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En esta orilla, el líder de “Peguemos”, Lacalle junior, necesita vender mucho más. Para espejito está Macri. Acá ya lo hicieron. “Vivir sin miedo”, promete Larrañaga, y hace campaña electoral con ello. En un corte antiwilsonista, propone sumar al esquema represivo a las Fuerzas Armadas, sin reparar en que ha sido el estamento que más miedo ha inoculado a nuestra sociedad. Abusa de una irracional tentación punitiva de la sociedad y propone, otra vez, las herramientas del castigo, cuando los castigos son como la riqueza: nunca son iguales para todos. Los fracturados sociales son los que pagan el pato. Otros fabrican sociedades anónimas.

Ya lo intentaron. Querían bajar la edad de imputabilidad penal. Fracasaron. El formidable movimiento juvenil de No a la Baja lo impidió. Lo que bajó fue la cifra de “menores recluidos”. Ahora son 358, frente a una media histórica de 700. En pocos años, la cifra se redujo casi a la mitad. Se prevé que siga descendiendo. Ningún comunicador ha considerado interesante investigar esto, que –vaya– es una noticia. La Universidad del Miedo, como bien la bautizó el profesor Roque Faraone, no está para eso. Hay una genealogía de los mecanismos que han invadido nuestra convivencia y otros fenómenos violentos de la vida cotidiana que no se solucionan con castigos.

El escritor uruguayo estadounidense Jorge Majfud acaba de publicar en varios medios del exterior un excelente artículo, “La generación del 2001 y la violencia en el Cono Sur”, en el que sostiene: “En medio de la crisis del Cono Sur que se inició en el año 2001 y se profundizó en el 2002, todos se horrorizaban, con cierta dosis de inevitable acostumbramiento, por los niños que comían basura o se drogaban con pegamento debajo de los puentes. No eran casos aislados. Fue una epidemia súbita que arrojó a casi un 20% de los hijos de la clase media a la miseria y el abandono, debido al descalabro de la economía, al desempleo masivo y de los ya debilitados planes sociales de los gobiernos anteriores que, tanto en Uruguay como, sobre todo, en Argentina, se habían alineado a las recetas privatizadoras del FMI. ¿Dónde están hoy esos niños? ¿Desaparecieron? No. Todo presente tiene un pasado, y aunque la gran mayoría de ellos haya salido a flote, hacia una vida digna de lucha y trabajo, basta con un pequeño porcentaje para crear un fuerte estado de inseguridad debido a delitos crecientes en número y crueldad. Como solución, no pocos miran los tiempos de la dictadura militar con nostalgia, por el simple hecho de que, por entonces, crímenes y violaciones de todo tipo, física, moral y económica, simplemente no salían en las noticias y quienes las denunciaban desaparecían o perdían sus trabajos, en el mejor caso”.

La Cantera de los Presos

Este era el nombre del que hasta ahora fue el cantegril más antiguo de Montevideo. Desde 1940, a cinco cuadras de Avenida Italia y Comercio, entre basura, ranchos de lata, perros y caballos, vivieron cuatro generaciones de más de 250 familias, las que hoy fueron realojadas a viviendas dignas en un nuevo barrio digno. Coincidieron para ello la movilización y la pujanza de los vecinos, liderados por una mujer, y un convenio con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Fue un proceso. Su planificación llevó algunos años, esfuerzo, discusión, porfiadas y atrevidas insistencias. El nombre del asentamiento parece venir de la época en que los presos iban a picar piedra en las canteras allí ubicadas.

No se necesita un giro literario muy rebuscado para arriesgar una metáfora: como otros territorios, ha sido cantera de presos a futuro. O no. Porque entre otras indignidades, el estigma uniformiza y evade admitir que el trabajo, formal e informal, ha sido también forjador de ciudadanía en Isla de Gaspar.

En realidad, este realojo ha sido un formidable modelo de intervención urbana que marca un camino para políticas de convivencia y para asegurar el derecho a la seguridad ciudadana. Prevención universal, que le dicen. Con efecto inmediato en estas 250 familias, ahora sí, seguras, conviviendo felices y con un plus: la dignidad.

Prevención universal, selectiva, indicada

Habrá que repetir una vez más que, en términos de políticas de seguridad ciudadana, hay que desplegar todo el arco preventivo antes que lo punitivo. En todo caso, este realojo de quienes vivían en Isla de Gaspar parece preferible a intervenciones en crisis como la de los Palomares de Casavalle. Es una opción política. Además de prevenir, hay que prever. ¿Restituir el principio de legalidad y responsabilidad? Sí. Pero ese, lícitamente, podría ser el reclamo de los vecinos: restablecimiento de la legalidad de derechos y llamar a responsabilidad a todos los sectores del Estado. La aplicación de la ley es sólo un componente de este combo, necesario pero sólo como un recurso de una política criminal con varios componentes. Debe aplicarse, además, sin tanto aspaviento, ya que la manija de los medios produce subjetividad punitiva.

