo Sainz paseen libremente por Fray Bentos, siendo los asesinos de Vladimir Roslik, porque para la justicia de Soriano el caso prescribió.
Armando Méndez mantiene su impunidad desde que coptó a Amodio Pérez a la OCOA
También es impunidad que el coronel Armando Méndez, el militar que convenció a Amodio Pérez (otro con prisión domiciliaria) para que le ordenara los papeles de la OCOA y poder capturar y torturar a sus compañeros, todavía no haya sido citado como indagado en un juzgado, cuando fue quien terminó asesinando por torturas al obrero Humberto Pascaretta de la fábrica CICSA, según ha testificado el ex soldado Hugo García Rivas, quien todavía debe vivir como un desertor refugiado por Cruz Roja en Noruega.
Las «Pibas de Abril», tres jovenes acribilladas en 1974 cuando empezó la coordinación represiva. Otro crimen impune.
Y sigue siendo impunidad que no se desarchive en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) los documentos sobre la reunión de Buenos Aires de 1974 en la que comenzó la coordinación represiva regional, iniciada con el secuestro y tortura del “Negro” Antonio Viana Acosta, que siguió con la salvaje ejecución de las «Pibas de abril» en la búsqueda de Washington Barrios, y que ese año incluyó a los fusilados de Soca, el asesinato de Ramon Trabal, y la desaparición de Luis González González.
Del mismo modo que permanecen impunes los crímenes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista en 1975, la verdad sobre el asesinato de Michelini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw o la desaparición de Liberoff, como la extorsión sobre Gerardo Gatti y León Duarte, lo ocurrido con las víctimas del segundo vuelo de Orletti, el destino de María Claudia García de Gelman y Elena Quinteros, en 1976.
El avión 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) fue protagonista del segundo vuelo de Orletti en 1976. ¿Dónde están?
Está impune lo que hicieron con el dinero de Orletti, la compra de la casona de Millán y de la Base Valparaíso, donde funcionaba una inmobiliaria desde la que crearon los edificios construidos en Luis A de Herrera y Demóstenes y en Batlle y Ordóñez y Ramón Anador; como impune continúa el destino del padre Mauricio, Klever Silva, cuyos archivos no ha desclasificado el Vaticano pese a los compromisos del Papa Francisco o las gestiones prometidas por el cardenal Daniel Sturla.
Sigue impune la desaparición de Santana, Inzaurralde, Goncálvez y Bellizzi en el Club Atlético, como los traslados a Uruguay de todos los secuestrados en diciembre de 1977 en Argentina, como el destino de Arigón, Ortiz, Paitta y Mattos Fagián, desaparecidos en los ochenta; o la decisión judicial sobre la denuncia de violencia sexual realizada con gran coraje por las presas políticas, que nos confirmaron que la violación era una herramienta sistemática en la tortura por todos los implicados.
Las excavaciones se demoran por razones políticas, judiciales o económicas.
Y también es impunidad que cada gobierno comience las investigaciones desde el principio y a la Comisión para la Paz, que hizo un informe para clausurar las investigaciones, siga una Comisión de Seguimiento que terminó publicando cinco tomos de documentos oficiales no cotejados con las víctimas y sus familias, y ahora una Comisión por Verdad y Justicia, que tarda un año en presentar su plan de trabajo; o que las excavaciones para encontrar a los desaparecidos dependan del convenio que se debe renovar cada año…
CUENTAS DEL PRESENTE
Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos “cultura de impunidad”, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay.
La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el “nunca más”), genera una frustración y un descreimiento social, que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el “valor” de la existencia humana.
La impunidad refuerza la frustración que genera un mundo consumista donde el valor del hombre se mide por lo que tiene.
Esa cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura, deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática. ¿Alguna vez se sabrá la verdad sobre el Plan Conserva, el banco Inglés, la pesquera Astra, o el vaciamiento de los bancos Bafisud, Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, Citibank, o el lavado en Cambio Italia?
La venta del Banco Pan de Azúcar, una de las denuncias de corrupción en los años noventa que parecen olvidadas.
La impunidad cotidiana genera pérdida de memoria sobre los nombres de la corrupción y de los corruptos, que se mezclan intencionalmente en la confusión y el olvido, para que nunca recordemos cuál era qué caso y cuáles sus derivaciones, para que no recordemos a los sospechosos de siempre, a los culpables de ayer, de hoy y de mañana…
¿Qué significan para la mayoría de los uruguayos los nombres de empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y Jose Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, Carlos García Altolaguirre o Carlos Curbelo Tammaro?.
¿Quién recuerda que como director del BHU, Samuel Noachas se adjudicó un apartamento?
¿Qué recuerdo queda de lo protagonizado por los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, AugustIn Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Samuel Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silva, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro, o Juan Carlos Bengoa?.
¿Cuánta impunidad existe si no se recuerda lo que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, Cangrejo Rojo (¿alguna vez se confirmó si era la voz de Julio Luis Sanguinetti la que pedía una coima a los inversores?), Merluza Negra, o que implicaron las SAFIs de Posadas, Vecino & Vecino en la historia del regional del lavado de dinero, la triangulación de armas o fuga de capitales?.
