Alguien “no tiene muchas ganas” de que se combata el lavado

—Como presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública usted integraba la comisión encargada de coordinar la política antilavado de activos. ¿Cómo recibe ese tema el nuevo gobierno?

—Una evaluación hecha por un organismo internacional y aprobada en diciembre dice que en materia de normas, de leyes, Uruguay tuvo los mejores resultados de la región. Pero el último sistema de evaluación incorpora el sistema de resultados, de efectividad. ¿Qué resultados tuvieron? A Uruguay le tiraron las orejas. Le dijeron: “Acá faltan resultados, acá falta gente presa”.

—El proyecto de ley de urgente consideración que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento incluye cambios a las normas antilavado. ¿Qué opina al respecto?

—Da la sensación de que el que redactó algún artículo no tiene muchas ganas de que se controle el lavado de activos. Todo aquel que más o menos trabajó en serio estos temas en los últimos años, no entiende esto salvo como un retroceso.

“Hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio en el gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos” afecta “la independencia” del organismo, opina Ricardo Gil Iribarne, quien renunció a su presidencia

Entrevista de Guillermo Draper de Búsqueda

El porqué de la renuncia de Ricardo Gil Iribarne a la Jutep

La carta dirigida al ministro Pablo da Silveira está fechada el 30 de marzo. En ella, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, presentó su renuncia al cargo, aunque le daba al gobierno tiempo hasta el 30 de abril para designar a un sustituto. El jueves pasado, vencido el plazo, la “junta anticorrupción” quedó acéfala.

Gil Iribarne dice que la situación era insostenible. Hacía más de un mes que era el único integrante del Directorio en funciones, lo que impedía que el organismo tomara decisiones relevantes. Y agrega que lo peor son las señales que dio el “sistema político” sobre el futuro de la política anticorrupción en Uruguay.

Para Gil Iribarne es “un profundo error” la decisión de cambiar la integración de los órganos de contralor para adaptarlos a la realidad política surgida de las últimas elecciones nacionales.

“Hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio en el gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos me parecía y me parece que es una marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la junta”, dice.

Durante la gestión de Gil Iribarne, que asumió en 2017 y debía abandonar el cargo en 2022, la Jutep tuvo un perfil alto. Con resoluciones adoptadas por unanimidad, cuestionó la conducta de, entre otros, el exvicepresidente Raúl Sendic, el exsenador frenteamplista Leonardo de León y los intendentes blancos Armando Castaingdebat (actual subsecretario de Desarrollo Social), Pablo Caram, Agustín Bascou y Adriana Peña. También le recomendó al entonces presidente Tabaré Vázquez que dejara de contratar a su consuegro como chofer.

“Creo que es bastante claro que la junta se manejó con independencia de los partidos”, resume.

—El jueves 30 de abril fue su último día como presidente de la Jutep. ¿Por qué renunció?

—La nota de renuncia la presenté el 30 de marzo. Ahí planteaba como el argumento central que la junta está paralizada, porque la ley dice que para funcionar se requieren dos directores mínimo y desde el 9 de marzo, que es la fecha efectiva de renuncia de Matilde Rodríguez, el único director soy yo (el vicepresidente Daniel Borrelli renunció en enero). Por lo cual, desde hace casi dos meses la junta no puede hacer nada salvo mantenimiento. Eso provocaba dos situaciones: una, que no estoy cumpliendo la función que vine a cumplir, y yo siempre dije que vine a hacer un trabajo importante y si no lo puedo hacer me voy. La segunda es que esto también es un mensaje de lo que se puede esperar o se va a querer hacer con la junta, que obviamente no coincide con la visión que tuvo el Directorio desde el 2017 hasta ahora. La razón fundamental fue esa.

—Antes de asumir, el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a Búsqueda que el gobierno quería “adaptar” la integración de los órganos de contralor a “la nueva realidad” política.

—Ese es otro elemento. Lo segundo que planteé en la nota de renuncia fue que me había enterado por la prensa, por esa nota en Búsqueda, que los cargos de la Jutep fueron incluidos en la distribución de cargos que se realizó entre los partidos políticos y debía señalar que me parecía una práctica inadecuada. Justamente lo que había hecho este Directorio era tratar de demostrar que la Jutep tenía que estar al servicio de los ciudadanos y no de un gobierno —del partido que sea— ni de un partido político. Hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio en el gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos me parecía y me parece que es una marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la junta. Eso coincide con lo que pasa en otros países, incluso países vecinos, donde cambia el gobierno y los organismos de control se ponen a la medida del nuevo gobierno, lo cual supone que empiezo a perseguir enemigos y a defender a los amigos. La Jutep nunca hizo eso, ni ahora ni antes, y por eso creo que es un mal mensaje a la ciudadanía y también hacia el mundo. No es correcto ni es una buena solución cambiar a sus integrantes junto con el cambio de gobierno, nunca se había hecho antes. Me parece un profundo error. Obviamente, el que decide es el gobierno. Y por eso yo, en ese contexto, me voy.

