Pablo Martinis

En principio el presente artículo iba a tener que ver con la situación de la educación en el marco del conflicto por el convenio salarial y la elaboración del presupuesto quinquenal. Luego de la decisión del Poder Ejecutivo de declarar la esencialidad de “los servicios correspondientes a los Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Centros de Formación Docente”, me he visto obligado a reescribirlo.

Me interesa centrar el razonamiento en un aspecto: la falsa disyuntiva que se ha extendido en los últimos tiempos entre derechos de los trabajadores de la educación y el derecho de niños, niñas y adolescentes uruguayos a recibir educación. Entrar a la discusión validando esta disyuntiva no hace otra cosa que dar cuenta de un posicionamiento profundamente reaccionario. La prensa de derecha ha insistido reiteradamente en este punto en los últimos días, de la mano de sus más estilizadas plumas.

Contraponer derechos de trabajadores contra derechos de hijos de trabajadores no puede sino ser un despropósito desde una perspectiva de izquierda. Lamentablemente ese es justamente el argumento en el que se respalda el Poder Ejecutivo para justificar su decreto. El Considerando 1 del texto del Decreto sostiene:

I) que las decisiones adoptadas por las organizaciones sindicales comprometen, por su extensión, derechos básicos que tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana (Declaración aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993) como es el derecho a la educación, en tanto las medidas impactan particularmente en los menores de edad, afectando el derecho a la educación en sí mismo y el atinente a la formación de niños y adolescentes.

Más allá de muchas otras consideraciones que podrían realizarse sobre el tema, es esta la que me interesa subrayar. La decisión de declarar esenciales los servicios educativos se toma sobre la base de la defensa de los derechos de los educandos. Oponiendo un derecho contra otro. Así, se favorece la fragmentación del campo popular, pretendiendo poner a unos trabajadores contra otros trabajadores. Esto parece particularmente inaceptable proviniendo de un gobierno de izquierda que responde a un programa de gobierno que compromete cambios a favor de las mayorías populares.

¿Puede alguien sensatamente creer en el gobierno que algo bueno puede surgir en la educación uruguaya a partir de este intento de doblarle el brazo a los sindicatos de la enseñanza? ¿Puede alguien defender la decisión tomada como una medida de izquierda? Sería muy interesante escuchar argumentos que respondan estas preguntas, no recurriendo al discurso liberal del tipo “mi libertad culmina donde comienza la tuya”, sino desde una perspectiva de cambios profundos que sostenga “no puedo ser plenamente libre si los otros no lo son”. Quizás una clave para comprender algunas expresiones que hemos escuchado en los últimos días desde diversos actores tenga que ver con reconocer las dificultades que estamos teniendo para sostener posiciones de izquierda que van contracorriente al sentido común instalado.

Decisiones como las tomadas por el Poder Ejecutivo son las que nos colocan frente al espejo, mirándonos y tratando de reconocernos. A muchos nos ha costado reconocernos en los últimos días.

Es de esperar que prontamente se pueda retomar el diálogo y dejar sin efecto esta medida. Lo que no se superará tan fácilmente es el costo de haber tomado una decisión que ciertamente supone ir más lejos de lo que ningún otro gobierno fue capaz de ir. Así como sucedió con el veto a la ley de aborto, hoy también se está marcando un antes y un después.

Como aporte a recuperar un sentido a la esencialidad de la educación en nuestro país, no estaría de más repensar qué significa concretamente y en la práctica priorizar a la educación en el marco de un proceso de desarrollo progresista. Esencial es:

– Concebir un Plan Nacional de Educación a mediano y largo plazo que nos permita trascender los vaivenes de cada período de gobierno y fijar metas progresivas orientadas a la mejora de la educación que reciben todos y particularmente los hijos de los trabajadores.
– Asignar, sin más dilaciones, una asignación presupuestal a la educación acorde a sus necesidades. Esta debe tener como base el 6% del PBI, tal como ha sido comprometido públicamente.
– Reconocer a los docentes. No hay mejor educación sin docentes profesionales y reconocidos en su tarea. Ello hace imprescindible fijar remuneraciones acordes a la relevancia que se sostiene tiene la educación. En este sentido debe reconocerse que si efectivamente la educación es una prioridad nacional, las reivindicaciones salariales que sostienen los sindicatos de la enseñanza no puede ser vistas de ningún modo como desproporcionadas.
– Desarrollar políticas a nivel de la educación básica que tiendan efectivamente a integrar a todos los alumnos en espacios comunes, transformando los formatos escolares vigentes y tendiendo a superar los programas focalizados que, sostenidos en el tiempo, no hacen más que reproducir las desigualdades pre-existentes.
– Asegurar la infraestructura necesaria para la tarea educativa en cada institución, realizando el mantenimiento de los espacios existentes y construyendo aquellos que sean necesarios para evitar la superpoblación, particularmente en la enseñanza media.
– Articular las diversas propuestas educativas existentes en los territorios, favoreciendo los proyectos educativos comunes y la circulación de los educandos por los mismos.
– Favorecer la construcción de un sistema terciario de educación pública en el marco del cual la formación de docentes y educadores encuentre los apoyos necesarios para ser potenciada.

Todo lo anteriormente señalado está conceptualmente contenido en el Programa de Gobierno del Frente Amplio. La apuesta de izquierda es a la transformación de la educación en beneficio de las grandes mayorías, siempre postergadas. Esta transformación es esencial para sostener un proceso de cambios sociales más amplios y no se hace contra los trabajadores de la educación sino con ellos. O retomamos ese camino o no estaremos siendo fieles a nuestra vocación de transformar este país en un lugar donde reine la justicia y donde todos podamos ser efectivamente ser iguales.