AUMENTAR A 70 AÑOS LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR por Ignacio Martínez*

El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, acaba de presentar en el Senado un proyecto de Ley que aumenta 20 años la protección de los Derechos de Autor. Es decir, de aprobarse, el plazo de 50 años, que rige en la actualidad, pasaría a ser de 70 años luego del fallecimiento del autor (escritor, dramaturgo, etc) o de la primera grabación de cualquier pieza musical.

Hoy hay autores que en pleno goce de la vida, dejan de recibir regalías luego de 50 años, como es el caso de artistas como Hugo Fattoruso, Rubén Rada, Washington Carrasco o Los Olimareños. Familiares directos de autores fallecidos hace 50 años también dejan de recibir sus Derechos.

La disposición de los 50 años nace del Convenio de Berna (cuyo primer texto data de 1886). La lógica de ese plazo tiene que ver con el hecho de que la expectativa de vida, entonces, era mucho menor a la actual.

Hoy, un artista puede producir un tema a los veinte y tantos años y transcurridos 50 años pierde sus Derechos. Es decir que a una edad de setenta y pocos años ya no recibirá más ingresos de Derechos de Autor por su creación.

Esta es una razón por la cual hay que aumentar a 70 años.

En la actualidad, toda Europa y Rusia acordaron 70 años de protección de los Derechos de Autor (salvo Bielorusia). Casi toda Latinoamérica también, salvo Colombia que es de 80 y México que es de 100. Sólo Bolivia y Uruguay conservan los 50 años. EEUU y Australia también han asumido los 70 años para proteger los Derechos de los autores.

Esta es otra razón por la cual debemos unificar con el mundo más cercano y aumentar a 70 años.

Quienes discrepan con variar este punto en nuestra Ley, argumentan que si esto sucediese, diversas obras de artistas nacionales no estarían en el Dominio Público, volverían a estar protegidas por el Derecho de Autor y eso “afectaría gravemente el acceso al patrimonio cultural”. 

¿Eso quiere decir, entonces, que quienes tienen autoridad sobre los  Derechos de sus propias obras están afectando gravemente la cultura del país? No. La cultura de Uruguay se ha forjada precisamente con estos autores e intérpretes que la han hecho posible y a quienes debemos proteger y alentar de todas maneras.

Para quienes no quieren aumentar a 70 años sería mucho mejor que el plazo de vigencia del Derecho de Autor fuera cero y que los autores produjeran obras, las pusieran en dominio público (léase Internet principalmente) y no cobraran nada por su propio trabajo.

Quienes se oponen a los 70 años no son creadores. Suelen ser intermediarios. La multinacional Alphabet Inc. cuya principal subsidiaria es Google, tiene centenares de juicios por hacer uso indebido de obras protegidas que desesperadamente quieren desproteger. Su sede en Mountain View, EEUU es el mismo centro operativo de otras corporaciones desde donde se procura limitar al máximo los Derechos de Autor bajo el falso dilema del “acceso libre a la cultura”.

La cantidad de años es una cifra relativamente arbitraria. Se impone acordar exactamente cómo compaginamos los Derechos de Autor con las obras en dominio público, sin afectar unos u otros. Hoy es imprescindible acordar 70 años porque la expectativa de vida ha aumentado, por suerte, y porque el mundo más cercano que nos rodea ya tiene consagrado ese plazo.

Se afirma que aumentar a 70 años “dañaría gravemente la difusión, el acceso y la preservación del patrimonio cultural uruguayo”. No es verdad. ¿Acaso se ha dañado durante los 50 años vigentes? ¿Por qué se dañaría por 20 años más? Lo que daña el patrimonio cultural uruguayo es desproteger a sus autores, atentar contra el Derecho de Autor, buscar insistentemente restringirlo, limitarlo o rodearlo de excepciones, en lugar de alentarlo, aumentarlo, dignificarlo como lo que es, el salario del trabajador de la cultura al servicio del bien público.

 

*Escritor


Publicado en el Semanario VOCES el jueves 7 de marzo de 2019

LEY DE DERECHO DE AUTOR: ¿AMPLIAR O LIMITAR? por Ignacio Martínez*

En este mes se cumplen 80 años de la promulgación de la Ley 9.739 de Derecho de Autor. Ella busca proteger el trabajo intelectual tanto en el reconocimiento autoral y moral, como en las compensaciones y remuneraciones que deben obtener los creadores. Esto es válido para los artistas en su más amplio sentido creativo, así como también para los científicos en sus estudios e investigaciones. Expresamente el actual artículo 33 enuncia que el derecho del autor, del inventor y del artista sea reconocido y protegido por la Ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ratifica plenamente este concepto en su artículo 27.