El castigo, en sus diversas formas, termina siendo caro, ineficiente en términos de costo-beneficio. Segrega aun más a las familias y la sociedad. Sin enfoque político integral, se recarga y se deposita todo, y de mala manera, en la tarea policial, que debe tener también herramientas selectivas e indicadas en lo preventivo. Pero las responsabilidades sobre seguridad y la convivencia ciudadana son de varias agencias, que necesitan coordinación y dirección política estratégica. La tentación narcisista de cualquier ministerio con pretensiones exclusivistas, además de censurable, constituye un grave error político.

El momento punitivo

Como bien afirma el antropólogo, médico y sociólogo francés Didier Fassin, quien recientemente nos visitó: “La combinación de la intolerancia y el populismo penal hace que pueda haber una desconexión entre el aumento de los presos y la realidad de la criminalidad. Eso caracteriza al momento punitivo y es el punto de partida de mi reflexión. En realidad, mi trabajo no es explicar eso en detalle, sino tomarlo como un pretexto para reflexionar de manera más general sobre el castigo, tratando de plantear tres preguntas que pueden caracterizar la razón punitiva: ¿qué es el castigo?, ¿por qué se castiga? y ¿quién es castigado?”.

La población carcelaria ha aumentado ocho veces en Estados Unidos. Dos veces y media en Francia. 180% en Brasil. En Uruguay, en 1997 (cuando comenzaron las reformas del Código Penal para aumentar las penas) había 2.700 presos. Hoy superan los 11.000. Multiplicamos por cuatro la población carcelaria. La voracidad y tentación punitivista no se sacia nunca. Lejos de resolver, se transforma, ahora sí, en el problema. Estamos en deuda con esto.

Plan Siete Zonas y Mesas de Convivencia

El denominado Plan Siete Zonas, de intervenciones urbanas, fue un buen ensayo general. No era pertinente que lo ejecutara solo el Ministerio del Interior. Asumido por el Ministerio de Desarrollo Social, se dijo, no hay presupuesto. Error grave. Lo lógico sería que lo reintentáramos en clave de gestión y presupuesto compartido desde varios ministerios. Hay ejemplos institucionales que indican que eso funciona. La Junta Nacional de Drogas es un buen ejemplo. Menos entendible fue el trancazo que se hizo con el funcionamiento de las Mesas de Convivencia y Seguridad. Tampoco son un asunto del Ministerio del Interior. Hay buenas prácticas que demuestran que es posible darles dirección política para garantizar una gestión local planificada y con el concurso de varios actores. La participación de la comunidad tiene sus características especiales, pero hay que abordarlas en su complejidad y con docencia ciudadana. Insisto: experiencias como las desarrolladas en el Centro Comunal Zonal 3 (Goes) junto con el Mercado Agrícola y otros actores relevantes pusieron fin al imperio de los tumanes, en forma progresiva y sin violencia. Los planes que hoy se desarrollan en la cuenca del arroyo Casavalle y en el barrio Marconi tienen esa impronta.

Ahora el desafío para el Frente Amplio y su futuro gobierno es abordar el tema de la seguridad junto al de la convivencia ciudadana en clave de derechos. Avanzar sobre los logros pero rectificando los errores constatados. Es posible una gestión interministerial, conducida al más alto nivel, que aborde, con un programa transversal, la globalidad y complejidad del fenómeno social de la criminalidad y del conjunto de violencias sociales que vulneran nuestro derecho a la seguridad y la convivencia.

Los equilibrios macroeconómicos, de los que podemos hacer gala frente al incendio de Macri, son necesarios mas no suficientes. Hemos superado el “síndrome Antel Arena”, que pretendió frenar iniciativas desde un enfoque economicista algo dogmático. Se sobrepuso la política. Hoy, gracias a la acción conjunta y decidida de varios organismos (Antel, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Intendencia de Montevideo) y a la movilización de vecinos y vecinas, tenemos otro panorama. Intervención urbana con prevención universal. Por añadidura, allí levantaremos un sitio de memoria (ex campo de detención masiva Cilindro Municipal).

Tendremos complejo Antel Arena. Con nuestros artistas y con Joan Manuel Serrat. Un lujo. Sí. “Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta”. Pero también para que, en clave de derechos y convivencia ciudadana, “el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailen y se den la mano sin importarles la facha”.

*Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 13 de septiembre de 2018