El sabor de las margaritas: diálogo con la buena Policía por Milton Romani

Artículo publicado en La Diaria 22 de noviembre de 2021

La labor policial está en el centro del debate público. Ahora con afirmaciones del actual gobierno y también con la impugnación de los artículos (33 en 135) que componen el capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración (LUC).

Las y los buenos policías se vuelven a convertir en rehenes de eslóganes electorales, que se desviven en halagos y mensajes simbólicos (no siempre correspondidos en materia salarial o de equipamiento) que terminan, en mi opinión, perjudicando el profesionalismo y la dignidad de la propia Policía, condenada a cargar con una mochila pesada, que no es tarea exclusiva o responsabilidad única de la Policía. Por otra parte, la LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.

Adjudicar la supuesta baja de los delitos a las nada novedosas herramientas que se le han otorgado ahora a la Policía es una mentira y una trampa. El politólogo Óscar Bottinelli, en una columna publicada en el diario El Observador, sostenía que “la seguridad pública es un drama nacional que se ha tomado con mucha liviandad en clave electoral, se ha simplificado el fenómeno, no se han discutido las causas, se cree que surgió hace muy poco tiempo, que es culpa de un solo gobernante y que lo puede arreglar por sí solo otro gobernante”. Advertía al mismo tiempo sobre el grave problema del narcotráfico: “Territorios dominados por la droga, territorio de combate entre bandas de narcotráfico, la aparición del sicariato (el asesinato por encargo), las guerras entre sicarios, los jóvenes muy jóvenes acribillados con 30 balazos en el cuerpo”.

El problema delincuencial y las violencias sociales en aumento no son problemas exclusivos de la Policía. Es necesario un análisis criminal más científico y un abordaje de más agencias del Estado. No se resuelve con más penas, con más gente presa ni con acciones punitivas más violentas. Desde 1997 Uruguay viene aumentando penas e inaugurando cárceles inmundas, que son sólo un nuevo mercado de drogas y escuela del crimen. Los esfuerzos del comisionado parlamentario son encomiables. Hubo experiencias de gestión en cárceles y de programas socioeducativos, incluso para los liberados, que han sido desechados insólitamente. Así no.

Mitos y prejuicios

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) recibió en el Congreso del PIT-CNT una amplia mayoría de apoyo. No sólo se considera a los policías compañeros, sino que se les habilitó una buena representación en la dirección sindical. El tratamiento mediático del tema privilegió, para dividir, las mociones minoritarias que pretendían su exclusión. Un vocero de Sifpom declaró que todavía existían prejuicios y mitos sobre lo que fue históricamente la acción policial. Es posible que tenga razón. También el reverso de ello es cierto, y sería sano reconocerlo. El principio de unidad, diversidad y lucha ideológica es un eje para el movimiento sindical. Vale para este caso también.

La vigilancia de todas y todos nuestros afiliados, cuando cometen abusos o directamente actos corruptos, es un principio sindical. No es de ética ni actitud sindical defender ladrones, corruptos o violentos. Eso vale para todos los sindicatos. La labor policial tiene una diferencia: son funcionarios del Estado con derecho al uso de armas y que tienen como función aplicar la ley. Es complicado. Pero hay una ética, reglamentos y garantías que da la ley para todos los ciudadanos y las ciudadanas que deben ser conjugados a la hora de operar.

De mi gajo una flor

Quien escribe esto habla con autoridad. Valga la paradoja. Fui preso por primera vez el 18 de octubre de 1967. La ficha policial 130.871 reza: “Detenido por pegar carteles de homenaje al Che Guevara durante las Medidas Prontas de Seguridad. Por ser menor fue entregado a sus padres”. No dice que me tuvieron de plantón toda la noche en la jefatura. En 1968, ya mayorcito, me condujeron detenido al Grupo de Artillería 5 unos días después de que una bala policial matara por la espalda a Líber Arce. El primero de muchos mártires estudiantiles, algunos de los cuales fueron mis amigos y amigas y compañeros muy queridos. No fue una guerra. En todo caso, la decisión de rebelarse de muchos jóvenes de aquellos tiempos se debió, entre otras cosas, a la impotencia y la bronca que sentían contra dirigentes políticos con vocación autoritaria que usaron y alentaron a la Policía, sin que mediara desobediencia, a cometer aquellos crímenes infames.

La LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.

No detallaré aquí el rol que jugó la Policía en tiempos de dictadura. Ha dejado huellas. Los militares, los verdes, entre otras cosas, los despreciaban y los usaron. Militarizaron y pusieron bajo su bota a toda la fuerza. Con el concurso de los malos y peores policías, que actuaron en forma aberrante. Algunos de ellos ya fueron procesados.

JND: una experiencia interinstitucional y un amigo

En 2005 fui designado secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, cargo ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas. En abril de 2005, ya en funciones, me reuní con un policía, jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El inspector Julio Guarteche. Con prejuicios, sí, con temores y mitos. De ambos lados. Escuchamos. Establecimos relaciones de confianza y de trabajo. Trabajamos junto con él y todo su equipo. Construimos juntos, con acuerdos y diferencias, con respeto y finalmente con amistad, políticas públicas en drogas con pretensión de continuidad.

En aquella primera reunión, Guarteche traía para entregarme una carpetita. Todavía la conservo como reliquia. Era una larga lista de autos y bienes que se pudrían en la brigada y otras dependencias porque el Estado, todas las autoridades anteriores, no habían encontrado la forma legal para que pudieran incorporarse al patrimonio público y ser usados para financiar todos los componentes de nuestras políticas en drogas. Lo escuché. Fue un desafío. No fue fácil. Con base en un convenio firmado con la Organización de los Estados Americanos y con el concurso de un excelente equipo de profesionales, liderado por dos mujeres (Elena Lagomarsino y María Herrera) en consulta con jueces, fiscales y técnicos, se conformó lo que hoy es una realidad: el Fondo de Bienes Decomisados.

Legítima defensa

Sabrán disimular los policías que leen estas líneas mi lenguaje: los mandos políticos los están engrupiendo. Todos los artículos de la LUC que pretendemos anular complican su función. El doctor Juan Ceretta brindó un claro ejemplo de ello en una columna del programa Más temprano que tarde. El supuesto amparo que les da el artículo 1, llamado “Legítima defensa”, no sólo es innecesario, sino que en caso de ampararse en él se complica el problema. El artículo 28 del Código Penal, vigente y sin modificaciones, dice que está “exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la justicia”. No se necesita más.

Los artículos referidos a “resistencia al arresto y agravio a la autoridad” o los relativos al desalojo de lugares públicos para gente que no tiene dónde vivir y la represión de piquetes sólo sirven para generar distancia y enfrentamiento con toda la ciudadanía.

El aumento de penas para el narcomenudeo, ustedes lo saben bien, es infame, injusto y no sirve para nada. Máxime cuando todos sabemos que los peces gordos que se dedican a la soja, a la cocaína o que viven en La Tahona escondiendo 454 kilos de pasta base, así como los bufetes y los profesionales que lavan dinero a lo bobo, no tienen el mismo tratamiento.

Sabemos que hay herramientas que sirven de coartada infame a los malos políticos, y también a los malos policías. No cejan de intentar volver. Lo demostró la intención de bajar la placa con que se había nominado la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia: Comisario General Julio Guarteche. Pretendían sustituirla por la del torturador Víctor Castiglioni. Todo un símbolo. Que no prosperó. Pero sí prosperaron el apartamiento y la marginación de todos los buenos profesionales policías que formó y promovió mi amigo Julio Guarteche.

En una serie policial gallega disponible en Netflix que se llama El sabor de las margaritas, en un momento crítico de la investigación en el que queda clara la inconducta de ciertos policías el comisario general, en clave docente, dice: “Nuestra misión es proteger a la gente. No a la patria ni a todas esas historias. A la gente. Y para eso hay que ganarse su confianza”.

