¿DÓNDE ESTAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA? por Silvana Pissano

Para quienes desde hace mucho tiempo reflexionamos sobre la vivienda y la ciudad, no existe tarea más urgente hoy, que intentar hacer comprender que la vivienda no puede seguir siendo una mercancía sino que es “un derecho humano”. El acceso a la vivienda y la posibilidad de la permanencia en ella, conjuntamente con las condiciones de vida en las desigualdades, se vuelven políticas como parte de un asunto material y simbólico que debería estar en el centro de las preocupaciones sociales siempre, pero más aun, en tiempos del Coronavirus. El #QuedateEnCasa nos interpela en lo más profundo, sabiendo que miles y miles no tienen la posibilidad de optar hacerlo.

Reflexiones sobre la Vivienda. Precariedad por des-posesión

¿Qué significa entender la vivienda como un derecho humano? ¿por qué la vivienda es un asunto político? 

El sistema publico de vivienda ya había dejado a muchas personas afuera de poder acceder a una vivienda digna, mucho antes de la llegada del Covid-19. Quienes hemos colocado en el centro de nuestras luchas políticas el acceso a la vivienda venimos (desde hace mucho tiempo y con poco éxito) denunciando los problemas de las personas sin hogar, hemos puesto en la agenda pública la problemática sobre la expulsión de familias que no pueden pagar alquileres altos en los barrios consolidados y son expulsadas para terminar yendo a engrosar las zonas precarias; hemos incorporado términos nuevos para nombrar viejos problemas, por ejemplo: “gentrificacion” que significa la expulsión sistemática de vecinos y vecinas de barrios históricos generado por el aumento de los inmuebles y del costo de vida que los mas humildes no pueden afrontar; venimos denunciando la “extracción urbana” como parte del despojo de lo publico a manos privadas; hablamos de la desertizacion de la ciudad que significa el vaciamiento del espacio público por la inseguridad que provoca sobre todo en las mujeres; denunciamos los abusos policiales como parte de las políticas del miedo en los asentamientos y su consiguiente estigmatizacion de quienes viven en ciertos barrios llamados “rojos” de las periferias; denunciamos la invisibilización de las problemáticas que enfrentan a los/as excluidos de siempre (mujeres pobres y con hijos, racializadas, migrantes, trabajadoras sexuales) como parte de la agenda de derechos, siempre postergada;  hablamos de los que viven en las grietas urbanas, en las pensiones ilegales, en los bordes de las cañadas, en las tierras contaminadas en las que se inundan que no les queda otra opción que armar ranchos con habitaciones mínimas de materiales desechables donde el hacinamiento y la promiscuidad que produce compartir el mismo lecho de todos los integrantes de la familia son la cotidianidad de miles de niños y niñas. En este contexto, hoy, en tiempos de Virus, cuando la medida fundamental para no contagiarte se supone que es “quedarse en la casa”, se suma una nueva preocupación para muchas personas “la incertidumbre de la permanencia”.  Aparece sobre la cabeza de los más vulnerados la amenaza latente de un posible desalojo por la imposibilidad de pago y así el miedo a quedar en la calle. Se agrega la incertidumbre de la permanencia como un amenaza más de la expulsión de la precariedad a los excluidos de siempre.

El Estado, el Capital y las Organizaciones Sociales

La Ciudad capitalista ha colocado históricamente a la vivienda como una “mercancía”, un producto del Mercado cuya producción dominada por el gran Capital ha mercantilizado y financiarizado su acceso y posibilidad de permanencia. Si el Estado ha sido incapaz de dar cobertura universal a las necesidades de cobijo bajo un techo digno, ha sido justamente por esta noción de la vivienda como producto que se adquiere en el Mercado y por lo tanto, miles quedan por fuera de esa posibilidad. Pero no solamente se ha dejado su producción en manos privadas, sino también su comercializacion sin regulación de precios, ni de alquileres, ni de compra (recuerden las quejas de los promotores por que el Mvotma le puso topes de venta y arrendamiento solamente al 25% de “viviendas de promoción” y hoy el gobierno multicolor acaba eliminar). La línea del gobierno nacional de “menos regulación y gravamen sobre el capital que no se toca porque son los que reactivarán el mercado” siempre ha estado presente en la Ciudad Capitalista pero nunca estuvo tan contundentemente firme como hoy. Y esto se va traducir en menos posibilidades de acceso a la vivienda para muchísimas más personas. Con medidas como estas el Gobierno aleja mas la concepción de vivienda como un derecho humano, ya ni siquiera en tiempos de virus.

