Escribe Milton Romani Gerner

Semanario VOCES 5 de mayo 2022

Violencias sociales y criminalidad

El derecho a la seguridad no es solo un asunto policial. Ni de autoridad. Ni de aumento de penas y castigos. Ese modelo, que persiste, es un dogmatismo que no se condice ni con los datos y el relato. Es incoherente, no ayuda, genera mas inseguridad y violencia.

Ya lo dijo Lacalle Pou cuando era senador: un ministro del interior no puede usar la coartada del narcotráfico para justificar los indices de criminalidad. Porque esa es su tarea. Punto. El ministro Heber y el Sr. Santiago González, recurren con exceso adictivo al fenómeno narcotráfico como explicación de todo. González, que tiene un cúmulo de denuncias de mal trato y autoritarismo incluso con sus pares, no parece un ejemplo de convivencia. Repite en un exceso de cámaras, la intervención en cada cierre de bocas de narcotráfico. Llegó a decir que se cerraron 2000. Eso si, no hubo hasta ahora ningun procesado por lavado de dinero, ni allanamiento en bufetes o estudios que se dedican ostensiblemente a ello. Ni hablar de la injusta aplicación de la ley por la cual las mujeres son procesadas con prisión por gramos de marihuana y los sojeros cocainos, con toneladas exportadas, no tienen el mismo tratamiento.

El aumento de la criminalidad, y el aumento de las violencias sociales (que no es son las misma cosa) son un monstruo que pisa fuerte. Aumentan las dos. A veces nos asombra, nos genera incertidumbre, miedo e inseguridad. Repetir que es un tema complejo parece una coartada para desentenderse del asunto. No es así. Asumirlo implica generar institucionalidad para una política publica criminal que sea una responsabilidad compartida. Siempre insisto que la experiencia institucional de la Junta Nacional de Drogas, integrada por varios ministerios, debería ser un ejemplo aleccionador. Lo mismo para generar con la academia, organizaciones sociales y un arco político amplio, un espacio de investigación y abordaje con pretensión científica el tema de la criminalidad. 

El horizonte de la convivencia es un tema más extenso que incluye la seguridad ciudadana. 

Es necesario definir una política criminal con pretensión de largo plazo, como bien lo han señalado distinguidos especialistas, como el ex Fiscal General doctor Jorge Díaz o los académicos Nicolas Trajtemberg y Clara Musto, entre otros.

Algunos siguen creyendo, por pura ideología, en un reduccionismo simplote: castigo y autoridad. Y en una coartada: las responsabilidades son de las gestiones del anterior gobierno. No de todas las gestiones anteriores. No. De esas no. Porque hay que decir que desde 1997 se retoca el Código Penal aumentando todas la penas y aunque los cataclismos sociales fueron cantera de reclutamiento de niños y niñas cuya carrera criminal conocimos 20 años después, todavía continúan, porque se ha reemplazado la cultura del trabajo, por la libertad. No es solo la pobreza y marginalidad las únicas explicaciones del aumento de violencias y criminalidad. Pero no se pueden ignorar.

La libertad de “arreglate como puedas”. La falta de trabajo. La inequidad e injusticia que hoy se expresa en un récord histórico de exportaciones (carne, soja, arroz, leche y bienes) por 11.000 millones de dólares que se acompaña por el aumento de depósitos dentro y fuera del país (conocidos) de 9000 millones de dólares. Los pibes chorros que salen por la de ellos, quizás no saben de estas cifras. Pero la sufren y eligen sin formación económica de operar un reparto del producto bruto por mano propia. 

Anotemos que en 2020 se creó un Impuesto de Emergencia COVID por cuatro meses, afectando los salarios públicos y el IASS. Si se procediera a un Impuesto de Emergencia solo por 4 meses a las exportaciones, solo por cuatro meses, recaudaríamos 440 millones. Otro monto igual podría ser recaudado por los depósitos mayores. Por pura ideología no se hace. El dogmatismo fiscal es coherente con el dogmatismo punitivo. Si se invirtiera en un sistema penitenciario y de penas alternativas en serio y no como se hace ahora, ahorraríamos. Costo beneficio sería favorable. Económica y socialmente. Pero lo que tenemos no son empresarios, ni políticos liberales que piensen estratégicamente. Siquiera en la propia reproducción del sistema de mercado. Son angurrientos, solo ven la ventaja a corto plazo. Un dogmatismo de bolichero de cuarta. 

Violencias sociales: niñez, feminicidio, conflictos. 

A propósito de violencias y niñez  HYPERLINK «https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/1/mas-de-386000-ninas-ninos-y-adolescentes-de-uruguay-viven-en-hogares-donde-se-reportaron-situaciones-de-violencia-de-genero/»“más de 386.000 niñas, niños y adolescentes de Uruguay viven en hogares donde se reportaron situaciones de violencia de género, según un informe de Inmujeres, Sipiav y Unicef que busca visibilizar el impacto de estos contextos en la infancia y la adolescencia”. Categórico. A estos futuros jóvenes lo que les promete este modelo, son más palos, mas cárcel, menos oportunidades. Que quieren!!! ¿Que luego salgan blanquitos de ojos celestes y se comporten como egresados de la Universidad de Montevideo? Por favor, déjense de joder. Al poder actual con LUC o sin LUC le importa poco. 

Los esfuerzos de Miguel Angel Petit son encomiables. En denunciar esto y cambiar.  Le deseo el mejor de los éxitos.  

Las experiencias de Luis Parodi en la Unidad 6 Punta Rieles, como las de Jaime Saavedra en la Comisión del Liberado no han sido incorporadas al patrimonio de las políticas publicas. De la misma manera que fueron desechadas todas las enseñanzas y el excelente personal formado por el mejor policía Julio Guarteche. Una manga de malos policías que les gusta  ser amigos de la ¨pesada¨, algunos de la coima y del abuso, estaban agazapados para saltar. El finado Larrañaga y el actual ministro persisten en la refundación. Basta solo el ejemplo mas que simbólico que por suerte se frustró. El actual Director de la Policía intentó bajar la placad de reconocimiento a Julio Guarteche en la salda de la DNII y sustituirla por el torturador Victor Castiglioni. 

Política criminal pública, una definición postergada

Seguir aumentando castigos con más penas y más tiempo en la cárcel, dar “todo el poder a la Policía”, ha demostrado su inoperancia; no resuelve nada. Es más, empeora el clima de violencia, en las cárceles, en la represión callejera a lo popular y lo sindical. Además, no resuelve otras violencias que se tramitan con una crueldad infinita: feminicidios, violencia contra niños, ambiente futbolístico, micro menudeo, siniestros, suicidios.

Es un grave error insistir en que el único actor en este tema es la Policía o el Ministerio del Interior; es materia de abordaje interinstitucional. Lo afirmo luego de haber actuado en el campo de las políticas de drogas con una institución modelo de abordaje multi como fue la Junta Nacional de Drogas.

Estas son “medidas” de fondo a tomar. Insistir con el hallazgo epistemológico enunciado recientemente de que “no tomar medidas es también una medida” aportará, quién sabe, al principio de incertidumbre. Pero en este caso será la medida del fracaso.