CASTIGO, CORRUPCIÓN Y AUTORIDAD por Milton Romani

Artículo publicado en La Diaria el 13 de septiembre de 2021

Vivimos el fracaso del punitivismo. Desde 1997 Uruguay aumenta las penas en el Código Penal. La Ley de Urgente Consideración (LUC) también recurrió a más de lo mismo. El delito y la corrupción no están tan lejos. Se ha conocido de “fuentes policiales” la denuncia que publicitó Gabriel Pereyra sobre la catadura de los policías retirados que componen nada menos que la guardia de Luis Lacalle Pou. Rodean al presidente.

La comedia de enredos de la fuga de un señor que “comercia drogas en la cárcel pero no es un narco” dejó en situación muy delicada al ministro del Interior Luis Alberto Heber. Ya es una convicción que el señor se fue por la puerta, caminando y con cobertura de malos policías corruptos. Como el número tres de la Jefatura de Maldonado y otros, que demuestran que hay un nido de malos policías enquistados que presionan y van a por todo. Están dispuestos a proteger sus prebendas.

La corrupción no es patrimonio de la Policía. Pero hace mucho daño a la seguridad ciudadana. Se trata de funcionarios con el monopolio del uso de armas para imponer la ley. Insuflarlos de poder otorgando más autoridad es un grave error. La autoridad es del mando político civil.

Es un problema a todos los niveles. En la esfera pública y privada. Acá en Uruguay se ha dado a nivel empresarial, bancario, con abogados, contadores, fiscales y jueces. Con jerarcas políticos a nivel nacional y departamental. Sin divisa.

Como bien señala el ex jerarca de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil, nos solazamos creyendo que el fenómeno en Uruguay es de baja intensidad. En el programa No toquen nada denunciaba la omisión del sistema político para fortalecer los controles. Aunque, aclaraba, la falta de recursos de la Jutep, siendo lícita la denuncia, no puede ser coartada para no hacer nada.

Es necesario advertir que se trata de un fenómeno que ha adquirido gravedad incluso para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por sus repercusiones a nivel económico y de la institucionalidad democrática. Por sus conexiones con el delito organizado trasnacional. OCDE impondrá medidas de sanción a los países, sin duda. Será más exigente que el mandato de la Convención Interamericana contra la Corrupción al que adhiere Uruguay.

Los malos policías

La denuncia sobre el perfil de la guardia presidencial es una muestra de todo lo malo. Inadmisible. Insólito. Lo que se denuncia y quizás también por qué y quiénes lo denuncian ahora.

El espíritu refundacional y revanchista contra el Frente Amplio ha impedido incorporar lo bueno de la reforma policial y renovación de cuadros con Guarteche al frente.

Hay un nido de malos policías, alguno de ellos responsable de bajar la placa de Julio Guarteche y subir la del torturador Víctor Castiglioni en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Están enquistados y operan para mantener sus prebendas y poder.

El espíritu refundacional y revanchista contra el Frente Amplio ha impedido incorporar lo bueno de la reforma policial y renovación de cuadros con Guarteche al frente.

Cuando se cree que dando carta blanca al uso de la fuerza de la policía se fortalece la punición, es un gran error. Es una presión de malos policías que justifican la inoperancia. Dentro de ellos, los corruptos que aprovechan la volada. El sindicato policial debería separar la paja del trigo y no defender cualquier cosa. Nuestros sindicatos no defienden ni vagos, ni corruptos, ni ladrones, al decir de Richard Read.

Hay una función que pasa inadvertida: la Policía es la que regula la represión y la delincuencia a nivel territorial. Esto es así por una lógica sociológica que habría que analizar con las herramientas de la criminología, un abordaje científico al que el sistema político no recurre; fruto de la ausencia de una política pública criminal con pretensiones de continuidad. Carecemos de ello. Hubo intentos serios en la administración del Frente Amplio, pero no pudo prosperar suficientemente.