Por otro lado las luchas populares, las resistencias de los colectivos afectados por las problemáticas para el acceso a la vivienda (las federaciones de cooperativas) las organizaciones históricas de base territorial en sus luchas por el acceso al agua, a la tierra, al suelo urbano (las comisiones barriales en los Asentamientos); las organizaciones mas actuales vinculadas a la imposibilidad de pagos ante cuotas abusivas (Plataforma de afectados por las Hipotecas del BHU), las organizaciones por el derecho a la vivienda, la ciudad y el Ambiente (la Intersocial, ….) muchas de ellas hoy abocadas a la organización de resistencias solidarias en la recolección de alimentos y/u ollas populares para paliar la emergencia primordial: poder comer, pero sin dejar de poner en la agenda política los derechos vinculados a la vivienda. 

En épocas de pandemia, se extreman las tensiones entre el Capital, el Estado y las organizaciones sociales. Podrán las organizaciones populares sobrellevar la supervivencia de los excluidos de siempre (mas los de ahora) a pesar de la alianza entre el Gobierno Nacional y el “intocable” Capital, representado por las Cámaras? Difícil cuando ni siquiera el Gobierno ha esperado a la “post-pandemia” para volver a la carga con la “Ley de Urgente Consideración” e intentar llevar adelante su reactivación especulativa de la economía, cuando tímidamente ha empezado a entregar una canasta de alimentos a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. 

En este contexto, hoy 12 de abril, mientras el gobierno Nacional conduce las “politicas de avestruz” para los que mas lo necesitan en materia de vivienda, el gobierno departamental de Montevideo pone la lupa en los que aun viven en condiciones precarias y toma dos medidas concretas en materia habitacional. Por un lado, para aliviar la carga mensual de muchas familias vinculadas con pagos de cuotas a la Cartera de Tierras que, aunque blandas y sin intereses, se suspendieron 3 meses de pagos lo que permitirá redireccionar esos fondos a las familias para cubrir cosas mas urgentes o simplemente resolver la cotidianidad de la vida. Por otro, hemos instrumentado un subsidio por dos meses para las personas que viven en Pensiones y que no pueden enfrentar el pago, a veces hasta diario, y que sufren violencia y maltratos por parte de sus arrendatarios con amenazas de quedar en la calle ante el no-pago. Hablamos de hombres y mujeres, muchos viviendo en soledad pero otros también con hijos pequeños, personas en general que trabajan en la informalidad, cuenta-propistas, vendedores ambulantes, trabajadoras domesticas, cuida coches, trabajadoras sexuales, todas que han visto de golpe, la posibilidad nula de que les entre “un peso”. Esta medida, será implementada en conjunto con la Asociación Nacional de Organizaciones no gubernamentales y en el marco de un Convenio de la IM con la Facultad de Derecho que en su línea de extension podrá llevar adelante el asesoramiento legal para las personas en situación de vulnerabilidad habitacional. 

¿Cómo enfrentamos las lógicas de expulsión, de desregulacion, de privatización de los servicios públicos, cuando el Capital cada día tiene mas poder? 

Si los gobiernos no ponemos límites a las inversiones especulativas y extractivistas, cada vez será mayor el aumento del costo del suelo urbano en los barrios asociado al costo de vida cotidiana (alquileres, alimentos, transporte) lo que profundizará las brechas sociales y la segregación territorial por el desplazamiento de la población que no puede permanecer en los barrios consolidados para ir a vivir en las zonas precarias, contaminadas, inundables, sin agua, sin saneamiento, sin espacio publico, sin energía eléctrica, en fin, sin urbanidad. 

Los gobiernos tienen responsabilidades ante las CRISIS como en la emergencia actual y nuestro Gobierno Nacional, lejos de tocar al Gran Capital, blindando, agranda las distancias para poder materializar a la vivienda como un derecho humano. Así el #QuedateEnCasa nunca será una opción verdadera. Con Virus o sin él. 

* Silva Pissano es arquitecta, política y feminista. Actualmente es Directora General del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. También es Representante del Ejecutivo Nacional de Casa Grande – Frente Amplio. Se ha dedicado a la arquitectura, a la gestión pública y al activismo político cruzando la lucha de las mujeres por la igualdad con el derecho a la vivienda y la ciudad.