Esta Ley fue una de las primeras en nuestro continente, continuando la inspirada en Argentina. Nace de la sensibilidad del Parlamento de la época y del esfuerzo de los artistas residentes en nuestro país, que desde el año 1929, están organizados en AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay), institución de gestión colectiva de los Derechos generados por los propios creadores.

La Ley establece un principio fundamental: considera la labor creativa como un trabajo y al creador como un trabajador. Por ende los creadores y sus obras deben ser amparados, protegidos y remunerados como cualquier otro trabajador de nuestra sociedad.

Lamentablemente en estos días estamos asistiendo a un permanente hostigamiento a ese Derecho fundamental. A nombre de limitaciones y excepciones se busca recortar ese Derecho anteponiendo otros Derechos que, lejos de oponerse al de los autores, se deberían complementar.

Otros argumentos dicen que los grandes cambios tecnológicos, (a los que debemos sin duda adaptarnos) sólo dejan espacio a que los autores creemos y difundamos nuestras creaciones, pero no recibamos prácticamente remuneración alguna.

Esa concepción propia de los piratas de la cultura universal, se enfrenta al desafío que tenemos que superar todos: recibir con beneplácito los grandes cambios informáticos sin ceder un ápice el sagrado derecho a la protección expresado en la Ley.

Para muestras bastaría el ejemplo del Plan Ceibal. Dicho Plan no solamente protege y remunera aceptablemente a los autores, sino que garantiza el más amplio acceso a la cultura, al estudio y al conocimiento a vastos sectores de nuestro pueblo.

En España hoy, para poner otro ejemplo, hasta las Bibliotecas abonan un canon previamente acordado por cada ejemplar que efectivamente se presta. ¡Hasta las obras en Dominio Público deben abonar para seguir alentando la creación!

¿Le vamos a pedir eso a nuestras bibliotecas de demacradas finanzas? Por supuesto que no. No son ellas las que lo deben hacer. Deberá ser la sociedad, es decir el Estado, que vaya resolviendo las maneras de dar el más amplio acceso a la cultura, al estudio, a la difusión, sin limitar las remuneraciones a los artistas. Ya lo estamos haciendo con el acierto del llamado Dominio Público Pagante. Nosotros mismos, como público, autogestionamos un pequeño porcentaje de las entradas y otros recursos, permitiendo así financiar el Fondo Nacional de la Música (FONAM), el Fondo Nacional de Teatro (COFONTE) y los Fondos Concursables, tres áreas de nuestra cultura que benefician a nuestra población.

¿Limitaciones y excepciones? Sí, para los ciegos o personas de baja visión para que tengan acceso a toda la cultura. ¿Limitaciones y excepciones? Sí, para personas sordas o con cualquier otra discapacidad. No para que nuestras creaciones naveguen por el mundo, nuestras remuneraciones naufraguen en la nada y se enriquezcan las sedes centrales en California.

¿Ampliar la Ley de Derecho de Autor? También. Para que tengamos cobertura social, derechos jubilatorios, protección de salud, en fin, acceso a todas las formas de protección social como cualquier trabajador.

¿Será sencillo? Por supuesto que no, como tampoco lo fue la promulgación de la ley en 1937. Hoy retrocederíamos si se aprueba el proyecto de ley votado por el Senado el año pasado. Ese proyecto significa atentar contra  el reconocimiento, la protección y la remuneración de los autores. Por el contrario, promulgar el Proyecto surgido del acuerdo de organizaciones sociales, hoy en poder de Diputados, sería sí un gran avance. Las actividades educativas y la labor de las bibliotecas se verán beneficiadas si damos la mayor cobertura a la protección del Derecho de Autor que aliente a los creadores a incrementar su producción intelectual en todas las áreas.