Villanueva Saravia, una de varias sospechosas muertes que se mantienen en la impunidad.
¿Cuán absoluta es la impunidad mientras siga sin saberse quién “suicidó” a Villanueva Saravia, quien asesinó a Andrés Trigo, quien patoteó a Jorghinio Goularte, quien ejecutó a Ronnie Scarzella, quien mató a la modelo Susana Mazur, o quien hizo estallar a Miriam Mazzeo con una bomba en la calle Plutarco; entre otros tantos casos que quedaron sin resolución?…
Es la misma cultura de impunidad que rige sobre los delitos cotidianos que sufre hoy la sociedad uruguaya y que las crónicas policiales nos inyectan en dosis de 20 minutos diarias en los informativos, cuando nos cuentan del Betito, el Bartolo, la Cotorra Loca, el Rambo; cuando nos instalan términos como “ajuste de cuentas”, “sicariato” con “descuartizadores”, “zonas rojas” o “feudalización” de los barrios, que mañana serán “favelizados” para que entre a sangre y fuego la Guardia Republicana como ocurrió en el Marconi.
Zonas Rojas, feudalización de barrios, sicarios y otros términos que imponen los medios de comunicación terminan por habilitar la represión del Estado.
“IMPUNO-OFF SHORE”
Cada día aparecen nuevas impunidades… Gracias a los debates que en las redes sociales generó el aumento del IRPF, saltó un dato publicado en el Reporte Uruguay 2015 de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP): “…puede señalarse que en 2011 el 1% de la población de mayores ingresos se apropiaba del 65,9% de los ingresos del capital; el 0,5% de la población, del 60,7%, y el 0,1% de la población del 48,7%. Esto significa que 3.286 personas concentran la mitad de los ingresos del capital.»
Informe de OPP: en Uruguay 3.286 personas concentran la mitad de los ingresos del capital.
Semejante concentración de la riqueza convoca a analizar cuánto de impunidad puede haber en el origen de esas fortunas y cuántas fortunas pueden dormitar en las polémicas empresas off shore que hace 25 años denunció Brecha, cuando el país era acusado de realizar bancotráfico luego de la caída de un par de importantes narcotraficantes que utilizaron el sistema financiero uruguayo para lavar miles de millones de dólares. Fue en esos días que empezó a crearse un nuevo tipo de empresas de inversión, las SAFIs, ideadas por el Estudio Posadas, Posadas & Vecino, que terminaron protagonizando importantes casos de lavado y corrupción en todo el mundo.
Una “fabrica de cuchillos”, que servían “para comer o para matar a un cristiano”, según explicaba en aquellos días el presidente Luis Alberto Lacalle y actualmente ratifica su entonces canciller Sergio Abreu, dedicado a gestionar esas empresas a las que el ingenio popular supo pintar con una insuperable imagen: “Las empresas off shore son como aquel marido fiel que paga el alquiler de un bulín, por las dudas. Está pensando el pecado”… La off shore no es un delito, pero ¿para qué la adquiere un empresario uruguayo? . Muchos dicen que para evadir impuestos.
Los «Panamá Papers» desnudaron impunidades de corrupción y los mecanismos que para la evasión de impuestos utilizan los empresarios
El tema de los “Panamá Papers” ha generado un escándalo local e internacional que muestra el ejercicio de esta impunidad. Pero sólo se “filtró” (quién y por qué lo filtró implica a otros impunes y a otras impunidades) la documentación de un estudio, el de Mossack&Fonseca, cuando hay cientos de oficinas que se dedican a crear este tipo de instituciones en Panamá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en países del Caribe o mostradores de bancos europeos. Son todos los que están, pero ¿están todos los que son?.
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, explicó que las off shore no eran algo nuevo para ellos, quienes desde hace tiempo utilizan buscadores como el Open Corporates (
https://opencorporates.com) para estudiar el origen de empresas o el nombre de sus directivos. Allí aparecen los nombres filtrados en los Panamá Papers y los que todavía no fueron públicamente expuestos. Si con esa herramienta se empieza a buscar, parece posible y hasta lógico encontrar gente que, por ejemplo, estuvo en los gobiernos que siguieron a la dictadura y hoy hacen sus legales negocios a través de alguna empresa off shore en Panamá u otros países.
Impunes personajes y casos de corrupción hay desde tiempos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle.
Y no esta mal que “sospechados” personaje del gobierno de Julio María Sanguientti como Jorge Sanguinett Saenz (su mujer y sus hijos) tengan empresas, al igual que Fernando Barboni, Armando Da Silva Tabares, Antonio Marchesano, Mario Garbarino, Julio Kneit o Ernesto Laguardia. Y tampoco es delito que otras personas, también “sospechadas”, vinculadas al gobierno de Luis Alberto Lacalle tengan sus off shore, como Daniel Cambón, Iván Coronel, José Luis Ovalle, Igor Svetogorsky o el propio Ignacio de Posadas… Al fin y al cabo, hasta el frenteamplista Esteban Valenti ha tenido una empresa de este tipo años atrás.