Publicado en Hemisferio Izquierdo el 18 de abril de 2020

DESEQUILIBRIOS MACRIECONÓMICOS por Milton Romani Gerner*

En esta orilla, el líder de “Peguemos”, Lacalle junior, necesita vender mucho más. Para espejito está Macri. Acá ya lo hicieron. “Vivir sin miedo”, promete Larrañaga, y hace campaña electoral con ello. En un corte antiwilsonista, propone sumar al esquema represivo a las Fuerzas Armadas, sin reparar en que ha sido el estamento que más miedo ha inoculado a nuestra sociedad. Abusa de una irracional tentación punitiva de la sociedad y propone, otra vez, las herramientas del castigo, cuando los castigos son como la riqueza: nunca son iguales para todos. Los fracturados sociales son los que pagan el pato. Otros fabrican sociedades anónimas.

Ya lo intentaron. Querían bajar la edad de imputabilidad penal. Fracasaron. El formidable movimiento juvenil de No a la Baja lo impidió. Lo que bajó fue la cifra de “menores recluidos”. Ahora son 358, frente a una media histórica de 700. En pocos años, la cifra se redujo casi a la mitad. Se prevé que siga descendiendo. Ningún comunicador ha considerado interesante investigar esto, que –vaya– es una noticia. La Universidad del Miedo, como bien la bautizó el profesor Roque Faraone, no está para eso. Hay una genealogía de los mecanismos que han invadido nuestra convivencia y otros fenómenos violentos de la vida cotidiana que no se solucionan con castigos.

El escritor uruguayo estadounidense Jorge Majfud acaba de publicar en varios medios del exterior un excelente artículo, “La generación del 2001 y la violencia en el Cono Sur”, en el que sostiene: “En medio de la crisis del Cono Sur que se inició en el año 2001 y se profundizó en el 2002, todos se horrorizaban, con cierta dosis de inevitable acostumbramiento, por los niños que comían basura o se drogaban con pegamento debajo de los puentes. No eran casos aislados. Fue una epidemia súbita que arrojó a casi un 20% de los hijos de la clase media a la miseria y el abandono, debido al descalabro de la economía, al desempleo masivo y de los ya debilitados planes sociales de los gobiernos anteriores que, tanto en Uruguay como, sobre todo, en Argentina, se habían alineado a las recetas privatizadoras del FMI. ¿Dónde están hoy esos niños? ¿Desaparecieron? No. Todo presente tiene un pasado, y aunque la gran mayoría de ellos haya salido a flote, hacia una vida digna de lucha y trabajo, basta con un pequeño porcentaje para crear un fuerte estado de inseguridad debido a delitos crecientes en número y crueldad. Como solución, no pocos miran los tiempos de la dictadura militar con nostalgia, por el simple hecho de que, por entonces, crímenes y violaciones de todo tipo, física, moral y económica, simplemente no salían en las noticias y quienes las denunciaban desaparecían o perdían sus trabajos, en el mejor caso”.

La Cantera de los Presos

Este era el nombre del que hasta ahora fue el cantegril más antiguo de Montevideo. Desde 1940, a cinco cuadras de Avenida Italia y Comercio, entre basura, ranchos de lata, perros y caballos, vivieron cuatro generaciones de más de 250 familias, las que hoy fueron realojadas a viviendas dignas en un nuevo barrio digno. Coincidieron para ello la movilización y la pujanza de los vecinos, liderados por una mujer, y un convenio con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Fue un proceso. Su planificación llevó algunos años, esfuerzo, discusión, porfiadas y atrevidas insistencias. El nombre del asentamiento parece venir de la época en que los presos iban a picar piedra en las canteras allí ubicadas.

No se necesita un giro literario muy rebuscado para arriesgar una metáfora: como otros territorios, ha sido cantera de presos a futuro. O no. Porque entre otras indignidades, el estigma uniformiza y evade admitir que el trabajo, formal e informal, ha sido también forjador de ciudadanía en Isla de Gaspar.

En realidad, este realojo ha sido un formidable modelo de intervención urbana que marca un camino para políticas de convivencia y para asegurar el derecho a la seguridad ciudadana. Prevención universal, que le dicen. Con efecto inmediato en estas 250 familias, ahora sí, seguras, conviviendo felices y con un plus: la dignidad.

Prevención universal, selectiva, indicada

Habrá que repetir una vez más que, en términos de políticas de seguridad ciudadana, hay que desplegar todo el arco preventivo antes que lo punitivo. En todo caso, este realojo de quienes vivían en Isla de Gaspar parece preferible a intervenciones en crisis como la de los Palomares de Casavalle. Es una opción política. Además de prevenir, hay que prever. ¿Restituir el principio de legalidad y responsabilidad? Sí. Pero ese, lícitamente, podría ser el reclamo de los vecinos: restablecimiento de la legalidad de derechos y llamar a responsabilidad a todos los sectores del Estado. La aplicación de la ley es sólo un componente de este combo, necesario pero sólo como un recurso de una política criminal con varios componentes. Debe aplicarse, además, sin tanto aspaviento, ya que la manija de los medios produce subjetividad punitiva.