—Pero la integración del Directorio que usted presidió estaba coutificada políticamente. Daniel Borrelli y usted tenían vínculos con el oficialismo y Matilde Rodríguez, con la oposición.

—Tengo la sensación de que no fue objeto de una negociación, porque la elección de Matilde Rodríguez trancó la designación por unos meses. En mi caso, jamás hablé, ni antes ni durante la gestión, con nadie de ningún partido político respecto a por qué iba a la Jutep, qué iba a hacer o dejaba de hacer. A mí me designó el gobierno con venia del Senado, que es lo que tiene que pasar porque es lo que la ley dice.

—Borrelli tampoco era frenteamplista, pero era un exjuez y exministro colorado cercano al entonces presidente Tabaré Vázquez.

—Están claros los orígenes y los vínculos eventuales. Pero en mi caso, al menos, nadie me lo planteó desde ninguna fuerza política. Al revés, yo he dicho como crítica que vine acá sin que nadie me preguntara cuál era mi opinión, mi plan de trabajo. Nadie me pidió cuentas de los partidos en estos tres años. Pero, además, creo que es bastante claro que la junta se manejó con independencia de los partidos. Todos los partidos se enojaron con nosotros en algún momento y todos aplaudieron cuando hicimos algo que afectaba a sus rivales políticos. Es lo que suele suceder cuando hacés las cosas bien. Si repasás los casos que hicimos públicos, ves gente de todos los partidos cuestionados, ves efectos sociales de algunas resoluciones de la Jutep. Capaz que se pudo hacer mejor, no sé, pero la independencia fue clara.

—El Frente Amplio aceptó ese criterio y, en la lista de nombres que mandó al gobierno, su representante en la Jutep estará en poder del Partido Comunista.

—En la nota de renuncia que presenté, planteé justamente que el error era del sistema político. En estos tres años he hablado bastante de cosas que no ha hecho, o a hecho mal —desde mi punto de vista— el sistema político: desde no apoyar a la Jutep y no darle recursos hasta aprobar leyes que aportan muy poco y, algunas de ellas, implican algún retroceso importante en lo que sería el camino correcto para mejorar un sistema que promueva la transparencia y combata la corrupción.

—Usted le dio un perfil particular a la Jutep sobre la idea de que es el máximo órgano anticorrupción de Uruguay. ¿Por qué?

—El tema es qué está pasando en el mundo con la corrupción. Claro, ahora con el coronavirus parece que se corre del escenario el tema, pero si tú mirás el momento en el que asumimos nosotros la región estaba prendida fuego por la corrupción. Y va a seguir prendida fuego. Entonces, en ese contexto, quedarnos con que, según Transparencia Internacional, Uruguay es el mejor país de América Latina me parece un error. ¿Por qué? Porque es cierto que tenemos fortalezas y estamos mejor que otros, pero tenemos muchas debilidades. Y creo que —y esta situación en la que estamos un poco me lo confirma— una de las principales debilidades es la falta de voluntad política de hacer estas cosas en serio. El sistema político no quiere, no está dispuesto a establecer y a hacer efectivos sistemas de control que realmente condicionen la acción de los corruptos y promuevan la transparencia y la ética en serio. Hay mucho de “vamos a hacer como que hacemos”. Aprobaron varias leyes el año pasado que parecían que iban en el camino correcto, pero si rascás un poco no van en el sentido correcto; y otras, como la de los viáticos, la aplican en setiembre porque es año electoral y la suspenden en diciembre porque el tema de los viáticos toca muchos bolsillos.

—¿Cree que el sistema político está corrompido y por eso no quiere control? ¿Es un problema de desidia?

—Creo que no sería correcto que atribuyera intenciones. Yo lo que mido y muestro son resultados: el sistema político no ha hecho ciertas cosas y no las quiere hacer. Por el contrario, ahora, partidizando definitivamente la distribución de cargos de la Jutep, coincidiendo con los cambios de gobierno, da un paso atrás. ¿Qué pasa? Creo que es una combinación de hechos. ¿Hay corruptos? No hay ninguna duda de que hay corrupción en Uruguay. ¿Todos son corruptos? No. Justamente, uno de los efectos de un trabajo correcto es mostrar que no todo el mundo es corrupto. Nosotros hemos encontrado muchos aliados entre los funcionarios públicos, mucha gente de carrera que se preocupa por hacer las cosas bien y nos ha ayudado mucho. Es gente que trabaja en auditorías, en planificación, en presupuesto, funcionarios que quedan aunque pasen los gobiernos y que están muy preocupados por las cosas que ven.

Además de eso, creo que hay un “por las dudas”, un miedo a que el combate a la corrupción dentro de sus filas partidarias le produzca costos políticos electorales. Eso es un error, porque me parece que también a escala electoral hay más ganancia que pérdida si se combate la corrupción. Y también se juegan a desgastar la memoria de la gente. Entonces, después resulta que fulano de tal, que claramente violó las normas, después es electo. Son las reglas de juego y no hay que calentarse. También sucede que, y nos está pasando ahora, fulano de tal, sobre el cual se hicieron informes contundentes, tiene un cargo en el gabinete ministerial. Y bueno, son las cosas que uno tiene que aceptar.