El negocio del fútbol quedó expuesto con la detención de Figueredo por FIFA y las off shore de Damiani en Panamá. Se manchó la pelota.
Cualquiera en la sociedad uruguaya puede tener una de estas empresas. Desde el oncólogo Eduardo Lasalvia, a los Stirling, los Bulgheroni, los Lecueder, el arrocero Casarone, el lanero Alejandro Nin o las autoridades del Carrasco Lawn Tennis, o personajes como Daniel Laffite, Juan Berchesi, Alberto Benegas Lynch, Ramiro Rodríguez Villamil, Jorge Caumont, Carlos Federigoti o Victoria Ortiz. Gente del deporte: Eugenio Figueredo, Francisco Casal, Diego Forlán, Alvaro Recoba, Enzo Francescoli, Daniel Gutiérrez, Jorge Da Silveira o Juan Pedro Damiani o su hermana Patricia. También pueden tener unas off shore Ricardo Peirano o su pariente Dante Peirano (¿o por sus antecedentes no debería?).
Los ricos no piden permiso para evadir impuestos… Los principales empresarios y grupos económicos dirigen empresas en el exterior.
Si en el buscador del Open Corporates se digitan los nombres de la lista de 120 más ricos del Uruguay que publicó la revista Caras & Caretas, verá que tienen empresas en el exterior los Fernández, Bouza, Taranto, Dovat, Zeinal, Mailhos, Alvarez, Cardozo, Romay, Lecueder, Henderson, Manhard, Otegui, Weiss, Macri, Lempert, Rospide, Renner, Mitelman, Azar, Campiglia, Saps, Cohen, Strauch, Mesa, Scheck, Schneck, Ortolani, Branaá, Gervitz, Romay, Levitin, Kaufman, Zambrano, Artagaveytia y Campomar, o la sucesión Calcagno.
Pero el problema de la impunidad comienza a aparecer cuando estos empresarios, que hacen negocios en Uruguay y llevan el dinero al extranjero, son los propios representantes de las gremiales, los que piden luego exhoneraciones fiscales, flexibilidad laboral, rebajas salariales, seguros o refinanciaciones al Estado y tratan de reducir la porción de los trabajadores en los Consejos de Salarios.
¿Directivos de las cámaras empresariales que piden exhoneraciones, flexibilidad y refinanciaciones, tienen empresas off shore?
Impacta ver que al frente de off shore aparecen nombres idénticos a los de la directiva de la Cámara de Industrias: de su presidente Washington Corallo, del vice Carlos Barreira, de los vocales Rafael Sanguinetti, Juan Carlos de León, Fernando Pache, Lucio Terra, Eduardo Canrell, Ricardo Vecino, Walter Frisch, Elbio Fuscado…
¿Los titulares y vocales de las Cámaras de Industrias y de Comercio, como de la Asociación y la Federación Rural, invierten en el exterior o evaden impuestos?
Y que ocurra lo mismo con los de integrantes del directorio de la Cámara de Comercio y Servicios: su presidente Carlos Perera y los vocales Eduardo Ameglio, Juan Christian Schandy, Roberto Acle, Victor Angensheidt, Diego Arrosa, Fernando De Posadas, Isidoro Hodara, Ana Hunter, etc. Al igual que de la Cámara de la Construcción, encabezada por el Grupo Otegui, Alejandro Goglia, Alejandro Ruibal, Eduardo Apud. Incluso en la Asociación Rural del Uruguay, su presidente Ricardo Reilly Arrarte y el productor Djalma Puppo; como ocurre con Rodrigo Herrero y Alejandro Tesdesco vinculados a la Federación Rural… Algunos son nombres comunes y pueden tener un sosias, la DGI debería confirmar si efectivamente son sus identidades y, “por las dudas”, si no hubo evasión fiscal…
Mientras no se legisle lo contrario, es legal tener una off shore. Si pagan sus impuestos pueden hacerlo, aunque sean representantes de las gremiales del empresariado uruguayo y se lleven el dinero a otro país… Pero esto también es parte de una cultura de impunidad uruguaya a la que hay que enfrentar con tres herramientas: la Verdad, la Justicia y la Memoria. Verdad para desnudar a la impunidad, hacerla visible, sacarla de la oscuridad de la que se alimenta; Justicia, porque la verdad lo exige, para responsabilizar a los impunes, sea cual sea el delito que cometieron; y Memoria para recordar a sus impunidores, para que nadie se olvide de nada y nada se olvide de nadie. Y, así, no ocurra nunca más.
*En base a una charla sobre Cultura de Impunidad organizada por la Juventud Socialista del Uruguay, JSU, realizada el viernes 27 de mayo de 2016 en Casa del Pueblo, Montevideo, Uruguay y difundida por Crysol.
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