*Secretario del Consejo de Derecho de Autor MEC
Presidente del Departamento de Cultura PIT-CNT

 Artículo publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 21 de diciembre de 2017

 

LA CULTURA CREA CULTURA por Ignacio Martínez*

Dominio Público pagante

El Dominio Público es el resultado de la Legislación vigente (artículo 42 de la Ley de Derecho de Autor N° 9739). Determina que luego de 50 años del fallecimiento del autor, sus obras pasan a formar parte del Patrimonio Público. En nuestro caso, si bien no requiere la autorización del autor y/o sus herederos para su uso, sí debe abonar una tarifa determinada

¿Quién fija esa tarifa? El Consejo de Derecho de Autor (CDA) que es el organismo asesor del Poder Ejecutivo y nombrado por éste, cuya función es proteger el Derecho de Autor en toda sus formas y, en el caso que nos ocupa, custodiar y administrar las obras que están en el Dominio Público.

¿Quién administra la recaudación? Se definió que lo hiciera AGADU, la organización recaudadora más antigua del país (nacida en 1929), con mayor experiencia y capacidad para dicha gestión.

Las tarifas referidas tienen los mismos precios que las aplicadas a las obras protegidas por el Derecho de Autor, no obstante lo cual, el CDA está habilitado para determinar otros precios más bajos o incluso tarifa cero cuyas finalidades de utilización así lo determinaran.

¿A quién beneficia el cobro de tarifas por obras que reposan en el Dominio Público? ¡Aquí está el asunto! Esos dineros se vuelcan a COFONTE (Comisión Fondo Nacional de Teatro), a FONAM (Fondo Nacional de Música) y a los Fondos Concursables. En los países donde el Dominio Público no se paga, quienes hacen adaptaciones de esas obras sí cobran el 100% como si fueran obras originales; el verdadero autor ya no.

Si esos fondos no se volcaran a COFONTE, no se hubiesen dado decenas de puestas en escena ni adquirido infraestructuras teatrales ni giras. Lo mismo sucede con FONAM, que acaba de cumplir 21 años. Muchísimos músicos no hubieran podido adquirir instrumentos ni realizar recitales ni grabaciones o espectáculos o cursos o libros. Los Fondos Concursables verían reducidos sus recursos. ¡Sin estos fondos estas tres entidades no existirían y cientos de miles de compatriotas no habrían accedido a esos valores culturales!

¿Qué significa todo esto? Que los autores fallecidos siguen generando aportes significativos a la cultura nacional. Que el Estado, es decir, todos nosotros, tenemos este emprendimiento legal como una política autogestionaria. Nosotros mismos, el pueblo uruguayo, generamos esos fondos para solventar la cultura como un derecho fundamental, fuera del Presupuesto Nacional.

Si esto no fuera así, COFONTE, FONANM y los Fondos Concursables desaparecerían o tendrían que echar mano a partidas presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas y estarían sujetos a la voluntad política del partido que lo dirigiera. Eso ahora no es posible. Es ley que el Dominio Público sea pagante para financiar cientos y cientos de proyectos que luego llenan los teatros, las salas, las calles, los tablados, en fin, le dan vida a la cultura del país.

Nadie debería estar en contra del Dominio Público pagante, salvo que quiera disponer de las obras como mercancía para sus propias ganancias, sin pagar nada.

Quienes están en contra, son los mismos que quieren reducir los años de protección de las obras del autor después de que fallece. Hoy deberá aguardar 50 años post mortem para que pase a Dominio Público. Para estas personas sería deseable que el Derecho del Autor cesara en el momento mismo de su fallecimiento y, por supuesto, no fuera pagante para que nadie  reciba beneficios de la obra.

Este tema también debería considerarse en el Parlamento para unificar en 70 años la protección de los Derechos de Autor como es en todo el Mercosur y en Europa, para citar dos ejemplos de referencia.

Estos son temas en debate, aún dentro de quienes estamos involucrados directamente con ellos. Los de afuera son de palo. Se impone que nuestros legisladores asuman con lucidez y proyección la defensa irrestricta del Derecho de Autor, donde las limitaciones y excepciones sirvan, por ejemplo, para las personas ciegas o con baja visión, como acaba de suceder, beneficiando a ese sector importante de la población, pero no limiten y restrinjan los Derechos perjudicando a los autores.

Para alentar la creación y beneficiar el acceso pleno a la cultura, es imprescindible proteger y alentar a sus creadores y sus derechos.

*Escritor – Secretario del Consejo de Derecho de Autor.

Nota: todo lo aquí expuesto responde a posiciones exclusivamente personales.

Publicado en el semanario uruguayo VOCES el jueves 9 de noviembre de 2017