—¿Quién es?

—Hay dos: (Armando) Castaingdebat y (Remo) Monzeglio. Pero lo de Castaingdebat es brutal. Nuestro informe es brutal. Leé el informe de la fiscal, que no lo procesó, en el que dice que el “completo informe” de la Jutep muestra “múltiples y graves irregularidades”, y ahora es subsecretario.

—La fiscal no pidió su procesamiento en ese caso.

—Ahí tenemos otro problema. Generalmente se dice que, si no lo procesaron, no hizo nada mal. Nosotros decimos: “No, mire, al señor (Leonardo) De León no lo procesaron, pero violó un montón de normas, aunque nadie lo castigó”. La ley que votaron los legisladores el año pasado dice que una cosa es la sanción penal y otra la sanción administrativa, y que una no excluye a la otra. Si a mí me dicen que al exintendente de Flores, con un informe muy claro y contundente de la Jutep, no lo procesaron y eso lo exime de todo, también van a decir que en el caso Alur tampoco pasó nada. ¡No! Pasaron cosas muy malas. Que no son delitos lo decide la Justicia, que son faltas administrativas previstas en la ley lo decide la Jutep. Y si frente a eso le das un cargo importante, bueno, algo anda mal. Es también un mensaje. Claramente, la cabeza del nuevo gobierno va en un sentido contrario, ha respaldado explícitamente a otros jerarcas, particularmente intendentes, sobre los cuales el Directorio de la Jutep —que en todos los casos resolvió por unanimidad— sacó informes durísimos, claros, donde no quedan dudas qué normas se violaron.

—¿Todo esto le dice que el sistema político quiere que la Jutep vaya para otro lado?

—A mí me indica eso. Ahora, acá esto se mide por resultado. Si dentro de un año la Jutep avanzó, diré que me equivoqué. ¡Ojalá me equivoque! Pero por los elementos que tengo para analizar hoy, todo indica que van a quitarle a la Jutep el centro de actuación que tuvo en este último tiempo, vinculada a la investigación de denuncias.

Ahora el que venga va a estar en la misma disyuntiva que nosotros, con algunas cosas un poco mejor y con cosas para hacer. Hay que reglamentar el nuevo sistema de declaraciones juradas, que para mí no va a servir para mucho. Nosotros trabajamos sobre un portal de denuncias que ya está pronto, pero como no hay directorio falta quién las reciba. Además, la Ley 19.823, que regula la conducta de los funcionarios públicos, se comió algo que estaba en el decreto vigente. Decía el decreto que “toda persona o funcionario público que haga denuncias va a ser protegido”, la ley habla solo de los funcionarios públicos. El ciudadano común desapareció, y yo he dicho que me puedo olvidar de algo, ahora, si lo saco es porque lo pensé. Alguien pensó que era mejor sacar, quitarle la protección al ciudadano común para hacer denuncias. Me parece lamentable, un error, y me parece que debilita para el futuro, más allá de que haya otras normas generales donde puedas ampararte. Es una señal que tampoco es muy buena.

—La falta de directores le impidió a la Jutep actuar en medio del cambio de gobierno. ¿Es un problema?

—Con nuevas designaciones alguien tiene que considerar lo que siempre pasa y no necesariamente siempre está mal, que son los conflictos de intereses. El jueves pasado, último día mío en la Jutep, recibimos una denuncia sobre la designación de Sotelo al frente de los medios públicos. El mismo día le respondí a los senadores del Frente Amplio que la denuncia entraba, pero quedaba a la espera de que algún día hubiera un directorio que la pueda considerar. ¿Es bueno eso? No. Hay un montón de casos que la Jutep debería verificar si son o no problemáticos. Porque además lo que pasa con la inacción, con la falta de voluntad política, es que queda como que cualquier denuncia fue cierta. Si hay organismos de control buenos, debería apuntarse a que se castiguen los malos y a defender a los buenos, que hay muchos.

—¿Todo queda librado al tamiz político partidario?

—Exacto. Ahora, ahí se está jugando con la confianza de la gente. Si hacemos estas cosas y después nos quejamos de que la gente no confía en el sistema político, caemos en una contradicción. Si hacés esas cosas, la gente no les va a tener confianza.

—¿Usted tiene confianza en el sistema?

—No tengo el escepticismo, la resignación de que todo está podrido. Uno de los objetivos del trabajo nuestro en la Jutep fue decir: acá se hacen cosas bien y cosas mal. El sistema debería estar interesado en que los organismos de control funcionen, pero no lo está. Es la foto de hoy. ¿Necesariamente es la foto de dentro de un año, tres o cinco? No. Depende de que todos los uruguayos hagamos fuerza para el otro lado. La fortaleza principal que yo veo en el país es la gente, el ciudadano común que, más allá de que a veces se mezcla con los temas partidarios, tiene una fortaleza de valores, y eso me permite ser optimista.