El castigo, en sus diversas formas, termina siendo caro, ineficiente en términos de costo-beneficio. Segrega aun más a las familias y la sociedad. Sin enfoque político integral, se recarga y se deposita todo, y de mala manera, en la tarea policial, que debe tener también herramientas selectivas e indicadas en lo preventivo. Pero las responsabilidades sobre seguridad y la convivencia ciudadana son de varias agencias, que necesitan coordinación y dirección política estratégica. La tentación narcisista de cualquier ministerio con pretensiones exclusivistas, además de censurable, constituye un grave error político.

El momento punitivo

Como bien afirma el antropólogo, médico y sociólogo francés Didier Fassin, quien recientemente nos visitó: “La combinación de la intolerancia y el populismo penal hace que pueda haber una desconexión entre el aumento de los presos y la realidad de la criminalidad. Eso caracteriza al momento punitivo y es el punto de partida de mi reflexión. En realidad, mi trabajo no es explicar eso en detalle, sino tomarlo como un pretexto para reflexionar de manera más general sobre el castigo, tratando de plantear tres preguntas que pueden caracterizar la razón punitiva: ¿qué es el castigo?, ¿por qué se castiga? y ¿quién es castigado?”.

La población carcelaria ha aumentado ocho veces en Estados Unidos. Dos veces y media en Francia. 180% en Brasil. En Uruguay, en 1997 (cuando comenzaron las reformas del Código Penal para aumentar las penas) había 2.700 presos. Hoy superan los 11.000. Multiplicamos por cuatro la población carcelaria. La voracidad y tentación punitivista no se sacia nunca. Lejos de resolver, se transforma, ahora sí, en el problema. Estamos en deuda con esto.

Plan Siete Zonas y Mesas de Convivencia

El denominado Plan Siete Zonas, de intervenciones urbanas, fue un buen ensayo general. No era pertinente que lo ejecutara solo el Ministerio del Interior. Asumido por el Ministerio de Desarrollo Social, se dijo, no hay presupuesto. Error grave. Lo lógico sería que lo reintentáramos en clave de gestión y presupuesto compartido desde varios ministerios. Hay ejemplos institucionales que indican que eso funciona. La Junta Nacional de Drogas es un buen ejemplo. Menos entendible fue el trancazo que se hizo con el funcionamiento de las Mesas de Convivencia y Seguridad. Tampoco son un asunto del Ministerio del Interior. Hay buenas prácticas que demuestran que es posible darles dirección política para garantizar una gestión local planificada y con el concurso de varios actores. La participación de la comunidad tiene sus características especiales, pero hay que abordarlas en su complejidad y con docencia ciudadana. Insisto: experiencias como las desarrolladas en el Centro Comunal Zonal 3 (Goes) junto con el Mercado Agrícola y otros actores relevantes pusieron fin al imperio de los tumanes, en forma progresiva y sin violencia. Los planes que hoy se desarrollan en la cuenca del arroyo Casavalle y en el barrio Marconi tienen esa impronta.

Ahora el desafío para el Frente Amplio y su futuro gobierno es abordar el tema de la seguridad junto al de la convivencia ciudadana en clave de derechos. Avanzar sobre los logros pero rectificando los errores constatados. Es posible una gestión interministerial, conducida al más alto nivel, que aborde, con un programa transversal, la globalidad y complejidad del fenómeno social de la criminalidad y del conjunto de violencias sociales que vulneran nuestro derecho a la seguridad y la convivencia.

Los equilibrios macroeconómicos, de los que podemos hacer gala frente al incendio de Macri, son necesarios mas no suficientes. Hemos superado el “síndrome Antel Arena”, que pretendió frenar iniciativas desde un enfoque economicista algo dogmático. Se sobrepuso la política. Hoy, gracias a la acción conjunta y decidida de varios organismos (Antel, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Intendencia de Montevideo) y a la movilización de vecinos y vecinas, tenemos otro panorama. Intervención urbana con prevención universal. Por añadidura, allí levantaremos un sitio de memoria (ex campo de detención masiva Cilindro Municipal).

Tendremos complejo Antel Arena. Con nuestros artistas y con Joan Manuel Serrat. Un lujo. Sí. “Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta”. Pero también para que, en clave de derechos y convivencia ciudadana, “el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailen y se den la mano sin importarles la facha”.

*Milton Romani es licenciado en Psicología y fue secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Publicado en La Diaria el 13 de septiembre de 2018

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