Se trata de descentrar el foco de la seguridad ciudadana y convertirlo en un desafío intersectorial: no puede ser la Policía la depositaria de toda la problemática; es poco eficaz e ineficiente. Se carga a la Policía con temas que deben tener otro abordaje, más integral. No son la punición ni la aplicación de la ley, necesarias por cierto, las que resuelven el tema. Se impone una reforma penitenciaria urgente y una racionalización de los castigos. Es menos caro y más eficaz un buen aparato de penas alternativas con intervención de otras agencias del Estado. En Texas, el estado de Estados Unidos más represivo, cerraron siete cárceles. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit citó esta experiencia, que está por ser Ley Federal en los Estados Unidos.

En entrevista con El País, el criminólogo Nicolás Trajtenberg sostenía: “La evidencia hoy es realmente fuerte de que aumentar las penas no cambia nada. Si uno quiere tener una política más cercana a los gobiernos de derecha en el mundo -sin ser peyorativos-, más focalizada en ley y orden, en combatir la impunidad, entonces, lo que hay que hacer es volcar muchos recursos para que las personas que cometen delitos o quieren cometerlos vean que aumentan las chances de que los vean, los detecten y los castiguen más severamente. Ahora, si aumento las penas pero mantengo intocada la estructura penitenciaria (policía, cárceles, jueces, fiscales), la probabilidad de ser castigado se mantiene igual. No es que meter gente en la cárcel no tenga efecto en el delito, es que no disuade a las personas: los cometen igual independientemente de si la pena es 10 o 20 años”.

Y también: “El gobierno debe demostrar que es distinto a Bonomi. Los delitos bajaron en el mundo por la pandemia. En Uruguay hubo otras causas, el gobierno debe exponer qué cambios hizo en seguridad para demostrar que incidieron”.

La corrupción es un monstruo y pisa fuerte

En Uruguay, “el caso Pan de Azúcar”, como se lo llamó entonces, se centró en la venta del banco a un grupo suizo encabezado por Stephane Benhamou, que lo desfinanció rápidamente. La venta del banco, que el Estado uruguayo intervenía desde 1985, se produjo en 1994, durante el gobierno de Lacalle Herrera (1990-1995). Debido a la falta de controles adecuados, la Justicia procesó con prisión a Enrique Braga, ministro de Economía y presidente del Banco Central en ese gobierno, y también a Daniel Cambón, asesor de Lacalle Herrera, por conjunción de intereses y la recepción de comisiones (el periodista Darío Klein dijo que en 1996 fue amenazado por Luis Alberto Lacalle Herrera por este tema, según publicó la diaria).

Según lo que informó en aquel momento La República, la ex jerarca Rosario Medero -en representación del Partido Nacional- ratificó su oposición a prácticamente todas las acciones adoptadas por el Directorio del Banco Central en el período en cuestión y aseguró en la comisión investigadora por este tema que, en virtud de su actitud, “en muchas ocasiones fui presionada”.

Recordó en ese sentido que votó en forma negativa la compra del Banco La Caja Obrera, y que dejó constancia en actas que “se habían otorgado a los compradores beneficios adicionales a los establecidos en el pliego y en las normas que rigieron el llamado”. Respecto al Caja Obrera, Medero sostuvo que “durante el período de intervención este Banco costó más de US$ 100.000.000 al erario público, a todos los contribuyentes”.

En 1999, el ex jefe regional de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Abel Reynoso, reveló que investigaba una red de lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Brasil que involucraba al estudio Posadas, Posadas & Vecino. “Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellos”, dijo en aquel momento Posadas. La metáfora de los cuchillos sirvió para justificar el mal uso de las sociedades anónimas o la creación de las offshore. Esa metáfora la usó recientemente Ramón Fonseca, titular del estudio Mossack y Fonseca, célebre por los Panamá Papers.

Hay otros casos para poner aquí. Nadie está a salvo de aprovecharse de una situación dominante y de poder para beneficio propio. Nadie. No hay ni bandera política, ni título profesional ni oficio que te proteja y prevenga de antemano. Por eso son necesarios los mecanismos de fiscalización y control. Sin doble rasero, nunca. Porque este desafío implica también generar confianza pública y erradicar a nivel social ciertos niveles de aceptación cultural o de inevitabilidad de la “avivada”, el clientelismo y la coima. Eso es autoridad. Autoridad moral.

Milton Romani Gerner fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.